Publicado

2016-07-01

Acuerdos de La Habana y territorialidad indígena. Una mirada desde el departamento del Cauca

Autores/as

  • Henry Caballero Fula

Desde el principio “nada está acordado hasta que todo está acordado”. Al momento, se ha avanzado en la Mesa de La Habana en la resolución de los puntos relacionados con una reforma rural integral, las víctimas, la participación política y la solución al problema de las drogas ilícitas, y se están buscando consensos en los temas de fin del conflicto y mecanismos de refrendación e implementación. Al respecto, este artículo da respuesta desde la lectura de la dinámica del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, a la pregunta ¿en las negociaciones entre el Estado y la insurgencia será posible reafirmar que las comunidades tendrán el dominio autónomo de sus territorios o que los acuerdos atentan contra su autonomía? Sobre este asunto, el CRIC valora la solución política y plantea que se abre un escenario cuyo desenlace depende, no de los acuerdos mismos sino de la dinámica popular, la cual se expresa principalmente en la Cumbre Agraria y en la capacidad conjunta de decidirse por una apuesta propia, en oposición al modelo rural que propugna el gobierno.

El análisis presentado en este artículo sobre los puntos acordados en la Habana indica que hay bastantes amenazas sobre la autonomía y la territorialidad indígena, y que la paz territorial, en este caso, debe ser abordada consensuando desde ya entre Gobierno, FARC y autoridades indígenas. 

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Las territorialidades urbano rurales contemporaneas:

Un Debate Epistémico y Metodológico para su Abordaje

The urban and rural contemporany territorialities:

a Epistemic and Methodological Debate toward understanding it

Territorialidades urbana rural contemporânea:

a Debate epistêmica e metodológica para abordagem

Manuel Enrique Pérez-Martinez

Docente Pontificia Universidad Javeriana

manperez@javeriana.edu.co

Resumen

El estudio de las relaciones urbano rurales en el contexto de la globalización neoliberal, implica estructurar un campo epistemológico y metodológico que de cuenta de aquellos lugares en los que se agencia y persiste, no su dicotomía, contradicción o resistencia, sino el emerger de sus transposiciones, irreductiblemente relacionales, y que entrecruzan múltiples agentes, escalas, redes y disposiciones organizacionales. Para argumentar este planteamiento, en este escrito se caracteriza desde una perspectiva global-local, el estado actual de las interacciones urbano-rurales. Se discuten los distintos enfoques teóricos en su abordaje, a partir de las nociones de agenciamiento de lugar y sus demarcaciones territoriales. Y en ello se plantea una postura crítico posestructural, para avanzar en la interpretación y el entendimiento de los procesos configuración territorial de los vínculos urbano-rurales contemporáneos.

Palabras clave: urbano-rural, territorialidades, global-local, lugar rururbano, agentes.

Abstract

The study of rural urban relations in the context of neoliberal globalization, involves structuring an epistemological and methodological field that account us to identify those places where it is agencied and persists, not the dichotomy, contradiction or resistance, but the emergence of their transpositions irreducibly relational, and that crisscross multiple agents, scales, networks and organizational arrangements. To argue this approach, in this paper it is characterized from a global-local perspective the current state of urban-rural interactions. In their approach are discussed the various theoretical approaches, from the notions of assemblage of place and its territorial demarcations. And about this poses a posture critical post-estructural to advance the interpretation and understanding of the processes territorial configuration of contemporary urban -rural linkages.

Keywords: urban - rural, territorialitys, global-local, rururban place, agents.

Resumo

O estudo das relações urbanas rurais no contexto da globalização neoliberal, envolve a estruturação de um epistemológica e metodológica campo que representam aqueles lugares que agência e persiste, a dicotomia, contradição ou resistência, mas o surgimento de suas transposições irredutivelmente relacionais, e que cruzam vários agentes, escalas, redes e arranjos organizacionais. Para discutir esta abordagem, neste trabalho é caracterizada a partir de uma perspectiva global -local o estado atual das interações urbanas e rurais. As várias abordagens teóricas na sua abordagem são discutidos, a partir das noções de assemblage de lugar e as suas demarcações territoriais. E representa uma posestructural crítica postura para avançar na interpretação e compreensão dos processos de configuração territorial das ligações urbano - rurais contemporâneas.

Palavras chave: urbano- rural, territorialidades, global-local, lugar rururban, agentes.

Manuel Enrique Pérez-Martine

Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en Planeación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. PhD en Estudios Territoriales de la Universidad del Caldas. Profesor Asociado de la Pontificia Universidad Javeriana-Sede Bogotá.

manperez@javeriana.edu.co

Lo rural - urbano: aproximación a las territorialidades de su reproducción y representación.

El marco general que muestra el sistema global neoliberal, concentra economías regionales que constituyen un mosaico laxamente interconectado de desarrollos geográficos desiguales, en el que algunas regiones tienden a enriquecerse, mientras que otras se empobrecen aún más (Harvey, 2014: 152). Imprime este postulado, una supuesta no inclusión en las formas de reproducción del medido rural, que no coinciden con la circulación superior de acumulación del capital y del cambio técnico-científico-informacional del mundo globalizado. La consecuencia deviene en la causalidad circular y acumulativa del capital, quedando atrapada en una espiral descendente de depresión y decadencia, consiguiendo como resultado, la materialización de concentraciones regionales desiguales de riqueza, poder e influencia (Harvey, 2014: 152). Asunto que explicaría la aparente desagrarización, desruralización o descampenización del campo en la actualidad (Rubio, 2002. Escalante, Catalán, Galindo & Reyes, 2008).

En aquel medio, priman jerarquías de infraestructura de mercado, la organización burocrática, el crédito y la manipulación de grandes volúmenes de bienes – flujo de circulación superior-; que se contraponen con la circulación inferior, basada en la subsistencia de actividades productivas domesticas, reutilización de bienes de consumo, menor utilización de tecnología, trabajo intensivo y su dependencia y dinamismo con los procesos de migración rural-urbana (Santos, 1996: 87 – 101). En esta medida, se suscitan problemas de disparidad económica en la escala regional que son consecuencia de la cambiante relación entre los requerimientos privados de producción por ganancias y la superficie espacial, y fundamentalmente por la falta de emprendimiento local y la deficiente atmosfera de crecimiento (Massey, 1979: 235).

El efecto de oposición de regiones desiguales se evidencia en las zonas rurales, por ejemplo en la distribución de la tierra. Se demuestra cómo su precio es más elevado con relación a su valor de uso, lo cual genera la significación de la posesión de la misma, para distinguir clases sociales. En este mismo orden, los mercados de crédito también están sesgados debido a los requerimientos colaterales de enfrentar la información asimétrica entre prestamistas y prestatarios, lo que lleva a que los pobres o pequeños agricultores no tenga acceso a estos, reproduciéndose la desigualdad y la pobreza, que aunque no ha decrecido, el numero de pobres rurales si ha aumentado globalmente (De Janvry & Sadoulet, 2003).

Para el caso de los países en desarrollo, en particular para America Latina y el Caribe, que contiene una población rural aproximada para el 2015 de 120.297.401 habitantes, una de cada dos personas que viven en zonas rurales es pobre (53%), en tanto que una de cada tres cae en la condición de pobre extremo (30%). La situación no parece tan promisoria. Más aún si se observa la tendencia de largo plazo, por ejemplo, en los últimos treinta años (1980): la situación apenas ha mejorado en 7 puntos porcentuales en el caso de la pobreza (de 59,8 a 52,8 %) y menos de 3 puntos para la indigencia (32,7 a 30 %). (CEPAL, 2005 & FAO, 2013)

Esta población, que hace parte del 70% de los pobres en el mundo, vive de la agricultura como principal fuente de ingresos y de trabajo. Pero el agotamiento y la degradación de la tierra y del agua afectan gravemente la capacidad de cultivar alimentos, además este declive obedece a las medidas proteccionistas adoptadas por los países desarrollados con respecto a sus propios sectores agrarios, lo cual ha dado lugar a una restricción de las exportaciones latinoamericanas.

En este contexto, es la migración rural-urbana una válvula de escape, así como factor de cambios notables en la estructura del empleo y las fuentes de ingresos de las poblaciones rurales (Kay, 1995 y Akram – Lodi, 2008). Se enfrentan ahora a una mayor flexibilidad ocupacional, lo cual muestra una considerable incursión en escenarios de pluriactividad en los que se originan formas genuinas de utilización eficiente de los recursos locales, lo cual ha ido determinando territorialidades multisectoriales en las que se enfatiza la importancia de articulación entre el campo y la ciudad. Lo anterior demuestra una diversificación de las actividades familiares, no sólo como una estrategia de resistencia en contra de la pobreza, sino que pueden ser entendidas como practicas de apropiación del capital por parte de los pobladores rurales (Klein, 1992. Reardon, Berdegue y Escobar, 2001. Klobrich y Dirven, 2007. Bendini, Murmis y Tsakoumagkos, 2009. Grammont, 2009. Riella y Romero, 2003. & Méndez, 2009).

Se reconocen además varios cambios en la composición de la población rural activa, entre ellos: la creciente sustitución de arrendatarios por asalariados, el crecimiento de la mano de obra temporal y estacional, la feminización creciente de la población rural y la urbanización de los trabajadores rurales (Kay, 1995:68 & Manzanal, 2006). Lo que demuestra una nueva proclividad campesina que combina labores familiares con actividades asociativas, asunto que genera economías de escala y refuerza la organicidad social y la expresión de la cultura popular que incluye tanto productos artesanales como usos lingüísticos, políticos, jurídicos, religiosos, indumentarios, musicales y culinarios, así como prácticas y saberes agrícolas (Bartra, 2006: 375).

Hoy, aquellas expresiones de territorialidad vinculante, se enmarcan en formas de interacción continua con lo urbano, incluso entre pequeños cultivadores, semiocupados y desempleados urbanos, producto de flujos de migrantes y trabajadores de diferentes sectores y condiciones de vulnerabilidad. Estos espacios han comenzado a tener un valor paisajístico y de sus costumbres que atrae a turistas, y se definen en el marco de un fuerte soporte discursivo sobre los impactos ambientales a consecuencia del crecimiento urbano, la destrucción forestal, y la contaminación de aguas. Estos demuestran ser lugares de lucha política global, que supera los estados nacionales, las regiones y localidades. Además sus ideologías tienden a fusionarse con los lenguajes político étnico/raciales, y se vinculan cada vez más con el género y la sensibilidad ecológica (Petras y Veltmeyer. 2001 & Woods, 2009).

Las implicaciones de este tipo de cambios en las interacciones sociales y espaciales entre el mundo rural y el urbano, se traslapan, a tal efecto, que en la actualidad, se amplían los espacios urbano- marginales sobre las periferias de las ciudades, en las que se concentra población que provienen de pequeños pueblos rurales o urbanos y que a consecuencia del aceleramiento del actual carrusel económico, buscan en las grandes ciudades nuevas condiciones de vida. Ahora acomodándose a resolver una complicada ecuación: “(…) intentar optimizar los costos de la vivienda, la seguridad de la propiedad, la calidad del refugio, el desplazamiento al trabajo, además de su seguridad personal” (Davis, 2014: 19).

Incluso estos procesos se han convertido en generadores de la presión urbana, colocando en riesgo a quienes tradicionalmente han habitado zonas periféricas que mantienen vínculos rurales y que históricamente han persistido a los embates de la expansión de las ciudades. Los estudios confirman que en un futuro próximo, se generará la intensificación de las tres cuartas partes de su crecimiento poblacional sobre áreas urbanas mas pequeñas y apenas visibles; lugares donde según señalan investigadores de Naciones Unidas: “hay una planificación escasa o nula para acomodar y proporcionar servicios a toda esa gente” (Davis, 2014: 17).

En esta perspectiva y tal como lo comenta el antropólogo Gregory Guldin (2001), dicha dinámica, ahora representada por un cumulo de intercambios espaciales de hibridación, en las que la ciudad y el campo se yuxtaponen, se facilita entonces la posibilidad de encontrar la reproducción de territorios que estarían apareciendo a lo largo de un continuo urbano/rural en el que se promueve una intensa interacción.

El estudio de Gregory Eliyu Guldin para el caso de China Meridional, encontró por ejemplo, que las áreas con vínculos rurales se están urbanizando in situ, al mismo tiempo que producen migraciones. Lo que antes eran pequeños pueblos, se han integrando a la ciudad, recreándose un paisaje de ocupación urbanizado a través de las necesidades de habitación, transporte y servicios públicos. Como lo menciona el autor: “(…) la población rural no tiene que emigrar a la ciudad, ella viene sola.” (Guldin, 2001: 14).

De esta manera, el proceso actual de expansión urbana viene originando cambios sociales al interior del espacio y su pobladores, que desde el campo, se han visto sumidos a transformaciones de sus medios de vida, paradójicamente sin haber emigrado, sin haberse movido del lugar donde nacieron.

Marcos epistemológicos explicativos de los vínculos urbano-rurales

Los campos del conocimiento que intentan discernir sobre aquellas implicaciones del cambio estructural global-local, se han concentrado en estudios que aducen a los términos explicativos de la Nueva Ruralidad y el Desarrollo Territorial Rural, expresiones que manifiestan las transformaciones funcionales de los espacios no urbanos: deslocalización de actividades económicas, nuevas técnicas de producción de bienes y servicios, surgimiento de nuevas redes sociales que hacen del medio rural y sus vínculos un escenario de pluriactividad en el trabajo, intertemporalidad de funciones sociales e intergeneracionalidad. Estas explicaciones se caracterizan por originarse desde el estructural funcionalismo proveniente de sociologías analíticas y normativas (Linck, 2011. Pérez, 2001; Schejtman y Berdegué, 2003. Bendini y Steimberger (comps) 2003. Garriaca y Levy, 2004. Rodríguez, Echeverri, Sepúlveda y Portilla, 2003. Bonnal; Díaz y Losch. 2004. Grammont, y Martínez, 2009. Llambí, 2012 Llambí, y Pérez, 2007. CEDRSSA, 2006. Kay, 2009. & Villagómez, Gilbert y Neoburgo, M. 2011).

En esta perspectiva, las incorporaciones de otras dimensiones sociales del desarrollo que emergen de espacios rurales, se muestran como componentes funcionales del vínculo con lo urbano. Lo rural pretende dinamizarse bajo su transformación productiva e institucional, en cuyo término se encuentra una ruralidad que procura ser reparada, restaurada o rehabilitada sobre su estado originario, mejorando sus partes o preservando sus formas antiguas en pro de forzar su vinculación a las tendencias económicas globales.

El segundo marco teórico, responde a modelos espaciales que explican el origen de las estructuras geográficas que surgen de la ciudad con sus entornos. En ello se hace referencia a la constitución de espacios periféricos que explican procesos como: conurbación, contra-urbanización, rururbanización, peri-urbanización, etc. (Ávila, 2001/2008) Estas orientaciones permiten referenciar las relaciones urbano – rurales dentro de un enfoque de análisis económico regional. Asunto que explica sus relaciones, bajo modelos de concentración/desconcentración demográfica, movilidad espacial, costos económicos de recursos, distancia y niveles de demanda, rentas, salarios y calidad de mano de obra (Falconi y Bernasdelli, 2006). Se opta por medir y explicar la organización y las relaciones entre el campo y la ciudad, mediante modelos matemáticos basados en la teoría de sistemas complejos, sistemas expertos de informacion, expresión de nuevas geometrias (fractales) para describir el espacio geográfico (Naumis y Taud, 2008).

Recientes estudios, hablan de la idea de un “Ruralismo Translocal”, ejemplificado sobre la idea de flujos migratorios locales y globales, formas de transporte y desplazamiento, creciente dinamismos de la sociedad de la información y el reconocimiento de nuevas prácticas de sociabilidad (Hedberg, Do Carmo, 2012). Se encuentran los estudios que bajo el enfoque del materialismo histórico, se centran en mostrar la heterogeneidad y exclusión de los procesos rurales en relación con la reproducción del capital, recurriendo a las teorizaciones sobre el vínculo agricultura-industria-urbanización, cuyo efecto explicativo termina por priorizar el conflicto social y la proletarización del campo (Aranda, 2011. Rubio, 2002. Goldman y Watts, 1997. Moore, 2002). Se asimila lo rural con lo agrario, en tanto relaciones de control, dominación y subordinación que se basan en economías retraídamente interconectadas y en las que algunas regiones tienden a enriquecerse, mientras que otras se empobrecen aún más.

Una corriente proveniente de la ecología política, da cuenta de la comprensión de los vínculos urbano-rurales, al tanto de discutirse dentro del concepto de Estructura Ecológica Principal, en la cual se debaten las relaciones ecosistémicas entre la ciudad y las áreas naturales y periurbanas. Además reafirma el impacto sobre los espacios naturales desde el concepto de Huella Ecológica y de las implicaciones de los movimientos sociales en la defensa de territorios para la preservación de los recursos naturales (Wackernagel y Rees, 2001 & Leff, 1996).

Se reconoce que a partir de las tendencias epistemológicas y metodológicas descritas, una idea evolucionista de la “urbanización de lo rural”, ahora como única tendencia explicativa y a la vez consecuencia de los procesos de concentración urbana, ritmos y movilidad poblacional. Sin embargo, perspectivas antiesencialistas consideran que aquellas condiciones estarían reproduciéndose en escenarios multifuncionales que ligarían el desarrollo global con la estructuración propia de los territorios rurales, en cuya orientación se asumen estudios sobre las relaciones campo-ciudad, desde una óptica rural más que urbana. En esta perspectiva se plantea el giro de la “ruralización de lo urbano”, mirada que permite explorar su problematización desde una instancia en la cual se hacen relevantes las transformaciones que experimentan los espacios rurales que están en contacto con la urbe (Delgado, Galindo y Ricardo, 2008. Llambí, 2012 & Gonzáles. 2012).

Como planteamiento crítico, se puede afirmar que aún en estos enfoques, la constitución del espacio entre lo rural y lo urbano, se considera homogéneo y continuo, además de contener una identidad pasiva e incluso irreconocible. Los procesos de agregación, bifurcación o yuxtaposición implicitos en ello, pasan a ser ponderados por el plano teórico, dejando de lado las discontinuidades cualitativas, que tienen en cuenta, por ejemplo, la incidencia de factores no económicos, como las capacidades, habitos, rutinas, conocimientos, intereses de los agentes implicados, así como su grado de cooperacion, competencia, intercambio y conflicto, que de todo vínculo social es susceptible de extraer (Sennett, 2012: 15 y ,16; 98, 99 y 112).

De otra parte, estas corrientes no atienden a los grandes disturbios ambientales, explotación y expulsión de pobladores y recursos colectivos, como a los límites del modelo de producción y consumo. Se marginan las virtudes y capacidades de las estrategias de sociabilidad, capaz de mantener y desarrollar una relación más armoniosa con el medio ambiente, e incluso de mayor complejidad de lo que las instituciones formales permiten.

Aportes teóricos del análisis del discurso rururbano a la configuración productiva y social de los territorios rurales: Una postura Critico-Posestructuralista

Como quiera que se hayan planteado las diversas tendencias y críticas a la producción de conocimiento en cuanto a la relación urbano-rural, hace falta hacer explícitos los retos teóricos y metodológicos en que demarcan las implicaciones subterráneas de su expresión y de estas como producto de la interacción global-local. Colocando ahora sus incompatibilidades internas, como sus alcances, dentro de un bosquejo conceptual que aporte a la comprensión de las connotaciones imaginarias y operacionales propias del ensamble territorial que estaría emergiendo desde el lugar de estructuración del vínculo rural-urbano.

La idea de ensamble territorial se concibe aquí como denominación descriptiva del conjunto de prácticas y objetos posibles de alinearse, acoplarse o ajustar intereses y acciones socio-temporales que constituyen nuevos espacios y sujetos dotados de inteligibilidad y delimitación. A fin de ser determinados como sistemas de organización, administración o gobernabilidad. En definitiva, son formas de agenciamiento de lugares que no corresponden a escalas previas, ni a mapas políticos existentes (Sassen, 2010 & Deleuze y Guattari, 2004).

Por tanto, se propone un programa de investigación orientado al estudio de los ensamblajes territoriales rururbanos, leídos como escenarios de confluencia sistémica, depositarios de continuidades-discontinuidades espacio temporales, expresión de fronteras de diferenciación o zonas en enlace político estratégico. En cuyo núcleo se estarían desplegando nuevas oportunidades económicas y políticas para connotar un nuevo espacio de identidades. En otros términos, la configuración de un “otro rururbano”, o el campo de fuerza que de forma diferenciada, se provee del agenciamiento de lugares y localizaciones que hilvanan estrategias (planes), y que mediante alianzas o pactos, territorializan o desterritorializan sus intereses (Sassen, 2015. Sennett, 2012 & Deleuze, y Guattari, 2004: 330).

Este tipo de ensamblajes presenta ventajas, una de ellas, permite la identificación de nuevos discursos en el surgimiento de organizaciones de base. Manifestaciones que han dado existencia a espacios alternos de acción política transformadora. Superando incluso a los estados nacionales, las regiones y localidades, abarcando la reivindicación de derechos ciudadanos, el reconocimiento de la identidad y las disputas por la defensa de los recursos colectivos que afrontan los álgidos conflictos socio ambientales por su extracción y explotación devastadora (Orgáz, 2003. Mariotti, 2004. Bartra, 2003. Pérez, Vargas, Bautista y Bohórquez, 2011. Orellana, 2004. Zibechi, 2007. Sabatini y Salcedo, 2007. & Day, 2013: 92-127).

En estas experiencias, la política puede aparecer como un asunto impensado, marcado por una diferencia con el espacio de luchas meramente sectoriales. Aquí la lectura de la acción política depende de una intervención subjetiva. Asunto que operaría entonces, como una situación social sedimentada, pero que se subvierte y crea una situación nueva, imposible de predecir (Bodiou, A. 1990 y Mouffe, C. 1999).

No obstante a las evidencias de un nuevo campo de acción política, el cual asumimos se surte del vínculo urbano-rural, los ritmos y velocidades de nuestro tiempo tienen ahora un reto de mayor complejidad. Somos participes de un profundo aceleramiento que camina en medio del manto brutal que hoy nos revela la economía global. Formación predatoria de actores poderosos, que tienen su origen a partir de la década de 1980 y han impuesto dos características centrales: i) la materialización de áreas económicas clave ocasionando la tercerización global de manufacturas que se concentran en zonas de bajo costo y regulaciones débiles; y ii) el aumento de las finanzas en red, instrumentos que titulan entidades y conceden a gobiernos y empresas extranjeras, adquirir tierras para plantar biocombustibles, instalar o reubicar grandes infraestructuras urbanas, mercadear hipotecas y explotar sin control los recursos minero-energéticos (Sassen, 2015. Klein, 2015. & Composto, y Navarro, 2014).

Este contexto nos reta epistémica y metodológicamente en su comprensión, por lo cual se asume para interpretarlo, una postura critico-posestructural que intenta dilucidar dichos acontecimientos, como transmutación de una dinámica sistémica localizada. Espacio analítico en el que intuimos, podría estar operando a un nivel subterráneo, conectado a algo más de lo que podemos percibir cuando dividimos el mundo en categorías discretas, familiares, duales o dicotómicas. Utilizamos ese rotulo para dar forma y significado a condiciones que en realidad podrían originarse en tendencias mas profundas y nada familiares (Sassen, 2015: 16).

Por lo anterior, proponemos como problematización epistemológica y metodológica de las actuales interacciones urbano-rurales, recoger la síntesis de los argumentos que se esbozan en este escrito y contribuir especialmente en la estructuración de un programa de investigación que con este enfoque responda a la siguiente pregunta:

¿Cómo el agenciamiento del lugar, a partir de espacios discursivos de interacción, estaría demarcando la reproducción y representación de ensambles territoriales rururbanos que emergen producto de la intensificación de los conflictos ocasionados por las dinámicas de la expansión urbana en las periferias de la ciudad contemporánea?

Este planteamiento nos permite problematizar las relaciones rururbanas como un campo de intersección en el que se entretejen de modo acumulativo, conflictivo, neutralizado o disyuntivo, el plano de la división entre lo local-global (Sassen, 2010: 476). En otras palabras, queremos decir que se establece un nexo que estructura nuevas relaciones sociales y en el que su reproducción y transformación tiene “lugar”, y en alguna parte se localiza (Agnew, 2002: 279).

Hemos precisado cómo las condiciones de las tendencias económicas y políticas globales, dejan al individuo privado de sus libertades, ya no es sujeto consciente de sí, insertado y hecho en un mundo que se retrae a la expresión de su subjetividad. Desde esta perspectiva, se propone rescatar el agenciamiento del lugar, reconociendo su inevitable interacción —direccional, deductiva, de arriba-abajo— , es decir, a partir del sentido global— local. En el que incluso se recrean lugares, se abarcan interacciones que operan en la otra dirección—inductiva, de abajo—arriba, es decir, en el sentido local—global.

Consideramos que es Justamente en el borde de estos movimientos y direccionamientos, que se agencian “otros lugares” que despliegan una nueva reproducción espacio—temporal. Ahora expresada en lo que hemos denominado una triada de transmutación y que bajo el método transductivo1 reconocerá la configuración de un tercer espacio relacional que denominaremos: local—lugar—global. Desde esta perspectiva, es posible analizar la reproducción de una identidad rururbana, que adquirirá como producto, el significado simbólico de aquella triple interacción, al tanto de su lucha en el espacio de las formulaciones sobre el mundo contemporáneo que la circunda (Bandeira y Haesbaerth, 2007).

De lo anterior surgen dos cuestionamientos: ¿Cómo describir los contenidos y actividades que caracterizan aquella relación? ¿Cómo producir las herramientas teóricas necesarias para evitar que se transformen en meras líneas divisorias? (Sessen, 2010: 477). Proponemos para el desarrollo de este programa, hacer uso de disciplinas provenientes del análisis del discurso, la hermenéutica y la semiótica (Bourdieu, 2007 & 1985. Barthes, 1990, 1980 & 1974. Foucault, 1992. Lefevre, y Calcavati, 2005 & Ricoeur, 2008).

Para ello consideramos la configuración del espacio rururbano, como un campo de fuerza, reflejo social de ensamblajes territoriales que emergen del agenciamiento centrado en el lugar y que localizado, es la base conectiva y de coexistencia de “otras” temporalidades e historias, en las que se yuxtaponen narrativas disonantes que determinan disposiciones que previamente no estaban relacionadas, que pueden entrar en contacto, o bien pueden separarse de las que antes sí estaban relacionadas (Massey, 2012: 139).

Se plantea orientar el sustento epistemológico y metodológico del ensamblaje territorial rururbano, desenmarañando aquella red de espacios discursivos, descifrando mediante ello los límites de su enunciación simbólica, sus posiciones sociales diversas en el espacio tiempo, no solo comprendidos y descifrados por sus receptores; sino también, valorados y preciados, como signos de riqueza, creídos y obedecidos como signos de autoridad (Bourdieu, 1985).

Esta ruta de estudio implica, explorar la función de las estructuras sociales inmersas en la interacción local—lugar—global, procurando descifrar: los esquemas de percepción, concepción y vivencias técnico—rituales que se asumen inculcadas por las condiciones materiales de su existencia. Hablamos de indagar por las experiencias acumuladas que evocan el carácter de las costumbres: decisiones económicas e intercambios monetarios y no monetarios; división del trabajo, formas de ayuda, cooperación, alianzas, asocio, cohesión de grupo y competencia; sucesiones temporales del ritmo de sus actividades, sean estas materiales o simbólicas; así como de las condiciones de inseguridad frente a sus proyectos de vida, que es finalmente el sentido objetivo del porvenir de las comunidades (Bourdieu, 2006: 37 - 140). Ahondar en estas categorías, permitirá aportar teóricamente a la definición de las ideas, signos y códigos que dentro de ellas ocultan la configuración de ensamblajes territoriales, entre el agenciamiento del lugar rururbano y de estos con sus relatos, textos y narraciones que las sustentan.

En este orden de ideas, deberán ser contrastados los dictámenes y trayectorias discursivas del ámbito político—institucional, ejercido sobre estos espacios emergentes, su ocupación y ordenamiento, la reconstrucción del relato histórico del poblamiento en sus fases recientes. Sin desconocer sus etapas originarias, las formas de su representación cartográfica oficial, y las narraciones de los agentes sociales involucrados en su reproducción y representación territorial. Se deberá detallar el material de interacciones (redes sociales) que diferenciadas, se engranan en un código de significaciones y de valores, sobre el cual se situarán los bienes, los objetos y las practicas, en otras palabras, los recursos colectivos que persiguen los agentes sociales en su estructuración.

El mecanismo metodológico para hallar sus rasgos, acoge la idea de “simulacros discursivos” o “constitución dialógica” que mediante la escucha, la atención, la sensibilidad y la cooperación, debe rastrear el objeto, el significante, el significado y el sentido a través de los cuales los sujetos construyen su identidad como un todo. Hormigón estratégico y posicional de nuevos sujetos políticos (Sennett, 2012: 33-35 & Bandeira, y Haesbaerth, 2007).

Dicho procedimiento permitirá caracterizar los elementos que componen aquellos ensambles del territorio, en tanto las forma de ser nombrado (significado) y a partir del cual se establece su exclusividad e identificación sobre los derechos heredados para su uso. Aspectos que en términos de identidad, permitirían caracterizar las capacidades locales que garantizan la legitimidad del sujeto inmerso en su apropiación e integración. Estas entendidas bajo tres posibles campos: funcional —participación y acceso a servicios—; simbólica —apego, compromiso, pertenencia al lugar—; y comunitaria —formación de lazos sociales: amistad, redes de solidaridad— (Sabatini y Salcedo, 2007).

El recorrido por este ritmo espacio temporal de la investigación, permitirá revelar las estructuraciones activas de la identidad política del espacio rururbano contemporáneo. Es decir, obtendríamos un acercamiento a la materialidad de lo que denominamos la representación de la identidad política del lugar en el que se desenvuelven, posibilidad de descifrar el “camino”, en otros términos, las acciones y eventos que se hacen consecutivamente por los individuos; y el “proyecto”, es decir, las actividades necesarias para completar un comportamiento previsto socialmente (Agnew, 2002: 45).

En relación con lo anterior, cada actividad requerirá la indagación sobre la convergencia en el tiempo y en el espacio de las trayectorias de las personas involucradas, tanto de sus acciones individuales como colectivas, en su esfuerzo de apropiación e integración territorial. En este sentido, un programa de investigación para el abordaje del espacio rururbano, teorizará sobre las nuevas configuraciones territoriales y en tanto, la transmutación de tres esferas espacio temporales, a saber, (Lefebvre, 2013: 48, 112. Soja, 2008: 33- 49 & 2005 – 1999. & Bozzano, 2000: 55-80):

i) La experiencia material: vínculo con la realidad cotidiana —usos del tiempo, redes, flujos de personas y mercancías— escenario depositario de arraigos vitales, conservados por la tradición y el reconocimiento social; expresión de las clasificaciones—categorizaciones, disecciones, distribuciones y regularidades que determina las fuerzas no geográficas, sino los factores históricos y de la sociabilidad; mundo experimentado directamente de los fenómenos cartografiables y empíricamente mensurables (Firstspace, Espacio Percibido, Territorios reales o Lugares de legitimidad).

ii) Las instancias sociales: discursos ideológicos y generadores de ideas, maneras en las que se piensa y se escribe sobre el texto y la geografía, espacio de los signos y de los códigos de ordenación. Expresión de imágenes de la espacialidad, por procesos pensados que se suponen moldean la sociabilidad (Secondspace, Espacios Concebidos, Territorios Pensados, lugares de legalidad). Y

iii) La imaginación simbólica: lugar en el que se profundiza la búsqueda de nuevas posibilidades y niveles de consolidación, pactos que no obstruyen la lógica de la tradición, pero revelan las interacciones por la diferencia de grupos subalternos, proporciona una nueva base de políticas y luchas colectivas se hace multifacético y contradictorio, opresivo y liberador, apasionado y rutinario, conocible e inconcebible (Thirdspace, Espacios Vividos –Territorios Posibles– Lugares del Despliegue Identitario).

El trabajo metodológico de investigación incluye un reto adicional, además de explorar las variables expuestas, nos referimos a las formas cartográficas del habitus (reproducción) y el campo (representación) de los agentes sociales involucrados. La idea cartográfica debe buscar aquí básicamente dos aspectos: i) definir el patrón legible de los marcadores jurisdiccionales en el contorno del lugar, determinando los conflictos sobre los ámbitos del control oficial, y, ii) ser próxima a la cultura y la trayectoria de la relación social con su medio ambiente, y de cómo este descifra conflictos e implicaciones ecológicas y políticas para su conservación y los derechos (Offten, y Dym, 2011: 109, 184, 294 y 291).

Todo lo anterior implica la aplicación de métodos participativos de recolección de información, sobre las ocurrencias de la espacialización de aquellas interacciones, en tanto escalas, lugares y niveles institucionales en las que se reproducen (redes sociales). Bajo una tentativa de clasificación y de acuerdo al posicionamiento de los agentes, según sus comportamientos potencialmente plurales.

Aportes del objeto teórico del espacio rururbano a la configuración productiva y social de los territorios rurales contemporáneos.

A modo de conclusión, se citan en seguida los principales aportes que tendría el desarrollo de un programa de investigación, en cuyo objeto teórico se problematiza el emerger del espacio rururbano, y con ello, la interpretación de los procesos de configuración productiva y social de los territorios rurales contemporáneos:

  • Permitirá reconocer diferentes lógicas de acción que pueden identificarse como procesos de apropiación del ensamble territorial rururbano, dado un stock cualquiera de oportunidades económicas, e incluso independientemente del territorio en el que se encuentren. Con lo cual se podrán determinar las estrategias de gestión de las interacciones, en tanto formas de ensamblaje que se surten del manejo de las oportunidad locales, más allá de la simple transacción mercantil o del valor de cambio, centradas en la gestión del capital social patrimonial que persiste en las practicas de subsistencia de las comunidades locales (Linck, 2003).

    La idea de la constitución patrimonial del territorio, rompe con cierto maniqueísmo de las formas de regulación y planeación del orden y desarrollo local convencional, aspectos que recientemente se han contrapuesto en el vocabulario político al referirse a la regulación del tipo “top-down” o la regulación del tipo “bottom-up”, direccionamientos que son a su vez, según un sistema de equilibrio, manifestaciones del triunfo de unos sobre otros, asunto que hace inevitablemente la exclusión, o incluso la destrucción y pérdida de aquellos que no alcanzan un considerado reconocimiento social (Deffontaines, y Prod’homme, 2001).

  • Posibilitará asumir el fenómeno de la urbanización del campo, como de la ruralización urbana, desde sus preexistentes conveniencias económicas y políticas, las cuales pueden ser investigadas a partir de las condiciones que han permitido el proceso de fragmentación o contención de lo territorios. Interpretar éstos acontecimientos, responderá a cómo el desarrollo de la ciudad, no se basa en intervenciones de grandes dimensiones, ni por parcelaciones, ni aún menos, como resultado de una planificación.

    Se estimará su definición por fragmentos o contenciones, asunto que se origina a partir de decisiones autónomas de particulares que se mueven en el tejido de las normas y las políticas del desarrollo urbano, e incluso en contra de tales disposiciones que han marginando las condiciones del desarrollo en el medio rural (Indovina, 1999).

  1. Se avanzará en la identificación de las múltiples aportaciones de las economías y formas de acción política de los vínculos rururbanos, sugiriendo elementos para entender la justa retribución frente al absolutismo mercantil y la crisis ambiental que se impone, permitiendo comprobar la concesión del valor que pueden tener los bienes sociales, culturales y ambientales que se encuentran en el centro de los intereses de la privatización. Reivindicando el valor de la apropiación colectiva, no privatizable de los recursos naturales y la biodiversidad (Bartra, A. 2006: 377).

    Teorización que ofrecerá planteamientos para esclarecer las características de los movimientos, ritmos, tendencias, trayectorias y durabilidad de las practicas de decisión, programación y organización política, que se surten desde agenciamientos locales particulares, en cuya practica se descubrirá la memoria que se instituye en presente y perfila sobre tradiciones y posibles territorios futuros.

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1 Método que atraviesa el puro practicismo y la teorización, razonamiento irreductible a la deducción y la inducción que construye un objeto virtual a partir de informaciones sobre la realidad y de una problemática imaginada y determinada en lo real, y que acompañada de una incesante critica aborda su sentido experimental.

Recibido: 20 de abril de 2016

Aprobado: 3 de junio de 2016

https://doi.org/10.15446/bitacora.v26n2.56216

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Artículos

Recibido: 20 de abril de 2016; Aceptado: 3 de junio de 2016

Resumen

Desde el principio “nada está acordado hasta que todo está acordado”. Al momento, se ha avanzado en la Mesa de La Habana en la resolución de los puntos relacionados con una reforma rural integral, las víctimas, la participación política y la solución al problema de las drogas ilícitas, y se están buscando consensos en los temas de fin del conflicto y mecanismos de refrendación e implementación. Al respecto, este artículo da respuesta desde la lectura de la dinámica del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, a la pregunta ¿en las negociaciones entre el Estado y la insurgencia será posible reafirmar que las comunidades tendrán el dominio autónomo de sus territorios o que los acuerdos atentan contra su autonomía? Sobre este asunto, el CRIC valora la solución política y plantea que se abre un escenario cuyo desenlace depende, no de los acuerdos mismos sino de la dinámica popular, la cual se expresa principalmente en la Cumbre Agraria y en la capacidad conjunta de decidirse por una apuesta propia, en oposición al modelo rural que propugna el gobierno.

Palabras clave

autonomía, indígenas, ordenamiento territorial, acuerdos.

Abstract

From the beginning “nothing is agreed until everything is agreed”. At the time, there has been progress in the Bureau of Havana in the resolution of diferents points, like the rural reform, victims, political participation and the solution to the problem of illicit drugs, and are seeking consensus on issues of the end conflict and countersignature and implementation mechanisms. In this regard, this article answers from the reading of the dynamics of the Regional Indigenous Council of Cauca, CRIC, to the question about this process is: would be posible that in the negotiations between the state and the insurgency don´t be affect the autonomy and control of indegenous territories or agreements undermine their autonomy? On this matter, the CRIC values the political solution and raises a scenario opens whose outcome depends not on the agreements themselves but of the popular dynamics, which is expressed primarily in the Agricultural Summit and the joint capacity to decide on a own bet, as opposed to rural model advocated by the government.

Keywords

autonomy, indigenous, land use planning, peace agreements.

Resumo

Desde o princípio “nada está acordado até que tudo esteja acordado”. Na época, houve progressos no Bureau of Havana na resolução dos pontos relacionados com a reforma abrangente rural, vítimas, participação política e a solução para o problema das drogas ilícitas, e estão buscando consenso sobre questões fim do conflito e mecanismos countersignature e implementação. Neste sentido, este artigo responde a partir da leitura da dinâmica do Conselho Regional Indígena de Cauca, CRIC, para a questão nas negociações entre o Estado ea insurgência será possível afirmar que as comunidades têm controle autônomo de seus territórios ou acordos de comprometer a sua autonomia? Nesta matéria, o CRIC valoriza a solução política e levanta um cenário abre cujo resultado não depende dos acordos em si, mas da dinâmica populares, que se expressa principalmente na Cúpula Agrícola e da capacidade conjunta para decidir sobre um própria aposta, em oposição ao modelo rural defendida pelo governo.

Palavras-chave

autonomia, indígena, ordenamento territorial, acordos de paz.

Introducción

Se nos ha planteado a los participantes del panel No. 3 “Los conflictos por el uso y apropiación del suelo en territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes” del Seminario Conflictos Territoriales y Acuerdos de Paz en Colombia, la cuestión ¿Si en las negociaciones entre el Estado y la insurgencia, será posible reafirmar que las comunidades tendrán el dominio autónomo de sus territorios o que los acuerdos atentan contra su autonomía? Aunque no tengo la calidad de delegado del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC – José Santos Caicedo – que me antecedió, las opiniones que expreso a continuación no son otra cosa que mi manera de interpretar, de forma comprometida, el planteamiento que esta organización tiene del qué hacer en la coyuntura.

Indígenas, derechos constitucionales y colonialidad del poder

La dificultad principal para la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país tiene que ver con los fundamentos del pensamiento colonial, que hacen parte del pensamiento hegemónico en Colombia. Inicio con un texto de Caballero Fula (2012: 1-2) que considero es pertinente para ubicar la reflexión que se nos plantea.

Muchos analistas consideran que aunque la colonialidad del poder se puede encontrar claramente en los orígenes de nuestros países republicanos, con el tiempo, el desarrollo capitalista, la globalización y el mestizaje, han dejado atrás la pirámide racial. […] En la Constitución de 1991 se reconoce este país multiétnico, no como pirámide racial, sino como igualdad y reconocimiento de las culturas. Es decir que la colonialidad del poder sería un asunto del siglo XIX pero no del XX y menos del XXI. Sin embargo el Cauca, cuna de elites y de aristócratas que reclaman su pureza de sangre, con los recientes acontecimientos de control territorial por parte de las comunidades indígenas nos viene a recordar que Colombia no es ese país de unidad en la diversidad y del respeto de culturas […]2

Luego de los acontecimientos del cerro de Berlín en Toribio, en los que las comunidades indígenas del Norte del Cauca realizaron mingas de control territorial, el directivo de la ANDI Cauca, Luis Fernando Velásquez Caicedo (vallecaucano), en nombre de este sector que se identifica por la opinión como lo más representativo de la modernidad, se despachó en entrevista radial con estas perlas de virrey español (glosas en cursiva y resaltado en negrilla son míos): Hay que “volver a someter al niño malcriado” (comparte el primer sometimiento y avanza en nueva cruzada). “No es posible que les tengamos que sostener gratis, que les tengamos que regalar educación, que les tengamos que regalar salud, que les tengamos que hacer infraestructura modesta como ellos la quieren, y que ellos se nos vuelvan en una república independiente” (los derechos como un regalo de los dueños del poder económico y no como un deber del Estado con toda su población, ¿pero que regalan estos señores?). “Hoy es el momento de volverlos a conquistar, ellos perdieron sus territorios en la colonia y yo creo que hoy no vamos a devolvernos 250 años para darles derecho sobre un territorio que es de todos los colombianos y que todos los colombianos lo hemos mantenido (¿y los territorios que han conservado las comunidades, y las legalidades que así lo confirman? ¿Quiénes somos los colombianos, solo los de la ANDI? ¿De dónde acá que son los de la ANDI los que han cuidado los territorios? ¿Los indígenas son colombianos?)”. “Estamos invitando a las comunidades indígenas a que se formen y se acostumbren al trabajo porque ellos no nacieron para el empleo”. (¿Quién trabajó durante la colonia y la conformación de la república? ¿Quién trabaja ahora?: seguramente no la elite autoclasificada como blanca). […] “Yo no digo quitársela [la tierra], digo que les debemos poner unos límites, dejar una región para que ellos cuiden la mama pacha, para que ellos preserven sus costumbres, sus tradiciones, sus valores, ese es un valor cultural ante la humanidad muy grande que no lo podemos perder (¡que condescendiente!), pero tampoco podemos tolerar el mal trato al hijo malcriado y ellos son unos niños malcriados que tenemos que reeducar todos los colombianos” (reeducar es palabra grata a las grandes dictaduras: hacer que el otro piense como yo, sin más opción).

Muchos tal vez se sientan identificados con lo expresado por este dirigente gremial, por lo menos en el Cauca. Porque la verdad es que la Colombia multiétnica y pluricultural de la Constitución de 1991 no cambió la concepción de país plasmada en la Constitución de 1886 que tuvo una vigencia de más de 100 años o, mejor, el colonialismo y poscolonialismo de más de cinco siglos, como lo podemos apreciar en los siguientes hechos:

En el Cauca, recién promulgada la Constitución de 1991, empezaron a verse pasacalles amenazantes en la vía Panamericana con la consigna “NO a las Entidades Territoriales Indígenas, ETIS”, patrocinados por los congresistas liberales y conservadores.

Como desarrollo de la Ley 388 de 1997 (Congreso de Colombia, 1997), así como de la implementación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural de la Ley 160 de 1994 (Congreso de Colombia, 1994), durante el proceso de formulación de los Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT hubo casos en los que se pretendió prohibir la compra de tierras para comunidades indígenas en municipios como Piendamó, Cajibío e incluso Caldono.

Durante el periodo de Juan José Chaux (2004-2006) como gobernador del Cauca se dio una directriz al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, en donde se dividía el departamento entre territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos, prohibiendo la compra de tierras para cada uno de estos sectores poblacionales en territorios distintos a aquellos en los que habían sido clasificados. Esto, que a primera vista puede parecer una medida de protección, se constituyó en aquel tiempo en un seguro para los grandes terratenientes, ganaderos y agroindustriales, cuyas tierras fueron clasificadas como parte de los territorios afrocolombianos y/o campesinos, de manera que los indígenas no pudieran entrar allí. Esta clasificación quedó muy marcada en el imaginario de gran parte de la población del Cauca y en varios casos, ha sido la base de conflictos interétnicos.

El ordenamiento territorial actual

La distribución del sector rural en el Cauca es aproximadamente así: un tercio de la población es campesina, otro tercio afrocolombiana y el tercio restante indígena. En términos de la propiedad de la tierra, con base en el registro catastral, se calcula que una cuarta parte del área aproximadamente corresponde a los indígenas, otra cuarta parte a los afrocolombianos y dos cuartas partes a la población sin adscripción étnica, es decir, a los campesinos y a los grandes terratenientes, encontrándose en este último segmento un alto grado de concentración de la propiedad de la tierra (Caballero Fula, 2011).

Hasta ahora la reivindicación territorial, con contenido más allá de la propiedad de la tierra, ha sido más fuerte en la población indígena y en parte en la población afrocolombiana, coadyuvado ello por la característica de la propiedad comunal como imprescriptible, inalienable e inembargable. Ello se ve reforzado por derechos constitucionales como la consulta previa, el gobierno propio y la jurisdicción especial, además de figuras sin desarrollar como las Entidades Territoriales Indígenas (República de Colombia, 1991).

Los campesinos se han aproximado en las figuras de las Zona de Reserva Campesina, ZRC, y Territorios Agroalimentarios y/o Agroambientales, a los derechos territoriales y a la propiedad colectiva. En el Cauca los campesinos plantean seis ZRC (Salinas Abdala, 2014) y también un Territorio Agroambiental en el Macizo Colombiano, así como varios Territorios Agroalimentarios.

La dinámica del modelo de desarrollo imperante, extractivista y de acumulación a través del despojo, para poder ser aplicada, se adhiere a una concepción de Estado centralista distinta, en mucho, a la prevista en la Carta Política de 1991 (República de Colombia, 1991), desconociendo no solo los derechos territoriales de las poblaciones étnicas y campesinas, sino también los de los departamentos y municipios. Actualmente, estos entes territoriales no tienen capacidad de decisión y, por el contrario, a través del Plan Nacional de Desarrollo y de normas como los Planes Departamentales de Aguas, o de la asignación de las inversiones el gobierno central los obliga a desarrollar e implementar políticas ideadas en Bogotá. La Nación ha “ordenado” el territorio a partir del desarrollo de infraestructuras, las concesiones de exploración y explotación minera, la asignación de créditos y subsidios para la agroindustria, la presencia militar, los Planes de Consolidación Territorial, los Contratos Plan, la judicialización de líderes populares, la importación de alimentos, entre muchos otros.

La propiedad de la tierra para las comunidades es una garantía fundamental, pero en algunos casos el título de propiedad resulta prescindible para quienes tienen el poder, por ejemplo, cuando el Estado declaró constitucionalmente ser propietario del subsuelo, así mismo habilitó un camino para decretar la explotación del subsuelo como un interés de la Nación, pasando por encima de los derechos sobre la tierra de los sectores con menor poder. La andanada contra la territorialidad indígena y, específicamente, contra los títulos coloniales (Caicedo, 2011) busca evitar que las comunidades rurales reclamen algo más que la propiedad del suelo, concebida como derecho rentístico o como objeto de venta.

El reto grande para el movimiento popular es pasar de ese ordenamiento territorial que se viene haciendo desde el modelo dominante, en el cual las poblaciones locales desaparecen en el corto y mediano plazo, a uno propio, que permita la permanencia de las poblaciones en sus territorios y su biodiversidad. Ello también implica articular lo rural con lo urbano, complementando y dinamizando la relación campo-ciudad.

Desde las organizaciones del Espacio Regional de Paz del Cauca3 (2015) se ha planteado un ordenamiento territorial popular que tenga en cuenta los usos actuales y potenciales, la tenencia de la tierra, las necesidades de las poblaciones, el manejo eco-sistémico, las relaciones campo-ciudad, la construcción de la Región Pacifico y/o Suroccidente, entre otros. Este ordenamiento territorial tiene las siguientes características:

Las decisiones son tomadas por las poblaciones locales.

Planes de resistencia de las poblaciones locales que combinan la exigencia de derechos, el avance normativo e institucional sobre el territorio, y la desobediencia civil.

Es acorde con las tradiciones, la cosmovisión y el ecosistema de las poblaciones locales.

Tiene en cuenta figuras territoriales como los resguardos y los territorios ancestrales indígenas, los territorios colectivos de las comunidades negras, las zonas de reserva campesina, las zonas agroalimentarias, las zonas de biodiversidad, y los territorios interétnicos e interculturales.

Sus prioridades son la alimentación de las poblaciones locales, la soberanía alimentaria del país, la biodiversidad y la unidad en la diversidad, con permanencia de las poblaciones en sus territorios.

El ordenamiento territorial popular es la base para el diálogo con sectores empresariales y con inversionistas. En función de las decisiones colectivas de las comunidades locales es que deben preverse las inversiones, fundamentalmente respetando la cosmovisión de las gentes que viven allí y las garantías mínimas para una buena vida. Por razón de lo anterior, los conflictos que se deben resolver para lograr el tipo de ordenamiento coherente con las ideas que han sido planteadas son:

Conflictos por tenencia y propiedad de la tierra en el departamento:Alto grado de concentración de la propiedad de la tierra.Tensiones entre la propiedad colectiva y propiedad privada.Tenencia sin títulos de propiedad vs. leyes sobre baldíos vs. acciones de violencia y expulsión de poblaciones.Entrecruzamiento de los derechos y/o de las aspiraciones territoriales de las poblaciones étnicas y culturales como resultado de las políticas de imposición y exclusión a lo largo de la historia, y que constituyen una de las bases de los conflictos interétnicos e interculturales.

Conflictos por los usos del suelo: Uso actual vs. uso potencial (conservación/producción forestal/agroforestal/agricultura/ ganadería). Macroproyectos agroindustriales vs. economía campesina.Cultivos ilícito vs. bosque natural y/o silvicultura.Uso del suelo vs. explotación del subsuelo.

Conflictos por el agua: Represas vs. fincas y parcelas de economía campesina. Usos para consumo humano vs. proyectos agropecuarios y/o mineros (algunos están asociados a problemáticas de contaminación y/o envenenamiento). Usos para agroindustria vs. minería vs. economías campesinas. Manejo y control de las cuencas a manos de instituciones vs. manejo por las comunidades locales. Planes Departamentales de Agua y Ley de Servicios Públicos (empresarización y privatización) vs. intereses de las poblaciones de las cuencas y de los consumidores aguas abajo.Pesca artesanal vs. pesca industrial vs. transporte marítimo y fluvial vs. explotación petrolera en mar abierto.

Impacto de los acuerdos de La Habana en el ordenamiento territorial

En términos generales, desde el movimiento indígena del Cauca la solución política del conflicto armado se valora positivamente como el desmonte de factores de violencia. Ello no es óbice para que, a la vez, se consideren amenazas y oportunidades como:

Amenazas:

Se hace más fácil la entrada de macro-proyectos que anteriormente eran calificados de alto costo y alto riesgo por la presencia de la guerrilla y demás actores armados.

Posible desconocimiento de derechos diferenciales por parte de los agentes de la Administración Pública o representantes de empresas (territoriales, jurisdicción indígena, gobernabilidad, entre otros).

Oportunidades:

A pesar de que en un momento puedan aumentar los grupos ilegales y la delincuencia común, serán más fácil de ubicar ya que no existirá la confusión de múltiples violencias, presentándose una oportunidad para que en el mediano plazo se erradique la violencia armada de la dinámica de los conflictos.

El Estado no podrá seguir criminalizando y señalando a los líderes de los diferentes movimientos social como parte del engranaje de la lucha armada.

Será posible desarrollar iniciativas económicas, asociativas y comunales desde el campo popular sin que existan imponderables causados por la violencia del conflicto armado.

Se posicionaría la figura de propiedad colectiva en el campo, lo que daría nuevas formas a la participación real de las comunidades en el ordenamiento territorial, en la toma de decisiones, y en las dinámicas económicas y ambientales.

Acorde con lo señalado, a continuación se presentan algunas consideraciones sobre los temas avanzados en La Habana:

Acuerdo sobre el primer punto de la agenda “hacia un campo colombiano: reforma rural integral”

El punto 1 de este acuerdo (Mesa de Conversaciones, 2014) es muy amplio y deja abierta varias opciones. Todo depende de voluntades políticas y, sobre todo, de la fuerza de las organizaciones sociales para exigir sus derechos por fuera de los acuerdos.

Gran parte de lo pre-acordado en este punto había sido planteado por el gobierno nacional en la propuesta de ley de desarrollo rural (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012), a la cual, se opusieron organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. En la concepción del gobierno, la asistencia técnica, los subsidios, los créditos y los estudios de factibilidad están atados a productos rentables en el mercado internacional y, por lo tanto, definidos con anterioridad. Así, la única opción que tiene el campesino es la de vincularse a una cadena productiva, en donde son los grandes empresarios los que ponen las condiciones.

Cabe señalar el papel débil que juega en el acuerdo la seguridad alimentaria y nutricional, reducida a un subsistema desligado de la producción campesina en general, y de la soberanía alimentaria del país.

El gobierno nacional parece haber cedido en este acuerdo en temas de tierras, sin embargo, no asume una verdadera política redistributiva, amarrando su cumplimiento a mecanismos crediticios y a la conformación de instituciones locales para dirimir los conflictos de tierras.

No es claro en qué sentido incidirán las FARC en el direccionamiento político del país luego de la firma de los acuerdos de paz ya que en el transcurso de su existencia han manejado el paquete tecnológico que se generó en la época de las revoluciones verdes, del desarrollo y la productividad, y no han mostrado un discurso crítico hacia la nueva ruralidad. Pero no hay que olvidar que este grupo apoya la reforma agraria cuya base es la distribución equitativa de la tierra y, seguramente, en esto podrán presionar la política tradicional del gobierno.

Este primer acuerdo abre un escenario político en el que estará a la orden del día el tema de la reforma agraria, que había sido cerrado por la oligarquía colombiana desde el pacto de Chicoral, firmado en 1972, y que difícilmente se ha vuelto a abrir (Machado C., 2009). Las comunidades indígenas han mantenido vigente el tema de la reforma agraria, y, de una manera sorprendente, las movilizaciones campesinas de 2013 lograron replantearlo de una manera más amplia ante el país.4

De otro lado, el acuerdo posiciona a las Zonas de Reserva Campesina, ZRC. El gobierno ha hecho que el Congreso de la República apruebe la figura de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, ZIDRES, las cuales, son complementaria a las ZRC, sin embargo, con las ZIDRES lo que se logra fundamentalmente es que los baldíos no sean de destinación específica para las poblaciones campesinas y/o para las comunidades étnicas, sino para el uso de los empresarios, disminuyendo las posibilidades de tierras para las ZRC y, paradójicamente, comprometiéndolas con la agroindustria.

Es de recalcar que algunas organizaciones indígenas y afrocolombianas, particularmente la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) y el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), han mostrado su preocupación por el peso que se ha dado a las ZRC en los acuerdos de la Habana. ¿Si esta figura ya existe en la ley colombiana, de que se trata ahora? Al movimiento indígena le preocupa que en la Habana se esté haciendo delimitación de ZRC y, de ser ese el caso, que haya cruces con la territorialidad indígena. El gobierno colombiano ha dicho que es su obligación constitucional respetar los resguardos y que no se afectarán los derechos territoriales indígenas, pero las comunidades no confían en sus palabras. Hay situaciones recientes en las que fue desconocida la aplicación de la consulta previa5 o casos en los cuales no se reconoce la exención de pago del impuesto catastral desde el Ministerio de Hacienda a los municipios6, aduciendo que no hay resguardos en casos donde hasta ahora se habían reconocido (Caicedo, 2011).

El gobierno en sus actuaciones está diciendo que solo reconoce como resguardos a los constituidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, y/o por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, dejando por fuera a los resguardos coloniales, sujeto el reconocimiento de éstos a estudios de títulos. ¿Qué tal que en la mesa de La Habana o después en el post-acuerdo, en el caso que estuvieren delimitando, tomaran como base un listado de los que, retorciendo la norma, elaboran el Ministerio del Interior o el IGAC, y que allí se sintieran con la tranquilidad para conformar ZRC sobre gran parte de los resguardos de la cordillera Andina, los cuales tienen títulos coloniales? Seguramente la conflictividad que se generaría sería muy grave.

La verdadera transformación del campo, en un sentido campesino, indígena y afrocolombiano, con garantía de soberanía alimentaria y agua para los habitantes del campo y la ciudad, será el resultado de procesos organizativos y de lucha como los expresados en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (2014). Los acuerdos en La Habana generarán un escenario en el que la reforma agraria tendrá un tratamiento más explícito ante la opinión pública y la suerte de la misma dependerá de la dinámica social de acercamiento y visión de país compartida por los sectores sociales o, en caso contrario, de su división y/o aceptación parcial del modelo de desarrollo para el campo que el gobierno nacional busca hegemonizar.

Por su parte, las propuestas de las organizaciones del Espacio Regional de Paz del Cauca (2015) adquieren mayor validez y posibilidad en el escenario del post-acuerdo pues van más allá de lo planteado por el alto comisionado Sergio Jaramillo Caro (2014), que se circunscribe a la participación e institucionalidad local, pero no da peso al ordenamiento territorial y a la legislación vigente, los cuales, generan injusticia.

Acuerdo sobre el segundo punto de la agenda: participación política

El CRIC considera que el punto 2 de este acuerdo (Mesa de Conversaciones, 2013) recoge las iniciativas y preocupaciones que los movimientos sociales y políticos alternativos han planteado a raíz de las dificultades para implementar la democracia participativa y representativa definida en la Constitución de 1991 (República de Colombia, 1991). No obstante, es de anotar que el carácter general del acuerdo no permite vislumbrar de qué manera será diferente a esfuerzos en el mismo sentido que se han hecho durante las tres últimas décadas y que han fracasado.

El tema sobre las circunscripciones especiales transitorias de paz, la cuales, se aplicarían en las zonas más afectadas por el conflicto armado, ha causado alarma en las comunidades indígenas. Si bien no se ha hablado en La Habana de que sean circunscripciones específicas para el partido o movimiento que se constituya para la participación política de los miembros de las FARC, estas podrían convertirse en una desventaja para los movimientos locales y/o de circunscripción indígena, ya que se prevé que el partido o movimiento que se constituya tendrá amplios recursos económicos para desarrollar su proselitismo. Esta preocupación se basa en que en el escenario popular se da una disputa política y que las FARC representan una tendencia política que, en varias ocasiones, ha utilizado sus recursos armados en contra de las organizaciones o procesos indígenas, y ahora podría utilizar de manera desmedida sus recursos económicos y políticos.

Hay que reconocer que las circunscripciones especiales transitorias para la paz están concebidas para potenciar la participación política de partidos y movimientos sociales en zonas que requieren de medidas especiales. El movimiento indígena del Cauca no se ha opuesto a las mismas, sino que exige ser consultado para que ello represente en la práctica un mejoramiento de la democracia en las zonas y no una transformación que elimine o atente contra la democracia local que se ha venido construyendo con tanto esfuerzo.

Acuerdo sobre el cuarto punto de la agenda: solución al problema de las drogas ilícitas

El punto 4 de este acuerdo (Mesa de Conversaciones, 2015a) tendrá un alto impacto en algunas comunidades indígenas del Cauca, en las cuales, los cultivos ilícitos tienen un gran peso económico, y amenazan la gobernabilidad y la cultura. En todo caso, las comunidades indígenas reconocen que este es un problema originado por el fracaso de la reforma agraria en el país y del cierre de las posibilidades para las economías campesinas.7 Aunque las comunidades indígenas del Cauca se han opuesto organizativamente a la siembra de estos cultivos para el narcotráfico, entienden que no pueden decidir y actuar en pos de su total erradicación ya que no cuentan con una alternativa productiva que genere ingresos económicos a los comuneros que actualmente sobreviven a partir de los mismos. La solución que se plantea va encaminada a posibilitar las condiciones para el desarrollo de una economía campesina integral y no de la sustitución de un cultivo ilícito por otro licito. Además, se critica que no solo los cultivos para el narcotráfico son ilícitos, sino que, con las reglas fitosanitarias y de patentes, hasta la panela, la leche, la carne y las semillas nativas son ilegales, lo cual, refuerza el argumento de actuar para el salvamento y la garantía de las economías campesinas en su conjunto.

Desde las comunidades indígenas se ha extrañado que en este acuerdo no se contemplen los usos alternativos de estos cultivos, por ejemplo, alimenticios, medicinales, entre otros.

Las comunidades indígenas y afrocolombianas han planteado que la planeación de programas o economías de sustitución de cultivos ilícitos debe hacerse con la participación decisoria de sus autoridades en el marco de los planes de vida de cada comunidad. Esto también aplica para los planes para desminar las tierras sembradas con minas antipersonales.

Acuerdo sobre el punto de víctimas

Hay desarrollos importantes en el acuerdo víctimas con el sistema integral de verdad, justicia y reparación (Mesa de Conversaciones, 2015b), y sus cinco componentes. Todos ellos dejan expectativas y marcan rutas para que las comunidades indígenas puedan exigir sus derechos como victimas colectivas e individuales, y avanzar en un proceso de convivencia.

No obstante, las comunidades indígenas han mostrado su preocupación con respecto a la relación de la jurisdicción especial para la paz y la jurisdicción especial indígena (Consejo Regional Indígena del Cauca, 2015), ya que hay combatientes y/o milicianos de las FARC juzgados y condenados por las comunidades, y varios procesos están en curso. Aunque el acuerdo habla de la coordinación de estas jurisdicciones, no es claro cómo se hará. El desconocimiento de la jurisdicción indígena significa un riesgo muy grande para la credibilidad y la confianza de las comunidades en el ejercicio de sus derechos, y pondría a la jurisdicción indígena, uno de los pilares de su autonomía, en entredicho.

Acuerdos sobre el fin del conflicto

Más allá de las decisiones a las que se ha llegado sobre el cese del fuego bilateral, las comunidades indígenas han manifestado su inquietud sobre cómo va a ser el proceso de reincorporación de los excombatientes indígenas a sus comunidades (Consejo Regional Indígena del Cauca, 2015).

Alias Matías Aldecoa, comandante de las FARC, afirma que “allá [en el Cauca], guerrilleros y milicianos [indígenas] en un 98 o 99% componen los frentes” (Séptimo Día, 2015). Independientemente de si este porcentaje corresponde a la verdad o no, lo cierto es que algunas autoridades indígenas opinan que “sumando de aquí y de allá” más de mil combatientes y/o milicianos indígenas retornarán a sus comunidades en el departamento. ¿Respetarán los excombatientes reincorporados en sus comunidades de origen a sus autoridades? ¿Aceptarán las normas internas? ¿Tendrán su instancia de decisión en la comunidad o en un proyecto político externo? ¿Querrán imponerse por medio de la fuerza o la violencia? O, por el contrario, ¿emplearán sus capacidades y niveles de liderazgo y comprensión política para fortalecer el proceso propio de la comunidad? Las comunidades indígenas temen que esto pueda desestructurar sus niveles organizativos y, por lo tanto, proponen que el proceso de reincorporación de excombatientes sea concertado entre el gobierno nacional, los voceros de las FARC y las autoridades propias de cada pueblo.

Referencias

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SÉPTIMO DÍA. (2015, Agosto 3). “Desarmonización la flecha del conflicto”. Bogotá: programa de televisión emitido por Caracol T.V.

Notas

Ponencia presentada en el Seminario Conflictos territoriales y acuerdos de paz en Colombia, organizado por Maestría en Ordenamiento Urbano – Regional de la Universidad Nacional de Colombia en la ciudad Bogotá durante los días 25 y 26 de febrero de 2016.
Aquí sólo se presentará uno
Conformado por: CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), CIMA (Comité de Integración del Macizo Colombiano), UOAFROC (Unión de Organizaciones Afrocaucanas), Ruta Pacifica de Mujeres, COCOCAUCA (Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base de Pueblos Negros de la Costa Pacífica del Cauca), Movimiento Campesino de Cajibío, ORDEURCA (Organización Urbano Rural del Cauca) y ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca)
Proceso que desemboca en 2014 en la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, manteniéndose, por otra parte, la organización de las dignidades agropecuarias.
La Consulta Previa es el Derecho que tienen las comunidades indígenas a decidir y autorizar la realización de grandes obras de infraestructura que afectan su territorio. Una división del Ministerio del Interior debe certificar que en el área donde se va a realizar un proyecto hay o no hay territorios indígenas y lo está haciendo de manera muy maniquea.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, debe certificar los resguardos existentes en el país ante el Ministerio de Hacienda, para que este pague a los respectivos municipios el costo del impuesto predial de dichos territorios.
Entendidas como las economías de campesinos, indígenas y afrocolombianos.

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Caballero Fula, H. (2016). Acuerdos de La Habana y territorialidad indígena. Una mirada desde el departamento del Cauca. Bitácora Urbano Territorial, 26(2), 95–102. https://doi.org/10.15446/bitacora.v26n2.59297

ACM

[1]
Caballero Fula, H. 2016. Acuerdos de La Habana y territorialidad indígena. Una mirada desde el departamento del Cauca. Bitácora Urbano Territorial. 26, 2 (jul. 2016), 95–102. DOI:https://doi.org/10.15446/bitacora.v26n2.59297.

ACS

(1)
Caballero Fula, H. Acuerdos de La Habana y territorialidad indígena. Una mirada desde el departamento del Cauca. Bitácora Urbano Territorial 2016, 26, 95-102.

ABNT

CABALLERO FULA, H. Acuerdos de La Habana y territorialidad indígena. Una mirada desde el departamento del Cauca. Bitácora Urbano Territorial, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 95–102, 2016. DOI: 10.15446/bitacora.v26n2.59297. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/59297. Acesso em: 29 mar. 2024.

Chicago

Caballero Fula, Henry. 2016. «Acuerdos de La Habana y territorialidad indígena. Una mirada desde el departamento del Cauca». Bitácora Urbano Territorial 26 (2):95-102. https://doi.org/10.15446/bitacora.v26n2.59297.

Harvard

Caballero Fula, H. (2016) «Acuerdos de La Habana y territorialidad indígena. Una mirada desde el departamento del Cauca», Bitácora Urbano Territorial, 26(2), pp. 95–102. doi: 10.15446/bitacora.v26n2.59297.

IEEE

[1]
H. Caballero Fula, «Acuerdos de La Habana y territorialidad indígena. Una mirada desde el departamento del Cauca», Bitácora Urbano Territorial, vol. 26, n.º 2, pp. 95–102, jul. 2016.

MLA

Caballero Fula, H. «Acuerdos de La Habana y territorialidad indígena. Una mirada desde el departamento del Cauca». Bitácora Urbano Territorial, vol. 26, n.º 2, julio de 2016, pp. 95-102, doi:10.15446/bitacora.v26n2.59297.

Turabian

Caballero Fula, Henry. «Acuerdos de La Habana y territorialidad indígena. Una mirada desde el departamento del Cauca». Bitácora Urbano Territorial 26, no. 2 (julio 1, 2016): 95–102. Accedido marzo 29, 2024. https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/59297.

Vancouver

1.
Caballero Fula H. Acuerdos de La Habana y territorialidad indígena. Una mirada desde el departamento del Cauca. Bitácora Urbano Territorial [Internet]. 1 de julio de 2016 [citado 29 de marzo de 2024];26(2):95-102. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/59297

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