Forma y Función

1.1. El fenómeno discursivo de las revueltas sociales en Sudamérica

La nominalización «estallido social» ha adquirido una carga valorativa e ideacional particularmente significativa en el discurso público sudamericano durante la última década, condensando una serie de irrupciones masivas de protesta ciudadana frente a desigualdades estructurales, modelos socioeconómicos neoliberales percibidos como injustos, corrupción político‑empresarial y deterioro de las condiciones de vida (Jiménez-Yáñez, 2020). En este marco, el descontento con el modelo socioeconómico neoliberal ha constituido un denominador común en países como Colombia (Báez et al., 2023; Ramírez-Monsalve & Vargas-Naranjo, 2023), Ecuador (Ramírez-Gallegos, 2019; Quiroga & Pagliarone, 2022), Argentina (Ortiz et al., 2021; del Tredici, 2023), Perú (Ilizarbe-Pizarro, 2023; Ramírez-Farías, 2023) o Bolivia (Valdivia-Rivera, 2024; Preciado, 2025). En estos contextos, amplios sectores de la población perciben que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyen de manera equitativa (Proaño-Gómez, 2020; Rebón & Ruiz-Lencina, 2020). A ello se suma la ausencia de derechos sociales garantizados en ámbitos como las pensiones, la salud y la educación (Jiménez-Yáñez, 2020), así como la percepción de inequidad en el acceso a los servicios públicos, factores que contribuyen a la reproducción y profundización de las brechas de clase (Álvarez-Rodríguez, 2022). De manera paralela, la causa indígena ocupa un lugar central en las demandas sociales, en tanto las comunidades originarias han sido históricamente excluidas del poder político y económico; dicha exclusión se expresa en reclamos por autonomía, reconocimiento cultural y derechos territoriales (Iza et al., 2020; Canales-Tapia, 2021). Asimismo, la corrupción y la desconfianza en las instituciones políticas constituyen fenómenos transversales en la región y dan cuenta de una profunda crisis de representatividad y legitimidad tanto del gobierno como de la clase política (Álvarez-Rodríguez, 2022). En el caso de Chile, la represión policial derivó en denuncias de violaciones a los derechos humanos, lo que, a su vez, intensificó las movilizaciones, amplificó las demandas sociales y contribuyó a la radicalización del discurso ciudadano (INDH, 2023). En este escenario, las manifestaciones ciudadanas coexistieron con episodios de violencia, configurando dos narrativas en tensión: por un lado, la legitimidad de las demandas sociales y, por otro, la condena a la violencia y destrucción en el espacio público y privado. En conjunto, estos procesos configuran el fenómeno discursivo de las revueltas sociales en Sudamérica como un espacio de disputa simbólica en el que se articulan, legitiman y tensionan interpretaciones contrapuestas sobre el conflicto social, la protesta y el orden político vigente.

1.2. Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución

Generalmente se entiende que el estallido social en Chile se inició en octubre de 2019, específicamente el día 14, a partir de la evasión masiva del pago del transporte público protagonizada por estudiantes secundarios en respuesta al alza de 30 pesos en la tarifa del tren subterráneo de Santiago, acción que derivó horas más tarde en disturbios y daños materiales en diversas estaciones. Frente a estos acontecimientos, las autoridades de la época emitieron evaluaciones negativas de la movilización y desplegaron estrategias represivas mediante el accionar de Fuerzas Especiales de Carabineros. En este contexto, el Ejecutivo comunicó que el país se encontraba «en guerra contra un enemigo poderoso» (Prensa Presidencia, 2019), formulación que construyó discursivamente a los manifestantes como un adversario interno, con el efecto de deslegitimar las protestas. De manera simultánea, los partidos políticos chilenos activaron en el espacio mediático una narrativa de confrontación. En particular, sectores de derecha de orientación neoliberal intensificaron la polarización ideológica al denominar el fenómeno como estallido delictual, expresión orientada a criminalizar la protesta social y asociarla a prácticas ilícitas y daños a la propiedad pública y privada (Durán & Rojas, 2021). En contraste, sectores de izquierda y extrema izquierda tendieron a valorar positivamente la violencia en las manifestaciones, representándola como una forma legítima de expresión popular frente a la opresión del sistema capitalista (Gallegos et al., 2023). No obstante, amplios sectores de la ciudadanía se situaron al margen de esta disputa discursiva, manifestando un rechazo transversal no solo al gobierno de turno, sino también al conjunto de la clase política, así como cuestionamientos a la legitimidad de la Constitución vigente, promulgada en 1980 bajo el régimen militar de Augusto Pinochet (Landaeta & Herrero, 2021). En este escenario y de manera inesperada, la noche del 12 de noviembre de 2019 el presidente Sebastián Piñera anunció su disposición a iniciar un proceso de cambio constitucional a través de un mecanismo institucional canalizado por el Congreso Nacional. Este anuncio se concretó el 14 de noviembre de 2019, cuando representantes de la mayoría de los partidos políticos suscribieron el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución (BCN, 2019), presentado a la sociedad chilena como una respuesta democrática e institucional a la crisis política y social desencadenada por el estallido social.

2.1. Estructura del documento

El Género del documento del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución corresponde a un procedimiento. En este texto, el primer párrafo explica sucintamente la situación de crisis social y política que motivó la necesidad de alcanzar un acuerdo y se destaca el llamado del expresidente de Chile Sebastián Piñera para llegar a un acuerdo nacional. El cuerpo del texto se compone de doce puntos que tienen como objetivo el restablecimiento de la paz mediante una reforma constitucional que sugiere mecanismos específicos. Finalmente, la sección firmas identifica a las partes involucradas en la firma del acuerdo. Los firmantes del acuerdo son once miembros de partidos políticos oficialistas y de oposición de Chile. De acuerdo con Martin y Rose (2008), un procedimiento, como género discursivo, es un texto que organiza secuencialmente los pasos necesarios para realizar una tarea o alcanzar un objetivo. Su finalidad es guiar la acción de manera clara y ordenada, instruyendo al lector sobre cómo hacer algo, más que proporcionando información conceptual o explicativa. La estructura esquemática del texto es la siguiente: Contextualización ^ Propósito general del acuerdo ^ Firmas. La descripción de las variables de Registro (campo, tenor y modo) se incorpora como un recurso contextual que permite caracterizar la situación comunicativa en la que se produce el género procedimiento. Sin embargo, este nivel de análisis no constituye el eje del estudio, ya que su función es ilustrar las condiciones de producción e interpretación del texto y facilitar la comprensión de las elecciones valorativas que configuran los significados interpersonales analizados (Tabla 1).

El propósito del documento es establecer una salida institucional a la crisis social mediante un procedimiento democrático que garantice la paz y el orden. Define el mecanismo para redactar una nueva Constitución, incluyendo plebiscitos y cuórums de dos tercios. Su tono es solemne, imperativo y técnico, lo que refleja un compromiso político rígido y vinculante.

2.2. El sistema de valoración como herramienta de análisis del lenguaje

El sistema de valoración (Martin & White, 2005) se ocupa de los recursos lingüísticos mediante los cuales los hablantes y escritores expresan, negocian y naturalizan posiciones intersubjetivas e ideológicas. Dado que el objetivo es examinar cómo el documento del acuerdo construye posicionamientos, identidades y alineamientos sociales, este modelo resulta pertinente al explicar cómo los autores negocian actitudes y relaciones con una audiencia implícita. De entre las tres metafunciones del lenguaje que reconoce la lingüística sistémico-funcional, a saber: la ideacional (construir la experiencia), la interpersonal (negociar relaciones sociales) y la textual (organizar el flujo de información), el sistema de valoración se sitúa dentro de la segunda. Asimismo, el sistema de valoración se sustenta en el concepto de estratificación, que se refiere a la idea de que el lenguaje es un sistema semiótico estratificado, organizado en tres niveles de codificación con distintos grados de abstracción (Figura 2). En este sentido, el modelo plantea que la intersubjetividad no es simplemente un rasgo inherente al lenguaje, sino una construcción activa que se realiza entre escritores y lectores, quienes asumen roles sociales específicos en contextos socioculturales determinados, donde se institucionaliza y regula la codificación de emociones, juicios y opiniones a través del lenguaje (Oteíza & Pinuer, 2019).

Figura 2.: Modelo estratificado de los sistemas de análisis

El sistema de Valoración (Martin & White, 2005) incluye los subsistemas de Compromiso, Gradación y de Actitud (Figura 3). Su propósito es extender el relato de lo interpersonal al atender a cómo los escritores construyen identidades autoriales, se alinean o desalinean con los encuestados y construyen una audiencia ideal para sus textos (White, 2021; Oteíza et al., 2024). El subsistema de Compromiso describe cómo los hablantes gestionan voces y posiciones en el discurso. La Monoglosia incluye la Aserción, que presenta enunciados como hechos indiscutidos, y la Presunción, que los da por compartidos. La Heteroglosia se divide en Contraer, mediante Refutación y Proclama para limitar alternativas, y en Expandir, mediante Consideración y Atribución, que reconocen otras perspectivas y fuentes. Este enfoque permite analizar la responsabilidad discursiva y la negociación de significados en contextos sociales. El subsistema de Gradación de Martin y White (2005) explica cómo el discurso intensifica o atenúa significados evaluativos. La categoría Fuerza permite subir o bajar la intensidad mediante cuantificación y énfasis. La categoría Foco agudiza o suaviza los límites semánticos, precisando o difuminando la pertenencia a una categoría valorativa discursiva. El subsistema de Afecto codifica respuestas emocionales del hablante ante personas, acciones o eventos, mediante indicadores de In/Felicidad, In/Seguridad, In/Satisfacción y Des/Inclinación que se expresan en términos positivos o negativos. El subsistema de Juicio evalúa conductas humanas según normas sociales, distinguiendo entre Estima social (capacidad, tenacidad, normalidad) y Sanción social (veracidad y propiedad ética). El subsistema de Apreciación se refiere a valoraciones estéticas y funcionales de objetos o situaciones.

Figura 3.: Categorías de análisis del sistema de valoración (Martin & White, 2005; Oteíza & Pinuer, 2019)

La presente investigación ha seguido el planteamiento de Oteíza y Pinuer (2019) que amplía la región semántica de Apreciación para incluir categorías más adecuadas para explorar las maneras en las que se legitiman o deslegitiman eventos, procesos y situaciones en el discurso que no responden a objetos semióticos o situaciones comunicativas. La subcategoría Legitimidad hace referencia a la aceptación y la valoración legal o moral con base en criterios que son considerados válidos o justos por una determinada comunidad o sociedad. La subcategoría Impacto se refiere a las consecuencias y efectos significativos que tiene un evento en diversos aspectos de la sociedad y la historia a lo largo del tiempo. La subcategoría Conflictividad se refiere a los conflictos, tensiones y disputas que emergen como resultado de un evento. La subcategoría Poder se refiere al grado de éxito en el ejercicio del poder de posiciones dominantes o de grupos de resistencia en contextos de protagonismo o antagonismo. Estas valoraciones permiten construir legitimaciones o deslegitimaciones sociales, políticas o económicas, explicando por qué ciertas prácticas sociales existen y adoptan determinadas formas (Oteíza & Pinuer, 2012). En suma, estas categorías se utilizarán para evaluar el alineamiento de los firmantes y tipo de afectividad expresada en el documento así como su grado de relevancia de los significados desplegados en el acuerdo.

2.3. Categorías de análisis sociopragmáticas

La sociopragmática es una rama de la lingüística que abarca el estudio de las dimensiones interaccionales, normativas y sociales del uso del lenguaje (Haugh et al., 2021). En el presente estudio, se utilizan las categorías Evaluación, Relaciones y Moralidad propuestas por Alba-Juez y Haugh (2025) como un procedimiento complementario al sistema de valoración para comprender cómo el contexto sociohistórico y cultural condiciona y moldea las prácticas comunicativas desplegadas en torno al acuerdo. Estas categorías explicitan cómo los hablantes construyen posicionamientos valorativos, negocian vínculos interpersonales y activan marcos éticos compartidos en la interacción, revelando el carácter ideológico del significado (Alba-Juez & Haugh, 2025). La elección de estas categorías para el presente estudio es coherente con la visión estratificada del lenguaje, en tanto se articulan con los estratos semántico-discursivo y contextual (Figura 4). La Evaluación se vincula con la metafunción interpersonal y se refiere al proceso mediante el cual los hablantes emiten juicios, opiniones o valoraciones sobre personas, objetos, situaciones o eventos en un contexto comunicativo específico (Obana & Haugh, 2023) con base en elementos epistémicos (que dan cuenta de la naturaleza de lo que se considera verdadero o correcto) y en elementos actitudinales (que analizan expresiones que revelan emociones, juicios sobre acciones, valoraciones de conductas, y percepciones sobre lo que corresponde hacer). Los recursos que emergen de estas subcategorías tienen que ver con elementos personales, culturales y sociohistóricos del contexto que indican qué es lo bueno, lo apropiado o lo correcto (Bednarek, 2009).

Figura 4.: Categorías de análisis sociopragmático

La categoría Relaciones se refiere a cómo los hablantes gestionan y negocian relaciones interpersonales a través del uso del lenguaje. Las subcategorías se basan en el concepto de «trabajo relacional» (Alba-Juez & Haugh, 2025; Locher & Langlotz, 2008; Spencer-Oatey, 2005) que define cómo las elecciones lingüísticas y las estrategias comunicativas son empleadas para construir, mantener y modificar relaciones sociales e identidades discursivas. Esta categoría se relaciona con la configuración del Tenor en el estrato situacional del Registro y permiten interpretar cómo los firmantes construyen alineamientos, distancias y formas de cooperación política en un escenario de crisis, evidenciando que el contexto no solo se manifiesta en recursos lingüísticos, sino también en la negociación de identidades, legitimidades y vínculos sociales que sostienen el acuerdo. La Moralidad se refiere a cómo los valores, normas y juicios éticos influyen en el uso del lenguaje y en las interacciones sociales, afectan las prácticas comunicativas e inciden en la percepción de lo que es aceptable o inapropiado en diferentes contextos sociales (Alba-Juez & Haugh, 2025). En este sentido, la Moralidad se expresa tanto cuando se adopta un posicionamiento para hablar sobre lo moral (inmanente al discurso), como cuando se actúa discursivamente desde una Marco moral (inmanente a la acción social); la Moralidad se concibe como una práctica discursiva situada, intersubjetiva y culturalmente anclada, inseparable del uso del lenguaje y de los procesos de evaluación, relaciones y afectividad articulados con el sistema de valoración. Las evaluaciones morales no son neutras ni universales, sino configuradas por factores personales, sociales e históricos, manifestándose como un proceso dinámico de atribución discursiva donde lo moral se negocia, se impone o se resiste. Así, el posicionamiento moral depende del contexto relacional y no de principios abstractos universales. Además, los actos de habla cumplen una función moral al asignar responsabilidades e invocar normas éticas en la interacción (Haugh, 2015), organizando prácticas de rendición de cuentas. Esta perspectiva teórica impone dos supuestos fundamentales para establecer cómo los firmantes de partidos políticos diversos llegaron a un acuerdo político. El primero de ellos es que los firmantes actuaron como representantes coherentes de las ideologías de sus respectivos partidos, donde la ideología se entiende como un sistema articulado de principios que orienta tanto la interpretación de la realidad como las prácticas sociales (Ostrowski, 2022). El segundo supuesto se basa en los principios de Rai y Fiske (2011, 2012), quienes establecen que las evaluaciones morales dependen del tipo de relación social, organizándose en cuatro motivos fundamentales: Unidad, Jerarquía, Igualdad y Proporcionalidad. Esto lleva a asumir que la moralidad de los políticos se articula prioritariamente en torno al principio de Unidad, entendido como regulación relacional orientada a la cohesión y pertenencia colectiva. En consecuencia, se elaboró una serie de descriptores ad hoc para configurar relaciones de afinidad y oposición en función de concepciones divergentes sobre el bien común, criterios de coherencia, ambigüedad e inconsecuencia ideológica representados en los indicadores de las subcategorías de Posicionamiento (Comportamiento, Perfil discursivo, Relación de poder) y Marco moral (Continuidad, Pragmatismo) con indicadores que señalan su naturaleza positiva, neutral o negativa. Antes de analizar el documento, se elaboró un instrumento descriptivo para caracterizar los preceptos políticos de los partidos en ámbitos clave del discurso político (Tabla 2).

En suma, este estudio analiza la construcción de significados valorativos y de legitimación discursiva en un contexto de crisis desde la perspectiva del análisis positivo del discurso, aplicado al documento Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Este enfoque permite explicar cómo se promueven alineamientos, consensos y orientaciones prosociales mediante la articulación del sistema de valoración con categorías sociopragmáticas de evaluación, relaciones y moralidad.

3.1. Análisis del sistema de valoración

El análisis del documento completo que se presenta en esta sección ilustra una articulación estratégica entre recursos de Compromiso, Actitud y Gradación que orientan el discurso hacia la construcción de legitimidad ética y política del acuerdo. La Tabla 3 resume el análisis valorativo de la introducción del acuerdo. En ella se muestran las entidades discursivas analizadas, quienes realizan la evaluación y los recursos desplegados en cada subsistema mediante valoraciones positivas (+va) o negativas (-va) de los indicadores respectivos. Los recursos de Fuerza aparecen subrayados y los de Foco en cursiva.

En el segmento «Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por S.E. el Presidente…», el discurso construye una evaluación negativa del contexto nacional mediante Actitud: Apreciación [(-va) Impacto > alto], al representar la situación como un evento de máxima relevancia y perturbación, y Actitud: Apreciación [(-va) Conflictividad > alta], ya que el término «crisis» activa semánticamente la idea de ruptura del orden social y de tensión extrema entre valores en disputa. Esta valoración se intensifica a través de Gradación: Fuerza [Intensificación], dado que el adjetivo «grave» escala la magnitud del fenómeno y refuerza la excepcionalidad del escenario descrito. A su vez, la cláusula «atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por S.E. el Presidente» introduce un recurso de Compromiso: Heteroglosia [Expansión > Atribución > Reconocimiento], mediante el cual el texto legitima su propia enunciación al reconocer voces externas autorizadas (la ciudadanía y el Ejecutivo) como fuentes motivadoras del acuerdo. En este movimiento discursivo se activa además Actitud: Apreciación [(+va) Poder > alto], al construir tanto la capacidad de convocatoria presidencial como la presión social de la movilización ciudadana como fuerzas legítimas y determinantes en la configuración del proceso político.

Desde el subsistema de Compromiso, en la cláusula «Los partidos abajo firmantes han acordado» conviven la expansión para reconocer a los actores y la contracción para blindar la propuesta. Este fragmento activa Heteroglosia [Expandir: Atribución > Reconocimiento], al identificar explícitamente a los actores políticos como las voces responsables de la proposición, lo que distribuye la autoría del enunciado y refuerza su carácter colectivo. Sin embargo, esta apertura dialógica coexiste con un movimiento de cierre interpretativo en la expresión «inobjetablemente democrático», que realiza Heteroglosia [Contraer: Proclamación > Pronunciamiento], ya que la intervención autoral enfatiza la validez del proceso y reduce el espacio para lecturas críticas o disidentes, clausurando la posibilidad de cuestionar su legitimidad. En el plano de la Actitud, el texto se orienta a la valoración positiva del acuerdo como «salida institucional», mediante Apreciación [(+va) Legitimidad], presentándolo como un mecanismo moralmente correcto y jurídicamente aceptable. Asimismo, la meta de «buscar la paz» moviliza Afecto [(+va) Seguridad] en un plano de irrealis, ya que el significado abstracto de «paz» se asocia a una meta futura de tranquilidad frente al conflicto presente. La referencia a la «justicia social» activa Juicio [(+va) Sanción Social > Integridad], al evaluar el propósito del acuerdo según estándares éticos de rectitud y bien común. Finalmente, la mención al «procedimiento democrático» refuerza nuevamente Apreciación [(+va) Legitimidad], consolidando la aceptación social del proceso. Estos significados se intensifican mediante Gradación, en particular Fuerza [Intensificación] en el adverbio «inobjetablemente», que satura la valoración positiva y refuerza la apreciación de Legitimidad.

A continuación, se presenta el análisis de la sección que contiene los objetivos del acuerdo. De los doce puntos que presenta el documento, se seleccionan los más representativos que demuestran el carácter del acuerdo (Tabla 4). El discurso configura una representación altamente positiva de los actores políticos mediante recursos evaluativos que articulan Juicio, Apreciación, Compromiso y Gradación con el fin de legitimar su acción frente a la crisis.

En el fragmento «Los partidos […] vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público […] y el total respeto de los derechos humanos», la expresión «garantizar su compromiso» activa Actitud: Juicio [(+va) Estima social > Tenacidad], al presentar los partidos como sujetos resueltos, firmes y coherentes en su voluntad política, construyendo una imagen de responsabilidad y determinación colectiva. Esta valoración se ve reforzada por la formulación «total respeto», que opera mediante Gradación: Fuerza [Cuantificación], ya que el adjetivo «total» maximiza el alcance del compromiso ético y elimina cualquier posibilidad de parcialidad o ambigüedad en la adhesión a los derechos humanos. De manera concomitante, se activa Actitud: Juicio [(+va) Sanción social > Integridad], en tanto el respeto a los derechos humanos se sitúa como un valor moral incuestionable y como criterio normativo central para evaluar la conducta de los firmantes, desplazando el acuerdo desde el plano técnico hacia el plano ético-político.

En el punto 2 se observa una transición discursiva desde la apertura de posibilidades hacia la fijación de reglas técnicas que estructuran el proceso constituyente. La formulación «Se impulsará un Plebiscito […] que resuelva dos preguntas […]» activa Heteroglosia [Expandir > Consideración], ya que la inclusión explícita de alternativas («¿Quiere usted […]?», «¿Qué tipo de órgano […]?») construye un espacio dialógico donde se reconoce que la decisión no está previamente determinada y que su resolución depende de una voz externa legitimada: la ciudadanía. Este movimiento configura el futuro constitucional como un campo de posibilidades alternativas (Apruebo/Rechazo), representando el proceso como contingente y abierto a la deliberación social. Sin embargo, esta apertura inicial contrasta con la formulación categórica de las definiciones operativas del órgano constituyente en los puntos 3 y 4 con expresiones como «La Convención Mixta […] será integrada […]» y «sus integrantes serán electos […]», que realizan como aserciones monoglósicas, al presentar dichas disposiciones como hechos dados y no negociables. El uso del futuro del indicativo («será», «se realizará») funciona como un recurso de cierre dialógico, suprimiendo la variabilidad interpretativa y estableciendo un marco técnico que se impone como incuestionable. De este modo, el discurso oscila entre una expansión dialógica en la fase decisional inicial y una contracción implícita en la etapa de diseño institucional, produciendo un equilibrio entre participación ciudadana y control procedimental.

En el subsistema de Actitud, las denominaciones «Convención Mixta Constitucional» y «Convención Constitucional» operan como entidades discursivas que condensan valoraciones relativas a la distribución del poder, configurando Apreciación [(+va) Poder > Medio/Alto], en la medida en que la «Mixta» evoca un equilibrio entre representantes del sistema político vigente y nuevos actores, mientras que la «Constitucional» proyecta un poder ciudadano autónomo desvinculado de la élite parlamentaria. la expresión «bajo sufragio universal» activa Apreciación [(+va) Legitimidad], al situar el mecanismo de elección dentro de un estándar democrático ampliamente reconocido, dotándolo de una validez moral y legal que refuerza su aceptación social. Asimismo, la referencia al «mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados» activa nuevamente Apreciación [(+va) Legitimidad], ya que se apela a una institucionalidad ya probada para validar el nuevo proceso, generando un efecto de normalización técnica y continuidad procedimental. En este mismo marco, expresiones como «en partes iguales» e «íntegramente» realizan Juicio [(+va) Estima Social > Capacidad], al valorar la configuración de los órganos en términos de equilibrio funcional y especialización, donde «íntegramente» enfatiza una dedicación exclusiva a la tarea constituyente y proyecta una imagen de competencia técnica concentrada.

En cuanto a la Gradación, se observa un uso sistemático de recursos de cuantificación para otorgar precisión y magnitud al evento político. Las expresiones «dos preguntas», «partes iguales» e «íntegramente» activan Fuerza [Cuantificación], delimitando con exactitud el alcance del compromiso y funcionando como intensificadores que agudizan el foco categorial, especialmente al excluir la presencia de otros actores en determinadas opciones. La mención explícita de plazos temporales («en el mes de abril de 2020», «en el mes de octubre de 2020») realiza Fuerza [Cuantificación], produciendo un efecto de urgencia y aumentando el Impacto [(+va) alto] del discurso al inscribir el proceso en una cronología cerrada con hitos definidos. En el punto 4, la expresión «mismo sistema electoral» activa Foco [Agudizar], al identificar la nueva instancia con un ejemplar central de la democracia ya conocido, reduciendo la incertidumbre procedimental y reforzando la inteligibilidad del proceso para la ciudadanía. En conjunto, estos recursos configuran un discurso que combina apertura participativa con cierre técnico, construyendo una narrativa de legitimidad democrática sustentada en la previsibilidad institucional y en la regulación precisa del cambio político.

En los puntos 5 y 6, dedicados al órgano constituyente, el discurso introduce una serie de restricciones semánticas que buscan contener su poder y garantizar la continuidad institucional. La expresión «tendrá por único objeto redactar la nueva Constitución» activa Gradación: Foco [Agudizar], al delimitar de forma precisa y excluyente la función del órgano, reforzando la especialización de su tarea y previniendo interpretaciones expansivas de su mandato. Esta delimitación se profundiza con la cláusula «no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos», que realiza Compromiso: Heteroglosia [Contraer: Refutación > Negación], ya que niega explícitamente una posible ampliación del poder del órgano constituyente y anticipa un escenario de conflicto institucional para neutralizarlo discursivamente. Como consecuencia de esta operación, se construye Actitud: Apreciación [(+va) Poder > Medio/Bajo], representando al órgano constituyente como una entidad subordinada a la institucionalidad vigente y no como un poder soberano autónomo, lo que refuerza una prosodia de control y continuidad más que de ruptura. En relación con las reglas de votación, la estipulación de un «quórum de dos tercios» activa Actitud: Apreciación [Conflictividad > Media], ya que la exigencia de un umbral elevado se orienta a regular la tensión de valores entre posiciones ideológicas divergentes y a forzar el consenso como principio rector del proceso deliberativo. Este mecanismo no se presenta como una opción negociable, sino como una condición establecida, lo que se manifiesta discursivamente mediante Compromiso: Monoglosia, al formular la regla como absoluta y carente de alternativas dialógicas en este punto del texto. De este modo, el discurso clausura el debate sobre los procedimientos internos del órgano constituyente y proyecta una imagen de orden normativo incuestionable.

En los puntos 7 al 12 (Tabla 5), el discurso transita desde la formulación programática hacia la ejecución jurídica del proceso constituyente, intensificando los recursos del subsistema de Actitud mediante una combinación sistemática de Apreciación y Juicio, orientados a legitimar el cambio institucional como un procedimiento éticamente controlado y normativamente incuestionable.

La expresión «derogándose orgánicamente la Constitución actual» activa, en primer lugar, Apreciación [(+va) Poder > Alto], al atribuir al nuevo texto una capacidad transformadora plena que extingue el orden jurídico previo, construyendo el cambio constitucional como un acto de soberanía normativa total. De manera simultánea, el adverbio «orgánicamente» activa Apreciación [(+va) Legitimidad], ya que sugiere un proceso ordenado, técnico y jurídicamente impecable, desplazando la ruptura política hacia una semántica de continuidad legal. En la formulación «plebiscito ratificatorio […] sufragio universal obligatorio» del punto 8 se refuerza esta orientación mediante Apreciación [(+va) Legitimidad], dado que la obligatoriedad es construida como el mecanismo máximo de validación democrática y social, transformando la participación ciudadana en un requisito normativo que garantiza la autoridad moral del resultado. Por su parte, las cláusulas «cesarán en su cargo» e «inhabilidad sobreviniente» en el punto 9 activan Juicio [(+va) Sanción Social > Integridad], al introducir restricciones a los cargos públicos que evocan una valoración de limpieza ética, probidad y neutralidad institucional. Estas disposiciones buscan prevenir que el poder constituido interfiera en el proceso constituyente, construyendo una frontera simbólica entre quienes detentan cargos y la legitimidad del nuevo orden. Asimismo, la referencia en el punto 10 a una «Comisión Técnica […] paritaria entre la oposición y el oficialismo» activa Apreciación [(+va) Conflictividad > Baja], ya que la paridad política se configura discursivamente como un mecanismo de reducción de tensiones ideológicas y de neutralización de sesgos mediante un equilibrio de Poder, reforzando una imagen de racionalidad técnica y cooperación institucional.

En el subsistema de Compromiso, el discurso adopta predominantemente una orientación monoglósica y asertiva, estableciendo reglas que no admiten alternativas interpretativas. El uso reiterado del futuro del indicativo en expresiones como «será sometida», «se realizará» y «cesarán» realiza Monoglosia, al presentar las acciones como hechos seguros, cerrando cualquier espacio dialógico de negociación sobre plazos, consecuencias o condiciones de aplicación. Esta clausura se intensifica en el punto 11 con la formulación «en ningún caso éste podrá realizarse […]», que activa Heteroglosia [Contraer: Refutación > Negación], al negar explícitamente una posibilidad (el traslape de elecciones) con el fin de blindar la pureza del referendo y restringir el margen de maniobra técnica. De igual modo, la declaración «los partidos abajo firmantes comprometen su aprobación» realiza Heteroglosia [Contraer: Proclama > Pronunciamiento], en tanto los actores políticos cierran filas y garantizan el resultado legislativo, eliminando la incertidumbre sobre la ratificación parlamentaria y reforzando la imagen de unidad institucional. Esto demuestra una valoración positiva de Sanción social [(+va) Integridad] y [(+va) Veracidad], ya que, al comprometer su voto de manera pública y escrita, los firmantes apelan a un estándar de moralidad y honor legitimado por el uso de firmas nominales al final del documento.

En cuanto al subsistema de Gradación, los recursos se orientan a conferir precisión técnica y a escalar la Fuerza de las restricciones legales. La expresión «como un todo» activa Foco [Agudizar], ya que obliga al Congreso a aprobar el proyecto de manera íntegra, evitando su fragmentación y forzando una aceptación completa del compromiso político. En cuanto a Gradación, la referencia a «aspectos indispensables» realiza Foco [agudizar], al clasificar las tareas de la Comisión Técnica como esenciales y elevar el Impacto [alto] de su labor especializada. La fórmula «por el sólo ministerio de la ley» activa Fuerza [Intensificación], al enfatizar la automaticidad del poder legal por sobre la voluntad individual de los actores. Adicionalmente, las delimitaciones temporales «hasta nueve meses, prorrogable una sola vez por tres meses», «Sesenta días posteriores […]» y «sesenta días antes ni después» en el punto 11 realizan Fuerza [Cuantificación], dotando al proceso de una sensación de urgencia y de control institucional mediante una medición exacta del tiempo. En conjunto, estos recursos configuran un discurso de fuerte clausura dialógica y alta legitimación normativa, donde la transformación constitucional es presentada como un proceso técnicamente regulado, éticamente purificado y jurídicamente inevitable.

La fuerte contracción dialógica observada en las reglas de funcionamiento (cuórums, límites de poder y mecanismos de ratificación) cumple la función de reducir la incertidumbre y de proyectar una sensación de seguridad (paz social) y control sobre un proceso que emerge precisamente en un contexto de inestabilidad, consolidando así una narrativa discursiva orientada a la estabilización del orden político y social mediante la opción abierta de redactar una nueva constitución para Chile. A continuación, se direccionará el análisis hacia el contexto para comprender el telón de fondo que dio pie a la redacción de este documento desde el punto de vista sociopragmático.

3.2. Análisis sociopragmático del documento

Para un análisis exhaustivo del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, profundizaremos en la red de significados interpersonales y la arquitectura ética que sostiene este documento histórico. El texto surge tras el estallido social de octubre de 2019 en Chile, un periodo de intensa movilización ciudadana, crisis institucional y violencia. Ideológicamente, el documento representa una salida institucional negociada por un amplio espectro de partidos políticos para canalizar el descontento a través de un mecanismo democrático. Bajo la premisa de que el lenguaje es «moralidad en acción» (Garfinkel [1967], citado por Alba-Juez y Haugh [2005]), este análisis¹ desglosa cómo los firmantes no solo redactaron reglas, sino que realizaron una intervención moral para estabilizar el sistema social chileno. Con respecto a la Evaluación, en la introducción del documento (Tabla 6), los firmantes realizan una Evaluación Actitudinal basada en la afectividad [(-va) Act, afec], mediante la cual valoran negativamente el estado de inestabilidad social del país con el fin de justificar la urgencia y legitimidad del pacto. El segmento «Ante la grave crisis política y social del país» delimita una relación de Identificación con un grupo de pertenencia [Id, grup pert], al construir discursivamente un problema colectivo que interpela a la totalidad de la comunidad nacional y posiciona a los chilenos como un sujeto social afectado por una misma situación de crisis. El Posicionamiento en la categoría Moralidad se clasifica como un Perfil discursivo moderado [Pos > Per, mod], pues el reconocimiento explícito de la crisis funciona como un recurso para legitimar una postura de equilibrio entre transformación política y preservación del orden institucional. Sin embargo, en el segmento «atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por S.E. el Presidente Sebastián Piñera», el acto de «atender» se evalúa como una respuesta moralmente correcta y responsable ante el conflicto [(+va) Act, etic] y se construyen dos nuevos receptores discursivos que pertenecen a grupos externos [Id, grup ext]. Por una parte, la «ciudadanía» es configurada como el actor social que legitima la urgencia del pacto mediante la presión colectiva; por otra, la referencia a S.E. el Presidente [Cal, con] instaura una relación de deferencia y respeto hacia la jerarquía institucional vigente. A través del pronombre «nosotros» («Los partidos abajo firmantes») se construye un bloque de unidad transversal (desde la oposición hasta el oficialismo) que busca aparecer como un solo cuerpo frente a la crisis. Aunque el concepto de ellos no se menciona explícitamente como un «enemigo», la referencia al «orden público» y la «paz» crea una distinción relacional con aquellos sectores que mantenían la protesta disruptiva en las calles. Esto es crucial para el análisis sociopragmático, ya que funciona como el pivote de legitimación del documento. En él, los firmantes justifican su acción mediante la conjunción de dos fuerzas: la presión «desde abajo» (la ciudadanía) y la jerarquía «desde arriba» (el Ejecutivo). Moralmente, los firmantes mantienen un Posicionamiento ecuménico de Relación de poder [Pos > Rel, ecum], pues su actitud conciliadora busca armonizar la presión social con la autoridad estatal.

En el segmento «los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático», los firmantes realizan una Evaluación positiva del proceso [(+va) Epist, cer], sustentada en la construcción de una certeza absoluta respecto de su legitimidad y calidad democrática. En la categoría Relaciones, se configura una orientación favorable [Act, fav], ya que se establece una relación de cooperación y de búsqueda explícita del bienestar colectivo. Asimismo, el Marco moral [MM > Prag, conc] se manifiesta como un llamado directo a la conciliación nacional, al presentar el procedimiento institucional como la vía moralmente adecuada para resolver la crisis y restablecer la cohesión social.

En los puntos 1 al 6 del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, los firmantes no solo se dirigen a la ciudadanía chilena presente en las calles, sino que proyectan una imagen específica de destinatarios imaginados por el texto o receptores «putativos» (White, 2021; Oteíza et al., 2024) tanto a nivel nacional como internacional (Tabla 7).

El segmento «Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso […]» en el punto 1 construye un bloque de unidad transversal (desde la oposición hasta el oficialismo) que busca aparecer como un solo cuerpo frente a la crisis [Id, grup pert; Act, fav]. Esto refleja una Evaluación positiva del comportamiento responsable [(+va) Act, etic] hacia el actuar ciudadano a quien se ha escuchado para calmar el conflicto. El lenguaje aquí actúa como una herramienta de gestión de la imagen pública, buscando recuperar la credibilidad institucional ante diversas audiencias:

• El receptor internacional. El acuerdo funciona como una señal que incorpora a una audiencia externa (mercados, organismos de DD. HH. y comunidad global), buscando restaurar la imagen de Chile como un país estable y democrático. Se buscaba dar una señal de que el país era capaz de restablecer la paz social (entendida como cese a la violencia) y la estabilidad institucional en medio de la crisis del estallido social, ya que los medios de prensa internacional hacían énfasis en el clima de violencia y destrucción del estallido social que se sumaba a una atmósfera de profundo descontento acumulado con el modelo neoliberal (Figura 5). Para demostrar este nivel de consenso, los firmantes asumen una Actitud relacional favorable [Act, fav] para apoyar el propósito del acuerdo, que era proponer mecanismos para la redacción de una nueva carta magna que moralmente buscaba adaptarse al momento político y proponer un cambio para Chile mediante un proceso pragmático y conciliatorio [MM > Cont, adap; MM > Prag, conc].

Figura 5.: Titulares en prensa británica y estadounidense del estallido social en Chile (The Guardian, 2019; The Washington Post, 2019)

Estudios recientes destacan que, especialmente en contextos de interacción pública, la identidad y la imagen pública se negocian a través de maniobras de cortesía y descortesía, donde el poder simbólico del discurso lo es todo (Garcés‑Conejos & Bou‑Franch, 2018). Además, Bravo (2005) demuestra que la cortesía en español funciona como práctica sociopragmática que equilibra la tensión entre respeto y reconocimiento mutuo en contextos conflictivos, y actúa como un mecanismo de regulación emocional en la comunicación.

• El receptor nacional. A partir de los puntos 2 al 6, la Evaluación es Actitudinal, positiva y deóntica [(+va) Act, oblig], ya que lo deseable es la consulta democrática y desde la Moralidad es un acto de habla pragmático en tanto que apela a la conciliación [MM > Prag, conc]. En el punto 2 el receptor se transforma en «elector» que actúa como receptor institucional, pues se le asigna la responsabilidad moral de decidir mediante el «sufragio universal» [(+va) Act, oblig]. La imagen construida es la de un ciudadano civilizado que resuelve disputas mediante procedimientos democráticos. En el punto 3, el receptor putativo es un ciudadano que accederá parcialmente al poder eligiendo representantes que participen en la Convención Mixta junto a miembros convencionales elegidos por partidos políticos que tendrá la obligación [(+va) Act, oblig] de redactar la Nueva Constitución (Punto 5), con el fin de proteger las estructuras de poder existentes [Pos > Rel, heg]. En el punto 4, en cambio, se presenta la oportunidad histórica para construir un Marco moral inclusivo que legitimara y respondiera a las expectativas de la sociedad chilena [MM > Cont, adap], entregando a la ciudadanía el poder de redactar una nueva constitución desde cero a través de miembros elegidos por la ciudadanía (Convención Constitucional). Este Marco moral también es pragmático [MM > Prag, conc], ya que ofrece la posibilidad de bajar la presión social mediante el sufragio. El punto 6, los firmantes se validan como responsables del orden [Id, grup pert] y evalúan la norma de 2/3 de cuórum [(+va) Act, oblig] como necesaria para la estabilidad institucional y mantienen una postura moral que busca equilibrio y consenso amplio [Pos > Perf, mod].

El perfil discursivo de los firmantes se configura, desde las categorías sociopragmáticas de Evaluación, Relaciones y Moralidad, como un posicionamiento moderado que asume el deber de velar por el bien común mediante la suspensión de consignas ideológicas particulares. Este encuadre valorativo construye una relación de confianza con la ciudadanía al promover la reconciliación, la resolución pacífica de los conflictos y la instauración de un proceso democrático participativo. En el marco del acuerdo, la moderación implica la renuncia a juicios ideológicos sobre los responsables de la violencia y a la formulación de proyectos políticos de Estado excluyentes. En su lugar, los firmantes manifiestan un compromiso moral con el restablecimiento del Estado de derecho, principio que garantiza la supremacía de la ley y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

El análisis sociopragmático de los puntos 7 al 12 del acuerdo constitucional (Tabla 8) permite observar una articulación coherente de las categorías de Evaluación, Relaciones y Moralidad que construye un discurso orientado a la legitimación democrática y a la estabilidad institucional mediante un posicionamiento moderado y conciliador.

En el punto 7, la afirmación «La Nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación derogándose orgánicamente la Constitución actual» expresa una Evaluación de tipo epistemológica basada en la certeza [(+va) Epist, cer], que clausura cualquier ambigüedad respecto del término de la vigencia del texto previo y proyecta seguridad normativa. Esta certeza se vincula con una actitud favorable [Act, fav] hacia la demanda social de transformación estructural, al tiempo que activa un marco moral pragmático de conciliación [MM > Prag, conc], pues la renovación legal se presenta como vía pacífica para resolver el conflicto político. En el punto 8, cuando se establece que «la nueva Carta Fundamental será sometida a un plebiscito ratificatorio […] mediante sufragio universal obligatorio», se privilegia una Evaluación actitudinal de carácter ético [(+va) Act, etic], al definir la validación ciudadana como estándar normativo superior. Asimismo, la identificación con un grupo externo [Id, grup ext], esto es, la ciudadanía en su conjunto, amplía el campo de legitimación y consolida un posicionamiento de comportamiento consecuente [Pos > Comp, cons] con los principios democráticos, reforzando una Moralidad basada en la coherencia entre medios y fines.

El punto 9 introduce una regulación estricta sobre la inhabilidad de quienes ocupan cargos públicos, lo que activa nuevamente una Evaluación ética positiva centrada en la probidad y la transparencia [(+va) Act, etic], junto con una actitud neutral [Act, neut] que enmarca la medida como un dispositivo técnico más que ideológico. Desde la perspectiva moral, este segmento se inscribe en un marco de continuidad y adaptación [MM > Cont, adap], pues asigna responsabilidad ética al proceso constituyente sin romper con la lógica institucional previa, integrando cambio y estabilidad.

En el punto 10, la conformación de una Comisión Técnica paritaria entre oposición y oficialismo expresa una Evaluación deóntica positiva [(+va) Act, oblig], al presentar el equilibrio político como deseable y necesario. La relación entre actores se construye mediante un trato directo y concertado [Cal, con], lo que evidencia un posicionamiento ecuménico en la distribución del poder [Pos > Rel, ecum], sustentado en una Moralidad pragmática orientada a la cooperación y al reparto equitativo de responsabilidades.

El punto 11, al fijar plazos precisos para el funcionamiento del órgano constituyente y para el referéndum ratificatorio, consolida una Evaluación epistemológica de certeza [(+va) Epist, cer] que busca otorgar confiabilidad al proceso. A la vez, la autolimitación temporal del órgano expresa una identificación con el grupo de pertenencia institucional [Id, grup pert], en la medida en que se reconoce la necesidad de no interferir con otros poderes del Estado. Este diseño responde a un marco moral de mantenimiento [MM > Prag, mant], ya que preserva la continuidad de la institucionalidad mediante reglas claras. Finalmente, el punto 12 refuerza la obligación de los partidos firmantes de aprobar los proyectos derivados del acuerdo, lo que activa una Evaluación deóntica positiva [(+va) Act, oblig] y una actitud favorable [Act, fav] de apoyo mutuo. Dicho compromiso se inscribe en un posicionamiento consecuente [Pos > Comp, cons], donde la Moralidad se manifiesta como coherencia entre la firma del pacto y su cumplimiento efectivo, consolidando un discurso que integra valoración ética, relaciones cooperativas y marcos morales pragmáticos orientados al consenso democrático.

La articulación del sistema de valoración de Martin y White (2005) con las categorías sociopragmáticas de Evaluación, Relaciones y Moralidad (Alba-Juez & Haugh, 2005) ofrece una lectura integrada del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Mientras el sistema de valoración describe con precisión los recursos semántico-discursivos mediante los cuales se construyen Actitud, Compromiso y Gradación, las categorías sociopragmáticas permiten interpretar estos patrones evaluativos en función de marcos relacionales, normativos y éticos situados históricamente. Esta complementariedad posibilita explicar no solo qué se valora en el texto, sino por qué dichas valoraciones resultan legítimas en un contexto de crisis política. El análisis del género procedimiento y de las variables de Registro aporta un encuadre contextual que facilita comprender la orientación imperativa, técnica y conciliadora del documento. A su vez, la incorporación de subcategorías de Moralidad operacionaliza empíricamente los posicionamientos pragmáticos de continuidad, conciliación y mantenimiento institucional. En conjunto, la integración metodológica fortalece la perspectiva del análisis positivo del discurso al explicar cómo los firmantes promueven consensos, cohesión social y legitimidad democrática.