Knowledge Politics in Environmental Conflicts: A Case from Brazil

La política del conocimiento en los conflictos ambientales: un caso de Brasil

Following large environmental conflicts and disasters, economic endeavors -particular large-scale investments in mining or hydropower- are nowadays subjected to rigorous environmental law and regulations. The application of rules and regulations takes place in environmental administration and courts and includes environmental impact assessments (EIAs), licensing processes and litigation in court. Within these contexts, decision making is supposed to be based on rational reasoning and purportedly impartial scientific knowledge and information. Thus, citizens’ rights in resource conflicts and the effective enforcement of these rights in administrative, judicial, and political contestation become highly dependent on knowledge and information and the ways it is produced, interpreted, and valued in the interaction between people affected and investors, lays and experts, bureaucrats, legal practitioners and citizens. Political contestation becomes a seemingly technical dispute. This paper bases on a qualitative study of the conflicts surrounding the establishment of the large-scale iron-ore mining project Minas-Rio, in Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brazil, conducted in 2014-2015. It describes the problematic nature of the production of information and knowledge in a given political-economic context and the contestations surrounding the validity of apparently scientific results as they emerged alongside the environmental licensing process. Environmental studies and their technical evaluations are based on questionable assumptions and often lack accurate baseline data. The deficiency of public resources for independent investigation makes the environmental agencies dependent on services and information provided by mining companies. Apart from this form of collaboration, the prioritization of allegedly scientific “expert” knowledge, career trajectories of agencies’ personnel, and pressure by pro-mining politicians lead to the uncritical adoption of data, information and knowledge provided by the company and/or the consultancy firms employed by them. At the same time, information given by the people affected and environmentalists becomes sidelined. Thereby, environmental and citizen rights, as the rights to information concerning the environment and to participation in licensing processes, guaranteed in the Brazilian constitution and environmental legislation, become ineffective.

Tras grandes conflictos y desastres ambientales, los proyectos económicos, en particular las inversiones a gran escala en minería o energía hidroeléctrica, están hoy en día sujetos a leyes y reglamentos ambientales rigurosos. La aplicación de las normas y reglamentos tiene lugar en la administración pública y en los tribunales e incluye evaluaciones de impacto ambiental (EIAs), procesos de concesión de licencias y litigios en los tribunales. En este contexto, se supone que la toma de decisiones se basa en un razonamiento racional y en conocimientos e informaciones supuestamente científicas e imparciales. Así, los derechos de los ciudadanos en los conflictos ambientales y la aplicación efectiva de estos derechos en procesos de contestación administrativa, judicial y política dependen en gran medida del conocimiento, de la información y de las formas en que se producen, interpretan y valoran en la interacción entre las personas afectadas y los inversores, los expertos y no expertos, los burócratas, los profesionales del derecho y los ciudadanos. La discusión política se convierte en una disputa aparentemente técnica. El presente texto se basa en un estudio cualitativo de los conflictos en torno al establecimiento del proyecto minero a gran escala Minas-Río, en Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, Brasil, realizado en 2014-2015. Se describe la naturaleza problemática de la producción de información y conocimiento en un contexto político-económico dado y las disputas en torno a la validez de los resultados aparentemente científicos que surgieron en el proceso de concesión de licencias ambientales. Los estudios ambientales y sus evaluaciones técnicas se basan en supuestos cuestionables y a menudo carecen de datos de referencia precisos. La falta de recursos públicos para la investigación independiente hace que las agencias ambientales dependan de los servicios y de la información proporcionada por las compañías mineras. Aparte de esta forma de colaboración, la priorización de conocimientos supuestamente científicos y “expertos”, las trayectorias profesionales del personal de las agencias y la presión de políticos que favorecen la minería, conducen a la adopción arbitraria de datos, información y conocimientos proporcionados por las mineras y/o las empresas consultoras empleadas por ellas. Al mismo tiempo, la información proveída por las personas afectadas y los ambientalistas queda al margen. De esta manera, los derechos básicos del ciudadano y del ambiente, así como los derechos a la información sobre el medio ambiente y a la participación en los procesos de concesión de licencias, garantizados en la Constitución y la legislación ambiental brasileñas, se vuelven ineficaces.