Ciencia Política

1.1. Estado: ¿Aparato de clase o relación social?

Una de las grandes críticas que ha sufrido el marxismo a lo largo de las últimas décadas ha girado en torno a su “errática” (dicen sus escritos) concepción teórica y política del Estado. Según se plantea, el marxismo ha incurrido en el error de entender al Estado como un mero objeto u aparato de clase destinado exclusivamente a la dominación violenta de las clases dominadas. En ese sentido, innumerables han sido las líneas destinadas en la denuncia de este “aparente” vacío teórico. Para darnos una idea de la misma, valdría la pena traer a colación la siguiente cita de Naranjo:

Para los marxistas la teoría del Estado y del poder político es esencialmente evolutiva. Por su propia naturaleza, el Estado y el poder político son un conjunto de medios de dominación (policía, ejército, tribunales de justicia, prisiones, etc.) que oprimen al hombre […] Para el marxismo-leninismo, en una sociedad basada sobre la apropiación privada de los medios de producción, el Estado es un arma en la lucha de clases, en manos de la clase propietaria. (Naranjo, 2010, p. 621)

Si adoptáramos la anterior valoración teórica como cierta, se evidenciaría de entrada que en el marxismo existen profundos vacíos a la hora de definir la función del Estado en la sociedad. Si bien el Estado envuelve una relación de fuerza-violencia, al mismo tiempo desempeña otro tipo de funciones que no pueden ser aprehendidas desde esta óptica eminentemente coercitiva. Sin embargo, para realizar una aproximación más certera a esta cuestión, tendremos que decir de entrada que el marxismo no reduce su posición teórica sobre el Estado al hecho de que este sea un mero aparato de clase. Veamos por qué.

Hay que reconocer que en la obra de Marx existen variadas referencias a la cuestión del Estado. No obstante, debemos partir de la base de que estas no fueron sistemáticas ni uniformes. De acuerdo con Lechner (2012), podrían definirse dos formas aproximativas en la comprensión del Estado en Marx. En la primera, el pensador alemán sintió una mayor preocupación por discutir lo que Lechner denomina: “la forma de Estado”. Y en la segunda, se preocupó más por debatir al Estado desde la óptica del ejercicio de gobierno (que en el siglo XIX se asociaba primordialmente a las funciones de policía y de control militar del orden).

Sin embargo, para efectos de este escrito, queremos hacer un énfasis rotundo en la primera forma aproximativa ya que, a nuestro juicio, ha sido esta la que se ha perdido de vista en los análisis marxistas sobre el Estado y la que, naturalmente, ha sido obviada por los afamados críticos del marxismo.

En aras de profundizar en esta primera forma aproximativa es pertinente mencionar que desde su Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, pasando por las discusiones con Arnold Ruge en los anales franco-alemanes, la cuestión judía y, finalmente, La Ideología Alemana, Marx encuentra en el Estado una efectiva forma de generalidad, una forma de abstracción real. Sin embargo, a diferencia de lo que planteaba Hegel, insiste en que esta abstracción real no es una abstracción ajena a la sociedad, sino una abstracción de la sociedad misma en su condición real, “una abstracción del hombre real que satisface al hombre total de una manera imaginaria” (Marx, 2008a, p. 102). Asimismo, en las discusiones teóricas entabladas en los anales franco alemanes con Ruge, Marx sustenta la idea de que:

la crítica al Estado debía involucrar la crítica a la división social que el Estado rodeaba de un halo de generalidad, lo cual no obstaba para que éste expresara, desde el interior de su forma, las necesidades y las luchas sociales. (2008b, p. 90)

Como se puede apreciar, la crítica a lo estatal envolvía dos ideas bastante ambiciosas: una, que el Estado era una forma de generalidad; y otra, que al mismo tiempo el Estado como generalidad estaba totalmente permeado de una particularidad social concreta. Este último aspecto sería condensado finalmente en La Ideología Alemana a partir de la noción de Comunidad Ilusoria (Marx, 1974).

En la Ideología Alemana, Marx y Engels realizaron un aporte crucial en el estudio del Estado. En dicho texto, los autores señalaron que una de las más importantes contradicciones que se daban al interior de la institución estatal se condensaba en la relación entre los intereses privados y los intereses públicos. Ante esto, los teóricos comunistas aseguraron que: si bien en medio de esta contradicción (interés público vs. interés privado) el interés público se encarnaba en la noción de Estado, lo hacía de forma distorsionada, ya que a la vez que predicaba su función en los marcos de un supuesto “interés general”, al mismo tiempo representaba y encubría una serie de intereses particulares. Lo que conllevó a que ambos teóricos consensuaran en llamar al Estado una Comunidad Ilusoria (Marx, 1974): comunidad, en el entendido de que el Estado debía necesariamente desarrollar formas de socialidad; pero ilusoria, en la medida de que esta socialidad encubría, desde el velo de lo general, intereses completamente particulares.

Así pues, desde la redacción de la Ideología Alemana, se planteó el germen crítico de entrever que en el propio Estado (como comunidad ilusoria), se conservaban una serie de contradicciones socio-políticas que además se daban en el propio seno de las relaciones de poder que cohabitaban en el Estado.

En ese orden de ideas, en el desarrollo del marxismo del siglo XX (y como lo veremos más adelante) varios autores marxistas empezaron a indagar en esta contradicción política, que como ya habíamos dicho, era imposible de percibir si se continuaba insistiendo en que el Estado era un simple aparato de clase para la dominación política violenta. En consecuencia, uno de los primeros aspectos de renovación teórica surgidos en el marxismo fue precisamente el de entender que el Estado no podía ser aprehendido como una cosa, como un aparato de clase que detentaba el poder absoluto; por el contrario, se comprendió (de la mano de Gramsci) que era necesario profundizar en una concepción ampliada del Estado-fuerza a partir de tres ideas fundamentales:

Primero, que el Estado ya no podía seguir siendo solo un “aparato” de coerción, sino fundamentalmente una institución educadora del consenso político. Si bien el Estado democrático seguía siendo un Estado de clase, su más importante tarea no sería la de reprimir a los grupos sociales, sino elevarlos a un nivel cultural y moral que correspondiera a los intereses socio-culturales y político-económicos de las clases sociales dominantes.

Segundo, que el Estado de clase ya no podía seguir siendo comprendido (de forma unívoca) como “el aparato gubernamental”, sino también, como la relación entre las funciones de gobierno y los aparatos privados de hegemonía de la sociedad civil. Esto, en la medida en que, como lo dijimos antes, Gramsci era incisivo en reiterar que el consenso no solamente se educaba desde el Estado, sino primordialmente desde los escenarios propios de dicha sociedad civil.

Y tercero, que en el siglo XX el Estado-coerción se iba debilitando de la mano del reforzamiento de la sociedad regulada (o Estado ético o sociedad civil). Lo cual dio pie para que Gramsci (1993) sostuviera que: en la noción general del Estado entraban elementos que debían referirse a la noción de sociedad civil (el Estado era igual a la sociedad política más la sociedad civil, es decir, la hegemonía reforzada por la coerción).

Así pues, bajo estas perspectivas renovadoras y amplificadoras del concepto de Estado, el marxismo del siglo XX empieza a cuestionarse sobre la naturaleza compleja de dicha “institución”, precisando que ya Lenin en el Estado y la Revolución había logrado delimitar puntos de quiebre que llamaban la atención sobre la importancia de estudiar seriamente el Estado como un fenómeno político de suma trascendencia en la transformación de la sociedad capitalista.¹

1.2. Insumos para superar el instrumentalismo

A partir de las nociones que hemos expuesto, es claro que no es razonable reducir la teoría marxista del Estado a una simple apreciación “instrumental” del mismo. Contrario sensu, es lógico precisar que en el marxismo se ha buscado comprender al Estado como una condensación material de relaciones de fuerzas entre clases y fracciones de clases, más allá que un simple instrumento de dominación. En ese sentido, es importante recalcar que si entendemos al Estado como un complejo de relaciones sociales, podremos observar de mejor manera cómo la lucha de clases y la dominación política de clase (como marco de lo político) tienen recepción en el devenir cotidiano de la institución estatal. Cabe aclarar que esta construcción flexible y dinámica del Estado no nos puede llevar a eludir uno de los puntos centrales del marxismo en cuanto a esta temática, y es que el Estado es, en esencia, un Estado de clase:

Ya sea como un continuo proceso de monopolización de la coerción, de monopolización del uso de los tributos, de monopolización de los bienes comunes, de monopolización de los universales dominantes, de monopolización de la redacción y gestión de la ley que abarcará a todos; o como institución de derechos (a la educación, a la salud, a la seguridad, al trabajo y a la identidad), el Estado −que es precisamente todo lo anterior en proceso− es un flujo, una trama fluida de relaciones, luchas, conquistas, asedios, seducciones, símbolos, discursos que disputan bienes, símbolos, recursos y su gestión monopólica. El Estado definitivamente es un proceso, un conglomerado de relaciones sociales que se institucionalizan, se regularizan y se estabilizan (por eso “Estado”, que tiene que ver con estabilidad), pero con la siguiente particularidad: se trata de relaciones y procesos sociales que institucionalizan relaciones de dominación político-económica-cultural-simbólica para la dominación político-económica-cultural-simbólica. (García Linera, 2015a, énfasis añadido)

En suma, por más que inmiscuyamos al Estado en una cotidiana trama social entre gobernantes y gobernados, en la que todos intervienen en torno a la definición de lo público, lo común, lo colectivo y lo universal, no es loable que perdamos de vista que esta intervención compartida de múltiples grupos poblacionales, individuos y clases sociales, es lograda de una forma disímil, es decir, comporta diferentes grados de jerarquía. Esto implica que si bien las definiciones estatales no se construyen unilateralmente bajo el simple deseo de las clases dominantes, tampoco se construyen de abajo hacia arriba (bajo un proceso de decantación democrática) sino que responden a procesos concretos de centralización y monopolización política.

En síntesis, podríamos mencionar que: lejos de ser un objeto o un “instrumento” de la clase dominante, la institución estatal está atravesada por procesos sociales que en cierta medida le otorgan un grado de autonomía política y social, lo que le permite incidir sobre la propia estructura social y no solo “reflejar” las relaciones que se traban en el seno de ella. De igual manera, esta autonomía permite desarrollar procesos cuya lógica se desenvuelve al interior del propio aparato estatal, pero que de igual forma jamás se separa de la lógica del bloque social dominante (Rajland, 2016, p. 85).

Ahora bien, una vez precisada la noción de Estado como relación política compleja, es fundamental referirnos a la manera en que el marxismo ha comprendido esta relación entre autonomía/dependencia del Estado con respecto al bloque social dominante. Para ello, es necesario que nos detengamos en ser más explícitos a la hora de exponer la manera en que esta teoría crítica ha comprendido el ejercicio de la dominación política desde el Estado.

Si bien no nos es posible abarcar de forma detenida el concepto de dominación en el marxismo (ya que esto excedería las pretensiones de este texto), es fundamental aclarar ante todo que desde el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx había expuesto con lucidez que la clase dominante (clase burguesa) no era de por sí una clase homogénea y singular, sino que por el contrario estaba compuesta por diferentes sectores sociales que, aun teniendo profundas diferencias políticas, económicas, sociales y culturales, eran capaces de constituir alianzas político-económicas y socio-culturales en beneficio propio (Marx, 1976).

Bajo esta lógica, de acuerdo con Buci-Glucksmann (1979a), Gramsci logra concretar su teoría de la hegemonía. Ello, sobre la base de que en el Estado “occidental” las clases dominantes (resaltamos el plural) tenían la característica de ser un bloque social dominante, es decir:

1. Un conjunto de clases que, sobre la base de una serie de alianzas estratégicas lograban construir un proyecto político compacto de sociedad-nación.

2. Un conjunto de clases que, sobre la base de la hegemonía, articulaban una serie de mecanismos sociales para lograr en última instancia el consenso de las masas hacia su política de clase.²

Entonces, la pregunta que surge es la siguiente: ¿cuál es el papel del Estado en la consolidación hegemónica del bloque social dominante? Si bien es evidente que en el Estado se funden diversas relaciones políticas contradictorias, ¿no es también cierto que éste ejecuta tareas que de forma directa o indirecta reproducen un sistema social hegemonizado por dicho bloque social dominante?

Para responder a dichos interrogantes, es fundamental que tengamos de cerca la noción del consenso, ya que solo bajo esta categoría es que se hace posible la problematización del Estado moderno en su rol monopolizador-socializador. Para Cerroni (1977), por ejemplo, una de las grandes características del Estado democrático occidental es que al tiempo en que continúa soportando su base formal sobre el monopolio de la violencia,³ condiciona el uso de la coerción a la capacidad de captar y mantener un consenso. Lo que implica, en otras palabras, que “el Estado burgués pueda ejercitar la violencia de clase mediante el trámite de su legitimación consensual” (Cerroni, 1977, pp. 76-77).

Por consiguiente, es fundamental que la percepción del Estado esté inmerso en el análisis dialéctico entre hegemonía y coerción. O, como lo dijera Gramsci (1993): entre dictadura de clase y hegemonía. Precisando que la noción de hegemonía no puede reducirse al simple concepto de ideología dominante o de “sujeción ideológica” (como lo entendió en su momento Althusser), ya que precisamente el avance del marxismo está en entrever: (a) cómo a partir de una lógica de socialidad consensual es posible mantener la dominación, y (b) cómo también es posible disputarla.

En otros términos, si entendemos el Estado como un conjunto de relaciones sociales en donde cohabita el consenso-coerción y la dictadura de clase-hegemonía, también debemos comprender que en la medida de que la dominación no es absoluta sino que se tramita bajo formas de legitimación consensual (la democracia liberal es una de estas formas), en el Estado, así como pervive la dominación de clase, también existe la posibilidad latente de la resistencia y de la transformación subalterna. Agregando, además, que estas lógicas de resistencia y de transformación subalterna tienen incidencia real en las instituciones estatales, lo que implica que el Estado también sufre dinámicas de mutación sobre la base de la relación entre dominación y resistencia.

En ese orden de ideas, cuando hablamos de la existencia de contradicciones en el Estado, hablamos de que la lucha de clases tiene una expresión propia en el Estado y en sus instituciones. Solé-Tura ejemplifica esta realidad poniendo de presente que, por ejemplo, el derecho al sufragio universal fue una consigna del movimiento obrero europeo que poco a poco fue conquistándose hasta erigirse en una institución democrática indiscutible. Por lo que, a raíz de esto, la propia clase dominante debió re-articular su propia hegemonía sobre la base de otro tipo de contradicciones estatal-institucionales (fortaleció el ejecutivo sobre el legislativo, implementó formas novedosas de cooptación y corrupción electoral, etc.) (Solé-Tura, 1977).

En consecuencia, decía Solé-Tura, la experiencia del movimiento revolucionario a nivel mundial, nos enseña que la construcción de un nuevo bloque histórico (en los propios marcos de la lucha de clases) tiene profundas implicaciones institucionales ya que no existe lucha revolucionaria alguna que haya podido crear sus instrumentos institucionales al margen del Estado. Por el contrario, estas luchas inciden necesariamente en las instituciones del Estado y las confrontan ininterrumpidamente hasta lograr nuevas síntesis en la gestión estatal (Solé-Tura, 1977). Por lo tanto, volvemos a la idea de que si bien el Estado no se construye simplemente de abajo hacia arriba (o sea, tiene lógicas de dominio político profundamente marcadas), tampoco es simplemente acaparado por las clases dominantes ya que la relación entre “las burguesías”, el bloque dominante de poder y las clases subalternas, transcurre por canales dialécticos, contradictorios y complejos.

Como primera síntesis de este apartado, podemos plantear que hasta este punto hemos propuesto aproximaciones claras que nos llevan a superar la falsa idea de que el Estado es una simple máquina para la represión. Tal como lo hemos expuesto, el “aparato” institucional: a la vez que cumple labores de organización social, desempeña también tareas de organización consensual entre gobernantes y gobernados. De igual manera, apreciamos que el Estado es un campo de disputa política en donde, si bien existen estructuraciones jerárquicas de clase (es decir, existen formas monopolizadas y centralizadas de poder), también se cumplen ciertos grados de socialidad política e institucional. Lo cual, en efecto, da pie para que dentro de las propias grietas políticas de la administración de lo público se logren labrar escenarios de resistencia, renovación y transformación política. En últimas, estas grietas en la función estatal, así como pueden derivar en una reconfiguración hegemónica de las clases dominantes, pueden también devenir en auténticos procesos de transformación y revolución social.

Ahora bien, ya que pudimos avanzar en el entendimiento del Estado como relación institucional compleja, nos falta referirnos con mayor detalle a la relación entre el Estado y las clases sociales. Puesto que aunque el marxismo crítico y heterodoxo jamás ha considerado al Estado como un mero “ente” subordinado a la “base” económica (de ahí que reconozca su autonomía relativa), tampoco ha caído en la falsa idea de entenderlo como un ente aislado de cualquier relación social de producción. Así como lo “superestructural” no deviene simplísticamente de la “base económica”, tampoco puede considerarse como un campo exteriorizado de lo económico.

Claro está que no podremos en este texto profundizar en cuestiones de método marxista. No obstante, pensamos que vale la pena acotar que la relación entre estructura-superestructura no puede abordarse desde la óptica dogmática según la cual la estructura determina abstractamente a la superestructura. Por el contrario, es esencial reiterar una vez más que si bien en el marxismo la estructura económica (en su relación con la totalidad social) cumple un papel determinante en última instancia,⁴ dicha determinación se gesta en virtud de la centralidad de la producción en la constitución de las relaciones humanas. Al respecto, Sánchez sostuvo que:

el papel determinante de lo económico responde al lugar central que la producción ocupa en la sociedad humana y en la historia de ella, en cuanto que no es solo producción de un mundo de objetos, de bienes útiles, sino en cuanto que por su carácter social es también producción de relaciones sociales y condición necesaria de todo tipo de producción. (Sánchez, 2003, p. 421)

En otras palabras, para el marxismo:

la economía no es solo producción de bienes materiales, sino también la totalidad del proceso de producción y reproducción del hombre y la mujer como seres humanos sociales. La economía no es solo producción de bienes materiales, sino también, y al mismo tiempo, producción de las relaciones sociales en el seno de las cuales se realiza esta producción. (Kosik, 1976, p. 209)

De ahí su preponderancia al estudiar cualquier fenómeno social.

En ese orden de ideas y una vez realizado este pequeño interludio sobre la relación entre estructura-superestructura, es indiscutible que el análisis del Estado deba estar atravesado por el papel que juegan las clases sociales en la construcción del propio Estado como Estado de Clase. Para esto, es importante plantear una serie de tesis que nos puedan ayudar a comprender esta compleja interacción.

En primera medida, es esencial poner de presente que para el marxismo la división de la sociedad en clases sociales es fundamental para entender los conflictos sociales que abundan en la historia de la humanidad. Si bien es absolutamente imposible señalar en este pequeño texto las implicaciones intelectuales y políticas de la teoría de las clases sociales, podríamos atrevernos a señalar (sin obviar la complejidad del tema) que las clases sociales son: (1) grupos sociales heterogéneos; (2) históricamente determinados por su relación con los medios de producción; (3) que cumplen un papel determinado en la organización social; y (4) que, dependiendo de su posición en la estructura social, participan amplia o minúsculamente en la distribución de la riqueza social producida en una determinada economía social (Lenin, 1961a).

En efecto, la noción de conflicto en el marxismo tiene una directa relación con la interacción antagónica de las clases sociales. Las cuales, cabe agregar, se implican antagónicamente en la medida en que responden a una lógica de dominación. Es decir, de acuerdo con la teoría marxista, el conflicto antagónico de la sociedad se produce en el entendido en que la dominación y el conflicto (por y para la dominación) son inherentes a las clases sociales. Esto es así dado que el conflicto de clase ancla sus raíces en el proceso de extracción y apropiación del producto del trabajo humano. Lo que nos lleva a aducir dos tesis fundamentales: la primera, que la dominación en Marx tiene vínculos sustanciales con la teoría de la explotación, en otras palabras, “la clase social que domina políticamente, no puede volverse contra la dominación económica que ejerce por el lugar que ocupa en las relaciones de producción” (Sánchez, 2007, p. 38); y la segunda, que la dominación de clase no puede ser valorada como un simple factum, sino por el contrario, como un proceso, como un continuo esfuerzo por parte de la clase o de las clases dominantes para mantener, reforzar, extender y defender dicha dominación (Miliband, 1978).

Bajo este último punto, se hace comprensible cómo las clases interactúan con en el Estado y en el Estado ya que, por ejemplo, el concepto de hegemonía que Gramsci desarrolló en los marcos de su análisis amplificador del Estado partieron de la base de percibir dicha hegemonía como un conjunto complejo de instituciones, de ideologías, de prácticas y de agentes (entre estos los intelectuales) que encontraban su unificación en un proyecto de expansión de clase (Buci-Glucksmann, 1979a). Lo que incidía en el hecho de pensar que si la hegemonía estaba traspasada por la lucha de clases, de igual manera el Estado-relación tendría influencias decisivas de dicho conflicto antagónico.⁵

En consecuencia, de lo anterior se deduce que la teoría del Estado en el marxismo tiene directa relación con el estudio de la lucha de clases en el Estado y por el Estado. En ese orden de ideas, el marxismo renuncia a la idea de Estado-cosa y Estado-sujeto⁶ para dar paso a una perspectiva ampliada donde la dinámica de la lucha de clases juega un rol constitutivo y/o constituyente. Al respecto, Poulantzas sostuvo lo siguiente:

Aunque el Estado no sea el “producto” de esas clases [las clases dominantes], esta correspondencia [entre clases dominantes-Estado] no es debida al azar de alguna astucia de la Razón, porque, el Estado, poseyendo una realidad objetiva propia, está constituido a partir del mismo campo en el que se sitúan la lucha de clases y las relaciones de explotación y de dominación […] El Estado político moderno no traduce al nivel político los “intereses” de las clases dominantes, sino la relación de esos intereses con los de las clases dominadas. (Poulantzas, 1975, p. 50)

En efecto, esta relación entre intereses de clase (bien entre las facciones de la clase dominante, bien entre las clases dominantes y las clases dominadas) no nos puede conducir a pensar que el Estado es el depositario instrumental del “poder poseído” por la clase dominante. Si hemos sido reiterativos en algo es en el hecho de que si tenemos la intención de decantar nuevas aproximaciones al estudio del Estado desde el marxismo, es imprescindible que comprendamos al Estado como el lugar de organización estratégico de la clase dominante en su relación con las clases dominadas. En palabras de Poulantzas: “como el lugar y el centro de ejercicio del poder, pero sin que por ello posea poder propio” (Poulantzas, 2005, p. 178). Solo de esa manera podremos avanzar en nuestro último punto: ¿por qué el Estado despierta tanto interés en las clases dominantes y en las clases dominadas?

Para responder a dicho interrogante debemos acotar que el Estado encarna un conjunto de materialidades e idealidades. En otras palabras, el Estado, a la vez que forja instituciones de gestión, crea y reproduce patrones simbólicos. Por ello, García Linera (2011) ha establecido que el Estado genera un “capital estatal” el cual se compone de un poder sobre distintas especies de capital (económico, cultural, social y simbólico). De esta forma, la disputa por el Estado (de la que tanto hemos hecho énfasis) se concentra precisamente en la capacidad que tienen las clases sociales para incidir en las características, el control y la discrecionalidad de este capital estatal burocráticamente administrado (García Linera, 2011).

En ese orden de ideas, García Linera (2011) define tres componentes esenciales del “capital estatal”:

1. Armazón de fuerzas sociales: el Estado-relación se presenta como la condensación de relaciones entre clases sociales con capacidad de influir, en mayor o menor medida, en la implementación de decisiones gubernamentales. Lo que da pie para argumentar que la dirección de la gestión del Estado y la eficacia en la ejecución de las políticas públicas depende de la correlación de fuerzas que la clase en el poder logre imprimir en el medio social. De ahí que el Estado cumpla un papel esencial en la construcción de la hegemonía.

2. Sistema de instituciones: asimismo, el Estado-relación es un régimen de instituciones políticas, por lo que debe ser comprendido como una “maquinaria” donde se materializan decisiones en normas, reglas, burocracias, presupuestos, jerarquías, hábitos burocráticos, papeles, trámites, etc. Agregando que dichas normas y reglas de carácter público: (1) materializan la correlación de fuerzas que dieron fundación al régimen estatal y (2) logran que las fuerzas sociales puedan coexistir (jerárquicamente) durante un periodo duradero de la vida política de un país (García Linera, 2011).

3. Sistema de creencias movilizadoras: finalmente, el último rasgo del “capital estatal” caracterizado por García Linera es el correspondiente a la “estructura de categorías de percepción y de pensamientos comunes, capaces de conformar, entre sectores sociales gobernados y gobernantes, un conformismo social y moral sobre el sentido del mundo que se materializa mediante repertorios y ritualidades culturales del Estado” (García Linera, 2011, pág. 309). Con este tercer componente, nos referimos al Estado como relación de legitimación política o, en palabras de Pierre Bourdieu, como “monopolio del poder simbólico” (2005, pp. 67-72).⁷

En síntesis, queda más que claro que el Estado reviste el escenario fundamental para la reproducción de un orden social vigente, pero al mismo tiempo, para la transformación de un orden social establecido. Antes de asumir a la institucionalidad burguesa como abstractamente fatal, el marxismo la entiende como históricamente condicionada. Pero esta premisa solo puede ser interiorizada bajo la condición de que se estudie al Estado como una relación social fundamental para la transformación del mundo. Por ello, la conquista del Estado, antes de ser la conquista de un aparato de fuerza, debe ser fundamentalmente la conquista de una serie de relaciones sociales que al definirse como “capital social estatal” son trascendentales a la hora de transitar del capitalismo hacia otras formas alternativas de mediación social.

2.1. El debate sobre la dictadura de clase

Así pues, la relación entre clase y Estado (anteriormente esbozada) fue definida por Marx (1976) bajo la idea del Estado como “dictadura de clase”. Ciertamente esta definición ha generado un sinnúmero de malentendidos a lo largo de varias décadas puesto que se ha llegado a pensar que el marxismo predica la dictadura como forma de ejercicio político legítimo. Pues bien, este razonamiento no solo es estulto, sino que se aparta del desarrollo teórico hecho por los marxistas en relación con este concepto.

Hay que partir de la base de que el concepto de dictadura de clase está presente en pocos textos de Marx, entre estos podrían mencionarse: La lucha de clases en Francia, La carta a Weydemeyer de 1852 y la Crítica al Programa de Gotha. Aunque el autor alemán no hace una referencia uniforme y sistemática del concepto, realizando una labor interpretativa podríamos plantear que para Marx el uso del significante “dictadura del proletariado tenía por objeto defender la hipótesis según la cual para poder concretar una transformación revolucionaria de la sociedad, es imprescindible que las clases revolucionarias se organicen como clases dominantes. Lo que da pie para aseverar que en el revolucionario alemán, la referida categoría daba cuenta de un proceso transicional de transformación social en el cual las clases subalternas debían ser política, económica e ideológicamente dominantes (Fernández, 1979).

En su momento Lenin abordó la discusión de la siguiente manera:

Las formas del Estado han sido sumamente variadas. En la época de la esclavitud, en los países más adelantados, más cultos y civilizados de aquel entonces, por ejemplo, en la antigua Grecia y Roma, basados íntegramente en la esclavitud, tenemos diversas Formas de Estado. Ya entonces surge la diferencia entre monarquía y república, entre aristocracia y democracia. La monarquía, como poder de una sola persona, y la república, como ausencia total de un poder que no sea electivo; la aristocracia, como poder de una minoría relativamente reducida, y la democracia, como poder del pueblo [demos-cratos]. Todas estas diferencias surgieron en la época de la esclavitud. Pero, a pesar de estas diferencias, el Estado de la época de la esclavitud era un Estado esclavista, cualquiera fuese su forma: monarquía, república, aristocracia, democracia. (Lenin, 1961b, p. 266)

En definitiva, con esta apreciación teórica Lenin buscó decantar una serie de precisiones conceptuales que nos ayudaran a comprender el pa-pel del Estado en la transición socialista. El primer concepto que vale la pena destacar es el de tipo de Estado ya que con este se pretendió definir de una forma más acertada la categoría de “dictadura del Estado de clase”. De acuerdo con esta expresión, el tipo de Estado antes que significar una forma de ejercicio de poder “dictatorial”, implicaba la relación entre el ejercicio del poder político en el Estado y las relaciones sociales y productivas que una clase social pretendía producir y reproducir. En palabras de Cerroni: “la dictadura de clase de que se habla no define una particular forma de gobierno [dictatorial], sino más bien un orden socioeconómico” (Cerroni, 1977, p. 78). Lo cual implica que si bien la hegemonía de la burguesía se concreta en el Estado burgués (como “dictadura burguesa”), también la hegemonía de las clases subalternas, al forjar la hegemonía en el Estado subalterno-transicional, implica su “dictadura subalterna”, es decir, la construcción de nuevas relaciones sociales, políticas, culturales y económicas que buscan la gestación de un nuevo orden socioeconómico-cultural-simbólico.

Por otro lado, el segundo concepto desarrollado por Lenin es el de la forma de Estado, el cual, como se puede apreciar en la cita, corresponde a la manera en que un Estado se desenvuelve institucionalmente en su relación dialéctica con la clase hegemónica (la clase dominante en el poder). Así, la forma de Estado consistiría en la manera en que la clase dominante (de acuerdo a la correlación de fuerzas sociales y a los escenarios históricos concretos) desarrolla institucional, legal y consensualmente esos intereses: monárquicamente, aristocráticamente, autárquicamente o democráticamente.

Entendiendo esta distinción/relación, es que Lenin denuncia que:

Una de las repúblicas más democráticas del mundo es la de los EE.UU., y en ningún otro país, en ninguna otra parte, el poder del capital, el poder de un puñado de multimillonarios sobre toda la sociedad se manifiesta en forma tan grosera, con tanta venalidad como allí. El capital, una vez que existe, domina toda la sociedad, y ninguna república democrática, ningún derecho electoral cambia la esencia del asunto. (Lenin, 1961b, p. 272)

Ahora bien, si nuestra inquietud se centra en la pregunta sobre el Estado en el socialismo, es fundamental conjugar estas dos discusiones: (1) la del tipo de Estado, y (2) la de la forma de Estado ya que solo integrando acertadamente estos dos elementos podremos plantear el objetivo político más ambicioso del marxismo, a saber, la extinción del Estado en la historia.

Como ya lo dijimos hace un instante, el Estado socialista es un Estado de Clase, un Estado que debe ser conquistado por las clases subalternas en función de su proyecto político, pues (como también lo señalamos) la transformación social revolucionaria debe atravesar al Estado y además debe encontrar en este un motor relacional para la transformación de la realidad. Por ende, es imperioso preguntarnos lo siguiente: ¿cuál ha de ser la forma de Estado que ha de adoptar el Estado socialista?

2.2. La ineludible relación entre socialismo y democracia

Esta pregunta no es por sí misma novedosa, por el contrario, ha sido una de las inquietudes más recurrentes en el marxismo a lo largo de las últimas décadas. Por lo cual, si queremos avanzar en una posible solución, es conveniente mencionar antes que nada que la inquietud por la forma de Estado socialista se ha visto precedida por la pregunta sobre las formas de Estado que ha adoptado el Estado burgués a lo largo de la historia. Como lo vimos en párrafos precedentes, el Estado burgués ha adoptado múltiples formas de Estado. No obstante, la más interesante, la más compleja y la que hoy por hoy domina el escenario político es la forma democrática.

Ahora, aun cuando se reconoce explícitamente el papel central de la democracia en el desarrollo del Estado burgués, no hay que perder de vista que esta forma democrática de Estado se valora como profundamente restringida. Si puede existir algún consenso en la teoría marxista, es precisamente en juzgar a la democracia burguesa como una democracia “formal” totalmente inacabada, la cual encuentra gran parte de sus obstáculos inmediatos en la formación socioeconómica capitalista:

Si observamos más de cerca el mecanismo de la democracia capitalista, veremos siempre y en todas partes restricciones y restricciones de la democracia: en los detalles “pequeños”, supuestamente pequeños, del derecho al sufragio (censo de asentamiento, exclusión de la mujer, etc.), en la técnica de las instituciones representativas, en los obstáculos efectivos que se oponen al derecho de reunión (“¡los edificios públicos no son para los miserables!”), en la organización puramente capitalista de la prensa diaria, etc., etc. (Lenin, 1974, p. 83)

Sin embargo, es claro que juzgar una forma de Estado como inacabada no da pie para enviarla a los anaqueles de la historia, mucho menos cuando se reconoce que la propia democracia burguesa no ha sido el constructo unilateral de una clase social sino más bien el resultado de innumerables tensiones gestadas a lo largo de la historia. Así como la democracia formal puede ser apreciada como la Forma de Estado más acabada del Estado burgués, también debe ser asumida como el producto de un sinfín de confrontaciones sociales en los marcos de dicho Estado de clase.

De esto se sigue que uno de los debates esenciales del Estado socialista es precisamente el de su posición ante la forma de Estado democrática. La discusión que se debe poner sobre la mesa debe partir de la base de que: si un Estado socialista pretende ser históricamente un Estado de transición al comunismo, es decir, a la autogestión directa de los productores libremente asociados, dicho Estado requiere necesariamente de una forma de gobierno que esté ligada consustancialmente con este fin político e histórico. Esto implica que, al ser el comunismo un ideal de sociedad en donde los seres humanos participen activa y autónomamente en la gestión de todas las esferas de su vida social, es evidente que la forma socialista de gobierno debe necesariamente ser la democrática:

Si la dictadura burguesa [como llamaba Marx al Estado burgués] puede ejercerse en diferentes formas políticas, incluso con la república democrática y la democracia política […] De ello se deduce que, en consecuencia, también la dictadura del proletariado, entendida como orden socioeconómico, puede ejercitarse en diferentes formas políticas, sin excluir -como punto de partida- la democracia política. (Cerroni, 1977, p. 78)

La relación entre socialismo y democracia es entonces una relación dialéctica, una relación de tensión y de implicación. Y esto es así por una simple razón: porque solo bajo un socialismo auténticamente democrático será posible lograr la construcción de un Estado de clase verdaderamente transicional. ¿Cómo entendemos entonces la transición, lo transicional? Nos parece apropiado en este punto traer a consideración la siguiente idea de Negri:

La transición al comunismo se realiza, pues, mediante un proceso de constitución de los sujetos colectivos productivos que crean una máquina de gestión de lo social orientada a su liberación. El gobierno a través del cual debe realizarse el proceso de transición es un gobierno de los sistemas de abajo, un proceso por lo tanto radicalmente democrático. Proceso de un poder constituyente, de un poder que, asumiendo radicalmente desde abajo toda tensión productiva, material e inmaterial, explicando su racionalidad y exasperando su potencia, establece la configuración de un sistema dinámico, un poder constituido, nunca cerrado, nunca limitado. Un poder en las redes de producción, de autovalorización y de auto-organización de todo lo que emerge en la sociedad, producido por las subjetividades colectivas. Un poder constituyente que tiene como regla fundamental ser cada día una invención colectiva de racionalidad y de libertad. (Negri y Guattari, 1999, p. 163, énfasis añadido)

La hipótesis inicial de la cita abarca en profundidad la idea central de la transformación social en los marcos de un Estado Socialista transicional. En efecto, la idea de transición va aparejada a la idea de construir formas de gestión de lo común que rebosen la forma estatal-monopolizada de dirigir la “cosa pública”. Sin olvidar, por supuesto, que estas formas de lo común son impensables si la democracia no se erige como eje rector de la forma de Estado, ya que una transformación del aparato de Estado orientada hacia la extinción de la forma-Estado solo puede ser posible si se apoya en la participación creciente de las masas populares. Lo cual solo puede lograrse si la gente logra desplegar sus iniciativas propias en el seno mismo del Estado.

Bajo ese horizonte político, es lógico que el Estado transicional tenga la obligación de diseñar maneras activas y crecientes de intervención popular dentro del propio Estado, y, de igual manera, es entendible que, como lo señalamos hace un momento, el Estado genere posibilidades de intervención social de su propio “capital estatal”. Así pues, como lúcidamente lo delimita García Linera (2015a), los nudos de transformación estatal en donde debe concentrarse esta creciente participación social-popular deberán ser los siguientes (ver Tabla 1).

Tabla 1: Nudos de Transformación social desde el Estado

Nota: Elaboración propia.

Como bien se puede detallar, la participación social debe calar en cada uno de los nudos de transformación social desde el Estado: desde los nudos principales, en donde se encuentran los escenarios de monopolización de la gestión pública por excelencia, hasta los nudos estructurales, en donde las clases subalternas logran apropiarse de los medios por los cuales se produce y reproduce lo real. Pero, volviendo al punto anterior, esto solo puede consumarse siempre y cuando el proceso político socialista intensifique los grados de democratización de la vida social, productiva, cultural y económica. De ahí que el Estado transicional deba propiciar un constante proceso de construcción de hegemonía y de consenso activo entre la población:

La hegemonía como democracia, como índice de formas de democracia que van de abajo hacia arriba, se apoya sobre la “democracia de productores”, ligada a la idea de los consejos obreros [y al principio crítico anti-estatista] […] La hegemonía es ante todo una estrategia de adquisición del consentimiento activo de las masas por medio de su auto-organización, a partir de la sociedad civil y en todos los aparatos de hegemonía: de la fábrica a la escuela o a la familia. Esto a fin de crear una voluntad política colectiva, a la vez nacional y popular: un bloque histórico del socialismo capaz de homogeneizar infraestructura y superestructura [sociedad política y sociedad civil]. (Buci-Gluksmann, 1979b, p. 382)

Solamente en la medida en que las clases subalternas logren intervenir en la totalidad de los nudos de transformación social desde el Estado (es decir, en el capital social estatal), será posible toparnos ante revoluciones sociales que sean capaces de iniciar un largo proceso de transformación estatal. Y ello porque solo así lograrán la construcción de un nuevo bloque de clases dirigente, la consolidación de la democratización creciente de la política y de la economía, y (lo que es decisivo) el desarrollo de un proceso de desmonopolización de la gestión de los bienes comunes de la sociedad: impuestos, derechos colectivos, servicios básicos, recursos naturales, sistema financiero, identidades colectivas, cultura, símbolos cohesionadores, redes económicas, etc. (García Linera, 2015a).

En conclusión, podríamos decir con Poulantzas que “el socialismo, o será democrático, o no será” (1977, p. 16). Y esto es así porque solo en virtud de la formación de amplios y cualificados espacios democráticos será posible concretar dos horizontes políticos ineludibles del Estado transicional: (1) el de socializar el ejercicio del poder político monopolizado en la forma-Estado, es decir, no será posible alterar la forma representativa-burocratizada del Estado si no se logra socializar el ejercicio del poder político a partir de la irrupción de formas creativas e innovadoras de participación; y (2) el de socializar la economía, o sea, idear formas libres de asociatividad productiva que irrumpan en el desarrollo económico. El Estado transicional debe aspirar entonces no solo a defender las condiciones de vida y de trabajo de las masas populares, sino también a desposeer a las clases dominantes del poder económico (tanto a nivel de empresa como de Estado), y a organizar a la clase subalterna para la dirección y el control, esto es, para el ejercicio del poder (Poulantzas, 1977).

En síntesis, para el marxismo las relaciones entre Estado, poder político y economía son inseparables: así como la expansión de la democracia política es un aspecto específico de la lucha contra el capitalismo, solo la lucha contra el capitalismo podrá abrirnos las compuertas históricas de auténticas formas autónomas y humanas de participación social.

Por ende, la pretensión socialista de fortalecer la participación popular en el Estado, tiene una correlación directa con el problema de qué formas de participación democrática se incentivan desde ese mismo Estado. Sobre este punto, Luxemburgo es clara en argumentar que:

[la dictadura del proletariado] no consiste en la eliminación de la democracia, sino en la forma de practicarla, esto es, en la intervención enérgica y decidida en los derechos adquiridos y en las relaciones económicas de la sociedad burguesa, sin la cual no cabe realizar la transformación socialista. Pero esta dictadura debe ser la obra de una clase y no la de una pequeña minoría dirigente que actúa en nombre de la clase; es decir, debe avanzar paso a paso partiendo de la participación activa de las masas; debe estar bajo su influencia directa, sujeta al control de la actividad pública; debe surgir de la educación política creciente de las masas populares. (Luxemburgo, 2015, p. 441)

Como lo hemos planteado, la irrupción democrática del Estado transicional debe ser una irrupción amplificadora y expansiva, una irrupción que logre articular las formas democráticas que ha conquistado la humanidad con otras formas más amplias y avanzadas de participación. No se trata de negar la democracia formal burguesa (de raigambre representativa), sino más bien articularla con el despliegue de formas de democracia directa (de base) que inciten al autogobierno y a la autogestión.

Así pues, los términos de la discusión política sobre el Estado de transición no pueden plantearse bajo las falsas dicotomías entre: dictadura/ democracia, democracia-directa/democracia-representativa, estatismo/ no-estatismo, etc. Contrario sensu, la democracia socialista ha de entenderse como democracia plena y radical, como democracia en la totalidad de las esferas de la vida social. Por esta razón, el quid del asunto no se concentra en la eliminación de la representatividad y la implantación del asambleísmo absoluto; por el contrario, el socialismo no niega las conquistas democráticas burguesas sino que las supera, dándoles un contenido social más allá del límite que les impone su carácter de clase. El socialismo, así como no niega el principio de representatividad tam-poco le interesa mantenerlo en su forma tradicional, más bien, le interesa desarrollarlo hasta conjugar democracia representativa y democracia directa (Sánchez, 1983). Solo así, bajo esta forma democrática plena, las clases subalternas podrán hacer del Estado un auténtico Estado de transición. Y lo harán en la medida en que forjando una sociedad democrática en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo económico y en lo ideológico, construyan una nueva forma de gestión de lo común: una forma-Comunidad.