La nueva democracia y el control de agencia para la eficacia en la gestión pública colombiana
The new democracy and agency control for efficiency in Colombian public management
Nova Democracia e controle da agência para a eficácia na gestão pública colombiana
Palabras clave:
Nueva Gestión Pública, sociedad civil, Teoría de la agencia, Colombia (es)Nova Gestão Pública, sociedade civil, Teoria da agencia, Colômbia. (pt)
New Public Management, civil society, Theory of agency, Colombia (en)
Los grandes desafíos que afronta Colombia en materia de desarrollo y la superación de las desigualdades en medio de un ambiente de descrédito institucional, polarización política y agudización del flagelo de la corrupción hacen notorio que los cambios administrativos que se vienen realizando en el funcionamiento del Estado, en aras de que sea más eficiente y eficaz, aunque en principio son promisorios, han resultado insuficientes para conducirlo hacia el logro de sus objetivos de progreso. Por esta razón, se buscó identificar elementos estructurales críticos que estén limitando el desarrollo de la nación, hacia los cuales puedan orientarse los próximos esfuerzos reformistas, a través de una revisión documental realizada en material producido dentro de diversas disciplinas de las Ciencias Sociales. Fruto de este trabajo, se pudo evidenciar que las prácticas administrativas adoptadas en las últimas décadas, en el sector público colombiano, son acordes con los principios del modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP), indicando que se toma la experiencia del sector privado para mejorar el desempeño en lo público. Por consiguiente, se proponen algunos argumentos para rebatir una importante crítica que se le hace a la NGP y a su noción de Cliente, con el fin de retomar los postulados validados para encontrar una respuesta a nuestra pregunta de investigación. Así, apoyados en la Teoría de la agencia, como uno de los pilares de la NGP, se presentan las relaciones entre el sector público y la sociedad civil, encontrándose que esta última debe fortalecerse como sector, para participar directamente en procesos de planeación y control de la gestión pública, buscando la maximización de la inversión pública y el bienestar común.
La nueva democracia y el control de agencia
para la eficacia en la gestión pública colombiana
Cristhian
Alexander Córdoba Rentería. Magíster en
Economía de la Universidad de Antioquia, funcionario de la Alcaldía Municipal
de Bello, Antioquia, Colombia. Correo electrónico: cristhian.cordoba@gmail.com
Recibido: 06 de mayo de 2016 /
Aceptado: 28 de marzo de 2017.
Resumen
Los grandes desafíos que afronta Colombia en materia de
desarrollo y la superación de las desigualdades en medio de un ambiente de
descrédito institucional, polarización política y agudización del flagelo de la
corrupción hacen notorio que los cambios administrativos que se vienen
realizando en el funcionamiento del Estado, en aras de que sea más eficiente y
eficaz, aunque en principio son promisorios, han resultado insuficientes para
conducirlo hacia el logro de sus objetivos de progreso. Por esta razón, se
buscó identificar elementos estructurales críticos que estén limitando el
desarrollo de la nación, hacia los cuales puedan orientarse los próximos
esfuerzos reformistas, a través de una revisión documental realizada en
material producido dentro de diversas disciplinas de las Ciencias Sociales.
Fruto de este trabajo, se pudo evidenciar que las prácticas administrativas
adoptadas en las últimas décadas, en el sector público colombiano, son acordes
con los principios del modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP), indicando que
se toma la experiencia del sector privado para mejorar el desempeño en lo
público. Por consiguiente, se proponen algunos argumentos para rebatir una
importante crítica que se le hace a la NGP y a su noción de Cliente, con el fin de retomar los
postulados validados para encontrar una respuesta a nuestra pregunta de
investigación. Así, apoyados en la Teoría
de la agencia, como uno de los pilares de la NGP, se presentan las
relaciones entre el sector público y la sociedad civil, encontrándose que esta
última debe fortalecerse como sector, para participar directamente en procesos
de planeación y control de la gestión pública, buscando la maximización de la
inversión pública y el bienestar común.
Palabras clave. Nueva Gestión Pública, sociedad civil, Teoría de la
agencia, Colombia.
The new
democracy and agency control for efficiency in Colombian public management
Abstract
Colombia’s great challenges in terms
of development and the overcoming of inequalities amid an environment of
institutional discredit, political polarization and exacerbation of the scourge
of corruption make it clear that the administrative changes that have been
taking place in the functioning of the State, In order
to be more efficient and effective, although in principle promising have proved
insufficient to lead it towards achieving its objectives of progress. For this
reason, it seeks to identify critical structural elements that are limiting the
development of the nation, towards which the next reform efforts can be guided,
through a documentary review of material produced within various disciplines of
the Social Sciences. As a result of this work, it can be seen
that the administrative practices adopted in the Colombian public sector
in the last decades are in accordance with the principles of the New Public
Management (NGP) model, indicating that private sector experience is taken to
improve Performance in the public. Some arguments are proposed to refute an
important criticism that is made to the NGP and to its notion of Client, in order to
return to validated postulates to find an answer to our research question.
Based on the Theory of the agency, as
one of the pillars of the NGP, relations between the public sector and civil
society are presented, concluding that the latter should be strengthened as a
sector, to participate directly in planning and control processes. Public
management, seeking the maximization of public investment and common welfare.
Keywords. New Public Management, civil society, Theory of
agency, Colombia.
Nova
Democracia e controle da agência para a eficácia na gestão pública colombiana
Resumo
Os principais desafios que enfrenta a
Colômbia em desenvolvimento e superação das desigualdades em meio a um ambiente
de descrédito institucional, polarização política e aprofundar o flagelo da
corrupção a conhecer que as mudanças administrativas feitas no funcionamento do
Estado, a fim de torná-la mais eficiente e eficaz, embora promissores, em
princípio, se revelaram insuficientes para levar para alcançar suas metas de
progresso. Por esta razão, se procura identificar elementos estruturais
críticos que estão limitando o desenvolvimento da nação, o que pode ser
orientada para os próximos esforços de reforma, através de um material de
revisão documentário produzido dentro de várias disciplinas das ciências
sociais. O resultado deste trabalho, pode-se mostrar que as práticas
administrativas adotadas no setor público colombiano nas últimas décadas são são consistentes com os
princípios do modelo da Nova Gestão Pública (NGP), indicando que a experiência
do setor privado é levado para melhorar desempenho em público. Alguns argumentos são propostos para
refutar uma das principais críticas que faz a NGP e sua noção de Cliente, a fim de retomar os postulados
validados para encontrar uma resposta para a nossa questão de pesquisa.
Compatível com o Teoria da agência,
como um dos pilares da NGP, as relações entre o setor público ea sociedade civil são apresentados, concluindo que este
último deve ser reforçado como um setor, participar diretamente nos processos e
controle de planejamento governança, buscando maximizar o investimento público
e bem comum.
Palavras chave. Nova Gestão Pública, sociedade
civil, Teoria da agencia, Colômbia.
Introducción
Tras siglos de debate sobre la conveniencia y la magnitud de
intervención que cada Estado debía presentar en la economía, para potencializar
el progreso de sus sociedades, en los últimos tiempos ha sido ampliamente
aceptado que, tanto mercado como Estado, son necesarios para el desarrollo de
las naciones. De esta forma, concibiéndose la intervención estatal como la
primera herramienta para la corrección y la regulación de los fallos a los que
conduce el funcionamiento del mercado, ahora las miradas se posan en los fallos
propios que tiene el Estado, como actor crucial desde el cual se desprenden, no
sólo elementos de carácter regulatorio; sino también la gestión de importantes
recursos públicos para la promoción de políticas y acciones encaminadas a la
consecución de mejores niveles de vida. De allí que la discusión, en las
décadas recientes, se oriente sobre aquellos aspectos que permiten que un
Estado sea mejor, derivando en una amplia producción de estudios y trabajos
que, desde diversas disciplinas del conocimiento, analizan la eficiencia y
eficacia del mismo.
En el esfuerzo por hacer que la gestión pública sea más
eficiente y eficaz, tanto académicos como gobernantes han planteado la
necesidad de reformar el Estado; los primeros, mediante la presentación de
modelos, esquemas y teorías sobre la manera de llevar a cabo la intervención
estatal; y los segundos, a través de la adopción de las prácticas
administrativas y los sistemas de gestión más llamativos del momento. No
obstante, como resultado de ello, se da la aparición de paradigmas
administrativos ofrecidos por los gurús de turno como “recetas efectivas” para
la solución de los problemas estatales, cuyo principal atractivo radica en la
promesa de éxito rápido y rotundo. Lamentablemente, tales paradigmas no son
confrontados ni debatidos a fondo sino hasta años después de su implementación,
para constituirse luego en foco de la crítica académica y en el punto de
partida para la próxima tendencia administrativa.
Colombia también se ha sumado a las prácticas de
modernización administrativa, tanto como producto de la adopción de medidas
propuestas por organismos multilaterales de cooperación, como por la
incorporación de tendencias de moda y por la adhesión a acuerdos
internacionales. En el periodo de gobierno 2011-2014, “se emprendieron reformas
institucionales enfocadas en generar confianza en los inversionistas,
transparencia en la contratación y mayor eficiencia en el uso de los recursos”
(DNP, 2015, p. 127). Actualmente, de acuerdo con la visión plasmada en el Plan de Nacional de Desarrollo 2014-2018,
el país se proyecta para contar, entre otros aspectos, con una mejor y más
equitativa distribución de las oportunidades y un nivel de pobreza mínimo, con
ambientes más seguros y atractivos para la inversión, con una provisión eficaz
de los servicios sociales esenciales, como son la educación y la salud; así
como la defensa y el respeto de los derechos humanos, la diversidad
poblacional, las normas y las instituciones, a lo largo de todo su territorio;
todo esto, después de haber iniciado el milenio siendo descrito por algunos
analistas como un “estado fallido” (DNP, 2015, p. 35; 41-45; 62-63; 83-84;
139-140).
De cara a estos retos, el Estado colombiano nuevamente
propone ajustar, fortalecer y reformar sus instituciones, procurando contar con
la capacidad organizativa y de gestión que le permita superar los obstáculos
presentes y futuros. Sin embargo, ante la evidencia de que cada vigencia
administrativa trae consigo una serie de reformas y transformaciones del
aparato gubernamental, surge la siguiente interrogante: ¿Contendrán las
reformas venideras los elementos necesarios para que el Estado alcance o se
aproxime acertadamente al logro de sus fines esenciales y no se pierdan
esfuerzos en la implementación de una moda gerencial más?
Para proponer una respuesta a este cuestionamiento, se
realizó una investigación cualitativa, de carácter documental, sobre material
producido generado en diversas áreas del conocimiento, como las ciencias
políticas, la economía, la administración pública y la sociología; donde se
aborda la problemática asociada con la eficiencia y la eficacia del accionar
del gobierno y del Estado, a través de los principales modelos o prácticas
reformadoras de la administración pública. Así, se encontró que en sus
postulados existen elementos comunes y unificadores, pero a su vez, en el afán
de categorizar y sintetizar sus “prescripciones”, se originan vacíos que dan
lugar a visiones sesgadas y limitadas de las interacciones entre los sectores
que conforman una nación.
En el proceso, se identificó que ha sido el mercado, y sus
interacciones entre particulares, el que ha servido de fuente para la
extracción de las prácticas administrativas que han nutrido los modelos y los
paradigmas de la gestión pública analizados, constituyéndose en el referente
inmediato de eficiencia y eficacia. Así, desde la burocracia que aplica principios
de la administración científica de Taylor y los criterios de dirección de
Fayol, pasando por las corrientes originadas como alternativa a está como la
Nueva Administración Pública, la Nueva Gestión Pública, la Nueva Gobernanza, el
Nuevo Servicio Público y la filosofía de Gobierno Abierto, cada uno de estos
enfoques ha tenido su momento de fama, como fórmula inspiradora de reformas
administrativas para el mejoramiento del sector público y del funcionamiento
del Estado; y con su implementación, total o parcial, han generado aportes
significativos en la continua búsqueda del desarrollo socio-económico.
No obstante, se hace necesario reconocer que los avances
logrados nos conducen a identificar que, en lugar de dos, son tres los sectores
que interactúan, o deberían interactuar como un sistema, tal como ya lo había
anotado Oszlak (2013) al plantear que:
Hasta cierto punto, los paradigmas más representativos que ha
identificado la literatura de nuestro campo con relación al Estado,
han tendido a enfatizar el protagonismo relativo de esas tres instancias
-estado, mercado y sociedad civil- en la resolución de las cuestiones de la
agenda social (p. 2).
De hecho, este planteamiento no es nuevo, puesto que ya hace
20 años Kliksberg (1998) se cuestionaba sobre el nuevo papel que los Estados
deberán asumir, con el fin de lograr una capacidad de gestión más eficiente,
productiva y justa para todos los niveles y actores sociales, por lo que
propuso superar la “falsa antinomia” Estado-mercado-sociedad, pasando a la redefinición
de un Estado inteligente que
atendiera al reclamo generalizado por incrementos en la participación de la
sociedad civil mediante la identificación de formas nuevas y más activas de
organización (p. 139-140).
De acuerdo con lo anterior, y siguiendo la línea trazada por
la interrogante propuesta, es posible establecer que el hallazgo que se tiene
como producto de la revisión documental, si se le puede denominar así, es que
una reforma al Estado, con miras a alcanzar mayores desarrollos socio-económicos,
en un país constituido políticamente bajo el principio republicano de la Soberanía del pueblo, debe partir del
análisis de la situación en la cual se encuentran los tres sectores que podrían
generar desarrollo en una nación, que son: sociedad civil, mercado y sector
público gubernamental. De acuerdo al tratamiento
histórico que se le ha dado a esta gran incógnita, desde diversos campos
académicos, se ha favorecido el entendimiento y la modernización de los dos
últimos sectores y no tanto así del primero; en los capítulos que se presentan
a continuación, se tratará de argumentar por qué, en nuestro país y en otros
políticamente similares, se deben realizar esfuerzos decididos por desarrollar
y modernizar este sector, compuesto por la sociedad civil.
Para tal fin, en el primer apartado se hace una breve
descripción de la situación de la administración pública colombiana, para
afrontar las necesidades de desarrollo del país. En el segundo, se analiza el
funcionamiento de la administración pública, empleando como marco de referencia
los planteamientos que, desde el campo de la economía institucional, ofrece el
modelo de la Nueva Gestión Pública – NGP, considerando que mantiene su vigencia
mientras se tenga en los mercados el referente más cercano y más desarrollado
para la búsqueda de la eficiencia y la eficacia; además que, gracias a sus
fundamentos basados en la Teoría de la agencia y en los Costos de transacción,
se posibilita una mejor lectura de las relaciones de delegación que se dan en
la administración pública colombiana, introduciendo a la sociedad civil bajo la
figura de principal, lo que permite
examinar un fallo en el funcionamiento del modelo democrático del país.
En el tercer capítulo, se describen algunos mecanismos
legales que tiene la sociedad civil para actuar como principal y buscar la alineación de sus objetivos con los de su
agente: el Gobierno y los representantes políticos. El cuarto capítulo presenta
una propuesta de cambio en el accionar del Estado, planteada como alternativa
para fortalecer la capacidad institucional, bajo la tutela de la sociedad
civil, valiéndose de mecanismos y espacios estratégicos de participación que
mejoren la democracia, bajo un principio de racionalidad
ciudadana. Por último, se dan a conocer las conclusiones de lo aquí
expuesto y se introducen algunas consideraciones para trabajos futuros.
Estado y Administración
Pública colombiana
Colombia se ha caracterizado por ser un país con una gran
riqueza en suelos, biodiversidad y riqueza cultural. A pesar de esto, y de ser
considerada usualmente como una democracia estable, en las últimas cinco
décadas esta nación ha procurado lograr un desarrollo social y económico
sostenido, en medio de un ambiente de amplias tensiones políticas partidistas,
protestas sindicales, enfrentamientos a grupos guerrilleros y paramilitares,
lucha contra el tráfico ilegal de drogas y la paulatina apertura de sus
mercados, en una competencia cada vez más global.
Aunque desde 1826 los colombianos han elegido representantes
que lideren y gobiernen sus destinos, en quienes han depositado la confianza
para procurar el desarrollo y crecimiento como nación; grupos de terratenientes
y dirigentes políticos se aliaron para mantener el control del país, del
gobierno y sus recursos, incluso por medio de la violencia (PNUD, 2011, p.
194-195).
Este tipo de entorno, de acuerdo con Acemoglu
y Robinson (2012, p. 101), propician la aparición de Instituciones Políticas
Extractivas e Instituciones Económicas Extractivas, que son instituciones que
no crean incentivos para que la sociedad participe, ahorre, invierta e innove;
y la causa principal del fracaso de los países, ya que, de acuerdo con los
autores “quien controla el Estado se convierte en beneficiario de este poder
excesivo y de la riqueza que genera” (Acemoglu y
Robinson, 2012, p. 404), y cuando tal poder es amenazado, los gobernantes están
dispuestos a tomar decisiones que sacrifican el crecimiento económico y el
progreso de la nación, para frustrar cualquier amenaza.
A través de la Constitución Política de Colombia de 1886, los
dirigentes del país establecieron un esquema de poder y autoridad nacional,
como república unitaria, que residía en la administración central, concentrada
en la capital. No obstante, cien años después, llegado el gobierno del Presidente
Virgilio Barco, comprendido entre 1986 y 1990, se experimentó una reducción
notable en la confianza pública frente al sistema de gobierno; en lo político,
como efecto del poder compartido por los dos partidos tradicionales del país,
en el denominado Frente Nacional, que monopolizó el gobierno y diluyó la
responsabilidad por sus acciones; mientras que desde lo institucional, se tenía
la idea propagada de que las instituciones nacionales se mostraban cada vez más
inadecuadas para los desafíos que enfrentaban (Bushnell, 2012, p. 355).
Si bien la administración pública colombiana, de cara a los
tratados internacionales, ha procurado la modernización mediante la adopción de
reformas, sus instituciones públicas llegaron a la situación por la que atravesó
el modelo burocrático descrito por Max Weber, con entidades fundamentadas en el
poder que da la jerarquía, en el establecimiento de funciones y división del
trabajo, en las que imperan las normas y reglamentos para controlar su
accionar; padeciendo así los mismos problemas característicos de dicho modelo:
la rigidez y la lentitud institucional para prestar los servicios y afrontar
los cambios en su entorno, derivando, en la década de los 90, en la carencia de
una cultura de renovación permanente y de orientación al ciudadano como eje del
desempeño estatal (DNP, 1995, p. 2).
A pesar de los conflictos, el país mantuvo su economía a
flote, en parte gracias a sus épocas de bonanza en sus sectores más prósperos,
al manejo exitoso de la deuda externa y a la protección arancelaria de la cual
llegó a gozar previo a los procesos de apertura.
Con la firma de la Constitución Política de Colombia de 1991,
se buscó recobrar la confianza en las instituciones y se generó un panorama de
cambio profundo, frente a la imagen de país centralizado y autoritario que se
tenía, al poner un mayor énfasis en el respeto y la defensa de los derechos
humanos, la soberanía del pueblo y la eficacia administrativa, con un enfoque
de servicio público. Bushnell (2012) así lo expresa:
Los constituyentes de 1991 no se contentaron con modificar la
carta anterior sino que expidieron una totalmente novedosa (…) El sistema
político seguía siendo fuertemente presidencialista, pero el ejecutivo nacional
ya no tenía la facultad de nombrar a los gobernadores departamentales, que
serían de elección popular (…) una disposición para que la cámara alta del
Congreso fuese elegida mediante representación proporcional a escala nacional,
un sistema diseñado para disminuir la influencia de los caciques partidistas
(…) y facilitar la conquista de al menos una mínima representación por parte de
nuevos movimientos sociales y políticos (…) la Constitución de 1991 resultó una
combinación un poco contradictoria de garantías de nuevos servicios y
beneficios con la devolución de funciones (y recursos) estatales a organismos
del orden local o hasta no gubernamentales (p. 393).
Esta Carta Magna, vigente desde hace poco más de 25 años,
reflejó un ambicioso esfuerzo por la modernización de la estructura
gubernamental y política, estableciendo el país como un Estado social de derecho y configuró una estructura de gobierno
para administrar los recursos y los destinos de la nación hacia el cumplimiento
de sus fines esenciales, entre los cuales se tiene: promover la prosperidad general
de sus habitantes y proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos
y libertades; de una forma democrática, participativa y pluralista. Sin
embargo, en la actualidad, tal prosperidad general dista de verse lograda en el
corto o mediano plazo, de forma equitativa, a lo largo y ancho del territorio
nacional, en gran medida por las marcadas diferencias que existen al interior del mismo.
Un buen referente de ello se encuentra en el balance
resultante, una vez cumplido el plazo trazado con los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio,
ODM, ocho intenciones adoptadas por 189 países miembros de la Organización de
Naciones Unidas, ONU, entre ellos Colombia, que tuvieron como finalidad el
mejoramiento de la calidad de vida de la población, adoptando los
planteamientos de Amartya Sen y otros autores que conciben el desarrollo como la ampliación de las
capacidades y las opciones de las personas para aumentar la riqueza de la vida
humana (más que la riqueza económica que se constituye en un medio para su
obtención), la equidad y la solidaridad (PNUD, 1990, p. 31-33) y (Sen, 2000, p.
34; 114).
En el informe que presenta el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo - PNUD, se reportan logros significativos en muchas de las
metas, por parte de Colombia, en los ODM, pero que son desiguales a través de
sus regiones y poblaciones, dejando enormes brechas y, por ende, el país
todavía presenta millones de personas en pobreza y vulnerabilidad, situación
que se agudiza muchas veces según el género, la edad, etnia, condición de
discapacidad o ubicación geográfica (PNUD, 2015, p. 47).
Del mismo modo, Acemoglu y Robinson
(2012) afirman que:
Colombia no es un caso de Estado fracasado a punto de
hundirse. Sin embargo, es un Estado sin centralización suficiente y con una
autoridad lejos de ser completa sobre todo su territorio… En algunas partes del
país, las instituciones económicas funcionan bien, y hay niveles elevados de
capital humano y habilidad emprendedora; no obstante, en otras partes, las
instituciones son muy extractivas, y ni siquiera proporcionan un mínimo nivel
de autoridad estatal… No generan incentivos para que los políticos proporcionen
servicios públicos y ley y orden en gran parte del país (p. 446).
Estas son algunas de las razones por las que se hace
necesario incorporar cambios en el funcionamiento del Estado colombiano, para
procurar una mejor respuesta a las necesidades del país, la gestión eficiente y
eficaz de sus recursos y el cumplimiento de sus propósitos esenciales. La Economía institucional parece ofrecer
algunas luces para abordar estos desafíos.
Reformas en el Estado
colombiano: manteniendo vigente la “Nueva” Gestión Pública
Mucho se ha escrito en los últimos años tratando de
identificar modelos que sinteticen y expliquen las reformas estatales
emprendidas en todo el mundo, toda vez que se convirtió en un punto importante
en las agendas políticas de muchos países, desde los años 60, todas con la
intención de hacer funcionar mejor los gobiernos. Algunos de los modelos de
mayor renombre y fuerza han sido la Nueva Administración Pública, la Nueva
Gestión Pública – NGP, la Gobernanza, las asociaciones público-privadas y las
redes; cada uno con un enfoque característico, así como con defensores y detractores.
No obstante, para efectos del análisis aquí indicado, se propone ver el esquema
reformador de la administración pública en Colombia, a la luz del movimiento
denominado la Nueva Gestión Pública – NGP, no porque haya demostrado un éxito
rotundo ni porque sea el menos criticado, sino por su clara orientación hacia
la eficiencia y la eficacia, y porque desde su propensión a asemejar cada vez
más a las entidades públicas con las empresas privadas, permite acoger gran
parte de las nuevas tendencias en modernización del Estado, como es el caso del
Gobierno Electrónico (E-Government) y el Gobierno Abierto (Open Government), entre otras.
La NGP puede ser interpretada como la unión entre la Nueva Economía Institucional y las
últimas oleadas del Gerencialismo existentes
en el sector público (Merkle 1980; Hume 1981; Pollitt 1990, citados por Hood, 1991, p. 5) y asume que la
aplicación de técnicas gerenciales del sector privado, en reemplazo de aquellas
propias de la administración pública, conduce automáticamente a mejoras en la
eficiencia y eficacia del servicio público.
Osborne (2006), resume los elementos clave de la NGP como:
Atención a las lecciones del sector privado;
El crecimiento a partir de la “Gestión” y en la libre
competencia de las organizaciones;
Un enfoque en el liderazgo empresarial en las organizaciones
de servicio público;
Un énfasis en el control de entradas y salidas y en la
evaluación de la gestión del desempeño y en las auditorías;
La desagregación de los servicios públicos en sus más básicas
unidades y un enfoque en la gestión de sus costos; y
El crecimiento del uso de los mercados, competencia y
contratos para la asignación de recursos y la prestación de servicios públicos
(p. 379).
Las recientes reformas al marco jurídico, en principio, permitieron
avanzar de unas estructuras burocráticas que tenían en su cúspide a los
políticos (jefes que concentran el poder), en un nivel intermedio a los
funcionarios (que ejecutan la función pública) y en la base de la misma a los
usuarios (sujetos pasivos, gobernados y dependientes, que forman parte del
entorno); a un modelo más participativo y humanizado que incorpora a los
usuarios como prioridad, cuyas necesidades específicas deben ser satisfechas
óptimamente por el servicio público; mientras al político-jefe se le identifica
como una clase especial de servidor público que tiene como misión: aplicar el
poder, no como capacidad de imponer su voluntad sobre otros, sino para
representar y ejercer el poder político en la administración, constituyéndose
en el medio para conseguir los objetivos que la coalición gobernante desea
alcanzar (ver Figura 1).
Bajo estas premisas es posible, entonces, identificar en el
cambio constitucional y normativo que ha tenido el país, algunas de las
prácticas gerenciales incorporadas desde el sector privado, que deberían
redundar en mejores resultados dentro del quehacer gubernamental y un mejor uso
de los recursos públicos. La Tabla 1 presenta la comparación entre ambos
sectores.
De acuerdo con lo anterior, se puede apreciar la existencia
de un sistema normativo que evidencia la aplicación de la NGP en Colombia,
conllevando a una forma de organización con nuevos criterios que, según la
Corte Constitucional, corresponden más bien al concepto de Estado social servidor, el cual genera un movimiento tendiente
hacia la descentralización administrativa y hacia nuevas formas de delegación y
desconcentración en la administración centralizada (Corte Constitucional de
Colombia, Sala Plena, Sentencia C-722, 1999, p. 4).
Figura 1. Comparación de
modelos de Estado: burocrático vs. Participativo
Nota. Adaptado de (Orellana, 2004a, párr. 99).
La adopción de este modelo y de sus propuestas, en la
administración pública colombiana, parece no bastar para que esta se consolide
como la prueba fehaciente de lo que representaría para el Estado una gestión
pública eficiente, eficaz y transparente; por el contrario, cada día se vive la
contradicción de un gobierno que asume las medidas y herramientas que encuentra
disponibles en el mercado con este ideal, pero que continúa obteniendo
resultados tan pobres, lentos y costosos como si se mantuviese bajo la
influencia de los problemas del modelo burocrático. Cabe mencionar que, ante el
hecho de que el manejo de una amplia cantidad de recursos estatales recaiga
sobre las organizaciones públicas y sus actores involucrados; también de forma
paralela, más no oficial, se han extendido por todo el territorio nacional
prácticas nocivas en el quehacer público, que han dado paso a una crisis de
corrupción en el país, con casos que adquieren mayor resonancia, en función de
los estamentos públicos y privados implicados, y según el monto de recursos
desviados del erario público, para favorecer intereses particulares.
Se debe considerar que esquemas administrativos como la NGP
constituyen modelos que presentan modos de ver situaciones específicas en la
materia que tratan; y como tal, son representaciones simplificadoras de la
realidad, que habrán de incorporar ciertas limitaciones, a fin de proponer
aproximaciones válidas; y por tanto, si son juzgadas
con literalidad técnica y conceptual, esto deberá hacerse para reconocer tales
limitaciones, no para desvirtuar y subvalorar los aciertos. Aun cuando la tarea
de comparar el funcionamiento del Estado con el de la empresa privada, por lo
tanto, pueda parecer una labor abrumadora, especialmente con la compleja
estructura que posee la administración pública colombiana, que aquí se resumirá
en tres ramas del poder, distribuidas en tres niveles: nacional, departamental
y municipal, y la suma de múltiples relaciones de contratación y
subcontratación; a continuación se analizan dos aspectos importantes que han
recogido parte de las críticas al modelo de la NGP, pero que tienen la capacidad
de ilustrar, de forma muy intuitiva, hacia donde se deben orientar los próximos
esfuerzos reformadores: son ellos el concepto de cliente para el sector público
y las relaciones de agencia.
Tabla 1. Aplicación de
prácticas del sector privado en Colombia
Práctica
gerencial |
Norma asociada |
Capacitación
y motivación del personal |
Decreto
1227 de 2005. Sistema de estímulos e Incentivos para los empleados del
Estado. |
Control
Interno |
Ley 87
de 1993, Decreto Nacional 1826 de 1994, Decreto Nacional 1537 de 2001. |
Descentralización |
Constitución
Política de Colombia de 1991 |
Reestructuración,
reingeniería, adelgazamiento organizacional, desarrollo gerencial y
modernización de entidades |
Ley 489
de 1998. Sistema de desarrollo administrativo, incentivos a la gestión
pública, democratización y control social de la administración pública,
reestructuración de organismos y entidades, entre otros. |
Estandarización,
calidad de los servicios, mejora continua, auditoría de procesos y gestión
del conocimiento, servicio centrado en el usuario - satisfacción del usuario. |
Ley 872
del 2003. Norma
técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2009. |
Principios
de la función gerencial |
Ley 909
de 2004. Gerencia pública. |
Gobierno
abierto e incorporación de nuevas tecnologías |
Decreto
2573 de 2014 (Estrategia Gobierno en Línea) |
Gobierno
corporativo |
Ley
1474 de 2011 (Mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción) |
Meritocracia
– Profesionalización del personal |
Ley 909
de 2004 (Carrera Administrativa). Decreto 2539 de 2005 (Competencias
Laborales). |
Organización
basada en procesos |
Modelo
estándar de Control Interno MECI 1000:2014 – Norma técnica de calidad en la
gestión pública NTCGP 1000:2009. |
Planeación
estratégica – Gestión orientada hacia los resultados |
Decreto
2482 de 2012 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión). CONPES
2790 1995 (Gestión orientada a resultados). |
Racionalidad
y economía |
Constitución
Política de Colombia de 1991 |
Nota. Elaboración propia.
a. El cliente -
ciudadano
Un primer elemento a considerar, que ha atraído a los críticos de este paradigma, es la
falta de correspondencia entre el cliente de las empresas privadas y el de los
usuarios de las organizaciones públicas. Algunas de las preocupaciones que
giran en torno a ello es que la preferencia por un bien o servicio se
manifiesta de forma individual en el sector privado versus a la forma colectiva
sector público (Alford, 2002, p. 3); el pago directo de un precio por el
producto/servicio recibido en un mercado frente a la contribución colectiva
para financiar la producción del servicio público, incluso de forma coercitiva
(Alford, 2002, p. 5) y (Orellana, 2004b, párr. 72); al respecto, Orellana hace
énfasis sobre el hecho de que aunque:
(…) para algunos, el cliente de la empresa privada es el
equivalente del usuario en el caso del servicio público. Esta equivalencia no
corresponde ya que la empresa privada no está creada para el cliente, existe
para el dueño o accionista. Su finalidad, sin duda alguna, es generar
utilidades para esos entes. Además el cliente es el
que genera la utilidad al pagar el precio, por ello es importante, pero como
medio y no como fin, mientras que el usuario es el fin del servicio público. En
segundo lugar el usuario es el propietario último y el
financiador del servicio público ya que es el que, a través del sistema
democrático, decide crear o cerrar el servicio público y al pagar los impuestos
pasa a ser el propietario último del servicio…no importando aquí la proporción
en que lo haga. En cambio el cliente, en ningún caso,
va a pasar a ser el propietario, aunque compre muchísimo, sólo podría serlo si
comprara acciones, lo que ya no haría en su función de cliente sino de
inversionista.
No obstante, aunque en el pasado esta postura pudo tener su
fundamento, cabe recordar que, en la actualidad, se aprecian unas relaciones
bastante estrechas entre lo aquí descrito y el funcionamiento de las
organizaciones de economía solidaria o sector cooperativo, como denomina el
mismo Orellana (2004a, párr. 243) a este modelo que describe como una
alternativa a la organización burocrática, especialmente en el sector privado,
el cual está conformado por:
Personas jurídicas organizadas para realizar actividades sin
ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios según el caso,
son simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas con el objeto de
producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios
para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de
servicio a la comunidad en general (Congreso de Colombia, 1998, p.2, art. 6).
Bajo estos principios, las organizaciones que no persiguen la
obtención de lucro sino los beneficios colectivos, en las últimas décadas han
logrado una madurez tal que sus asociados, además de participar en los
rendimientos que generan las actividades económicas que realizan, también
acceden, de forma preferente, a los múltiples servicios que las mismas ofrecen.
De este modo, se tiene un esquema de origen privado en el que
los dueños gestores (asociados) pueden pasar a ser usuarios y viceversa, sin
que ello implique renunciar a alguna de estas dos condiciones. Esto permite
mantener la comparabilidad propuesta por la NGP entre ambos sectores (privado y
público). En la Tabla 2, se realiza un paralelo con algunas similitudes
inmediatas entre el funcionamiento de una organización cooperativa1.
Tabla 2. Comparativo de
roles entre el modelo cooperativista y el sector público2
Sector
Privado (Cooperativista) |
Sector Público |
Sector Privado
(Cooperativista) |
Sector Público |
Cliente –Asociado |
Usuario - Beneficiario |
Asociado |
Ciudadano3 |
Elige
individualmente utilizar productos o servicios de la cooperativa, para
satisfacer una necesidad privada que genera una demanda. |
Recibe
los bienes y servicios públicos puestos a su disposición, para la atención de
sus necesidades, de acuerdo con la afiliación a un colectivo. |
Debe
cumplir las obligaciones estatutarias y reglamentarias de toda índole, al
igual que realizar el pago de su aporte social. |
Está en
el deber de cumplir la Constitución y las leyes, participar en la vida
política, cívica y comunitaria del país, y contribuir al financiamiento de
los gastos e inversiones del Estado. |
Ocasionalmente
paga un precio por el bien o servicio (Puede existir diferenciación de
precios según la afiliación). |
Paga un
precio o tarifa por el bien o servicio público, de acuerdo con las normas
establecidas. |
Tiene derecho
a participar en la administración de la cooperativa, mediante el desempeño de
cargos sociales4, así como en la planeación, organización, control
y evaluación de su trabajo |
Tiene
derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político5, y con ello en la definición de los bienes y servicios
públicos que atienden necesidades colectivas y generan una demanda. |
Envía
señales directas o indirectas sobre su conformidad con el bien o servicio
recibido. |
Envía
señales directas o indirectas sobre su conformidad con los bienes y servicios
públicos que recibe. |
Puede
presentar proyectos, recomendaciones y demás iniciativas que tengan por
objeto el mejoramiento de la Cooperativa y, en especial, de las actividades
que se relacionen con su área de trabajo. |
Puede
tener iniciativas en las corporaciones públicas y enviar señales directas o
indirectas sobre su conformidad con los bienes y servicios públicos. |
Determina
la supervivencia de la firma, con su aceptación o rechazo de productos o
servicios. |
Hace
parte de la población que conforma la demanda directa de bienes y servicios
públicos que promueven el progreso y el crecimiento económico, social,
cultural educativo y de salubridad, que constituye la razón de ser de la
Función Pública6. |
Tiene
derecho a ser informado de la gestión de la Cooperativa, sus desarrollos
técnicos, avances y perspectivas de la actividad empresarial, la situación
económica y sus resultados, así como de cualquier proyecto o decisión de
trascendencia para el futuro de la misma. |
Tiene
derecho a conocer el Plan de Acción vigente de cualquier entidad del Estado
que presente los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los
responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal
de los proyectos de inversión junto al informe de gestión del año anterior. |
Está
facultado para fiscalizar la gestión de la Cooperativa, en las condiciones y
términos previstos, así como interponer ante las personas y organismos
competentes quejas fundamentadas por infracciones o irregularidades en la
Cooperativa. |
Tiene
derecho ciudadano de vigilar y realizar control social a la función pública
del Estado, cuya oferta de bienes y servicios deben estar orientados a
mejorar el bienestar de los ciudadanos. |
Nota. Elaboración propia. 6
Es posible extraer aún más coincidencias entre estos casos,
pero lo que se pretende señalar aquí es que, en concordancia con Alford (2002)
y su concepto de intercambio social:
Las contribuciones de los clientes de una organización son
más amplias que la simple obtención de ingresos para la misma (…). Dicho de
otro modo, las agencias públicas tienen un incentivo operacional para estar
atentas a las necesidades de sus clientes (p. 13).
Este planteamiento es parecido para las empresas privadas
creadas con el objetivo de generar valor para sus propietarios, dado que en el competido entorno actual, las compañías
desaparecen si no generan valor para sus clientes y lo constituyen en una de
sus principales razones de existir. Hammer (2002) lo
argumenta afirmando que:
Si la forma de trabajar de la empresa ha sido diseñada para
su propia comodidad, y no para comodidad de sus clientes, estos deberán sufrir
las consecuencias; y, a largo plazo, también las acusará la empresa. Cuanto más
difícil resulte trabajar con una empresa, mayor será la carga y los costes que
impone sobre sus clientes y, desde luego, menos competitiva será esa empresa
(…). En la economía de cliente, ser ECLQEFT (Empresa con la que es fácil
trabajar) no es una opción. Es un requisito para la supervivencia (p. 31).
Similar caso se constituye entonces en el sector público
colombiano, cuyo marco normativo propende por el mejoramiento de la gestión
pública, para que la acción de las entidades del Estado gire en torno a los
intereses generales de la población, expresados en los planes de desarrollo,
orientándolas hacia una cultura de la gestión pública enfocada en resultados,
en la cual el ciudadano sea el eje del desempeño de la administración,
procurando permanentemente el mejor aprovechamiento de los recursos (DNP, 1995,
p. 2).
Se establece así que la misión del Estado Social de Derecho
es servir eficiente y oportunamente a la comunidad y fortalecer el derecho de
la sociedad civil a exigir resultados de la gestión pública, al tiempo que se
crea un esquema flexible para configurar la prestación servicios adecuadamente,
haciendo responsables a la gerencia por la calidad de los
mismos, debiendo éstos rendir cuentas por su desempeño (DNP, 1995, p.
3).
Del mismo modo, a pesar de que las empresas públicas no enfrentan
competencia como ocurre con las privadas, las actuales bases normativas de la
gestión pública hacen que el Estado tenga la capacidad para intervenirlas,
reformarlas o suprimirlas; lo que las obliga, de igual forma, a actuar con
eficacia y generar valor público,
entendido como el valor creado por entes gubernamentales para los ciudadanos,
al garantizarles sus derechos como individuos y como sociedad, satisfaciendo
demandas colectivas y prestándoles servicios con calidad; lo que a su vez
genera mayor legitimidad y confianza en el gobierno (Moore, 2006, p. 15).
En este sentido, la Sociedad Civil, al erigirse como
ciudadanía constituyente del Estado, pasa a tener un rol central qué desempeñar
en el mejoramiento de su propia calidad de vida, lo cual se da a través de su
relación con sus representantes en el gobierno y los establecimientos oficiales
creados para obtener los bienes y servicios que demanda la satisfacción de sus
necesidades. Sin embargo, este rol de ciudadano
que la Constitución Política de Colombia de 1991 buscó fortalecer, mediante la
práctica de la democracia participativa, ha estado mayormente orientado al
ejercicio electoral y al sostenimiento de la nación, con tributos y
contribuciones, desconociendo que la Carta Magna también le reconoce y le
otorga a la población el poder sobre el Estado y sus destinos, al declarar la
“Soberanía Popular” en el sentido que lo ha expresado e interpretado la Corte
Constitucional de Colombia (Sentencia C-245,1996, p. 1).
Lo que el constituyente de 1991 buscó con la consagración de
la “soberanía popular” fue, en últimas, ampliar en la mayor medida posible, los
espacios de participación democrática del pueblo en la toma de decisiones que
tengan incidencia tanto nacional como regional y local, y también en el control
del ejercicio del poder público de los gobernantes, entendiendo este término en
su sentido más amplio.
Esta situación, en particular, llama la atención de
organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD,
2015) el cual afirma que:
No hay duda sobre que la democracia electoral se ha expandido
y consolidado desde la década de 1990. Sin embargo, como lo han constatado los
informes sobre democracia en la región (publicados por el PNUD en 2004 y 2010),
existen todavía preocupaciones sobre la calidad de esas democracias, más allá
de la posibilidad que tienen los ciudadanos y las ciudadanas
de depositar un voto (p. 5).
De este modo, lo que se evidencia en la actualidad es una
sociedad civil que se muestra distante de los procesos políticos y de Estado,
lo que no le posibilita desempeñarse como directa responsable de los recursos
del Estado y beneficiaria directa del producto de la gestión pública; por el
contrario, traslada esta responsabilidad a la administración pública, constituyéndose
en un importante fallo en el cometido de implementar apropiadamente la NGP en
Colombia, algo que nos lleva a la discusión del segundo elemento crítico.
b. Las relaciones de agencia en lo público
Para describir mejor este fallo, se apelará a la misma
posibilidad que brinda la NGP de comparar las organizaciones públicas con las
privadas, para introducir otros conceptos ofrecidos por la Nueva Economía Institucional.
De acuerdo con Ronald Coase (citado por Tarzijan,
2003, p. 11) y su Teoría de la firma,
las empresas privadas son creadas siempre que se detecta una posibilidad de
mejora en la eficiencia, buscando un balance entre los costos de intercambiar
bienes y servicios, a través de los mercados, y los costos de coordinar
internamente las actividades para producirlos. Por el contrario, las entidades
públicas tienen su origen en el sistema legislativo, que determina que a través
de ellas se obtendrá una mayor eficacia en el logro de los fines del Estado;
sin embargo, en todos los niveles de actuación de la administración pública,
estas también están sujetas a conflictos con la toma de decisiones, los costos
de transacción, la coordinación interna, los conflictos por el control sobre
los recursos y la separación de la propiedad, como en el caso de la empresa
privada; haciendo referencia este último al caso en el cual nos centraremos,
que consiste en la diferencia y el distanciamiento que existe entre quien es
propietario de los recursos y quien los administra.
Algunos autores destacan que los principios de la NGP
provienen de dos enfoques principales; uno positivista y de estilo gerencial,
centrado en el liderazgo, el emprendimiento, la innovación, la confianza y la
creatividad inherente del personal, el cual solo debe ser liderado y motivado
adecuadamente; y el otro, de enfoque economicista, centrado en la desconfianza
y en procurar la construcción de un sistema racional de incentivos y
penalidades para hacer que los administradores – gerentes realmente gerencien.
Otros escritores, como Ferlie y Geraghty,
(2005) (citados por Pollit y Bouckaert,
2011), distinguen entre dos versiones de NGP: una suave, que prioriza la
orientación al cliente y hacia la calidad, y otra dura que enfatiza en el
control a través de la medición, la recompensa y los castigos (Pollit y Bouckaert, 2011, p. 10).
Según se puede apreciar a partir de la normatividad asociada
con la aplicación de un modelo de NGP en Colombia, esta combina elementos
propios de los distintos enfoques, al contar con medidas que promueven la
motivación y el desarrollo del personal, al igual que otras prácticas
gerenciales, pero también con mecanismos de sanción aplicables a quienes
quebranten las leyes. Dado que la función administrativa del Estado se vale de
la aplicación de la desconcentración, la delegación y la descentralización de
funciones, como herramientas, la información entre los niveles jerárquicos de
autoridad y delegación se puede tornar incompleta, imperfecta, insuficiente o
distorsionada; y con ello, asimétrica.
Así, desde una postura economicista centrada en la
desconfianza, esta asimetría en la información conduce a un desconocimiento de
las motivaciones que subyacen en la toma de decisiones sobre la administración
de los recursos públicos, así como en una pérdida de control sobre los
resultados esperados de cada gestión. A esto se le denomina Teoría de la agencia”7 o del Principal-Agente, propuesto por Berle y Means (1932) (citado por Tarziján,
2003, p. 162) para referirse a la separación entre la propiedad y el control de
una empresa.
Como este tipo de relaciones se da en todas las
organizaciones (Jensen y Meckling, 1976, p. 310),
aquí se propone aplicarla al caso de la administración pública, pero para
simplificar el análisis, se hará referencia a los entes territoriales
conformados por los 32 departamentos y 1.103 municipios que, según la
Registraduría Nacional del Estado Civil, conforman la Nación, sin extenderse en
detalles referentes a los demás entes públicos o de economía mixta
descentralizados.
Bajo este enfoque, se definen los siguientes actores: i) La
sociedad civil (propietaria, en su soberanía, de los recursos del Estado por
mandato constitucional) que hace las veces de Principal y; ii)
como Agentes se tiene a: gobernadores, alcaldes y directivos que se desempeñan
como delegatarios del primero en la administración de los entes territoriales.
Estos mandatarios tienen la facultad de nombrar y contratar colaboradores que,
directa o indirectamente, contribuyen al desarrollo de la función pública,
quienes a su vez se suman en esta relación también como Agentes.
El conflicto de agencia que se genera con la delegación, es que los Agentes no son dueños de las
entidades públicas que les son encomendadas, ni de los recursos con los que las
mismas cuentan, sino que actúan en representación del Principal, para cumplir
su mandato, que son los fines esenciales del Estado. Al existir una brecha de
espacio y conocimiento entre el Principal y los Agentes, el primero no puede
tener certeza de que los últimos vayan a dedicar todo su esfuerzo y cuidado a
administrar las entidades y los recursos, como si fueran propios. Es decir, que
los Agentes vayan a tomar las decisiones que maximicen la función de beneficio
social del Principal, en lugar de buscar maximizar su propia función de
utilidad.
Control y alineación de intereses entre el Principal y el
agente público
Al igual que ocurre con las organizaciones privadas, la
situación antes descrita obliga a buscar formas de contrarrestar el riesgo de
que los Agentes Públicos descuiden los propósitos de la delegación. La teoría
plantea que el Principal procura controlar las divergencias con relación a sus
intereses, estableciendo los incentivos apropiados para el Agente e incurriendo
en costos de monitoreo diseñados para limitar las actividades descarriadas del
Agente (Jensen y Meckling, 1976, p. 309); así como
contratos que tiendan a considerar los posibles escenarios de desvío. A
continuación, se enuncian algunos mecanismos que, en este sentido, contempla la
legislación colombiana para el sector público y de economía mixta.
a. Medidas de monitoreo para evitar desvíos del Agente
La Constitución Política de Colombia de 1991 establece
algunas herramientas que contribuyen a la labor de monitoreo o supervisión por
parte del Principal, como son:
Los mecanismos de participación ciudadana: el voto, el
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
El Control Interno: que establece que las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado, incorporando un sistema de control interno que se
ejercerá en los términos que la ley 87 de 1993 señala.
Las normas orgánicas de presupuesto (departamentales y
municipales).
Los Organismos de Control:
La Contraloría General de la República y las territoriales,
responsables de ejercer el control fiscal;
La Procuraduría General de la Nación y las Personerías
Municipales, que vigilan el cumplimiento de la constitución, las leyes, las
decisiones judiciales y los actos administrativos.
a Defensoría del Pueblo que vela por la promoción, el
ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. o Las Asambleas
Departamentales y los Concejos Municipales:
·
Asamblea
Departamental: Es la corporación político-administrativa elegida popularmente
para ejercer control político sobre la administración departamental.
·
Concejo
Municipal: Es la corporación político-administrativa elegida popularmente para
ejercer control político sobre la administración municipal.
·
La Rendición de
Cuentas que da aplicación del principio de publicidad decretado para el
ejercicio de la función pública.
·
Las Veedurías
Ciudadanas, como un mecanismo de organización ciudadana para ejercer vigilancia
de la gestión pública (artículo 207 Constitución Política 1991 y Ley 850 de
2003).
b. Mecanismos de incentivos para incrementar el esfuerzo del
agente
Carrera administrativa: Los empleos en las entidades del
Estado son de carrera, exceptuando los de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, y los de trabajadores oficiales. Esto brinda a los
agentes estabilidad en el empleo, salarios competitivos, posibilidad de
ascensos temporales y acceso a capacitación.
Formación y capacitación: Acceso a procesos que, además de
contribuir al mejoramiento institucional, promueven el desarrollo integral de
los empleados públicos y les permiten elevar su nivel de compromiso, con
respecto a las políticas, los planes y los objetivos del Estado, desde la
respectiva entidad.
Incentivos: Orientados a reconocer los desempeños
individuales de los mejores empleados, en cada uno de los niveles jerárquicos
que conforman, así como el de los equipos de trabajo que alcancen niveles de
excelencia.
Estímulos: Establecidos para elevar los niveles de
eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados públicos, en
el desempeño de su labor, y contribuir al cumplimiento efectivo de los
resultados institucionales.
c. Contratos para especificar obligaciones y remuneración
En los empleos con el Estado, la norma establece que no habrá
empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y ningún
servidor público ejercerá su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender
la Constitución, y desempeñar los deberes que le incumben. Sin embargo, debido
a la incapacidad del Principal de observar todas las acciones realizadas por el
Agente, así como de establecer la relación directa de éstas con la generación
de beneficios o pérdidas al final del ejercicio, pueden presentarse casos de
oportunismo en los que el Agente tome ventaja de su situación privilegiada y se
desvíe de sus obligaciones contractuales, siendo el Principal quien asume los
costos, ineficiencias y demás consecuencias negativas derivadas de ello. A esto
se le denomina “riesgo moral” y su mayor frecuencia e impacto en el sector
público se puede establecer con relación a los Agentes del nivel directivo o
gerencial, quienes por el grado de discrecionalidad y autoridad que se les
concede, tienen mayor injerencia y responsabilidad en el éxito o fracaso de la
gestión. Por tal motivo, para evitar este riesgo, se debe procurar establecer
contratos que vinculen las transferencias del Principal (recompensa o
penalidad) de acuerdo con los resultados observados.
Sin embargo, en el caso de los contratos establecidos con los
Agentes directivos de los entes territoriales, se hacen las siguientes
apreciaciones:
Gobernadores y alcaldes:
Su selección es mediante procesos de elección popular. Esto
no garantiza la aplicación y prevalencia de criterios meritocráticos de
evaluación de competencias para el ejercicio del cargo, pudiéndose materializar
el riesgo de selección adversa que
implica la escogencia de alguien no apto para el ejercicio del cargo, por la
falta de información.
Su vinculación es por tiempo fijo (cuatro años), sin
reelección (renovación del contrato) inmediata. Esto no genera incentivos en
términos de estabilidad laboral, ni continuidad en los planes y procesos de la
respectiva entidad. Se estima conveniente la existencia de un mecanismo de
vinculación, por tiempo indefinido, con una permanencia condicionada al
cumplimiento de las metas establecidas por el principal, mejorando el
alineamiento entre los objetivos e intereses de las partes.
La remuneración fija que incluye salario, gastos de
representación y bonificación de dirección, es establecida mediante decreto
nacional, lo que a la fecha no permite la vinculación de la
misma con la obtención de los resultados esperados por el Principal; de
tal forma que, en la actualidad, es percibida automáticamente por el Agente
público, independientemente de las decisiones que tome y de las acciones que
realice.
Estas características de los contratos realizados con los
mandatarios territoriales favorecen la actuación oportunista y la aparición del
riesgo moral en perjuicio de los intereses del Principal.
Vale la pena añadir que una situación similar sucede con los
integrantes de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Municipales,
quienes ejercen el control político a gobernadores y alcaldes, respectivamente,
en representación del Principal; lo que también supone una relación de agencia
que presenta, igualmente, inconvenientes para la generación de esfuerzo, la
continuidad de los procesos de monitoreo y el alineamiento de los intereses del
Principal con los entes de control.
d. Secretarios de despacho, gerentes públicos y otros cargos de
dirección:
Su selección y vinculación se realiza mediante la modalidad
de “Libre nombramiento y remoción” para la que se recomienda, pero no se exige,
la aplicación y prevalencia de criterios meritocráticos de evaluación de
competencias para el ejercicio del cargo.
Su vinculación es por periodo de tiempo indeterminado, pero a
discreción del nominador (Gobernador o Alcalde), lo
cual hace que los intereses de estos agentes se encuentren más alineados con
los de los mandatarios territoriales que con los del Principal. Tampoco
incentiva la estabilidad en el trabajo, ya que pueden ser removidos del cargo,
independientemente de los resultados de su gestión, lo que repercute negativamente
en la continuidad en los planes y proyectos que estos emprendan.
La remuneración es fija y no está vinculada a la obtención de
los resultados esperados por el principal, por lo que es obtenida
independientemente de sus decisiones y acciones.
Tal como en el caso anterior, estas características de los
contratos realizados con los Directivos Públicos territoriales favorecen la
actuación oportunista y la aparición del riesgo moral, en perjuicio de los
intereses del Principal.
No obstante lo anterior, el
Principal deberá tener presente que, en el caso de los mecanismos de control,
en su mayoría recaen sobre otras entidades públicas, que a su vez son Agentes;
así que tendría que establecer igualmente mecanismos de monitoreo o de
incentivos para evitar que estas se desvíen de su misión. Del mismo modo, es de
considerar que cualquiera de estas medidas de monitoreo e incentivo generan
costos al Principal y que es casi imposible eliminar el riesgo por completo.
Tal como lo plantea Tarziján (2003):
(…) el Agente podría destinar recursos a garantizarle al
Principal que no tomará acciones que lo dañen (bondingcosts). Sin embargo,
incluso si el Principal y el Agente hacen esfuerzos (generalmente
contractuales, como un determinado mecanismo de compensación) para disminuir
los costos de agencia en su relación, es muy probable que subsista alguna
divergencia entre los intereses de ambos que provoque la mantención del
problema de agencia (p. 163).
Un cambio de dirección en
las reformas al Estado: la sociedad civil como “actor principal”
En las secciones anteriores se ha planteado que la
administración pública colombiana ha incorporado, a través de sus recientes
reformas administrativas, los principios de la NGP, lo que orientaría su
gestión al cumplimiento de los fines del Estado, soportada en un desempeño
eficiente y eficaz. Sin embargo, a pesar de que las organizaciones públicas se
han venido profesionalizando y de que se disponen de mecanismos de incentivo y
motivación, para potenciar el esfuerzo de sus Agentes hacia el logro de los
objetivos establecidos en las normas y planes de desarrollo; se debe reconocer
la existencia de conflictos de intereses entre dichos Agentes, y entre estos y
el Estado, representado en su población civil, por la denominada separación
entre propiedad y control (ver Figura 2).
Es por ello que se ve la necesidad de que la sociedad civil
adopte, desarrolle y mantenga un rol de soberanía estatal, incidiendo más en
los procesos de planeación, evaluación y control de la gestión pública; y
tomando las decisiones y ajustes respectivos, a fin de garantizar el
cumplimiento de sus objetivos como Estado Social de Derecho; toda vez que sin
el ejercicio de este control, tanto los planes de desarrollo que se formulen
como las gestiones que se realicen en pro de ellos evidenciará los intereses y
el parecer de quienes fueron delegados y producirán unos resultados que, a
discreción de estos, podrán o no coincidir con los propósitos de progreso
esperados por la sociedad. Este cambio hacia una democracia más participativa,
consciente e interesada en los resultados de la gestión pública, al asumir los
recursos públicos como propios, sería congruente con la aparición del Estado Inteligente propuesto por
Kliksberg (1998, p. 161). Posiblemente no se de en el corto plazo y de forma
generalizada, dado que implica inicialmente el reconocimiento, por parte de la
ciudadanía, de que este cambio de actitud es importante para el logro de
beneficios individuales y colectivos, toda vez que redundaría en el desarrollo
social, económico y sustentable del país. A partir de allí, se deben generar
nuevos valores, capacidades y conductas que harán posible su implementación.
Para ello, se requiere la construcción pluralista de una agenda de trabajo
orientada al logro de este propósito, lo que a su vez demandará la organización
de los distintos grupos poblacionales, desde lo local y con miras a superar las
brechas territoriales que persisten en la actualidad.
Figura 2. Relaciones de
agencia en lo público
Nota. Elaboración propia
Una alternativa para emprender esta tarea sería promover el
establecimiento de una política pública8 para el fortalecimiento de
la democracia y el control social, la cual tendría que ser motivada y
defendida, principalmente, por la misma sociedad civil que, en ejercicio de su
soberanía, pasa a asumir la dirección del Estado, buscando reforzar los
mecanismos que regulan el accionar de sus instituciones públicas y los Agentes.
Entre los temas que se proponen para ser analizados con esta finalidad, se
encuentran:
Implementación en el sistema educativo de programas o
cátedras sobre democracia participativa, gestión pública orientada a resultados
y control social vía veedurías ciudadanas.
Análisis de la vinculación de mandatarios y gestores
públicos, por periodos indefinidos, con permanencia y remuneración sujeta
parcialmente al cumplimiento de metas, en aras de alinear mejor sus objetivos
con los fines del Estado.
Revisión y ajuste de planes de estímulos e incentivos,
orientándolos al cumplimiento de metas del Estado.
Luego de ser analizados estos y otros aspectos, por parte de
los grupos poblacionales impulsores, podrían ser presentados ante el Consejo
Nacional de Política Económica y Social, CONPES, para obtener el compromiso del
gobierno en su implementación, ratificándolo bajo un Documento CONPES de
política sectorial o regional, dando cuenta del cumplimiento de los criterios
que para ello se establecen.
Finalmente, sería necesario efectuar la evaluación de las
acciones tomadas, los cambios generados y su impacto con relación al
cumplimiento de los objetivos y metas estatales; y con ello evaluar el éxito o
fracaso del enfoque basado en la NGP.
Conclusiones
Afrontar los retos que tienen los países en la actualidad y
particularmente Colombia, para generar desarrollo humano enfocado en sus
habitantes, erradicando la pobreza real y mejorando la calidad de vida de la
población, exige repensar la forma cómo el ser humano se relaciona con su
especie y con un entorno de capacidades limitadas que demandan formas creativas
y alternativas de vivir en armonía, equidad y libertad. Este país ha logrado
plasmar, en sus normas, algunas libertades como la soberanía del pueblo, los
mecanismos de participación y los deberes de la función pública, que son de
gran relevancia para el desarrollo y que, en el presente, deben ser
capitalizados para evitar el estancamiento y aún peor, el deterioro social,
ambiental y económico de la nación.
Tal importancia se hace evidente al considerar la reforma de
un Estado como el colombiano, a cuyo aparato gubernamental le corresponde la
administración de gran parte de los recursos disponibles para el desarrollo
presente y futuro del país. Por eso, conscientes de que
así como el mercado presenta fallos que deben ser controlados con la acción del
sector público, éste a su vez presenta fallos que, en las últimas décadas, se
han tratado de contrarrestar con la adopción de los principios característicos
de la NGP. Surge la necesidad, entonces, de que se consolide un tercer sector
integrado por una sociedad civil responsable y bien informada, que contribuya a
la superación de los fallos del Estado. No se trata de un nuevo sector, ya que
siempre ha estado presente, sino de uno que aún no se ha cohesionado para
ejercer las libertades y responsabilidades que le fueron otorgadas a partir de
la Constitución de 1991, que ponen de manifiesto el rol que debe asumir en la
planeación y el control de la consecución de sus fines esenciales; el no
hacerlo podría considerarse como un fallo no del sector público, sino de la
sociedad civil.
La literatura en la materia ha estado bastante orientada
hacia el desarrollo y la mejora del sector privado y de la administración
pública y, pese a que se ha tratado moderadamente la participación ciudadana en
los últimos años, aún no se desarrolla un consenso sobre el tipo de
participación que ésta debe ejercer, para buscar y alcanzar la prosperidad
general en el país; por tal motivo, aquí se ha dejado consignada una propuesta
y una invitación a extraer, de las prácticas administrativas y sociales
disponibles, sean o no paradigmas, aquellos elementos positivos que conduzcan
al funcionamiento eficiente, eficaz y transparente de cada uno de los sectores
que componen la nación.
Mediante la revisión de los principios de la NGP resultó posible
ver más allá de las limitantes que en el pasado le restaron importancia al
modelo para que, a partir de allí, se continúen extrayendo aplicaciones del
mismo, como el hecho de que la ciudadanía adopte prácticas gerenciales para construir y aplicar las herramientas y
metodologías que le permitan ejercer un apropiado control social a la gestión
pública, con sus múltiples Agentes, a fin de obtener los resultados esperados
de la provisión de los bienes y servicios públicos, a través de la aplicación
de una Nueva Gestión Ciudadana.
Luego de considerar las diversas relaciones de agencia que se
dan entre población civil y administración pública, así como los controles
existentes en la regulación del país, se hace evidente que la ciudadanía debe
tomar una postura vigilante y controladora de la alineación de las acciones de
los agentes, con relación a sus intereses. Tal como lo plantean Millán y Natal
(2006, p. 22):
Si la sociedad es uniforme y los intereses muestran un alto
grado de homogeneidad, que se traduce en un bajo grado de fragmentación
política, el principal puede asemejarse a propietario único de un negocio o a
una asamblea de accionistas que tiene como objetivo exclusivo la maximización
de las ganancias. En esta modalidad, la accountability tenderá a especializarse y a desarrollar
conocimientos técnicos, que le permitan discernir la relación entre el
desempeño del agente y los resultados obtenidos por su gestión. Esto no supone
la ausencia de pluralidad sino más bien el hecho de que ha mediado un pacto social
que desembocó en un conjunto mínimo de acuerdos en torno a lo que, en el largo
plazo, es lo más importante para el bienestar común.
Esta ciudadanía habrá de establecer, de manera coordinada,
los criterios para la rendición pública de cuentas, de forma que se minimice la
asimetría en la información, de forma tal que se puedan verificar las
gestiones, en procura de las metas establecidas, evaluar directamente el
desempeño de los Agentes, incluso las de aquellos que ejercen control sobre
otros agentes, y corregir los problemas derivados de las decisiones políticas y
de administración pública, en términos de eficiencia, economía y bienestar
general de la sociedad. Del mismo modo, deberá participar activamente en la
formulación de planes de desarrollo y de políticas públicas, para llegar a
acuerdos de forma colectiva; acuerdos que, en suma, podrían beneficiar a la
población como un todo, generando capacidades que contrarresten las posibles
pérdidas por disputas políticas y partidistas, en torno a intereses en
conflicto, así como la tendencia oportunista a comportarse como free-riders.
Esta tarea no debe continuar delegándose, puesto que las
anteriores delegaciones no han logrado superar las desigualdades
socioeconómicas que han existido en el territorio, toda vez que se ha permitido
un amplio margen de oportunismo por parte de los Agentes, alcanzando niveles de
corrupción insostenibles para el Estado; mientras la sociedad civil se ha
abstraído del control de la utilización de los recursos públicos, poniendo en
riesgo la viabilidad de la nación.
En este sentido, la academia y los medios de comunicación se
vuelven herramientas poderosas para difundir el conocimiento y la formación de
estos principios en la población, llevando a cabo investigaciones aplicadas y transferencia
de saberes que contribuyan en el proceso de generación de capacidades para
fortalecer el ejercicio y la defensa de los derechos políticos y civiles en la
sociedad colombiana, la generación de acuerdos y consensos que se traduzcan en
la planeación y la consecución de los ideales de desarrollo.
Notas
1.
Se utiliza como referencia para las características del
modelo cooperativista, el documento guía para la elaboración de estatutos para pre-cooperativas de trabajo asociado de la Superintendencia
de la Economía Solidaria (2009, p. 10).
2.
John Alford (2002), en su análisis sobre el cliente del
sector público, la agencia gubernamental actúa bajo mandato del gobierno
representativo y no bajo la autoridad formal de la ciudadanía. Sin embargo, se
elige incluir a la ciudadanía en el cuadro comparativo, siguiendo una
concordancia con los argumentos posteriores de que, tanto gobierno
representativo como gerentes públicos, son agentes que deben cumplir con las
tareas que la ciudadanía les encomienda.
3.
Se excluye de la comparación otras relaciones dadas entre
ciudadanos y sector público, que se encuentran basadas en la obligatoriedad y
la capacidad de coerción del Estado, propuestos por Alford y otros (Alford,
2002, p. 10), al considerarse que, en estos casos, la ciudadanía actúa como
sujeto pasivo sobre el cual recaen acciones a petición de otros; visto así, si
se considera el caso de un prisionero,
éste no será visto como usuario con ocasión de su reclusión, pero sí en
aquellos casos en que solicitan, en ejercicio de sus derechos, civiles y
humanos, condiciones locativas y de trato que mejoren su calidad de vida y su
dignidad.
4.
Se asocia el desempeño de cargos en actividades directivas,
ya que, sin pretender ser exhaustivo en la comparación, también cabe resaltar
que se da el caso en que el asociado de la cooperativa ocupa un puesto de
trabajo, en cumplimiento de su objeto social, a cambio de la correspondiente
compensación económica, algo que sería comparable al momento en que un
ciudadano ejerce un cargo como servidor público y ello configura un rol
diferente.
5.
Constitución Política de Colombia, artículo 40.
6.
Tomado a partir de la definición de “Función Pública” del
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP 2014, p. 15).
7.
Esta teoría define una relación de agencia como un contrato
bajo el cual una o más personas (El Principal) contrata(n) otra persona (El
Agente) para desarrollar algún servicio a su nombre, lo que implica delegar
cierta autoridad para la toma de decisiones en el Agente. Si ambas partes son maximizadoras de utilidad, hay una buena razón para creer
que no siempre el agente actuará en el mejor interés del principal. (Jensen y Meckling, 1976, p. 308).
8.
Llevar a la práctica una política pública en este sentido
deberá procurar superar retos que han sido identificados en la formulación e
implementación de este tipo de ejercicio de diagnóstico y planeación en el
país. Ver Arroyave (2010).
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