Ciencia Política

1. Introducción

Desde sus orígenes, la ciencia política estudia las instituciones de gobierno y la forma como se produce y distribuye el poder en una sociedad; esto lo hace de manera comparada. Estudiosos de la política como Woodrow Wilson, Theodore D. Woolsey, James Bryce, Herman Finer y Samuel Finer, entre otros, fueron pioneros de un tipo de reflexión sobre la política que ligaba un objeto de estudio (las instituciones de gobierno) a una metodología específica (la comparación entre Estados Unidos y Europa), para hallar claves explicativas y normativas acerca del buen gobierno (Peters, 2003, pp. 16-18). Con esta impronta se fundó una disciplina que buscaba independizarse de la filosofía, el derecho y la historia para abordar problemas y desafíos del gobierno y el Estado desde una perspectiva propia. Sin embargo, el fuerte impacto en las ciencias sociales de la revolución conductista durante la década de los cincuenta alteró este vínculo, que se reanudaría recién en la década de los ochenta al renovar el estudio comparado de las instituciones (Munck, 2007; Peters, 2003).

En un periodo de casi treinta años, el análisis comparativo¹ se afianzó como perspectiva metodológica protagónica en la ciencia política, se distanció de la reflexión especulativa y fortaleció la investigación empírica sistemática. Desde entonces, ha influido decisivamente en los términos y condiciones del debate metodológico de la disciplina para definir las estrategias más provechosas en la formulación y justificación de hipótesis. La reconfiguración del vínculo entre instituciones políticas y política comparada, a partir de las últimas décadas del siglo XX, ha establecido así una suerte de consenso ortodoxo en la ciencia política que, como se desarrollará en este trabajo, supone un modelo de ciencia empírica hipotético-deductiva y una estrategia metodológica comparativa aplicada a este objeto de estudio específico para la explicación politológica.²

Desde las reflexiones de Aristóteles sobre las constituciones hasta las averiguaciones por las formas políticas, sus circunstancias y condiciones de reproducción en los regímenes antiguos y modernos de Tocqueville, pasando por los insoslayables estudios de Maquiavelo o Montesquieu, los problemas del Estado, el gobierno y las constituciones han sido abordados en forma comparada. Sin embargo, lo que sí ha resultado novedoso en el afianzamiento contemporáneo de la disciplina es la forma de aproximarse a las instituciones políticas –el sustrato epistemológico– y el ímpetu metodológico asumido por la comparación.

De los distintos enfoques que surgieron hacia fines de los años setenta y ochenta para comprender y explicar las instituciones, dos provocaron mayor atención: el institucionalismo histórico y el institucionalismo de la elección racional.³ Ambos definieron a las instituciones y al tipo de relaciones que establecen con los actores sociales y políticos de manera particular: o bien se trata de prácticas sedimentadas en el tiempo que condicionan las opciones de los actores, o bien se trata del resultado buscado por los actores para resolver problemas de acción colectiva. Respecto del método, el análisis institucionalista desarrolló desde su génesis una modalidad específica de abordaje de los fenómenos políticos: el análisis comparativo. Aunque no podría afirmarse que la política comparada ha sido la única estrategia metodológica adoptada por los nuevos institucionalistas, sí puede afirmarse que tal vínculo se ha vuelto dominante. Lo anterior se debe a que el estudio de las instituciones políticas sigue siendo fundamental en las agendas de la academia politológica y a la que la política comparada condensa, por detrás de las discusiones metodológicas, el monopolio de la metodología en la ciencia política (Landman, 2011).

Este artículo se propone examinar el vínculo, no necesario pero muy influyente, entre instituciones políticas y análisis comparativo. Su consolidación resultó del auge del conductismo y la teoría de la elección racional en la ciencia política, que sentó las bases para renovar el estudio de las instituciones políticas (el pasaje desde el viejo al nuevo institucionalismo), y privilegiar la política comparada como estrategia metodológica. Importa señalar que ese fue un momento de crisis que abarcó al conjunto de las ciencias sociales y puso en evidencia dos puntos ineludibles de los debates en torno a la ciencia empírica del siglo XX: la alteración de la forma de hacer ciencia con la irrupción del postempirismo y el modo en que el universo anglosajón, con Estados Unidos a la cabeza, revisó las condiciones de la tradición naturalista de las ciencias sociales. Sobre este segundo punto, Bernstein subrayó: “Muchos practicantes [científicos sociales] no han vacilado en hablar de la ciencia social como una disciplina ‘norteamericana’, y se han enorgullecido de su rompimiento con las investigaciones más especulativas y filosóficas” (Bernstein, 1982, p. 21).

La mención a Bernstein (1982) importa por tres razones: primero, porque fue en el escenario postempirista donde la ciencia política adquirió su estatus científico y desplazó a la sociología como usina de ideas y técnicas de análisis para proveer resultados utilizables por la sociedad. Segundo, porque si el postempirismo abrió el debate entre diferentes disciplinas y perspectivas de investigación, en la ciencia política fue relegado por el afianzamiento de un perfil teórico-metodológico rígido, que la asoció en varios de sus pilares –sobre todo el de la política comparada–, mucho más con el empirismo lógico en crisis que con el emergente postempirismo para definir su criterio de cientificidad y, en consecuencia, un consenso ortodoxo. Tercero, porque aun cuando el recorrido de los estudios sobre las instituciones políticas y la política comparada en los círculos europeos no ha sido idéntico al de la academia norteamericana, el faro de atracción e influencia de esta última ha sido mucho más potente que en el resto y la reconstrucción histórica de sus condiciones de estudio y análisis se ciñen a lo sucedido en los Estados Unidos.

El artículo se organiza de la siguiente manera: primero, pone en perspectiva la revolución conductista y racionalista, contra el telón de fondo del pasaje del empirismo lógico al postempirismo, para contextualizar el eclipse de las instituciones políticas como objeto de estudio de la disciplina; segundo, describe el fortalecimiento de la política comparada como estrategia metodológica dominante; tercero, presenta el nuevo institucionalismo y enmarca las agendas de investigación en política comparada institucionalista; cuarto, presenta los trazos generales de dicha perspectiva en América Latina a partir de una breve ilustración de las investigaciones sobre los procesos de reformas de mercado en la región.

2. La revolución conductista y el eclipse del estudio sobre las instituciones

La revolución conductista y el predominio que alcanzó el enfoque de la elección racional entre las décadas de los cincuenta y los sesenta parten en dos la historia de la ciencia política del siglo XX. Este movimiento, desarrollado en las universidades de los Estados Unidos con el fin de elevar al rango de científica la producción politológica, tuvo una influencia decisiva en la redefinición de la disciplina a nivel mundial, dotándola de un perfil teórico-metodológico, rígido y refinado que hasta entonces había carecido.

La ciencia política que surgió hacia fines del siglo XIX se había desarrollado en torno a la descripción minuciosa de las instituciones de gobierno, de su estructura formal y de la valoración normativa del quehacer gubernamental. Tras la revolución conductista, hacia la década de los ochenta, la ciencia política recuperó a las instituciones como objeto de estudio; pero sobre supuestos teóricos, epistemológicos y metodológicos distintos de los que habían constituido a la disciplina. Dicho rescate se hizo sobre la base de aquella revolución y, por lo tanto, el análisis institucional incorporó el papel estratégico de los actores y su influencia en la toma de decisiones. De allí la distinción entre “viejo” y “nuevo” institucionalismo que da cuenta de los contrastes teóricos y empíricos entre ambos grupos. En la mayoría de los estados del arte sobre instituciones políticas se destaca que la renovación de los estudios sobre las instituciones políticas se benefició de los progresos y debilidades teórico-metodológicas surgidas con la revolución conductista (March y Olsen, 1984; Goodin y Klingemann, 2001; Hall y Taylor, 1996; Peters, 2003).

Esta revolución cuestionó la falta de cientificidad del estudio de la política y de sistematicidad para hallar resultados y alcanzar un nivel de generalidad semejante al de las leyes científicas. No obstante, los viejos institucionalistas no habían llegado a sus conclusiones sin supuestos teóricos ni método (Peters, 2001, 2003; Rhodes, 1997, 2006). La descripción sobre las instituciones era inductiva y la justificación de sus hipótesis se apoyaba sobre un ejercicio hiperfactualista de observación reiterada, propias del empirismo-lógico. Asimismo, el análisis sobre las estructuras formales de la administración pública y del derecho público estaba guiado por una comparación entre países. Con estas herramientas, habían examinado el modo como reglas, procedimientos y estructuras formales condicionaban el comportamiento político, y se tomaba a las instituciones como variable independiente o explicativa.

Esta crítica al estudio de la política no escapaba al debate más general sobre la rigurosidad de las ciencias sociales y humanas que se había instalado en los Estados Unidos desde el tiempo de entreguerras. La influencia dominante del círculo de Viena en la definición de los criterios que delinean un método científico –esto es, los criterios que permiten distinguir entre enunciados científicos y no científicos y la aceptabilidad o la falsedad de tales enunciados (Schuster, 2002, p. 34)– perfiló una perspectiva naturalista de la ciencia que gravitó con particular énfasis en las universidades estadounidenses, tras el exilio de un contingente de científicos acechados en Europa por las guerras y el totalitarismo. Asimismo, discípulos del estructural-funcionalismo parsoniano como Robert Merton y Neill Smelser se habían esforzado por ajustar la teoría social afín al canon naturalista de la teoría empírica, convencidos a la vez de que las ciencias sociales carecían de la madurez de las naturales pero perseguían su mismo objetivo: hallar leyes o enunciados nomológicos para explicar los fenómenos sociales a partir del refinamiento en la recolección de datos, el descubrimiento de correlaciones, la formulación de generalizaciones empíricas verificables e hipótesis (Bernstein, 1982, p. 69).

En la ciencia política, este impulso naturalista fue acaparado por el conductismo, cuya posición sobre la teoría empírica y la explicación estaban muy influidas por el positivismo lógico y el racionalismo crítico popperiano. Los conductistas postulaban la validez de una teoría sobre la base de la coherencia interna de sus enunciados, la consonancia con otras teorías que aspiraran a explicar fenómenos similares y la posibilidad de predecir fenómenos contrastables empíricamente (Sanders, 1997, p. 71). Como los empiristas lógicos, los conductistas se valieron de la observación para obtener la mayor cantidad posible –o al menos una muestra representativa– de los datos abarcados por un enunciado teórico (Homans, 1990). De allí su interés por la estadística como técnica apropiada para la recolección y el análisis de datos relevantes sin por ello desestimar el análisis cualitativo. Asimismo, adoptaron el criterio de demarcación científica de la “falsabilidad” de las teorías, planteado por Karl Popper para criticar el criterio de la “verificabilidad” promovido por el empirismo lógico.

Con la irrupción del conductismo, la ciencia política abandonó el estudio de las instituciones y colocó el comportamiento de individuos y grupos en el centro del análisis político (Dahl, 1961, Munck, 2007). La pregunta conductista sobre por qué las personas se comportan de determinada manera cobró especial interés entre los investigadores sociales. La propuesta conductista planteó distintos tipos de experimentos para examinar las afinidades de los individuos con respecto al voto y sentó las bases de lo que luego se conoció como marketing político, pero también con respecto al incremento de las huelgas y otras protestas, al comportamiento de las elites y sus líderes, de los partidos políticos y grupos de interés, de las redes clientelares, entre otros.

Este giro hacia los problemas y las expectativas de la población, que surgían en la sociedad y que tenían efectos en las instituciones, fue muy importante porque el análisis político traspasó así la frontera de la glosa institucional, para adentrarse en aspectos de la economía y la sociedad que influían en la conducta de los individuos y repercutían en sus valoraciones políticas, pero que hasta entonces habían sido ignorados. Este énfasis en la conducta individual soslayó el peso de las instituciones en las acciones del gobierno y las colocó como variables dependientes, e invirtió la dirección del orden causal, que ahora partía desde la economía y la sociedad hacia la política y las instituciones de gobierno.

Con este énfasis sobre el comportamiento individual, cobró notoriedad en la ciencia política de los años cincuenta y sesenta la teoría de la elección racional. Partiendo de los presupuestos de la economía, esta teoría asimiló la política a la economía sobre la base de que, en ambas esferas, los individuos compiten por recursos escasos.⁴ El comportamiento político se explica aquí como resultado de elecciones racionales de individuos guiados por su interés personal para el logro de sus metas en contextos de información incompleta. A través de la llamada “teoría de juegos”, la teoría de la elección racional formalizó la interdependencia estratégica mediante el supuesto que todos los individuos son racionales, egoístas y maximizadores de utilidades. En este sentido, la estrategia óptima de cada individuo depende de las elecciones de los demás.

Los primeros análisis económicos de la política le permitieron a Downs (1973) referirse al “mercado político” en su influyente Teoría económica de la democracia, y sostener que, como la única meta de los partidos políticos es convertirse en gobierno y ocupar la mayor cantidad de dependencias de la burocracia estatal, sus plataformas electorales se acomodan al humor colectivo para lograr la mayor cantidad de votos posible. Asimismo, le permitió a Olson (1992) postular que los individuos participan en la acción colectiva si a través de ella acceden a beneficios selectivos, pues si los obtuvieran sin contribuir a la acción colectiva no sería racional que participaran en su producción (lo que daría lugar al denominado “problema del free-rider”).

Esta teoría se basa en un modelo deductivo que compara las acciones de los individuos con un esquema ideal de la acción instrumental y estiliza el conjunto básico de reglas de acción de los individuos. Desde este enfoque se atendió a temas como la apatía del electorado, la influencia de los grupos de interés en la definición de la política pública y, sobre todo, los dilemas racionales de los gobernantes para administrar eficazmente su poder político y el manejo del Estado. Este órgano teórico-metodológico resultaría rendidor para estudiar la política en los Estados Unidos y en el mundo anglosajón, e influyó en otras latitudes periféricas, como por ejemplo en América Latina. El sesgo que se afirmó con los años, por el predominio académico de la ciencia política norteamericana, fue, años después, una de las claves para cifrar el nuevo impulso del estudio sobre las instituciones.

3. La revolución conductista y la “nueva política comparada”

Al igual que el análisis institucional, la política comparada tampoco quedó al margen de la revolución conductista. Pero, en su caso, se fortaleció y adquirió un estatus propio dentro de la ciencia política tanto por las exigencias de método que aquella revolución planteaba, como por los desafíos sociales y políticos que enfrentaron las ciencias empíricas para comprender e intervenir en el mundo de la postguerra. En el incierto escenario político e institucional de la Guerra Fría, la ciencia política norteamericana halló en la política comparada el instrumento apropiado para medir la distancia entre el mundo occidental que lideraba Estados Unidos y las periferias occidentales que podía arrebatarle el comunismo, con el fin de preservarlas en el polo de la democracia liberal y el capitalismo. En 1966, Almond y Powell (1972) expusieron claramente en la introducción del libro Política comparada los desafíos temáticos y metodológicos para adaptarse al nuevo escenario. Entre ellos: (1) escapar al “parroquialismo” y etnocentrismo dominado por los americanistas y europeístas para abrir el espacio a especialistas en otras regiones; (2) abandonar el formalismo por la “búsqueda de realismo”; (3) mejorar la precisión de los instrumentos de producción y análisis de datos mediante estudios cuantitativos y cualitativos; (4) asimilar la renovación conceptual proveniente de la sociología, la psicología y la antropología, para el análisis de los partidos y grupos de presión, de los medios masivos de comunicación o de las prácticas sociales familiares y domésticas.

El cambio es epistemológico y temático, por un lado, y metodológico, por el otro. Las nuevas temáticas de la política comparada versan sobre los procesos de cambio en Asia, América Latina, África, y con ellas se afirma una línea muy influyente de estudios sobre el denominado “desarrollo político”. Este término puso de relieve la diferencia entre países desarrollados y países “en vías de desarrollo” para distinguir entre aquellos que tenían democracias consolidadas, economías competitivas y claras divisiones entre las instituciones del Estado y la sociedad civil; y aquellos que presentaban deficiencias institucionales en el ejercicio de la democracia, la división de poderes estatales e incluso la separación de fronteras entre Estado y sociedad civil (Lipset, 1959; Huntington, 1968; O’Donnell, 1972; Przeworski, et al., 2000; Boix y Stokes, 2003).

En esta operación se complementó el conductismo con las teorías estructural-funcionalistas, pues las nuevas investigaciones incorporaron la noción de sistema político para ampliar el alcance de sus observaciones a las acciones sociales que inciden en la vida política de los países en desarrollo. La definición abstracta del sistema político, como conjunto integrado de funciones necesarias para su estabilidad, posibilitaba comparar en distintos países el desempeño de tales funciones y distinguir entre sistemas más o menos democráticos. Este enfoque fue concebido por David Easton hacia el primer lustro de los años cincuenta y rápidamente fue adoptado por Almond, para examinar funciones comunes a sistemas diferentes como los de los países occidentales, los coloniales y los de regímenes autoritarios. El enfoque del desarrollo político asumió un carácter normativo, dado que las investigaciones encaradas por esta “nueva” política comparada servían al gobierno de los Estados Unidos para retener a los países del llamado tercer mundo dentro de las coordenadas de la democracia y la economía de mercado.

Este último punto fue claro en una de sus aproximaciones: la de las teorías de la modernización (Inkeles y Smith, 1974; Almond y Coleman, 1960; Rostow, 1962; Deutsch, 1966). Con el horizonte en el desarrollo político de los países que tenían instituciones y prácticas culturales muy diferentes a las de los desarrollados, estas teorías ponían el foco en los problemas del cambio social y sus consecuencias para conquistar la democracia. El énfasis estaba puesto en cifrar comparativamente las debilidades de los sistemas políticos de estos países en desarrollo, para impulsar mediante procesos de movilización social los avances necesarios para alcanzar sistemas políticos democráticamente estables, económicamente competitivos, y socialmente integrados. Así convergían en el modelo arraigado de sociedades desarrolladas con democracias estables, que aparecía como presupuesto teleológico y como enunciado general con visos de ley científica: los países que atraviesan procesos de movilización social para dejar atrás las características de la sociedad tradicional e incorporar los atributos de la sociedad moderna alcanzan la democracia.

En América Latina, fueron varios los autores que adoptaron este modelo para explicar los procesos de cambio social. Gino Germani, por ejemplo, mostró que esas experiencias de “democratización fundamental” ponían de manifiesto la a-sincronía de la modernización entre las instituciones sociales, políticas, económicas y culturales. En tales casos, la movilización social podía ser un obstáculo de la modernización antes que un vehículo (Pérez, 2017).

En el aspecto metodológico, esta revolución le imprime un cambio de escala a las investigaciones, pues en adelante había investigadores que buscaban en la comparación generalizaciones universales; mientras que otros buscaban explicaciones circunscritas a determinados contextos. Como ha sostenido Mair (2001, pp. 457-458), la distinción entre los comparativistas depende del nivel de abstracción y del número de países objeto de estudio. La comparación con un alto nivel de abstracción busca abarcar a muchos países (más de cincuenta); la de un nivel medio de abstracción se circunscribe a pocos países (menos de veinte); y la de nivel bajo se concentra en un solo país (Landman, 2011, p. 51). Con el estructural-funcionalismo como soporte teórico, la escala universalista promovida en la década de los sesenta por Almond y sus colegas exigía un alto nivel de abstracción en el uso de categorías como estructura, función y rol. Años después, Sartori (1970) se refirió a esta exigencia señalando que los conceptos debían poder “viajar” a distintos países o regiones para probar su aplicabilidad sin caer en el problema del “estiramiento conceptual”, esto es, que para poder aplicarse a una gran cantidad de casos perdiera su univocidad.

La comparación de muchos países se acerca al método experimental de las ciencias naturales, se basa en técnicas cuantitativas de recolección de datos para evaluar distintos indicadores y su variación entre países: la estadística es uno de sus principales insumos. En el marco de la revolución conductista, este tipo de comparaciones resultó fructífero para desplegar el enfoque del desarrollo político en amplias muestras de países y arribar a conclusiones surgidas de grandes generalizaciones empíricas.

Para tener presente el desafío científico asumido a mitad del siglo XX por las ciencias sociales y por la ciencia política en particular, este tipo de comparación ofrecía una vía de acceso segura para contrastar hipótesis aplicables a un gran número de países. Se utilizan controles estadísticos para mantener constantes determinadas variables y para realizar inferencias que permitían distinguir entre casos que las corroboraban, y casos anómalos en los que no se hallaban los resultados previstos por la teoría objeto de contrastación.

Otra estrategia comparativa surgida también por esos años cuestionó sobre todo la indeterminación contextual de los fenómenos que se explicaban por un tipo de comportamiento, de función, e incluso de estructura. A esta otra estrategia se la conoce como “método comparado”: parte de estudios de pocos casos y examina aquellos factores o atributos de los casos elegidos que permiten hallar similitudes y diferencias de determinado proceso. El uso comparado de la historia se constituyó en un factor causalmente eficiente de la explicación entre los cultores de esta estrategia.

Durante la década de los sesenta, Moore (1973) abrió el camino en este tipo de enfoque de historia comparada aplicado a pocos casos, con su estudio sobre la transformación de las instituciones económicas y políticas en distintos países durante el siglo XX, Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia. Su influencia fue categórica para justificar la selección de determinados países que evidencian un proceso de cambio, el alcance de la perspectiva comparativa escogida y las posibles generalizaciones a otros casos y procesos. Skocpol y Somers (1980, p. 196) señalaron oportunamente que este método busca: (a) el análisis macrocausal, en el que casos históricos se comparan con el fin de sacar conclusiones causales sobre estructuras y procesos de macronivel; (b) la demostración paralela de teorías, mediante la aplicación de viejas teorías a casos nuevos, y (c) el contraste de contextos, que trata de encontrar el único rasgo de cada caso particular incluido en la investigación.

Otras investigaciones fueron Los Estados y las revoluciones sociales (Skocpol, 1979), Bringing the State Back In (Skocpol, 1985) y Shaping the Political Arena (Collier y Collier, 1991), para comparar procesos macrosociológicos de cambio como las revoluciones y las transformaciones en la economía, la política y la sociedad. Es sobre esta línea de investigación que afloró la crítica sobre la política comparada más funcionalista y cuantitativa; y por detrás de ella reapareció lenta, pero sostenidamente, el papel del Estado en la agenda de fines de la década de los setenta y principios de los ochenta.

La consolidación de la política comparada en la ciencia política planteó el debate en torno a si se había constituido en un subcampo de la disciplina o en un método específico para producir y justificar el conocimiento científico. El dilema, introducido Lijphart (1971), no ha descifrado aún su intriga, pero hay un consenso extendido de que puede referir al análisis de países o casos (empleando métodos cuantitativos), o a su aplicación como herramienta de inferencia causal y control de variables (mediante métodos cualitativos). Así pues, los estudios comparativos constituyen el núcleo del estudio politológico como objeto de análisis y como método. Aun cuando hay una pluralidad de métodos en la disciplina, se considera al análisis comparativo como el más propio de la ciencia política por el alto grado de sofisticación que ha alcanzado dentro de la disciplina en relación con otras al interior de las ciencias sociales en las que también se usa la comparación (Nohlen, 2008, pp. 3-4). La comparación sistemática de países se convirtió, primero, en un horizonte teórico-metodológico a alcanzar y, segundo, en un ejercicio extendido entre los politólogos para lograrlo y consolidarlo.

4. Retornando a la comparación de instituciones

Durante los últimos lustros del siglo XX se afianza el estudio comparado de las instituciones políticas como señal de un consenso ortodoxo en la ciencia política contemporánea. Tal como hemos reconstruido hasta aquí, la historia de este vínculo parece tener tres momentos: en el primero, el estudio de las instituciones funda la disciplina y utiliza la comparación de manera ilustrativa; en el segundo, la comparación entre sistemas políticos cobra un impulso de aspiraciones universalistas y alcance general que relega a un segundo plano a las instituciones de gobierno y al Estado mismo; y en el tercero, reaparecen como variable explicativa central de la política y la comparación se restringe a una región o a determinadas dimensiones.

Mair (2001, pp. 457-459) matiza esta trayectoria y sostiene que la recuperación de las instituciones y del Estado ocurre no solo por su importancia intrínseca, sino también porque se lo permiten los menores niveles de abstracción exigidos en la comparación para estudios con objetivos recortados a una región o a unos pocos países. Además, habilitan la especificidad conceptual sobre áreas institucionales que las grandes comparaciones no permiten formular.

La política comparada avanzó hacia el cambio de siglo dividida entre quienes –aún en un universo de análisis circunscrito a una región o al estatus de los países seleccionados (democracia, desarrollo, crecimiento económico, integración social o cultural, etc.)– persisten en la búsqueda de conclusiones generalizables o en la aplicación de modelos deductivos que posibiliten derivar conclusiones generalizables; y quienes defienden la comparación limitada a una n pequeña por las ventajas que ofrece la comprensión intensiva sobre unos pocos casos.

Mientras que en el primer grupo se estiliza el uso de las técnicas cuantitativas, en el segundo se renueva el ímpetu de las técnicas cualitativas, cuyos resultados derivados de unas bases de datos –para pocos casos– muestran mayor temple que aquellos referidos a estudios extensivos con n grandes. En política comparada existen también los estudios de caso. Si bien son minoritarios en la disciplina, permiten un análisis en profundidad del fenómeno indagado y son útiles para examinar casos desviados, confirmar teorías o bien falsarlas (Lijphart, 1971).

En este contexto de discusión metodológica se inserta como contenido epistemológico del análisis político el debate en torno al estudio de las instituciones. La política comparada relocaliza a la política como variable independiente y deja de considerarla como resultado dependiente de variables económicas y sociales. Allí se perfilaron distintas perspectivas sobre las instituciones políticas y su desenvolvimiento en la política. Con independencia del desarrollo de estas formas, que venían moldeándose desde los años setenta, la aparición del trabajo de March y Olsen (1984, 1997) puso en el centro del debate la problemática sobre las instituciones, la discusión con la perspectiva racionalista y el peso de las rutinas y destrezas en la definición de la política. March y Olsen (1984) plantearon que la unidad de análisis no era el individuo ni sus preferencias en el conflicto con otros, sino el marco institucional, es decir, el conjunto de reglas, normas y tradiciones de las organizaciones que crean mecanismos de formación de consensos y metas de acción colectivas.

De las varias aproximaciones institucionalistas que surgieron en este nuevo escenario, dos de ellas, el institucionalismo de la elección racional y el institucionalismo histórico, definieron los términos de las querellas epistemológicas, metodológicas y políticas suscitadas por entonces en la ciencia política. A estas dos, Hall y Taylor (1996) agregan una tercera, el “institucionalismo sociológico”. Peters (2001) también suma esta y otras tres más: el “institucionalismo normativo”, caracterizado por su énfasis en las normas institucionales y su efecto sobre los individuos; el “institucionalismo empírico”, concentrado en la estructura gubernamental para analizar cómo se procesan las decisiones y políticas de los gobiernos; y el “institucionalismo internacional”, para referirse al vínculo entre los Estados y organismos internacionales en dicho plano.

El institucionalismo de elección racional surgió como respuesta al modo insatisfactorio como se había estudiado la política legislativa de los Estados Unidos durante los años setenta, tras la revolución conductista y racionalista. Se había abandonado prácticamente el estudio de las instituciones –incluso en el análisis del Congreso– para centrarse en el agente racional, desvinculado de la estructura institucional y social. Los teóricos de la elección racional se habían volcado al examen de parlamentos, sistemas electorales, tribunales o burocracias y agencias estatales. Se les sustrajeron sus aspectos estructurales o procedimentales, que consideraban pormenores idiosincrásicos contradictorios con el ímpetu de una teoría general que estuviera por encima de esos aspectos circunstanciales y específicos. Según Shepsle (1999, pp. 361-365), estas explicaciones habían empobrecido sus resultados al suprimir esta información predominantemente empírica sobre el desenvolvimiento de la política legislativa.

El institucionalismo de elección racional se propuso explicar los fenómenos políticos al tomar en cuenta las preferencias individuales, el comportamiento optimizador y el marco institucional que aparecería ahora como un juego estratégico constituido por reglas generales, que delinean el comportamiento optimizador de sus jugadores. Para esta corriente, las instituciones son reglas que tienden a perdurar, salvo que fallen (solo entonces se modifican, porque ya no son funcionales) o que un “shock externo” modifique sus condiciones iniciales (Acuña y Chudnovsky, 2013). Se las concibe como constreñimientos de la acción: las instituciones constriñen la secuencia de interacción entre los actores, sus opciones disponibles y creencias, la estructura de la información y de payoffs a individuos y grupos. Las instituciones existen para resolver problemas de coordinación entre actores en situaciones de incertidumbre y reestructuran los incentivos para que los individuos cooperen (North, 1993; Weingast, 2001).

El institucionalismo histórico, en cambio, ve a las instituciones como legados sedimentados de conflictos políticos, en un tiempo y una secuencia determinados (Thelen, 1999). Suele enfatizar el proceso histórico por sobre el equilibrio funcional y la importancia de examinar la política como un proceso dinámico que produce consecuencias no intencionadas. Según Pierson y Skocpol (2008, p. 9), tres rasgos caracterizan a esta corriente: (1) el estudio sobre cuestiones amplias y sustantivas; (2) sobre secuencias de transformaciones y procesos de escalas y temporalidades variables; y (3) sobre contextos macro a partir de los cuales se formulan hipótesis sobre los efectos combinados de instituciones y procesos.

Con respecto al primer atributo, el institucionalismo histórico busca averiguar el origen y desarrollo de determinados resultados institucionales, como las transformaciones del Estado en una región o país con características específicas tras una revolución; la aparición de los estados de bienestar en la posguerra; las formas del autoritarismo contemporáneo; los procesos de reformas de mercado, entre otros. Las investigaciones llevadas a cabo sobre estos temas han seguido dos estrategias metodológicas. Por un lado, están las que han buscado comprender esos fenómenos a través de la selección de casos que confirmaban un proceso, como los clásicos trabajos de Skocpol y O’Donnell. Por otro lado, están las investigaciones que han seleccionado casos de estudio que mostraban resultados diferentes en un mismo proceso, como ha mostrado la literatura especializada en las reformas de mercado.

Con respecto a los argumentos temporales, el segundo atributo del institucionalismo histórico, se acuñó la categoría path dependency como factor clave de la causalidad de los fenómenos políticos sustantivos. Este término refiere a la “trayectoria dependiente” generada por las instituciones en un tiempo y momento específicos, a partir de la retroalimentación de una dinámica de prácticas, reglas e interacciones, que autores como Pierson (2000) y Mahoney (2000) denominan retroalimentación positiva de un sistema político. Bajo este esquema, las instituciones se reproducen en el tiempo con cambios marginales (North, 1993), salvo que sucedan cambios abruptos que modifiquen la distribución de recursos y poder en una sociedad. Frente a este tipo de “coyunturas críticas”, como, por ejemplo, los procesos de incorporación política de las clases trabajadoras en América Latina (Collier y Collier, 1991) o de liberalización económica en Iberoamérica (Etchemendy, 2015), los cambios producidos metabolizan legados e innovaciones institucionales adonde se recurre en el futuro al retroalimentar un patrón particular de comportamiento.

El path dependency, según Pierson y Skocpol (2008, p. 13), permite comprender la “poderosa inercia” de los procesos políticos con respecto a las relaciones de poder entre diferentes grupos sociales y el mantenimiento de sus desigualdades, enraizados en organizaciones, instituciones y modalidades de comprensión política. Estos señalan las limitaciones de las explicaciones funcionalistas para resultados sociales y políticos importantes.

Por último, la atención puesta en contextos y configuraciones remite a los procesos sociales de gran escala y de lento devenir, cuya maduración se prolonga en el tiempo. En el marco de esos procesos macroscópicos los investigadores de esta corriente averiguan por las precondiciones estructurales, que inciden en determinados resultados particulares más que en la temporización específica de esos resultados (Pierson y Skocpol, 2008).

Un ejemplo del vínculo tácito asumido entre estos institucionalismos y el análisis comparado se advierte en el temprano estado de la cuestión sobre el nuevo institucionalismo elaborado por Hall y Taylor (1996). Este trabajo muestra que estos institucionalismos abrevaron en los años ochenta y noventa en la economía política. En el caso del institucionalismo histórico se observa el impacto económico-político del fin de la guerra fría; la implosión de la Unión Soviética; el declive del comunismo; los desafíos económicos y políticos de los países del este de Europa; la crisis de los estados de bienestar; los embates de la izquierda socialdemócrata en los países del Oeste europeo; y el giro neoliberal en las nuevas democracias del mundo.

Esta corriente abrió toda una agenda de investigación orientada a revisar cómo influía el Estado en las interacciones y resultados de los conflictos entre actores colectivos (Evans, 1985), al aunar intereses y perspectivas con la literatura del neocorporativismo. Dicha literatura surgió para evaluar las trayectorias nacionales específicas que surgían en torno a las relaciones entre asociaciones empresariales y obreras. A través de comparaciones trasnacionales, el campo de la economía política fue afirmándose con investigaciones que rastreaban las diferencias nacionales sobre políticas impositivas, laborales, de seguridad social o de la salud. De estas, la obra colectiva dirigida por Steinmo, et al. (1992) sigue siendo un punto de referencia.

En el caso del institucionalismo de elección racional, la agenda se abrió a los desafíos de la democracia en diferentes regiones y su relación con el desarrollo económico –o con los conflictos sociales que afloraban en ellas–. Los trabajos de Bates (1981, 1998), Ames (1987), Geddes (1991), Przeworski (1995), Przeworski, et al. (2000), Tsebelis (2002), entre otros, inspeccionaron en contextos como África, Asia, América Latina y Europa del Este los condicionantes institucionales del comportamiento de los actores políticos y económicos; los incentivos para mejorar sus intercambios en el juego democrático; y asumir como preferencia el fortalecimiento de este juego frente a uno no democrático.

Mientras que la economía política posibilitó en esta corriente sofisticar las herramientas de la economía neoclásica y modelar formas de comportamiento político en contextos institucionales cambiantes, en el institucionalismo histórico introdujo toda una línea de estudios sobre los cambios en las instituciones económicas de los estados de bienestar, y las interacciones que en ellos realizaban actores colectivos e institucionales para adaptarse al nuevo escenario de la posguerra fría, sin perder sus legados institucionales.

En los años noventa, además, la agenda de la política comparada estuvo influida por los procesos de “transición a la democracia” en Europa central y oriental, en África y América Latina (Capoccia y Ziblatt, 2010). Paulatinamente, fue incorporando otros asuntos a esa agenda para examinar las condiciones de su fortalecimiento y estabilidad, o los factores de su debilidad y desestabilización. Entre ellos, el diseño institucional, la acción de protesta y los movimientos sociales, o el patrocinio y preservación de los derechos humanos.

5. América latina: democracia y reformas institucionales en clave comparada

Desde fines de los años setenta y principios de los ochenta, la relevancia teórica y empírica por la democracia ha ocupado un espacio prominente entre los latinoamericanistas, primero ante los procesos de democratización tras sucesivas dictaduras militares; y luego ante los procesos de reformas estructurales en democracia. Los estudios comparados sobre la democratización, las reformas de mercado y, recientemente, el diseño institucional y el rendimiento democrático, han ocupado una cuota importante en las agendas de los especialistas sobre la región. Es cierto que los trabajos sobre las reformas y el diseño institucional se han ajustado más a los criterios delineados por ambos institucionalismos que los de la democratización, acaso por una cuestión de época. Pero también es cierto que los hallazgos y resultados de estos últimos introdujeron claves insoslayables para el debate comparado posterior sobre las instituciones en América Latina. La obra de O’Donnell (1997) es una clara ilustración al respecto.

A través de algunas investigaciones comparadas sobre la implementación y los resultados de las reformas de mercado en la región, este apartado ilustra el uso de los principales enfoques institucionalistas perfilados desde fines de los años ochenta. En principio, debe recordarse que el ingreso de las reformas estructurales a las agendas gubernamentales de esta y otras regiones fue precedido o simultáneo a los procesos de democratización. De modo que la variable institucional “tipo de régimen democrático/autoritario” fue fundamental para distinguir en el ejercicio comparativo el contexto que condicionó su realización en los distintos países. Una primera ola de estas investigaciones averiguó sobre las condiciones de la crisis económica y cómo se impulsaban las reformas en la región y en otras como Asia, África o Europa del Este (Nelson, 1992, 1994; Haggard y Kaufman, 1995; Weyland, 2002).

Algunos colocaron su interés en el grado de autonomía que gozaban gobiernos y burocracias para implementar el cambio, mediante la comparación de casos en los que ya estaban instaladas las instituciones democráticas y casos en los que no lo estaban. La diferencia no era menor debido a que los gobiernos autoritarios contaban con un margen de maniobra para imponerlas y evitar la resistencia de los potenciales afectados y de la sociedad en general, que no contaban los gobiernos democráticos (Haggard y Kaufman, 1995).

Años después, cuando los programas de ajuste estructural estaban en marcha, una nueva ola de estudios dejó atrás esta preocupación inicial por explicar cómo se había llegado a lanzar estos programas para concentrarse en los distintos resultados que en su puesta en marcha habían generado. Schneider (2005) ha analizado diferentes tipos de coalición en América Latina y resalta que no solo se han restringido a la estructuración de apoyos de actores económicos con énfasis en los cambios distributivos, también se han organizado coaliciones legislativas (Gibson, 1996; Eaton, 2002), partidarias (Levitsky y Way, 2005), en defensa de políticas públicas (Schneider, 1999) y económico-sectoriales (Murillo, 2008, 2009; Etchemendy, 2004, 2015).

6. Conclusiones

Este artículo propuso observar la reconfiguración del vínculo entre instituciones políticas y política comparada en la ciencia política durante las últimas décadas del siglo XX. A partir de la revolución conductista y del predominio que alcanzó dentro de ella el enfoque de la elección racional en las décadas de los cincuenta y sesenta, la ciencia política definió una suerte de consenso ortodoxo en torno a ese objeto y ese método. La historia de este vínculo tiene tres momentos: en el primero, el estudio de las instituciones funda la disciplina y utiliza la comparación de manera ilustrativa; en el segundo, las instituciones son desplazadas por la noción de sistema político y la comparación entre sistemas políticos cobra un impulso de aspiraciones universalistas y alcance general; en el tercero, las instituciones reaparecen como variable explicativa de la política y la comparación se restringe a una región o a determinadas dimensiones.

En la introducción de este trabajo se citó a Bernstein (1982), quien recordaba el énfasis empirista de la academia sociológica y politológica norteamericana tras independizarse de la filosofía y la reflexión especulativa. Dentro de la disciplina politológica, el esfuerzo por alcanzar un estatus científico fue de la mano de la sofisticación de sus herramientas conceptuales y metodológicas, y de su utilización extendida para lograr de manera paulatina una acumulación de resultados de investigación y poder referirse a ellos en los términos de un conocimiento científico. Contra el telón de fondo del escenario postempirista que caracteriza la implosión del consenso ortodoxo en la ciencia empírica, la ciencia política procura el camino inverso, esto es, asume el desafío de convertirse en disciplina científica –y lo logra– en el marco ortodoxo trazado por la revolución conductista-racionalista. Tal como sugiere Munck (2007, p. 32), el desarrollo de la ciencia política desde comienzos del siglo XX puede considerarse como un proceso de profesionalización en el que los estándares se han ido estableciendo –y aún lo hacen– desde la academia estadounidense.

En este trabajo se ha mostrado este proceso, además, se toma en cuenta la ligazón teórica y metodológica entre instituciones políticas y análisis comparativo que perfilaron los enfoques del institucionalismo histórico y de la elección racional tras la revolución conductista de mediados de siglo XX. Esto confeccionó agendas de investigación sobre los procesos de cambio institucional ocurridos en diferentes regiones hacia fines del siglo XX. Así, la comparación sistemática de países, regiones o incluso unidades subnacionales, se convirtió primero en un horizonte teórico-metodológico a alcanzar y, luego, una vez logrado, en un ejercicio sostenido entre los politólogos para consolidarlo. Aquí se ha ilustrado centrándose en los procesos de reforma de mercado experimentados desde fines de la década de los ochenta en la región y cómo la ciencia política averiguó sobre sus causas y sus resultados, al comparar diferentes casos dentro de la región o entre regiones.

Es claro para nosotros que los diferentes institucionalismos están estimulados permanentemente por discusiones y ángulos alternativos de aproximación al cambio institucional, sus dilemas y desafíos, así como a la definición de su órgano teórico-metodológico. Podría indicarse que tales discusiones son propias de un escenario posempirista en la disciplina y que, en consecuencia, no hay un consenso ortodoxo tal. En un sentido similar, Munck et al. (2007) resaltan que la institucionalización de la disciplina se ha dado en un contexto de pluralismo teórico y metodológico.

Es cierto que las discusiones entre institucionalistas sobre sus objetos de estudio y los diseños de investigación, que emplean para hallar resultados y concebir teorías, sugieren diferencias importantes acerca de aspectos básicos de su quehacer científico. Por ejemplo, pueden diferenciarse por la definición de estudios que comparan muchos o pocos casos, por elaborar conceptos de manera inductiva para explicar determinados procesos macrosociales o concebir modelos de análisis deductivos para contrastar hipótesis. No obstante, hay una base de acuerdo sobre la que se busca incrementar la acumulación de conocimiento politológico que no está en discusión. Eso obedece a la convicción empírica de una modalidad de concebir la ciencia que relega –o ignora– a muchas otras discusiones, por ejemplo, las de raíz comprensiva-interpretativa, que han jalonado muchos de los debates en la sociología y la antropología.