Ciencia Política

2.1 La dimensión económica: la situación de la dependencia

En lo económico el Caribe cuenta con países productores de petróleo, economías agrícolas, economías en vías de industrialización, centros turísticos y centros de servicios internacionales, de tal forma que muchas de las economías del Caribe son competitivas entre sí. Esto lo ha demostrado la guerra comercial por el mercado del banano donde se observa que las empresas transnacionales han usado la región como escenario de disputa y bastión estratégico de poderes hegemónicos, un asunto dificulta en gran medida el desarrollo de procesos de integración económica y la posibilidad de generar un mercado común (Pantojas, 2007).

En este sentido, García ha hecho una caracterización de lo que significa la fragilidad económica del Caribe en el siglo XXI, la cual define como “un área pobre, con déficit crónico de financiamiento endógeno y alta dependencia de los flujos de capital foráneos y consecuentemente, con indicadores de apertura abrumadoramente altos” (2013, p. 6). En otras palabras, el Caribe es una región altamente dependiente del sistema global. Por esta razón, las crisis económicas mundiales han generado canales de transmisión que se constituyen como factores de estrangulamiento para las pequeñas economías del Caribe, caracterizadas por el subdesarrollo:

Solo 6 países del Caribe insular tienen niveles de PIB percápita considerados altos con el 9% de la población y en los 10 países de menores ingresos se concentra 91% de esas sociedades. A diferencia de lo que sucede en América Latina, cuyos indicadores oficiales sitúan la pobreza en el orden del 33,2%, de 37.681 personas que viven en el Caribe 15.503,5 (el 41,1%) vive bajo la línea de pobreza y el 82% de esos pobres viven en los 5 países de menor ingreso percápita […] Centroamérica no es diferente. El 50,9% de la población vive en condiciones de pobreza y en todos los casos el índice Gini sobrepasa el 0,5. (García, 2013, p. 103)

Las actividades de mayor ingreso de capitales extranjeros se concentran en los sectores de servicios turísticos, financieros, comunicaciones y transporte; siendo estos los más dinámicos de la región junto con la extracción de Petróleo y Gas de México, Colombia, Venezuela, Barbados y Trinidad y Tobago. Como se evidencio con la crisis económica del año 2008, estos sectores han sido los más afectados, lo cual ha constituido canales de transmisión de la crisis con efectos devastadores para el Caribe. Por ejemplo, el flujo de turistas del cual dependen la mayoría de las economías insulares, y que en su mayoría provenían de Estados Unidos, ha disminuido considerablemente. Muchos de los bancos y sucursales han experimentado migración de capital para cubrir los déficits de las casas matrices. Lo anterior, unido a la disminución de remesas, que han sido una fuente importante en el sustento de muchas familias además de la financiación de los estados mediante la deuda, ha ocasionado que muchos de estos países se sitúen en una difícil posición dadas las contracciones económicas y la carencia de flujos monetarios.

La vulnerabilidad caracterizada hasta acá ha generado, según García (2013), dos respuestas: la primera de ellas proviene de los Estados Unidos debido a sus intereses de reordenamiento hegemónico y estratégico sobre los capitales transnacionales que ingresan a la región. Esta reconfiguración se ha ido alineando paulatinamente a partir de los TLC bilaterales y multilaterales, los proyectos del Plan Puebla-Panamá, el Programa Mesoamericano, el Plan Colombia y las negociaciones en materia de seguridad con las islas del Caribe, legitimando la definición y el manejo dado por la potencia norteamericana a los problemas de seguridad como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y la migración ilegal.

Rodríguez (2009) demuestra que, como parte de la estrategia estadounidense de integración económica con Latinoamérica, se ha consolidado la construcción de un eje integral desde el norte al centro y sur de América. La autora concluye que parte de las estrategias de integración son un producto de los intereses extranjeros en la región, principalmente norteamericanos, aunque cuenten con el liderazgo de líderes locales y regionales.

Por otro lado, y como segunda respuesta a los impactos de las crisis, García (2013) se refiere a la iniciativa ALBA-TCP y su proyección en el Caribe con Petrocaribe. Frente a esta iniciativa manifiesta que se destaca por ser una alternativa cooperativa a los procesos de integración añejos e inflexibles, pero que aún tiene un largo camino por transitar.

No obstante, debe tenerse en cuenta: primero, que los proyectos integracionistas en la región abarcan más que estos dos procesos contrapuestos; y segundo, el estudio de los factores que componen el escenario de la integración en sus diversas dimensiones geohistóricas y geopolíticas.

2.2 La dimensión política: límites y posibilidades de la integración regional

Para Suarez (2013), la integración regional en el Caribe ha estado determinada por las tendencias centrífugas y centrípetas que han tenido lugar en él. Una tendencia centrífuga es aquella que limita las posibilidades de integración regional, la primera de estas es el bilateralismo bajo el cual los Estados Unidos han posicionado lo que el autor denomina como “el Nuevo Orden Panamericano”. Tal orden se caracteriza por ser neoliberal en lo económico y neoconservador en lo político, y se ha impulsado en las Cumbres de las Américas desde la década de los noventa, de aquí que tenga dos líneas de acción: por un lado, la dirigida a las políticas de apertura económica y de inversión extranjera, y por el otro, las de reforzamiento a la “seguridad continental”, ambos elementos han atravesado la estrategia hemisférica de integración energética.

Históricamente, la manera en que los Estados Unidos han concebido los territorios del Caribe y su frontera imperial en tal región les llevó a posicionar su hegemonía y a reafirmarla en los momentos que así los requería. Esto se evidenció en el siglo XIX con el control de Puerto Rico y de la zona del Canal de Panamá, además de los movimientos de avanzada que desde allí se hicieron a lo largo del siglo XX para mantener su posición geopolítica. Incluso al día de hoy se puede ver la manera en que estos hechos han ido configurando al Caribe y las implicaciones que tiene para el “hegemón” del norte. Así, esta ha sido una región en disputa y tensión cuya importancia geopolítica radica en la cercanía al territorio de los Estados Unidos; vista como una especie de frontera ampliada en la que se ha librado la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

En lo concerniente a la lucha contra las drogas, el Caribe ha sido visto como una “zona de tránsito”, la segunda más importante después de la centroamericana. Esto ha implicado la visualización de la región como una zona susceptible de ser interferida y dispuesta como “escudo” para proteger el territorio continental de los Estados Unidos, pese a que Puerto Rico y las Islas Vírgenes hacen parte de este.

En este sentido, dicho orden panamericano supone la implementación de tratados de cooperación militar con México, Colombia, Costa Rica, Honduras (proyectos de remodelación y ampliación de bases norteamericanas), El Salvador y Guatemala, para la integración militar del cono Norte-Sur. El papel de México ha sido crucial puesto que en él se han desplegado buena parte de las estrategias militares estadounidenses tendientes a reducir el narcotráfico, y se ha convertido en un aliado fundamental en la región para la implementación de macro-proyectos como el antiguo Plan Puebla Panamá, en el que había un componente en seguridad y otro en lo económico, asociado a la construcción de infraestructura. Suarez (2013) sostiene que el gobierno temporal de Barack Obama ha apoyado y continuará apoyando todos los presupuestos geopolíticos y geoeconómicos de dicho Plan, actualmente rebautizado como “Proyecto Mesoamericano”.

Se evidencia entonces cómo las obras de infraestructura se asocian a objetivos hegemónicos en diferentes vías, permitiendo no solo la circulación de capitales, sino el control del territorio de facto por parte de los Estados Unidos. Al respecto, en el caso del Caribe insular Suarez señala que:

Todos los acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y los países de la CARICOM, al igual que el despliegue de la multimillonaria Iniciativa para la Seguridad de la Cuenca Caribe (CBSI, por sus siglas en inglés) impulsada por la administración de Barack Obama fortalecen la multifacética dependencia estructural y funcional del Caribe insular y continental (Belice, la República Cooperativa de Guyana y Surinam) a las necesidades geopolíticas y geoeconómicas de la potencia hegemónica en el hemisferio occidental. (Suarez, 2013, p. 371)

En este sentido, Suarez (2013) indica que todas las tendencias centrífugas y las millonarias inversiones en seguridad tienen también el propósito político de debilitar procesos regionales cooperativos como la Unasur, ALBA-TCP y Mercosur; y desestabilizar a los gobiernos progresistas que se han instalado en la región (principalmente el de Venezuela y su propuesta de construir un mundo multipolar), conteniendo la hegemonía estadounidense en el territorio y fomentando la integración a partir de sus recursos energéticos.

Ahora bien, pese a todo lo expuesto hasta acá, en la región existen también tendencias centrípetas que, con el compromiso político de los jefes de Estado, lograrían imprimir ímpetu a los proyectos de integración. Entre ellas hay que incluir, en primer lugar, las continuas crisis que han afectado a las economías y las sociedades estadounidense, japonesa y de buena parte de los Estados integrantes de la Unión Europea (UE). Esto hace que los países del Caribe sean conscientes de la afección que les genera su dependencia a estas potencias y se hayan desarrollado liderazgos regionales a favor de alternativas.

Por otro lado, ha habido una “ralentización” desde los primeros años del siglo XXI, de las instituciones usadas para la instauración del orden panamericano como es el caso de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En contraposición a esta han surgido instancias multilaterales como Mercosur, Unasur y CELAC, escenarios donde se ha favorecido el despliegue de nuevas formas de “cooperación Sur-Sur” que plantean nuevas oportunidades para avanzar en la concertación política, mediación de conflictos y en la cooperación funcional entre los países de América Latina y el Caribe.

El papel de la institucionalidad regional ha sido fundamental en lo que Constant (2014) denomina como “la reconstrucción del sur”. Dicho “discurso del sur” se ha basado en nociones de independencia, anti-hegemonía, soberanía, integración y resistencia cultural, donde se señala a Estados Unidos como el gran victimario de los pueblos. En América Latina el discurso ha sobrepasado lo teórico y se ha acompañado de una acción sostenida para sentar las bases de un relacionamiento mundial diferente al tradicional, y con el crecimiento de nuevas modalidades integracionistas:

Si bien una mirada rasante a la actualidad podría advertir mayor fragmentación regional a la luz de un mayor número de esquemas de integración y concertación que los existentes hace una década, un estudio más pausado obligaría a visualizar los distintos elementos, avances y desafíos que se han conocido para coadyuvar a la desfragmentación. (Constant, 2014, p. 376)

Entre estas tendencias y las diferentes estrategias de los diversos actores, Constant (2014) afirma que el ALBA-TCP¹ se constituye hoy en el primer espacio contrahegemónico acorde al Nuevo Regionalismo Estratégico, en el que se incluyen sectores y empresas cruciales para el levantamiento de una base material y económica a los proyectos de integración. Es así como se han gestionado por parte del Fondo Social ALBA Caribe al menos ochenta y ocho proyectos en trece países beneficiados y con una inversión que supera los doscientos millones de dólares (SELA, 2013).

De las novedades del ALBA-TCP se pueden destacar varias cosas: la búsqueda en la potenciación de las “ventajas cooperativas” en contraposición de las ventajas competitivas; la propuesta de integrar las empresas estatales (o también llamadas Grannacionales) a los proyectos políticos y económicos de la región; la creación de una nueva arquitectura financiera regional que permita la financiación de proyectos productivos y proyectos sociales; y el aumento de la capacidad de una diplomacia regionalista con la capacidad de resolución de conflictos. Dentro de sus principales impactos se destaca la inclusión de las islas del Caribe como asistentes permanentes, convirtiéndolo en el primer instrumento con un relacionamiento fluido entre el Caribe Insular y el Caribe Occidental.

Factores como el auge del presidencialismo en la región, han contribuido a una mayor preponderancia de los encuentros presidenciales, lo que ha conducido a la necesidad de un mayor consenso entre los mandatarios para alcanzar metas comunes, y por lo tanto, han sido decisivos para consolidar los espacios regionales que hoy se erigen como alternativas en cabeza del gobierno de Venezuela, quien ha impulsado el ALBA, Petroamerica y Petrocaribe. Finalmente, Constant (2014) determina que los nuevos escenarios de integración aún deben dar respuestas a los grandes desafíos que se presentan en la consolidación del Sur: en primer lugar, las respuestas a las demandas sociales, en segundo lugar, a la preservación de las riquezas naturales de la región, y por último, a la capacidad de relacionamiento con otras regiones del Sur. Sin embargo, como se verá a lo largo de este artículo, es poco lo que se ha avanzado mediante los acuerdos de integración energética, en los dos primeros puntos.

Ahora bien, en la práctica existen múltiples esquemas de integración en el Caribe, siendo la CARICOM la más antigua y representativa, cuyos miembros son en su mayoría anglófonos y francófonos, con sistemas políticos que en algunos casos corresponden a territorios ultramarinos del Reino Unido, Francia y Holanda. Esto ha llevado a la intervención de estos países en temas estratégicos como la producción de energías renovables en la región.

La existencia de nexos entre los nuevos esquemas de integración, tales como Petrocaribe y el ALBA-TCP con la CARICOM, ha permitido el ejercicio de un pragmatismo que lleva a que no existan contraposiciones entre las diferentes instancias, dando un margen de maniobra a los países y permitiendo la obtención de beneficios y compromisos derivados de las estrategias de integración hemisféricas y aquellas más alternativas. Aunque hay simultaneidad, hasta el presente no hay contradicción irremediable entre los distintos mecanismos de cooperación (García, 2012) y en cada uno de ellos, se muestra el liderazgo de los países que han logrado sobresalir en la esfera regional.

Ahora bien, en dichas instancias multilaterales, los países que componen el Caribe son estratégicos en la medida en que, a pesar de ser territorios pequeños, la gran mayoría de ellos tienen representación y voto, razón por la cual se ha buscado garantizar la alineación de los gobiernos caribeños a determinados liderazgos con el objetivo de impulsar, desde las organizaciones internacionales, los proyectos regionales que han abanderado Venezuela, Estados Unidos y México.

Este escenario plantea la complejidad de analizar de manera conjunta las diversas propuestas y esquemas de integración en un contexto cambiante que impide los reduccionismos y esencialismos en el estudio de las relaciones internacionales del Caribe. De esta manera, y habiendo dado el panorama general en el que se desarrollan interdependencias múltiples, queda evidenciado: primero, la dependencia de las economías caribeñas a las fluctuaciones del mercado mundial debido al énfasis en la producción de materias primas y servicios bancarios y turísticos. Segundo, la existencia de agendas regionales diversas en donde se conjugan la dimensión militar, relevante en la lucha antinarcóticos (Beruff y Cordero, 2005), la dimensión económica, cuyo principal reto ha sido reducir los impactos negativos de la globalización y la dependencia a las economías del primer mundo, y la dimensión política, especialmente relevante en el siglo XXI debido al auge de nuevos “discursos del sur” como el pensamiento Bolivariano. Tercero, la recomposición de los liderazgos regionales, destacándose México, Venezuela y los Estados Unidos, entre los cuales existen pugnas por el posicionamiento de intereses políticos y económicos en América Latina en general. Finalmente, la importancia estratégica que para el afianzamiento de determinados proyectos integracionistas han tenido los recursos económicos destinados al desarrollo de infraestructura para la interconexión energética y los recursos minero-energéticos.

En cualquier caso, la existencia de diversas estrategias de integración energética implica la participación de múltiples actores cuyo propósito es posicionar intereses diferenciados en la región, lo cual conlleva a la generación de juegos de poder desarrollados en las arenas de conflicto propias de los organismos y escenarios multilaterales, tales como las Cumbres de las Américas en las que confluyen los variados proyectos integracionistas.

Todos estos elementos permiten analizar de una manera más acertada los procesos de integración energética que han tenido lugar en el Caribe durante el siglo XXI, además de las trayectorias que de estos se han desprendido en los organismos multilaterales, dado que contextualizan la diversidad de intereses y la importancia de la aparición de proyectos políticos regionales que rivalizan con los tradicionales.

3.1 El Desarrollo de la Estrategia Hemisférica y el liderazgo de Estados Unidos: de la desregulación a la Seguridad Energética

Como antecedentes de la política de integración energética propuesta por los Estados Unidos para el Caribe, se encuentra la celebración de la Primera Cumbre de las Américas, llevada a cabo en Miami en el año 1994, momento en el que se lanzó el Plan de Acción de la Iniciativa Energética Hemisférica, aplicado en buena medida a través de los Tratados de Libre Comercio, y los acuerdos comerciales bilaterales. En este, se dio especial importancia a la eficiencia y comunicación entre los gobiernos de los Estados y las empresas de capital estadounidense y canadiense.

Posteriormente, en el año 1995 se llevó a cabo un seguimiento para desarrollar la industria energética denominada “Alianza para el uso sostenible de la energía”. Mediante esta se propuso la creación de mecanismos financieros e incentivos para la promoción de las inversiones en el sector, la creación de instalaciones eléctricas en todo el continente latinoamericano, y aunque no fue explícito por las características de las empresas estatales de México y Venezuela, se recomendó la privatización así como la modificación de los marcos normativos nacionales.

Sin embargo, debido a la crisis política desatada en medio oriente tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, el aumento de la temperatura global a causa de la contaminación y la inestabilidad en los precios del petróleo, el gobierno de los Estados Unidos implementó un nuevo discurso sobre la seguridad energética y el cambio climático. De esta manera, por un lado se abrogaba por la consecución de proveedores seguros y confiables, y por otro lado, se dio enfasis “al desarrollo de tecnologías limpias que representaron un giro en la política de seguridad energética norteamericana” (Ruiz, 2006, p. 15).

Estas transformaciones se hicieron evidentes en el informe del National Energy Policy Development Group del año 2001, en el que se planteó una estrategia para satisfacer la demanda petrolera de los Estados Unidos, surgida de la necesidad de asegurar las importaciones petroleras y considerarlas como prioridad de la política exterior. En primer lugar, se reforzó la idea según la cual era necesaria la diversificación geográfica de las importaciones de petróleo, alzando la vista hacia el Mar Caspio, África Subsahariana y América Latina. Asimismo, y en cuanto a la introducción del discurso de las energías limpias, en la Iniciativa Energética Avanzada del año 2006, se incrementó cerca del 16% en el presupuesto para la investigación de dichas energías. De manera paralela y en concordancia con los discursos de la seguridad energética y el cambio climático, Estados Unidos lideró la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), con el fin de unificar y coordinar las políticas para crear un mercado liberalizado e integrado en Norte América (Canadá, Estados Unidos y México) caracterizado por las alianzas con el sector privado.

En este contexto, el Caribe fue concebido como una zona estratégica para la producción de biocombustibles que contribuyan a la seguridad energética. Muestra de lo anterior es el establecimiento en el año 2007, de un Memorando de entendimiento con Brasil para cooperar en la investigación, producción y exportación de etanol a partir de la caña de azúcar proveniente de América Central y el Caribe. En este sentido, uno de los objetivos propuestos en dicho plan es aumentar para el año 2025 el consumo de etanol en un 800%. Precisamente, para la Cumbre de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago en el año 2009, se planteó como agenda continental la necesidad de una alianza vinculada al clima y la energía en las Américas, para lograr el fortalecimiento de las energías renovables, el estímulo a las inversiones, una generación energética nueva y eficiente, el transporte transfronterizo para los recursos energéticos y la generación de sistemas de distribución.

No obstante, esta estrategia planteada por los Estados Unidos no contempló la necesidad de asegurar el abastecimiento a los países caribeños y latinoamericanos que carecen de recursos energéticos, y por tal motivo, desde los liderazgos regionales se han impulsado otras iniciativas. En estos procesos se resalta el papel protagónico, aunque diferenciable, de Venezuela y México. En lo que a México respecta, su prioridad ha sido la exportación de petróleo a los Estados Unidos, siendo a su vez un aliado estratégico de este dado que impulsa los principios que a lo largo de las Cumbres de las Américas se han generado en el marco de la Estrategia Hemisférica.

Mientras que, por otro lado, Venezuela manifiesta una visión geopolítica y geoestratégica diferente, la cual se proyectó en el Plan Siembra Petrolera (2005-2012) donde se consagró la importancia que debe tener el suministro de hidrocarburos a países de la región, la relevancia de los mercados de Asia, la reducción de la dependencia de las exportaciones petroleras a los Estados Unidos y la expansión de su influencia a nivel regional.

3.2 El liderazgo mexicano en Centroamérica (Proyecto Mesoamérica)

El Programa de Integración Energética Mesoamericana se instauró en el año 2008, impulsado por México y firmado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El Proyecto Mesoamericano se guió por las directrices de refinar crudo en Centroamérica, integrar los sistemas eléctricos, crear un gasoducto troncal que uniera a Guatemala con Panamá, y generar escenarios para el intercambio de propuestas e iniciativas. En consonancia con lo anterior, las áreas de acción se concentraban en los hidrocarburos, la electricidad, las energías renovables (específicamente, biocombustibles), la eficiencia energética y la armonización de los marcos regulatorios y normativos nacionales. Así, uno de los proyectos más importantes ha sido la construcción de una refinería en Guatemala para el procesamiento de 230.000 barriles de crudo que permitiría reducir en un 40% las importaciones de gasolina y combustible diesel por parte de los países centroamericanos.

Otros de los proyectos principales del Proyecto Mesoamérica es la construcción de un gasoducto México-Colombia de aproximadamente 3.000 km con una regasificadora en Centroamérica, la cual aún está en estudios para determinar su ubicación más óptima; así como el levantamiento de 1.867 km de línea troncal para la interconexión eléctrica entre Panamá y Guatemala. En el ámbito de la creación de un marco regulatorio común, se impulsó el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, que constituye una base clara para las inversiones y cuenta con instituciones reguladoras como la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica y el Ente Operador Regional. Adicionalmente, en mayo de 2009 se inició la construcción de una línea eléctrica entre Panamá y Colombia, y otra más entre México y Guatemala.

Los principales puntos de crítica que ha suscitado esta estrategia Mesoamericana han sido: el énfasis comercial en infraestructura en detrimento del desarrollo social y económico de los pueblos (Flacso, 2007); el carácter colonial, dada la relación de dependencia con los Estados Unidos; y la acumulación transnacional de capital que desencadena la fuga de los beneficios, y el pago de los costos sociales y ambientales de los proyectos por parte de las comunidades indígenas y campesinas más vulnerables de la región.

En este sentido, se evidencia una carencia en el debate sobre los impactos que los proyectos tienen en la población y la geografía centroamericanas. Se puede señalar, por ejemplo, que la construcción de nueve presas hidroeléctricas, para el año 2008, generó resistencias debido al desplazamiento, la apropiación de recursos natrales, la contaminación, la insalubridad y la destrucción de vestigios arqueológicos, la destrucción y la apropiación de la tierra. Estos factores han desatado conflictos socio-ambientales, entre los que se pueden mencionar: la hidroeléctrica Quetzalli, Huixton I, Huixton II, Patuca III, Jatza y Nance en Chiapas, La Parota en Guerrero, el Tigre en Honduras y Boruca en Costa Rica. Así, programas de interconexión eléctrica como el desarrollado en el Plan Mesoamericano, han tendido a multiplicar o profundizar los conflictos existentes en los países.

3.3 El liderazgo Venezolano en los Acuerdos de suministro petrolero, el caso de Petrocaribe

En materia de acuerdos de suministro petrolero, se pueden destacar algunos antecedentes regionales como el Acuerdo de San José, firmado en el año 1980, en el que se contó con la participación de Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Panamá y República Dominicana. En este acuerdo, Venezuela y México se comprometían a suministrar 160.000 barriles diarios y generar préstamos bancarios derivados de la factura petrolera destinados a proyectos de desarrollo económico de corto y largo plazo, así como al intercambio comercial de bienes y servicios a través de empresas venezolanas y mexicanas (Ruiz, 2010). No obstante, este acuerdo no opera desde la fundación de Petrocaribe debido a las ventajas que este último ofrece a los demás países.

Asimismo, se encuentra el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas del año 2000, firmado tras la llegada al gobierno del presidente Hugo Chávez y en el cual se estableció la venta de crudo sobre la base de un pago con quince años de plazo para amortización del capital, un periodo de gracia de un año y una tasa de interés anual del 2%. En este acuerdo participaron diez países que celebraron tratados bilaterales con Venezuela (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá y República Dominicana) y adicionalmente, funcionó en conjunto con el Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y Cuba.

A partir del análisis de sus antecedentes, se puede decir que Petrocaribe ha sido el Acuerdo de Suministro Petrolero más importante hasta el momento en la región, en la medida en que logró absorber los anteriores, ofreciendo mejores condiciones para los pagos de la factura petrolera en los catorce países que lo suscribieron.² La base de este acuerdo, que sentaría los cimientos de una nueva forma de relacionamiento de Venezuela con los países del Caribe, se puede observar en la Tercera Cumbre donde se mencionó que:

La integración energética es tan solo un instrumento de la alianza político estratégica que debe permitir el avance hacia formas superiores de integración económica, social y política para transformar el Caribe y a toda América Latina en el escenario del mundo pluripolar que está en proceso de configuración. (Petrocaribe, 2006)

De lo anterior se desprende que este acuerdo es parte de una estrategia de integración regional más amplia, diseñada para lograr el reposicionamiento de Venezuela en el nivel regional, y de la región en el escenario internacional. Es por lo anterior que se han incluido acuerdos productivos para garantizar el suministro de alimentos, el apoyo humanitario a Haití, el desarrollo social, la compra de productos para el encadenamiento productivo, la creación de infraestructura hotelera, el desarrollo conjunto de transporte, entre otros.

El Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe fue formalmente constituido el 29 de junio de 2005, mediante el instrumento jurídico e institucional suscrito en el marco del Primer Encuentro Energético de Jefes de Estado y/o de Gobierno del Caribe sobre Petrocaribe. Los catorce Estados que lo suscribieron acordaron el objetivo fundamental de contribuir a la seguridad energética, al desarrollo socio-económico y a la integración de los países del Caribe mediante el empleo de los recursos energéticos.³

Los pilares planteados en su carta de creación fueron dos: primero, la solidaridad de un país superavitario en energía, como es el caso de Venezuela, con países de escasas fuentes y recursos energéticos; y segundo, el reconocimiento de las asimetrías entre países de mediano desarrollo económico relativo, y países de menor tamaño y desarrollo. Programáticamente, lo anterior ha implicado: (1) la planificación de la política energética de los países miembros, desde la exploración y extracción hasta el transporte; (2) nuevas capacidades de refinación y almacenamiento; (3) desarrollo de la petroquímica; (4) comercialización; (5) capacitación y asistencia tecnológica; y (6) la creación de empresas estatales de energía nacionales.

El impulso y la importancia de este acuerdo se pueden evidenciar por medio de un seguimiento a las Cumbres y los planteamientos realizados en ellas a lo largo del tiempo, en las cuales se han planteado estrategias y proyectos que ponen de manifiesto no solo el carácter económico, sino también el carácter social e incluso cultural que esta iniciativa presenta. De tal manera que se erige como una plataforma basada en los recursos energéticos, pero trasciende esta esfera y se proyecta en dimensiones más complejas de integración que incluyen otros temas estratégicos como la Seguridad Alimentaria, el desarrollo social y humano y la lucha contra la pobreza.

En cuanto a resultados y avances, una de las principales acciones llevadas a cabo ha sido la firma del Tratado de Seguridad Energética, cuyo propósito es profundizar el intercambio tecnológico, desarrollar infraestructura energética y estimular la producción de gas y etanol en la región. En segundo lugar, y como obra de infraestructura más relevante, se recalca la construcción en el año 2007 de la Refinería Cienfuegos en Cuba por parte de PDVSA (Petroleos de Venezuela), para el procesamiento y acopio de crudo así como la ampliación de la refinería de Kingston para la producción de energía y derivados petroquímicos. En tercer lugar, se destacan los 48 proyectos sociales realizados en once países miembros y las iniciativas alimentarias con apoyo del Fondo Especial instituido en la quinta Cumbre de Petrocaribe.

Como estrategias, se adoptaron el fortalecimiento de las empresas públicas y mixtas, el mejoramiento en transporte, refinación y almacenamiento de crudo, lo cual incluye las obras de construcción de refinerías. También se ha planteado el montaje de plantas eléctricas en Centroamérica, con proyección de generar a futuro el Anillo Energético del Caribe, y un especial énfasis a las políticas alimentarias para superar la crisis en este ámbito.

Hernández (2014) señala esta iniciativa como el origen real de lo que podría denominarse como una verdadera Integración energética con un nuevo enfoque toda vez que:

Son avances que han permitido fortalecer el control de los Estados sobre la actividad económica y energética en particular; a la vez que ha podido desplazar, progresivamente, la acción de las transnacionales a favor del desarrollo de proyectos y empresas que tienden a impulsar un accionar productivo, cuyo reto reside en elevar su sustentabilidad impulsando la diversidad energética. (Hernández, 2014, p. 405)

A pesar de los obstáculos que aún deben superarse, Petrocaribe está garantizando 43% del suministro energético de los dieciocho países signatarios. Hasta el año 2010 se había logrado aportar ciento cuarenta y cinco millones de dólares para llevar a cabo proyectos sociales, mientras que la Unión Europea había dado en el mismo tiempo siete millones de dólares, y la compensación de la factura petrolera con alimentos, bienes y servicios de los países signatarios de Petrocaribe ha generado un intercambio comercial de ochocientos setenta millones de dólares (“Comercio en Petrocaribe”, 2011).

No obstante, han sido varias las críticas que este proceso ha recibido. En primer lugar, se pone de manifiesto las serias limitaciones de los acuerdos debido a que en general, el multilateralismo regional presenta “una ausencia de mecanismos formales para la toma de decisiones, y centramiento en las acciones presidenciales” (Serbin, 2006, p. 20), impidiendo un desarrollo constante y articulado del mismo a lo largo del tiempo.

En segundo lugar, y debido a factores como la fragmentación interna de los integrantes, por la diversidad de los procesos políticos que hay en la región, la sobreoferta de propuestas de integración que agotan los procesos y las agendas de los jefes de Estado, y la coexistencia con los Tratados de Libre Comercio, llevan a un nivel de cumplimiento y ejecución limitado. Así las cosas, aunque Petrocaribe no rivaliza directamente con los demás esquemas de cooperación, la coexistencia de todos estos limita las potencialidades de los acuerdos.

Tercero, se evidencia una mayor responsabilidad por parte de algunos de los Estados en el desarrollo del proyecto, lo que impide que el proceso sea constante a nivel internacional, toda vez que “el peso del programa de cooperación en los sectores más sensibles, descansa de forma desproporcionada en Venezuela y Cuba, por lo que cualquier acontecimiento adverso en ellas tendrá implicaciones serias para el programa” (Reinosa y García, 2013, p. 343); elemento que cobra especial importancia en el contexto del debilitamiento del proceso de la Revolución Bolivariana en Venezuela, y la apertura de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Cuba y los Estados Unidos.

Con ocasión del análisis realizado por Serbin (2006), el elemento confrontacionista que se acoge en el marco del ALBA es justamente la principal limitación para la plataforma Petrocaribe, dado que la mayoría de sus miembros encuentran inconveniente una disputa con Washington, generando una receptividad limitada, evidente en las posiciones de los países del Caribe en las Cumbres de las Américas donde ha primado el posicionamiento de la Estrategia Hemisférica.

Finalmente, se ha puesto de manifiesto la incapacidad de articular alianzas más amplias en el marco continental, con fuertes obstáculos en lo regional. Respecto a lo primero, se ve la escisión de las Antillas y los Archipiélagos frente a Centroamérica, el cual ha presentado un vuelco hacia el Plan Mesoamericano de Integración Energética. En el segundo aspecto, se observa una actitud competitiva por parte de países petroleros como Trinidad y Tobago y Barbados, desde cuyos gobiernos se manifestaron reservas dado que Petrocaribe afectó los acuerdos energéticos propios de esos países, y las inversiones extranjeras en exploración y explotación de hidrocarburos. Por otro lado, desde sectores del gobierno de Jamaica también se ha denunciado que la implementación del Acuerdo de suministro petrolero ha erosionado las economías de los países y la unidad de la comunidad Caribe, principalmente de la CARICOM. En este sentido, se ha definido a Petrocaribe como un soborno para ganar los votos de sus beneficiarios en la OEA y otros organismos internacionales; monopolizar la extracción de hidrocarburos por parte de PDVSA y apropiarse del territorio del Esequibo que se encuentra en diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana (Serbin, 2012).

Las críticas que se le pueden realizar a Petrocaribe como proceso son variadas, no obstante, también resulta pertinente enunciar aquellas que se basan en un análisis de su carácter extractivista. Los Acuerdos de suministro energético no suponen una ruptura con los patrones rentísticos basados en el petróleo, sino una continuación de los mismos, con todo lo que ello implica. Para esclarecer lo anterior, partiremos de la definición ofrecida por Álvarez sobre extractivismo, definida como “un modelo de acumulación basado en la obtención de una creciente renta por la explotación intensiva de grandes cantidades de Recursos Naturales y energéticos, que son exportados sin mayor grado de trasformación” (2014, p. 323).

El rentismo que subsiste aun en los discursos alternativos, tiene fuertes impactos que se manifiestan en la esfera nacional venezolana, pero que se pueden trasladar al análisis de la región. Estos son: consolidación de estructuras de poder dominantes, como sería el caso de PDVSA en la región; predominio de las relaciones estatales y comerciales, sin el fortalecimiento de una integración cultural con la verdadera participación de los pueblos (lo cual le resta carácter popular al proyecto bolivariano en su faceta expansionista); y finalmente, la persistencia de una cultura del petróleo que permea tanto a las elites como a la ciudadanía en los países con potencial energético como Nicaragua, Cuba y Jamaica, generando “la construcción de expectativas, imaginarios y subjetividades a imagen y semejanza de la estructura del capitalismo rentístico” (Teran, 2014, p. 18).

Incluso la propia experiencia venezolana, que ha procurado sustentar un proyecto alternativo a partir de los recursos energéticos, no ha logrado los encadenamientos necesarios y el fortalecimiento de los demás sectores de la economía, y por lo tanto, sigue dependiendo del precio internacional del petróleo, volviendo vulnerables los procesos políticos que lidera. Por lo cual, aunque los hidrocarburos puedan pensarse como recursos estratégicos para el mercado mundial, sustentar una estrategia integracionista a partir de estos no solo no evitaría la dependencia a las potencias importadoras, sino que propagaría el fenómeno extractivo a otros países.

El análisis anterior se complejiza si se tiene en cuenta que Petrocaribe no presenta uniformidad ideológica, sino que en su interior predomina el pragmatismo de los países miembros quienes se adscriben por los beneficios del sistema de pagos, sin que ello implique simpatía con el proyecto político contrahegemónico.

Finalmente, y desde una perspectiva técnica, la crítica más recurrente que recibe esta iniciativa es la dependencia del desarrollo de la misma a la volatilidad de los precios del petróleo. Situación que trató de mitigar parcialmente el banco del ALBA, pero que no ha logrado contrarrestar eficientemente debido a la ausencia de una arquitectura financiera regional sólida.

A continuación se muestra en detalle la agenda y el desarrollo de los vínculos de la CARICOM con los Estados Unidos. Esto permitirá entender el contexto actual de reordenamiento de los países en las Políticas de Integración Energética, en medio del debilitamiento del esquema de Petrocaribe por la crisis de los precios del petróleo y sus efectos en el Caribe Insular.