Derecho a la salud en Colombia: cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional al año 2024

Right to health in Colombia: compliance with orders of the Constitutional Court to the year 2024

En julio de 2008, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia T-760, mediante la cual otorgó a la salud el carácter de derecho humano fundamental autónomo. En la sentencia, motivada por el elevado número de acciones de tutela o amparo que solicitaban a los jueces proteger el derecho a la salud, la Corte señaló fallas estructurales que impedían el goce efectivo del derecho a la salud. En respuesta a esta problemática, la Corte impartió una serie de órdenes dirigidas a los actores del sistema de salud y creó una sala especial de seguimiento a dichas órdenes. Este trabajo tiene como objetivo identificar los avances en la implementación de las órdenes de la Corte y los cambios en el sistema en torno al plan de beneficios, la cobertura y el acceso, la sostenibilidad financiera y el flujo de los recursos. Los resultados indican que al año 2024 no se habían registrado avances significativos, con valoraciones similares a las de 2015 y 2018. Aunque se han identificado ciertos progresos, estos no alcanzan niveles altos de cumplimiento, y persisten obstáculos en el acceso a servicios y en el flujo de recursos. Se sugiere realizar análisis que den cuenta de la incidencia del cumplimiento de las órdenes en la garantía del derecho a la salud.

In July 2008, the Constitutional Court of Colombia issued judgment T-760, by which it granted health the status of an autonomous fundamental human right. In the ruling, motivated by the high number of tutela or amparo actions that asked judges to protect the right to health, the Court pointed out structural flaws that prevented the effective enjoyment of the right to health. In response to this problem, the Court issued a series of orders addressed to the actors of the health system and created a special chamber to follow up on these orders. This work aims to identify progress in the implementation of Court orders and changes in the system around benefit plan, coverage and access, financial sustainability, and resource flow. The results indicate that no significant progress has been made by 2024, with assessments similar to those of 2015 and 2018. Although some progress has been identified, it does not reach high levels of compliance, and obstacles persist in access to services and in the flow of resources. It is suggested that analyses be carried out that account for the impact of compliance with the orders on the guarantee of the right to health.