Revista Colombiana de Sociología

La ESMA

La esma², en la ciudad de Buenos Aires, fue uno de los centros clandestinos de detención (ccd) más conocidos de los cientos instaurados por la última dictadura militar (1976-1983) para secuestrar, torturar y asesinar a los detenidos-desaparecidos. Se estima que en este ccd unas 5.000 personas fueron secuestradas y solo un centenar sobrevivió. Erigida sobre la avenida Libertador, en una zona muy frecuentada y visible, la esma abarcaba un predio de 17 hectáreas con más de 30 edificios (figura 1). Desde el final de la dictadura, la memoria de la esma ocupa un lugar central en las representaciones y los relatos sobre la desaparición de personas³. Sin embargo, a pesar de su valor simbólico, durante dos décadas de gobiernos democráticos, su predio seguía cumpliendo las funciones de escuela naval de formación de oficiales, en manos de la Marina. No había marcas visibles que consignaran su pasado de ccd, no era objeto de políticas específicas de memoria y no solía ser -hasta diez años después de iniciada la democracia- un lugar para las manifestaciones públicas de las organizaciones de derechos humanos⁴.

Figura 1: Predio de la esma visto desde la avenida Libertador (2008)

Fuente: Claudia Feld.

En la Argentina, las condiciones para las acciones de recuperación y marcación de sitios se dieron tardíamente, en relación con otras acciones memoriales, y solo después de que se adelantaron demandas vinculadas a la averiguación de la verdad, la reafirmación de la memoria y la búsqueda de justicia (Memoria Abierta, 2009, p. 11). La esma no ha sido ajena a estas temporalidades: a partir del 2004, se inició un proceso llamado de recuperación del predio y de todos sus edificios, que incluyó la creación de un Espacio para la Memoria, la refacción de sus edificios y el proyecto de construcción de un Museo de la Memoria. Este proceso aparejó una serie de controversias entre diversos actores, cuyas maneras de entender la noción de memoria y la función del sitio eran diferentes. Dado que la historia de las políticas de memoria que hicieron de ese lugar lo que es hoy resulta compleja y bastante extensa⁵, quisiera limitarme a analizar en este artículo tres coyunturas específicas en las que esas controversias tuvieron mayor repercusión pública. En estos tres momentos (en 1998, 2004 y 2013) pueden verse las transformaciones en las maneras de entender el sitio y sus funciones, en los modos de concebir la memoria y, también, en los actores a cargo de impulsar y concretar políticas de memoria. Es necesario aclarar que al referirme a políticas de memoria no hablo de acciones emprendidas exclusivamente desde el Estado, sino a un entramado de actores e iniciativas que involucra medidas concretas así como tensiones, conflictos, proyectos truncos, avances y retrocesos en diferentes direcciones. Lo que se llama políticas de memoria son, en realidad, la resolución, muchas veces parcial, provisoria e inestable, de tales conflictos en alguna dirección concreta. En ese sentido, no me ocuparé aquí tanto de analizar cómo se resolvieron las controversias, sino de señalar en qué términos y entre quiénes se plantearon. ¿Qué develan estos debates?, ¿qué necesidades sociales expresan?, ¿cómo fueron cambiando esas necesidades a la luz de las nuevas configuraciones memoriales?, ¿cómo fueron transformándose las nociones de memoria que revistieron estas decisiones y qué improntas han dejado estas nociones en las marcas materiales del sitio? El propósito no es, por supuesto, agotar las preguntas, sino plantearlas como orientadoras del análisis de cada momento memorial.

Preservar

En 1998, promediando el segundo mandato del presidente Carlos Menem, se produjo la primera controversia que analizo. Menem había impulsado una política oficial de cierre del pasado, firmando indultos a los culpables ya condenados y a militares procesados por las desapariciones⁶, y se refería al pasado dictatorial en términos de clausura y reconciliación. En el plano regional, los proyectos económicos neoliberales plasmaban en la región diversas modalidades de recubrimiento del pasado y de políticas de olvido: desde la construcción de un moderno centro de compras en lo que fue la cárcel política más emblemática de la dictadura uruguaya (Draper, 2012; Achugar, 2003), hasta la implementación de lo que Nelly Richard llamó tecnologías de la desmemoria (2000, p. 10) en los proyectos culturales de la transición chilena.

En ese marco, en enero de 1998, Menem firmó un decreto que disponía la demolición de los edificios de la esma para convertir ese espacio en un "lugar verde de uso público y el lugar de emplazamiento de un símbolo de unión nacional" (Clarín, 1998, 8 de enero)⁷. Esto ocasionó una extendida polémica pública y una fuerte reacción en las organizaciones de derechos humanos. Tras una verdadera contienda judicial⁸, las organizaciones no solo lograron que se prohibiera la demolición de la esma, sino que además reclamaron la propiedad del predio para que no siguiera perteneciendo a la Marina y para que pasara a manos de la Ciudad de Buenos Aires⁹. Este reclamo solo se vio satisfecho plenamente mucho después, en el 2004, pero las medidasjudiciales fueron favorables a los organismos: el 1.° dejunio del 2000 la Legislatura local aprobó una ley que revocó la cesión del predio a la Marina y lo adjudicó a un futuro Museo de la Memoria; el 13 de febrero del 2001, la Corte Suprema confirmó la prohibición de demoler la esma; en diciembre del 2002, otra ley creó el Instituto Espacio para la Memoria en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y estableció su sede en el predio.

A los efectos de este artículo, subrayo dos elementos de este episodio de 1998: en primer lugar, los argumentos por los cuales los actores men cionados solicitaron conservar la esma; en segundo lugar, el rol activo y emprendedor¹⁰ de las organizaciones de derechos humanos.

Las organizaciones reclamaron la preservación del predio "tanto por su valor probatorio, como por ser una parte fundamental del patrimonio de la memoria sobre lo ocurrido durante la dictadura" (cels, 2001 en Guglielmucci, 2013, p. 201) (Las cursivas son mías). Los argumentos en juego tenían que ver tanto con la noción de patrimonio como con la de prueba¹¹. Esto, por un lado, proveía un argumento incontestable para el reclamo de las víctimas, ya que dos de los derechos que reivindicaban históricamente (el derecho a la verdad y el derecho a la memoria) serían vulnerados con la demolición del predio. Esos fueron, por lo tanto, los motivos por los que la Corte Suprema de la Nación finalmente declaró la inconstitucionalidad del decreto de demolición (Guglielmucci, 2013, p. 201). Pero, por otro lado, los motivos esgrimidos para la preservación del predio también hablan de la noción de memoria que se ponía en juego y se reivindicaba en aquel momento¹².

No me propongo discutir la noción de patrimonio¹³ ni la de prueba, ni determinar por qué mediaciones se aplicarían a este caso, sino entender que, primero, ambas pudieron articularse, en ese momento, con demandas históricas del movimiento de derechos humanos (demandas que luego se expresarían en la tríada memoria, verdad, justicia, pero que tenían raíces en acciones anteriores ligadas a la necesidad de probar los crímenes y de mantener su memoria ante la realidad palpable, al momento de la impunidad); segundo, que ambos términos otorgaban una legitimidad al propósito de preservar la esma, aun en el marco de un contexto político desfavorable y más allá de las decisiones específicas de políticas de memoria tomadas por el Gobierno de entonces; tercero, que la noción de memoria que estaba en la base de estos argumentos ligaba ambas nociones, otorgando centralidad a la huella y a su conservación.

En efecto, en estos argumentos, a pesar de la idea de crear un Museo de la Memoria (todavía de manera abstracta y sin claridad sobre su emplazamiento en el predio, ni sobre su contenido, ni sobre su gestión), la noción de memoria que se ponía en juego trabajaba de manera esencialista la idea de huella y de vestigio: tanto una verdad jurídica como una verdad histórica se derivarían de este entramado de edificios, calles y espacios verdes¹⁴.

En este episodio la noción de preservación, como noción principal asociada a la memoria, impedía considerar -tal como se hizo después con respecto a ese mismo espacio- al trabajo de la memoria como una tarea de construcción de narrativas y artefactos memoriales específicos. Podría decirse, entonces, que en la tensión entre pasado y presente, entre conservación y transformación, entre peso y elección del pasado (Lavabre, 1991), el acento estuvo puesto en el primer término: la memoria como un reservorio de huellas del pasado. La idea de que el lugar "habla por sí mismo" se encuentra en la base de tensiones y conflictos que vendrán después, cuando se plantee ya no el predio como espacio global y homogéneo (de manera abstracta), sino en concreto qué hacer con el sitio y con sus numerosos edificios.

En cuanto a los actores, los protagonistas indudables de este episodio fueron las organizaciones de derechos humanos. A pesar de que la presentación judicial fue promovida puntualmente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (cels)¹⁵ y algunos integrantes del movimiento de derechos humanos, las diversas organizaciones actuaron conjuntamente, con intereses similares y hacia un objetivo único¹⁶. El gran adversario era el Gobierno nacional y, especialmente, el presidente Menem, lo que obligó a las organizaciones a buscar aliados, ya fueran políticos (la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo) u otras instituciones del Estado (como la Justicia). No era la primera vez que estas organizaciones reaccionaban contra políticas propugnadas por el Gobierno de Menem, pero sí era una ocasión en la que esa reacción resultaba exitosa y derivaba en una política específica hacia un sitio de memoria¹⁷.

Las Fuerzas Armadas, que expresaron su oposición a desafectar las instalaciones de la esma para la escuela de la Marina, no tenían en ese contexto la fuerza política suficiente ni la legitimidad para generar estas alianzas o para conseguir reconocimiento de su posición por parte de la opinión pública¹⁸.

Este episodio, por lo tanto, da cuenta, primero, de la fuerza, la legitimidad pública y el capital simbólico que habían acumulado, tras numerosos años de lucha, las organizaciones de derechos humanos, incluso en un contexto político desfavorable. Segundo, de las características de un periodo en el que las políticas de memoria surgían de demandas e iniciativas de organi zaciones de la sociedad civil y no del Estado. Tercero, de la manera en que muchas veces estas organizaciones han aprovechado episodios contrarios o alejados de sus objetivos para abrir ventanas de oportunidad y conseguir hacer avanzar sus propios reclamos¹⁹.

Recuperar

El 24 de marzo del 2004, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado, el presidente Néstor Kirchner, que asumió su cargo unos meses antes, realizó un acto en el predio de la esma que resultó masivo, con la concurrencia de organizaciones de derechos humanos y miles de simpatizantes, y en el que -por primera vez- los sobrevivientes pudieron ingresar y recorrer, de manera espontánea, el predio de la esma, ahora sin las escuelas militares en sus edificios más emblemáticos (figura 2). Particularmente, el casino de oficiales, que se había destinado al cautiverio y a la tortura de los desaparecidos, y el edificio Cuatro columnas, que está en una de las entradas del predio habían sido desocupados poco tiempo antes por decisión presidencial.

Figura 2: Acto del 24 de marzo del 2004 en la esma

Fuente: Damián Dopacio.

Además, en dicho acto se firmó un convenio entre el Estado Nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires²⁰ que estableció desafectar todas las instituciones militares del predio y restituirlo por completo a la Ciudad para crear el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. A partir de ese día, entonces, la esma funcionó como sitio de memoria. Lo que no estaba claro para los actores intervinientes en esa recuperación²¹ del predio, era cómo sería ocupado, cómo se distribuirían las funciones de los diversos edificios, cómo sería el Museo de la Memoria y quiénes serían los encargados de construirlo. Estos temas dieron lugar a un debate que se venía realizando desde hacía varios años, pero que a partir de la recuperación efectiva de la esma, en marzo del 2004, cobró una envergadura particular²².

Más allá de algunas controversias específicas surgidas del acto del 24 de marzo y del discurso del presidente Kirchner en la esma²³, el debate se centró en el Museo de la Memoria, su formato, su construcción y la historia que ese museo contaría²⁴. En esa coyuntura, que se ubicó entre el 2004 y el 20072²⁵, año en que se desocupó la totalidad del predio, se observan al menos tres tipos de disputas.

Una disputa por las fronteras del sitio de memoria. Dado que en el 2004 se recuperaron solo algunos edificios y que buena parte del predio de la esma siguió en manos de la Marina, el debate giró en torno a si era aceptable o no la cohabitación con instituciones de la Armada y qué actividades podían hacerse mientras esta cohabitación durara. Finalmente, prevaleció la idea de no realizar actividades públicas ni modificaciones de gran importancia hasta que no se desalojara el predio por completo, hecho que ocurrió en noviembre del 2007²⁶.

Una segunda controversia tenía que ver con el grado de intervención que se haría a los edificios emblemáticos: qué conservar, qué modificar, qué desmantelar, qué reconstruid²⁷. La posición mayoritaria en este aspecto se orientó a no intervenir o hacerlo mínimamente en el excasino de oficiales (figuras 3 y 4), que fue conservado vacío y sin nuevos objetos o construcciones, con la idea de que el Museo de la Memoria se construiría en el otro edificio emblemático, el de Cuatro columnas (ambos edificios ya habían sido recuperados en el 2004).

Figura 3: Sótano del casino de oficiales de la esma en el 2008

Fuente: Claudia Feld.

Figura 4: Tercer piso del casino de oficiales de la esma ("Capucha") en el 2008

Fuente: Claudia Feld.

Al efectivizarse la recuperación y ante la necesidad de comenzar a realizar allí actividades memoriales, el predio de la ex-ESMA dejó de entenderse como un lugar único y global, para empezar a concebirse como un conglomerado de gran extensión con diferentes construcciones, cada una con sus propias características. En ese marco, se produjo una primera escisión entre la memoria concebida como huella y la memoria entendida como una construcción realizada desde el presente. Esta escisión tendría una expresión espacial concreta, al resaltarse en determinados edificios su valor de huella y, en otros, la necesidad de que fueran intervenidos. De esta manera, el excasino de oficiales no se intervino (o se lo hizo mínimamente), con la idea de que el sitio hablara "por sí misino'’²⁸ y con la convicción de que no se necesitaba construir un relato específico para recordar lo que pasó en ese lugar (aunque, en realidad este relato finalmente se construyó con las visitas guiadas desde el 2004 y con carteles puestos allí en el 2005²⁹) (figura 5), mientras se utilizaron otros edificios de la esma para realizar una actividad histórica y memorial más profusa, mediante centros culturales, muestras artísticas y actividades abiertas a la comunidad. Sin embargo, a pesar de toda esta actividad cultural, política y memorial, en la práctica, ninguno de esos edificios terminó por transformarse en Museo de la Memoria hasta el 2015³⁰.

Figura 5: Tercer piso del casino de oficiales de la esma ("Capucha") en el 2008

Fuente: Nadia Tahir.

La tercera polémica -y la más importante en aquel momento, ya que dividió las aguas en el seno de las organizaciones de derechos hu manos- tuvo que ver con la implementación y el contenido del museo: qué narrativa debía tener, cómo instrumentarlo, qué historia contar allí, mediante qué dispositivos. Esto significa que a la hora de efectivizar una política específica de memoria, como era la construcción de un museo, la idea de memoria puesta en juego para el excasino de oficiales, basada solamente en la preservación, mostraba claros límites. La noción misma de museo, casi no cuestionada por las organizaciones, implicaba la tarea de construir, desde el presente, algún tipo de artefacto memorial. Sin embargo, ninguna de las polémicas acerca de la noción de museo³¹, que para entonces atravesaban el campo más amplio -incluso en el ámbito internacional- de los emprendimientos memoriales y de las reflexiones sobre la construcción de memorias, fue traída a este debate específico.

En junio del 2004 se realizó una convocatoria pública para presentar proyectos, con la recepción de veintiuna propuestas, en su mayoría pro venientes de organizaciones de derechos humanos³². Ninguna de ellas se llevó a cabo como fue planteada, pero su análisis permite entender por dónde pasaban los intereses y conflictos entre los organismos con respecto a este tema.

Más allá de ciertos acuerdos básicos³³, es interesante constatar la cantidad de demandas que se le hacían al espacio, algunas incluso contradictorias entre sí: a la ya conocida demanda de preservación de las pruebas, se añadían las de relatar la historia reciente, crear un espacio de reflexión, reclamar por los derechos humanos en el pasado y el presente, homenajear a los desaparecidos, explicitar y continuar las luchas políticas del pasado -incluidas las luchas insurgentes de la década de 1970-, intervenir en los debates políticos actuales, entre otras. Todo esto se pensaba como propósito para un sitio memorial único, al que se denominaba Museo de la Memoria, y no (como ocurrió efectivamente) como propuestas diferen ciadas para diversos espacios o edificios dentro del predio. En cuanto a los instrumentos y dispositivos propuestos, los disensos fueron importantes, y daban cuenta de algunas tensiones propias de la construcción de todo espacio memorial³⁴.

Sin ahondar aquí en estas disputas, sus consecuencias y las posturas tomadas por cada uno de los actores, lo que queda claro al revisarlas es la dificultad para incluir todas o gran parte de las propuestas en un solo artefacto memorial. En la mayor parte de las propuestas, el Museo era concebido como un espacio único que condensaría o sintetizaría una verdad sobre el pasado que se quería consagrar. Se trataba, de esa manera, de una noción de memoria que entendía sus representaciones como símbolos universales, no partidizados o politizados. Esa verdad, por lo tanto, no admitía fácilmente voces diversas, matices, puntos ciegos, contradicciones, etcétera, a pesar de que muchas de las propues tas expresaban la necesidad de que el guion del museo incluyera una multiplicidad de voces y que el resultado no fuera una narrativa única³⁵. Tal vez fue esta dificultad una de las razones por las que el museo tardó tantos años en concretarse, pero floreció, en cambio, una pluralidad de relatos y dispositivos, instalados de manera muy diferenciada en cada uno de los edificios, a cargo de las distintas organizaciones³⁶.

En la tensión entre pasado y presente, entre el espacio de la ex-ESMA como lugar de duelo o como lugar de creación, una de las consignas claves de ese momento fue la afirmación de que se necesitaba "transformar ese lugar de muerte en un lugar de vida". Esto también fue objeto de controversias (aunque la centralidad de esta disputa sería posterior); por ejemplo, entre la Asociación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe de Bonafkri³⁷, y la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas (aedd)³⁸.

Esta oposición tajante, llevada al extremo por quienes propugnaban cada una de las ideas, generó importantes diferencias en la manera como los actores no solo se expresaron con respecto al Museo de la Memoria, sino también en cómo ocuparon el predio cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo, en su centro cultural inaugurado dentro del predio en el 2008 (Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI), realiza actividades para escuelas primarias, talleres de teatro, festivales de rock, murgas, clases de cocina, entre otras actividades destinadas al público. En cambio, la aedd (2014) ha rechazado hacer cualquier tipo de actividad cultural en la ex-ESMA, fuera del homenaje a los desaparecidos (como por ejemplo, los siluetazos, en el exterior del predio en el 2005) y de las visitas con sobrevivientes al casino de oficiales³⁹. Esta controversia pasaría al centro del escenario en una polémica posterior.

En cuanto a los actores que protagonizan esta coyuntura, es necesario destacar la centralidad de nuevas voces en el campo de los derechos humanos. Si en la etapa anterior se trataba del protagonismo de los familiares, sobre todo de las madres y las abuelas, en esta etapa además de la figura presente y fuertemente simbólica de los hijos de desaparecidos⁴⁰, se destaca el rol principal del testimonio y el protagonismo de los sobrevivientes como actores específicos, más allá de las organizaciones a las que pertenecía⁴¹.

Uno de los principales desafíos de esa etapa fue articular las acciones de las organizaciones de derechos humanos con políticas estatales, en el marco de un gobierno afín y con un Estado preocupado por generar políticas de memoria que no se enfrentaban a los intereses de estas organizaciones. Esto incluía, desde el punto de vista de los organismos, la idea de proponer políticas de memoria, que serían preeminentemente generadas de manera no reactiva (o sea, no como resolución de luchas que se oponían a iniciativas contrarias provenientes del Gobierno, o como parte de la lucha contra la impunidad, como había sucedido en los años anteriores), sino también pensando en políticas públicas con alcance nacional, a largo plazo y con amplitud de sectores involucrados (Carnovale, 2006).

En ese marco, tal como sostiene Guglielmucci, el Gobierno nacional y las organizaciones de derechos humanos se legitimaron mutuamente (2013, p. 262). Kirchner, que había iniciado su mandato con una base social reducida⁴², retomó consignas y modalidades de las organizaciones y consiguió su apoyo; pero también ellas consiguieron apoyo y recursos (económicos, de infraestructura, de legitimidad) por parte del Estado.

Esta articulación también implicó, para el predio de la esma, la creación de un tipo de estructura de decisión y gestión que articulara los intereses diversos de los organismos, con los del Gobierno nacional y los de la ciudad (ambas instancias eran las que habían firmado el decreto de recuperación del sitio). Esto se resolvió de un modo bien complejo, con la creación de un entramado institucional ad hoc para gestionar el predio⁴³.

Finalmente, se trató de una coyuntura en la que la mayor o menor cercanía de las distintas organizaciones de derechos humanos con el Gobierno nacional generó no pocas grietas y fisuras en la relación entre estas organizaciones. Algunas de esas fisuras se harían mucho más notorias en la etapa siguiente. En este sentido, las decisiones debieron pactarse y negociarse entre los diferentes actores, lo que implicó o bien una lentitud considerable en la implementación de políticas de memoria en el predio de la ex-ESMA, o bien acciones y medidas no consensuadas que se ganaron las críticas, a veces virulentas, de los actores no consultados o no incluidos en ellas.

Ocupar

A partir del 2007 la actividad en la ex-ESMA creció exponencialmente. Se reacondicionaron edificios, se trasladaron allí instituciones existentes y se crearon otras, se realizaron cotidianamente actividades públicas de todo tipo, no solo con la temática de la memoria y los derechos humanos. El sitio fue ocupado diariamente por cientos de empleados que trabajan allí, visitado por numerosas personas, decenas de niños y educadores realizaron visitas escolares, un público considerable asistió a las representaciones y muestras artísticas en los diferentes edificios⁴⁴, se convocaron marchas y manifestaciones en los aniversarios del golpe de Estado, se realizaron actos gubernamentales. El tercer y último episodio que quisiera analizar se enmarca justamente en un acto de fin de año organizado por el Ministerio de Justicia de la Nación. El 27 de diciembre del 2012 al mediodía, el ministro de Justicia, Julio Alak, perteneciente al Gobierno de Cristina Kirchner, organizó un brindis y una comida en uno de los espacios abiertos de la ex-ESMA para cerrar el año con los integrantes de su Ministerio.

La polémica estalló en los primeros días de enero del 2013, a partir de la denuncia de la Asociación Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, y de la crítica de un sobreviviente de la esma, Carlos Lordkipanidse, integrante de la aedd, que acusaba al ministro Alak de ultrajar la memoria de los desaparecidos por haber organizado un asado en ese predio.

Los dichos de Lordskipanidse eran los siguientes:

Cuando algún compañero llegaba muerto a la esma, cuando fa llecía producto de las terribles torturas, incluso cuando se producía una muerte natural en el caso de personas mayores, no podían los genocidas esperar el miércoles que era el día de los traslados, don de se arrojaba a los desaparecidos con vida al mar. La solución que encontraron los asesinos fue cremar los cuerpos de esos compañe ros y compañeras que no habían llegado con vida al miércoles. Esa atrocidad la llamaban estos hijos de mala madre, en lajerga interna, los asados. Consistía en colocar él o los cuerpos sobre una parrilla a la que debajo le colocaban ramas y gomas de autos para mayor com bustión. Cuentan los vecinos de la zona que el olor a carne y goma quemada se sentía a varias cuadras de distancia. Este despreciable asado (el del ministro Alak el 27 de diciembre último) constituye un ultraje a la memoria de los más de cinco mil compañeros y com pañeras desaparecidos/as en el Centro Clandestino de Detención y ex-ESMA y una ignominiosa afrenta a los familiares, quienes siguen preguntándose por el destino de sus seres queridos⁴⁵.

Después de años de testimonios de sobrevivientes, las personas más o menos informadas sabían que los represores llamaban "asado" a la cremación de cadáveres en el predio de la esma⁴⁶. Esta connotación del término y la coincidencia espacial estaban en el centro de la polémica: ¿era posible hacer un asado en la ex-ESMA sin aludir a ese pasado de horror? pero, además, ¿era posible celebrar en la ex-ESMA?

El primer eje de la polémica fue justamente la connotación horrorosa del término. A pesar de que el Ministerio aclaró que no se trató de un asado, sino de sándwiches servidos en ocasión de ese acto, en muchas de las manifestaciones públicas del momento se instaló la idea de que lo que se había hecho solo podía aludir a lo que los torturadores y asesinos hacían en ese mismo predio 35 años antes.

La noción de memoria como la actividad de recrear y revivir los hechos del pasado, que había quedado desplazada en el debate por el museo de la memoria (de hecho, hubo propuestas para el museo -que fueron mino ritarias- de volver a construir allí las instalaciones del centro clandestino para que pudieran ser mostradas al públk⁴⁷), reaparecía ahora, menos como una idea o una propuesta que como un síntoma. Algunas voces reaccionaron visceralmente expresando su rechazo⁴⁸.

Ese rechazo visceral de las víctimas, especialmente de los sobrevivientes, así como de familiares de desaparecidos, no podía ser contestado sin "ultrajar" precisamente la memoria del sufrimiento pasado. Sin embargo, su amplificación mediática y política siguió otras lógicas, ya no las del sufrimiento y el trauma, sino las de los usos políticos del pasado en el presente. Al respecto, tiene sentido analizar una cuestión más de fondo en la crítica al acto del Ministerio, un segundo eje de la polémica: ¿era posible celebrar en la esma? O, dicho de otro modo, ¿qué era aceptable hacer allí?, ¿qué era inaceptable?, ¿dónde estaban los límites y quién podía marcarlos?

Las fronteras entre lo "prohibido" y lo "permitido", entre el respeto y el "ultraje", se hacían visibles en este acto específico, pero involucraban una cuestión más amplia y más central, si se quiere, del proceso de recuperación de ese predio: el hecho de que el lugar tenía una vida cotidiana profusa que no podía aludir absolutamente en todos sus aspectos a la memoria y el homenaje a los desaparecidos en la esma. De hecho, cientos de empleados que trabajaban en los numerosos edificios del predio comían diariamente en sus instalaciones, para lo cual debieron construirse comedores y bares, generarse espacios de encuentro, establecerse lugares para el descanso, etcétera. ¿Era posible esa vida cotidiana dentro de la ex-ESMA? ¿Era acep table? ¿O acaso esa "naturalización" del sitio atentaba contra sus objetivos memoriales?

La noción de conmemoración se encuentra tensionada entre la idea de memoria como un acontecimiento excepcional, que excluye las acciones de la vida cotidiana y se produce en espacios escindidos de la cotidianeidad para expresar el duelo y el dolor, y la idea de memoria como acción integrada a la vida presente de las personas. Fue esta tensión la que se puso en el centro de la polémica. El interés de cada actor por resolverla, llevando la discusión a uno u otro polo (o sea, ponderando la excepcionalidad o la cotidianeidad del sitio) impidió entender que es justamente la tensión y la convivencia de estos dos registros lo que estructuralmente está instalado en un sitio de memoria de estas características. En este marco, el argumento de muchos de los que defendieron el acto del Minister⁴⁹ se basó en la ya conocida consigna de "transformar un lugar de muerte en lugar de vida".

Por lo tanto, la idea de una necesaria resignificación del espacio se ubicó en el centro de esta controversia, aunque poniendo también en evidencia la necesidad de pensar los límites de dicha resingnificación. En todo caso, para quienes defendieron la actividad del Ministerio de Justicia era importante que la exigencia de respeto no se transformara en sacralización; en tanto para quienes impugnaron el acto, era necesario que la resignificación no derivara en profanación. Es claro que, mirados "en esencia", ambos argumentos eran verdaderos y el único límite que podía marcarse era justamente el que estaba en la base de la denuncia de los sobrevivientes: la sensibilidad, que para algunos excluía cualquier tipo de acción, para otros excluía algunas, para otros excluía pocas.

Lo cierto es que el debate se encontraba con otra tensión irresoluble: entre la necesidad de que el sitio funcionara y estuviera habitado -enten diendo al emprendimiento memorial como una actividad de intervención, aunque sea mínima, para que ese sitio pudiera "hablarles" a los visitantes-, y cierta necesidad de mantener inalterado el sitio, a fin de que el lugar siguiera teniendo valor testimonial y conservara su cualidad de huella del pasado.

Mirados en su aspecto político, los argumentos llevan al tercer eje de la polémica, que tiene que ver con los actores; eje que, de cierta forma, operó como trasfondo en este debate: el problema del "asado" no era solo dilucidar qué se había hecho y cuáles eran los sentidos de esa acción, sino identificar quién lo había hecho y por qué. La polémica, en efecto, cobró envergadura y llegó al gran público porque en ella no solo participaron los organismos de derechos humanos, las víctimas y los periodistas e intelec tuales que solían interesarse en la temática -tal como había sucedido en las controversias anteriores-, sino también otros dirigentes y funcionarios políticos, además de los medios masivos de comunicación como actores en sí mismos⁵⁰. Por lo tanto, el episodio del "asado" desembocó en una lucha de la legitimidad por los usos políticos del pasado y de la memoria, que en su virulencia y su línea argumentativa estaba también en sintonía con otras polémicas y debates no vinculados con los derechos humanos, pero sí con otras acciones de Gobierno, en distintas áreas, de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

En ese marco, la oposición política y los grandes medios de comuni cación intentaron disputarle al Gobierno nacional la preeminencia sobre el símbolo de los derechos humanos⁵¹. A partir del episodio del "asado", y con la legitimidad que les daban las auténticas palabras de dolor de algunos sobrevivientes, intentaron descalificar al Gobierno, generando un escándalo de grandes proporciones. Entre otras repercusiones (en general, difundidas por los grandes medios de comunicación opositores al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), se destaca una marcha al Ministerio de Justicia, realizada el 7 de enero del 2013, para pedir la renuncia del ministro, bajo el argumento de que el acto en la esma había sido "un festejo político-partidario" (El Día, 2013, 8 de enero). Lo que se criticaba era que el kirchnerismo se había "apropiado" (esto es, había partidizado o transformado en político-partidarias) las banderas de las organizaciones de derechos humanos⁵².

Por otra parte, en las organizaciones de derechos humanos no alineadas o contrarias al Gobierno, cuya legitimidad no estaba en duda, pero que habían resultado perdedoras de la disputa por qué hacer en el espacio esma (especialmente la aedd), se trataba de no reconocerle al Gobierno la legitimidad para tomar iniciativas en términos generales con las temáticas de derechos humanos y en términos puntuales con las acciones en el predio de la ex-ESMA. Es decir, que realizaban un reclamo para que las políticas de la memoria surgieran nuevamente -como en la década pasada- de la sociedad civil, o para que al menos las iniciativas no se dieran desde la esfera estatal. Todo esto, en un escenario mucho más complejo que el de años anteriores, con militantes del movimiento de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de desaparecidos que se habían transformado en funcionarios de Gobierno⁵³ y que -por el contrario- reivindicaban la legitimidad del Estado para hacerse cargo de estas acciones.

En suma, el episodio del "asado" permitió visualizar tanto la extensión como los límites de las acciones a realizarse en un sitio como el predio de la esma. También llevó a poner en escena las tensiones irresolubles de todo centro clandestino de detención recuperado, desgarrado entre su pertenencia al pasado y su necesidad de intervenir en el presente de la sociedad de maneras dinámicas y no siempre en clave de duelo. Finalmente, puso al descubierto la complejidad política del escenario kirchnerista en cuanto a políticas públicas de memoria y su necesaria articulación con otras pujas políticas, mostrando a su vez las transformaciones que han tenido -en diez años de articulación ininterrumpida con políticas de Estado- los actores más tradicionales vinculados con los derechos humanos⁵⁴.