En América Latina el patrimonio cultural se ha convertido en un campo de batalla político. El derribamiento en Bogotá de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada por parte de indígenas misak
La postura de la academia ante estas acciones es disímil, pero sobresalen tres tendencias: la primera, consiste en avalarlas aduciendo que son reproches legítimos a una narrativa moderna (
La cuestión que se encuentra en la médula de estas disquisiciones es la relación patrimonio cultural e identidad cuyo nacimiento ha sido asociado con el surgimiento, en la Europa renacentista, de los Estados-nación (
La necesidad de establecer lazos sociales perdurables entre los diversos habitantes de un territorio determinado con el fin de mantener la integridad estatal, causó que paulatinamente se aceptara la idea de que la presencia de unos valores y creencias comunes -lengua, religión, etcétera-, con los cuales se pudieran identificar dichos habitantes, era condición
Las transformaciones sufridas a nivel mundial durante la segunda mitad del siglo XX han puesto en entredicho estos preceptos al revelar la existencia de una "pretendida universalidad" fundada en la fabricación de relatos que ofrecen "una versión de la nación y de su historia" "ajustada" a los intereses específicos del grupo dominante (
Quién, por qué, para qué, son preguntas que se han hecho usuales en los estudios sobre el tema para criticar las desigualdades en la formación y apropiación de lo patrimonial, para reivindicar la importancia del patrimonio cultural inmaterial, y para plantear nuevas aproximaciones metodológicas acordes a los retos suscitados por las sociedades contemporáneas
Inmersa en este marco, desde comienzos del siglo XXI la UNESCO ha insistido en que el patrimonio cultural es un factor esencial para la sostenibilidad -entendiendo el término según tres pilares fundamentales: crecimiento económico, equidad social y protección del medio ambiente (
Efecto de lo anterior es que la política pública se ha ubicado en el corazón de los análisis sobre lo patrimonial. Los planteamientos proferidos al respecto abogan por la creación de políticas que asuman el carácter dinámico y diverso de la cultura, con miras a lograr que el patrimonio cultural material e inmaterial sea reconocido por los seres humanos como símbolo de su identidad.
El patrimonio cultural [...] es un testimonio de la creatividad humana [y] un recurso para la construcción de las identidades de [los individuos] y [de] las comunidades. [Como] otros componentes de la vida cultural, los aspectos que [lo] conforman, incluidos la memoria y el conocimiento, pertenecen al núcleo de la dignidad humana, y respetarlos, protegerlos y valorizarlos requiere [de] políticas adecuadas basadas en derechos y centradas en las personas. Estas últimas deben reconocer que el patrimonio está vivo, es diverso y cambia constantemente, y que sus [elementos] y su significado evolucionan e interactúan con las demás dimensiones del desarrollo sostenible (2018, 3).
La cita previa faculta para argüir que todo patrimonio cultural tiene que: estar ligado a un sentido de pertenencia y reforzarlo (
Vale aclarar que el concepto sentido de pertenencia lleva implícita una doble exigencia: no sólo supone identificarse con una historia, con unas tradiciones y con unos valores comunes a escala global, nacional, regional o local, sino que también supone un apego emocional frente a los bienes y manifestaciones culturales que simbolizan ese legado compartido. El sentido de pertenencia genera, por ende, una "sensación de conexión con el pasado y de formar parte de una continuidad histórica" (
La concreción de estos elementos en el espacio urbano requiere, sin embargo, de un conocimiento histórico que permita articular la cotidianidad de los ciudadanos con su legado cultural. La enseñanza de la historia alcanza, dentro de esta órbita, una relevancia nodal para construir identidad frente al patrimonio cultural porque es el sustrato en el cual germinan los valores que originan ese sentido de pertenencia.
Mirando el problema desde la postura pedagógica antes mencionada, es viable aseverar que para lograr la integralidad de lo patrimonial se necesita que las políticas públicas creen escenarios de diálogo con la comunidad en los que la educación en historia sea protagonista: no la historia narrada desde los vencedores, no la historia narrada desde los vencidos. Mientras persista la dicotomía, el patrimonio seguirá siendo un campo de batalla político.
Teniendo en cuenta lo expuesto, este artículo tiene como objetivo analizar la relación patrimonio cultural e identidad en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá durante los años que van de 2000 a 2019, haciendo hincapié en los lineamientos establecidos para el centro histórico.
Interesa advertir que el POT que actualmente rige a la urbe es el Decreto 555 de 29 de diciembre de 2021, pero no se incluyó en el examen aquí efectuado porque, por un lado, fue expedido hace poco y no es posible evaluar prematuramente sus repercusiones; y por el otro, porque en julio de 2022 la Corte Constitucional desestimó una de sus principales modificaciones, situación que ha causado incertidumbre en torno a cómo se pondrá en marcha lo allí consignado.
La metodología que se priorizó en la investigación fue de tipo documental, cimentada en fuentes primarias y secundarias que hicieron posible esclarecer cómo se pensó en dichos planes la relación patrimonio cultural e identidad, cómo se implementó en suelo bogotano y qué efectos tuvo su materialización. La información obtenida en virtud de este examen se complementó con una encuesta aplicada a ciudadanos colombianos de distintas edades para conocer su sentido de pertenencia frente al patrimonio cultural del centro histórico de la capital del país.
La ciudad patrimonial es relativamente reciente. Como lo sostiene
El creciente interés por este tópico no significó, empero, que "las doctrinas del urbanismo y sus aplicaciones concretas" se confundieran con la "invención del patrimonio urbano histórico y con la de su protección" (
Un asunto medular en este devenir fue entender que "la ciudad del presente, y aún más, la del futuro, estar[ían] en movimiento", lo cual propició que los "conjuntos urbanos antiguos" se integraran "a una concepción general de la ordenación territorial" (
La solución a la que se llegó para armonizar tales aspectos se afincó en un par de "principios": i) "todo fragmento urbano antiguo" tenía que ser incorporado "en un plan de ordenamiento" que exteriorizara su nexo "con la vida presente"; y ii) el "concepto de monumento" no podía restringirse a "un edificio singular", descontextualizado, porque la "naturaleza misma" de la ciudad y "de los conjuntos urbanos tradicionales" era relacional (
Los postulados precedentes, aparte de permear "las distintas maneras con las cuales las sociedades occidentales han asumido" su vínculo "con la temporalidad y han constituido su identidad" (
La fórmula que con frecuencia se ha empleado para intervenir urbanísticamente el centro histórico es promover, desde la política pública, proyectos de renovación y revitalización urbana encaminados a atraer turistas, a incentivar el comercio y a proporcionar vivienda para personas de altos ingresos, con miras a valorizar el área intervenida haciendo viable, en términos de desarrollo económico, su conservación y protección.
Lustros atrás Peixoto afirmó al respecto que los centros históricos eran "elemento central de una nueva sintaxis del espacio urbano" (2003, 212). A su juicio, la importancia que tenían en el discurso patrimonialista se debía a que, como "objeto de estudio", eran "un instrumento privilegiado" para: a) "analizar la dialéctica urbana de la permanencia y del cambio"; b) comprender la ciudad como un todo; y c) "dar cuenta [del] imponderable hiato entre la ciudad imaginada y ensayada por los proyectos y la ciudad vivida, donde las políticas urbanas tantas veces se demora[ban], llegando, en ocasiones, a encallar" (
La temática que subyacía a sus raciocinios era la de la sostenibilidad cultural de las ciudades, la cual -según lo enunciaba- podía examinarse en tres dimensiones: la primera, "en el contexto de las imágenes que los proyectos y las políticas de transformación urbana difund[ían] y el modo" en que ellas "se combina[ban] o entra[ban] en ruptura con las imágenes dominantes" (
La explicación de Peixoto estaba encauzada a mostrar que la formación de una "conciencia patrimonial" era un fenómeno "fuertemente identitario" en donde, paradójicamente, "la identidad no era el factor más relevante" (2003, 213). Lo más relevante era la "asimilación colectiva del cambio", o sea, la aceptación de que era necesario pasar por "un traumatismo de ruptura" para emprender la "regeneración" del espacio urbano (
Fernando Carrión, actuando como un fiel defensor de las intervenciones patrimoniales, escribió en 2013 que al ser los centros históricos de las urbes latinoamericanas "espacio[s] público[s] por excelencia y por lo tanto, elemento[s] articulador[es] de la ciudad" (
La posibilidad de emprender esta labor estaba ligada, en su opinión, a "la formación" de una naciente "conciencia" encarnada en inéditos "sujetos patrimoniales": a saber, "instituciones locales y nacionales", "medios de comunicación", etcétera (
El peso que han tenido estos planteamientos en América Latina es indiscutible. No obstante, en los últimos años la crítica efectuada por
La apuesta de la UNESCO por consensar el patrimonio incentivando la participación y la inclusión no ha tenido el alcance deseado bien sea porque, en la práctica, no ha sido fácil de aplicar (
Las consecuencias de ello se han sentido tanto en el continente europeo como latinoamericano. La paulatina implementación de un "lenguaje consensual del patrimonio" ha ocasionado que el "carácter político y conflictivo" de la "patrimonialización tienda a tornarse invisible" (
La identidad, como lo planteó visionariamente Eduardo Kingman, se ha convertido en una construcción cultural al servicio del patrimonio, permeada "por el juego de intereses que está detrás de cada política" pública, así se "presente como acción desinteresada" y, "por lo tanto, como no política" (
Lo que se quiere destacar, en suma, es que la identidad legítima al patrimonio cultural, pero al mismo tiempo, el patrimonio cultural, construye identidad. Tal como se ha explicado, la relación recíproca entre ambos ha sido en los últimos años la causa de diferentes debates orientados a explicar su valía como poderoso mecanismo de cohesión social (
Un par de posturas sobresalen en este contexto: la que proclama que el patrimonio "contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades" al forjar "un sentimiento individual y colectivo de pertenencia" (
Los desacuerdos entre quienes abogan por una u otra posición han tenido una traducción directa en el espacio urbano: los planificadores entienden al patrimonio como un activo fundamental del desarrollo económico y por lo tanto, crear identidad alrededor de un lugar -caso de los centros históricos- constituye un requisito indispensable para garantizar su sostenibilidad. Fruto de lo anterior es que lo identitario para unos se convierte en mercancía para otros, amparados en la necesidad de proteger, conservar y difundir lo patrimonial.
En contraste, las comunidades locales y los habitantes de los lugares que han experimentado un proceso de patrimonialización conciben al patrimonio como propio en la medida en que hace parte de su modo de vida y de su cotidianidad. La mercantilización de
Las políticas públicas pueden ser definidas, a grandes rasgos, como un conjunto de decisiones tomadas por instancias gubernamentales de distinto orden, con el fin de responder a un problema determinado (
Utilizando esta triada como estructura argumentativa, lo primero que se debe señalar es que los POT bogotanos del periodo 2000-2019, sin excepción, asociaron en su formulación la identidad de la población con el patrimonio cultural. Los Decretos 619 de 2000, 469 de 2003 y 190 de 2004 estipularon, en particular, que "el objetivo básico" en lo tocante al "patrimonio construido" -es decir, al patrimonio que tenía "manifestaciones físicas sobre el territorio"- era "su valoración, conservación y recuperación, para hacer posible su disfrute como bien cultural y garantizar su permanencia como símbolo de identidad para sus habitantes".
Las tres normas se enfocaron exclusivamente en el patrimonio cultural material de la ciudad localizado en suelo urbano, pese a que en ellas se admitía, por un lado, que Bogotá (
El Decreto 364 de 2013, promulgado durante la alcaldía de Gustavo Petro (2012-2015), subsanó esas cuestiones prescindiendo del término patrimonio construido para sustituirlo por el de patrimonio -material e inmaterial- cultural territorial. Según este POT, la "salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación" del patrimonio concernía al "Distrito, a la ciudadanía y a los propietarios" de bienes patrimoniales, con la finalidad de que sirviera de "testimonio de la identidad cultural, tanto en el presente como en el futuro".
La asunción de que el patrimonio bogotano era tangible e intangible y que se ubicaba tanto en suelo urbano como rural significó un paso importante en la armonización de la política distrital con los criterios establecidos a nivel nacional e internacional, pero las irregularidades cometidas en su expedición impidieron su concreción.
La propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial presentada durante la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2019) retomó la línea del Decreto 619 de 2000 al focalizarse exclusivamente en el patrimonio cultural material, el cual fue definido como el "conjunto de espacios, construcciones y bienes muebles en espacio público a los que se les ha[bía] reconocido especial interés histórico, artístico, científico, estético y simbólico en los ámbitos plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico y museológico" (
La primacía que se le otorgó en este texto a la materialidad de lo patrimonial estaba, sin embargo, legitimada en su inmaterialidad; en el artículo 190 se aseveraba que en virtud de "su significado cultural" y de "la interrelación de prácticas y procesos de patrimonio cultural inmaterial asociado a los espacios públicos, inmuebles y muebles", el patrimonio cultural material constituía "la base construida que representa[ba] la historia, la identidad y la estética [distintiva] de Bogotá, contribuyendo de manera significativa a la calidad de vida" de su población (
Interesa recalcar que la concordancia de los POT aquí estudiados en cuanto a concebir al patrimonio cultural como símbolo identitario de quienes habitan la ciudad, se basó en una estrategia común: privilegiar el centro histórico y su zona circundante como foco de las intervenciones patrimoniales a través de la puesta en marcha de proyectos de renovación/revitalización urbana (
El Decreto 619 de 2000 justificó dicha elección afincándose en el interés por producir espacios representativos que consolidaran al centro como primordial "elemento de identidad de Bogotá" mediante la atracción de nuevas actividades económicas, institucionales y de servicios, el estímulo a la edificación de vivienda y el aprovechamiento de su "potencial turístico y cultural", garantizando de este modo "la sostenibilidad" patrimonial.
La forma de cristalizar tales ideas fue creando el programa de patrimonio construido, el cual se orientó -entre otras cuestiones- a ofrecer incentivos "para el mantenimiento y conservación" de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y a "diseñar y realizar actuaciones urbanísticas" que impulsaran "la inversión privada", valorizaran "los entornos" y revitalizaran "los inmuebles".
La traducción de estos objetivos en acciones específicas dio origen a las "operaciones estructurantes".
Las evaluaciones realizadas acerca de la implementación de este POT demuestran que uno de sus grandes inconvenientes fue que no logró incentivar la construcción de vivienda en el área céntrica ni asegurar la permanencia de sus residentes en óptimas condiciones. La explicación brindada por la administración distrital señaló la falta de conexión entre "el espacio urbano, las políticas ambientales, de vivienda, de gestión" y "de protección del patrimonio construido", disociación que propició que la zona continuara presentando marginalización, expulsión de población y menoscabo arquitectónico (
La modificación más notable del Decreto 469 de 2003 fue la derogación de la totalidad de los artículos que trataban sobre el modelo de ordenamiento, así como de los proyectos planeados para ser terminados en el corto, mediano y largo plazo. No obstante, tanto la política de patrimonio construido como el programa
La concreción de lo planeado se hizo a través de operaciones estratégicas, siendo la "operación estratégica Centro (Centro Histórico-Centro Internacional)" la que se diseñó para dicho sector.
Los proyectos que se privilegiaron en el Decreto 469 de 2003 dentro del programa de patrimonio construido fueron la restauración de la Iglesia de La Candelaria, del Cementerio Central y de la plaza de mercado de Las Cruces. Igualmente, dentro de los proyectos del sistema de espacio público construido se priori-zaron el "Parque Tercer Milenio" y el "Parque Calle 26-Globo B", los cuales estaban relacionados con la antigua operación estructurante Borde del Centro.
Las obras respectivas produjeron resultados contrapuestos: a) la restauración del Cementerio Central derivó en 2003 en la declaratoria distrital del conjunto funerario del barrio Santa Fe
El Decreto 190 de 2004, por su parte, mantuvo la intención de fortalecer el área central y para ello se instituyó, en 2007, el Plan Zonal del Centro (PZCB), enmarcado dentro de la operación estratégica Centro.
La apuesta del PZCB fue realizar proyectos de renovación urbana, especialmente de dotación de vivienda, que favorecieran la permanencia de los residentes tradicionales al mismo tiempo que incentivaban la llegada de nuevos moradores.
Hay que remarcar que la implementación de este POT estuvo acompañada de un cambio institucional: por medio del Acuerdo 257 de 2006 los concejales bogotanos reestructuraron las entidades distritales convirtiéndolas en Secretarías, decisión que redundó en una redefinición de las atribuciones y competencias que tenían en lo concerniente al patrimonio cultural de la ciudad.
Las evaluaciones efectuadas con respecto al Decreto 190 de 2004 coincidían en tres puntos: i) las aspiración de la "inclusión social", opuesta a la "gentrificación", no se había cumplido porque "el funcionamiento desregulado del mercado del suelo" había impedido que "los sectores populares y de bajos ingresos" permanecieran en las "áreas centrales y de interés cultural" (
Tomando en consideración estas valoraciones, el Decreto 364 de 2013 - también conocido como MEPOT- enfatizó en la necesidad de articular apropiadamente el patrimonio cultural con la renovación/revitalización urbana. La manera de alcanzar este fin fue mediante el "Subprograma de Patrimonio Construido" o "Subprograma de Revitalización del Patrimonio Construido".
Las intervenciones en el centro se englobaron en tres "proyectos revitaliza-dores" ("proyecto piloto Mártires", "Ciudad Salud Región" y "revitalización Centro Tradicional"), los cuales retomaron algunas obras previamente empezadas (
La ejecución de este POT en el espacio capitalino puso de manifiesto la distancia existente entre la letra y la realidad: a nivel institucional, la inserción del patrimonio inmaterial dentro del patrimonio cultural bogotano ocasionó que en marzo de 2014 la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte publicara un documento en donde aseguraba que las dos problemáticas principales del "subcampo del patrimonio cultural" eran "la falta de definición de competencias" por parte de las entidades "que trabaja[ban]" el tema y "la divergencia entre lo que la gente" reconocía "como patrimonio y lo que las instituciones públicas declara[ban] como patrimonial" (Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 2014, 15).
La SDCRD asimismo afirmaba que "salvo contadas excepciones, las declaratorias" realizadas por el Concejo de Bogotá -que para entonces era "el único órgano que expedía un reconocimiento de expresiones inmateriales" a escala distrital- incurrían en ese error, circunstancia que había originado que la ciudad exhibiera dos tipos de patrimonio: un "patrimonio autorizado, que por tener una declaratoria institucional legitima[ba] una memoria oficial"; y "un patrimonio subalterno que enc[ontraba] sentido a las memorias y [a] las historias de los ciudadanos" (Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 2014, 9).
Tales palabras no solo cuestionaban la potestad que tradicionalmente habían tenido los concejales para postular manifestaciones culturales para ser incorporadas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), así como para "expedir Acuerdos relativos al reconocimiento" de individuos, acontecimientos "o instituciones" que hubieran sido "significativos" para la urbe, sino que además lo hacían insinuando que la corporación capitalina imponía ese patrimonio en perjuicio de la voluntad popular.
Las aserciones precedentes ameritaron que en mayo de 2014 el Concejo de Bogotá le solicitara a la SDCRD que resolviera algunas dudas acerca de cuál era el procedimiento para declarar las "manifestaciones, prácticas o usos culturales como patrimonio cultural inmaterial" y qué organismos tenían la competencia para ello, especialmente teniendo en cuenta que en marzo de 2014 el Decreto 364 de 2013 había sido suspendido y que, por lo tanto, el POT que regía a la urbe era el Decreto 190 de 2004.
La secretaría contestó que cualquier entidad competente, "grupo social", "colectividad o comunidad", "persona natural o jurídica", podía solicitar la inclusión en la LRPCI, siempre y cuando cumpliera con los requisitos fijados para tal efecto, es decir, "solicitud" formal, "identificación del solicitante", "descripción de la manifestación", etcétera.
Las desavenencias suscitadas entre ambas instancias derivaron en la promulgación del Decreto 70 de 2015 por medio del cual se creó el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, cuya coordinación quedó en manos de la SDCRD.
A nivel social y urbano, por otra parte, las fuentes recopiladas evidencian que la revitalización del centro histórico planeada en la MEPOT causó numerosos problemas con la comunidad, bien fuera porque les pagaron precios irrisorios por los predios, o bien porque se les conminó a vender con el pretexto de que era una alternativa mejor a la expropiación. Un ejemplo diciente de ello fue lo sucedido con "el proyecto Manzana 5", ubicado en el barrio Las Nieves, en donde se pretendió erigir un "Centro Cultural Español" y desarrollar "vivienda, locales comerciales y zonas de espacio público" (
Aunque dicho centro cultural se canceló, el accionar de la alcaldía fue totalmente contrario a lo que pregonaba: mientras que los testimonios recogidos entre los moradores daban cuenta de prácticas de desplazamiento ejercidas por funcionarios de la "Empresa de Renovación Urbana" (ERU), congruentes con el hecho de que "nunca se abrió realmente un espacio de debate y de negociación que contemplara las memorias [y] los intereses de los residentes o propietarios" (
Otro de los problemas exteriorizados en la implementación del Decreto 364 de 2013 fue que los bienes patrimoniales -cuyo inventario estaba incompleto y desactualizado- continuaron exhibiendo señales de deterioro. El diagnóstico realizado en 2017 por la alcaldía reveló que gran parte de los BIC del sector estaban "en mal estado" debido primordialmente a que habían sufrido alteraciones que, aparte de ir en detrimento de sus valores urbanísticos y arquitectónicos, habían afectado "la calidad del espacio público" (
La propuesta de POT de 2019, finalmente, se enfocó en "consolidar el Centro Histórico como principal nodo" de la urbe y del país tomando como carta de navegación el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) aprobado para las localidades de La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe por el Consejo Nacional de Patrimonio en el primer semestre de 2019 (
Las obras planeadas se reunieron en la "Pieza Centro", la cual fue diseñada con la intención de enfocar la colaboración "pública y privada hacia la protección de los elementos de valor histórico, estético, simbólico y ambiental" presentes en el área céntrica, "para integrarlos a la dinámica" urbana por medio de la puesta en marcha de "proyectos de vivienda" que permitieran revitalizar los espacios que se habían depreciado (
La evaluación efectuada en 2020 mostró, por un lado, que las intervenciones previstas para el centro histórico no habían redundado en una planificación integral porque se había privilegiado el esquema "predio a predio"; y por el otro, que el interés por renovar/revitalizar a partir de la protección y conservación del patrimonio cultural había fallado porque no se habían considerado aspectos como "la movilidad, el acceso [al] empleo" y "la conservación de los recursos naturales" (
La conclusión a la que se llegó por esta vía defendía la vigencia de los objetivos inicialmente trazados por la mencionada propuesta en cuanto a: i) promover la inclusión social, la participación ciudadana y el desarrollo comunitario; ii) preservar "la memoria histórica, la identidad y las diferentes manifestaciones del patrimonio cultural"; y iii) impulsar "la actividad residencial" mediante la permanencia de los habitantes tradicionales y la "implementación de mecanismos" para la construcción "de nuevas" viviendas (
La encuesta es un instrumento cada vez más empleado en la investigación cualitativa porque hace posible "una comprensión matizada, profunda y a veces novedosa de los problemas sociales" (
Interesa subrayar que la validez de las preguntas abiertas reside en que las personas contestan usando su "lenguaje y terminología", circunstancia que acerca al investigador a las "experiencias, narrativas, prácticas, posiciones y discursos" de cada quien (
Los resultados obtenidos en lo concerniente al primer interrogante demuestran que la mayoría de los ciudadanos hizo hincapié en el patrimonio material, representado en la traza urbana, en la arquitectura histórica del lugar -iglesias, claustros, casas, plazas, parques, calles, balcones, etcétera-, así como en los museos, las bibliotecas, los teatros y las edificaciones gubernamentales. La alusión al patrimonio inmaterial, en cambio, fue sustancialmente menor, simbolizado en la "música", las "artesanías", el "arte callejero" y la "gastronomía" típica.
Tanto el barrio como el sector de La Candelaria fueron con frecuencia asociados con el centro histórico, destacando dentro de sus lugares distintivos, a la plaza de Bolívar (33 %), al chorro de Quevedo (16 %), a la Catedral Primada (14 %) y al Museo de la Independencia-Casa del Florero (11 %) (
En lo que atañe al segundo interrogante, el 86,7 % de los ciudadanos indicaron que sí tenía sentido de pertenencia, ligado fundamentalmente a la presencia de una historia y de una cultura en común; en tal dirección, expresaron que el centro histórico no solo encarnaba la herencia, las costumbres, la "idiosincrasia" y el pasado de los colombianos, sino también "la identidad de la capital y del país".
Llama la atención que al hablar del tema evocaran su propia historia, recordando las visitas que hacían en su infancia a los museos, los recorridos que diariamente efectuaban por sus aceras mientras cursaban sus "estudios universitarios", o los "buenos momentos" que allí habían compartido con familiares y amigos.
En contrapartida, el 13,3 % restante ofreció diversas explicaciones sobre su falta de sentido de pertenencia, siendo la más recurrente que no se identificaban con el significado del centro histórico. Otros motivos referidos fueron que no se les había incentivado ese valor en sus "años de academia"; que su apatía era producto de los malos usos de "nuestros patrimonios" por parte "del Estado"; o que era consecuencia de "la inseguridad", la suciedad y el desorden que denotaba la zona, pues había "indigentes, recicladores y mucho vendedor ambulante".
En lo referente al tercer interrogante, las respuestas giraron alrededor de cinco temáticas: i) educar a la población acerca del patrimonio cultural, con miras a que aprendiera a apreciarlo, protegerlo y conservarlo; ii) llevar a cabo campañas de promoción y de difusión de ese patrimonio a través de los medios de comunicación y de las redes sociales; iii) aumentar la seguridad del centro histórico para que la gente pudiera disfrutarlo, mezclándose "con el entorno" y sintiéndolo suyo; iv) invertir en su recuperación y conservación arquitectónica, al igual que en su embellecimiento, aseo y cuidado; y v) mejorar la infraestructura del área incrementando las "vías de acceso", incentivando "el comercio alterno", "habilita[ndo] vivienda[s]" para "jóvenes universitarios", generando "actividades y zonas de entretenimiento" y multiplicando "el intercambio de bienes y servicios".
El cotejo de estos resultados con la triada que caracteriza al ciclo de la política pública denota similitudes dicientes: en lo que atañe a la formulación, es palmario que la mayoría de los ciudadanos -igual que sucedió en los Decretos 619 de 2000, 469 de 2003, 190 de 2004 y en la propuesta de 2019- conciben al patrimonio cultural como patrimonio material y no como patrimonio material e inmaterial.
En lo concerniente a la formulación, es patente una disyunción entre el centro histórico idealizado, frente al cual los ciudadanos reivindican su vínculo con la identidad local y nacional -no con la regional-, y el centro histórico real, frente al cual denuncian los problemas existentes para caminarlo y habitarlo.
Así como en los POT el discurso sobre lo patrimonial -y en específico, el valor que se le otorga al patrimonio cultural como símbolo de identidad- no se tradujo en una materialización efectiva, en buena parte de los encuestados se observan dificultades para conectar el ayer con el hoy -y con el futuro- de la ciudad. Si bien son conscientes de la importancia de lo patrimonial para crear identidad, lo cierto es que esa conciencia la asocian más con el pasado vivido -como si fuera una suerte de monumento permanente al recuerdo- que con el presente urbano capitalino, es decir, con el tejido mutable que continuamente está en movimiento.
Finalmente, en cuanto a la evaluación, es preciso remarcar la insistencia de los encuestados en la urgencia de recuperar el centro histórico en términos urbanísticos, arquitectónicos y socioeconómicos, ya que dicha reiteración ratifica las evaluaciones previamente mencionadas en relación con los POT.
La identidad en el caso bogotano, en síntesis, parece encallar cuando desde la ciudadanía se confronta el sentimiento de resucitar el pasado con la realidad del presente; o cuando desde la política pública se confronta la ciudad imaginada y proyectada, con la urbe vivida por sus habitantes.