Desigualdades socio-territoriales y de género en espacios metropolitanos

Socio-territorial and gender inequalities metropolitan spaces. The Metropolitan System of Tucumán (2001-2010)

Este escrito explora las desigualdades desde la articulación de las categorías de género, espacio y pobreza, y propone un esquema teórico metodológico para el análisis del comportamiento de dichas desigualdades en espacios metropolitanos. Parte de reconocer los limitantes en la construcción de información cuantitativa y cualitativa, presenta algunos indicadores del Sistema Metropolitano de Tucumán (Si- MeT), y da cuenta de tendencias, avances y rupturas, teniendo presentes los paradigmas emergentes de ciudades más incluyentes de las agendas internacionales como la Nueva Agenda Urbana (NUA) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

This paper explores the inequalities from the articulation of the categories of gender, space and poverty, and proposes a theoretical-methodological framework for the analysis of the behavior of such inequalities in metropolitan spaces. It recognizes the limitations in the construction of quantitative and qualitative information, presents some indicators of the Metropolitan System of Tucumán (SiMeT) and gives account of trends, advances and ruptures, considering the emergent paradigms of more inclusive cities of the international agendas as the New Urban Agenda (NUA) and the Sustainable Development Objectives (ODS). 

Este artigo explora as desigualdades da articulação das categorias de gênero, espaço e pobreza, e propõe um quadro teórico metodológico para a análise do comportamento dessas desigualdades nos espaços metropolitanos. Parte do reconhecimento das restrições na construção de informações quantitativas e qualitativas, apresenta alguns indicadores do Sistema Metropolitano de Tucumán (SiMeT ) e dá conta de tendências, avanços e rupturas, considerando os paradigmas emergentes de cidades mais inclusivas das agendas internacionais como o Novo Agenda Urbana (NUA) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

El Sistema Metropolitano de Tucumán (2001-2010)

Socio-territorial and gender inequalities
metropolitan spaces.

The Metropolitan System of Tucumán (2001-2010)

Desigualdades sócio-territoriais e gênero nos
espaços metropolitanos.

O Sistema Metropolitano de Tucumán (2001-2010)

Natalia Paola-Czytajlo

Doctora en Ciencias Sociales y Arquitecta

CONICET– Universidad Nacional de Tucumán

nczytajlo@conicet.gov.ar

Resumen

Este escrito explora las desigualdades desde la articulación de las categorías de género, espacio y pobreza, y propone un esquema teórico metodológico para el análisis del comportamiento de dichas desigualdades en espacios metropolitanos. Parte de reconocer los limitantes en la construcción de información cuantitativa y cualitativa, presenta algunos indicadores del Sistema Metropolitano de Tucumán (SiMeT), y da cuenta de tendencias, avances y rupturas, teniendo presentes los paradigmas emergentes de ciudades más incluyentes de las agendas internacionales como la Nueva Agenda Urbana (NUA) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Palabras clave: desigualdades, sistema metropolitano, género.

Abstract

This paper explores the inequalities from the articulation of the categories of gender, space and poverty, and proposes a theoretical-methodological framework for the analysis of the behavior of such inequalities in metropolitan spaces. It recognizes the limitations in the construction of quantitative and qualitative information, presents some indicators of the Metropolitan System of Tucumán (SiMeT) and gives account of trends, advances and ruptures, considering the emergent paradigms of more inclusive cities of the international agendas as the New Urban Agenda (NUA) and the Sustainable Development Objectives (ODS).

Keywords: inequalities, metropolitan system, gender.

Resumo

Este artigo explora as desigualdades da articulação das categorias de gênero, espaço e pobreza, e propõe um quadro teórico metodológico para a análise do comportamento dessas desigualdades nos espaços metropolitanos. Parte do reconhecimento das restrições na construção de informações quantitativas e qualitativas, apresenta alguns indicadores do Sistema Metropolitano de Tucumán (SiMeT) e dá conta de tendências, avanços e rupturas, considerando os paradigmas emergentes de cidades mais inclusivas das agendas internacionais como o Novo Agenda Urbana (NUA) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Palavras chave: desigualdades, sistema metropolitano, gênero.

Natalia Paola-Czytajlo

Doctora en Ciencias Sociales y Arquitecta (Universidad Nacional de Tucumán), Especialista en Estudios de las Mujeres y de Género (Universidad Nacional de Luján) y Magister en Impactos Territoriales de la Globalización (Universidad Internacional de Andalucía). Profesora Adjunta Cátedra Urbanística I. Investigadora CONICET en el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales (OFUT) del Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Universidad Nacional de Tucumán). Integrante del grupo responsable PICT 3026 financiado por la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y codirectora PIUNT B570.

Introducción

El inicio del siglo XXI nos encuentra con problemáticas y desafíos planteados a nivel global sobre los derechos y la inclusión. La predominancia de la desigualdad en el esquema centro-periferia de estructuración metropolitana refuerza el modelo de ciudad latinoamericana que no consigue vencer las barreras invisibles de la vida cotidiana de la población. Tales barreras se redimensionan a partir de la complejidad de las metrópolis, (re)produciendo desigualdades en múltiples escalas. En este contexto, el estudio sobre la(s) desigualdad(es) ocupa un espacio relevante de los aportes académicos recientes desde miradas que suponen privilegiar categorías omitidas, superando el foco tradicional que prioriza las desigualdades de ingresos.

La feminización de la pobreza y el análisis de las vulnerabilidades han sido abordados en diversos estudios. Aquellos que toman los vectores de domicilios con jefatura de hogar femenina los utilizan con una intención estadística para dar cuenta de la profundización de las desigualdades socioeconómicas. En tanto se asume la desigualdad social como rasgo estructural y desafío fundamental para América Latina, emerge la demanda de marcos conceptuales innovadores, analíticos e interpretativos.

El trabajo que se presenta a continuación hace parte de la investigación Hábitat y género en la Agenda Urbana: desigualdades emergentes y respuestas innovadoras en pos de la inclusión y el derecho a la ciudad, bajo la dirección de Ana Falú y Marta Casares en OFUT-FAU (Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Tucumán). Dicha pesquisa busca hacer una contribución a los marcos de conocimiento sobre las políticas habitacionales y urbanas con énfasis en la inclusión social y de género.

Este escrito explora las desigualdades desde la articulación de las categorías de género, espacio y pobreza, y propone un esquema teórico metodológico para el análisis del comportamiento de dichas desigualdades en espacios metropolitanos. Parte de reconocer los limitantes en la construcción de información cuantitativa y cualitativa, presenta algunos indicadores del Sistema Metropolitano de Tucumán, y da cuenta de tendencias, avances y rupturas, teniendo presentes los paradigmas de ciudades más incluyentes de las agendas internacionales como la Nueva Agenda Urbana (NUA) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Algunos puntos de partida

A partir de estadísticas a nivel nacional, diversas fuentes (CEPAL, 2015; 2016) reconocen avances importantes en América Latina (aunque heterogéneos) con relación a la disminución significativa de la pobreza, la indigencia y la vulnerabilidad. Algunas cuestiones analizadas remiten a la reducción de la desigualdad del ingreso, las mejoras en el mercado de trabajo, la disminución del desempleo y de la informalidad, el aumento del salario mínimo, los ingresos y la participación laboral de las mujeres, los progresos en materia de salud (entre los que se destaca la disminución de la mortalidad infantil) y de educación (como los avances hacia la universalización de la educación primaria, la ampliación de la matrícula y la conclusión de la educación secundaria) (CEPAL, 2016).

La CEPAL (2016) también destaca un contexto político caracterizado por la prioridad que los gobiernos nacionales de los países de la región dieron, en los primeros quince años de este siglo, a los objetivos de desarrollo social, y a la promoción de políticas activas en el ámbito social y del mercado de trabajo (de carácter redistributivo e incluyente). Además, se registra una mayor comprensión de la relevancia del enfoque de derechos, del rol del Estado y de las políticas públicas para garantizar el goce efectivo de esos derechos. Sin embargo, se reconocen rasgos estructurales, así como persistentes desafíos con respecto a la superación de la pobreza, la reducción significativa de las desigualdades, la afirmación del enfoque de derechos y la universalización de las políticas públicas.1

Esos desafíos se vuelven hoy más relevantes tanto con relación a los cambios en la coyuntura económica y política con señas de deterioro del mercado laboral, previsibles consecuencias en la pobreza y en el aumento de las restricciones fiscales para mantener los niveles de inversión y gasto social de los últimos años, como por los compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (CEPAL, 2016).2

Entre 2003 y 20153 el gobierno argentino ha llevado un modelo de desarrollo basado en la recuperación del mercado interno, la industria y la ampliación de las políticas sociales para una mayor redistribución (Falú, et al., 2015). Gabriel Kessler (2014) analiza las desigualdades a partir de la hipótesis de las “tendencias contrapuestas” bajo una “mirada multidimensional” de diferentes esferas: ingreso y trabajo, educación, salud y vivienda, territorio, infraestructura y cuestión rural, e inseguridad y delito urbano. El escenario actual se presenta al menos incierto con los procesos de reforma política y económica del país, y la región.

Es en el ámbito de lo metropolitano donde es posible reconocer la expresión de las desigualdades socioespaciales como transformaciones derivadas del nuevo ciclo del capitalismo (Polidoro, Czytajlo y Casares, 2016). Estudios desarrollados desde una perspectiva comparada en metrópolis secundarias de América Latina (de Freitas-Firkowski, et al., 2016) dan cuenta de dinámicas similares de expansión y crecimiento, así como respuestas positivas en materia de inclusión y derechos en el campo de las políticas públicas. Por su parte, el análisis de las dinámicas intrametropolitanas evidencia algunas tensiones que, si bien implican una mejora en las situaciones de privación material, también denotan la sumatoria de desigualdades y asimetrías para ciertos sectores y sujetos.

Las desigualdades: marcos teóricos y metodológicos

Según la CEPAL (2016), la matriz de la desigualdad social en América Latina está fuertemente condicionada por su matriz productiva, caracterizada por una heterogeneidad estructural alta. Así, el determinante primario y más básico de la desigualdad es la clase social (o estrato socioeconómico). No obstante, considera que las desigualdades de género, las étnico-raciales, las relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas y las territoriales también constituyen ejes estructurantes de esa matriz. Ellas, con frecuencia, se encadenan, se entrecruzan y se potencian entre sí por lo que resultan esenciales para explicar la magnitud y la reproducción de las brechas identificadas en algunos de los ámbitos principales del desarrollo social y del ejercicio de los derechos.

Para analizar las desigualdades sociales es necesario identificar tanto a quienes se les ha vulnerado el acceso a este nivel básico de bienestar, como la distribución de activos, los medios y oportunidades, los ingresos, y el poder e influencia que inciden en esos resultados. En este sentido, la desigualdad hace referencia a las asimetrías en la capacidad de apropiación de los recursos y activos productivos (ingresos, bienes, servicios, entre otros) que constituyen o generan bienestar entre distintos grupos sociales (CEPAL, 2016).

Una de las formas de desarrollar esa perspectiva es a través del análisis interseccional.4 Este pone de relieve las interrelaciones entre raza, etnia, género, sexualidad, clase social y otros ejes de diferenciación que interactúan de forma simultánea o combinada en los procesos o estructuras de dominación social y exclusión. Busca, además, revelar las discriminaciones resultantes de la combinación y confluencia de diversos factores. Este tipo de análisis ayuda a visualizar cómo convergen los distintos tipos de discriminación y a establecer el impacto de dicha convergencia en el diagnóstico de las brechas, las oportunidades y el acceso a los derechos (CEPAL, 2016).

Entre los indicadores globales utilizados para analizar las condiciones socioeconómicas a nivel país desde un enfoque de género se reconocen el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG), desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con base en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). En 2005, Argentina se encontraba entre los países con un Índice de Desarrollo Humano alto (con valores entre 0.95 y 0.85). En 2015 ascendía a muy alto en el puesto 45 (con un valor de 0.982), compartiendo el grupo con Chile entre los países latinoamericanos.

Para los fines de este artículo, más que el resultado de estos índices nos interesa recuperar sus componentes: i) la esperanza de vida en mujeres y en hombres es menor que en otros países, ii) la tasa de alfabetización de adultos como la tasa bruta de matriculación combinada son comparativamente superiores a las del resto de países latinoamericanos para mujeres y hombres, y iii) la diferencia en ingresos es casi tres veces mayor. El hecho de que se haya avanzado en la equidad con respecto a la educación de las mujeres no guarda relación necesariamente con su autonomía económica.

Tabla 1. Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) a nivel mundial

Fuente: PNUD, 2015.

La propuesta teórico-metodológica que se presenta para la lectura de las desigualdades socioterritoriales y de género en ámbitos metropolitanos implica la consideración de dimensiones diferentes, y de esferas vinculadas a la capacidad de apropiación de los recursos y activos por parte de las mujeres jefas de hogar.

Figura 1. Esquema conceptual de la articulación género, espacio y pobreza

Fuente: elaboración propia con base en Czytajlo (2013).

Figura 2. Esquema metodológico de abordaje de las desigualdades

Fuente: elaboración propia con base en Czytajlo (2013).

Esta propuesta de articulación de categorías conceptuales implica una definición de la pobreza como fenómeno multidimensional que, aunque es predominantemente patrimonial, es decir que se refiere a las dificultades para acceder al suelo urbano, a la vivienda, a la infraestructura y a los servicios básicos, responde a procesos complejos que requieren múltiples miradas (CEPAL, 2004).

El espacio se asume como espacio social, producto de la acción humana, no objeto dado ni preexistente, producido históricamente y como objeto a ser indagado en el marco de los procesos sociales que lo involucran (Romero, 2004). Este espacio social responde a la condición de clase y conforma el espacio material, pero se relaciona con el mundo del sujeto, la autonomía de los agentes individuales y sociales en los procesos de reproducción social, dimensiones de la identidad personal y social.

La fragmentación y la segregación socioespacial se expresan en indicadores socioeconómicos y en el acceso real de la población a las ofertas urbanas. Empero, también existen formas de limitación de la vida urbana que se refieren a asimetrías persistentes de poder, como las desigualdades de género (Falú, 2009). La exclusión no es solo material, sino subjetiva y simbólica. Una mirada democrática de derechos en las ciudades también requiere iluminar los procesos a través de los que funcionan las lógicas de la exclusión y la subordinación, develando los mecanismos menos visibles, los cuales son más impactantes por la naturalización de los mismos.

El género5 se asume como una categoría de gran valor heurístico para el análisis de una serie de desigualdades que atraviesan la vida como las relaciones de poder y que evidencian desventajas vivenciadas por las mujeres en todo el mundo, especialmente permeadas por factores como clase, raza, etnia, edad o generación.

La feminización de la pobreza y la vulnerabilidad femenina: aspectos metodológicos

En Argentina los censos de población y vivienda son asumidos como los instrumentos estadísticos que permiten captar y cuantificar poblaciones específicas y condiciones socioterritoriales. No incluyen, sin embargo, preguntas sobre el ingreso, por lo que las mediciones de pobreza a través de esta variable no son posibles. También queda restringida la posibilidad de generar cruces entre variables con otras temáticas que permitirían caracterizar mejor las condiciones de vida de las distintas poblaciones.6

Por otra parte, el análisis de las desigualdades según el género se acota a la división sexual binaria entre mujeres y hombres. A partir de 2010 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) ha incorporado información sobre las parejas convivientes del mismo sexo, hecho que posibilita avanzar en el estudio sobre los cambios en los tipos de familia. Por otra parte, los cambios legislativos de reconocimiento de identidad de género (Ley 26.743 de 2012) hacen imperante repensar las categorías.

Desde hace tiempo la feminización de la pobreza y de la jefatura de hogar se considera como uno de los rasgos del hábitat popular urbano (Chant, 1996, citado en Red Mujer y Hábitat América Latina, 2003). Los trabajos que dan cuenta de ello han buscado evidenciar la desigualdad de oportunidades para acceder a recursos materiales y sociales (propiedad, capital productivo, trabajo remunerado, educación y capacitación) (CEPAL, 2003, citado en Red Mujer y Hábitat, 2003). Así, el enfoque de la vulnerabilidad se asume como una visión apartada de la idea de “fragilidad” como característica inherente a las mujeres, prestando atención no solamente al problema de los recursos materiales, sino al de los no materiales (Red Mujer y Hábitat América Latina, 2003).7

El análisis de la jefatura de hogar femenina es un indicador de aproximación a los cambios socioculturales que, en la línea planteada por diversos estudios a nivel latinoamericano y nacional,8 manifiesta una tendencia en aumento.

En 1991, en el 22,4% de los hogares argentinos se presentaba la jefatura femenina, ascendiendo al 27,7% en 2001 y al 34% en 2010. Esta cifra aumentó un 49% con respecto al censo de 2001 (INDEC, 2012). El 70% son jefas porque no tienen pareja, mientras que el 30% restante sí la tiene, pero son ellas las que más dinero aportan al hogar. En 2014, el total nacional urbano alcanzaba el 37% y el de Tucumán el 34%, afirmando una tendencia regional. Brasil, por ejemplo, registraba en 2007 una jefatura femenina del 29,2% (IBGE, 2007, citado en Macedo, 2008).9

El territorio como eje de la desigualdad social

Desde un punto de vista estructural, la CEPAL (2010; 2015) ha caracterizado la desigualdad como un fenómeno de heterogeneidad territorial, resultado de un patrón dispar de asentamiento, acompañado de un gran desequilibrio en la distribución de la riqueza y las oportunidades de bienestar material. Este patrón ha dado lugar tanto a territorios con dinámicas exitosas de desarrollo territorial, como a un número considerable de territorios que no logran salir de la trampa del estancamiento, caracterizada por niveles de pobreza altos y persistentes (CEPAL, 2016).

El territorio puede ser considerado uno de los ejes estructurantes de las desigualdades sociales porque tiene un peso determinante sobre la magnitud y la reproducción de estas en distintos ámbitos del desarrollo social. Si bien las desigualdades territoriales perjudican, en particular, a las personas que viven en los territorios rezagados, también tienen significación, consecuencias y costos para el conjunto.

Los espacios metropolitanos se reconocen como aquellos donde se manifiestan con mayor intensidad los impactos de las nuevas dinámicas internacionales (De Mattos, 2006). La predominancia de la desigualdad en el esquema centro-periferia (Caldeira, 2000, citado en Silva, Czytajlo y Monayar, 2016) refuerza este modelo de ciudad latinoamericana que, aunque en el período y el caso analizado evidencia mejoras en sus indicadores, no consigue vencer las barreras invisibles en la vida cotidiana de la población. Tales barreras se redimensionan a partir de la complejidad de las metrópolis produciendo desigualdades en múltiples escalas (Polidoro, Czytajlo y Casares, 2016).

Algunas aproximaciones desde una perspectiva comparada en las metrópolis de Curitiba y Tucumán10 (Polidoro, Czytajlo y Casares, 2016) dan cuenta de indicadores sintéticos. Así, el Índice de Vulnerabilidad Social (IVS) se compone por las siguientes variables censales: i) porcentaje de mujeres jefas de hogar, ii) porcentaje de personas entre 0 y 14 años, y más de 65, iii) porcentaje de personas de más de 15 años no alfabetizadas.

Figura 3. Índice de Vulnerabilidad Social (IVS) para Curitiba

Fuente: Polidoro, Czytajlo y Casares (2016).

Figura 4. Índice de Vulnerabilidad Social (IVS) para Tucumán

Fuente: Polidoro, Czytajlo y Casares (2016).

Estos análisis reflejan la concentración diferenciada de poblaciones vulnerables que residen en el borde de las metrópolis y tienden a reproducir un proceso de desigualdad socioeconómica. Eso se evidencia en la localización de las personas sin estudio, así como en la población joven. Los más viejos y las mujeres jefas de hogar (variable muy fragmentada) conforman una población vulnerable con necesidades de políticas públicas diferentes a las del grupo anterior. Estas semejanzas aún restringidas en las variables que fue posible comparar (en el caso argentino, la variable ingreso no está desagregada a nivel territorial), indican que, aun cuando se trata de dos metrópolis con características económicas distintas, vislumbran procesos de urbanización similares y resguardan los efectos perversos de la lógica de configuración del espacio urbano regional.

Con respecto a la jefatura de hogar, el sistema metropolitano tucumano también evidencia la tendencia de crecimiento de la región. Porcentajes mayores al 30% se identifican en las administraciones principales del aglomerado.

Figura 5. Distribución territorial de la jefatura de hogar femenina 2001 (GSMT) y 2010 (SiMeT)

Fuente: elaboración propia con base en Czytajlo (2013) e INDEC (s.f.).

El siguiente análisis de la distribución territorial de variables de base censal disponibles a escala metropolitana buscan contribuir a la visualización de las desigualdades socioterritoriales y de género. Se trabaja, en primer lugar, con el análisis descriptivo del comportamiento de aquellas variables asociadas a las condiciones de vivienda y el acceso a servicios, y posteriormente, con las vinculadas a la jefatura de hogar femenina, la edad y el trabajo remunerado.11

Condiciones de vivienda

Las desigualdades territoriales también se presentan con relación a la calidad de los servicios y los recursos físicos, técnicos y financieros con que cuentan las administraciones públicas. Debido a las diferencias en la cobertura y en la calidad de la oferta a la que tiene acceso la población en función de su lugar de residencia, las brechas que se presentan en los distintos indicadores sociales se reproducen de manera estructural. Esta situación también se da en los desequilibrios en la calidad y la densidad de la infraestructura, que constituyen un obstáculo central para el desarrollo territorial (CEPAL, 2016).

Una vivienda adecuada se caracteriza por su capacidad para proteger a las personas que viven en ella de las condiciones climáticas adversas, así como de brindarles condiciones apropiadas de privacidad e higiene, cuya ausencia deteriora considerablemente la calidad de vida. Junto con las brechas de acceso a la energía eléctrica, al agua y al saneamiento en la vivienda, la desigualdad también afecta la calidad de la construcción, su equipamiento y el espacio físico con que cuentan las personas en el hogar.

La mejora en la distribución territorial del Índice de Calidad de Materiales IV, variable que da cuenta de las viviendas con mayor grado de precariedad, es consecuente con la inversión de la política pública de vivienda desarrollada a partir de 2004 en Tucumán y en el país (Czytajlo, 2013; Falú, et al., 2015). Los mayores porcentajes se registran en comunas rurales linderas al espacio metropolitano.

Figura 6. Distribución territorial del Indice de Calidad de Materiales 2001 (GSMT) y 2010 (SiMeT)

Fuente: elaboración pro pia con base en Czytajlo (2013) e INDEC (s.f.).

Por otra parte, el Índice de Privación Material de los hogares permite una aproximación a la privación no solo a través de la incidencia, sino que distingue grados y situaciones diferenciales que reconocen el carácter estructural o coyuntural de las carencias (DPE, s.f.). Cuando se analiza la incidencia de la privación convergente en las diferentes fracciones del Gran San Miguel de Tucumán se advierte que, en general, el valor es menor en las fracciones céntricas de San Miguel y en los barrios tradicionales. En cambio, las fracciones al sur de la capital y al noroeste de los departamentos de Capital, Cruz Alta y Lules presentan valores superiores al 50%. Esta situación se modifica sensiblemente en el año 2010 con una baja importante.

Acceso a servicios básicos

Las desigualdades territoriales también son significativas en otras dimensiones de las condiciones de vida de las personas, por ejemplo, el acceso a los servicios básicos (electricidad, agua y saneamiento). El acceso al agua potable y al saneamiento son claves en la medida en que previenen enfermedades gastrointestinales que son causa de muerte, en particular, en la niñez, así como la pérdida de años de vida saludable. También afecta la asistencia y el desempeño escolar, e implica días de trabajo perdidos. Los hogares sin acceso al agua potable están sujetos a costos adicionales, como obtener este bien desde camiones cisterna, con potenciales efectos negativos sobre la salud e importantes costos de oportunidad, como el tiempo de acarreo del agua, con particular incidencia sobre niños, niñas y mujeres (CEPAL, 2016).

Los avances recientes en términos de acceso al agua potable también han sido muy importantes en los países de América Latina. Según estimaciones de la CEPAL (2015), en los últimos 25 años la región ha expandido el acceso al agua potable del 85% en 1990 a casi el 95% en 2015. En lo que se refiere al saneamiento, aún restan grandes desafíos y esfuerzos para que los hogares cuenten con ese servicio básico y para disminuir las enormes desigualdades territoriales existentes.

En el espacio metropolitano de Tucumán se observa una mejora en la cobertura de agua entre el año 2001 y el año 2010, al menos en los sectores de expansión de la mancha urbana (Czytajlo, 2013).

Figura 7. Distribución territorial de los hogares sin red de agua 2001 (GSMT) y 2010 (SiMeT)

Fuente: elaboración propia con base en Czytajlo (2013) e INDEC (s.f.).

Edad

La edad es un eje determinante de la distribución del bienestar y del poder en la estructura social, así como una de las bases de la organización social en torno a la que se asignan responsabilidades y roles. Tradicionalmente se distinguen cuatro etapas básicas del ciclo de vida: la infancia, la juventud, la adultez y la vejez (CEPAL, 2016). Cada una presenta oportunidades, desafíos y riesgos específicos. Por lo tanto, es necesaria una reflexión sobre las distintas etapas del ciclo de vida para profundizar en el examen de las múltiples dimensiones de la desigualdad social.

Existen tres aspectos de particular relevancia. El primero corresponde a las desigualdades entre personas situadas en diferentes etapas del ciclo de vida, en especial, en el ámbito de los derechos que se consideran en este documento (ingresos y trabajo, protección social y cuidados, educación, salud y nutrición, y participación). La pobreza y la vulneración de los derechos pueden ser más marcadas y tener consecuencias más graves en ciertas fases de la vida. A su vez, estas brechas intergeneracionales pueden verse profundizadas por otras desigualdades, sobre todo, aquellas vinculadas al género o a la pertenencia étnico-racial.

Un segundo aspecto observa los cambios que se han producido en los sesgos etarios del bienestar y el goce de derechos desde una mirada intertemporal. La modificación de la estructura demográfica, las transformaciones socioculturales y tecnológicas, el funcionamiento de los mercados laborales, las desigualdades de género y las características y carencias de los sistemas de protección social, entre otros elementos han contribuido a modificar las brechas intergeneracionales del bienestar. Estos factores transforman las necesidades, las oportunidades y la experiencia general de las cohortes de cada etapa del ciclo de vida, lo que también incide en las desigualdades sociales. Las experiencias de la vejez, la juventud o la infancia presentan hoy características diferentes a las de hace cinco decenios.

Un grupo que genera especial preocupación tanto en América Latina y el Caribe, como en todo el mundo son los jóvenes que no estudian y tampoco hacen parte del mercado laboral. Es un grupo altamente estigmatizado y, si bien en el imaginario social su rostro es masculino y se asocia con situaciones de vagancia y delincuencia, los datos regionales demuestran que las mujeres jóvenes son las más afectadas por esta situación.

Está comprobado que la mayor incidencia de la pobreza se da en grupos entre los 0 y los 14 años, y entre los 15 y los 24 años. Por otra parte, las diferencias entre las mujeres y los hombres jóvenes son muy notorias: en casi todos los países el porcentaje de las jóvenes que se encuentran en esta situación dobla al de los hombres (CEPAL, 2016).

En Argentina las personas entre los 15 y los 29 años que no estudian ni trabajan corresponden en un 12% a hombre y en un 25,9% a mujeres. En Tucumán, el 41% de jóvenes entre 15 y 29 años están desocupados o inactivos. Además, se registra un crecimiento manifiesto de los porcentajes de las jefas de hogar jóvenes no solo en el área central, sino en las áreas de principal crecimiento y expansión metropolitana en comunas rurales aledañas (Czytajlo, 2013).

Figura 8. Distribución territorial de la Jefatura de Hogar Femenina entre los 15 y los 29 años 2001 (GSMT) y 2010 (SiMeT)

Fuente: elaboración propia con base en Czytajlo (2013) e INDEC (s.f.).

En algunos casos, la situación es más estructural y, en otros, más coyuntural. En el caso de las mujeres jóvenes la ausencia de servicios de cuidado es un factor determinante que dificulta finalizar los estudios o participar en el mercado laboral. Eso limita sus posibilidades de tener ingresos propios en esta fase, así como en las posteriores etapas del ciclo de vida.

La distribución territorial de las jefas de hogar de más de 60 años muestra mayores porcentajes en Capital y Tafí Viejo, más consolidados, no así en las áreas de mayor crecimiento y expansión. Las desigualdades que se manifiestan más fuertemente durante esta etapa de vida están relacionadas con la modificación de los arreglos de convivencia familiar, el acceso a un ingreso estable a través de pensiones y jubilaciones, los cambios del estado de salud, y la autonomía física e intelectual.

Figura 9. Distribución territorial de la Jefatura de Hogar Femenina de más de 65 años 2001 (GSMT) y 2010 (SiMeT)

Fuente: elaboración propia con base en Czytajlo (2013) e INDEC (s.f.).

Los sistemas de salud, en especial los servicios incipientes de cuidado que existen en América Latina, deben considerar los efectos a largo plazo de las dinámicas de cambio demográfico, sobre todo el proceso de envejecimiento de la población, y reorientar su enfoque hacia la prevención y atención de enfermedades no transmisibles y crónicas.

Trabajo y trabajo no remunerado

En 2001 la presencia femenina entre los jefes que sólo trabajan era mayor en el centro del aglomerado metropolitano que en la zona de expansión (Czytajlo, 2013). En 2010 podemos observar una presencia femenina de hasta un 45% en los jefes de hogar ocupados, sin embargo, también se advierte una presencia femenina mayoritaria entre los jefes de hogar inactivos.

Figura 10. Presencia femenina entre jefes de hogar ocupados 2010 (SiMeT) en base a INDEC (2010)

Fuente: elaboración propia con base en Czytajlo (2013) e INDEC (s.f.).

Figura 11. Presencia femenina entre jefes de hogar inactivos 2010 (SiMeT) en base a INDEC (2010)

Fuente: elaboración propia con base en Czytajlo (2013) e INDEC (s.f.).

Sin duda, la dependencia económica constituye un factor limitante de las oportunidades laborales de las mujeres. En este sentido, la distribución del índice de dependencia potencial (porcentajes de población entre los 0 y los 14 años), que evidencia los mayores porcentajes en la periferia del municipio polo y en la mayoría de las administraciones linderas, coincide con los sectores de mayores privaciones.

Figura 12. Distribución territorial de la población de 0 a 14 años 2001 (GSMT) y 2010 (SiMeT)

Fuente: elaboración propia con base en Czytajlo (2013) e INDEC (s.f.).

Se indaga también en el comportamiento de las desigualdades de tiempo. Estas cuestiones tienen algunos antecedentes en las estadísticas argentinas.

En América Latina el tiempo dedicado al trabajo no remunerado por parte de las mujeres se incrementa de forma pronunciada entre los 25 y los 45 años, mientras que el tiempo que los hombres dedican a estas actividades es mucho menor y presenta menos variaciones a lo largo del ciclo de vida. La carga del trabajo no remunerado tiene un sesgo de género marcado y la brecha es mayor durante las etapas en las que es más probable la presencia de menores de edad dependientes. Así, la participación masculina reducida en esas actividades y la ausencia de sistemas asequibles de cuidado tienen como contrapartida menores posibilidades para que las mujeres puedan acceder a un trabajo remunerado, en particular en la etapa adulta.

Según la Encuesta sobre trabajo remunerado y uso del tiempo desarrollada por INDEC (2014), un módulo de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) durante el tercer trimestre de 2013, el total nacional urbano de la tasa de participación femenina en el trabajo remunerado ronda en el 88,9% y el tiempo promedio dedicado por las mujeres al mismo es de 6,4 horas. En la provincia de Tucumán el porcentaje es mayor: 93,4% y el promedio es de 7,3 horas. Las exploraciones sobre el uso del tiempo en el caso metropolitano señalan valores similares. El tiempo promedio de las mujeres en quehaceres domésticos es de 3,69 (4,1 para la provincia de Tucumán), las horas dedicadas al apoyo escolar es de 1,88 y al cuidado de otras personas es de 7,5. Cabe señalar que ello se produce en un contexto en el que el tiempo promedio de las mujeres en el trabajo remunerado alcanza las 8 horas.

Figura 13. Proporción del tiempo de dicado por las mujeres a cada actividad, sobre un módulo de 12 horas

Fuente: Czytajlo (2017).

Reflexiones finales

La evidencia presentada contribuye a confirmar el esquema conceptual que resume la relación entre las desigualdades de género, y otras desigualdades de base económica y material (véase Figura 1 y Figura 2).

Sin duda, la atención de las condiciones materiales de la vivienda contribuye al mejoramiento de las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres jefas de hogar. Sin embargo, el proceso desigual de ocupación urbana en las ciudades latinoamericanas refleja una centralización de equipamientos y servicios públicos junto a periferias desprovistas, que además da cuenta de una apropiación diferencial de la población de tales elementos.

Las variables analizadas manifiestan una mejora en las condiciones del espacio metropolitano, aunque ponen en cuestión una preocupación a largo plazo: una periferia con altos porcentajes de jefas de hogar y de jóvenes que requiere estrategias de atención renovadas desde las políticas públicas.

No pueden dejar de percibirse transformaciones en las relaciones de poder en la vida de las mujeres, las cuales reflejan cambios en los papeles y responsabilidades con el consecuente aumento del protagonismo social. Cambios como los niveles de escolarización y participación en el mercado de trabajo en las últimas décadas han reducido significativamente el modelo de proveedor único y masculino. Estas mudanzas asociadas a transformaciones de orden demográfico y a aspectos relacionados con las subjetividades de las mujeres, traducidos como emancipación femenina, permiten constatar un crecimiento elevado de las familias con jefatura femenina (Macedo, 2008).

Los roles asignados a hombre y a mujeres también inciden en las desigualdades. Por ello, analizar la distribución de los hogares según el sexo del jefe y la presencia de menores adquiere un significado para mirar la relación entre género y pobreza. Las tareas del hogar y aquellas vinculadas al cuidado siguen siendo atendidas predominantemente por las mujeres e inciden como restricciones en el mercado laboral. Estas cuestiones se conectan, a su vez, con el acceso a los servicios y a la vivienda, influyendo en el acceso a la ciudad.

El análisis muestra que aún en un escenario con políticas activas, el espacio metropolitano hace parte de un proceso donde la periferia urbana supone la acumulación de desventajas económicas y sociales asociadas a asimetrías de poder, de clase y de género.

La vulnerabilidad se incrementa en el caso de las mujeres de grupos sociales con menor poder social porque persisten mayores responsabilidades en el hogar (cuidado y tareas cotidianas) que condicionan su posibilidad de tener acceso a la propiedad y a una vivienda con buenas condiciones, al mercado laboral y a los ingresos (recursos económicos), así como su acceso a la ciudad.

La jefatura femenina de los hogares constituye una configuración histórica y social (Carvalho, 1998, citado en Macedo, 2008) que implica romper con la adopción de explicaciones reduccionistas y simplificadoras. Esta debe ser entendida como parte de procesos multideterminados e históricamente situados que demandan una lectura que interconecte desigualdades como las de género, clase, edad o generación, así como la relación con el Estado, particularmente en lo que se refiere a las políticas públicas.

Lo anterior hace parte de la dimensión interpretativa del urbanismo en la que se enmarca la investigación, referida al análisis de los procesos urbanos y metropolitanos. Los resultados buscan aportar a la definición de indicadores socioterritoriales y de género para el seguimiento de las metas planteadas en la Nueva Agenda Urbana (NUA) y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, afirman la utilidad de los observatorios urbanos y metropolitanos como instrumentos que contribuyen a evidenciar tendencias y analizar criterios e impactos de acciones de política pública con relación a las metas de inclusión social12.

Por otra parte, el artículo busca poner en agenda el género con relación a las desigualdades desde una perspectiva fenomenológica, entendiendo que también aporta a la dimensión práctica y prospectiva del urbanismo. En el contexto mundial emergen nuevos modelos de ciudad que asumen ciudadanías diversas, con espacios adaptados a las diferentes necesidades de las personas. La Nueva Agenda Urbana hace referencia a ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles. La integración de la equidad de la agenda de desarrollo supone pensar en la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Hasta el momento, las mujeres han sido omitidas de las agendas urbanas, diluidas en el concepto de familia y no integradas como ciudadanas por derecho propio, con demandas y necesidades específicas (Falú, et al., 2015). El paradigma de la ciudad cuidadora (Gutiérrez Valdivia, 2016) supone una urbe que cuide a sus habitantes y a su entorno, y que permita cuidar a otras personas. Pensar en este modelo supone considerar las etapas del ciclo vital, así como las desigualdades para articular ritmos y niveles de productividad, fomentar la distribución equitativa de servicios, equipamientos y comercios de proximidad para conciliar las diferentes esferas de la vida cotidiana.

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1 La pobreza aún afecta a ciento sesenta y ocho millones de personas en América Latina, de los cuales, setenta millones están en situación de indigencia (CEPAL, 2016). El riesgo de regresión y de incremento de ambos indicadores es un desafío constante.

2 El estudio da cuenta del proceso de reducción de la pobreza y de la indigencia ocurrido en América Latina desde comienzos de la década de 2000, el cual se explica por el aumento de los ingresos y la mejora del mercado de trabajo, así como por la expansión del gasto público social y las políticas de lucha contra la pobreza.

3 Cabe señalar que el marco temporal analizado en este texto considera el período intercensal de acuerdo con los datos disponibles (2001-2010) y los períodos de gobierno (2003-2015), cuyo abordaje se ha desarrollado en trabajos anteriores (Czytajlo, 2013; 2016).

4 La CEPAL (2016) menciona, por ejemplo, los estudios de Brah, 2012; Galindo y otros, 2012; González, 2012; Munévar, 2012; Valdés, 2016.

5 Entendemos el género como una construcción social, histórica, cultural y simbólica, una forma primaria de las relaciones significantes de poder (Scott, 1989). La feminidad y la masculinidad, así como las relaciones y los roles asignados, se construyen de acuerdo con los modelos de comportamiento impuestos por la sociedad y la forma en que ella ha estructurado sus esquemas de poder.

6 Cabe señalar que en la última ronda de censos (alrededor de 2010), Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela incluyeron la clasificación de indígenas y afrodescendientes, Chile y México lo hicieron sólo para pueblos indígenas, mientras que Cuba sólo tuvo en cuenta a la población afrodescendiente (Del Popolo y Schkolnik, 2013, citado en CEPAL, 2016).

7 La Red (2003) menciona tres dimensiones de la vulnerabilidad de las jefas de hogar: una material, referida a los niveles más bajos de ingreso e inserción laboral, menor acceso a servicios públicos y condiciones de viviendas. Una sociocultural referida a su restringida incorporación a instituciones sociales y una política, donde ellas mismas no se reconocen como jefas de hogar.

8 De acuerdo con Macedo (2008), en Brasil se destacan los aportes de Barroso (1978) y Figueiredo (1980) que ya señalaban tempranamente la necesidad de atender este fenómeno y nuevos arreglos para la manutención de las familias de la clase trabajadora.

9 Según el IBGE, el porcentual de jefes sin cónyuge era de 79,3%. Los hogares con jefatura masculina eran sólo el 5,6%. Este dato da cuenta de las mejores condiciones de la jefatura masculina, no solo por la remuneración más elevada de la fuerza de trabajo masculina, sino por contar con cónyuge responsable del trabajo de reproducción del grupo doméstico.

10 El SiMeT abarca siete municipios: San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Alderetes, Banda del Río Salí, Las Talitas y Tafí Viejo, y su territorio incluye no solo la mancha conurbada en tanto considera criterios funcionales, demográficos, físico espaciales, jurídico administrativos y ecológicos (base ambiental y de servicios ambientales), sino 19 comunas con 982.050 habitantes en el año 2010.

11 Se utilizan los mismos rangos porcentuales y se amplía el recorte metropolitano en función de la expansión de los últimos veinte años.

12 En el ámbito de trabajo del Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la FAU se ha desarrollado una plataforma de Observatorio Metropolitano con servicios web que buscan aportar al seguimiento de indicadores para Tucumán. Para mayor información, véase: www.observatoriofau.org/gis

Recibido: 20 de julio 2017

Aprobado: 25 de agosto 2017

https://doi.org/10.15446/bitacora.v27n3.66484

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