Ordenamiento territorial en Colombia: violencias, guerra y resistencias

En el marco de las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC, es necesario plantear la ampliación de la democracia por medio de los mecanismos de ordenamiento y planificación territorial. La paz solo puede consolidarse por medio de la participación política de todos los actores, especialmente aquellos que han sido excluidos. Las razones del conflicto armado en Colombia se deben a las luchas por la tenencia de la tierra y la representación política, por lo tanto, la paz debe ser agenciada desde los territorios y las comunidades afectadas por el conflicto, las cuales tienen la capacidad de construir un nuevo ordenamiento basado en la esperanza y la reconciliación.

Ordenamiento
territorial en Colombia:

violencias, guerra y resistencias

Land use planning in Colombia:

violence, war and resistance

Planejamento do uso da terra na Colômbia:

violência, guerra e resistência

David Flórez-Gil

Vocero Nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica

cobicen@gmail.com

Javier Rodríguez-Ruíz

Miembro del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica

jdrodriguezru@gmail.com

Resumen

Palabras clave: Acuerdos de paz, ordenamiento territorial, participación política, democracia, tenencia de la tierra.

Abstract

In the context of the peace negotiations between the national government and FARC, it is necessary to raise the expansion of democracy through territorial planning mechanisms. Peace only can be consolidated through the political participation of all stakeholders, especially, those who have been excluded. The reasons of the armed conflict in Colombia are two: 1) the struggles for land tenure and 2) the political representation. Therefore, peace must be brought about from the territories and communities affected by the conflict, which have the ability to build a new system based on hope and reconciliation.

Keywords: Peace accords, land planning, political participation, democracy, land tenure .

Resumo

Como parte das negociações de paz entre o governo nacional e os guerrilheiros das FARC, é necessário aumentar a expansão da democracia através de mecanismos de planejamento territorial. A paz só pode ser consolidado por meio da participação política de todos os interessados, especialmente aqueles que foram excluídos. As razões para o conflito armado na Colômbia são devido às lutas pela posse da terra e da representação política, portanto, a paz deve ser provocada a partir dos territórios e comunidades afectadas pelo conflito, que têm a capacidade de construir um novo sistema baseado em esperança e reconciliação.

Palabras-chave: Acordos de paz, ordenamento do território, participação política, a democracia, posse da terra.

David Flórez-Gil

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de la especialización en Gobierno y Gestión Pública. Se ha desempeñado como vocero nacional del Movimiento Político y Social Marcha Patriotica desde su conformación en el año 2012.

cobicen@gmail.com

Javier Rodríguez-Ruíz

Médico de la Universidad Nacional de Colombia. MSC en medicina social de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil y doctorando del Doctorado Interfacultades Nacional de Colombia. Miembro del Movimiento Polítoco y Social Marcha Patriotica.

jdrodriguezru@gmail.com

Introducción

Agradecemos la invitación a participar en esta publicación de Instituto de Investigaciones Hábitat, Ciudad y Territorio de la Universidad Nacional de Colombia y al Comité editorial de la Revista Bitácora Urbano Territorial, que pretende ser memoria del Seminario Conflictos Territoriales y Acuerdos de Paz, realizado los días 25 y 26 de febrero en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, en la ciudad de Bogotá. Desde el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica queremos reconocer y agradecer la apertura de escenarios académicos como este al diálogo con los movimientos sociales y las organizaciones políticas, que no solo han jugado un papel fundamental en el camino hacia la paz, si no que deberán ser protagonistas en el pos-acuerdo.

Discutir sobre el ordenamiento territorial en la coyuntura actual de diálogos de paz no solo es pertinente, sino que parece necesario para que la academia y, en particular, la universidad pública, pueda responder a uno de los retos fundamentales del proceso: la necesidad de reestructurar los mecanismos vigentes de ordenamiento y planificación territorial para ampliar la democracia.

Este artículo está basado en la presentación oral realizada por David Flórez en el Panel 1 del Seminario, titulado Los diálogos de paz y los impactos sobre el ordenamiento territorial. La idea central del texto es que los preacuerdos de la mesa de negociación en La Habana afectarán de manera positiva el ordenamiento territorial vigente en el país, porque implican una reestructuración de las formas institucionales de ordenamiento y gestión de los territorios, que busca ampliar la participación política y la democracia por medio del reconocimiento e inclusión vinculante de actores históricamente excluidos de dichos espacios institucionales y por la transformación de algunos elementos estructurales que configuran el territorio, como la posesión de la tierra y la representación política.

Iniciaremos haciendo explícita nuestra comprensión de la noción de territorio, para pasar al análisis sobre la forma en que la dinámica del conflicto social, político, económico, cultural y armado ha afectado la configuración territorial en el país. Posteriormente, realizaremos una crítica de las normas y mecanismos institucionales que han pretendido imponer un determinado ordenamiento territorial y que continúan vigentes, y desarrollaremos unas breves reflexiones alrededor de los mecanismos de defensa y gestión territorial propios de las comunidades más afectadas por el conflicto, las cuales, han desarrollado verdaderos espacios de esperanza de carácter profundamente democrático y con una enorme potencialidad para la construcción de la paz (Harvey, 2000).

Consideraciones sobre la noción de territorio

Partimos del reconocimiento de que la noción de territorio es una de las nociones con mayor discusión y producción científica asociada en el campo de las ciencias sociales de las últimas décadas. Consecuentemente, la multiplicidad de definiciones y aproximaciones teóricas sobre la definición de territorio es significativa, así como las tentativas de clasificación de esa diversidad de nociones, y sus implicaciones teóricas y ético-políticas (Brandao, 2007; Haesbaert, 2007).

El análisis sobre el estado actual de la discusión de la noción de territorio en las ciencias sociales excede el objetivo de este texto, por lo que nos limitaremos a hacer explícita nuestra comprensión del concepto, y a señalar algunas precisiones y advertencias derivadas de la misma.

Entendemos al territorio como una construcción histórica y social, ubicada temporal y espacialmente, y que sintetiza las relaciones del metabolismo sociedad-naturaleza, las relaciones de poder y las dinámicas simbólicas en espacios ocupados por colectivos humanos específicos. Dicha construcción territorial es dinámica y está inmersa en procesos de disputa continua por sujetos con agendas, acciones y estrategias diferenciadas que ejercen niveles de control desigual sobre la utilización de los recursos, los flujos sociales, las construcciones simbólicas y las proyecciones del territorio.1

Desde esta comprensión resaltamos la noción del territorio como producto social.2 “El territorio debe ser pensado como la manifestación objetivada de una determinada configuración social, no exenta de conflictos que involucran a una diversidad de actores que comparte el espacio” (Gómez y Hadad, 2007: 8).

En ese sentido, el territorio es producto de las formas de vida, trabajo y relacionamiento de los diversos sujetos sociales, y tiene la potencialidad de constituirse en una expresión de la soberanía, la solidaridad, la seguridad, la sustentabilidad y la salud (Breilh, 2015), o de expresar formas de territorialidad destructoras de la sociedad y la naturaleza (Heidrich, 1998).

Identificamos la génesis de la noción de territorio en los movimientos sociales latinoamericanos que, por lo menos desde la década de 1960, vienen adelantando una agenda de luchas y reivindicaciones que han considerado el derecho al territorio (desde una perspectiva integral) como uno de los elementos básicos de cualquier política democrática y emancipadora (Gómez y Hadad, 2007). En buena medida, la construcción de la noción, inicialmente adelantada por el movimiento indígena y que se expandió al conjunto del movimiento social democrático, estuvo motivada por el proceso creciente de des-territrorialización producido por las dinámicas de reajuste del sistema capitalista y la intensificación de la acumulación por desposesión en el espacio latinoamericano (Harvey, 2007).

La adopción del concepto por parte de los académicos y por los Estados nacionales sólo se produjo posteriormente, hacia la década de 1980, y modificó el horizonte de significado del territorio en sus comprensiones y usos, configurando el contexto actual del debate, en donde por momentos, se percibe que, a pesar de que en el campo de la producción académica y de las políticas públicas “todo está territorializado”, la noción está vaciada del significado democrático y emancipador dado originalmente por los movimiento sociales (Brandao, 2007; Gómez y Hadad, 2007; Vera, 2006).

En este sentido, Brandao (2007) afirma que la mayoría de las apropiaciones y usos contemporáneos de la noción de territorio no resaltan las relaciones estructurales y de poder subyacentes que lo configuran, ni se posicionan frente a la defensa del territorio como espacio privilegiado de ocurrencia de la vida social ,y consecuentemente, no rechazan las formas depredadoras de dominación territorial.

Para cerrar esta sección del texto, queremos adherirnos a la advertencia realizada por autores como Haesbaert (2007) y Gómez y Hadad (2007), quienes señalan que, a pesar de que la reivindicación del derecho al territorio surgió en el contexto de procesos profundos de des-territorialización de las comunidades subalternizadas en América Latina (indígenas, campesinos, afrodescendientes, entre otros), existen comprensiones de ese proceso dentro del ámbito académico y de las políticas públicas que postulan la des-territorialización como una característica contemporánea y deseable de los sujetos: como un fenómeno dado, propio del desarrollo global, que permite la flexibilidad de sentidos y representaciones sociales, y la movilidad social. Esta perspectiva omite o niega activamente el papel de los procesos estructurales de explotación y dominación que han configurado los territorios latinoamericanos y, por lo tanto, invalidan y tornan impotentes las propuestas de resistencia de los sujetos subalternizados (Harvey, 2000). “Así es como el punto de vista desterritorializado puede ser aprehendido más bien como el discurso de los vencedores ante la configuración de una nuevo mapa de relaciones de dominación” (Gómez y Hadad, 2007: 9).

En este sentido Haesbaert (2007) señala que la des-territorialización es un proceso que siempre está acompañado por la construcción de nuevas territorialidades, tanto por parte de los sujetos dominantes en los territorios que entran a controlar, como por parte de los sujetos subalternizados.

Configuración de la territorialidad en Colombia: violencias, guerra y resistencias

Sobre la configuración de la territorialidad en Colombia, queremos destacar el papel que ha jugado el conflicto social y armado, y su correlato normativo e institucional. En ese sentido, afirmamos que han sido las diversas formas de violencia contra los actores subalternos del mundo rural y urbano, y en particular las dinámicas de la guerra irregular, las fuerzas principales de configuración de extensos espacios del territorio nacional.

Así, el modo de producción capitalista, tal y como se ha desarrollado en Colombia, y los sujetos que han agenciado dicho proyecto, tanto en las arenas institucionales y estatales, como en las paraestatales, han sido el principal motor de las violencias y la guerra en el país, convirtiéndose en los protagonistas y responsables de la configuración de la organización injusta del territorio colombiano. El desarrollo de un modelo de producción excluyente basado en la concentración progresiva de la tierra en latifundios, en el desarrollo del sector minero-energético y agroexportador, y en la adopción de políticas neoliberales con especial impacto sobre el mundo del trabajo y los derechos sociales, generó una matriz de violencias sistemáticas contra las poblaciones rurales y urbanas que produjo el fenómeno de desplazamientos frecuentes en el mundo rural, y su contraparte de urbanización acelerada insustentable y sin garantías en las ciudades (Fajardo, 2002b; Gutiérrez, Wills y Sánchez, 2006).

La expulsión violenta de más de siete millones de colombianos del campo en las últimas cinco décadas de guerra produjo una dinámica constante de colonización, en donde el latifundio y el capital transnacional se apropiaron progresivamente de las tierras del país con las mejores condiciones productivas, y relegaron al campesinado, a las comunidades indígenas y afrodescendientes a las zonas de ladera, zonas de expansión de la frontera agrícola y zonas de parques naturales con pocas condiciones para la producción, y con nulas garantías estatales en materia de provisión de servicios y derechos, y de participación política institucional. En el ámbito urbano, la guerra produjo una dinámica de militarización marcada que, junto a los procesos de urbanización acelerada sin garantías y de la exclusión de cada vez mayores sectores de la población del mercado laboral formal, han configurado una territorialidad urbana profundamente injusta y violenta (Bello, 2003; Estrada, 2015; Fajardo, 2002a: 2015; Molano, 2015; Moncayo, 2015; Vega, 2015).

En general, las intervenciones del Estado colombiano, tanto institucional como militarmente, han promovido la consolidación de estas relaciones sociales violentas, garantizando el desarrollo de ese modo de producción y de la configuración territorial subsecuente. El paramilitarismo, enmarcado en la política anti-insurgente imperialista, ha sido otro de los instrumentos paraestatales de control territorial. Existen ejemplos contundentes de des-territorialización-territorialización de amplios espacios como es el caso del Urabá, en donde se han dado procesos dramáticos de despoblamiento-repoblamiento y transformación de la vocación productiva del territorio por medio de la incursión paramilitar (Estrada, 2015; Fajardo, 2015; Molano, 2015; Moncayo, 2015; Vega, 2015).

Como afirmamos arriba, este proceso de des-territorilización de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en el campo, y de los trabajadores pauperizados en la ciudad, se acompañó de la instauración de la territorialidad agroexportadora, minero-energética y neoliberal basada en el despojo, y de la construcción de nuevas territorialidades por parte de las comunidades subalternizadas como forma de defensa de su vida y de su cultura frente a la violencia sistemática del modo de producción, respaldada por el Estado y las instituciones colombiana.

Es en ese contexto que surgen, plenas de sentido y esperanzas, figuras como los territorios autónomos indígenas, las reivindicaciones de autonomía por parte de los pueblos afrodescendientes y las diversas formas de organización de las comunidades campesinas, con especial fuerza, las Zonas de Reserva Campesina, ZRC.3

Esos actores subalternizados han configurado verdaderas territorialidades en los espacios de existencia a los que se les ha relegado, con formas de producción que propenden por la soberanía, la solidaridad, la seguridad, la sustentabilidad y la salud (Breihl, 2015), y que resisten a la dinámica de expansión del capital que ha continuado amenazando sus formas de vivir, trabajar y existir.4 Se puede afirmar que, en general, el Estado colombiano ha negado, ocultado y violentado sistemáticamente esas configuraciones territoriales insurgentes, ejerciendo su poder activamente para erradicarlas, coludiendo con actores paraestatales con el mismo objetivo u omitiendo sus responsabilidades como garante de derechos como el acceso a la infraestructura, a los servicios y a la participación política.

Uno de los elementos de relevancia especial de la relación entre el Estado y estas territorialidades insurgentes es el de la economía de los cultivos de uso ilícito. Comprendemos este fenómeno como el resultado directo de la configuración territorial violenta que relegó a las comunidades rurales a los territorios menos productivos, con mayores dificultades de comercialización y con menores garantías sociales. Los cultivos de uso ilícito, caracterizados por altas y rápidas rentabilidades,5 han sido una de las estrategias de supervivencia y de resistencia de las comunidades rurales para buscar medios económicos que garanticen su reproducción social en un contexto profundamente hostil. Negando cualquier responsabilidad histórica y política del fenómeno, la respuesta estatal ante los cultivos de uso ilícito ha sido la criminalización y la “guerra contra las drogas”,6 configurando nuevas formas de violencia organizada contra las comunidades históricamente excluidas.

Normatividad sobre el ordenamiento territorial: formalización del sistema de violencias y exclusiones

La normatividad desarrollada por el Estado colombiano para la organización del territorio ha estado concentrada en la definición y formalización de espacios jurídico-políticos, y ha legalizado y reproducido la configuración territorial que las relaciones violentas de poder han establecido (Heidrich, 1998: 2004; Montañéz y Delgado, 1998). El objetivo fundamental del Estado ha sido extender su control político y económico sobre los territorios delimitados, en connivencia con los intereses de los actores hegemónicos del modelo de desarrollo, ocultando y desconociendo las reivindicaciones y disputas por el reconocimiento de la territorialidad construida por actores subalternos en defensa de sus formas de vivir (Tomadoni, 2007).

La normatividad desarrollada, en general, ha equiparado la noción de territorio a la de espacio, reduciéndola a la definición de lugar natural de ocurrencia de fenómenos y omitiendo el reconocimiento, responsabilidad e intervención estatal sobre los procesos histórico-sociales y las relaciones desiguales de poder que han conformado los territorios (Heidrich, 1998). Esta forma de comprender y organizar los territorios no reconoce el quiénes, el cuándo, ni el cómo se han construido los territorios que se normalizan y reglamentan, violentando y reproduciendo formas de dominación y explotación por medio de la negación, el ocultamiento o la exclusión activa de las comunidades subalternas (Tomadoni, 2007).

Desde la Constitución Política de 1991 (República de Colombia, 1991) se han modificado decenas de veces la normatividad sobre ordenamiento territorial, sin que las sucesivas reformas, ni siquiera la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) en 2011,7 hayan sido capaces de generar una integración democrática y equitativa de los territorios realmente existentes en el país y, mucho menos, que haya producido un reconocimiento y promoción de los territorios insurgentes construidos por las comunidades subalternas en sus procesos de resistencia y defensa (Gutiérrez, 2010).

Al respecto cabe resaltar, más allá de los ejemplos de las ZRC y de los territorios autónomos indígenas ya mencionados, casos como el de la normatividad desarrollada sobre parques naturales y áreas protegidas que, lejos de reconocer el papel protector que han jugado de forma histórica las comunidades campesinas asentadas en dichos territorios, ha procedido a criminalizar la forma de vida a las que se vieron forzados, y a reproducir desplazamientos y despojos violentos en razón de una “lógica conservacionista” donde no cabe el ser humano. En contraste, la promoción y licenciamiento de megaproyectos extractivistas en zonas estratégicas para la seguridad ambiental reitera la institucionalización del modelo de producción destructor y depredador, y la reproducción de violencias. Otro ejemplo es la institucionalización de formas discriminatorias y criminalizadoras de denominación de territorios especialmente afectados por el conflicto social y armado que, bajo términos como “zona roja” o “zona guerrillera”, han legitimado diferentes formas de violencias y exclusiones.

Vale señalar que para autores como Vera (2006) existe una justificación velada de estas formas institucionalizadas de violencia ancladas en el ideal moderno de civilización de los centros capitalistas, que considera cualquier forma tradicional de vida y desarrollo, como las campesinas o indígenas, como “atrasadas” e “inferiores”. Siendo así, dichas poblaciones también son consideradas menos valiosas y los territorios conformados por esas comunidades se constituyen fácilmente en zonas de sacrificio, en donde los sujetos son desechables.

Este ordenamiento territorial impuesto y legalizado se corresponde con formas de representación política que impiden la integración de un gran número de comunidades en el sistema político colombiano. Dado que existen territorios no reconocidos dentro de la división político-administrativa formal, los correspondientes grupos y comunidades no son considerados dentro de los sistemas de participación político-electoral, y mucho menos en mecanismos de participación directa de planeación y gestión territorial.

Por razón de lo anterior, territorios consolidados y raizalmente democráticos como La Macarena, extensiones importantes del Pacífico colombiano, el Catatumbo y muchos otros no son incluidos dentro del limitado sistema político del país, por no corresponder con sus definiciones territoriales estrechas (Gutiérrez, 2010). Esto también explica que los ejercicios de defensa territorial de los actores que allí habitan sean mucho más conflictivos y disruptivos frente a un Estado que se niega a reconocerlos.

Acuerdos de La Habana: aporte para un ordenamiento territorial para la paz

Los preacuerdos de la mesa de negociación en La Habana pueden ser caracterizados como documentos que orientan estrategias y acciones para la finalización de la guerra y la apertura democrática. No pretendemos afirmar con esto que el acuerdo final que resultará de la conclusión exitosa de los diálogos será una suerte de panacea que resuelva el conjunto del conflicto social, dado que es claro que el carácter antidemocrático y excluyente del gobierno nacional ha impedido un diálogo más amplio y la consecución de acuerdos societales que incluyan al conjunto de las fuerzas políticas democráticas en el país, impidiendo resolver aspectos fundamentales de la agenda social de la nación.

Los preacuerdo contienen una potencia transformadora y generarán una afectación positiva de procesos estructurales que han configurado el modelo de producción y el sistema político colombiano. Si se parte del reconocimiento de que lo que está en disputa en La Habana son dos modelos de sociedad, habría que decir que lo que se está acordando no es el reemplazo del modelo hegemónico por el modelo subalterno (no se está decretando una revolución), sino que se está acordando la transformación de la arena en que se da la disputa, y transformando la distribución de algunas de las fuentes de poder y bienestar más significativas del modelo, como el acceso a la tierra y a la participación política.

Así, el preacuerdo sobre el punto uno de la agenda, Política de desarrollo agrario integral (MESA DE CONVERSACIONES, 2014), instaura mecanismos de reconocimiento de la tierra al campesino colono y formaliza la posesión, al mismo tiempo que crea el mecanismo del banco de tierras, las cuales, distribuirá entre los campesinos desposeídos o con poca tierra, iniciativa que beneficiará a un millón de personas aproximadamente. El pre-acuerdo también instaura mecanismos de fortalecimiento de la economía campesina, en términos de fomento a la infraestructura, la comercialización, el apoyo técnico y el acceso al crédito, y el fomento general a las formas de producción comunitarias, solidarias y sustentables. De igual manera, avanza en la definición de mecanismos de gestión participativa y autónoma de los territorios para la gestión integral de los mismos. También se debe señalar que el pre-acuerdo hace un reconocimiento especial y una priorización para la aplicación de estas medidas, a lo que nosotros hemos venido denominando espacios de esperanza o territorios insurgentes, que son las zonas de desarrollo relativamente autónomo de las comunidades rurales subalternas, como las Zonas de Reserva Campesina.

Por su parte, el preacuerdos de participación política (Mesa de Conversaciones, 2014) va dirigido a corregir las carencias de participación de las comunidades locales más afectados por el conflicto social y armado, e instaura mecanismos de gran trascendencia como las Circunscripciones Especiales para la Paz, que implican el otorgamiento de escaños parlamentarios para las zonas donde más se ha vivenciado el conflicto, considerando que las formas de ordenamiento territorial político-administrativas no son las únicas formas de configuración de la organizaciones socio-espacial y que los territorios configurados a raíz de la dinámica del conflicto armado requieren de representación.

Dicho preacuerdo considera la instauración de una serie de garantías para la participación política y el ejercicio de la oposición que incluyen mecanismos como la protección de los movimientos sociales y la creación de un estatuto de la oposición, y llama a la ejecución de una reforma política democrática amplia, como lo vienen exigiendo el conjunto de los movimientos y partidos democráticos del país.

El preacuerdo sobre los cultivos de uso ilícito (Mesa de Conversaciones, 2014) requiere implementar políticas de descriminalización del campesinado productor, y de desconcentración de las medidas judiciales y represivas del Estado sobre los “eslabones más débiles” de la cadena de producción de valor del narcotráfico. La promoción de una política de lucha contra las estructuras criminales de la mano de la política de substitución integral y acordada de cultivos ilícitos con garantías, y de la perspectiva de atención al consumidor desde el respeto a los derechos humanos, son avances innegables para romper con los circuitos de violencia contra los actores subalternos en razón de la “guerra contra las drogas”.

Finalmente, el acuerdo sobre justicia transicional (Mesa de Conversaciones, 2014) implica la posibilidad de reconstruir simbólicamente los territorios más afectados por el conflicto social y armado a través de los mecanismos específicos de verdad, justicia, reparación y no repetición. La construcción de verdad y memoria histórica es, sin duda, una de las mayores disputas que deberán atender los actores subalternos es su construcción de modelos diferentes de producción y de vida, dado que garantizar un proceso adecuado de verdad y justicia será un elemento fundamental para frenar la reproducción de las violencias que han impedido el desarrollo pacífico y pleno de sus territorios.

Como podemos observar, el acuerdo de La Habana no significará de ninguna forma un nuevo escenario de legalización de la desposesión y la violencia institucional. Contrarios a la formalización remozada de un sistema de “paz, propiedad e igualdad ante la ley” sin garantías (Harvey, 2007), que permita la continuidad inmutable del modo de producción y del sistema político, los acuerdos traen una modificación importante de la arena de disputa y de las fuentes de poder entre actores hegemónicos e insurgentes en el país, que permite proyectar futuros posibles, utopías y revoluciones.

Los acuerdos de La Habana traerán elementos de defensa de la identidad, pertenencia y enraizamiento de las comunidades que han desarrollado sus propias formas de ordenamiento territorial autónomas y democráticas, realizando una apuesta decidida por promocionar y multiplicar todos estos espacios de esperanza y territorios insurgentes, que son espacios privilegiados para continuar ejerciendo resistencias políticas y proyectos emancipadores. Por todo lo anterior, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica reconoce e invita a defender los acuerdos como un aporte verdadero y fundamental para un ordenamiento territorial para la paz, y para la fundación de una nueva era en la historia política colombiana.

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1 Esta acción de los sujetos sobre el territorio y su forma particular de ejercer control sobre el mismo, puede ser identificada con la noción de territorialidad (Brandao, 2007; Haesbaert, 2007).

2 Tomadini (2007: 29) expresa que “los agentes sociales producen en su devenir el territorio”.

3 Aunque figuras como las jurisdicciones autónomas indígenas y las zonas de reserva campesina son reconocidos formalmente por el estado, estas debe ser entendidas como una conquista de los movimientos sociales. En la disputa por el desarrollo de esas figuras jurídicas como estrategia de defensa y configuración del territorio, ha correspondido a los movimientos sociales defenderlas de las actuaciones estatales de deslegitimación.

4 En ese sentido, Harvey (2007) resalta como un asunto clave en este proceso la necesidad continua del capital de abrir nuevos mercados (la mercantilización de la tierra), de apropiarse de nuevas fuentes de recursos (la apropiación de los recursos naturales), penetrando en estructuras sociales preexistentes (las formas de propiedad común o colectivas) y generando nuevas territorialidades.

5 Se debe señalar que las comunidades campesinas organizadas denuncian con insistencia que su participación en el valor generado por la producción de los cultivos de uso ilícito es pequeña, comparada con el lucro de las estructuras criminales promotoras del narcotráfico, y que cada vez más, esta clase de cultivos generan menor redito y mayor riesgo para el campesinado.

6 Léase “guerra contra la naturaleza”, por estrategias como la aspersión aérea de glifosato, un biocida con enormes impactos sobre el medio ambiente y la población (carneiro et al., 2015), y “guerra contra los empobrecidos”. Las principales víctimas del sistema represor del estado han sido los “eslabones” débiles (rurales y urbanos) de la cadena de producción de valor del narcotráfico (e.g. pequeños productores; microtraficantes; consumidores; etc.) (tascón, 2015).

7 No es insignificante, que el gobierno nacional tardara 19 años en sancionar una ley general de ordenamiento territorial, la loot 1454 de 2011, la cual fue criticada por sectores políticos y sociales del país, por la irregularidad de su trámite en el congreso, pero sobre todo, porque su contenido no superaba los mayores problemas de los mecanismos de planificación y ordenamiento territorial. Para muchos congresistas y voceros de organizaciones sociales, la aprobación de la ley fue apresurada; un verdadero pupitrazo (ver: http://www.senado.gov.co/historia/item/12070-abc-de-la-ley-de-ordenamiento-territorial).

En palabras de la organización viva la ciudadanía, la ley orgánica de ordenamiento territorial no representó ningún avance frente a la necesidad de “[…] un nuevo reparto de atribuciones, funciones y recursos” asuntos que son nucleares para el debate de ordenamiento territorial desde hace algún tiempo (ver: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0239/index%20-%20pagina%201.html).

Recibido: 20 de abril de 2016

Aprobado: 3 de junio de 2016

https://doi.org/10.15446/bitacora.v26n2.59300

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