Ciencia Política

Introducción

Este escrito desarrolla el principio marxista de que el ser social determina la conciencia (Marx y Engels, 1987), en el contexto de la consolidación de la unidad de clase de la oligarquía colombiana. La clase es el ser social de un grupo, el cual se define por la posición que dicho grupo ocupa en las relaciones de producción. En este orden de ideas, el ser de la clase dominante se traslapa con el desarrollo de la sociedad de la cual es la clase dominante: el desarrollo de sus logros políticos, legislativos y administrativos, los cuales, en principio, emanan de decisiones de esta clase. Por ejemplo, un texto, ya cincuentenario, que promete desde su título hacer referencia al Origen y desarrollo de la burguesía colombiana (Peña, 1973) termina siendo un rosario de citas de las decisiones legislativas de la oligarquía colombiana, desde la independencia, aderezado con comentarios de autores diversos. Esta confusión es comprensible porque, finalmente, las leyes y organizaciones de una sociedad son la voluntad de la clase dominante. Otro texto, más famoso que el anterior, incurre en la misma confusión: es el de Gunder Frank sobre la lumpenburguesía en Latinoamérica (Gunder Frank, 1973). El texto, al abordar a la clase dominante latinoamericana, se transforma en una breve historia económica general.

Sin embargo, la conciencia de clase no puede disolverse en el desarrollo institucional y organizacional de la sociedad en la cual una clase determinada asienta su dominio. De ser así, un texto como, por ejemplo, el de Kalmanovitz, titulado Economía y Nación (Kalmanovitz, 2003), que tiene la pretensión de ser una historia económica de Colombia, sería una descripción de la conciencia de clase de la oligarquía colombiana. El problema aquí es el carácter filosófico moderno inherente al término conciencia. Con este término nos movemos en el reino de las representaciones, del sujeto, etc. A esto le daremos el nombre de registro simbólico. Si bien las manifestaciones del poder social de una clase tienen expresión material en la política, la movilización de masas y el desarrollo institucional y organizacional, es en el registro simbólico de los significantes en donde se decanta la conciencia. Ejemplos de esto son las distinciones entre liberal y conservador, limpio versus común, democracia versus comunismo, derecha versus izquierda, entre otros. Desde este punto de vista, ensayaremos un análisis de la construcción de la unidad de clase de la oligarquía colombiana en dos momentos importantes para tal unidad: la Regeneración de finales del siglo XIX y el Frente Nacional de mediados del siglo XX. Se examinará, principalmente, el valor simbólico de los significantes federalismo-centralismo, liberal-conservador, y en menor medida el de democracia-comunismo. Se trata de determinar, a grandes rasgos, el contenido que se encierra en esas oposiciones simbólicas.

La teoría de que el ser social determina la conciencia fue puntualizada luego por Marx en la teoría de la base económica y la superestructura política y jurídica (Marx, 1974). El ser social es la imbricación de la base económica con este edificio político-jurídico, al cual acompañan formas de conciencia. La clase —como apuntamos atrás— es el ser social mismo, la posición que un grupo ocupa en el desarrollo de las relaciones de producción, bien sea como agente y beneficiario de las decisiones sobre la marcha de esas relaciones, o como paciente, resignado o reactivo de las mismas. Así, el campesinado sin tierra, en el siglo XX, se benefició fugazmente de las decisiones de la oligarquía liberal, representada en los sendos gobiernos de los dos primos Lleras (Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo), pero luego comenzaron sus reveces a partir del Pacto del Chicoral, en el último gobierno frentenacionalista del conservador Misael Pastrana, con medidas que echaron por tierra parte de lo decidido en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Si bien la clase dominante es la que tiene el control principal de las relaciones de producción, la oligarquía solo es un sector de aquella: el sector que toma y ejecuta las decisiones relevantes, es decir, la que tiene el control político efectivo del proceso del Estado. Esto hace posible fisuras en la unidad de clase, como por ejemplo, la más reciente oposición del partido Centro Democrático y la alta dirigencia de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, al gobierno de Juan Manuel Santos, tanto por decisiones relativas al proceso de paz con un sector de las FARC, como por decisiones sobre el manejo de dineros del fondo ganadero, expresadas en el decreto 2537 de 2015 (CONtextoganadero, 2016).

El concepto de clase presupone el de lucha de clases. Y es este el que implica la conciencia de clase, o sea, la unidad colectiva en el registro simbólico a partir de la experiencia y socialización de los idénticos problemas que aquejan a los grupos en una determinada posición en el régimen de producción, y que derivan de sus relaciones con otras clases. La lucha de clases no es un deber ser, sino una constante histórica, es decir, un principio explicativo. La conciencia surge como efecto del conflicto y es que, en el desarrollo histórico de una sociedad, las decisiones de la clase dominante, para ser realizadas, han de pasar por el excurso de las clases dominadas. Por tanto, la conciencia de clase de la clase dominante implica, necesariamente, la conciencia de la clase dominada. Así, la famosa frase de Warren Buffet sobre la lucha de clases, “there’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning”, hecha en primera persona tanto del singular como del plural, deja entrever el componente dialéctico y de identidad de la clase: “nosotros, los ricos, estamos ganando la lucha de clases”. Esta frase surgió porque sus propios empleados pagaban más impuestos que él mismo. La conciencia de la injusticia cometida a su favor revela el reconocimiento de su propia condición de clase, en contraposición a la mala situación de los miembros de otra. Así, la conciencia de clase de la clase dominante presupone la conciencia de las clases sometidas a su dominio, es decir, la distinción de ella misma respecto de las otras. La clase dominante objetiva a las otras mediante algún criterio, las hace clases en sí, mientras ella misma es clase para sí.

Al referirse a una clase como dominante se hace alusión a cómo obra para perpetuar su dominio, es decir, su control de las fuerzas productivas. El pensamiento liberal, al menos desde Weber, no admite el principio de la lucha de clases. Utiliza términos moderados como élites y clases subalternas. Sin embargo, el concepto de élite, que ha adquirido tanto prestigio últimamente, al ser definido como “minorías selectas que detentan y monopolizan el poder” (Osorio Rauld, 2015, p. 115) es equivalente al concepto de oligarquía, en su significado más antiguo: el gobierno (archia) de unos pocos (olygos). El concepto de élite es antimarxista y se ubica en una concepción substantiva, antidialéctica, de las relaciones de clase, es decir, no reconoce la constante de la lucha de clases.

Por otra parte, el prejuicio de la libertad de elección como principio universal presocial afecta las consideraciones conceptuales de las teorías sobre la élite. Por ejemplo, Albertus, al pensar un fenómeno como el de la reforma agraria no lo concibe en términos de poder y dominio, sino como una cuestión de roles, es decir, de juego (Albertus, 2021). La teoría de juegos, en su aséptico formalismo, elimina las burdas relaciones de dominio inherentes a la lucha de clases; pero a pesar de su asepsia antimarxista, debe reconocer la pluralidad de intereses contrapuestos entre los actores que juegan sus papeles. Albertus, al ocuparse del papel de las élites en las reformas agrarias en América Latina, hace uso del término élite en un sentido que delata que no quiere tocar el tema de la clase. Hace distinciones entre la élite y los pobres, la élite terrateniente y la élite política, y entre la élite y la élite política en el poder. La primera distinción de estas —élite versus pobres— parece obvia, pero su obviedad solo deja claro que los pobres no pertenecen a la élite, por tanto, a la élite pertenecen los ricos. La segunda distinción —élite terrateniente versus élite política— da cuenta de que, entre los ricos, unos lo son porque acumulan tierra y los otros porque acumulan capacidad de decisión política. Pero tratándose del tema de la reforma agraria en Latinoamérica, la deriva teórica de Albertus lo lleva a sostener que los ricos que acumulan tierra son capaces de forzar las decisiones de los ricos en capacidad de decisión política, lo que significa que, en últimas, son los ricos con tierra los que deciden. Y es que, en América Latina, la denominada por Albertus élite política es un corolario de la élite terrateniente.

Un último asunto introductorio es la consideración del campesinado como clase. Si la clase es la posición que un grupo, o colectividad humana, ocupa en el proceso de las relaciones de producción, entonces los trabajadores agrarios, rurales, directos, con o sin propiedad territorial, pueden considerarse una clase, la que usualmente se denomina como campesinos. Su economía familiar, su pequeña propiedad territorial, el riesgo de proletarización por la expansión del latifundio hicieron del campesinado una clase discernible y necesaria en las relaciones de producción, por lo menos hasta la década del noventa del siglo XX (Rubio, 2012). Es esta clase la que, en la historia de Colombia del siglo XX, se enfrentó directamente con la oligarquía. Esta precisión es necesaria en la medida en que la hipótesis general de este ensayo es que la conciencia de clase de la oligarquía colombiana se desarrolló en dos momentos históricos, la Regeneración y el Frente Nacional, como una unidad de la clase frente al potencial desestabilizador del campesinado.

Los significantes primarios de la conciencia: el espacio y el territorio

La oligarquía colombiana, como clase, surgió con la independencia. Puede decirse que, de facto, los criollos tuvieron control de las fuerzas productivas (como descendientes de encomenderos al inicio, luego como hacendados). Pero este control relativo no implicó necesariamente su consolidación como clase dominante, dada la naturaleza de la administración colonial, la cual, aunque con su centro distante, más allá del mar, fue sin embargo eficiente en el sostenimiento del poder de la corona. Consciente, la oligarquía criolla, de su control de las fuerzas productivas, no obstante, su dominio efectivo estuvo reprimido. La presencia del dominio español había suscitado en los criollos una unidad de clase relativa a la oposición a ese padre común. Con su partida, la conciencia de la posibilidad del dominio efectivo llegó de golpe (Paredes, 2014, p. 331), pero su eclosión fue como una explosión de múltiples aspiraciones a los poderes regionales que, luego, se encasillaron en un par antitético: el de federalismo versus centralismo, como diferencias en la interpretación de la administración del territorio (Paredes, 2014, p. 332). Esta escisión fue irreconciliable, al menos hasta la Regeneración.

Fernando Guillén Martínez señala la guerra, en los años inmediatamente posteriores a la independencia de 1810, como la ruptura por la decisión sobre cuál gremio detentaría el poder efectivo: los hacendados, partidarios de un federalismo, o los comerciantes partidarios del centralismo (Guillén Martínez, 1979, pp. 223-338). Es decir, el espacio local del hacendado versus la centralidad de una administración que trascendiera esas localidades. Según Guillén, los hacendados ganaron y su triunfo se selló con la segunda independencia, la de 1819. Esta oposición convulsa inicial, inherente a la propia clase en sí, en su contradicción, generó la unidad de clase, cuya conciencia de clase, para sí, se construyó a partir de la conciencia territorial: regiones autónomas o un territorio administrativamente unificado. Esto se tomó todo el siglo XIX, y resulta apenas natural si partimos del supuesto de que la política, primariamente, es el dominio del territorio, independiente de que se pueda argumentar que el enfoque federalista no era más que un imaginario ingenuo inspirado en veleidosas concepciones sobre el progreso estadounidense (Paredes, 2014, p. 340). Esa veleidad del federalismo fue, sin embargo, el significante que expresó el interés de clase del hacendado y su regionalismo.

La historia de Colombia en el siglo XIX —como lo señala Guillén—, con su cohorte de guerras, es el vaivén de los avatares que constituyen las desavenencias políticas internas a la clase hacendataria. De tales desacuerdos en cuanto al modo de administración y control territorial se pasó, posteriormente, a mediados de siglo, a otra distinción significante antitética, la de liberal versus conservador. Este par significante fue, para la oligarquía en sí, hasta bien entrado el siglo XX, la expresión de sus fisuras como clase. El origen de esta diferencia partidista lo ubica Guillén Martínez ligado, simplemente, al dominio burocrático; sostiene que estos hacendados que se inventaron partidos opuestos (liberal versus conservador) para el acceso a la burocracia, y tramitaban este acceso por medio de guerras civiles, no tenían problemas en deshacer sus diferencias de partido en momentos convenientes, como, por ejemplo, en el proceso de la Regeneración, la cual Guillén Martínez no duda en calificar de primer Frente Nacional (Guillén Martínez, 1986)

Hacendados que se inventan sangrientas diferencias de partido para acceder a la burocracia, y que luego las deshacen para repartírsela: la lógica de este argumento es problemática. Weber certeramente señaló que la burocracia es la forma efectiva del ejercicio del dominio, luego es coherente la explicación de las guerras por el control burocrático. Lo misterioso está en el olvido de las diferencias al repartirse la burocracia. ¿Cómo el objeto de disputa que suscita la diferencia no la mantiene luego de que es apropiado por una de las partes? Si en el control de la burocracia tanto se oponen radicalmente como se juntan, es porque las diferencias partidistas no están en relación con la simple posesión de la burocracia, y si efectivamente la Regeneración hubiera sido un primer Frente Nacional, no se explicaría, en ese sentido, el acontecimiento de la Guerra de los Mil Días, cuando los liberales, en forma sangrienta, intentaron retomar el control de la burocracia.

Germán Colmenares, igual que Guillén, parte del conflicto inicial, luego de 1810, entre hacendados y comerciantes (Colmenares, 1968). Sin embargo, a diferencia de Guillén, otorga el triunfo a los comerciantes. El carácter gremial de estas explicaciones es consistente, en principio, por el hecho de que es justamente la actividad económica la que sostiene el asentamiento de la clase dominante como tal. El hacendado afinca su poder en la región cuyo territorio está constituido por la hacienda como modo de producción. El comerciante, por razón de la movilidad implícita en su actividad, desterritorializa —como sostendría Gilles Deleuze (1994)— el espacio. En este sentido, las ideas federalistas fueron significantes consistentes con la justificación de esos poderes regionales. El centralismo, en términos gremiales, posibilitaría cierta fluidez comercial al no haber barreras internas de estados autónomos, y al posibilitar la unidad de la nación frente al exterior. El devenir del federalismo a liberalismo y del centralismo a conservatismo radica en que lo que se libera en el liberalismo son los poderes regionales de los hacendados, mientras que lo que se conserva en el conservatismo es el poder central de un estado unitario. Fue una oposición simbólica entre el uno y el múltiple.

Pero fueron los antiguos federalistas, convertidos ya en liberales, quienes lograron la primera unidad real de clase. El liberalismo logró, luego de la primera mitad del siglo XIX, hacerse con el poder, hasta finalmente imponer el federalismo de la Constitución de Rionegro, en el contexto de la agroindustria de exportación del tabaco, la quina y el café. La distinción original por el dominio territorial, federalismo versus centralismo, se disolvió con el liberalismo del Olimpo Radical, pues los hacendados eran los mismos comerciantes y viceversa. Los hacendados se habían beneficiado con la bonanza comercial y, dice Colmenares que, realmente los mismos burgueses comerciales se habían vuelto hacendados. El Olimpo Radical mostró la identidad de clase real entre hacendados y comerciantes, en tanto a ambos les resultó conveniente el librecambio y compartieron las mieles de la agroexportación. Esta identidad fue real, no simbólica, no fue una identidad para sí. La oposición, liberal versus conservador, se sostuvo aún en la hegemonía del radicalismo y cuando, por efecto de la crisis económica de la década de los ochenta del siglo XIX, el edificio del Olimpo Radical con sus políticas comenzó a desmoronarse, vino la respuesta de la Regeneración conservadora. Si por efecto de su poder real, el dominio económico, hacendados y comerciantes se identificaron en la agroexportación, conservaron, no obstante, su escisión simbólica hasta el siglo XX (Ospina Vásquez, 1955).

En tanto la clase dominante controla las fuerzas productivas, tiene bajo su control el devenir de la vida de las clases sometidas a su dominio y debe, en consecuencia, legitimarse como clase dominante. Esto implica que la distinción simbólica arrastre consigo un contenido imaginario, es decir, ideológico, que haga coincidir su interés de clase con el de las clases dominadas. La diferenciación simbólica interna a la oligarquía repartió los imaginarios de la libertad y el temor de Dios respectivamente entre liberales y conservadores, formas ideológicas que permitieron su legitimidad frente a las clases dominadas: el campesinado, los esclavos, los pequeños artesanos y comerciantes. Así, por ejemplo, Martínez hace un recorrido por las relaciones de alianza entre los afrodescendientes manumisos y las oligarquías liberales del Cauca lideradas por José María Obando, en la Guerra de los Supremos (Martínez, 2019). Esta alianza, entre otros, tenía como objetivo encausar la lucha de clases, iniciada desde la base esclava misma, a favor de la oligarquía liberal, con las promesas a los esclavos de libertad y ciudadanía. La guerra racial de los esclavos caucanos fue transformada en Guerra de los Supremos por la oligarquía liberal contra el gobierno conservador de José Ignacio de Márquez.

Por el lado del imaginario conservador, Mariano Ospina, el propio fundador del Partido Conservador, sirve de ejemplo. Colmenares cita las palabras de Ospina en una carta dirigida a Vicente Azuero: “la única bandería conservadora que tiene vida y muestra resolución y vigor es la que obra por sentimientos religiosos. El rojismo no tiene más enemigo que le haga frente en la Nueva Granada que el catolicismo” (Colmenares, 1968, p. 100). Ospina pone de forma explícita la oposición simbólica de rojo versus católico. El segundo término moviliza un imaginario ideológico: el sentimiento religioso. Este sentimiento tiene como soporte de su desarrollo político a las clases dominadas; paradójicamente, sin embargo, esto queda claro en el asunto de la desamortización de los bienes de manos muertas hecha por los liberales. El tema de las tierras de la iglesia, suscitado por las medidas del gobierno liberal, pasa por la presencia muda de los pobres, los que solo tienen la fuerza de trabajo. Pero esta presencia tácita se percibe como amenaza y, en efecto, la justificación de las medidas contra la iglesia aparece en las palabras del secretario del tesoro en la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera, el entonces liberal Rafael Núñez:

Sería necesario una gran dosis de justicia y de filantropía por parte de los privilegiados para que se sometieran tranquilamente al acto que les quita sus privilegios. Sería necesario el mismo acto de justicia y filantropía en los que especulan a mansalva con la inactividad e incuria inherentes a las comunidades, para que encuentren razonable la desamortización.

El gobierno no ha cometido despojo, en el sentido filosófico de la palabra; no ha hecho más que dar una nueva organización al sistema rentístico de las corporaciones. Además, lo que se llama derecho, cuando por el transcurso del tiempo y el cambio de las necesidades públicas llegó a convertirse en germen del mal, debe en estricta justicia ser abolido o transformado consiguientemente (Nuñez, 1849, citado por Peña, 1973, p. 56).

En primer lugar, está el principio ilustrado, liberal, de la abolición del privilegio. Luego su relación con la idea de filantropía, nombre decimonono para los actos de caridad. Después, la inactividad e incuria de las comunidades causada por el privilegio. En la retórica del entonces funcionario liberal Rafael Núñez la situación de las comunidades, su pobreza, justifica la expropiación de las tierras de la propia iglesia, pues los privilegios de esta son el germen del mal, hay un cambio en las necesidades públicas. Esto significa una conciencia de la necesidad de una redistribución de la tierra, lo que implica, de forma tácita, la consideración de los que no tienen tierra. La misma línea de argumentación dio el presidente liberal Mosquera cuando revisó los remates de la tierra que había hecho el gobierno de Murillo Toro:

Esta constitución de la propiedad no es la que corresponde a un pueblo libre, que para usar de su derecho no debe estar embarazado por estas trabas. Coloquemos pues, la propiedad en consecuencia con la democracia y demos la tierra a los que la trabajan y la hacen producir; y dejemos la renta a los que tienen que consagrarse al culto y a todos aquellos que no puedan producir (Mosquera 1849, citado por Peña, 1973, p. 58).

El pueblo, los que no tienen tierra, versus la renta. La clase dominada aparece de forma tangencial, como el sujeto posible del beneficio de una tierra expropiada a la iglesia. A quién se le ha de dar la tierra, ¿al campesino que la ha de pagar a largo plazo o el terrateniente que paga a corto plazo? La urgencia monetaria fue el criterio para optar por la segunda opción, las tierras expropiadas a la iglesia fueron a parar a manos de los latifundistas, pero las referencias a la democracia y la justicia dan cuenta del potencial factor de inestabilidad que significa el pueblo empobrecido. Las necesidades públicas, mencionadas por Núñez, eran no solo el peligro de inestabilidad democrática, por los pobres, sino también las necesidades de estabilidad financiera del Estado. La estructura estatal debía sostenerse, y se sostuvo, con ayuda de los terratenientes. La operación económica que reorganizó las rentas de las corporaciones fue un asunto de la burguesía liberal: expulsando y expropiando a la iglesia se las arreglaron entre gobierno y terratenientes.

Ahora bien, cuando el pueblo, pensado tangencialmente por los liberales, se volvió objeto directo de los conservadores lo fue –como en las palabras de Ospina— por el poder ideológico de la iglesia. El pueblo aliado de Dios. La caída del Olimpo Radical atizó la Regeneración, esta fue una suerte de acto de arrepentimiento, marcado, ciertamente, por una fuerte alianza con la iglesia católica (España, 1985, pp. 17-64). Núñez, ahora conservador, quien otrora, cuando era liberal en el Olimpo radical, como ministro de finanzas había justificado la operación económica que expropió los bienes de la iglesia, ahora, en otro discurso, inverso, solicitaba la ayuda de esa misma iglesia.

El inmenso problema democrático que diariamente crece, no ha podido ser resuelto por los economistas. Sus dogmas han tenido durante medio siglo decisiva influencia en los parlamentos, en la prensa y en la cátedra; y si ellos han contribuido a la supresión de la esclavitud, por ejemplo, en cambio han hecho surgir o permitido que surjan, los proletarios de las fábricas o los rurales que son más infelices todavía que los antiguos esclavos urbanos, el desarrollo del sentimiento religioso vuelve a ser el arca de la civilización […] La República espiritual con su aureola de esperanzas infinitas debe venir al socorro de la República laica (Nuñez, 1874, citado por Peña, 1973, p. 59).

El giro de Núñez se justifica nuevamente en los males públicos, esta vez, el inmenso problema democrático que los economistas no han resuelto y que la iglesia sí puede resolver: el peligro que representa el pueblo empobrecido. La república espiritual ayuda a la república laica, para ponerla a cubierto de la masa y, por supuesto, esta república laica está conformada por los terratenientes. El principio aducido otrora para justificar las medidas de Mosquera, de una reorganización de las rentas de las corporaciones, para eliminar los males públicos ocasionados por el privilegio, no fungió ahora cuando emergió un nuevamente ese peligro: los pobres como factor de inestabilidad. La fórmula fue restituir el poder a la iglesia mediante un concordato leonino a favor de esta. La distinción de las dos soluciones, para el mismo problema democrático expresa una conciencia clara de la posición de las clases: a los terratenientes las tierras de la iglesia, a los pobres el sentimiento religioso, los ensalmos espirituales de la misma iglesia. En ambos casos se salva el bien público.

El Olimpo Radical y la Regeneración, pese a aparecer como dos momentos políticos distintos, correspondientes como sendos enfoques de partido, coinciden en el punto de la consideración de los pobres como un peligro, como un factor de potencial desestabilización. Si bien puede sostenerse, en parte, la interpretación de Guillén, de que el control de la burocracia suscitaba las diferencias violentas entre facciones oligárquicas, sin embargo la unidad en la que se disolvía la diferencia no estaba en la burocracia poseída, sino en la conjura del peligro de sublevación de los pobres. La burocracia estimula la diferenciación simbólica porque ella misma es una estructura simbólica que posibilita el ejercicio del dominio; sin embargo, el sujeto del dominio es la otra clase, la que se opone a aquella que sostiene el poder burocrático. Esta otra clase ya no es una estructura simbólica, es el otro real que amenaza ese poder, en este sentido, con este otro obra el imaginario, la ideología.

Tanto Guillén Martínez como Germán Colmenares coincidieron en la vacuidad de las ideas políticas de los discursos de los conservadores y liberales en el siglo XIX, no les reconocieron un contenido positivo ligado a la realidad política de la sociedad colombiana decimonona. Pero es que el papel de la ideología no es ligarse a la realidad, como en el discurso de la ciencia, sino legitimar las pretensiones de una clase. No importa si esos discursos se alimentaron de la ilustración francesa o de las encíclicas papales, lo importante es la forma como mediante ellos la clase dominante de hacendados y burgueses comerciales se legitimó como necesaria, frente a las clases dominadas, para desarrollar los destinos de la república.

La historia política de Colombia en el siglo XIX fue el proceso de la incubación de la propia clase dominante como una unidad más o menos sólida, unidad cuya conciencia de clase se tramitó de forma genuina (a diferencia de lo que ocurrió con el campesinado) a través de la diferencia partidista. El liberalismo y el conservatismo fueron los significantes de sus conflictos. No se consolidó una clase de burgueses empresarios industriales, como en el primer mundo, pues esta clase fue abortada luego de la Guerra de los Supremos. La incubación de esta clase implicaba el proteccionismo, que fue defendido por los conservadores, en el gobierno de José Ignacio de Márquez. No obstante, las condiciones fueron propicias a la burguesía comercial liberal. Así, la clase dominante decimonona pasó del proteccionismo inicial al librecambismo radical. En tanto la lucha se desenvolvió contra el antiguo régimen colonial, se dio contra las instituciones fiscales proteccionistas para hacer el relevo del Estado en cuanto tuvo que ver con el comercio exterior, la exportación y la importación. Ahora bien, el gremio comercial se hizo él mismo hacendado, y esto muestra la unidad lograda de esta clase; las medidas liberales tomadas por los propios presidentes conservadores, que finalmente condujeron al triunfo de los liberales radicales en la Guerra de las Soberanías y la Constitución de Rionegro, estos hechos evidencian que, finalmente, la modernización unificó a la clase dominante, consolidación esta que se manifestó en el triunfo de la hacienda en simbiosis con el comercio. Hasta hoy, siglo XXI, esa simbiosis amenaza con ser una alianza sempiterna.

Liberalismo y conservatismo, los significantes del amo que suscitan el goce del esclavo

Conclusión

La oligarquía colombiana hizo consciente su poder, en siglo XIX, mediante la oposición de pares antitéticos: los primeros fueron federalismo-centralismo; después conservatismo-liberalismo. Estos significantes primitivos identificaron a la oligarquía para sí misma mediante una división de la concepción administrativa. Además, estos significantes fungieron también, mediante un contenido ideológico (libertad, piedad), como puntos de adhesión de las clases dominadas.

Para el siglo XX, la lucha de clases explícita contra el campesinado se tramitó al abrigo de la oposición simbólica decimonona, liberal-conservador, gracias a que esta oposición había sido el punto de anclaje ideológico en el siglo XIX. Frente al campesinado, en el siglo XX, se suscitó un nuevo par significante: democracia-comunismo. Este último par permitió, luego del Frente Nacional, consolidar la conciencia del poder como democrático y el fin de la hegemonía del par simbólico originario, liberal-conservador.

Estas elaboraciones simbólicas e imaginarias de la clase dominante, en todos los casos, presupusieron una clase dominada contra la cual se objetiva ese control: el campesinado. Pues la oligarquía ha sido una oligarquía hacendataria. Su conciencia de clase se ha consolidado frente a la expulsión de otro real, el campesino pobre, potencialmente insurgente. La hacienda decimonona permitió la construcción de un paternalismo en el que el campesinado mismo se repartió los símbolos banderizos de esa oligarquía. Pero disueltas las diferencias imaginarias en el seno de la propia oligarquía, los campesinos sostuvieron la diferencia simbólica, en el siglo XX eso permitió el control del campesinado para reprimir su levantamiento como clase, y desvió la violencia revolucionaria hacia una violencia partidista. Finalmente, el chivo expiatorio del comunismo dejó atrás la escisión simbólica originaria, liberal vs conservador, para instaurar otra, democracia vs comunismo. Una menos local, incluso internacional.

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