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Glifosato, campesinos y jueces: la timidez de las altas cortes en la reparación de los daños ocasionados por la política de fumigaciones áreas
Glyphosate, Peasants, and Judges: The Shyness of the High Courts in Repairing Damages Caused by the Aerial Fumigation Policy
DOI:
https://doi.org/10.15446/anpol.v34n103.101495Palabras clave:
daño, glifosato, reparación, altas cortes, erradicación forzada (es)Forced Eradication, Tort Liability, High Courts, Administrative Repairs (en)
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La política pública de erradicación de cultivos de uso ilícito en Colombia se desarrolló por más de 20 años, a través del PECIG, un programa que tenía por objeto la disminución de cultivos de uso ilícito me- diante la aspersión aérea de herbicidas. El programa partía de la hipótesis de que existía una correlación entre los cultivos de uso ilícito y el conflicto armado. En este artículo nos centraremos en el papel de los jueces en la reparación de daños ocasionados por dichas aspersiones, bajo la tesis de que las cortes se vieron fuertemente influenciadas por el enfoque contrainsurgente del programa, y esto explica la negación del derecho a la reparación de los daños por las aspersiones. Además, el cambio de precedente judicial, en el que se priorizaron los derechos de las comunidades afectadas por las fumigaciones, no se dio por un cambio de legislación o por un giro garantista de los jueces, sino por un cambio explícito del enfoque de la política pública.
The public policy for the eradication of illicit crops in Colombia was developed for more than 20 years through a program that aimed to reduce illicit crops through aerial spraying of herbicides. The program was based on the hypothesis that there was a correlation between crops for illicit use and the armed conflict. This article focuses on the role of judges in repairing damages caused by such sprayings under the thesis that the courts were strongly influenced by the program’s counterinsurgency approach, and this explains the denial of the right to compensation for damages caused by the sprayings. Furthermore, the change in judicial precedent in which the rights of the communities affected by fumigations were prioritized was not due to a change in legislation or a conversion of the judges into guarantors but rather to an explicit change in the public policy approach.
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