En el marco institucional del desarrollo a nivel global se reconoce la inequidad de género como un obstáculo para el desarrollo y la justicia social y al mismo tiempo la imposibilidad del desarrollo sin la equidad de género (Zuñiga 2010; Lagarde 1996). Con ello, se presentan dos realidades concretas: por un lado, que la mayoría de pobres en el mundo son mujeres; y, por otro, que las políticas de desarrollo o programas contra la pobreza se construían sin distinción de género, al menos hasta entrada la mitad del siglo XX (Lagarde 1996; Zuñiga 2010; Chant 2010).

Diversos discursos e instituciones sobre desarrollo se han constituido para responder a estas realidades desde distintas preocupaciones y objetivos. Los esfuerzos por incorporar a las mujeres en el desarrollo fueron nombrados y algunas veces materializados dentro de programas multilaterales. La forma de nombrarlos ha correspondido a la evolución de dicha interacción mujer-desarrollo. Así, aparecen nombrados como Mujer en el Desarrollo -en adelante, MED-, Mujer y Desarrollo -en adelante, MYD- y, más recientemente, Género y Desarrollo -en adelante, GYD-; lo cual coincide con los periodos de producción discursiva de estos enfoques dentro de las instituciones y programas del desarrollo.

Las primeras discusiones sobre mujeres, género y desarrollo surgen en respuesta a la lucha, principalmente, de las feministas liberales en Estados Unidos en la década de 1970, por incorporar a las mujeres en los programas de desarrollo, sus conceptos y objetivos (Gómez y Pineda 2018). Dicha incorporación parte, en un primer momento, con la denuncia de la mirada ausente de las mujeres en el desarrollo o de una mirada condicionada a su rol reproductivo en la familia y la sociedad, en calidad de madres o esposas. En este momento se avanza en su incorporación progresiva a través de organismos y programas internacionales específicamente orientados a las mujeres, por ejemplo, la creación de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en Naciones Unidas y la Primera Conferencia Mundial de la Mujer (México 1975) o la planificación del conjunto de acciones que enmarcaron la Década de la Mujer (1976-1985); enfoque o esfuerzos conocidos como MED (Parpart 1993; Escobar 2007; Gómez y Pineda 2018).

La importancia de estas conquistas obedeció, entre otros, a la marcada pretensión de universalidad, fuerza argumentativa y positivización que ofrecía el marco institucional y globalizado del desarrollo (Walby 2002)¹. A partir del fortalecimiento de dicho marco, se mejoró la producción de información estadística que hizo visible a las mujeres, por ejemplo, a través de datos desagregados por sexo dentro de indicadores económicos del desarrollo. En este marco, también se fortalecieron los programas de planificación familiar y con ello de control de la natalidad, bajo la perspectiva de que las políticas sobre salud sexual y reproductiva incidían en alejar a las mujeres de los contextos de marginalización y pobreza.

Con este tipo de programas se buscó, además, un mayor acceso de las mujeres al crédito o a la tierra y en general a los recursos destinados para el desarrollo; se promovieron reformas legales que consagraron la igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; y se abogó por la inclusión y la igualdad de las mujeres en el acceso a la educación². Desde perspectivas feministas liberales se cuestionó, además, los procesos de planificación del desarrollo como ejercicios mayoritariamente construidos por hombres, en calidad de expertos del desarrollo y principales beneficiarios de los proyectos y programas en esta materia (Escobar 2007; Gómez y Pineda 2018).

Los cuestionamientos sobre la limitada participación de las mujeres en los procesos y beneficios del desarrollo abrieron paso a la aproximación de las MYD. Esta aproximación buscó promover el involucramiento de mujeres en la investigación y el diseño de las políticas y programas del desarrollo. Para Parpart (1993), esta implicación permitió un mayor reconocimiento de los obstáculos para el progreso de las mujeres y un mayor prestigio por parte de las mujeres expertas en este campo, que se da, principalmente, por parte de las mujeres que fueron protagonistas de las demandas feministas por la inclusión de las MED y quienes habían alcanzado una profesionalización, formación discursiva e institucionalización dentro del respectivo marco burocrático internacional (Parpart 1993; Escobar 2007).

En comparación con el enfoque de MED, y en el marco de las luchas feministas materialistas y marxistas, el enfoque de MYD, se caracterizó por una mayor visibilidad y atención de las mujeres en calidad de trabajadoras, más allá de su rol de reproductoras, prestando especial atención a los problemas de subordinación dentro de las relaciones de producción propias del modelo capitalista (Mokrani et al. 2012; Gómez y Pineda 2018).

Desde este enfoque se avanza en el análisis y visibilidad de las contribuciones de las mujeres como trabajadoras al alcance de las metas del desarrollo, entre estas, al crecimiento económico, al bienestar en el hogar y a la reducción de la pobreza (Escobar 2007). Sin embargo, esta mayor visibilidad no derivó en mejores resultados frente a tales metas. Pronto se llegó a la conclusión de que la pobreza de hombres y mujeres iba más allá de la participación en las actividades productivas y que esta se vivía diferente en hombres y mujeres, y en tiempos y espacios específicos (Chant 2010).

Esta comprensión sobre la manera diferenciada en la que hombres y mujeres viven la pobreza y el desarrollo fue luego materializada a través de la incorporación de la categoría de género a las discusiones sobre desarrollo. Para Scott (1996), la categoría de género buscó llamar la atención sobre la construcción cultural de roles y relaciones constitutivas de poder que resultan de la diferencia sexual. A partir de esta comprensión fue posible la importante distinción, en ese momento para el pensamiento feminista especialmente de corte occidental, entre sexo como característica biológica, anatómica, y género como construcción social e histórica y, por lo tanto, cambiante.

Sin embargo, el uso común del término género siguió siendo equiparado a género masculino y femenino correspondiente a hombre y mujer. Así, en las aproximaciones sobre género y desarrollo fue común, por ejemplo, a la hora de hablar de equidad de género, referirse exclusivamente a la equidad entre hombres y mujeres, y a la hora de hablar de incorporación del enfoque de género, referirse a la incorporación de las mujeres (Scott 2011).

En un principio, la incorporación del enfoque de género buscó dar cuenta de la situación y las desigualdades sociales derivadas de la diferencia y división sexual del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres y de la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres. Es luego que la incorporación de este enfoque buscó llamar la atención en que el género no tiene relación solo con las mujeres, ni la pobreza tiene que ver solo con los ingresos, sino que entran en juego múltiples conceptos, contextos, prácticas específicas y relaciones de poder (Chant 2010; Jackson 1996). Estos asuntos, que no pueden ser limitados al campo económico, trascienden las esferas sociales, políticas y culturales, así como el espacio público y privado (Mokrani et al. 2012). Estas reflexiones y esfuerzos fueron conocidos como el enfoque de GYD.

Desde el enfoque de GYD, la categoría de género, el tema del poder y, en consecuencia, el concepto y la apuesta por el empoderamiento, la agencia y la equidad de género adquieren mayor relevancia y visibilidad en las discusiones sobre el desarrollo (Parpart 1993; Gómez y Pineda 2018). Para Lagarde (1996), el empoderamiento hace referencia al conjunto de poderes que deben ser reconocidos como atributo de las personas y grupos que han sido sometidos a formas particulares de dominio para transformarlo; poderes para vivir, para desarrollarse y para gozar del bienestar. El empodera-miento se distancia así, para Lagarde (1996), de las tendencias autoritarias y despóticas del poder, como de las que giran en torno a la caridad, el asistencialismo y el paternalismo.

En este momento, fue significativo también el reconocimiento del carácter multidimensional de la pobreza y cómo esta se vive de manera diferente según tiempos y espacios; por ejemplo, en el espacio doméstico, en el mercado laboral o en contextos de conflicto armado o de migración y, según género, edad, etnia, nacionalidad, clase, estado civil, entre otras identidades e inequidades (Chant 2010). Cobra importancia, en consecuencia, el enfoque de interseccionalidad, entendida como la superposición de inequidades, diferencias de poder y formas de diferenciación social, con efectos concretos en individuos y comunidades (Winker y Degele 2011).

A partir de la mayor visibilidad del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres y la división sexual del trabajo, se avanza también en el reconocimiento de las labores de cuidado, en las que tradicionalmente se atribuyen al rol de las mujeres en el hogar bajo la dimensión de una responsabilidad y una carga, como un trabajo. De esta nueva mirada se desprende recientemente su configuración como variable del desarrollo y, en consecuencia, la necesidad de redefinir las maneras como este ha sido medido sobre la base de la dicotomía trabajo reproductivo no remunerado de las mujeres, y el trabajo productivo remunerado de los hombres (Arango 2011).

El avance que significó traer a las discusiones sobre el desarrollo la noción del poder sigue siendo uno de los más relevantes en el campo de GYD. Dentro de este, la necesidad de revisar también las identidades y subjetividades masculinas y su relación con las violencias y en general con el ejercicio del poder en relación con las mujeres (Parpart 1993; Gómez y Pineda 2018). Si bien estos esfuerzos teóricos y políticos conocidos como nuevas masculinidades se dan a conocer desde la década de 1980, su desarrollo se ha mantenido inscrito principalmente al campo académico, pero menos al campo de las discusiones y prácticas sobre el desarrollo.

Pese a la importancia de estos avances, desde distintas perspectivas críticas, especialmente las corrientes feministas marxistas, de los feminismos negros de los Estados Unidos, feminismos autónomos latinoamericanos, pos-coloniales y descoloniales, hay razones suficientes para el cuestionamiento del alcance y sentido de estas formas de incorporación de las mujeres al desarrollo; y de los logros de dicha incorporación, como enunciados bastante generales, abstractos, dados a conocer a través de los informes de las instituciones de desarrollo -por ejemplo, FMI, BM- pero que no atienden a las especificidades de los contextos locales ni a la vida ni experiencias de las mujeres.

¿De qué tipo de mujeres, de qué feminismos y de qué desarrollo se habla en cada uno de estos enfoques (MED, MYD, GYD)? Estas son las preguntas que sustentan las perspectivas feministas críticas, especialmente las corrientes marxistas, de los feminismos negros de los Estados Unidos, feminismos autónomos latinoamericanos, poscoloniales y descoloniales, frente a los avances descritos como parte del fortalecimiento del marco institucional del desarrollo.

El uso común de la categoría de género dentro del enfoque de GYD perdió, para Scott (2011), gran parte de su potencial crítico que cuestiona la asignación social y cultural de roles y las diferencias de poder, pues las volvió nuevamente fijas, las describió, pero no las cuestionó⁴. Para Fraser (2017), la incorporación del género, en los términos descritos en este enfoque, guarda una peligrosa relación con el neoliberalismo, parece haber abandonado la lucha por la igualdad social en general, y se trata de corrientes mainstream corporativizadas que, dentro del modelo hegemónico de globalización neoliberal, han fortalecido el capitalismo simbólico y cognitivo en el que se sustenta. En esta línea, para Mendoza (2014), las luchas feministas liberales por la incorporación en el modelo de desarrollo son consideradas como desarrollistas, modernizantes y desligadas del mestizaje y de las jerarquías raciales establecidas por el Estado nación; situación similar se observa con la noción de empoderamiento dentro de este enfoque.

Pese a su centralidad y que logró permear los procesos de formación de expertos del desarrollo, las dimensiones del empoderamiento no fueron asumidas en su profundidad, complejidad y en la práctica, a la hora del diseño y principalmente de la implementación de los planes y políticas. Para Lagarde (1996), el empoderamiento fue instrumentalizado y dejó de lado las tradiciones de lucha y utopías por las que se habían movilizado los sujetos excluidos, incluyendo por supuesto los procesos organizativos y movimientos de mujeres. En palabras de Parpart (1993), los proyectos de empoderamiento de las mujeres no lograron superar el carácter occidental y androcéntrico del desarrollo, ni los programas contra la pobreza de las mujeres lograron cuestionar ni transformar las condiciones o posiciones de los hombres.

Por ejemplo, proyectos que buscaban que las mujeres completaran sus estudios de secundaria o que fortalecieran habilidades empresariales aparecían a muy pequeña escala y con recursos insignificantes, si se les comparaba con los proyectos de desarrollo tradicionalmente orientados para los hombres. Algunos proyectos se orientaban a generar una mayor productividad de las mujeres, pero no significaban más autonomía económica ni personal; otros se orientaban a la adquisición de habilidades o equipos técnicos de occidente; y unos, a la búsqueda de la participación de las mujeres en el poder estrictamente en el plano estatal, pero que dejaban de lado el conjunto de instituciones de poder presentes en toda la vida social, tanto en el espacio público como en el privado (Parpart 1993).

El término feminización de la pobreza, si bien profundizó la mirada de género en los estudios sobre la pobreza y logró orientar mayores esfuerzos y recursos hacia las mujeres, simplificó ambos conceptos: género y pobreza, y envió el mensaje equivocado de la feminización de la pobreza como un estado y no como un proceso, que tiene que ver con relaciones de poder en las relaciones de género, dejando por fuera del análisis las posiciones de las mujeres en las relaciones económicas, el acceso al poder y la toma de decisiones, entre otros aspectos (Chant 2010).

Pese a las implicaciones del reconocimiento del cuidado como trabajo en la medición del desarrollo -por ejemplo, dentro del PIB-, dicho reconocimiento no ha logrado trascender de la medición del desarrollo a la reconceptualización de los estudios y las metas del desarrollo; metas que implican la redistribución de las responsabilidades del cuidado en el espacio público, entre el mercado, el Estado y otros miembros de la familia y la comunidad; y la redistribución que involucra, a la vez, cambios en los roles de hombres y mujeres (Folbre y Nelson 2000; Arango 2011).

Pese a la importancia del reconocimiento de la interseccionalidad de las inequidades, en la práctica, la comprensión de esta se ha dado más 117 con relación a identidades y menos en los términos propuestos por Crenshaw (1989) de las múltiples formas de opresión histórica y estructural. Esta comprensión limitada de la interseccionalidad reprodujo el mismo error de la incorporación de la categoría de género, este es el entender la mirada de la interseccionalidad -al igual que la mirada de género- como una cuestión de adición de las mujeres, en este caso, especialmente de las racializadas.

Dicha mirada de adición, para Yuval (2006), se encuentra desprovista de su sentido político y del análisis, por una parte, sobre cómo estas formas de opresión no solo generan exclusión y divisiones sociales para algunas personas, sino también ventajas de poder para otras; y, por otra, sobre cómo estas divisiones no solo resultan de las posiciones e identidades de raza o etnicidad, género y clase social, sino de múltiples posiciones de poder social, identidades y sus significaciones políticas en múltiples contextos. Para Lagarde, "[...] no se trata de añadir a las mujeres a un mundo práctico o simbólico pensado sin ellas, ni de agregarle a todo lo que se planifique la frase mágica del enfoque de género" (1996, 113).

Más allá de las nuevas categorías de análisis y de sus repercusiones epistemológicas, prácticas y teóricas, las políticas de desarrollo no logran aún abordar en la práctica el carácter multidimensional de la pobreza ni de la inequidad de género, sus causas y consecuencias. Este conjunto de críticas devela, al final, cómo las aproximaciones MED, MYD y GYD, lejos de responder a las demandas de igualdad y justicia social de las mujeres, entre otros sujetos excluidos de las promesas del desarrollo⁵, han modernizado el capitalismo y el patriarcado (Mitter 1986 citado por Escobar, 2007).

Perspectivas feministas críticas trascienden las apuestas por la incorporación de las mujeres y del género al desarrollo y cuestionan como este discurso ha incorporado la mirada de género como campo de visibilidad de las mujeres, con renovadas formas de control social y múltiples efectos sobre su posición y estatus. Se cuestiona el concepto de la mujer como unidad monolítica, que corresponde a la representación, construcción y teorización que occidente, incluyendo el feminismo occidental y hegemónico, ha hecho de la mujer siempre lo otro y en condiciones de desigualdad (Mohanty 2003). De ahí que una de las cuestiones centrales para estas teorías es la de-construcción de la idea de mujer universal; deconstrucción emprendida a través de una perspectiva histórica y geopolíticamente situada, orientada al reconocimiento de la diversidad de las mujeres y de sus experiencias como sujetas políticas e históricas (Espinosa, Gómez y Ochoa 2014).

A la crítica sobre la mirada de la interseccionalidad como una cuestión de adición de identidades, y a la necesidad de retomar su sentido político y amplio (Yuval 2006), se suma desde estas perspectivas feministas la necesidad de la interseccionalidad de las luchas. Para Espinosa, Gómez y Ochoa (2014), esta mirada a la interseccionalidad, basada en la historización y re-conceptualización de las múltiples formas de opresión de las mujeres, le apuesta, además, a pensar donde sea posible en generar coaliciones desde la heterogeneidad que la descolonialidad reivindica tanto en las condiciones de las mujeres como en sus luchas.

Finalmente, desde estas perspectivas se cuestiona no solo la incorporación de las mujeres y del género al desarrollo, sino el discurso mismo del desarrollo, como un discurso moderno, hegemónico, patriarcal y eurocéntrico (Escobar 2007; Unceta 2014)⁶; características que explican su imposibilidad de comprender la racialización y la opresión de la colonialidad del poder (Mendoza 2014) y en general las realidades del tercer mundo. A dicha imposibilidad se suma la incapacidad del desarrollo para reconocer los fracasos y el trasfondo político e ideológico en los que se sustenta (Escobar 2003; Mokrani et al. 2012; Gómez 2014); estas críticas, van más allá de los indicadores macroeconómicos, a análisis sociales y políticos sobre los efectos del desarrollo (Amin 2011) y sus implicaciones devastadoras sobre la naturaleza y los recursos naturales, y su incapacidad para lograr la equidad de género.

Ante este acumulado de promesas incumplidas, las perspectivas descoloniales y poscoloniales afirman que el desarrollo como teoría, discurso e ideología está en crisis, y que urgen alternativas al desarrollo y no desarrollos alternativos. Para Demaria y Ashish (2017), propuestas de estos últimos, como el desarrollo sostenible y la economía verde, son solo falsas soluciones, caracterizadas por la ausencia de análisis históricos y estructurales sobre la pobreza, por la incapacidad de reconocer los límites biofísicos del crecimiento económico, por la falta de voluntad de democratizar la economía 119 global, por no tocar el consumismo, y por dejar de lado otras formas de cultura, conocimiento y espiritualidad. Para Escobar (2007), las propuestas de desarrollo alternativo siguen beneficiando a quienes ya dominan el camino del desarrollo, es decir, a los países desarrollados del mundo capitalista, perjudicando a aquellos con formas de caminar distintas, -los países subdesarrollados de la periferia-; y dentro de estos, los trabajadores y las trabajadoras, el medio ambiente y las culturas diferentes; los otros y los subalternos.

Se requiere, en contraste, propuestas transformadoras radicales desde lo local, que con frecuencia emergen desde los grupos marginalizados o comunidades y prácticas no capitalistas (Demaria y Ashish 2017). En este sentido, adquieren relevancia las propuestas desde la economía feminista (Folbre y Nelson 2000; Federici 2014), economía ética (Gibson, Cameron y Healy 2017), economía del cuidado y ética del cuidado (Arango 2011; Quiroga 2014), el buen vivir (León 2008) y el ecofeminismo (Buckingha 2004; Herrera y Pascual 2010), entre otras. En palabras de Pérez (2014), estas otras propuestas encarnan un proceso necesario de subversión feminista de la economía, que busca poner la sostenibilidad de la vida en el centro de las preocupaciones del desarrollo y la economía; subversión a la que apuestan múltiples propuestas feministas de transformación y emancipación, no solo de la situación de las mujeres, sino de la vida misma, y no solo de la vida humana, sino en su sentido más colectivo y holístico (Mokrani et al. 2012).