Ciencia Política

1.1 Orígenes históricos del pueblo raizal

La historia del archipiélago de San Andrés y Providencia se remonta al siglo XVII, cuando la corona española deja abandonadas las islas del Caribe y las Antillas debido a la atención que suscitaron los descubrimientos de territorios en América continental mucho más ricos (México y Perú). Para la época, las islas estaban despobladas, no había ninguna presencia allí de colonos ni de nativos y el primer asentamiento que se estableció fue inglés, por medio de la creación de la compañía de providencia (Árchbold, 2007). Esta compañía de colonos estaba compuesta por cien puritanos ingleses que huían de las persecuciones religiosas en su país, y arribaron a la isla a bordo del Seaflower en febrero de 1631: “El año anterior se habían formado en Inglaterra dos corporaciones puritanas para establecer sendas colonias en América, una en Massachussets y otra en Providencia” (Meisel, 2003, p. 12). La otra compañía sería nada más y nada menos que la que iba a bordo del Mayflower.

Los colonos se dedicaron al cultivo de algodón. Años más tarde acudieron a la importación de esclavos que para el año 1637 constituía ya el 50% de la población en la isla de providencia (Meisel Roca, 2003). Para el año 1635 esta empresa colonizadora fracasa en su intento de sostenerse por medio del cultivo de algodón y se convierte en una base para la piratería contra España, hasta que el 6 de mayo de 1641 es nuevamente ocupada por una flota compuesta de once barcos y dos mil hombres bajo el mando de Francisco Diaz de Pimienta, instalando hasta el año 1670 un pequeño destacamento de hombres para evitar la recolonización de la isla por miembros de países enemigos. Desde el abandono total de la isla por parte de los españoles, San Andrés y Providencia estuvo desocupada cincuenta años hasta las nuevas colonizaciones de irlandeses, escoceses y jamaicanos (Meisel Roca, 2003).

Posteriormente la isla acogió a nuevos colonos, muchos de ellos ingleses que traían esclavos para el cultivo del algodón, a quienes, luego del tratado de Versalles en 1873 la corona española les exigió su retirada. Ante esta situación muchos de los habitantes juraron fidelidad a España, incluso convirtiéndose al catolicismo para así poder quedarse y continuar con sus actividades económicas, otros fueron expulsados a Jamaica, Bahamas y Gran Caimán. Durante los últimos años del siglo XVIII, las islas estaban regidas por la Capitanía de Guatemala y la Nueva Granada en las manos del Virrey y Arzobispo Antonio Caballero y Góngora:

según un informe de la época, a principios de 1793 existían 35 familias y 285 esclavos en la isla de San Andrés, además de varias mujeres Miskitos, compañeras de colonos continentales. En ese momento, la base de la economía era el algodón de fibra larga. (Árchbold, 2007, p. 71).

En el siglo XIX, las islas experimentan la gran convulsión de las islas del Caribe en las luchas independentistas de América. Para la época se dan ya gran cantidad de intercambios comerciales con otras islas del caribe como con la actual Belice. Para los años 1806 y 1816 la isla vivió los saqueos de corsarios comprometidos con las causas revolucionarias de las colonias frente a España, y tras el triunfo de la independencia las islas quedan suscritas bajo el control de la Nueva Granada al adherirse de manera voluntaria a la constitución de Cúcuta en 1822.

Es de particular importancia mencionar que para el siglo XIX, la economía de las islas gira en torno al cultivo de coco que tenía una gran demanda en Estado Unidos:

En 1883 ya San Andrés y Providencia, pero especialmente la primera, exportaba cuatro millones de cocos por año. Esta cifra se había incrementado a 16 millones en 1906, cuando muchos observadores comentaban sobre la prosperidad general de los habitantes del archipiélago. (Meisel Roca, 2003, p. 17)

Es en este siglo, específicamente en el año 1845, cuando se da el paso de la economía algodonera a la economía cocotera (Clemente, 1994). A la vez, como lo menciona Árchbold (2007), es el año en el que se da uno de los acontecimientos más importantes para la historia cultural de la comunidad raizal: el establecimiento de la Iglesia Bautista. Esta cumplió un papel fundamental en la historia de los habitantes del archipiélago pues dentro de su misión se encontraba la lucha por la abolición de la esclavitud, por medio del establecimiento de ciertas instituciones sociales que permitieron liberar algunos antiguos esclavos (Árchbold, 2007).

1.2 Proceso de “colombianización”: políticas integracionistas y despojo

Entrado el siglo XX comienza con mucho más rigor el proceso denominado como “colombianización” del archipiélago, sobre todo después de la pérdida de Panamá y las amenazas a la soberanía nacional por parte de Estados Unidos en el Caribe. Este proceso de colonización se produce en dos períodos importantes: (1) a través de políticas integracionistas en las que intervinieron las misiones católicas inglesas y españolas que intentaron eliminar las diferencias presentes en la isla respecto de la cultura nacional, censurando las lenguas nativas y la religión bautista; y (2) a partir de la política económica del puerto libre desde 1953 (Guevara, 2007).

La colonización colombiana comienza por el afán de constituir y cimentar las bases de la soberanía nacional en el territorio isleño por parte del gobierno de la regeneración, para defender los territorios de la ambición estadounidense. Esto último se ve reflejado en la injerencia norteamericana en 1903, cuando el gobierno estadounidense realiza un referendo en la isla para buscar la secesión de los sanandresanos del estado colombiano. Esto no dio resultado debido a que, entre otras razones, muchos isleños conocían por experiencia la discriminación racial que por esa época era bastante pronunciada en Estados Unidos (Guevara, 2007).

Sin embargo, a pesar de la adhesión que la isla mantuvo con el gobierno nacional, el 28 de diciembre de 1911 buena parte de los habitantes del Archipiélago suscribe un memorial dirigido al presidente de la República titulado Manifestación de los habitantes del Archipiélago de San Andrés y Providencia, en el cual denunciaban la mala administración del gobierno departamental (Departamento de Bolívar) y pugnaban por un control de parte del gobierno nacional (Eastman, 1992). Los isleños se van a pronunciar nuevamente el 4 de enero de 1912 frente al mal uso de los recursos públicos por parte de los funcionarios estatales de la gobernación, dirigiéndose al presidente de la República. Ante ello, el ministro de Gobierno Pedro María Carreño reconoció las demandas y prometió la creación de la intendencia de San Andrés y Providencia ya que la situación se tornaba cada vez más difícil en cuanto el ambiente político se veía agitado por la publicación en la isla del periódico The Searchlight, editado por Francis A. Newball, que luchaba por la proclamación de la intendencia nacional en el Archipiélago (Eastman, 1992). En 1912 se realiza la visita del inspector general del Censo Nacional Santiago Guerrero, quien:

inflamado por su espíritu nacional-católico y anti-estadounidense, recelaba de todo aquello que pudiera alejar del territorio insular de Colombia y acercarlo a los Estados Unidos, como por ejemplo: el idioma, la religión protestante, la esposa norteamericana del pastor de San Andrés, la misión católica con curas gringos, los comerciantes y empresarios estadounidenses que habían alquilado por 20 y 25 años los cayos y monopolizaban la comercialización del coco, proyectando además la imagen de que aquellos eran parte integrante de la ‘nación americana’, el desconocimiento de la soberanía colombina sobre Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño por parte del gobierno de los Estados Unidos, que propiciaba su explotación, y sus planes de construir una base naval en San Andrés para proteger sus intereses en el Canal de Panamá. Para enfrentar las amenazas internas y externas, Guerrero presentaba una línea de acción política que respondía a su concepto de ‘Identidad nacional, Patria, colombianidad’: enviar una guarnición militar o un cuerpo de policía, establecer una misión católica colombiana, fundar escuelas con maestros competentes y bilingües, pero que enseñaran el castellano, y un inspector escolar. Igualmente, responder a las reformas fiscales y de comunicaciones solicitadas y al ‘buen gobierno’ por medio de la creación de la Intendencia. Así, concluía, “nuestra religión, nuestro idioma, nuestras costumbres serán las de ellos”. (Eastman, 1992, p. 10)

Finalmente el gobierno nacional creó la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia a través de la Ley 52 de octubre 26 de 1912. Los remedios aplicados por el gobierno central fue hacer más presencia con gobernadores enviados desde el continente y la comisión de una orden religiosa católica para la evangelización de los isleños. En un primer momento se le encomienda tales misiones a la orden inglesa de San José de Mill Hill, la cual llega a la isla en 1902 y se va de ella en 1926, cuando los funcionarios del Estado la reemplazan por la misión capuchina de Valencia, España (Árchbold, 2007).

Los primeros pasos de la “colombianización” se dan con la connivencia de los funcionarios del estado y la misión católica quienes comienzan a hacerse cargo de la educación escolar, la cual imparten en lengua castellana a la vez que prohíben el uso en festividades públicas de las denominaciones en inglés de los lugares típicos de la isla, cambiándolos por nombres en español, además, declarando el matrimonio no católico como ilegítimo y entrando en grandes contradicciones con la iglesia bautista (Árchbold, 2007). Al respecto citaremos un testimonio relevante para entender cómo se dio la violenta colonización a través de las misiones católicas, recogido por Walwin Petersen en Province of Providence y citado por Guevara (2007):

Los isleños cuentan que un día, en los comienzos de la colombianización, las monjas de San Luis informaron a las niñas a su cargo que iban a iniciar un estudio bíblico al día siguiente y que cada estudiante debía llevar la Biblia de su familia a la escuela. Las monjas habían preparado una mesa con un mantel sobre la cual todas las Biblias fueron colocadas cuando las niñas entraron. Después de que todas estuvieron sentadas, las monjas ataron las cuatro esquinas del mantel y procedieron a sacar de allí los libros sagrados, ¡y regaron kerosén sobre ellos y los quemaron! Como las niñas lloraban viendo arder sus Biblias, algunos de los padres que vivían cerca oyeron la conmoción y fueron corriendo a ver qué pasaba. Al presenciar la destrucción sin sentido de la palabra de Dios empezaron también a llorar, suplicando a las monjas que les dieran una razón. Pronto las noticias se expandieron por toda la isla, con muchas protestas. Este evento desafortunado tuvo lugar en 1928. Algo interesante es que la tradición isleña dice que, unos pocos días más tarde, la palma de coco bajo la cual las biblias fueron quemadas se infectó de una enfermedad y murió. Esta enfermedad se esparció y la mayor parte de las palmas de coco que quedaban en la isla se infectaron. Lo que está documentado es que, dos años después del incidente de la quema de las Biblias, ¡no había un solo coco en toda la isla, y noventa por ciento de las palmas habían muerto! Se hizo necesario entonces replantar todas las granjas de la isla. Mucha gente nativa creyó que este evento trágico señaló una maldición de Dios sobre la industria más importante de la isla, debida a la destrucción sin sentido de su palabra sagrada. (Guevara, 2007, p. 304)

Esto trajo varias consecuencias para la memoria histórica de un pueblo que ha sufrido las consecuencias de una colonización que tiene sus fundamentos ideológicos en los orígenes de la contrarreforma (Jaramillo, 1998). Estos testimonios son un síntoma de la regeneración profundamente excluyente, que basaba su fundamento político en una nación unificada bajo una sola fe, consagrada en la carta política de 1886.

El segundo momento de la “colombianización” es fundamentalmente económico. Este se inicia y se prolonga de manera dramática desde 1953 cuando se declara el Puerto Libre hasta los inicios de los años noventa con las reformas de la apertura económica. El puerto libre fue declarado por un decreto en 1953, en el cual se dejaban exentos de aranceles los productos importados a la isla. Este fue ratificado posteriormente por la Ley 127 de 1959 y el Decreto reglamentario 00445 de 1960 que estableció las características de la zona libre:

La legislación sobre el puerto libre permitía a los turistas colombianos introducir al continente colombiano artículos comprados en San Andrés sin pagar aranceles, hasta un cupo relativamente alto. Por lo tanto, se volvió muy atractivo volar a la isla para comprar artículos importados tales como televisores, relojes, perfumes, licores y adicionalmente gozar durante unos días de las hermosas playas y del clima caribeño. (Meisel, 2003, p. 22)

El atractivo económico y luego turístico de las islas, trajo consigo consecuencias determinantes para sus pobladores, entre estas, un crecimiento económico impresionante y una oleada gigantesca de inmigrantes que para 1964 constituían el 50.6% de la población (Meisel, 2003). Esto conllevó al desplazamiento de los nativos de las áreas tradicionales de su trabajo y de las tierras que ocupaban, debido a que se emplearon en oficios distintos y necesarios para la nueva industria del turismo, afectando seriamente, por ejemplo, las prácticas tradicionales de la agricultura. Además, la nueva economía estaba en manos de los inmigrantes continentales, muchos de ellos de origen extranjero, lo cual dejó en notable desventaja a la población local que tuvo que convertirse en “mano de obra”. Según los datos que expone Meisel (2003), para el año 1962 los raizales comerciantes inscritos en la cámara de comercio local eran tan solo el 14.6% del total, y su capital era de no más del 8% del total de los negocios inscritos.

Varios hechos demuestran el conflicto social de la época y son de gran importancia para entender los orígenes de un conflicto y una resistencia hacia la invasión y la colonización por parte de los continentales. Con la apertura del puerto libre comenzaron las pugnas por la tierra, que desembocaron en situaciones dramáticas que aún hoy surten efecto en el conflicto social. En los años sesenta, un isleño residente en Nueva York denunció ante las naciones unidas el desplazamiento de los habitantes nativos por parte de los colonos colombianos, llegando incluso a proclamar la separación de las islas para fundar una República Independiente que llevara el nombre de Federal Republic of Old Providence. Esto, por supuesto, no tuvo mayor eco ni en la nación ni a nivel internacional. Pero fue otro evento sucedido en ese mismo decenio el que marcó el inicio de una actitud política “anticolombiana”: El misterioso incendio de la casa de Gobierno de la Intendencia en Mayo de 1964, el cual se llevó consigo los títulos de propiedad de la tierra de los habitantes de la Isla:

Las quejas y reclamos que suscitó este acontecimiento llegaron hasta Bogotá, lo que obligó a que gobierno nacional enviara una comisión del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, para que realizara un estudio con el cual se pretendía reglamentar y legalizar las propiedades. No obstante, la noticia de la posible presencia de los inspectores del gobierno nacional no fue bien recibida, pues unos sectores de la población nativa alegaban que las intenciones del INCORA estaban encaminadas a declarar en la Isla una amplia zona de terrenos baldíos, en los cuales se pretendía impulsar la instalación de una base militar. Como respuesta a ello, se conformó una comisión integrada por prestigiosas personalidades locales, los que hicieron lo posible para evitar la presencia de los inspectores provenientes de Bogotá, situación que terminó dejando serias dudas sobre el origen de las propiedades y generando un ambiente de protesta y de anticolombianismo Hacia mediados de la década de 1970 se conformó el Comité Pro Defensa de los Intereses del Archipiélago, movimiento integrado en su mayoría por los más prestigiosos comerciantes isleños, y que organizó una serie de protestas en contra el gobierno de Alfonso López Michelsen por considerar que éste pretendía lesionar sus intereses al sugerir la imposición de impuestos a su actividad comercial. Por su parte, los años ochenta registraron diversas manifestaciones, desde aquéllas que proclamaban la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago, tras la intención del gobierno sandinista de invadir las Islas, hasta las que continuaban luchando por la adquisición de un mayor grado de autonomía sobre el territorio. Tales iniciativas dieron origen a la conformación del movimiento Sons of the Soil, el cual emprendió un trabajo serio y comprometido por la reglamentación de un estatuto raizal. (Charry, 2008, p. 68)

Dicho esto, es claro que el proceso de “colombianización”, en sus dos momentos, ha sido relevante para la conformación de una memoria colectiva y de una conciencia de parte de los miembros del pueblo originario de las islas, que ha llevado a concebir una serie de reivindicaciones en distintos aspectos de la vida local y nacional como aspectos constitutivos de una ciudadanía diferenciada en el marco constitucional. Todas estas situaciones los conducirán a participar más activamente en la política pero siempre sin lograr mayor eco en un país que no ha reconocido la diferencia y que ha postergado desde hace mucho la experiencia de la democracia. Las reivindicaciones y reparaciones que exige el reconocimiento completo de la etnia raizal, las resume Guevara (2007) en tres terrenos importantes: (1) en la economía y el medio ambiente (economía afectada por la declaración del puerto libre y la inmigración con efectos nocivos debido a la sobrepoblación y la falta de planificación en los ecosistemas de la isla); (2) en la educación (sobre todo por las graves consecuencias en los niveles del alfabetización y de aprendizaje en una educación que se ofrece, fundamentalmente en español y que desconoce la lengua nativa y/o el inglés); y (3) en la política (la inclusión en la Constitución de 1991 es deficiente y encubre un olvido de parte del estado colombiano respecto de los raizales, además de la deficiencia de gran parte del sistema normativo que los encubre) (Guevara, 2007).

En este artículo pretendemos centrarnos en las reivindicaciones de los raizales ante la Constitución de 1991, es decir, en ese punto específico de las reparaciones políticas. Identificaremos las acciones más relevantes, desde la Asamblea Nacional Constituyente hasta después de la promulgación de la constitución de 1991, la cual ha generado resistencias importantes en aras de la recuperación de un pasado negado y enajenado que todavía hoy deja ver sus efectos en los descendientes de toda una larga historia de colonización y exclusión.

2.1 Representación enajenada

Debemos comenzar advirtiendo que la comunidad raizal no tuvo constituyentes propios, como tampoco los tuvieron las comunidades afrocolombianas en general, y sus reivindicaciones tuvieron que ser esbozadas y representadas por los constituyentes indígenas a través de la ONIC presidida por Lorenzo Muelas (Movimiento de Autoridades Indígenas, elegido con 20.083 votos) y Francisco Rojas Birry (Movimiento Alianza Social Indígena, elegido con 25.880 votos). En este proceso de creación de la ONIC se aliaron los diferentes sectores que tenían reivindicaciones de carácter étnico que no pudieron ser representados en la Comisión de igualdad y carácter multiétnico de la ANC, a saber, la etnia afrocolombiana y la etnia raizal.

Respecto de las declaraciones conjuntas, podemos encontrar en la primera entrega del boletín de la Constituyente indígena en febrero de 1991, lo siguiente:

Acuerdos interétnicos: Coincidencias existentes entre las propuestas de la ONIC, los raizales del archipiélago y las comunidades negras del Pacífico, han merecido que estos grupos étnicos se hayan pronunciado confiando en el Constituyente Indígena la defensa de sus derechos en la A.N.C, especialmente en lo que se refiere a los territorios, los recursos naturales, la autonomía y la participación. En un documento dirigido a la ONIC y a Pacho, las comunidades negras y raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina manifestaron la vocería que depositan en el compañero Pacho, así como la ratificación de la propuesta de que se reconozca a Colombia como una nación multiétnica y pluricultural. (ONIC, 1991a, p. 2)

Más adelante, en el mismo boletín, se destaca la participación del movimiento raizal más importante hasta el momento, SOS:

Con los compañeros de S.O.S, que representan los grupos étnicos de las islas del Caribe, ya se ha llegado a acuerdos y se está trabajando en pro de una propuesta unificada para que en conjunto se presione y se logre su aceptación en la Asamblea. (ONIC, 1991a, p. 6)

De igual manera, algunas de las reivindicaciones de los isleños raizales son presentadas en los distintos boletines de la ONIC. En uno de estos se encuentra un texto de una página que resume la historia de la etnia raizal y su condición de pueblo colonizado a través del proceso conocido como “colombianización”. En ese texto, publicado en dicho boletín y titulado El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El gobierno facilita el despojo, se pueden leer las reivindicaciones básicas de los raizales en términos de su identificación como etnia (ONIC, 1991a).

En el ámbito de la discusión dentro de la ANC, los sujetos de derechos étnicos son definidos por Rojas (1991) en la ponencia y propuesta de articulado titulada Los Derechos de los grupos étnicos, dirigida a la Asamblea Nacional Constituyente. En esta se incluyen como grupos étnicos a los indígenas, negros y raizales del archipiélago de San Andrés, en razón de una categorización antropológica y sociológica. Esta caracterización refiere a una serie de consideraciones que hacen de estos grupos “comunidades humanas con una identidad cultural particular”. Dichas características son las siguientes:

-poseer un legado cultural tradicional, que constituya una interpretación propia que sitúe al hombre en relación con su medio externo y con la comunidad, y asegure su identidad (religión, mitos, rituales, expresiones artísticas, etc.); -tener un sentimiento de pertenencia al grupo étnico como una colectividad humana poseedora de una identidad cultural; -contar con formas propias de organización social, distintas a las de la sociedad nacional, que regulen el comportamiento de los miembros del grupo, las relaciones de éstos entre sí, la organización del trabajo social y la distribución de oportunidades de acceso a los beneficios generados en la comunidad (sistema de parentesco, sistema de trabajo, y régimen de propiedad -comunitario-, etc.);-contar con formas de control social propias que aseguren la cohesión social del grupo, mediante la aplicación de sanciones por parte de autoridades propias (normatividad propia, sanciones, etc.); -Ocupar tradicionalmente un territorio, al cual se hayan adaptado desarrollando a) formas de producción que no rompan el equilibrio ecológico y les permita aprovechar permanentemente los recursos naturales y b) adecuando los espacios sociales del grupo al mismo medio;-tener una lengua propia a través de la cual se conserve su legado cultural Estas características de grupo étnico las reúnen los pueblos indígenas, las comunidades negras y la comunidad isleña raizal del Archipiélago de San Andrés. (Rojas, 1991, pp. 15-18)

Frente a esto, es importante aclarar que la ponencia y propuesta de articulado presentada por Rojas (1991) está suscrita por el movimiento SOS, quienes declaran en anexos al mismo documento que suscriben dicha proposición de articulado del constituyente indígena, así como también se adhieren a las propuestas realizadas por Fals y Muelas (1991) que abogan por la recuperación del territorio raizal enajenado. En dicho anexo, que se pronuncia ante el aplazamiento en la Comisión primera de la decisión de incluir en el articulado sobre derechos, un artículo sobre la limitación de los derechos de circulación y residencia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el movimiento SOS asevera que respecto de las dos propuestas presentadas sobre el tema, una por Emiliani y la otra por Rojas, apoyan a la última debido a su carácter multiétnico. La propuesta de Emiliani solo refería el tema de la restricción de la circulación y residencia en la isla como un problema para la ciudadanía en general, sin atender a los riesgos culturales y socioeconómicos para el grupo étnico raizal.

Así, las principales reivindicaciones de los raizales ante la ANC son la reivindicación de los derechos a sus manifestaciones culturales, a la protección y promoción de su lengua (el inglés y el creole), el derecho a la tierra que les ha sido despojada por el proceso de colonización y la supervivencia de su existencia como pueblo. Tales reivindicaciones quedan consignadas en la intervención que hicieron los miembros de la Comisión de San Andrés y Providencia en la ANC.¹ Entre sus miembros, se encontraba Juvencio Gallardo, miembro fundador del movimiento SOS, grupo que se fundamenta en el estatus de etnia reivindicado por los raizales. En su intervención Juvencio Gallardo reivindica en primer lugar el carácter étnico de la comunidad isleña raizal:

San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un grupo étnico por tener orígenes, historia, identidad, cultura, lengua y costumbres diferentes a los del resto del país, también tienen por tener territorio propio separado del resto del país, el Gobierno especialmente en este siglo, ha intervenido muchas veces en las islas, con políticas que perjudican, que han perjudicado al pueblo isleño raizal, al grupo étnico de las islas. (Presidencia de la República de Colombia, 1991, p. 9)

Más adelante, enuncia una propuesta de articulado de parte del movimiento raizal para que sea aprobado por la Asamblea y consignado en la Carta política.² En este documento presentado por Gallardo y suscrito por la mayoría de los miembros de la comisión de San Andrés en la Comisión Segunda de la ANC, podemos encontrar las reivindicaciones más importantes de la etnia raizal frente a la Constitución de 1991.

Buena parte de ese articulado sería recogido en la propuesta incluida en el Informe-ponencia de Orlando Fals y Lorenzo Muelas, donde se afirma lo siguiente bajo el subtítulo de “Grupos étnicos No-indígenas”:

El estudio efectuado demostró que algunos grupos negros y la población raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, enfrentan situaciones parcial o totalmente similares a los Pueblos indígenas. De ahí la razón de solicitar también para ellos beneficios de la autonomía que les permita el libre y adecuado manejo de sus sociedades. (Fals y Muelas, 1991, p. 2).³

En la misma propuesta, encontramos artículos que tienen que ver con algunas de las demandas presentadas por los raizales ante la ANC tratados en este caso como grupos étnicos “No-indígenas”, incluyendo a los afrocolombianos que viven en zonas ribereñas, por ejemplo, aquellos referidos al derecho que tienen para definir sus propias formas de organización social, la preservación de su identidad cultural y su lengua, la autonomía administrativa, financiera, patrimonial y presupuestal. En otros artículos, encontramos la garantía y promoción de las formas de propiedad comunitaria y familiar de los grupos étnicos y su carácter inembargable, imprescriptible e inajenable, la asunción de las lenguas nativas como lenguas oficiales dentro de los territorios indígenas junto con el castellano, y el derecho a la educación propia y bilingüe (en español y lengua nativa). Dentro de este articulado propuesto por Fals y Muelas (1991), vale la pena anotar que no existe ningún artículo que mencione las circunscripciones electorales para los “grupos étnicos No-indígenas”, es decir, negros y raizales, y solo se habla de circunscripciones electorales especiales para los indígenas. Tampoco se menciona nada respecto de la provisión de recursos ordinarios para los territorios étnicos no-indígenas, sino solamente para territorios y/o resguardos indígenas.

2.2 Las reivindicaciones de la etnia raizal

A partir del examen de documentos, comunicaciones e intervenciones, podemos identificar y resumir las reivindicaciones raizales ante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991: (1) en términos de ordenamiento territorial, elevar a la categoría de Departamento al archipiélago (antes de la constitución este era una intendencia); (2) un artículo transitorio que tenga por propósito garantizar, reglamentar y reconocer su identidad cultural (formas de organización social, gobierno propio, costumbres, lengua, educación y usos y formas de propiedad de la tierra); (3) reconocimiento de la lengua nativa (Inglés/Creole) como lengua oficial del Departamento, asimismo, exigencia de una ley que garantice la expresión de los raizales en su propia lengua en los establecimientos públicos, tribunales y medios de comunicación de todo el país; (4) recuperación de las tierras enajenadas; (5) reconocimiento de los territorios nativos como entidades territoriales; (6) autonomía dentro de su territorio y participación en la Asamblea departamental; (7) acceso al desarrollo económico y social, acorde con sus tradiciones y cultura; (8) participación en los órganos competentes para planes y programas de gobierno que afecten a su comunidad; (9) circunscripciones electorales especiales, de orden nacional, regional y local para su etnia.; y (10) control de la densidad de población en el archipiélago. En el reconocimiento efectivo de la Carta democrática de 1991, estas reivindicaciones de la etnia raizal no serían introducidas y buena parte de ellas quedarían aplazadas por el Congreso de la República quien hasta el día de hoy no ha asumido la tarea que le corresponde según figura en el Artículo 310 de la Constitución Política de Colombia de 1991.