Introducción¹

La firma del Acuerdo Final de Paz —en adelante AFP— entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo —en adelante FARC-EP— representó tan solo el primer paso de un proceso a largo plazo, lleno de retos y complejidades: la implementación de lo acordado de cara a la construcción de paz. Esto se debe a las distintas visiones enmarcadas en cómo entender y construir la paz, lo cual quedó expresado en el preámbulo del AFP, de la siguiente forma:

Reparando que, a juicio del Gobierno Nacional, las transformaciones que habrá de alcanzarse al implementar el presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños. (Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016, p. 3)

Sin embargo, las visiones sobre la construcción de paz no son exclusivas del gobierno o las FARC-EP, pues diversos sectores sociales se han manifestado al respecto a lo largo de este proceso. Uno de ellos es el campesinado, actor protagónico en las luchas sociales por la tierra y sujeto profundamente excluido en la construcción de políticas afines a su sector. Dicho actor, ha sido limitado en el ejercicio de sus derechos y ha sido objeto de despojo de tierras y desplazamientos forzados, lo que lo ha alejado no solo de su medio de producción, sino también de su identidad y su cultura (Mondragón, 2002). Aportando al debate sobre las agencias campesinas en el posacuerdo, se pretende argumentar que el campesinado colombiano ha logrado configurar apuestas de paz territorial distintas a las impulsadas por los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque para implementar el AFP, las cuales van ligadas a unos horizontes propios de territorialidad campesina.

El campesinado, desde el inicio de los diálogos de La Habana, ha sido un defensor de la solución política al conflicto sociopolítico armado, al considerar que esta constituye una oportunidad para resolver la cuestión agraria y cerrar las brechas que separan a las comunidades rurales de las grandes ciudades. De esta forma, este escrito pretende contribuir al debate sobre las dinámicas de movilización social protagonizadas por las comunidades campesinas en el posacuerdo. Estas son entendidas como un elemento fundamental en la implementación del AFP y, por ende, en la construcción de paz, desde su apuesta por sanear la deuda en la Constitución de 1991 sobre su reconocimiento como sujeto de derechos, con miras a que sus demandas y aspiraciones cuenten con mayores posibilidades de incorporación en clave normativa y de política pública.

Este trabajo se desarrolló en el suroccidente colombiano, una región caracterizada por un proceso de acelerada industrialización en las planicies ribereñas al río Cauca, altos índices de desigualdad en los territorios agrarios, indígenas y afrodescendientes y una geografía empleada para la dinámica de la guerra. Dentro de esta región se encuentran los municipios de Pradera (Valle del Cauca) y Argelia (Cauca), históricamente álgidos en cuanto a conflictividad social y armada por la presencia de diversos actores armados y la potencia organizativa campesina que cubre su paisaje. Es por ello que se define trabajar con dos asociaciones de estos territorios: la Asociación de Trabajadores/as Campesinos/as del Valle del Cauca —en adelante ASTRACAVA— y la Asociación Campesina de Trabajadores/as de Argelia —en adelante ASCAMTA—, dadas las características territoriales descritas más adelante.

Figura 1: territorio del Alto del Patía (norte del Cauca). Municipios de Pradera y Argelia.

Fuente: elaboración propia (2020).

Como rasgo en común, ambas organizaciones han desarrollado un trabajo en sus municipios de la mano de organizaciones de carácter regional y nacional, como la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. De igual forma, ASTRACAVA y ASCAMTA participaron en escenarios de movilización social como el Paro Nacional Agrario del 2013, así como en diversas acciones locales de apoyo a los diálogos de La Habana. Por lo tanto, fueron actores protagónicos en sus municipios en materia de exigir la firma e implementación del AFP.

La metodología parte de un trabajo de campo desarrollado entre los años 2020 y 2021, que combinó un ejercicio etnográfico virtual y presencial, con el propósito de evidenciar in situ las tensiones entre los modelos de paz territorial en disputa. Todo, a pesar de las limitaciones en movilidad dada la pandemia del covid-19 y las condiciones etnográficas en contextos violentos (Rivera, 2018). De esta forma, se logró participar en actividades como reuniones de trabajo en ambas organizaciones; se desarrollaron seis entrevistas en cada municipio, dirigidas a representantes de ASTRACAVA y ASCAMTA con experiencia organizativa y de trabajo en iniciativas de construcción de paz con las comunidades; se recolectó material fílmico y escrito en documentos y apuntes del diario de campo, lo cual permitió adquirir la información necesaria para su debido análisis y escritura.

La composición del artículo comprende un apartado teórico sobre la necesidad de incorporar al territorio en los procesos de construcción de paz. Luego, se hace explícita la tensión entre las distintas visiones de paz territorial, al ubicar tanto la promesa gubernamental impulsada desde el 2014 por el alto comisionado para la paz del momento Sergio Jaramillo, como las visiones de las organizaciones campesinas expuestas en sus territorios. Posterior a ello, se establece la discusión analítica sobre la concepción de una paz territorial campesina y, por último, se abordan las conclusiones.

La importancia del territorio en la construcción de paz en contextos rurales

Hasta hace cuarenta años, los abordajes académicos y políticos respecto a la construcción de paz partían de equivaler dicho proceso a una ausencia de conflictos armados. Sin embargo, el abordaje analítico de Johan Galtung (1969; 2007) para distinguir entre violencia física, estructural y simbólica en los grupos humanos permitió abrir un abanico de oportunidades para complejizar los fenómenos de violencia dentro de ellos y la forma en la que se debería construir paz.

De esta forma, la construcción de paz para Galtung es la transformación de la violencia estructural (2007), entendida como las manifestaciones de las diversas desigualdades e injusticias representadas mediante diversas formas de exclusión, pobreza, represión, opresión y alienación (Jaures, 2001; Fisas, 2002). Simultaneamente, empezaron a surgir en el campo académico otras visiones sobre la paz, vista como un proceso social dinámico, en construcción y mantenimiento (Lederach, 2007), como ausencia de mecanismos de dominación (Fisas, 2002) o el respeto por los Derechos Humanos, el fortalecimiento de la democracia y la sociedad civil (Tuvilla Rayo, 2004).

Estos abordajes generaron consecuencias prácticas, pues los procesos de construcción de paz dejaron de ser un asunto exclusivo entre Estados-naciones en guerra y pasaron a ser un proceso en donde, de forma paulatina, se logró involucrar a las comunidades, en especial a las víctimas, dentro de la construcción e implementación de los Acuerdos de Paz (Vásquez y Valeriano, 2009; Mouly, 2016; Amego y Wellington, 2019). Por otro lado, los conflictos dejaron de ser resueltos de forma exclusiva mediante repartos territoriales para pasar a procesos de descentralización, apoyados mediante "autonomías territoriales" en donde las distintas partes del conflicto adquirían un control territorial diferenciado (Bueno, Plagemann, y Strasheim, 2015).

Dentro de esta amplitud de reflexiones sobre la construcción de paz entra a jugar la categoría paz territorial, dada la necesidad de reconocer las espacialidades, intereses y dinámicas poblacionales dentro de las conflictividades armadas, en la medida en que estas modifican los órdenes sociales que regulan dichos territorios. Como lo demuestra Barrera (2015), la construcción de una perspectiva territorial de paz implica, de parte de las comunidades y organizaciones sociales, unos retos importantes para construir confianza con las instituciones estatales y el sistema político. Por su parte, el Estado debe comprometerse, no solamente a cumplir con los acuerdos pactados en el corto plazo, sino también a brindar una presencia permanente, efectiva y a largo plazo con instituciones e inversión social, que permita superar las desigualdades estructurales existentes en estos territorios.

Sin embargo, una lectura acrítica de este proceso puede conllevar a que el Estado implemente planes y políticas en los territorios rurales sin contar con las voces, necesidades e intereses de las comunidades, desconociendo sus apuestas de territorialidades propias, algunas de ellas contrarias a la lógica de desarrollo capitalista que se pretenda imponer. Es por ello que, para este trabajo, se retoma la propuesta de paz territorial entendida por Bautista (2017) como:

"[...] el proceso de transformación de los territorios en clave de justicia social, a partir del reconocimiento [de] las trayectorias históricas de los sujetos allí actuantes y las diversas características de los conflictos existentes, mediado por sendas apuestas de auto-organización social, económica, cultural y ambiental protagonizados por las comunidades. (p. 109)"

De esta forma, el lugar del territorio dentro de la construcción de paz es protagónico, dado que es escenario de múltiples disputas y conflictos sobre su uso y apropiación. Es por ello necesario entender el territorio como resultado de un proceso histórico-social, en donde confluyen elementos físicos y tramas relacionales entre seres humanos y naturaleza, los cuales se enlazan mediante mecanismos de poder, dominación y resistencia (Raffestin, 1993; Montañez, 2016). En los territorios se construyen identidades y marcos de apropiación que, en ocasiones, expresan la confrontación de dos racionalidades antagónicas: una que asume el territorio como recurso económico y fuente de riqueza y otra que lo asume desde el encuentro y la solidaridad comunitarias (Jiménez y Novoa, 2014).

Estas solidaridades, en contextos rurales, son protagonizadas por diversos intérpretes, como indígenas, afrodescendientes y campesinos, cada uno de ellos con apuestas propias de territorialidad (Peña, 2019). Para el presente caso, el abordaje se hará en contextos campesinos, quienes son identificados como una comunidad vinculada con la tierra y la naturaleza más allá del ámbito productivo. Abarcan también unas formas culturales y organizativas asociadas a las luchas y resistencias frente a la expansión del latifundio y la profundización de la cuestión agraria en una disputa histórica por acceso a la tierra y al territorio y por su reconocimiento como un individuo político y sujeto de derechos (Gutiérrez, 2019; Saade, 2020). Ante ello, sectores del campesinado se han organizado mediante figuras como la Junta de Acción Comunal y las asociaciones campesinas, con el objetivo de reclamar escenarios de participación ante entidades gubernamentales, reforzar sus discursos identitarios, desarrollar iniciativas de autogestión, tramitar sus necesidades básicas insatisfechas, gestionar recursos ofrecidos por actores de políticas públicas y ejercer control territorial.

La promesa de la "paz territorial" gubernamental

Durante el segundo año de diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) con las FARC-EP, el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo vislumbró ante la opinión pública la propuesta de "paz territorial" (2014) como una apuesta para copar a las poblaciones afectadas por el conflicto de la institucionalidad ausente. Un factor que, para él, había sido determinante para el surgimiento y accionar de los diferentes grupos armados.

De esta forma, Jaramillo concibió la paz como una "oportunidad" de adelantar las acciones interrumpidas por cuenta de la guerra y transformar las condiciones que han mantenido vivo el conflicto, a través de la participación ciudadana, mediante "una campaña de planeación participativa para que entre autoridades y comunidades se piense en las características y necesidades del territorio, en las respuestas a esas necesidades, y de manera metódica y concertada se construyan planes para transformar esos territorios" (Jaramillo, 2014, p. 4). En la práctica, la paz territorial se vería materializada en alianzas, donde programas gubernamentales, autoridades regionales y comunidades se unan para "combinar la coordinación y los recursos nacionales con la fuerza y el conocimiento de la ejecución local" (Jaramillo, p. 5).

Con la firma del AFP en 2016, se empezaron a materializar algunas de sus disposiciones, entre otras: la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil de quienes integran las FARC-EP, así como las bases institucionales y jurídicas que darían vía libre a la implementación de algunos puntos del acuerdo. Entre estos, los pdet, los Planes Nacionales Integrales de Sustitución de cultivos de uso ilícito (pnis) y las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A pesar de los inconvenientes surgidos en el proceso, los cuales no se profundizarán aquí, lo más importante de los primeros años de la implementación del AFP fue la sensación de paz y tranquilidad que muchos poblados experimentaron con la ausencia de las FARC-EP de sus territorios.

Sin embargo, el AFP entra en una fase de incertidumbre en el 2018, cuando Iván Duque gana la presidencia, pues su partido político, el Centro Democrático, es uno de los principales opositores a lo pactado en La Habana. No obstante, su gobierno se caracteriza por cambiar el enfoque de la implementación del acuerdo, pasando de la paz territorial a la paz con legalidad, enfocada principalmente en acciones tendientes a la reincorporación de quienes "se mantienen en la legalidad", junto con una serie de medidas que reformaron algunas de las entidades y funciones creadas en el marco del acuerdo. A estas acciones, se suma el fortalecimiento en la presencia de la fuerza pública en los 170 municipios asignados como territorios pdet (Alta Consejería para el Postconflicto, 2018).

Frente a esta apuesta institucional, tanto sectores académicos y políticos como organizaciones sociales han denunciado el desmonte progresivo del AFP firmado en el 2016, a partir de varias medidas gubernamentales: la disminución en el presupuesto asignado para su implementación; las objeciones que Iván Duque presentó a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (jep), aprobadas previamente por el Congreso en el 2019; la contraposición de los territorios pdet con las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, en una estrategia por militarizar y securitizar la implementación de dichos planes (Triana y Duque, 2020), y la pretensión de retomar las aspersiones con glifosato en los territorios donde se firmaron acuerdos para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito (Estrada, 2020).

En ese sentido, la promesa de la paz territorial surgida a partir de la firma del AFP se fue diluyendo en acciones de incumplimiento del gobierno de Iván Duque, mediante una política centrada en temas de reincorporación y la intervención militar de los territorios pdet. Se dejaron de lado aspectos centrales del AFP como la Reforma Rural Integral —en adelante, rri— y el pnis, el cual permitiría, al menos parcialmente, solventar las problemáticas propias de la cuestión agraria en el país, detonante del desarrollo del conflicto sociopolítico armado. Se expondrán a continuación dos propuestas campesinas que apuestan a construir iniciativas propias de paz territorial.

A paso lento, avanzando: caso Pradera

Pradera es un municipio del costado suroriental del Departamento del Valle del Cauca, cuenta con 57.990 habitantes, de los cuales 50.694 habitan en la zona urbana y 7.296 habitan en la rural (terrapaz, 2019). 180 pertenecen al resguardo indígena Kwet Wala (Defensoría del Pueblo, 2018). En cuanto a su economía, Pradera aportó el 0,93 % del pib del Valle del Cauca en el año 2017, representando sus principales rubros en el sector de servicios con un 34,77 %, mientras que la agricultura representó tan solo un 5,33 % de su renglón económico (terrapaz, 2019).

En Pradera, es posible identificar la presencia de grupos armados desde la década de 1970, con la llegada al territorio del Movimiento 19 de Abril, M-19. Sin embargo, los frentes sexto y octavo de las FARC-EP, así como las Columnas Gabriel Galvis y Arturo Ruíz, que ocuparon la zona alta del municipio desde la década de 1980 hasta el 2016. Su ubicación, de acuerdo con la población, se debe a que la cordillera Central (entre los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Tolima) ha sido un corredor estratégico para el transporte de tropas y armamento. Se configura un territorio en disputa, tanto con el Ejército Nacional como con las estructuras paramilitares, principalmente el Bloque Calima.

Con la firma del AFP, las organizaciones campesinas del municipio, entre ellas ASTRACAVA, sintieron muchas expectativas respecto a la forma como este llegaría al municipio, más cuando fue seleccionado como territorio pdet por las partes del diálogo en La Habana. Con este programa, de acuerdo con un integrante de ASTRACAVA, se esperaba que fuera "una alternativa para la promoción del desarrollo social, una forma de suplir la deuda histórica del Estado con el campesinado" (Alex, apuntes del diario de campo, 2021). De esta forma, dicha asociación fue protagónica en los espacios convocados por la Agencia para Renovación del Territorio —en adelante, ART—, para la construcción del Pacto Municipal para la Transformación Regional —en adelante, PMTR— de Pradera. Sin embargo, de las propuestas recogidas, solo pocas quedaron recogidas en el documento final y muchas otras fueron ignoradas por la ART.

Cuando nosotros estuvimos en la implementación de los pdet, fue muy gratificante ver que el gobierno nacional tuvo en cuenta cada uno de los puntos que, mediante el municipio, cada uno de los corregimientos expuso. Eso fue un trabajo arduo, de más o menos quince días, se expuso [sic.] las necesidades más importantes en cada uno de sus puntos se manejaron hasta el momento. Fue muy gratificante la primera etapa, la segunda etapa también fue excelente, pero como todo cuando ya vemos el final nos encontramos con algunos cambios, de algunos aspectos como que no les gustó y el gobierno nacional prácticamente lo evadieron. (Sonia, conversación personal, agosto 02 del 2020)

Aparte de eso, las tensiones entre ASTRACAVA, la ART y la alcaldía municipal se reflejan en discordancias entre las funciones que dichas entidades cumplen, así como con el nivel de participación de las organizaciones sociales al momento de decidirse la ruta de implementación del Acuerdo. A esto se suma el hecho de que pocas iniciativas de las contempladas en el PMTR hayan sido ubicadas dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 del alcalde Justino Sinisterra. De igual forma, desde ASTRACAVA, se consideró que dicho Plan no recoge las apuestas territoriales planteadas por las comunidades campesinas del municipio, sino que, por el contrario, busca satisfacer las demandas de las continuas élites políticas locales (Kennedy, conversación personal, agosto 01 de 2020). De esta forma, se crea un ambiente de incertidumbre ante la posibilidad de que los recursos previstos para la implementación local del AFP se pierdan en prácticas de corrupción y clientelismo político.

Mientras esto ocurre, la labor de ASTRACAVA avanza en denunciar los conflictos de orden territorial que se presentan en la zona rural del municipio. Entre ellos, la instalación de torres de energía por parte de la Empresa de Energía de Bogotá en zonas cercanas a las comunidades indígenas y campesinas; la construcción de un túnel que atravesaría la zona montañosa del municipio en el marco del proyecto vial Pacífico-Orinoquía y las solicitudes de explotación minera por parte de empresas extranjeras, para la extracción de oro, cobre, carbón y petróleo en corregimientos como La Feria, Bolo Blanco, San Isidro, El Nogal, La Fría y Párraga (Jesús, conversación personal, agosto 01 de 2020).

Frente a estas amenazas al territorio y a la territorialidad campesina, desde ASTRACAVA han logrado impulsar algunas iniciativas que son consideradas como apuestas de paz territorial. La principal, sin duda, es la constitución de una Zona de Reserva Campesina —en adelante, zrc— en el municipio, un proceso que llevan avanzando desde el año 2008 y que ha logrado salir adelante gracias a la gestión de la Pontificia Universidad Javeriana y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas. Estas instituciones apoyaron los procesos de formulación, ajuste y socialización del Plan de Desarrollo Alternativo con las autoridades y comunidades rurales del municipio, del cual queda pendiente, solamente, la Audiencia de Constitución y aprobación por parte de la ART.

Figura 2: localización. Propuesta de constitución, ZRC Pradera

Fuente: IEI-PUJ (2020).

Esto frente a la amenaza de posibles actores armados y empresas extranjeras que pretenden ingresar al municipio, amenazar al ecosistema de la zona, controlar la presencia de civiles que arriban a la zona rural del municipio, consumen sustancias psicoactivas, cometen robos en la zona y, de igual forma, cuidan el medio ambiente.

Como una forma de impulsar la economía campesina y su inserción al mercado, ASTRACAVA adelanta la iniciativa de la marca Soberano. Se trata de una variedad de productos creados por algunas familias campesinas del municipio, comercializados por la Asociación. Se vende café y mermeladas, productos para el cuidado corporal como champús capilares y pomadas producidas con plantas medicinales. A pesar de no contar con los permisos de ley para su comercialización, la venta de estos productos ha logrado avanzar gracias a las cadenas artesanales tejidas entre quienes integran ASTRACAVA y personas aliadas que compran —y en ocasiones, revenden— productos en los municipios vecinos, incluida la ciudad de Cali.

De otro lado, el "Encuentro de sabores y saberes campesinos", organizado por ASTRACAVA en agosto de 2017 en el corregimiento de Bolo Blanco, representa una iniciativa que permitió entablar un diálogo entre diversas comunidades campesinas del país en torno a sus propios saberes y establecer la discusión de problemáticas conjuntas como la implementación del AFP y la exigencia a los gobiernos para la ejecución de políticas agrarias integrales. Igualmente, este espacio fue aprovechado para la realización de actividades como intercambio de semillas y la presentación de artistas que interpretaron música campesina. Todo ello con un lema que recogió el evento: "Por la paz de la nación, a luchar por la implementación", haciendo clara alusión al AFP.

Entre la incertidumbre y la supervivencia: el caso Argelia

Ahora se aborda el municipio de Argelia, ubicado al costado suroccidental del departamento del Cauca. De acuerdo con proyecciones nacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, dane, para el 2019 Argelia tendría una población estimada de 27.670 habitantes, con el 84,9 % de ella ubicada en la zona rural y el 15,1 % restante en la cabecera municipal (ESAP, 2018). Con todo, acá empiezan las particularidades del territorio, pues de acuerdo con información recolectada por ASCAMTA, se estima un total poblacional de más de 40.000 personas, dada la cantidad de población flotante presente en la zona y la resistencia de muchas de ellas a censarse (Guillermo, conversación personal, septiembre 01 de 2020).

En términos de conflictividad armada, en Argelia se estima la presencia histórica de las FARC-EP desde su inicio como guerrilla, cuyo nivel de legitimidad con la población civil les permitió configurar una institucionalidad insurgente (Gutiérrez, 2019) y control territorial. En la década de los noventa, promovió la creación del Frente 60 en el municipio y concentró su trabajo en actividades de regulación comunitaria y organización política con la población. Esta presencia estuvo pausada por las operaciones militares Espada de honor I, II y III, impulsadas por el Ejército Nacional. A la vez, se dio una supuesta alianza entre integrantes del Ejército de Liberación Nacional —en adelante, eln— con el grupo paramilitar Los rastrojos, lo que hizo desplazar a las FARC-EP del municipio entre los años 2007 y 2010, cuando retoman el control territorial y, con ello, su hegemonía.

Otra característica de este territorio tiene que ver con su economía, basada principalmente en el cultivo y procesamiento de la hoja de coca. Mientras, la economía campesina de autosubsistencia que se basa en los cultivos de café, aguacate y maíz, cubre tan solo un 3,4 % del perímetro municipal (Alcaldía Municipal - Argelia, 2020). De acuerdo con unodc-simci (2020), en 2019 el enclave Argelia-El Tambo representaba el 6 % del total nacional de cultivos de coca, cerca de 9.000 hectáreas. En tanto, la comunidad reporta que entre ambos municipios existe un total de 15.000 ha sembradas con coca (Molano, 2020), gran parte de ellas sembradas sobre las 7.256 ha del municipio reconocidas como Zona de Reserva Forestal. De acuerdo con ASCAMTA (2017), cerca del 95 % de su población vive de la economía de la coca, lo cual ha conducido a una grave crisis de Derechos Humanos por cuenta de factores como la disputa entre agrupaciones armadas por el control de la economía cocalera, el impacto ambiental que genera el cultivo de coca, la producción de cocaína y el impacto que este producto deja en la configuración de una identidad campesina asociada a la hoja de coca y, por ende, a la "ilegalidad" (Mosquera, 2019).

De ahí que, con la firma del AFP, las expectativas de la población argeliana se concentraron en la implementación del PMTR y el PNIS a nivel local. En su momento, surgieron iniciativas comunitarias, destinadas principalmente a la construcción de infraestructura y mecanismos para la sustitución concertada de los cultivos de coca. A tal punto que en marzo del 2018 11.249 familias del municipio suscribieron el Acuerdo Conjunto de Sustitución. Sin embargo, posterior a la firma, no se conocen avances respecto a entrega de pagos, insumos y asesoría técnica para dicho proceso. Igualmente, la implementación del PDET en el municipio avanza a paso lento. A excepción de algunas obras de infraestructura comunitaria, como escuelas y canchas deportivas, pasando por la pavimentación de la vía principal que conecta al municipio con el resto del país, se conocen pocos avances en la implementación del PDET en el municipio, por lo menos desde la voluntad del gobierno de Iván Duque.

De ahí que buena parte de la comunidad argeliana no crea que el AFP llegue al municipio. En especial, la sensación se gesta mediante anuncios reiterados del expresidente Iván Duque de retomar la aspersión de cultivos de uso ilícito con glifosato y de fortalecer la presencia de la fuerza pública, ante la llegada de nuevos actores armados al municipio. En efecto, después de la salida de las FARC-EP, se ha configurado una disputa territorial por cuenta de actores como el eln, el autodenominado "Frente Carlos Patiño"- Estado Mayor Central de las FARC-EP, integrantes del Clan del Golfo y el ejército, por el control de la población y de la ruta de producción, comercialización y transporte de cocaína: por el Cañón del Micay hasta el océano Pacífico.

Esta situación ha conllevado a una disminución de la dinámica organizativa de ASCAMTA, dado que el "Carlos Patiño" ha amenazado a sus miembros, razón por la cual han tenido que resguardarse en sus residencias y "sobrevivir", como lo menciona Guillermo (conversación personal, enero 30 de 2021). A pesar de ello, ASCAMTA continúa envuelta en acciones de denuncia y resistencia, no solo frente a la presencia de los actores armados, sino también contra a los proyectos minero-energéticos que amenazan la territorialidad campesina, entre los que se encuentra la solicitud de 19.000 ha para concesión minera de oro, platino y cobre por parte de empresas como Anglo American Colombia Exploration S.A. y Elaura. También, la propuesta de construcción del proyecto hidroeléctrico "Arrieros del Micay", pensado desde la década de los ochenta y que en el año 2016 retomó su viabilidad (Gutiérrez y Mosquera, 2017).

Sobre la base de estas tensiones, las apuestas de paz territorial por parte de ASCAMTA, versan sobre los siguientes elementos. Primero, la ausencia de todos los actores armados del municipio. Esta postura ha sido efectiva a través de acciones de desalojo del Ejército y la Policía de los corregimientos de El Plateado y El Mango en el año 2015. La postura se amplió en el año 2017, pues tras la salida de las FARC-EP se promovió la creación de Comités de Convivencia en las Juntas de Acción Comunal, como mecanismos de resolución de conflictos que reemplazaran las regulaciones proferidas por las FARC-EP en el pasado.

Eso es lo que vislumbramos nosotros como Paz territorial. Inclusive, en los tiempos en que hubo paz en Argelia, en eso nos concentramos la labor de las organizaciones: por ejemplo, no queramos la presencia de ningún actor armado, por eso sacamos a los elenos, al Ejército, no queríamos a nadie, y por eso aprendimos a construir los comités de convivencia para resolver nuestros propios conflictos, para tener control sobre las comunidades, porque para nosotros el territorio es todo lo que se teje sobre él y estamos haciendo muchos esfuerzos sobre eso. (Marcela, conversación personal, diciembre 15 de 2020)

Conscientes de que la continuación de los grupos armados en el municipio se debe en gran medida a la permanencia de cultivos de coca, una segunda propuesta de paz territorial consiste en iniciativas propias de sustitución, impulsadas por ASCAMTA y 46 excombatientes de las FARC-EP que decidieron adelantar el proceso de reincorporación en el municipio (Annie, comunicación personal, enero 29 de 2021). A pesar de ello, en ASCAMTA reconocen que dichas iniciativas no son fáciles de implementar a causa de las dificultades de acceder a créditos y capacitaciones en la producción y comercialización de productos. Por otro lado, las ganancias que deja el cultivo de coca generan resistencias en un sector de la población que no deja de ser consciente de que la economía cocalera ha generado toda una cultura de violencia en el municipio.

Para alguien en El Mango, la paz le signifique la desnaturalización de la guerra y las prácticas violentas, las formas violentas de resolver los conflictos, porque la gente está muy acostumbrada a resolver todo a los golpes, a los tiros, está muy arraigado prácticas violentas dentro de la cotidianidad que eso implica tocar las estructuras más profundas de la cultura, porque son cuarenta años de coca, cuarenta años de narcotráfico, sesenta años de violencia, que eso ha quedado impregnado en la cultura y el día a día de la gente. (Natalia, comunicación personal, diciembre 16 de 2020)

Con respecto a la implementación del AFP, la llegada de ASCAMTA a la alcaldía municipal (producto de las elecciones municipales del 2019), representa una oportunidad para retomar esta bandera, a partir de un ejercicio de presión desde la administración municipal a los entes territoriales sobre el cumplimiento del Acuerdo en el municipio. De acuerdo con Jhonattan Patiño, alcalde municipal, la estrategia para hacer cumplir la implementación consiste en ubicar las propuestas planteadas por la población civil en el marco de la construcción del PMTR, del Plan de Desarrollo Municipal y al adquirir de recursos de parte de la nación.

Los pocos recursos que tenemos lo estamos poniendo en servicio de ello, nuestro plan de desarrollo esta aterrizado a los pdet y el Acuerdo como tal. Eso, y formulando proyectos para gestionar a nivel departamental y nacional para buscar su financiación, eso hasta donde podemos llegar. (Jhonattan, comunicación personal, agosto 29 de 2020)

Por otro lado, ASCAMTA se ha propuesto la configuración de un proyecto campesino autónomo a largo plazo, lo que motivó la formulación en 2016 del Plan de Desarrollo Integral Campesino (ASCAMTA, 2017). En este documento, se condensa un ejercicio participativo que identifica las necesidades y acciones a implementar proyectadas a veinte años en materia ambiental, económica, social y político-institucional. De esta forma, dicho Plan es la carta de navegación que guía el trabajo de ASCAMTA y representa, en conjunto, una visión de territorialidad campesina donde aparece también la creación de una zrc en el municipio.

En términos de promover la recuperación de la identidad y la cultura campesina, la cual se ha venido perdiendo debido al impacto social de la economía cocalera, desde ASCAMTA se promueven dos iniciativas enfocadas a la niñez y a la juventud: la primera, denominada Escuela Cultural Campesina, promulga actividades de formación en pintura, música campesina, chirimía, danza, aeróbicos y manualidade. Elementos que apoyan la reconstrucción del tejido social, la recuperación de los saberes campesinos y su efectiva transmisión a las próximas generaciones. La segunda, es la Granja de la Paz: un proyecto impulsado por la Institución Educativa del Corregimiento Sinaí, donde se le enseña al estudiantado la importancia de la producción campesina, el trabajo colaborativo y la reivindicación de los cultivos como elemento de la memoria campesina (Mosquera, 2019).

De la paz territorial gubernamental a la paz territorial campesina: elementos constitutivos

De la exposición de ambas experiencias, es posible ubicar algunas reflexiones sobre la construcción de la paz territorial. En primera medida, ambas comunidades campesinas identifican sus apuestas de paz territorial a partir de la identificación de los conflictos que afectan su territorio, lo que les brinda la necesidad de superar dicho conflicto. Esto se pudo apreciar en las nociones críticas que ambas organizaciones expresan sobre cuestiones como los proyectos minero-energéticos, la permanencia de los cultivos de coca, las territorialidades armadas en disputa y, en general, la persistencia de una ineficiencia estatal que busca resolver la cuestión agraria, ligada a una falta de voluntad política por parte de los gobiernos Santos y Duque al implementar la rri y el pnis.

Al reconocer los diversos intereses sobre sus territorios, desde ASTRACAVA y ASCAMTA surgen las apuestas por apropiarse de un espacio geográfico y, posteriormente, adelantar proyectos territoriales en donde converjan sus aspiraciones de paz, en clave contrahegemónica hacia las territorialidades capitalistas que representan la institucionalidad. De ahí que se reconoce, en ambas organizaciones, la existencia de una apuesta de paz territorial campesina a partir de tres elementos: el primero, tiene que ver con la promoción de la soberanía alimentaria contra los intereses minero-extractivos y narcotraficantes que generan una serie de impactos al ecosistema de ambos territorios. Este elemento se expresa en apuestas conjuntas tal como las zrc y otras como los productos "Soberano" y la "Granja de la Paz". Dichas apuestas pueden contribuir a la autosubsistencia de las comunidades campesinas que habitan en dichos territorios y "resolver las demandas alimentarias de la población, en condiciones de sostenibilidad y racionalidad de la producción y el aprovisionamiento" (Fajardo, 2019, p. 249) a partir de la libre decisión de las comunidades sobre cómo usar la tierra y qué sembrar en sus territorios, sin imposiciones de terceros.

El segundo elemento constitutivo de la paz territorial campesina es la gobernanza comunitaria, proceso en donde comunidades intervienen al lado del Estado en la implementación de planes y políticas públicas encaminadas a modificar las dinámicas de los territorios y, con ello, cerrar las brechas entre lo rural y lo urbano (Rasmussen y Valencia, 2018). De esta forma, escenarios como las Guardias Campesinas y la participación activa de ASTRACAVA en instancias gubernamentales como el Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Pradera, la conformación de la Mesa Local de Interlocución y Acuerdo, los Comités de Convivencia y la llegada a la Alcaldía Municipal por parte de ASCAMTA se muestran como escenarios en donde ambas organizaciones ocupan un lugar perentorio en la toma de decisiones al interior de sus territorios, a partir de sus apuestas organizativas. Por esta razón, son escuchados y tenidos en cuenta por la institucionalidad local; se promociona con ello una política institucional participativa.

El tercero es el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, lo que se articula en la paz territorial campesina de las organizaciones descritas. Este se manifiesta en las dinámicas de movilización tendientes a la promoción de la AFP en donde ASTRACAVA y ASCAMTA fuero partícipes. El llamado a su reconocimiento se expresó como una consigna en la marcha y, a su vez, como exigencia que se junta con otras a nivel nacional, promovidas en general por el movimiento campesino. Esta consigna retoma el momento cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión 73 del 2018, aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos. Esta refiere algunos derechos de esta comunidad, como el acceso a los recursos naturales y a la tierra, la organización colectiva y la participación (Saade, 2020). Estos derechos engloban las demandas descritas en los apartados descriptivos, lo que permite que, con su reconocimiento en la legislación colombiana, el campesinado de estos municipios cuente con un paso adelante hacia el logro de sus aspiraciones territoriales, políticas y culturales.

Conclusiones

De acuerdo con lo expuesto, es posible ubicar varios elementos centrales. En primer lugar, el AFP, firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, no se está implementando de manera efectiva en los territorios rurales. Esto se debe en parte a las modificaciones en la dinámica de la implementación aplicadas por el gobierno de Iván Duque, en el que este proceso se ha enfocado en la reincorporación de excombatientes a la vida civil y al aumento del pie de fuerza en los territorios donde persiste la presencia de organizaciones armadas.

En esa medida, las tensiones con las poblaciones campesinas de los municipios de Pradera y Argelia se demuestran de tal forma que dicha dinámica gubernamental ha frenado el desarrollo de iniciativas como el pdet y el pnis, generando una sensación de incertidumbre sobre la suerte de los programas acordados en el Acuerdo. Sumado a ello, en el caso concreto de Argelia, se asiste a la continuación de la economía cocalera, lo que ha llamado la atención de grupos armados que intentan copar el vacío dejado por las FARC-EP. Esto ha generado una sensación de miedo y quietud en la Asociación Campesina del municipio.

Frente a estas situaciones, organizaciones campesinas como ASTRACAVA y ASCAMTA han desarrollado iniciativas de paz territorial campesina constituidas sobre la base de tres elementos: la soberanía alimentaria, la gobernanza comunitaria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Dichas apuestas se relacionan íntimamente y va más allá del AFP, pues la construcción de paz para estas comunidades no parte de cero, sino que es un continuo de luchas y resistencias que buscan una territorialidad campesina propia, asociada a la defensa del territorio, la preservación de la identidad, la cultura campesina y los Derechos Humanos. Ambas organizaciones son conscientes de que, si bien el AFP constituye un paso importante para avanzar hacia las transformaciones estructurales que requiere la ruralidad en el país, este no es el único camino. De ahí que se hayan adelantado con iniciativas propias de transformación territorial, en donde la autodeterminación y la construcción de un poder comunitario son la base para la construcción la paz en cada uno de los rincones de nuestro país.