Revista ciudades, estados y política

Los colombianos crecimos con la idea de que el nuestro es un país de regiones. Sin embargo, esta caracterización hoy resulta inexacta. De hecho, espacialmente hablando, somos fundamentalmente un país de grandes ciudades. También de regiones y de pequeños municipios rurales (Bustamante, 2010).

Como sugiere lo anterior, son muchos los fenómenos territoriales que nos caracterizan. Algunos de ellos serían: la explosiva aglomeración urbana; la persistente diversidad regional; los grandes desequilibrios, las desigualdades y la fuerte divergencia interterritorial; la población y las actividades económicas concentradas en la mitad del territorio; la desarticulación y la débil integración de las diferentes partes del espacio nacional.
 
De todos los problemas territoriales que enfrenta el país, el más acuciante es el de la aglomeración urbana; fenómeno acelerado y desbordado que está generando dificultades y conflictos, que escapan a los alcances del marco normativo vigente, de las políticas públicas y de la institucionalidad existente.

El ordenamiento constitucional y legal debe partir de reconocer la realidad en lo que tiene de compleja y dinámica. Pero, no es así en nuestro caso, porque la arquitectura del Estado colombiano sigue basándose en un municipio que aún se parece mucho al de la Constitución de 1886 y no reconoce plenamente tal realidad territorial.

No obstante, y sólo muy recientemente, esta circunstancia parece que empezó a cambiar, como se desprende del conjunto de estudios realizados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el marco de la denominada “Misión para el fortalecimiento del sistema de ciudades en Colombia” (DNP, 2013).

Así, poco hemos avanzado en la reforma y la modernización territorial, a pesar de la “productividad legislativa” en la materia, del numeroso conjunto  normativo recién expedido o en trámite parlamentario, de leyes que resultan fundamentales para el aprovechamiento de nuestras potencialidades en materia de desarrollo.