Los mecanismos de vinculación
públicoprivada en la gestión urbana local. Un recorrido a través de un caso de
estudio
Natalí del Valle Peresini. Arquitecta de la Universidad Nacional
de Córdoba. Estudiante del Doctorado en Estudios Urbanos de la Universidad
Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Becaria doctoral por el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e
integrante del equipo técnico de Gestión integral del hábitat en el Centro
Experimental de la Vivienda Económica (CEVE). ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-1193-869X. Correo electrónico: nataliperesini@ceve.org.a
Recibido: abril 24, 2020. Aceptado:
octubre 02, 2020. Publicado: enero 29, 2021.
Resumen
El artículo expone avances de un
proyecto de investigación1, que aborda el proceso de neoliberalización en la gestión urbana local, en la ciudad
de Córdoba, Argentina, entre 1983 y 2019. La investigación, enmarcada en los
estudios urbanos críticos, indaga por las condiciones en las que se despliega
el neoliberalismo realmente existente en la gestión urbana local. Se analizaron
diferentes instrumentos de vinculación público-privada para identificar su
evolución. Los resultados permitieron identificar instituciones y actores que
fomentan estos mecanismos, la evolución de las formas de vinculación y el grado
de institucionalidad logrado, para verificar la gran influencia y el avance del
proceso de neoliberalización en la gestión urbana
local, ayudado por diferentes estrategias de presión por parte de distintos
agentes empresariales.
Palabras clave: alianza público-privada, desarrollo
urbano, gobierno local, neoliberalismo urbano, regulación urbana.
The mechanisms
of publicprivate linkage in local urban management. A journey through a case
study
Abstract
The article
presents the advances of an ongoing research project2, which deals
with the neoliberalization process in the local urban
management in the city of Cordoba, Argentina, between 1983 and 2019. The
research, framed within the critical urban studies framework, investigates the
conditions under which neoliberalism is deployed for real in local urban
management. Different public-private linkage instruments were analyzed to
identify their evolution. The results made possible to identify institutions
and actors that promote these mechanisms, the evolution of the linkage forms
and the degree of institutionalization achieved, in order to
verify the large influence and progress of the neoliberalization
process in local urban management, aided by different lobbying strategies
promoted by different business agents.
Keywords: public-private
alliance, urban development, local government, urban neoliberalism, urban
regulation.
Os mecanismos
de vinculação público-privada na gestão urbana local. Um percorrido por meio de
um estudo de caso
Resumo
Este artigo
expõe resultados preliminares de um projeto de pesquisa3, que aborda
o processo de neoliberalização na gestão urbana local, na cidade de Córdoba,
Argentina, entre 1983 e 2019. A pesquisa, delimitada nos estudos urbanos
críticos, questiona as condições nas quais o neoliberalismo realmente existente
na gestão urbana local é desenvolvido. Foram analisados diferentes instrumentos
de vinculação público-privada para identificar sua evolução. Os resultados
permitiram identificar instituições e atores que fomentam esses mecanismos, a
evolução das formas de vinculação e o grau de institucionalidade atingido, para
verificar a grande influência e o avanço do processo de neoliberalização na
gestão urbana local, propiciado por diferentes estratégias de pressão por parte
de diversos agentes empresariais.
Palavras-chave: parceria
público-privada, desenvolvimento urbano, governo local, neoliberalismo urbano,
regulação urbana.
Introducción
En Argentina, durante los años noventa
del siglo pasado, los gobiernos locales debieron reformular sus políticas
urbanas con el fin de sostener su autonomía política, administrativa y
económico-financiera, en el marco de un proceso de descentralización, impuesto
desde la administración nacional. Apoyado en el principio de subsidiaridad, ese
proceso implicó el traspaso de responsabilidades, sin la trasferencia de
recursos necesaria.
En este escenario, en gran parte, las
decisiones sobre gestión urbana se orientaron a fomentar y alimentar
actividades relacionadas con el complejo urbano-inmobiliario, considerado actor
imprescindible. Así, se pasó de una dependencia de recursos ligada al
centralismo estatal a una búsqueda de recursos en agentes privados.
Para los fines de esta indagación,
entendemos por “gestión urbana” el proceso constante de decisiones
gubernamentales ligadas a la escala local que, mediante la orientación de la
política y las acciones públicas, habilitan o condicionan la distribución y
generación de “recursos localizados territorialmente” (del Río, Vértiz y Ursino, 2014), así como la generación de diferentes tipos
de renta del suelo urbano (Jaramillo, 2009).
Paralelamente, en las últimas décadas
se sucedieron numerosas discusiones y construcciones teóricas, con el fin de
conceptualizar y caracterizar los vínculos entre empresarios inmobiliarios y
representantes del gobierno local, a la vez que se postuló el rol que asume la
administración gubernamental en cada configuración. En este último se reconoce
a un actor central del proceso de urbanización, ya que ostenta y ejerce el rol
de regulador, a partir de las decisiones de gestión y la configuración de la
normativa como una mediación clave entre los intereses públicos y los privados.
La gestión urbana y las vinculaciones
con el sector empresarial desde el enfoque de la economía política y los
estudios urbanos críticos
En la década del 1970, en contexto
estadounidense, Logan y Molotch (2015/1976)
propusieron la tesis de la ciudad como máquina de crecimiento, para
discutir, entre otros aspectos, los beneficios que suponía el paradigma
instalado de “desarrollo urbano”4. Esta propuesta teórica se apoya,
sobre todo, en la noción de coalición de poder, definida como una organización
de intereses enfocados en el sector urbano-inmobiliario, y está compuesta no
solo por los representantes del gobierno local y empresarios ligados al
negocio, sino también por el sector académico, sindical y organizaciones
profesionales. La coalición posibilitaría calar con mayor profundidad en la
orientación y toma de decisiones de las políticas públicas y otorgarles mayor
legitimidad. El planteamiento sugiere que este conjunto de actores se articula
con el fin de fomentar y sostener, por un lado, una regulación a favor de la
valoración y el uso del suelo urbano y, por otro, mecanismos de incentivos a la
actividad inmobiliaria.
Posteriormente, desde las ciencias
políticas, se publicó el estudio “City and Regime in the American Republic” (Elkin,
1987), en el que el autor reconoce la influencia de determinados grupos
económicos mejor posicionados que otros sobre las decisiones del “desarrollo
urbano”, en la organización de la política urbana de las ciudades
norteamericanas. La mejor posición a la que se refiere se estructura en
relación con tres factores: (1) la necesidad y dependencia de financiamiento de
los gobiernos locales; (2) la movilidad de las empresas que pondría en riesgo
puestos de trabajo e ingresos para las administraciones locales; y (3) el apoyo
de las coaliciones de poder en relación con la capacidad del Gobierno de
generar beneficios económicos para sus integrantes (Casellas,
2005).
Estos factores generan dependencia de
los gobiernos locales y forman la base para pensar las alianzas de crecimiento
económico (growth alliances)
que hacen de los intereses empresariales los intereses de las políticas
urbanas. En este escenario, se propone que uno de los objetivos principales de
las coaliciones en favor del “desarrollo urbano” es cooptar la agenda y adecuar
la regulación urbana a sus intereses. La capacidad regulatoria del Estado se
expone como restricción e interferencia en el mercado, lo que impide el crecimiento
o lo ralentiza. Esto, a su vez, sería contrario al bien común que representa el
“desarrollo urbano”.
A mediados de la década del noventa,
surgieron estrategias e instrumentos destinados a la gestión gubernamental,
cuyo objetivo era ofrecer “soluciones” a las economías en crisis mediante la
disposición de los recursos estatales, consolidados durante el período
anterior, en favor del mercado. Entre ellas se destaca el enfoque de la
gobernanza urbana y un gran énfasis en la gestión gubernamental local. Este
concepto vino a evidenciar y legitimar el paso del paradigma de Gobierno —según
el cual el Estado era el único garante del bienestar general—, al de la
gobernanza, caracterizado por la inclusión de “modos cooperativos” entre
actores gubernamentales, no gubernamentales y privados en la planeación y
ejecución de las políticas públicas (Jessop, 1997).
La propagación de este enfoque para la
gestión pública estuvo a cargo, principalmente, de organismos de crédito
internacional como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo,
acompañados por modelos de administración y casos de aplicación específicos,
para impulsar y apoyar al poder local como escala de acción estratégica
(Ferreira, 2001). Específicamente, en relación con la ciudad, la noción de
gobernanza urbana apunta a la articulación interactoral,
lo que se refiere directamente a los consorcios, acuerdos público-privados (APP)
y prácticas de participación ciudadana. El uso del término no siempre remite a
las mismas consideraciones, sino que se identifican posiciones contradictorias,
en las cuales podemos distinguir distintas trayectorias teóricas.
En este sentido, la geografía crítica
anglosajona recupera un aporte fundamental para esta discusión, realizado por
David Harvey, quien define la gobernanza urbana como un conjunto de actores
sociales que participan de la organización y la producción del espacio urbano,
en el cual se destacan por su peso e influencia el gobierno local y los
promotores inmobiliarios como “agentes concretos de urbanización” (Harvey,
1989). Según el autor, la aplicación de este paradigma implicó la promoción de
alianzas público-privadas, como una asociación simétrica de intereses que
combina el capital privado con las capacidades gubernamentales. Asimismo, fomenta
una lógica empresarial que orienta las decisiones, caracterizada por la
necesidad de generar oportunidades de negocios con altos grados de especulación
inmobiliaria, fundamentadas como inversiones directas o generadoras de empleo y
una marcada orientación a la economía política del lugar, en términos de
alcance y escala de las acciones, esta vez hacia programas y planes urbanos
sectoriales (López, Gasic y Meza, 2012).
Harvey (1989) reconoce también la
emergencia de nuevas tendencias en las prácticas de gestión bajo este modelo,
las que definió y caracterizó como “empresarialismo
urbano” (urban entrepreneurialism).
Este concepto intenta explicar la toma de posición y un rol activo del Estado,
orientado a promover la actividad económica en relación con el negocio
inmobiliario como objetivo ineludible. Lo postulado por Harvey tomó fuerza al
evidenciar una modificación sustancial en los objetivos de la gestión urbana,
antes centrada en proveer bienes y servicios a una gobernanza urbana empresarialista, orientada a sostener el crecimiento
económico mediante la actividad urbano-inmobiliaria. En torno a ello, las
instituciones estatales son las que otorgan validez y legitimidad a los
incentivos propuestos desde el modelo de la gobernanza. Bajo estos paradigmas,
la gestión urbana en el siglo XXI se ha orientado a priorizar su relación con
el capital inmobiliario, lo que limita su intervención a facilitar la actividad
empresarial que invierte en la ciudad y, al mismo tiempo, perseguir el lucro y
la renta, tal como los actores del sector privado.
En el contexto actual, las relaciones e
intereses son sostenidos por ambos sectores, gubernamental y empresarial, con
el fin de incrementar la interacción-cooperación entre ellos. Puede decirse que
la capacidad de actuación no se encuentra en uno u otro grupo de agentes, sino
que depende, en gran medida, de su combinación y la necesidad de negociar sus
recursos para lograr dicha capacidad de acción.
Recientemente, desde los estudios
urbanos críticos, autores como Brenner, Theodore y Peck (2009) establecen una
asociación directa entre la gobernanza como modelo de gestión local y el orden
neoliberal, a nivel global. Plantean que los cambios provocados por el modelo
de gobernanza urbana son adaptaciones directas para la evolución y
reconfiguración de las administraciones gubernamentales hacia modalidades y
formas neoliberales. Los autores presentan la gobernanza urbana como la
modalidad que institucionaliza y legitima la participación de las corporaciones
y las élites empresariales en las decisiones de Gobierno.
Así también, la interdependencia entre
ambos sectores resulta necesaria para los fines de concretar la aplicación del
modelo neoliberal de acuerdo con las asociaciones y coyunturas locales,
acercándonos a la noción de neoliberalismo realmente existente (Brenner y
Theodore, 2002). Esta noción enfatiza en la necesidad de comprender y enfocar
los análisis en torno al neoliberalismo como un proceso contextualmente
situado, ya que, si bien es claro que los procesos mencionados son de alcance
global y a nivel estructural, se entiende también que existen matices de
acuerdo con el contexto de aplicación.
Del mismo modo, considerar la dimensión
temporal resalta como uno de los aspectos fundamentales para el análisis de los
procesos contemporáneos de neoliberalización, desde
los estudios urbanos críticos. Para los autores citados, la trayectoria de esos
procesos se extiende desde los años setenta del siglo pasado y se configura
como una “articulación en forma de onda en la que cada fase sucesiva trasforma
las configuraciones institucionales e ideológicas en las que se despliegan las
fases subsiguientes” (Brenner, Peck y Theodore, 2011, p. 26).
En este escenario, en los últimos
treinta años, las ciudades se han convertido en un campo de incubación y
despliegue de modalidades neoliberales aplicadas en la experimentación de
políticas estatales y restructuraciones institucionales5 (Peck,
Theodore y Brenner, 2009). El panorama marca una profundización de lo que los
autores han llamado “urbanismo neoliberal”, definido como una orientación de
las políticas urbanas que entienden cada componente de la ciudad como objeto de
negocio y especulación, en el marco de una mercantilización expandida que
conforma y sostiene lo que Harvey (2007) denominó “ciudades neoliberales”. Peck
y Tickell (2014) invierten la relación y proponen
pensar en una “urbanización del neoliberalismo”, considerando que se ha
utilizado a la ciudad y su gestión como un campo estratégico, para la prueba de
estrategias neoliberalizadoras.
Estos últimos, al mismo tiempo,
resaltan la importancia no solo de los aspectos económicos-políticos sino también,
e igualmente importantes, las formas institucionales que se desarrollan para
darles soporte y legitimidad. En su recorrido, las formas institucionales
sirven como fuente de análisis y comprensión de la trayectoria evolutiva del
proceso de neoliberalización sobre los entornos
políticos, institucionales y discursivos.
Podría decirse, entonces, que el
desarrollo del proceso de neoliberalización ha
convertido a las ciudades en laboratorios institucionales para la
experimentación de políticas neoliberales que provocan cambios en la presencia,
injerencia y responsabilidad de los gobiernos locales. En este marco,
proponemos analizar el recorrido formal e institucional de diferentes
modalidades de vinculación público-privada en la gestión urbana local.
Estrategia metodológica
El artículo expone parte del desarrollo
de una investigación mayor, enmarcada en una estrategia metodológica de base
cualitativa, a través de un enfoque exploratorio-descriptivo como primera
aproximación al problema. Se aborda el análisis empírico tomando el estudio de
caso como método (Sautu, Boniolo
y Dalle, 2005), para identificar y analizar las diversas modalidades de
vinculación público-privada implementadas en la gestión urbana local en la
ciudad de Córdoba, Argentina. En este sentido, se intenta, por un lado,
reconstruir de manera general la incorporación de distintos mecanismos entre
1983 y 2019 y, por otro, explicar cómo surgen y se legitiman, a qué necesidades
y actores responden y qué operaciones urbanas han facilitado estas asociaciones.
La investigación se enfocó en el
análisis en la gestión urbana local, por dos razones. La primera se refiere al
rol preponderante de las administraciones locales en el proceso de
globalización y competitividad trasnacional desde la década de 1990. La segunda
está ligada al marco legal-institucional aplicado en Argentina, en el cual los
municipios son autónomos y jurídicamente responsables en lo que respecta a la
legislación que regula los procesos de creación y uso del suelo urbano6 (Levenzon, 2012). Esta
decisión no implica dejar de lado la comprensión ni caracterización del proceso
en un contexto regional y global, toda vez que se impone leer sus efectos más
allá del límite o jurisdicción política del caso analizado.
La búsqueda de información se realizó
utilizando la herramienta de triangulación de datos (Valles, 1999), tanto en su
construcción como para su análisis. Dicha estrategia habilita el uso de
diversas fuentes y métodos, cuantitativos o cualitativos, con el fin de lograr
una interpretación global y alcanzar una perspectiva más compleja en la
interpretación del fenómeno (Benavides y Gómez, 2005). En este trabajo se
elabora una genealogía de las modalidades de vinculación público-privadas,
implementadas en el caso de estudio, utilizando como fuentes la recopilación y
análisis de documentos oficiales (normativas y planes urbanos del gobierno
local) y no oficiales (artículos periodísticos), entrevistas semiestructuradas
a actores claves y la distinción y construcción de un entramado de actores
según los momentos identificados.
Resultados
A continuación, se exponen los
principales resultados obtenidos. Se presenta una periodización ad hoc
que pretende reconstruir las sucesivas incorporaciones de mecanismos de
vinculación público-privada a la gestión urbana en el periodo 1983-2019. Las
etapas identificadas se agruparon respecto a tres dimensiones: (1) la modalidad
predominante y sus principales características, (2) la forma institucional que
adopta y (3) los actores que se habilitan o excluyen de la operación.
Una lectura de la gestión urbana local,
a través de la evolución de las vinculaciones público-privadas en la ciudad de
Córdoba (1983-2019)
Con más de 13000000 habitantes (INDEC,
2010) y un área equivalente a 576 kilómetros cuadrados (57600 hectáreas),
Córdoba es la segunda ciudad en orden de jerarquía y cantidad de población de
Argentina. Constituye la cabecera del aglomerado Gran Córdoba, en una ubicación
geográfica central, por lo que es un nodo articulador para el transporte
comercial en el corredor bioceánico y norte. La ciudad concentra actividades de
administración gubernamental, salud, educación, actividad productiva industrial
y de servicios por ser capital provincial. El sector de servicios, comercio e
industria y el rubro automotriz son las principales actividades económicas.
En cuanto a estructura urbana, presenta
un modelo de anillos que contiene un centro comercial consolidado desde hace
más de cincuenta años, un sector pericentral de
barrios tradicionales conformados en una primera expansión durante el siglo XIX
y que se han desarrollado en altura en las últimas décadas, seguido por una
amplia área intermedia de barrios de baja densidad, y una periferia expandida
que mezcla usos residenciales con productivos e industriales.
La planificación estratégica y la
institucionalización de la participación empresarial
La gestión urbana de la ciudad asumió
esa denominación en la estructura institucional del gobierno local a partir de
la gestión que comenzó en 1983. También desarrolló el cuadro normativo urbano
vigente, con innumerables modificaciones y adaptaciones, que sirve como marco
regulatorio para la actividad constructivainmobiliaria. Durante esa década se
puso énfasis en generar las bases para el control estatal de la actividad, cuando
se marcaron las condiciones de producción y ocupación de la ciudad,
fundamentalmente bajo criterios estéticos para la homogeneización de áreas y la
zonificación según actividades, para el mejor y más intensivo uso del suelo
urbano.
Durante la década de 1990, en el país y
en la región, sucedió una serie de reformas macroeconómicas y regulatorias,
ante la necesidad de adecuarse al orden internacional (Manzanal, 1995). Se
impuso una serie de medidas de clara orientación neoliberal: apertura de la
economía a los mercados internacionales, privatización de los servicios y
empresas públicas, facilitación de flujos financieros internacionales y
desregulación y desmantelamiento de marcos regulatorios específicos para
actividades productivas concretas, entre otras (Cetrángolo
y Gatto, 2003; Coremberg,
2006).
En el ámbito político-institucional,
las reformas se dirigieron a adaptar la Constitución en 1994, la cual dejó
establecidas, entre otras modificaciones, primero, la descentralización hacia
administraciones subnacionales de servicios básicos como la salud y la
educación; y, segundo, la autonomía municipal en el orden institucional,
político, administrativo, económico y financiero. Este hecho se convirtió en
una bisagra, ya que consiguió sumar a las administraciones locales como agentes
en pugna dentro de una creciente competitividad interurbana por atraer
inversiones y, con ello, legitimar el modelo de desarrollo urbano local en
busca de fondos y financiamiento.
Acompañando el proceso en el ámbito
nacional, entre 1995 y 1999, en la ciudad de Córdoba se desarrolló el Plan
Estratégico de Comunicaciones (PEC), que incluyó entre sus acciones principales
la descentralización de las funciones del gobierno local, mediante la
generación de Centros de Participación Comunal para generar nuevas
centralidades en áreas periféricas de la ciudad. El PEC implementó también los
principales ejes del modelo de planificación estratégica: competitividad,
productividad, marketing urbano, gestión gerencial y participación de actores
con intereses en el “desarrollo urbano” (Vainer,
2002).
El modelo de gestión, promovido por el
gobierno local durante la década de 1990, se centraba en convertir al Estado en
agente promotor y orientador del desarrollo económico y productivo local, para
acompañar al sector privado mediante la creación de condiciones y ventajas
competitivas. Un cambio de enfoque en la gestión urbana que reinó en los países
de Latinoamérica, gracias a la gran propaganda y difusión de este paradigma por
parte de arquitectos y lobistas que trasladaban modelos y prácticas europeas
exitosas (Delgadillo, 2014; Ferreira, 2001; Vainer,
2002).
Bajo los objetivos de la planificación
estratégica, la alianza y vinculación del gobierno local con actores
empresariales era un objetivo imperativo para la gestión. Lo que se promovió,
concretamente, fueron modalidades de asociación no solo con respecto a las
necesidades físico-espaciales (como algunos formatos emparentados con la
realización de grandes obras de infraestructura), sino fundamentalmente
centradas en el “hecho urbano como un hecho económico” (Marianacci,
2000).
En este marco, como modalidad de
vinculación público-privada se desarrollaron las denominadas concertaciones, en
tanto acuerdos informales para la atracción de inversiones y la instalación en
la ciudad de grandes firmas comerciales. El mecanismo implicó flexibilizar las
normas que se referían a los usos y ocupación del suelo urbano, a través de
acuerdos particulares entre el gobierno local y los representantes de las
grandes firmas, como instrumento de gestión política. Dichas concertaciones
lograron la operacionalización de excepciones particulares para la instalación
de grandes emprendimientos, como shoppings o centros comerciales, en
áreas residenciales de la ciudad.
La operatoria de las concertaciones
celebradas permitió la instalación de grandes empresas internacionales, como
Walmart y Carrefour, y grupos empresarios de origen local como Dinosaurio, que
inauguró su primer centro comercial en 19987. Estas firmas
construyeron enormes espacios comerciales que cambiaron el perfil y la escala
de las intervenciones futuras, ya que, a partir de ellos, se generaron áreas de
oportunidad para los negocios inmobiliarios.
En palabras del subsecretario de
Planificación y Desarrollo Estratégico, tuvo lugar “un cambio en la manera de
gestionar la ciudad y pensar en términos de beneficios” (Marianacci,
2000, p. 13), además de proponer la participación del gobierno local en
emprendimientos que persiguieran el lucro para contar con recursos adicionales
a los fiscales. Estas operaciones y negociaciones se hicieron bajo una
modalidad que excluía al Consejo Deliberante y, con ello, la posibilidad de
acceder a registros legislativos. Por ello, no fue posible obtener información
pública.
Sumado a lo anterior, coherentemente
con los objetivos de competitividad y desarrollo urbano-económico, durante este
período, surgió una de las primeras experiencias de participación y gobernanza
en el ámbito municipal. Consideradas nuevas institucionalidades mixtas, se
crearon la incubadora de empresas y la Agencia para el Desarrollo Económico de
la Ciudad de Córdoba (ADEC)8, pensadas como mecanismos que
favorecerían la implementación de los proyectos estratégicos por abrir el
espacio de decisión a los actores empresariales interesados. La conformación de
un espacio institucional mixto, por fuera de la estructura administrativa
municipal, pero en estrecho vínculo con ella, como la ADEC, fue una innovación
de gestión. En su inicio, fue conformada por cámaras comerciales y miembros del
municipio, impulsando una “estructura reducida y flexible que se alejara del
funcionamiento burocrático” de la institución pública (Marianacci,
2000, p. 35), acudiendo al concepto de “eficiencia” como objetivo y para
resguardarse de los cambios de gestión.
Al calor de estas nuevas instituciones,
la idea de gestión público-privada tomó mucha fuerza bajo este plan y comenzó a
ser considerada un indicador de éxito. De estas “nuevas institucionalidades”,
la ADEC es la única que ha sobrevivido al paso de la propia gestión impulsora
e, incluso, se ha fortalecido y ha llegado a ocupar cada vez más espacios de
decisión y consulta. Cabe mencionar que sufrió un debilitamiento de su rol y
protagonismo en la primera década del 2000, pero retomó su lugar y adquirió
participación cada vez mayor en la gestión entre 2011 y 2019.
En este contexto, es claro que la
creación de ADEC y las concertaciones se enmarcan un conjunto de decisiones
para mejorar la competitividad de la ciudad y “adecuarla a los procesos de
desarrollo inmobiliario” (Marianacci, 2000, p. 13).
Esta actividad incide de manera notable en los índices económicos y, por ello,
es imprescindible en la orientación de la planificación urbana, los usos del
suelo y los servicios, en respuesta a las demandas del rubro.
La posición ganada por el sector
privado no retrocedió, sino que fue acrecentándose en los años siguientes,
institucionalizando su participación con distintos instrumentos, convirtiéndose
en una voz de peso, legitimidad y con poder de habilitar o no la aprobación del
proceso técnico-político de la planificación urbana durante la siguiente década.
Finalmente, la figura 1 resume los conceptos fundamentales y principales las
modalidades de vinculación público-privada que fueron implementados en la
ciudad de Córdoba, entre 1983 y 1999, para la gestión urbana local.
Figura 1. Conceptos predominantes y modalidades
de vinculación público-privada, implementados en la gestión urbana local.
(Córdoba, Argentina, 1983-1999)
Fuente. Elaboración propia.
La gestión local y la influencia de los
agentes empresariales o la gobernanza urbana empresarialista
realmente existente
Durante la primera década del siglo XXI,
se experimentó la difusión intensa de proyectos, modalidades y experiencias
locales que pretendían atender las condiciones específicas en las que debía
reproducirse determinado modelo de gobernanza urbana. Este último, siguiendo el
informe del Banco Mundial (World Bank, 2000), a
través de la participación de actores del mundo empresarial, asegura los
recursos necesarios para una “gestión exitosa”, al mismo tiempo que garantizaba
su uso eficiente. Con este fin, se recomendó una serie de acciones que incluían
comprometer la participación del sector privado en las decisiones y políticas
urbanas, la legitimización ciudadana a través de modalidades de participación y
la atención de las necesidades operativas y las de orden regulatorio, para
favorecer el “desarrollo urbano” y sostener los niveles de actividad.
En este contexto, en la región, se
destaca la simultánea aprobación de planes de ordenamiento territorial en
diferentes escalas gubernamentales, con la coincidente inclusión de una serie
de instrumentos que pretendían servir a la implementación de las necesidades de
la gestión local. En esencia, estos instrumentos comparten el carácter flexible
y adaptativo a las condiciones y la capacidad de articulación de los actores
gubernamentales con los agentes privados, pues son herramientas que permiten la
negociación de las normas de uso y edificación del suelo urbano, para favorecer
o conducir el desarrollo de determinados proyectos o inversiones inmobiliarias.
El auge en la implementación de estos
instrumentos, en países de la región con contextos político-económicos diversos
y en diferentes escalas, logró representar la adopción plena del “desarrollo
urbano”, como principio irrenunciable para las políticas y la gestión urbana,
junto con la legitimización de la participación de actores privados en las
decisiones. Así, la participación tan promulgada a través del modelo de
planificación estratégica adquirió un soporte institucional y, con ello, mayor
legitimidad.
En Argentina, este proceso cabalga,
simultáneamente, con la crisis político-económica desatada en 2001. La
progresiva devaluación de la moneda nacional a partir de 2003 provocó una nueva
etapa de acumulación de capital en la que adquirieron protagonismo las
inversiones relacionadas con la actividad constructorainmobiliaria. El rubro,
que se comercializa en dólares en su mayoría, a pesar de tener costos en pesos
argentinos (Gaggero y Nemiña,
2013), logra servir como maniobra de absorción de renta, ante la falta de
confianza en el sistema bancario, instalándose como reserva de valor y
ganancias9.
En la ciudad de Córdoba, estos procesos
lograron impacto en la gestión urbana local y en el modelo de negocios ligados
al “desarrollo urbano”. Los resultados del PEC, implementado durante la década
de 1990, generaron desarrollos desiguales en el territorio, con una clara
prioridad de las necesidades empresariales por encima de los ejes restantes. La
descentralización administrativa tuvo su correlato en una intensa expansión de
la mancha urbana, una dispar ocupación de las áreas periféricas y múltiples
déficits de urbanización. La fragmentación socioeconómica del territorio se
hizo más evidente, lo que tensionó las nuevas centralidades con una ocupación
difusa en sectores con baja densidad (Venturini,
Ávila y Terreno, 2015).
Para finales de la década, el gobierno
local postuló la intención de recuperar el “rol operativo e iniciativa gestora
del Estado Municipal” (Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, 2008, p. 8). Este
rol implicó, fundamentalmente, la promoción y la generación de propuestas para
el “desarrollo urbano”, fomentadas desde la gestión urbana local y la
incorporación específica de la figura de concertación, para una serie de
vinculaciones público-privadas con foco en la recuperación de plusvalor. Se
expresó que, de esta figura, podían “captarse las plusvalías generadas por la
inversión de grandes capitales en el mercado inmobiliario, destinando tales
montos al desarrollo de la ciudad” (Municipalidad de la Ciudad de Córdoba,
2008, p. 13).
En este mismo sentido, se creó el
Consejo de Planificación Urbanística de la Ciudad de Córdoba (CPU), en 2007.
Una experiencia similar a la del PEC de los 1990, esta vez, conformada como un
espacio interactoral al interior de la estructura
municipal, para representar la concertación público-privada. El espacio fue
propuesto como consultivo para fomentar la participación y articulación con
otros sectores y actores sociales, a fin de debatir propuestas, iniciativas de
los empresarios y otras demandas de los actores involucrados en la construcción
de la ciudad, de acuerdo con la concepción de la gestión municipal.
El Concejo estaba integrado
específicamente por el intendente y algunos secretarios en representación del
ejecutivo municipal; representantes del Consejo Deliberante; miembros de
espacios académicos, colegios profesionales, cámaras comerciales, la ya
mencionada ADEC, la bolsa de comercio y una nueva institución corporativa que
representaba a los empresarios desarrollistas de la ciudad: la Cámara
Empresarial de Desarrollistas Urbanos Córdoba (CEDUC)10. Los actores
que conforman el CPU y el objetivo dispuesto para este espacio mixto dejaron
clara la concepción de participación y de los intereses afectados por las
decisiones de gestión urbana.
No es posible referirse a esta nueva
iniciativa de vinculación, sin considerar la fuerte influencia que desplegó la CEDUC,
a partir de su configuración como grupo representante del sector
constructivo-inmobiliario local en 2004. La cámara de los desarrollistas tuvo
entre sus objetivos iniciales establecer mecanismos de participación en las
decisiones de políticas públicas, orientadas al sector (La Voz, 2004;
2010) e intervino de forma activa, al menos de manera pública, a través de la
exposición en medios, para la conformación y durante la existencia de este
espacio de “consulta”, referido la gestión y planificación urbana.
Si bien entre los objetivos se proponía
generar líneas de acción para elaborar un plan director urbano, el CPU logró
recomendar, rápidamente, a la gestión la implementación de una serie de
instrumentos (promovidos como exitosos o buenas prácticas en otras ciudades de
la región), con el fin de sostener el desarrollo urbano y establecer una
relación más directa entre las necesidades del sector empresarial y el
municipio. Para su uso, se aprobaron diversos mecanismos basados en la recuperación
del plusvalor generado por incrementos de la renta urbana, gracias a la
negociación de mayores índices constructivos o cambios en el uso del suelo;
mecanismos que posibilitaron operaciones inmobiliarias de diversas escalas e
impacto.
Para el análisis, se destacan, por un
lado, la aplicación de obras complementarias y, por otro, los convenios
urbanísticos. Los primeros, ofrecían mejorar las condiciones normativas de
altura y edificabilidad para emprendimientos localizados dentro del tejido
urbano consolidado, a cambio de la ejecución de obras complementarias definidas
por el gobierno municipal. Los segundos remiten a acuerdos ad hoc entre
interesados en obtener mejores condiciones normativas para sus emprendimientos
(que incluyen modificaciones en el uso, fraccionamiento y ocupación del suelo
definido en el marco regulatorio) y el municipio, a cambio de un porcentaje del
plusvalor generado.
Dentro de la estructura orgánica del
municipio, propuesta como un espacio consultivo abierto a las sugerencias y
aspiraciones de los actores privados, la habilitación del CPU funcionó como una
excelente plataforma que posibilitó y legitimó el uso de estos mecanismos. Fue
un espacio exitoso a ojos de los desarrollistas, ya que lograron “ingresar” a
la mesa de las decisiones, acercar sus intereses particulares y legitimar sus
necesidades. Además, potenció su influencia sobre las políticas urbanas, sobre
otros actores afectados e interesados.
La figura 2 contiene un resumen de los
conceptos centrales y las modalidades de vinculación público-privada, que se
implementaron en la gestión urbana local en la Ciudad de Córdoba, para el
periodo 1999-2011.
Figura 2. Conceptos predominantes y modalidades
de vinculación público-privada, implementados en la gestión urbana local. (Córdoba,
Argentina, 1999-2011)
Fuente. Elaboración propia.
Las innovaciones de este ciclo pueden
considerarse un nuevo momento dentro del proceso de neoliberalización
de la gestión urbana con la capacidad de amalgamar instituciones, prácticas y
políticas ya legitimadas, junto a nuevas estrategias y mecanismos, capaces de
responder a las nuevas necesidades de las operaciones e intervenciones
urbano-inmobiliaria (Peck, Theodore y Brenner, 2009). Supone una nueva fase en
la que se retomaron las bases estructurales de la planificación tradicional, en
cuanto a la diferenciación y categorización del suelo urbano, pero a través de
intervenciones en sectores particulares y específicos, e implementando
instrumentos operativos con el fin de alcanzar la eficiencia, flexibilidad y
participación privada, demandadas por el sector empresarial. Se trata de una
implementación local de la gobernanza urbana que demostró una clara orientación
empresarialista y la intensificación del rol y la
influencia de los actores ligados al negocio inmobiliario.
El urbanismo neoliberal y la gestión
local
El último período de este análisis,
correspondiente a 2011-2019, estuvo marcado por la profundización de las
estrategias ya desplegadas. Los instrumentos implementados en los últimos años
por los gobiernos locales de la región, así como la intensidad en su promoción
por parte de algunos organismos internacionales, tratan fundamentalmente de
introducir nuevas modalidades para la negociación y la articulación
público-privada. El principal argumento se centra en la posibilidad de
financiación y refuerzo de los recursos municipales, a partir de la
distribución de los beneficios del “desarrollo urbano”.
Las recomendaciones sugieren a los
municipios actuar como agentes promotores que, al tener el monopolio de la
potestad regulatoria, deben capitalizarla como un activo susceptible de
negociar frente a la necesidad de un mejor rendimiento y productividad de las
inversiones inmobiliarias; y, puntualmente, vehiculizar, mediante estos
mecanismos, la lógica de competitividad y mercantilización, propia de la visión
empresarial, hacia la gestión urbana.
En la gestión urbana local, durante
estos años, predominó una implementación intensiva de los mecanismos
mencionados, los cuales permitieron el ingreso de recursos económicos (dinero
en efectivo u obras), justificados como recuperación de plusvalor y una
modalidad de vinculación público-privada.
La gestión urbana asumió las
condiciones de dinamismo, flexibilización y adaptabilidad del marco regulatorio
recomendadas por las “buenas prácticas”, lo que dio orden legislativo a los
mecanismos habilitados. Las operaciones inmobiliarias involucradas por
Convenios Urbanísticos, por ejemplo, implicaron tanto a empresarios ocasionales
o de pequeña envergadura como a grandes empresas de escala internacional, los
cuales obtuvieron beneficios económicos cuantiosos por los cambios normativos
negociados y generaron cambios sustanciales en la estructura urbana (Peresini, 2018).
Simultáneamente, en 2012, se aprobó la
conformación de un organismo técnico dependiente del ejecutivo municipal, que
vino a representar la institucionalización del CPU en marcha desde 2007; se
trata del instituto de planificación municipal (IPLAM). Esta vez, la
institución mixta se conforma como parte de la estructura administrativa
municipal pero fuera de su configuración orgánica, ya que se constituyó como
organismo autárquico.
El instituto mencionado opera a través
de un consejo consultivo, del cual espera propuestas para la formulación de
políticas públicas (Ordenanza 12030 de 2012), basado en el relacionamiento
público-privado. El consejo, a su vez, está integrado por concejales,
secretarios y directores de distintas dependencias municipales, profesionales,
miembros de diferentes facultades de las universidades presentes en la ciudad,
la ADEC, la CEDUC y otras cámaras empresariales y de comercio.
En este marco, la participación de la
Cámara de desarrollistas en la política urbana sigue por canales
institucionalizados, así como por el apoyo o no a las medidas anunciadas por el
ejecutivo. El relevamiento expone que la actividad oficial del IPLAM, hasta la
fecha, se concentró en ofrecer diagnósticos territoriales, a pesar de que, en
sus objetivos, se mostraba como un organismo técnico para la elaboración de
políticas públicas.
Finalmente, la figura 3 contiene
también un resumen de los conceptos predominantes y las modalidades de
vinculación público-privada para el periodo 2011-2019 en la ciudad de Córdoba.
Figura 3. Conceptos predominantes y modalidades
de vinculación público-privada, implementados en la gestión urbana local.
(Córdoba, Argentina, 2011-2019)
Fuente. Elaboración propia
Conclusiones
En el recorrido histórico expuesto, se
evidencia la centralidad de la gestión urbana local, como espacio institucional
y material, donde se revela la evolución del proceso de neoliberalización.
Esta revisión funcionó como estrategia para reconocer las distintas instancias
y formas institucionales relacionadas a la vinculación público-privada en la
gestión urbana local implementadas en las últimas décadas (figura 4).
Figura 4. Genealogía de conceptos predominantes
y modalidades de vinculación público-privada, implementados en la gestión
urbana local. (Córdoba, Argentina, 1983-2019)
Fuente. Elaboración propia.
El recorrido histórico contextual
expresa solo una de las dimensiones del impacto de la neoliberalización
en la gestión urbana local. Este proceso se apoya en adaptaciones y
reconfiguraciones provocadas por el modelo de gobernanza urbana proempresarial
(López, Gasic y Meza, 2012; Peck, Theodore y Brenner,
2009), hacia modalidades y formas institucionales neoliberales que legitiman la
participación de las corporaciones y las élites empresariales en decisiones
gubernamentales. Bajo la suposición de un proceso de apertura a actores no
gubernamentales para la toma de decisiones públicas, este paradigma refuerza el
creciente poder de los grupos empresariales y su influencia en las políticas.
La genealogía permite distinguir que lo realmente efectivo en este proceso ha
sido la evolución y legitimización de los mecanismos de vinculación entre el
gobierno local y los empresarios desarrollistas.
Como se dijo en el apartado teórico, en
este proceso, resulta igualmente importante analizar las formas institucionales
desarrolladas para dar soporte y legitimidad a estos vínculos.
La revisión pudo evidenciar que, desde
la década de 1990, el despliegue de mecanismos de articulación público-privada
ha sido constante. Aunque de distinto alcance y conformación, siempre han
podido ir un paso adelante en su legitimización e injerencia sobre las
decisiones de políticas públicas. Se destacan las primeras concertaciones en el
marco del plan estratégico, destinadas a atraer grandes centros comerciales,
aunque todavía de carácter informal y el surgimiento de institucionalidades
mixtas por fuera de la estructura orgánica.
Un paso adicional en la evolución fue
la experiencia del CPU en 2007 como espacio destinado a asegurar y mantener la
gobernabilidad en base a la agenda del “desarrollo urbano”. Este hecho marcó el
avance hacia un mecanismo formal de consulta, dentro de la estructura orgánica
institucional, lo que habilitó y legitimó la participación de actores
empresariales en la formulación de políticas urbanas. En la última etapa, con
la consolidación de numerosos instrumentos de gestión, las vinculaciones
progresan más allá de los incentivos selectivos en favor del “desarrollo inmobiliario”
hacia un arreglo institucionalizado que permite un encuentro y una negociación ad
hoc entre los actores. Todo ello manifiesta un modelo de gestión urbana en
el que se plantea la necesidad de un “cogobierno”.
La secuencia de concertaciones, estrategias,
acuerdos, asociaciones público-privadas se presenta como un mecanismo diverso
que expresa el mismo objetivo de introducir a los actores empresariales en las
decisiones de la gestión urbana. En este marco, a lo largo de más de tres
décadas, se han encadenado prácticas y lógicas que, coadyuvadas por diferentes
estrategias de presión por parte de los mismos agentes empresariales, han
generado un diseño institucional y regulatorio favorable a sus demandas. Cabe
preguntarse, entonces, si este proceso continúa desarrollándose en otras formas
de intervención, como la captura de la regulación urbana o, directamente, la
implementación de modalidades de autorregulación impuestas por los mismos
actores empresariales.
Notas
1.
Proyecto de
investigación doctoral denominado “La institucionalización de convenios
urbanísticos en la ciudad de Córdoba, Argentina. Un análisis de las
adaptaciones normativas e institucionales en favor del proceso de neoliberalización en la gestión urbana local (1983-2019).
¿De las concertaciones a la captura de la potestad regulatoria?”, financiado
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
2.
Doctoral research project called “The
institutionalization of urban development agreements in the city of Córdoba,
Argentina. An analysis of normative and institutional adaptations in favor of
the neoliberalization process in local urban
management (1983- 2019). From agreements to the capture of regulatory
power?", financed by the National Council of Scientific and Technical
Research (CONICET).
3.
Projeto de pesquisa de doutorado denominado “A
institucionalização de convênios urbanísticos na cidade de Córdoba, Argentina.
Uma análise das adaptações normativas e institucionais em favor do processo de
neoliberalização na gestão urbana local (1983-2019). Dos ajustes da captura da
potestade regulatória?”, financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisas
Científicas e Técnicas da Colômbia.
4.
El uso de
comillas para referirse a este paradigma es intencional, ya que desde una
postura crítica se cuestiona su representación, alcance y significado real.
5.
“We conclude by considering the ways in which cities
have become strategically essential arenas for neoliberalizing
forms of policy experimentation and institutional restructuring. This, we
argue, signals an important mutation in the nature of neoliberalization processes themselves since the
early 1990s” (Peck, Theodore y Brenner, 2009, p. 54).
6.
La reforma
constitucional de 1994 estableció la autonomía municipal en el artículo 123.
Sin embargo, como no está específicamente reglada, cada provincia amplía,
reduce o gestiona dicha autonomía.
7.
Este grupo
inició actividades en 1998, a cargo de dos empresarios cordobeses. Según
declaran en su página web, ambos tienen amplia trayectoria y experiencia en
hipermercados y centros comerciales, materia en la que fueron pioneros, y
contribuyeron a la transformación urbanística y económica de importantes
ciudades argentinas (Grupo Dinosaurio, s.f.).
8.
La ADEC es
una institución sin fines de lucro que “promueve el desarrollo económico y
social de la ciudad de Córdoba y su región metropolitana”. Está definida como
un espacio público-privado que nació en 1996 en el marco del PEC y, a la fecha,
está integrada por cuarenta y tres entidades, entre cámaras empresariales,
colegios profesionales, las universidades de la ciudad y la Municipalidad de
Córdoba. Entre sus objetivos está el “articular el accionar privado con el del
sector público, promover políticas y estrategias para el desarrollo de la
ciudad y potenciar la iniciativa empresarial, su capacidad de innovación y
gestión” (ADEC, 2019).
9.
Principalmente,
los excedentes de la actividad agroexportadora generados por la rentabilidad
extraordinaria de las commodities agrícolas,
referidas a materias primas o bienes primarios con bajo nivel de
especialización e industrialización, comercializadas en dólares.
10. La CEDUC agrupa a los empresarios del
sector desde 2004, cuyo objetivo institucional es “contribuir al desarrollo
armónico de la actividad de proyectos inmobiliarios y urbanísticos e
interactuar con los poderes públicos y entidades privadas en todo cuanto
contribuya [a su] progreso” (CEDUC, 2020).
Referencias
Agencia para el Desarrollo Económico de
la Ciudad de Córdoba (ADEC). (2019). ¿Quiénes somos? Adec.org.ar. Recuperado de
https://bit.ly/36mTMnh
Benavides, M. y Gómez, C. (2005).
Métodos en investigación cualitativa: triangulación. Revista Colombiana de Psiquiatria, 34(1), 118-124.
Brenner, N., Peck, J. y Theodore, N.
(2011). ¿Y después de la neoliberalización?
Estrategias metodológicas para la investigación de las transformaciones
regulatorias contemporáneas. Urban, 1(1), 21-40.
Brenner, N. y
Theodore, N. (2002). Cities and the Geographies of “Actually Existing
Neoliberalism”. Antipode, 34(3), 349- 379.
Casellas, A. (2005). Aproximaciones teóricas
para el análisis de la transformación urbana. Analysis,
46, 139-149.
Cámara Empersarial
de Desarrollistas Urbanos Córdoba (CEDUC). (2020). Institucional. Ceduc.com.ar.
Recuperado de http:// www.ceduccba.com.ar/institucional.
Cetrángolo, O. y Gatto,
F. (2003). Las provincias en la crisis argentina. Algunos elementos para
discutir las prioridades de la cooperación internacional. Buenos Aires: Cepal
Concejo Deliberante de la Ciudad de
Córdoba. (2012, 29 de marzo). Ordenanza 12030. Statistic.cordoba.gov.ar.
Recuperado de
https://static.cordoba.gov.ar/DigestoWeb/pdf/39d910df-eb36-4534-98cb-5cb9093fb43a/
TEX_12030.pdf
Coremberg, A. (2006). Fuentes del crecimiento
económico en Argentina 1990-2004. “¿Otro caso de la tiranía de los números?”.
Revista de Economía Política de Buenos Aires, 1(2), 55-88.
Del Río, J., Vértiz, F. y Ursino, S. (2014). La acción pública en el espacio urbano.
Debates y reflexiones en torno a la noción de política urbana. Estudios
sociales contemporáneos, 11, 76-86.
Delgadillo, V. (2014). Urbanismo a la
carta. Teorías, políticas, programas y otras recetas urbanas para ciudades
latinoamericanas. Cadernos Metrópole, 16(31), 89-111.
Elkin, S. L.
(1987). City and Regime in the American Republic. Chicago: University of
Chicago.
Ferreira, J. S.
(2001). Governança, um novo paradigma de gestão? Sobre a Conferência de Pierre Calame. Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, 9(10), 126-138.
Gaggero, A. y Nemiña,
P. (2013). El origen de la dolarización inmobiliaria en la Argentina. Sociales
en debate, 5, 47-58.
Grupo Dinosaurio (s.f.). El grupo.
Grupodinosaurio.com. Recuperado de http://www.grupodinosaurio.com/el-grupo.html
Harvey, D.
(1989). From Managerialism to Entrepreneurialism. The Transformation in Urban
Governance in Late Capitalism. Geografiska Annaler.
Series B, Human Geography, 71(1), 3-17.
Harvey, D. (2007). Espacios del
capital. Hacia una geografía crítica. Madrid: Akal.
Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC). (2010). Censo nacional de población, hogares y viviendas.
Indec.gob.ar. Recuperado de https://www.indec.gob. ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-135
Jaramillo, S. (2009). Hacia una teoría
de la renta del suelo urbano. Segunda edición. Bogotá: Universidad de los
Andes.
Jessop, B. (1997). The
Entrepreneurial City. Re-imaging
Localities, Re-designing Economic Governance, or Re-structuring Capital. En N. Jewson y S. MacGregor (eds.). Transforming Cities.
Contested Governance and New Spatial Divisions (pp. 28-41). Londres: Routledge.
La Voz (2004, 02 de junio). Empresarios
quieren seguridad jurídica y mayor financiamiento. Recuperado de
http://archivo.lavoz.com.ar/NotaAnterior.asp?nota_id=246954&high=Camara%20Empresarial%20Desarrollistas%20Urbanos%20C%F3rdo
La Voz (2010, 09 de agosto). Un sector
dinámico que impulsa el crecimiento. Recuperado de
https://www.lavoz.com.ar/ceduc/un-sector-dinamico-que-impulsa-el-crecimiento
Levenzon, F. (2012). La función social de la
propiedad en términos de derechos humanos: implicaciones para la reforma del
Código Civil. Revista Argentina de Teoría Jurídica, 12. Recuperado de
http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/levenzon2.pdf
Logan, J. y Molotch,
H. (2015). La ciudad como máquina de crecimiento. En Observatorio Metropolitano
(coord.). El mercado contra la ciudad. Sobre globalización, gentrificación y
políticas urbanas (pp. 157-210). Madrid: Traficantes de Sueños (publicado
originalmente en 1976).
López, E., Gasic,
I. y Meza, D. (2012). Urbanismo pro-empresarial en
Chile. Políticas y planificación de la producción residencial en altura en el pericentro del Gran Santiago. Revista INVI, 27(76), 75-114.
Manzanal, M. (1995). Globalización y
ajuste en la realidad regional argentina. ¿Reestructuración o difusión de la pobreza?
Realidad Económica, 134, 67-82.
Marianacci, G. (2000). Descentralización y
desarrollo económico local. El estudio de caso de la ciudad de Córdoba,
Argentina. Santiago: Cepal. Recuperado de https://
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31508/S2000820_es.pdf?sequence=1
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.
(2008). Bases para el plan director de la ciudad de Córdoba. Lineamientos y
estrategia general para el reordenamiento del territorio. Córdoba: autor.
Peck, J.,
Theodore, N. y Brenner, N. (2009). Neoliberal Urbanism. Models, Moments,
Mutations. SAIS Review, 29(1), 49-66.
Peck, J. y
Tickell, A. (2014). Neoliberalizing Space. Antipode,
34(3): 380-404.
Peresini, N. (2018). Neoliberalización
urbana. Nuevas tendencias en la producción de suelo urbano en la ciudad de
Córdoba, Argentina (2008-2018). Revista Ciudades, Estados y Política, 5(1),
77-86.
Sautu, R., Boniolo,
P. y Dalle, P. (2005). Manual de metodología. Construcción del marco teórico,
formulación de los objetivos y elección de la metodología. Buenos Aires: Clacso.
Vainer, C. (2002). Pátria,
empresa e mercadoria. En O. Arantes, C. Vainer y E. Maricato. A cidade do pensamento único.
Desmanchando consensos (pp. 1-192). Tercera edición. Petrópolis
(RJ): Vozes.
Valles, M. (1999). Técnicas
cualitativas de investigación social. En Reflexión Metodológica y Práctica
Profesional (pp. 108-334). Madrid: Síntesis.
Venturini, E., Ávila, V. y Terreno, C. (2015).
Transformaciones urbano-territoriales y sustentabilidad del desarrollo en la
ciudad de Córdoba 1910–2010. Arquisur Revista, 5(7), 74-93.
World Bank
(2000). World Development Report 2000/2001. Washington: The World Bank-Oxford
University Press.