Justicia territorial para la construcción de la paz

Este artículo persigue dos objetivos. Por una parte, aportar algunos elementos que contribuyan a la caracterización de las geografías de la guerra producidas en el marco del conflicto armado colombiano. Y por la otra,  proponer ideas que muestren la potencialidad transformativa que tienen las negociaciones de paz con las insurgencias de las FARC-EP y el ELN para desestructurar esas geografías de la guerra y avanzar hacia la construcción de unas geografías de la paz.

Territorial justice to setting up paece

Justiça territorial para a construção da paz

Carolina Jiménez-Martín

Docente e investigadora del Departamento

de Ciencia Política de la Universidad Nacional

de Colombia, sede Bogotá.

carolinajimenezm@gmail.com .

Resumen

Este artículo persigue dos objetivos. Por una parte, aportar algunos elementos que contribuyan a la caracterización de las geografías de la guerra producidas en el marco del conflicto armado colombiano. Y por la otra, proponer ideas que muestren la potencialidad transformativa que tienen las negociaciones de paz con las insurgencias de las FARC-EP y el ELN para desestructurar esas geografías de la guerra y avanzar hacia la construcción de unas geografías de la paz.

Palabras clave: Justicia territorial, negociaciones de paz, geografías de la guerra.

Abstract

This paper has two aims. On one side, to give some elements to charaterize the war geographies produced in the Colombian conflict armed. On the other hand, to propose ideas to indicate that the paece talks between Colombian Government and FARC-EP and ELN have transformative potentiality to bring down those war geograpies and to move on toward setting up peace geographies.

Key words: Territorial justice, peace talks, war geographies.

Resumo

Este artigo persegue dois objetivos. Por uma parte, aportar alguns elementos que contribuam à caracterização das geografias da guerra produzidas no marco do conflito armado colombiano. E por a outra, propõe ideias que mostrem a potencialidade transformativa que tem as negociações de paz com as insurgências das FARC-EP e o ELN para desestruturar essas geografias da guerra e avançar para a construção de umas geografias da paz.

Palavras chave: Justiça territorial, negociações de paz, geografias da guerra.

Carolina Jiménez Martín

Docente e investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. carolinajimenezm@gmail.com . Adscrita grupo THESEUS.

carolinajimenezm@gmail.com .

Presentación

La configuración territorial expresa la forma como las sociedades se organizan y actúan sobre el espacio en un momento histórico específico. Por tanto, las mudanzas en los territorios denotan unas nuevas modalidades de interacción socio-espacial.

Cuando la sociedad actúa sobre el espacio, no lo hace sobre los objetos como realidad física, sino como realidad social, formas-contenido, es decir, objetos sociales ya valorizados a los cuales la sociedad busca imponer u ofrecer un nuevo valor. La acción se realiza sobre objetos ya trabajados, esto es, portadores de acciones concluidas, pero aún presentes (Santos, 2000:91).

Así las cosas, no se trata de unos espacios vacíos o muertos. Todo lo contrario, se trata de unos territorios vivos que se mueven de acuerdo a las tramas de poder y los horizontes de sentido perseguidos por la diversidad de actores sociales. Por esa razón, cuando se habla de transformaciones territoriales se hace referencia a los movimientos de la sociedad en los territorios. A unas renovadas interacciones entre los complejos naturales y los órdenes humanos. A modificaciones en las desigualdades geográficas. A la emergencia de nuevas formas de trabajo y de su división territorial, entre otros elementos que definen el proceso de producción espacial.

Existen múltiples variables explicativas para la producción de los órdenes territoriales. Sin embargo, no todas tienen la misma capacidad productiva. Algunas logran definir de manera hegemónica principios estructuradores. Otras, por el contrario, aunque se manifiestan territorialmente no determinan los ejes en los que se apoya la configuración territorial. La guerra, es una de esas variables que asume rasgos constitutivos para la ordenación del territorio.

El territorio con su espacio y su población no es únicamente la fuente de toda fuerza militar, sino que también forma parte integrante de los factores que actúan sobre la guerra, aunque sólo sea porque constituye el teatro de operaciones (Von Clausewitz, en Lacoste 1997).

La guerra actúa como un eje estructurador de los sistemas territoriales. Las geografías de la guerra expresan unas geometrías del poder1 que detentan algunos actores armados sobre los territorios. En el caso colombiano, el desarrollo histórico del conflicto armado ha sido determinante para la configuración espacial. Este ha actuado con intensidades diferentes en las diversas regiones del país y ha producido unos órdenes territoriales que han determinado la “trama de la vida” tanto ecológica como social de muchas comunidades (Harvey, 2014).

En este orden de ideas, este artículo persigue dos propósitos. Por una parte, aportar algunos elementos que contribuyan a la caracterización de las geografías de la guerra producidas en el marco del conflicto armado colombiano. Y por la otra, proponer algunas ideas que permitan mostrar la potencialidad transformativa que tienen las negociaciones de paz con las insurgencias de las FARC-EP y el ELN para desestructurar esas geografías de la guerra y avanzar hacia la construcción de unas geografías de la paz. Para avanzar hacia estos objetivos, el texto aborda una discusión reciente en el país sobre la paz territorial como un espacio en disputa.

Se propone desarrollar esta discusión haciendo uso de las herramientas analíticas y metodológicas que ofrece el análisis espacial. Esto a razón de que se entiende que la geografía de una sociedad es un elemento clave de su funcionamiento. Y si la apuesta de este proceso de paz es generar las condiciones para construir una sociedad diferente. Esto requiere diseñar una organización del espacio radicalmente distinta. Aquí y siguiendo a Soja se puede decir que

(…) las geografías en las que vivimos pueden tener en nuestras vidas tanto efectos positivos como negativos. No son sólo un fondo muerto o un nivel físico neutro del drama humano, sino que están llenas de fuerzas materiales e imaginarias que afectan acontecimientos y experiencias, fuerzas que pueden hacernos daño o ayudarnos en casi todo lo que hacemos, individual y colectivamente. Sin este reconocimiento, el espacio es poco más que una complicación de fondo (Soja, 2014: 51-52).

En efecto, el territorio expresa simultánea y orgánicamente los objetos y las acciones que se desarrollan en un espacio geográfico y un contexto histórico concreto2. Esto es, tanto las relaciones sociales, el sistema de acciones presente en la sociedad en un momento histórico específico; los flujos, el entramado de relaciones de poder que se construyen entre los actores sociales, políticos, económicos y culturales; como las formas sociales y naturales, el sistema de fijos existentes que son reconfigurados de acuerdo a las necesidades y apuestas específicas tanto de las clases dominantes como de las clases subalternas (Santos, 1996).

Dinámicas de la guerra y nuevas geometrías del poder

El entendimiento simultáneo del espacio como producto social y productor de la sociedad permite reconocer su importancia para la construcción de la paz. En efecto, avanzar hacia una paz estable y duradera con equidad y justicia social, como lo persiguen los acuerdos de diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las insurgencias de las FARC-EP y el ELN, requiere hacer más equitativas y cooperativas esas geometrías del poder que organizan la sociedad colombiana. Hacerlas más una fuente de capacidad que la base de subordinación o dominación como han operado hasta ahora las geografías de la guerra (Massey, 2008:23).

Existen diversos vínculos entre guerra y geografías. Algunos dan cuenta de la forma como la guerra ha construido un tipo específico de configuración territorial. Otros, advierten sobre el modo como ciertos ordenamientos del territorio permiten el despliegue de acciones armadas. También, hay elementos que caracterizan la guerra como un dispositivo privilegiado por las clases dominantes para defender las geografías de la acumulación. Y otros tantos proponen las resistencias armadas como unas modalidades específicas de defensa territorial. Entre otras múltiples caracterizaciones.

Plantear de entrada que la geografía sirve, en primer lugar, para hacer la guerra no supone que sólo sirva para dirigir unas operaciones militares: sirve también para organizar los territorios no sólo en previsión de las batallas que habrá de librar contra tal o cual adversario, sino también para controlar mejor a los hombres sobre los cuales ejerce su autoridad el aparato del Estado (Lacoste, 1977:5).

La dominación económica no puede desentenderse de la violencia que le es inmanente y que se evidencia en la dimensión militar de organización del poder. El sujeto hegemónico, sujeto desdoblado que despliega su estrategia de poder en todas sus dimensiones de representación, solo puede ser aprehendido en su integridad, que es asimismo el asiento de sus condiciones de posibilidad. Y es en este horizonte de aproximación en el que se evidencian los complejos y variados mecanismos de construcción del poder hegemónico, pero también es el que permite vislumbrar sus condiciones de vulnerabilidad y sus fronteras consustanciales o límites civilizatorios (Ceceña, 2001).

La estrecha relación que se ha desarrollado en Colombia entre ordenamiento territorial y conflicto armado exige ser interpelada en un escenario de construcción de paz. Las geografías de la guerra requieren desestructurarse para abrir el horizonte hacia unas geografías de la paz. Esto es, hacia una organización del espacio que tenga como horizonte la construcción de territorios justos3.

Las geografías de la guerra y la configuración territorial

El desarrollo histórico del conflicto armado y los ordenes de la violencia que de este se desprenden han definido en vastas regiones del país unas formas particulares de ordenar el territorio.

En la formación social colombiana los grupos de poder han generado distintas modalidades de apropiación de los recursos y de control de su población, separando a las comunidades de sus tierras y territorios tradicionales y limitando el acceso a los mismos mediante procedimientos en los que se han combinado el ejercicio sistemático de la violencia con políticas de apropiación y distribución de las tierras públicas (Fajardo, 2015).

En efecto, el despliegue de acciones armadas ha sido utilizado para definir modalidades de apropiación y control territorial y usos del suelo. La estructura agraria latifundista, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito, los corredores para tráfico de diversas mercancías, son ilustrativos de esta cuestión.

Quizá uno de los fenómenos más dramáticos que denotan la asociación entre órdenes territoriales y geografías de la guerra es el del desplazamiento forzado. En aquellos departamentos donde se registra una presencia numerosa de grupos armados son más recurrentes este tipo de hechos victimizantes. El mapa de CODHES para el año 2014 permite identificar las regiones del país con mayor número de eventos. Estos territorios coinciden con los registros gubernamentales sobre presencia de más de dos actores armados.

Mapa No 1. Desplazamientos masivos y múltiples 2014

Fuente: CODHES 2015

La configuración territorial que se desprende de los desplazamientos masivos y múltiples está asociado, entre otras cosas, al cambio en los usos del suelo y a un nuevo tipo de propietarios de las tierras despojadas, los casos de Montes de María, la región del Ariari y el alto San Juan son representativos de estos procesos.

Las geografías de la guerra han acentuado las injusticias espaciales

La organización capitalista del espacio es intrínsecamente discriminatoria e injusta. Esto es, privilegia a unos territorios sobre otros y alimenta las jerarquías y las prácticas de subordinación entre los espacios. De ahí, que los teóricos de la geografía crítica planteen que la geografía del capital es la del desarrollo geográfico desigual.

(...) se puede decir con base en las conclusiones del subdesarrollo y de la teoría de la dependencia que la geografía global injusta es el producto de dos procesos interdependientes de desarrollo capitalista aunque fundamentalmente diferentes. Uno opera principalmente para favorecer a los ricos y poderosos, mientras el otro lado, más truncado y azaroso y con menos recursos, sirve principalmente a los pobres (Soja, 2014:95).

Por tanto, los desarrollos espaciales que operan bajo el capitalismo siempre tendrán efectos geográficos desiguales de acuerdo a la posición territorial en la división internacional del trabajo.

En este orden de ideas no puede afirmarse que las geografías de la guerra expliquen de manera unívoca las desigualdades e injusticias territoriales que se manifiestan en diversas regiones del país. Sin embargo, si es posible señalar que estas las alimentan y acentúan. En suma, los desequilibrios socio-espaciales se han profundizado en contextos territoriales donde la dinámica armada es más amplia. Esta situación es muy clara en la región pacífico, en la zona norte y suroccidente de los departamentos de Casanare y Arauca respectivamente y en buena parte del caribe colombiano.

Una de las expresiones más claras entre los vínculos de la guerra y la acentuación de las injusticias territoriales es el referido a la tenencia de la tierra en Colombia. En efecto, en algunas regiones del país los elevados niveles de concentración están asociados con la presencia de actores armados. Por ejemplo, en aquellos departamentos donde se han presentado más eventos de desplazamiento forzado y masivo se registra un aumento en los niveles de acaparamiento. Esto ayuda, entre otras cosas, a explicar el cambio en el índice Gini rural, que mide la desigualdad, el cual pasó de 0,74 a 0,88. La siguiente gráfica muestra la tenencia de la tierra en el país.

Gráfica 1.

Fuente: Departamento Nacional Estadística. Censo Nacional Agropecuario (2015)

En este país, según datos revelados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 0,4% de las unidades de producción agropecuaria representan el 42% del área censada, con unas extensiones que superan las 500 hectáreas. Y el 70% de las Unidades de Producción Agropecuaria del país (UPA), con extensiones de menos de 5 hectáreas representan el 5% del área censada.

Estas geografías de la ruralidad no solo son problemáticas por los elevados niveles de concentración y extranjerización. También, por la orientación de los usos del suelo. Hay un patrón en el paisaje que denota un cambio de los cultivos transitorios, la mayoría de estos con orientación alimentaria, hacia los cultivos permanentes, privilegia el uso producción de agro-combustibles y el desarrollo industrial.

Mapa 2. Área sembrada de palma

Fuente: Elaboración grupo THESEUS.

En el caso colombiano la proporción es la siguiente: 16% para cultivos transitorios y 74,8% para permanentes. Al iniciar la década de los noventa la relación era inversa. Estas cifras ayudan a explicar por qué ha disminuido el % de participación de la agricultura en el PIB, pues pasó de 10% en 1989 a 5% en 2012.

Las geografías de la guerra criminalizan y persiguen organizaciones alternativas del territorio

El territorio no puede ser leído ni como un contenedor de objetos, ni como una construcción estática. Éste expresa los horizontes y las luchas de sentido entre las clases sociales y las posibilidades materiales reales que tienen para su realización. En este sentido, los ordenamientos territoriales denotan tanto los circuitos de cooperación, como de competición que se definen en un momento histórico específico.

Por lo tanto, la construcción social del territorio expresa un proceso permanente de disputa. Esto es, denota una confrontación de propuestas frente a la ordenación, el uso y el carácter simbólico de los territorios. En otras palabras, la tensión por la dirección política de los mismos. Para el caso colombiano, es posible afirmar que las geografías de la guerra han impulsado un tipo de configuración espacial que niega, persigue e incluso criminaliza algunas formas comunitarias de organizar el territorio4. El siguiente mapa muestra la contraposición entre las geografías de la acumulación minero-energética y las geografías de las resistencias.

Mapa 3. Territorios comunales y títulos mineros

Fuente: Elaboración grupo THESEUS.

Para algunos sectores de las clases dominantes este tipo de territorialidades comunitarias ponen en cuestión el despliegue y consolidación de su proyecto territorial de dominación. Esto a razón de que los territorios comunales:

• Proponen formas de organizar el territorio que van en contraposición con las formas de acumulación de capital. Privilegian usos del suelo de carácter solidario, en contravía con usos mercantilistas. En este sentido, tienen como principios la buena vida y el buen vivir del colectivo. De ahí la importancia que le dan a la gestión comunitaria de los bienes comunes.
• Persiguen una reconstrucción de los vínculos orgánicos entre la humanidad y la naturaleza. Así las cosas, no se trataría de una mercancía, sino de una condición fundamental para el despliegue de la actividad vital de la humanidad. En este sentido, tienen como principios la sustentabilidad ambiental.
• Impulsan formas de gestión política de los territorios a través de las cuales cobra toda la potencia el poder popular. En este caso, no se trataría de decisiones verticales y formales en la conducción política del territorio. Se trataría de construcciones y formas democráticas desde abajo.

Las territorialidades construidas por las comunidades se convierten simultáneamente en una táctica universal de supervivencia colectiva y escenario de posibilidad para avanzar en la construcción de otros mundos posibles. Estos territorios comunitarios o contenedores flexibles como los llamaría Fals Borda (2002), pueden ser valorados como espacios de los pueblos ya que allí es donde se articulan las principales luchas de resistencia popular e intelectual-cultural a la globalización. Tales espacios son aquellos lugares donde los derechos a la diversidad, y la creatividad hacen parte de la vida normal, donde las gentes, valiéndose de la memoria colectiva y oral, “tejen el presente con los hilos de su propia historia”. Así las cosas estos territorios, son bioespacios fundamentales y son el soporte de la formación de la personalidad y la cultura de las comunidades.

En efecto, la organización comunitaria del territorio impulsa la constitución de un tipo de relaciones sociales de carácter horizontal que tienen como fundamento la construcción de abajo hacia arriba, esto es, toma como punto de partida la racionalidad orgánica del lugar, donde como lo sugiere Milton Santos, lo que comanda es el tiempo del lugar producido por la existencia de la vecindad. Y justamente este tipo de territorialidades es puesta en cuestión por las geografías de la guerras.

Los post acuerdos y las geografías de la paz

Las desigualdades y las injusticias territoriales acentuadas por las dinámicas de la guerra requieren resolverse en un escenario de construcción de paz. Por tanto, materializar el propósito que persiguen los acuerdos generales para la terminación del conflicto pasa por construir unas nuevas formas de organización del espacio que pongan frenos a los procesos de opresión y dominación, y, permitan el despliegue de territorialidades comunales y procesos territoriales para la vida digna de las comunidades en diversas regiones del país. Los acuerdos parciales dados a conocer por la mesa de conversaciones en La Habana parecerían caminar en esta dirección.

En efecto, los acuerdos alcanzados en el Punto No 1 “Política de desarrollo agrario integral” abren caminos importantes para una transformación democrática de los territorios. Las políticas sobre democratización de acceso a la tierra, restitución de tierras paras las víctimas del conflicto, el estímulo a la desconcentración de la propiedad rural improductiva, el reconocimiento de las territorialidades campesinas, el cierre de la frontera agrícola y protección de las zonas de reserva ambiental, la construcción de un sistema de seguridad y soberanía alimentaria autonómica en el cual se reconoce y promociona las semillas nativa, entre otros elementos, son ilustrativos de esta cuestión.

De igual manera, los avances en el Punto No 4 “Solución al problema de las drogas ilícitas” al proponer un cambio en la orientación punitiva de la política anti-narcóticos y al orientarse hacia una construcción participativa y concertada con las comunidades permite diseñar alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito.

Ahora, lo que se acuerde en el Punto No 3 “Fin del conflicto” sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, proceso de dejación de armas y garantías de seguridad, reincorporación de los insurgentes a la vida civil, fin de la militarización como estrategia de control institucional de los territorios, combate a estructuras paramilitares, entre otros elementos, son vitales para impulsar procesos de desmilitarización territorial y transformación de las geografías de la guerra por unas geografías de y para la paz.

En definitiva una solución política del conflicto armado es una condición fundamental para avanzar hacia la construcción de unas geografías de la esperanza las cuales se soportan en el derecho fundamental que deben tener las comunidades para producir y organizar sus territorios.

¿Porqué hablar de paz territorial y cuál es la visión de la institucionalidad?

La categoría de paz territorial se ha vuelto un lugar común en la discusión del país. Y aunque no existen consensos sobre lo que esta implica. Pareciera que es una condición que se debe empezar a materializar en los territorios en el escenario de los post-acuerdos. Los entendimientos diferenciados sobre Paz Territorial se explican, entre otras cosas, por la existencia de horizontes de sentidos distintos, algunos veces antagónicos, sobre la forma como se deben ordenar los territorios.

La conceptualización construida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz anima esa discusión y denota que la paz territorial se configura como un proyecto en disputa. Un tipo de paz territorial es la que propone la institucionalidad y las clases dominantes y otra a la que le apunta el movimiento social y las clases populares.

Desde la perspectiva institucional, la paz territorial es la palanca que imprimirá la fuerza para la transformación estructural de los territorios. Esto es, la que hará posible el despliegue de unas dinámicas de desarrollo obstaculizadas por las lógicas de la guerra. Las declaraciones de diferentes representantes del gobierno y de los sectores económicos son ilustrativas,

(…) ¿por qué negociar? (…) En lo esencial, las razones son humanitarias. La violencia ejercida por grupos armados al margen de la ley, y la generada por grupos irregulares que se formaron para combatir la guerrilla, ha causado numerosas víctimas, en especial pertenecientes a los estratos más pobres de la población en zonas rurales. También se negocia para evitar los daños que, mediante atentados terroristas, estos grupos siguen ocasionando al medio ambiente, a la infraestructura, a los bienes públicos y, en general, a la economía nacional (ANDI, 2015).

Con la paz esperaríamos tener la posibilidad de entrar a Caquetá mucho más fuerte, a Putumayo, a Catatumbo, sitios donde antes era difícil acceder. La paz nos debe permitir no solamente a Ecopetrol, sino a todas las petroleras del país, generando desarrollo en las regiones, sacar más petróleo (Juan Carlos Echeverry, 2016).

La paz territorial involucra la articulación entre enfoque de derechos y enfoque territorial. El enfoque de derechos persigue el restablecimiento de los mismos a las poblaciones afectadas por el conflicto armado. Y el enfoque territorial reconoce que existen unos municipios más afectados por la guerra que otros. Para avanzar en esta dirección se propone una alianza entre el Estado y las comunidades para diseñar una nueva institucionalidad territorial. Esto es, un conjunto de prácticas y normas que regulen la vida pública. Unas modalidades específicas de regulación territorial.

Así las cosas la paz territorial que propone el gobierno hace referencia a:

• El diseño de una nueva gobernanza territorial que permita el despliegue de una serie de procesos y transformaciones territoriales obstaculizadas por las dinámicas de la guerra. Se trataría de generar un conjunto de instituciones, organizaciones, fuerzas sociales y actividades que permitan estabilizar la regulación del territorio en clave del proyecto de las clases dominantes.
• La importancia hacer pactos y diseños territoriales que se adecúen a la estructura institucional. En este orden, aunque los acuerdos de paz reconozcan formas comunitarias de organizar el territorio como son las Zonas de Reserva Campesina. El horizonte institucional no reconoce los territorios comunales como principios estructuradores del ordenamiento territorial. De ahí que el comisionado ha sido claro en señalar que no se trata de que “las comunidades se organicen por su cuenta”. Se trata que las comunidades hagan unos pactos conformes a la estructura institucional.
• El reconocimiento y resarcimiento a los territorios más afectados por el conflicto a través de una serie de planes y programas que permitirían la superación de unas condiciones de exclusión social5. Desde la óptica del gobierno la desmovilización de los actores armados es suficiente para resolver la condición de “atraso territorial”, desconociendo que son las formas constitutivas del ordenamiento territorial en Colombia las responsables de las desigualdades espaciales. Es decir, no es una cuestión de unos territorios que espontáneamente terminaron siendo los centros de la confrontación. Sino de que la condiciones socio-geo-históricas impulsaron y permitieron el despliegue de la guerra en esas regiones. Así las cosas, esta propuesta dificulta avanzar hacia la consolidación de una justicia territorial.
• La posibilidad de generar unas condiciones que apalanque el desarrollo económico en los territorios epicentros de la confrontación armada. El gobierno ha sido muy claro que su entendimiento de paz no pasa por tocar los cimientos del modelo de acumulación. Por el contrario, ha dicho que este es un presupuesto fundamental para financiar la paz. En este orden, no se interroga por los usos del suelo existentes y los deseables para las comunidades victimas. Esta orientación desarrollista riñe con una serie de propuestas y luchas dinamizadas por las comunidades que problematizan el concepto mismo de desarrollo.

Estos elementos denotan el carácter acotado y restringido de la paz territorial propuesta por la institucionalidad. Así las cosas no se trataría de resolver los asuntos históricos que explican y alimentan el conflicto. Sino todo lo contrario, de generar unas condiciones para el afianzamiento de los procesos moleculares de acumulación de capital y de poder político bajo el manto de la paz territorial. Cuando visualizamos estos problemas reconocemos la importancia de la disputa que se perfila socialmente por quién llena de contenido la paz territorial y asume un carácter protagónico en la implementación de los acuerdos. La construcción de la paz territorial es un asunto estratégico.

De ahí la importancia de que los movimientos sociales la asuman como un proyecto en disputa. Solo en este horizonte las negociaciones de paz pueden generar insumos favorables para avanzar hacia la consolidación de una justicia territorial.

Harvey definió la justicia territorial, de un modo más dinámico y político, como la búsqueda de una distribución justa de los recursos sociales y alcanzada con justicia. Aquí, la intersección entre justicia y geografía no se centraba sólo en los resultados, sino también en los procesos que producen geografías injustas, enlazando así la búsqueda de justicia con sus fuentes en varios tipos de prácticas discriminatorias (Soja, 2014: 124).

En este sentido, un entendimiento amplio de la paz territorial pasa entre otras cosas por:

• Reconocer que las injusticias territoriales que se intersectan con las lógicas de la guerra son una expresión del orden social vigente. En este sentido no se trata tan solo del desarme de los grupos armados. Se trata de generar las condiciones para una distribución justa de los recursos sociales. Para un buena vida, una vida digna de las poblaciones. Al respecto es importante reconocer las relaciones orgánicas que existen entre justicia territorial y justicia social.
• Permitir que la organización del espacio y el reparto territorial de recursos atiendan a las necesidades básicas de la población. De ahí que los principios estructuradores de la configuración territorial no pueden ser las dinámicas moleculares de acumulación de capital.
• Asumir la existencia de horizontes de sentido diversos sobre los usos y formas de organizar el territorio. Permitir el despliegue de las territorialidades comunitarias es un presupuesto fundamental para la construcción de la paz. La potencia política transformativa de estas construcciones territoriales comunitarias radica en la posibilidad de usar y vivir el territorio desde una “territorialidad comunitaria no saqueadora”. Así, como nos diría Ana Esther Ceceña:

  Recuperadora de tradiciones y potenciadora de imaginarios utópicos que conducen al mundo en el que caben todos los mundos, sacude todas las percepciones de la realidad y de la historia. Los referentes epistemológicos colocados por la modernidad como universales son dislocados y las interpretaciones se multiplican en la búsqueda de proyectos de futuro sustentables, dignos y libertarios (Ceceña, 2012: 114).

El entendimiento de la paz como un espacio de disputa resulta entonces fundamental en el escenario de los post-acuerdos. Una implementación asumida por el movimiento social pueden generar margenes importantes para que la paz asuma un carácter popular. De lo contrario la paz territorial termina eclipsada por la lógica regulacionista que promueve el gobierno.

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1 “La expresión geometrías del poder (…) De un lado, resalta que la geografía humana tiene mucho que ver con el poder; y de otro, que el poder siempre tiene una geografía” (Massey, 2008:15).

2 “El reconocimiento del territorio como una realidad relacional. Esto es, como producto de las correlaciones de fuerzas en un momento histórico y en un contexto geográfico específico, nos remite (­…) a un territorio vivo, un territorio hecho y haciéndose, un territorio que está siendo usado por unos actores a través de unas técnicas y bajo unas normas y acciones concretas” (Silveira, 2001).

3 El concepto de territorios justos se construye a partir del debate sobre injusticias espaciales y la búsqueda de la justicia territorial. Al respecto ver Soja (2014:52-53).

4 Cuando hablamos de territorios comunitarios nos referimos a aquellas porciones físicas del espacio geográfico en las cuales grupos sociales de carácter popular han dinamizado un tipo de relacionamiento territorial que no se define a través de la racionalidad del dinero. Por ejemplo Zonas de Reserva Campesina, Resguardos indígenas, Palenques, Comunas, Acueductos comunitarios, territorios urbano-populares.

5 Esta aproximación ha generado diversas críticas. Al decir del padre Francisco de Roux (2016), la paz territorial hay que construirla regionalmente y desde los territorios, “no se puede hacer desde cada municipio, seleccionando los más de 100 no es el camino, hay que hacer la paz desde el imaginario colectivo de región”.

Recibido: 20 de abril de 2016

Aprobado: 3 de junio de 2016

https://doi.org/10.15446/bitacora.v26n2.59301

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