Hacia una agenda política y gubernamental de las ciudades y las regiones

Hace menos de dos años se desarrolló en Quito (Ecuador) la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, llamada Hábitat III. Esta conferencia, en sus tres versiones realizadas cada veinte años desde 1976, se propone establecer un acuerdo mundial liderado por las Naciones Unidas sobre lo que debería ser la agenda del desarrollo sostenible de las ciudades y las regiones. En efecto, el último acuerdo se denominó explícitamente Nueva Agenda Urbana. El evento convocó a un sinnúmero de actores públicos, principalmente, así como sociales, económicos, políticos y de organismos multilaterales, tanto en su versión oficial como en la multiplicidad encuentros paralelos y alternativos que buscaron debatir desde otros enfoques y posturas alrededor de estas temáticas. Esa nueva agenda del Hábitat III busca, según el documento de la declaración oficial, constituirse en una propuesta orientada especialmente a la acción desde el liderazgo de la política pública como marco de primer orden, principalmente de los gobiernos nacionales. Más allá de lo acertada o pertinente que pueda llegar a ser esta apuesta, es claro que al ser adoptada por los países miembros de alguna manera genera algún derrotero al interior de cada nación.

César Augusto Ruiz Rojas. Doctor en Ciencias Económicas, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Ingeniería. Colombia, Bogotá. Correo electrónico: caruizro@unal.edu.co

Hace menos de dos años se desarrolló en Quito (Ecuador)  la  tercera  Conferencia  de  las  Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible,  llamada  Hábitat  III.  Esta  conferencia, en sus tres versiones realizadas cada veinte  años  desde  1976,  se  propone  establecer  un acuerdo mundial liderado por las Naciones Unidas sobre lo que debería ser la agenda del desarrollo sostenible de las ciudades y las regiones. En  efecto,  el  último  acuerdo  se  denominó  explícitamente  Nueva  Agenda  Urbana.  El  evento convocó  a  un  sinnúmero  de  actores  públicos, principalmente, así como sociales, económicos, políticos y de organismos multilaterales, tanto en  su  versión  oficial  como  en  la  multiplicidad encuentros paralelos y alternativos que buscaron debatir desde otros enfoques y posturas alrededor de estas temáticas.

Esa nueva agenda del Hábitat III busca, según el documento de la declaración oficial, constituirse en una propuesta orientada especialmente a la acción desde el liderazgo de la política pública como marco de primer orden, principalmente de los gobiernos nacionales. Más allá de lo acertada o pertinente que pueda llegar a ser esta apuesta, es claro que al ser adoptada por los países miembros de alguna manera genera algún derrotero al interior de cada nación.

En el caso colombiano, aun cuando se supone que  la  Administración  de  Santos  (2014-2018) acogió la agenda, su inserción a la política pública nacional no solo demanda un proceso que supera el plazo de ese Gobierno, si no que la realidad de su implementación es un asunto pendiente por evaluar. En cualquier caso y más allá del Hábitat III, lo cierto es que el país requiere con urgencia la construcción de una agenda urbana y regional desde las distintas instancias gubernamentales y territoriales,  que  realmente  puedan  alinear los  importantes  cambios  que  se  vienen  dando en el país. Pero esa agenda gubernamental está supeditada de manera muy especial a la agenda política que resultará en el próximo año electoral del  nivel  nacional:  elección  del  parlamento  y apenas unos meses después, del presidente como cabeza del Gobierno Nacional. La posibilidad de renovar la agenda política se superpone con la prioridad de una nueva agenda urbana y regional en Colombia. Creemos que son múltiples los temas relevantes de la agenda para estos ámbitos, muchos de los cuales son tareas aún pendientes por resolver o  incluso  por  emprender  para  lograr  cambios estructurales  desde  lo  económico  y  lo  social, y por lo tanto en lo político. En esta coyuntura de la agenda política y gubernamental queremos exponer tres de ellos que consideramos estarán presentes de manera abierta y sensible.

En primer lugar, “las elecciones del Ejecutivo y Legislativo colombiano”, definirán la composición y  la  estructura  política  en  el  nivel  nacional,  se  cruzarán con la mitad de la agenda del Gobierno, las  alcaldías  y  gobernaciones.  Dado  el  diseño  institucional  que  soporta  el  marco    electoral  en  el país, el ciclo político y, por lo tanto, el de las inversiones de cada uno de los planes de desarrollo de municipios y departamentos, estos buscarán ajustarse  al  mapa  político  que  resulte,  en  una  coyuntura muy especial de profun das diferencias que se está perfilando  desde la esfera nacional de los principales sectores po - lí ticos. Las coaliciones políticas  que  resulten    gana  doras  o  beneficiadas  moverán el tablero de los gobiernos subnacionales.

Estas coaliciones, de políticos (en el mejor de los casos) antes que de partidos, impregnan una latente inestabilidad  en  los  acuerdos  que  se  requieran  sostener  o  ajustar  en  la  agenda  gubernamental  entre la nación y las entidades territoriales, para viabilizar  grandes  e  importantes  inversiones  y  proyectos en las ciudades y las regiones.

En segundo lugar, y como corolario de lo anterior, la implementación de los “Acuerdos entre el  Gobierno  Nacional  y  las FARC”  ciertamente condiciona  la  senda  de  esa  nueva  agenda.  De hecho, la posibilidad de sostenerlos, justarlos, e incluso de facto, acabarlos, están a la orden del día en el proceso electoral del presente año. Dichos acuerdos tienen una evidente expresión urbana y regional, tanto en los contenidos territoriales (económicos,  políticos  y  sociales)  a  los  que  se llegaron, como en sus consecuencias y efectos, varios de los cuales ya se están haciendo visibles. Los alcaldes y gobernadores fueron elegidos con las expectativas de los acuerdos; el nuevo Congreso y Gobierno Nacional tendrán que decidir sobre su implementación presente y futura. La seguridad  ciudadana  local  y  regional,  el  orden público nacional y los factores que predominantemente han condicionado los ciclos de violencia armada en el país serán factores decisivos sobre la sostenibilidad de los acuerdos y la posibilidad de convertirlos en un punto de inflexión en la desintensificación de la violencia.

Un tercer aspecto tiene que ver con la actual “dinámica de las políticas públicas del ordenamiento territorial”, que en lo formal y lo real tiene un amplio campo bajo la tutela de los gobiernos subnacionales.  Específicamente,  es  necesario resaltar dos aspectos. Lo relacionado con la concreción de la formulación de la llamada segunda generación de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) municipal y la primera en los departamentos. Los agentes económicos y políticos, los gobiernos y por supuesto la ciudadanía ya disponen de una curva de aprendizaje desde cuando a comienzos del presente siglo comenzaron a adoptarse los primeros. Las decisiones de los POT pueden condicionar muchos aspectos de la vida individual y colectiva de la sociedad. El otro aspecto por destacar tiene que ver con la posibilidad de continuar desarrollando la llamada Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), en especial, con la necesidad de institucionalizar de manera más profunda y estructural el marco gubernamental de  las  regiones  en  Colombia  (provincias,  áreas metropolitanas y regiones supradepartamentales), y de que abran la posibilidad de concretar nuevas entidades territoriales en las instancias intermedias a los municipios y departamentos; esto  es,  el  debate  por  la  expresión  de  nuevas autonomías territoriales.

Muchos más temas de seguro surgen como prioritarios y no es nuestra intención, ni mucho menos, cerrarlos. Desde la presente edición de Ciudades, Estados y Política, y como ha sido costumbre desde que esta comenzó a circular, queremos dar  a  conocer  una  muestra  muy  interesante  y  selectiva  de  cómo  se  expresan  estos  grandes  temas a partir de investigaciones y reflexiones de casos concretos, que ciertamente enriquecerán la agenda política y gubernamental que demandan con urgencia nuestras ciudades y regiones.

En primer lugar, abrimos el presente número de  la Revista,  con  el  artículo  de  investigación Bicicletas compartidas como sistema de transporte público urbano: análisis de políticas públicas en Colombia  (1989-2017). Julián Rodrigo Quintero González, magíster en Derecho con Énfasis en Transporte, Logística  e  infraestructura  de  la  Universidad  Externado de Colombia y magíster en Ingeniería  Ambiental  de  la  Universidad  Pedagógica  y Tecnológica de Colombia, identifica y valora la legislación aplicable a los sistemas de bicicletas públicas  (SBP)  como  sistema  de  transporte  público en Colombia. La metodología aplicada por el autor se basó en la utilización de una matriz cualitativa, de la legislación y normativa frente a la protección al ambiente, la equidad social y el valor económico, como elementos que definen un  sistema  de  transporte  sostenible.  El  autor  señala  los  vacíos  en  la  legislación  y  normativa nacional; principalmente, en los aspectos relativos a la regulación de la operación y prestación del servicio; la planeación, gestión, diseño y financiación de la infraestructura; y los planes, proyectos y programas para la implementación de los SBP.

El trabajo concluye en la necesidad de proveer una  legislación  y  normativa  que  fortalezca  la  política pública nacional, mediante la creación de normas nacionales y otras con extensión a entes territoriales y municipales, que subsane los vacíos identificados y promuevan la implementación de los sistemas de bicicletas públicas, en especial en ciudades medias e intermedias de Colombia.

En  el  segundo  artículo  de  investigación, Karen  Lorena  Romero  Leal,  antropóloga  y  socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, analiza  la Participación  comunitaria  en  la  Junta  de Acción  Comunal  de  La  Macarena,  barrio  bohemio  de  Bogotá. La  investigación  identifica  los  factores  poblacionales  y  territoriales,  organizacionales  e institucionales que restringen la participación comunitaria de los habitantes de La Macarena en su Junta de Acción Comunal. A través de una triangulación entre información recopilada con técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa en  un  ejercicio  de  exploración  social  aplicada,  la  antropóloga  identificó  que  la  relación  entre  el  consumo  cultural  privatizado,  el  estilo  de  vida cada vez más individualizado de los habitantes del sector y las dinámicas urbanas de la ciudad  latinoamericana,  junto  con  la  creciente  deslegitimación de las organizaciones de acción comunal en el país y, en general, del ejercicio de la política tradicional, explican la reducida participación en organizaciones de acción colectiva local  de  ciudadanos  de  clase  media.  El  trabajo  finaliza indicando que es la conjunción entre los factores externos que limitan la actividad de la Junta, como es el caso del débil tejido social, las características institucionales del sistema político y  los  factores  internos  u  organizacionales,  los  que permitieron entender por qué hay una baja participación comunitaria en la Junta de Acción Comunal de La Macarena.

En  el  tercer  artículo,  que  es  de  reflexión, titulado Espacio  público  y  gubernamentalidad.  Revisión de la normatividad colombiana 1887-2009, la magíster en Investigación de Problemas Sociales Contemporáneos  de  la  Universidad  Central  de Colombia, María Cristina Nieto-Alarcón, analiza las transformaciones discursivas respecto a los usos del espacio público en Colombia. El estudio parte del análisis de los archivos jurídicos que regulan los usos del espacio público en Colombia, según las transformaciones discursivas y respecto a la legalidad de la ocupación del espacio público por parte de vendedores informales, desde una perspectiva posestructuralista del Estado. El trabajo concluye haciendo énfasis en la necesidad de evidenciar cómo los conceptos relacionados con la democracia del Estado liberal deben ser reconsiderados si se quieren comprender los fenómenos actuales de las naciones no anglo-europeas y dimensionar los alcances de las mencionadas discusiones y negociaciones y sus efectos sobre la población sujeto de la gubernamentalidad. A su vez,  el  estudio  permitirá  reconocer  el  sentido  diacrónico y dinámico de la vida política en las sociedades —si no, necesariamente poscoloniales— que no se corresponden en su totalidad a Estados modernos liberales. Así, se sugiere la apertura de nuevas preguntas sobre cómo se construyen los actores de la vida política, entre ellos el Estado, y cómo se continúa construyendo la historia.

Para la presente edición de Ciudades, Estados y  Política,  continuamos  con  la  publicación  de textos  en  la  nueva  sección  de  Ensayos.  En  el  primero de ellos, el investigador en formación de  la  Maestría  en  Gestión  y  Desarrollo  Social  de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, Jorge Alberto Chávez Sánchez, presenta su punto de vista sobre

El matrimonio igualitario en México: una aproximación contextual desde las prácticas sociopolíticas hacia las iniciativas de ley. El autor realiza un  esbozo  histórico  sobre  las  prácticas  sociopolíticas que se han desarrollado desde y para la población sexualmente diversa, así como un  acercamiento  teórico  a  la  conformación  de  estas. Además, describe las características de los grupos que han intervenido desde su contextualización en los ámbitos internacional, nacional y particularmente en Guadalajara. De igual forma, el investigador mexicano realiza una disertación sobre  los  alcances  del  movimiento  LGBT en Guadalajara, haciendo énfasis en el matrimonio igualitario  y  dimensiona  los  caminos  que  este  sector de la sociedad vislumbra.

El número cierra con el ensayo de las politólogas de la Universidad Nacional de Colombia, Ángela  María  Herrera  Puyana,  Laura  Daniela  Gómez Rodríguez y María Fernanda García Fonseca,  quienes  argumentan  ¿Por  qué  TransMilenio en Bogotá está en crisis? Las ensayistas afirman que el Sistema de Transporte Masivo TransMilenio no surgió con el fin de prestar un servicio público de manera eficiente, sino para, ante todo, generar un negocio. Concluye el artículo que en la  relación  entre  TransMilenio  y  el  Distrito  es  evidente  que  se  privilegia  la  función  de  generar  incentivos  para  los  privados  o  el  beneficio personal de funcionarios del Gobierno, lo cual deteriora y hace precaria la función de monitorear el funcionamiento del sistema. Evidencia de ello, afirman las autoras, son las pocas sanciones que ha recibido el sistema, en comparación con las múltiples denuncias que se le ha hecho a este y  a  sus  operadores  por  sobrecostos,  incumplimiento de plazos y mal servicio. A lo anterior, el texto sugiere la existencia de una estructura permisiva de la administración pública de Bogotá y la precariedad de los instrumentos jurídicos y administrativos sancionatorios.

Como siempre, la Revista agradece la valiosa colaboración  de  los  pares  evaluadores,  provenientes de diferentes países, quienes realizaron el  proceso  de  revisión  y  valoración  del  mérito académico  y  científico  de  los  manuscritos  sometidos,  que  luego  de  dicho  proceso  integran el presente número. Invitamos a la comunidad académica a contribuir en el análisis e investigación de los fenómenos y relaciones entre las ciudades, los Estados y la conformación política de la ciudadanía, postulando sus manuscritos a la Revista.