Revisión de las etapas
de la política pública habitacional en Argentina, desde principios del siglo XX
a la actualidad1
Andrea Eliana Sarracina. Docente e investigadora de la Facultad
de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, San
Juan, Argentina. Doctoranda de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
en Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Correo electrónico:
asarraci@yahoo.com.ar; https://orcid.org/0000-0002-6334-7170.
Recibido: junio 13, 2019. Aprobado:
septiembre 19, 2019. Publicado: agosto 23, 2019
Resumen
La política habitacional argentina
puede dividirse en ocho etapas, en las que se produjeron cambios importantes en
el uso de suelo residencial, especialmente en los espacios urbanos. El objetivo
del artículo es realizar una revisión de estas políticas desde el año 1915
hasta la actualidad, lo que permite comprender el marco político y económico
del país en cada momento. Para alcanzar el objetivo planteado se analiza
bibliografía específica producida por investigadores argentinos y de otros
países de América Latina, conocedores del tema. Para quienes estudian las
políticas habitacionales, es de suma importancia conocer los escritos de los
autores especialistas y lograr una síntesis que explique las etapas y
características; pero también se requiere tener presente la influencia de los
gobiernos de turno, así como de la situación socioeconómica. En el análisis se
advierten periodos centrados en la vivienda como derecho social y en otros en
que su adquisición solo es mediante capacidad de pago. Los contenidos se organizan
considerando tres apartados principales. En primer lugar, se explican los
principales conceptos tales como política pública, vivienda y política
habitacional. Seguidamente, y a modo de marco referencial, se presenta una
síntesis de la generación de políticas habitacionales en América Latina. En el
último apartado se explica la situación en Argentina, que abarca un poco más de
cien años.
Palabras clave: Política habitacional, América Latina,
vivienda social, Estado, Argentina.
Review of stages of housing public politics in Argentina, from the
outset of 20th century until today
Abstract
The
Argentinian housing politics can be divided in eight stages, which important
changes were made in the use of residential soil, especially in urban spaces.
The goal of the article is to make a review of these politics from 1915 until
today, which allows understanding the country’s political and economic
framework in every moment. To get the raised goal the specific bibliography
produced is analyzed by Argentinian researchers and other Latin American
countries, experts in the topic. For those who study the housing politics, it
is of the great importance to know the writings from expert authors and to get
a summary which explains the stages and features; but also, it requires keeping
in mind the current governments’ influence, as well as the socioeconomic
situation. In the analysis periods focused on housing as a social right and
others which its acquisition is only through payment capacity are noticed. The
contents are organized considering three main paragraphs. Firstly, the main
concepts are explained such as public politics, housing, and housing politics.
Subsequently, by way of referential framework, a summary of generation of
housing politics in Latin America is reported. In the las paragraph the
situation in Argentina is explained, which comprises a bit more than a hundred
years.
Keywords: housing
politics, Latin America, social housing, State, Argentina.
Revisão das etapas da política pública habitacional na Argentina, desde
o início do século XX até hoje
Resumo
A
política habitacional da Argentina pode ser dividida em oito etapas, nas quais
houve mudanças importantes no uso dos solos residenciais, especialmente nos
espaços urbanos. O objetivo do artigo é realizar uma revisão destas políticas
desde o ano de 1915 até o hoje, o que permite compreender o quadro político e
econômico do país em cada momento. Para atingir o objetivo levantado,
analisa-se uma bibliografia específica produzida por pesquisadores argentinos e
pesquisadores de outros países da América Latina, com conhecimento sobre o
assunto. Para quem estudam as políticas habitacionais, é de extrema importância
conhecer os escritos dos autores especialistas e obter uma síntese que explique
as etapas e características; mas também é necessário ter em mente a influência
dos governos em exercício, bem como da situação socioeconômica. Na análise, são
notados períodos centrados na moradia como direito social e em outros nos quais
sua aquisição é apenas através da capacidade de pagamento. Os conteúdos são
organizados considerando três seções principais. Em primeiro lugar, são
explicados os principais conceitos tais como política pública, moradia e política
habitacional. A seguir, e como quadro de referência, é apresentada uma
síntese da geração de políticas habitacionais na América Latina. A última seção
explica-se a situação na Argentina, que abrange um pouco mais de cem anos.
Palavras-chave: política
habitacional, América Latina, moradia social, Estado, Argentina.
Introducción
Los temas relacionados con las
políticas habitacionales son diversos y variados, tanto en América Latina como
en Argentina, pero es preciso sistematizar y lograr una síntesis de las etapas
en que estas fueron implementadas, y que esta sirva de guía para quienes
aborden tanto este tema como otros relacionados con la territorialización de
las políticas. El primero de los conceptos centrales que plantea el ensayo es
el de política pública, entendida como “un conjunto de decisiones y
acciones que emergen de los actores públicos y que pretenden orientar la
conducta de una población-objetivo determinada a fin de que un problema
colectivo pueda resolverse” (Subirats, Knoepel, Larrue y Varona, 2008, p. 39). Los autores caracterizan el
proceso llevado a cabo por las políticas como interactivo, de alianzas, pero
también de conflictos entre los diferentes actores que intervienen, además
plantean cinco fases en dicho proceso: surgimiento y percepción de los
problemas, incorporación la agenda política, formulación de la política,
implementación y, por último, la evaluación.
Como actor público, el Estado cumple el
rol más importante y concreta la implementación de la política en el
territorio. Cuenta con las normas jurídicas que enmarcan legalmente las
acciones: con personal necesario, medios financieros, persuasión para actuar
mediante la propuesta y discusión. Si bien se acepta que el Estado solamente
puede liderar todo el proceso mencionado de las políticas, se acuerda que las
mismas “transcurren y se desarrollan en el espacio más complejo y controversial
de la relación Estado / sociedad”. (Guardamagna y
Cueto, 2013, p. 61).
En el marco de las políticas públicas
se hallan las políticas sociales que se construyen desde el Estado, orientadas
a satisfacer alguna necesidad básica (Di Paula, 2012) y contribuir a “superar
la pobreza, disminuir la inequidad y potenciar la cohesión social” (Lentini citado por Barreto y Lentini,
2015). Existe una amplia gama de políticas sociales, como las relacionadas con
los servicios de seguridad, salud y educación, empleo y asistencia e
integración social, entre otras. La política habitacional se encuadra en el
grupo de las políticas sociales siempre y cuando se entienda a la demanda de
vivienda como problema social y colectivo.
Antes de avanzar en el segundo concepto
central, es imprescindible apuntar algo sobre la vivienda (figura 1).
Independiente del tipo o la forma de adquisición, esta es un bien básico e
imprescindible de la sociedad. Su función principal es alojar a las personas,
es brindar “albergue, refugio, protección, espacio de relaciones familiares,
seguridad, identidad, localización, etc.” (Barreto y Lentini,
2015, p. 146). Sepúlveda Ocampo y Fernández Wagner (2006) complementan el
concepto, opinan acertadamente que la vivienda supera lo estrictamente material
y se convierte en un “proceso socio-espacial complejo”, que incluye el hábitat
en el que se dispone, los equipamientos, los servicios y las infraestructuras
con las que cuenta.
Figura 1. Vivienda en la periferia de la Ciudad
de San Juan
Fuente. Fotografía de archivo personal de la
autora, mayo de 2011.
La vivienda es reconocida como derecho
universal por el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948 y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 1966 (ONU-Hábitat, 2010). El derecho que toda persona tiene a una vivienda
adecuada es incumbencia de los Estados, “puesto que todos ellos han ratificado
por lo menos un tratado internacional relativo a la vivienda adecuada” (ONU-Hábitat,
2010, p. 1). Este derecho también está establecido en las constituciones
nacionales. En Argentina, se contempla en el artículo 14.° bis, en el que se
establece la obligatoriedad del Estado de garantizar una vivienda digna a sus
habitantes.
La Carta Mundial por el Derecho a la
Ciudad realizada en el marco del Foro Social de las Américas en Quito (2004), y
cuyo objetivo es destacar los derechos colectivos en el espacio urbano, expone
en su primer artículo el derecho de toda persona a la vivienda adecuada2;
mientras que en su decimocuarto artículo profundiza el tema, destacando que las
ciudades deben garantizar a la población que “los gastos de vivienda sean
soportables de acuerdo a sus ingresos; que las viviendas reúnan condiciones de
habitabilidad, que estén ubicadas en un lugar adecuado y se adapten a las
características culturales y étnicas de quienes las habitan” (p. 191).
La adquisición de la propia vivienda es
uno de los bienes más anhelados por la población, pero no todos pueden acceder
tan fácilmente a ella; por lo tanto, el Estado debe facilitar su acceso
mediante la política habitacional. Concretamente el segundo concepto es el de
política habitacional que, como las demás políticas, forma parte de la
programación y el destino del presupuesto estatal. En palabras de Barreto y Lentini (2015), estas políticas tan particulares son
“intervenciones directas de organismos del Estado […] en la producción
habitacional, para facilitar el acceso a soluciones habitacionales” (p. 149).
Desde los primeros años del siglo XX, en
Argentina, se ha erigido una estructura relacionada con políticas
habitacionales, liderada por el Estado. Al decir de Sepúlveda Ocampo (2013),
dichas políticas han estado sustentadas en los enfoques higienistas,
asistencialistas, sectoriales, estructuralistas, etc.; pero, en definitiva,
tienen un solo objetivo: posibilitar el acceso a la vivienda de los sectores más
carenciados y vulnerables. Hasta la actualidad, no solamente se ha atendido el
déficit en cuanto a insuficiencia cuantitativa —en gran medida, pero sin cubrir
la demanda—, sino también la adecuación cualitativa, que permite a las personas
beneficiadas mejorar su calidad de vida —en menor medida—.
Este artículo es producto de la
lectura, análisis y síntesis de las distintas políticas habitacionales de
algunos países de América Latina y, particularmente, de Argentina. Numerosos
autores vienen abordando el tema de las etapas, algunos con ejemplos claros
como resultados de sus investigaciones. En el contexto de la provincia de San
Juan (Argentina) no se han encontrado escritos de las políticas por etapas, por
lo que la presente propuesta puede ser el inicio de algún tipo de investigación
al respecto.
Origen de las políticas habitacionales
en América Latina
A continuación, se presenta una
síntesis de las políticas habitacionales en la región desde comienzos del siglo
XX, en donde la constante es la vivienda como un problema social. Los aportes
de Sepúlveda Ocampo y Fernández Wagner (2006) son fundamentales al momento de
comprender el proceso de las políticas en América Latina. Los autores destacan
que fue en los primeros años del siglo XX cuando surgieron las políticas
habitacionales centradas en resolver el problema de la vivienda de la clase
obrera, mediante la regulación de alquileres y destinando fondos para la
construcción de las primeras viviendas “higiénicas”3.
En las siguientes décadas, las
políticas son agrupadas y denominadas de primera, segunda, tercera y de cuarta
generación. Las de primera generación se ubican en la década del cincuenta,
cuando el crecimiento urbano y el incremento de la pobreza eran más visibles y
problemáticos. Se produce una intervención más comprometida del Estado en los
países de la región y se ponen en marcha políticas habitacionales centralizadas
que favorecen la construcción de viviendas sociales y la erradicación de
asentamientos precarios.
Las políticas de segunda generación
emergen, según los autores citados precedentemente, al no obtener los
resultados previstos por las políticas de primera generación. Esto “provocó que
el programa de asentamientos humanos de naciones unidas en la primera cumbre
mundial Hábitat I (Vancouver, 1976) recomendara abandonar las políticas de
primera generación y reconocer los procesos populares de construcción del
hábitat” (Sepúlveda Ocampo y Fernández Wagner, 2006, p. 26). Este grupo de
políticas también fueron llamadas políticas alternativas. En su marco se
construyen viviendas de baja o media complejidad, con la participación de la
población beneficiada, lo que produjo la radicación de los asentamientos, el
mejoramiento de su entorno inmediato con infraestructura y el desarrollo de
oportunidades laborales y sociales.
Las políticas habitacionales de tercera
generación aparecen a comienzos de la década del noventa, y centran su objetivo
en la facilitación de acceso a la vivienda. Se fortalecen las políticas de
regulación dominial. Aparecen fondos de organismos
internacionales que apoyan con subsidio según la demanda y fuera del sistema
formal el financiamiento de microcréditos para viviendas. En el territorio se
observa lo que se llama “sembrando viviendas” en los centros urbanos y sus
periferias (Sepúlveda Ocampo, 2014).
Las políticas de cuarta generación
surgen en los primeros años del siglo XXI. Estas atienden al problema de la
demanda de vivienda como derecho social, con la participación
activa de instituciones que también definen la política de crecimiento
urbano, facilitando la regulación de suelo en asentamientos humanos mediante un
abordaje más integral para lograr ciudades más competitivas, desarrolladas y
sustentables. En esta generación se contemplan además las diferentes
situaciones socioeconómicas de la población y se dinamiza la generación de
empleo en la industria de la construcción; se construye, pero también se
realizan mejoras en las viviendas (Sepúlveda Ocampo, 2014).
Etapas de la política habitacional en
Argentina
En concordancia con el tema principal
del artículo, y siguiendo a Fernández Wagner (2015), se caracteriza cada una de
las etapas por las que atraviesa la República Argentina en materia de política
habitacional. Estas comienzan a diseñarse a principios de siglo XX —entre otras
cosas— a raíz de los problemas de vivienda de los inmigrantes. En términos
generales, existen similitudes con las generaciones de políticas descriptas en
apartados anteriores.
La primera etapa se extiende
entre los años 1915 y 1943. En el aspecto político, se pasa del Estado
liberal-oligárquico al democrático-liberal en 1916. El Estado muestra interés
en invertir y atender el problema de la vivienda mediante la sanción de la Ley Caferatta 9.677/154, que propicia la creación de
la Comisión de Casas Baratas con concepto higienista, donde se aborda la salud
de la población en las ciudades, sobre todo, mediante la provisión de agua
corriente. Esto permitió que las familias hacinadas en conventillos e
inquilinatos obtuviesen su vivienda. El reglamento de los alquileres es una de
las primeras y más comprometidas acciones del Estado en el tema.
La segunda etapa, desde 1949
hasta 1955, aparece con el fin de contrarrestar la crisis económica que afecta
a las clases obreras. El Estado de bienestar aborda todo lo concerniente al
empleo y los derechos sociales, en tal sentido, la vivienda —tema manejado por
la Secretaría de Trabajo y Previsión— se transforma en el marco del Primer y
Segundo Plan Quinquenal, al considerarse “un elemento dinamizador de la política
económica que promueve el capital nacional industrial” (Fernández Wagner,
2015, p. 62), especialmente en la industria de la construcción. En este momento
se lleva a cabo la construcción directa de viviendas, créditos hipotecarios
para quienes cumplían los requisitos y normativa para regular los alquileres.
En 1947, la Administración de Vivienda y el Banco Hipotecario se unen para
brindar los denominados “créditos “blandos del Estado” (Fernández Wagner,
2015), los que incluso superan a la cantidad de viviendas construidas. En 1948
se sanciona la Ley 13.512 de Propiedad horizontal, que regula la adquisición de
las viviendas por parte se quienes las alquilaban. Un hito importante en esta
etapa, específicamente en 1949, es la inclusión del derecho a la vivienda en la
Constitución Nacional (reforma, art. 14 bis). En esta etapa, la población
siente que el Estado facilita el acceso al derecho universal de tener la
vivienda propia, además de otros servicios y bienes.
En la tercera etapa, que abarca
el periodo entre los años 1955 y 1976, la crisis política del Estado argentino
—alternancia de gobiernos militares y civiles— influye significativamente en
los temas relacionados con los derechos sociales. En esta etapa, el denominado
Estado desarrollista prioriza el crecimiento económico sobre las necesidades de
las clases más bajas, a pesar de su precarización. Dichos cambios afectan el
tema de la vivienda, por ello se crea de la Comisión Nacional de la Vivienda en
1955 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario en1957, que reduce
lo créditos blandos e incentiva más al sector privado (Fernández Wagner, 2015).
Cuando se produjo la contrarreforma de la Constitución Nacional, se eliminó “la
función social de la propiedad”. En esta etapa, también, el tema de la vivienda
tuvo como protagonista al sector privado, pues se produjo un aumento en los
alquileres y disminuyeron los créditos hipotecarios. Un dato relevante es la
creación del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) en 1972, durante la
presidencia de Lanusse, sin embargo, su funcionamiento real comienza en 1977 y
se mantiene hasta la actualidad.
En la cuarta etapa, entre los
años 1976 y 1989 y en el marco del Proceso de Reorganización Nacional,
predomina el capital privado y el libre mercado, lo cual genera, según
Fernández Warner (2015), problemas sociales —represión, disciplinamiento,
neutralización de líderes populares— y económicos —desindustrialización,
desempleo, estímulo a la importación, concentración de la riqueza,
endeudamiento externo—. En este contexto, se sanciona la Ley 21.342/pen de
normalización de locaciones urbanas en el año 1976, que limita la participación
del Estado en la regulación de los alquileres y garantiza la libertad de
contratación (art. 6). Warner la denomina la “ley desalojista”
porque duplicó los desalojos. Otra de las medidas en desmedro de la población
de menores recursos económicos y problemas sociales fue la expulsión del centro
de la ciudad de las familias que habitaban las villas miserias5.
Durante esta etapa, y con el objetivo
de reformular las actuaciones del Fonavi —bajo jurisdicción de la Secretaría de
Estado de Desarrollo y Vivienda—, mediante Ley 21.581 (Régimen de
financiamiento del Fonavi), se establece la creación de Institutos Nacionales
de Vivienda de las provincias. El objetivo de estos últimos es construir
viviendas económicas para población con recursos insuficientes —cuya capacidad
de pago no cubra el costo de la vivienda en treinta años (art. 7)—, y ejecutan
obras de urbanización, infraestructura, servicios, equipamiento comunitario y
otras complementarias. Durante estos años, el fondo citado se consolida y se transforma
en “un seguro social solidario permanente para la provisión de viviendas”
(Barreto, 2017, p. 4).
La quinta etapa se extiende
desde el año 1989 hasta 2003. En ella se produce un claro debilitamiento del
Estado de bienestar con las privatizaciones. La construcción de viviendas es
uno de los aspectos sociales que sufre las consecuencias. Durante la crisis
económica de 2001 y 2002, se incrementa el desempleo, la población sin
cobertura sanitaria, el desfinanciamiento de la educación, la segregación urbana
y carencias habitacionales, entre otros tantos problemas sociales y económicos
que tienen como sustento al territorio. En este contexto, y sin alejarnos del
tema convocante, el Banco Mundial recomienda abandonar el Estado constructor de
viviendas para que se oriente solo hacia el mejoramiento de barrios.
Un hito importante es la Ley 24.464 del
año 1995¸ del Sistema Federal de la Vivienda6, con el objeto de
facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a la población de
recursos insuficientes, en forma rápida y eficiente, el acceso a la vivienda
digna. Hacia 1999 las economías provinciales entran en quiebra y apelan a los
fondos del Fonavi para pagar sueldos, por lo que el sistema se paralizó. Sin
embargo, y a pesar de las dificultades en el ámbito nacional, en lo relacionado
con declaraciones en organismos internacionales —Naciones Unidas, Banco
Mundial, Plan Mundial de Acción para el siglo XXI—, se avanza en la importancia
de la vivienda, no solo como techo, sino como elemento que permite el desarrollo
económico y social de las personas. Esto quiere decir que la vivienda se
entiende desde un enfoque más amplio y global.
En la sexta etapa, que abarca
los años del 2004 al 2010, es decir, los primeros años del siglo XXI, el
gobierno de turno7 “asume con la firme decisión de reconstruir la
autoridad política y aceitar los mecanismos necesarios para superar la
emergencia económica y social que afecta al país” (Sarracina, 2015, p. 156). En
cuanto al abordaje de la obra pública, se implementa la Política Federal
de Vivienda (PFV), conformada por numerosos programas centralizados en la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SSDUYV), que llegan a las
provincias para ser ejecutados por los Institutos Provinciales de Vivienda (IPV).
El Fonavi sigue funcionando en paralelo. La implementación de la política y sus
respectivos programas8, además de cumplir con el objetivo de
construir y mejorar viviendas en el país, repercute en la generación de empleo
y la reactivación productiva, aspectos necesarios para afrontar la crisis
socioeconómica por la que atraviesa el país durante el año 2001 en la que había
quedado desempleada gran cantidad de población. A pesar de los cambios en la
política, numerosos autores opinan que la producción de vivienda continúa atendiendo
la oportunidad y urgencia del déficit cuantitativo y en espacios urbanos.
Con la implementación de la PFV, se
revierte la orientación descentralizadora que caracterizó a la política
habitacional de la década del noventa, en la que cada Instituto Provincial de
la Vivienda era el organismo encargado de formular los lineamientos y definir
la política en cada provincia. Lo anterior debilitó la política nacional,
hasta llegar a una sumatoria de políticas provinciales que llevaron a la
decadencia total del sistema a finales de la década del noventa y principios
del siglo XXI (Palero y Lentini, 2015). El nuevo
modelo centraliza la política en el poder ejecutivo nacional.
La séptima etapa es posterior al
año 2011. La PFV continúa y se suma el Programa de Crédito Argentino
Bicentenario (Pro.cre.ar), que brinda créditos hipotecarios que posibilita la
construcción de viviendas para la clase media, así como estimula el empleo y la
industria de la construcción.
La octava etapa, a título
personal, comienza en el año 2015 y sigue vigente hasta la fecha. La llegada al
Gobierno del partido político Cambiemos9, según Barreto (2017),
“detuvo los proyectos en marcha de la PFV y modificó su organización
administrativa”10 (p. 10). En definitiva, la orientación en la
política habitacional cambió, a la vez que se produjo una reclasificación de
destinatarios y formas de cubrir la demanda. El Estado nacional mantiene su
relación con las provincias a través del Consejo Nacional de la Vivienda y,
bajo el título de “Mi casa”, propone una serie de alternativas para brindar el
acceso a la vivienda11.
Después del año 2015, se redujo la
implementación de los programas de la política de la etapa anterior. En opinión
de Barreto (2017), bajaron los programas que permitían la participación de
cooperativas en la construcción de la vivienda y se atiende en mayor medida la
población de clase media —al contrario de las etapas anteriores, en las que se
atendió preferentemente a las clases sociales de bajos y medios ingresos—, esto
con financiamiento público y privado y el crédito hipotecario. En total acuerdo
con Barreto (2017), actualmente, la política habitacional tiene el enfoque de
mercantilización de la vivienda por encima de la concepción del derecho social.
Figura 2. Barrio Rivadavia, Conjunto 8,
Rivadavia, San Juan, Argentina
Fuente. Fotografía de archivo personal de la
autora, diciembre de 2018 (el barrio cuenta con 105 viviendas y fue entregado
en agosto de 2017).
Conclusiones
Tanto en América Latina como en
Argentina, particularmente, las políticas habitacionales surgen desde el Estado
a comienzos del siglo XX, con el claro objetivo de cubrir la demanda de la
clase obrera con viviendas higiénicas que dispusieran de espacios y servicios
básicos para las familias. Los cambios de gobierno y las transformaciones
económicas y sociales fueron modificando las líneas de acción, las formas de
acceso a la vivienda digna y la prioridad sobre los grupos sociales
beneficiados con las políticas. Como resultado del análisis, en las diferentes
etapas se observa una alternancia de los enfoques que entienden a la vivienda
como derecho universal y social y los netamente mercantilistas, en los que el
acceso a esta depende del capital que participa en su ejecución y de la
capacidad de pago de la población.
Todos los instrumentos normativos,
tanto internacionales a los que se adhieren los países —de los que Argentina no
está exenta—, como lo nacionales, han contribuido en buena medida a mantener
cierto equilibrio al momento de gestionar e implementar una política. Cuando ha
habido presencia estatal para generar y regular la política, los beneficios y
la cobertura de la demanda han sido mayores. Un ejemplo de ello es la política
en las etapas sexta y séptima de comienzos del siglo XXI.
En todas las etapas, la vivienda cumple
un rol fundamental en la expansión del uso de suelo residencial, tanto en
espacios rurales como en los centros urbanos, en los que el proceso de
urbanización no ha cesado de crecer. La vivienda social ha contribuido en ello,
y lo hace actualmente sobre todo en las periferias urbanas, lo cual produce
complejas transformaciones en el territorio y los límites de las ciudades. El
resultado de este proceso debe plasmarse en políticas de ordenamiento
territorial, en donde la vivienda sea parte importante del sistema territorial,
en interrelación con el resto de los elementos y procesos.
Esta realidad, de grandes cambios
espaciales, de menor o mayor participación del Estado y de capitales privados,
moviliza a visualizar los escenarios a mediano y largo plazo y, en ellos, la
sustentabilidad y el tipo de ciudad que se desea. Corti (2015), en su aporte
sobre ciudad posible, nos dice que esta es la que “podemos construir con los
recursos disponibles y con la voluntad de quienes la habitamos. Y también
porque es la ciudad que queremos, hecha posible a través del conocimiento y la
creación” (p. 32). Sin dudas, la voluntad tiene que partir del Estado,
acompañado por el resto de los actores que participan de la implementación y
gestión de la política habitacional, sin perder de vista el fin último de
brindar un techo y con él garantizar el hábitat a las familias.
Mientras tanto, algunos problemas
continúan y necesitan ser solucionados, tales como los generados por la gran
demanda habitacional nunca cubierta; la localización de las viviendas cada vez
más alejadas de los centros urbanos compactos, sin generar tejido de ciudad; y
la segregación, fragmentación espacial y construcción de gran cantidad de viviendas
donde prima el número sin dimensionar la complejidad del hábitat.
Notas
1.
Una
parte reducida del presente ensayo fue expuesto en las I Jornadas Regionales de
Ordenamiento Territorial. Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible. En
setiembre de 2018, en la Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
https://jornadasgeot.wixsite.com/geot-iga/copia-de-jornadas-de-ordenamiento-t-1
2.
Con
las siguientes características: seguridad en su tenencia; servicios, materiales
e infraestructuras; financiación; habitabilidad; accesibilidad física; buena
localización y que sea culturalmente adecuada.
3.
Viviendas
con el servicio de agua potable, baños, habitaciones separadas, más luz y
ventilación.
4.
Como
antecedentes de esta Ley están se encuentran las de Chile (1906) y de España
(1911). La ley en Argentina (1915), junto a las dos anteriores, sirven de
modelo para las de Colombia (1918) y Brasil (1926).
5.
En un
mes se expulsó al 76% de los habitantes (280 mil) que habitaban las villas.
6.
En su
artículo 3, la ley establece que el Fondo Nacional de la Vivienda se conforma
con el porcentaje de la recaudación del impuesto sobre los combustibles y
aportes del Tesoro Nacional, recursos provenientes de donaciones y legados que
efectúen las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas en favor del
Fonavi. Estos recursos, a su vez, provienen de cualquier régimen de aportes que
se dicte en el futuro, aportes producidos de la negociación de títulos que se
autoricen emitir para construir viviendas económicas.
7.
Liderado
por Néstor Kirchner (2003-2007), del partido político Frente para la Victoria,
denominado “kirchnerismo”.
8.
Programa
de Reactivación I y II, Programa Federal de Emergencia Habitacional, Programa
Federal de Solidaridad Habitacional, Programa Federal de Construcción de
Viviendas, Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas, Programa
Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir”. Así mismo, continúan
vigentes programas anteriores a la política actual, tales como Programa de
Mejoramiento de Barrios (PROMEBA); Programa Mejoramiento Habitacional e
Infraestructura Básica (PROMHIB); Rosario Hábitat; Programa de Provisión de
Agua Potable, Ayuda social y Saneamiento Básico (Propasa) y Programa de
Viviendas Cáritas.
9.
En
diciembre del 2015 asume la presidencia de la República Argentina el ingeniero
Mauricio Macri.
10. La PFV, que tiene como marco
administrativo al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, con el nuevo Gobierno pasa a formar parte del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda (art 1. de la Ley de Ministerios. Decreto
13/13-2015.PE.)
11. Las alternativas propuestas incluyen:
Vivienda Nación, Mejor hogar, ProCreAr, créditos de
bancos nacionales, primera vivienda, construcción, mejoras y título de
propiedad.
Referencias
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mercantilización de la vivienda social en Argentina. Mirada comparada con
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