Ciencia Política

Victimización vertical y horizontal, transiciones simples y dobles

El profesor Iván Orozco (2005) describe distintos tipos de barbarie o violencia en contextos transicionales de guerra y dictadura. El autor colombiano sugiere distinguir entre la victimización vertical y horizontal, según la clase de violencia ejercida en una dictadura o en una conflagración armada. La victimización vertical es ejercida por agresores poderosos en contra de víctimas relativamente indefensas (2005, p. ¹⁰ ). En ese sentido, es asimétrica y unidireccional: los perpetradores ostentan el monopolio de la violencia, mientras las víctimas solo poseen el discurso de la legitimidad. La victimización horizontal es bidireccional en tanto dos o más partes en conflictos se victimizan entre sí, con el consecuente “colapso de los roles de la víctima y del victimario, así como la carencia de conocimiento sobre quiénes son los ‘buenos’ y quiénes son los ‘malos’” (2005, p. ¹³ ).

Estas categorías suelen estar correlacionadas con las de transiciones simples y dobles. Las transiciones simples requieren el tránsito de un régimen dictatorial o autoritario a uno democrático; las dobles, además, implican transitar desde la guerra hacia la paz. El resultado de esta correlación, según Orozco, supone que la victimización vertical coincide con transiciones simples y ello favorece el componente retributivo de la justicia transicional. En cambio, en transiciones dobles con victimización horizontal prevalece la reconciliación frente a la justicia retributiva (Orozco, 2005, p. ¹¹ ).

Nino y los factores positivos y negativos que afectan la judicialización de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos

Por su parte, Carlos Nino (2015 [1996]) identificó dos conjuntos de factores que inciden en el éxito de los procesos de justicia transicional, con base en la experiencia argentina y su comparación con otros casos de transición de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia. Los procesos de justicia transicional, en el horizonte considerado por el autor, deben ser entendidos como la posibilidad de llevar a cabo juicios selectivos con elementos retributivos en contra de los máximos responsables de las serias violaciones de los Derechos Humanos (DD. HH.) o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH) priorizadas según criterios de diversa índole.

Un primer conjunto que puede encauzar con éxito los juicios de transición está compuesto por los siguientes factores: i) la naturaleza coactiva del proceso, es decir, que la transición sea el resultado de una obligación impuesta (v.gr. juicios de Núremberg); ii) la discontinuidad jurídica, i.e. ruptura entre regímenes normativos y derogación de normas y efectos jurídicos del régimen anterior; iii) la atrocidad de hechos; iv) la cantidad absoluta y relativa de los abusos, i.e. a mayor cantidad de abusos mayor probabilidad de juicios retributivos; v) identificación social con las víctimas de los abusos, i.e. la empatía de la sociedad con el dolor de las víctimas; vi) la restricción de los juicios, i.e. duración y publicidad equilibrada o moderada de los juzgamientos; vii) el liderazgo, i.e. las decisiones estratégicas y valoraciones morales de los líderes de la transición. Estos factores apuntan al juzgamiento de las atrocidades cometidas bajo un régimen dictatorial o una guerra internacional o civil.

Frente al conjunto de factores positivos, existe otro grupo de elementos negativos que tienden a dificultar los juicios de transición: a) la naturaleza consensuada de la transición, i.e. la transición producto de un acuerdo de voluntades o paz negociada; b) el periodo entre los hechos y los juicios, i.e. la dificultad de enjuiciar con evidencias o pruebas cuando ha transcurrido un largo lapso entre las atrocidades y los juicios; c) la identificación social con los autores de los abusos; d) la difusión de responsabilidad, i.e. violaciones perpetradas por diferentes estamentos sociales difíciles; e) la cohesión entre los autores, i.e. solidaridad de cuerpo entre los perpetradores (Nino, 2015, p. 211). De acuerdo con el autor argentino, el equilibrio entre estos grupos de factores permite establecer la probabilidad de éxito de los juicios transicionales ³ .

Estos criterios constituyen una base analítica significativa no solo para evaluar los juicios transicionales, sino también para analizar los procesos transicionales en función de las necesidades de cambios o transformaciones constitucionales profundas. Por ejemplo, el proceso de negociación entre las partes enfrentadas podría hacer imperativo, en las transiciones dobles, un cambio constitucional que implique un nuevo pacto social, si ese aparte constituye uno de los puntos a negociar. La discontinuidad jurídica es otro criterio clave al momento de evaluar la necesidad de un nuevo proceso constitucional para garantizar el éxito de la transición. Ya sea que se trate de una transición simple o doble es posible que se requiera una ruptura con el régimen jurídico o normativo anterior, si es congénito al estado de cosas que se pretende superar.

En cambio, la naturaleza coactiva del proceso transicional, esto es, la derrota de una de las partes en conflicto y la difusión de responsabilidades en las violaciones o abusos de derechos que se quieren dejar atrás son factores que podrían desincentivar las iniciativas de grandes reformas constitucionales o la refundación del Estado. Con independencia del valor negativo o positivo asignado por Nino a cada uno, estos factores deben apreciarse en el contexto específico para establecer cómo influyen en las transformaciones constitucionales con miras a robustecer las transiciones y fortalecer o debilitar las medidas de justicia transicional.

Bell y los arreglos constitucionales para superar los conflictos armados internos

Bell y Zulueta-Fülscher (2016) plantean tres premisas básicas en relación con la hipótesis general propuesta aquí. En primer lugar, resalta una diferencia entre los procesos transicionales simples de la guerra a la paz y las transiciones simples de la dictadura a la democracia. A su juicio, a diferencia de las transiciones desde el autoritarismo, las transiciones de posconflicto deben comprenderse como:

[P]arte de un proceso amplio de arreglos políticos en el que se involucran actores domésticos e internacionales. Este proceso está encaminado a (re)construir el Estado para reconfigurar la forma como se mantiene y detenta el poder, así como para incluir los grupos y actores previamente excluidos de tal forma que se ponga fin al conflicto violento. Fundamentalmente, los procesos de paz implican negociaciones entre el Estado y sus oponentes no estatales, con la perspectiva de incluir a estos últimos en la nueva o revisada estructura estatal. La negociación política ocurre a través de procesos de diálogos formales, usualmente a nivel de las élites, y procesos menos visibles e informales. (p. 85) ⁴ La segunda idea consiste en destacar la relación entre tres nociones distintas: los arreglos políticos (political settlement), las negociaciones de paz y los arreglos constitucionales (constitutional settlement). Estos tres elementos se ponen en juego durante los procesos transicionales de la guerra a la paz en secuencias no lineales. Los arreglos políticos subyacen a los dos otros elementos y deben ser entendidos como acuerdos, transicionales o permanentes, sobre la forma de ejercer y contener o restringir el poder político. Los arreglos constitucionales, por su lado, pueden dividirse en interinos o transicionales, y finales. Los interinos se configuran a partir de las negociaciones y los acuerdos de paz como un vehículo temporal y provisional para asegurar el éxito del proceso. Los arreglos finales tienen una duración indefinida en tanto son las bases que sirven de sustento al nuevo estadio en el que la violencia no es la forma principal de solucionar las diferencias políticas (Bell y Zulueta-Fülscher, 2016).

Las distintas relaciones entre los elementos anteriores permiten establecer, en criterio de la profesora inglesa, cuatro modelos secuenciales: i) acuerdos de paz parcial o cese al fuego que no incluyen arreglos políticos transicionales, pero están encaminados a la elaboración de una constitución final o una revisión fundamental de la constitución anterior (en este modelo o patrón, la autora incluye a Colombia y El Salvador); ii) arreglos políticos transicionales como parte de los acuerdos de paz que llevan a una constitución final; iii) constitución interina o provisional, algunas veces precedida por un acuerdo de paz o cese al fuego, que cumple el rol de asegurar el acuerdo y sienta las bases para dirigirse hacia la constitución final; y iv) una combinación del modelo ii) y iii), en la que arreglos políticos transicionales seguidos por una constitución interina ambientan el tránsito hacia una constitución final.

Estos modelos pretenden responder a ciertas cuestiones, como: ¿en qué medida un nuevo marco constitucional debería estar basado en un acuerdo previo sobre la naturaleza del Estado y en qué medida la constitución puede ser un vehículo para alcanzar ese acuerdo? ¿Puede el proceso constituyente ser exitoso en contextos en los que no hay un acuerdo previo y el conflicto continua? ¿En qué circunstancias el desarrollo de un proceso constitucional con amplias bases sociales puede respaldar o socavar un acuerdo de paz entre los actores político-militares para terminar el conflicto armado? (Bell y Zulueta-Fülscher, 2016). Estas preguntas adquieren especial relevancia para la hipótesis general que intento desarrollar en este trabajo.

La tercera propuesta de la autora inglesa tiene que ver con la hipótesis específica planteada en la introducción de este trabajo. Bell (2017) señala que las dinámicas de negociación política están relacionadas con el diseño y la implementación de los mecanismos de justicia transicional. En las transiciones desde el autoritarismo, las instituciones de la justicia transicional vienen dadas por el consenso expandido acerca de los fines normativos de las democracias. Es decir, si se quiere transitar hacia la democracia se sabe de antemano cuáles son, en buena parte, los requerimientos del nuevo régimen político, y las medidas de justicia transicional deben ajustarse a tales requerimientos. Pero, en transiciones de posconflicto, los mecanismos de justicia transicional son diseñados sin contar con un consenso previo sobre los fines últimos y la naturaleza del Estado.

En las transiciones de la guerra a la paz, la autora considera que deben examinarse cinco factores que influyen en el diseño y la efectividad de las medidas de justicia transicional, a saber: a) el balance de poder y la naturaleza del acuerdo político-militar; b) la internacionalización del conflicto y de la atmósfera (environment) del posconflicto; c) el sistema regional de derechos humanos y sus estándares en el cual el conflicto tuvo lugar; d) la movilización y el poder político de la sociedad civil (incluidos grupos de víctimas); y e) la escala, naturaleza y contexto del conflicto y su relación con el derecho, esto es, diferentes escalas y naturalezas de conflicto conllevan la aplicación de distintos regímenes legales para su regulación. Por ejemplo, un conflicto doméstico de bajo nivel puede tratarse con base en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero un conflicto de mayor escala con multiplicidad de actores requiere observar, además, el DIH y el Derecho Penal Internacional (DPI) (Bell, 2017, pp. 101-102).

Nótese que Bell opone transiciones simples dictatoriales a las simples de posconflicto, pero en su clasificación no aparecen transiciones dobles. Eso implica tres diferencias respecto de mi hipótesis general y específica. Primero, contrario a mi hipótesis, Bell considera que los arreglos constitucionales y las constituciones finales adquieren relevancia en transiciones de posconflicto, pero no en transiciones desde el autoritarismo. No estaría dispuesto a suscribir esa tesis del todo. Los cambios constitucionales, e incluso nuevas constituciones, pueden resultar necesarias en transiciones desde el autoritarismo producto de negociaciones entre elites políticas. Pero no me ocuparé aquí de desarrollar el argumento en ese sentido. En segundo lugar, Bell postula una tesis amplia que comprende no solo nuevas constituciones, sino también arreglos constitucionales de diferente tipo o grado. Mi hipótesis apunta a la construcción de un nuevo pacto social a raíz de la transición, es decir, una nueva constitución política. Los arreglos constitucionales simples que pueden ser requeridos en cualquier tipo de transición no ameritan una refundación del Estado, sino, a lo sumo, una redistribución de poder entre los grupos en conflicto. Si las transiciones dobles sobreviven con meros arreglos de ese estilo, mi hipótesis se vería desvirtuada o habría necesidad de reformularla.

La tercera diferencia en relación con la hipótesis específica consiste en que Bell da por sentado que el debate por los mecanismos de justicia transicional está cerrado en las transiciones hacia la democracia. Resulta una tesis problemática en tanto las medidas de justicia transicionales son objeto de deliberación en todos los procesos de transiciones, por cuanto su denominador común es la superación de un estado de atrocidades y violaciones de derechos humanos. Ello, per se, conlleva la pregunta acerca de cómo tratar el pasado de abusos y crímenes en contra de la humanidad, con independencia de si es una transición de posconflicto o de democracia y las respuestas a esa pregunta no han sido del todo definidas en ningún escenario (Elster, 2007).

Las perspectivas abiertas por Bell, junto con los factores identificados por Nino y la caracterización propuesta por Orozco, constituyen el aparato analítico básico para estudiar los procesos transicionales en El Salvador y Colombia. El estudio, que acometeré en el siguiente apartado, me permitirá esclarecer la funcionalidad de tales herramientas analíticas. La evaluación será de doble vía: los factores o criterios permitirán evaluar mi hipótesis a la luz de los casos de El Salvador y Colombia, y los casos, a su turno, posibilitarán un examen de las clasificaciones y perspectivas abiertas por los autores referenciados.

Recuento del proceso constitucional en Colombia: guerra y Constitución de 1991

La profesora Bell, como señalé, clasificó los procesos transicionales de Colombia y El Salvador como parte del modelo de secuenciación en el que se pacta el cese al fuego con miras a una revisión profunda de la constitución vigente o una nueva constitución final. Sin embargo, al incluir a Colombia en esa secuencia, consideró el proceso constituyente de 1991 y los acuerdos de paz de finales de la década de los ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, que permitieron la desmovilización de las guerrillas de segunda generación como el Movimiento del 19 de abril (M-19) y otros grupos guerrilleros como el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) o el Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO), entre otros (Villamizar, 2019). Las negociaciones de paz con esa clase de movimientos guerrilleros abrieron el espacio político para convocar una asamblea constituyente y promulgar una nueva Constitución en 1991.

La incorporación política de la principal guerrilla de esa segunda generación, el M-19, que contaba con un significativo apoyo popular, impulsó el cambio constitucional y la reconfiguración del pacto social, en el marco de un golpe de opinión por la vía pacífica promovido por el movimiento civil conocido como La Séptima Papeleta. En efecto, hubo acuerdos de paz que llevaron a una nueva constitución que contó la participación política de los guerrilleros desmovilizados. La nueva constitución fue recibida como respuesta a las demandas de apertura democrática en un país en el que una de las causas estructurales del conflicto es la exclusión política de sectores de la población no alineados con los partidos tradicionales (Liberal y Conservador). La Constitución de 1991 pretendió poner término a la alternancia política y la repartición burocrática entre los partidos políticos tradicionales, y al ejercicio del gobierno a través de los estados de sitios o de excepción (CNMH, 2014, pp. 146-147). En esa oportunidad, los procesos de negociación se efectuaron bajo el amparo jurídico de leyes que habilitaban al presidente de la República a otorgar amnistías e indultos por delitos políticos y conexos (Leyes 77 de 1989 y 7 de 1992).

No obstante, el proceso constitucional derivado de los acuerdos de paz con movimientos guerrilleros de segunda generación no incluyó a las principales guerrillas, las de primera generación, las FARC-EP y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Por lo anterior, la transición de un régimen político más o menos autoritario, y en todo caso excluyente, hacia la apertura democrática tuvo concreción en una nueva constitución, pero la guerra interna continuó entre la fuerza pública y las guerrillas más antiguas. El proceso transicional que llevó a la desmovilización de algunos grupos guerrilleros urbanos y rurales que tuvo lugar a finales del siglo XX en Colombia no es la transición objeto de análisis en el presente artículo, aunque sin duda ese antecedente histórico y político servirá para evaluar las relaciones entre la Constitución de 1991 y el Acuerdo Final de Paz (2016), y para la comparación con el proceso transicional en El Salvador.

Reconstrucción del contexto de la guerra en el que surgió la Constitución de 1983 en El Salvador

El proceso constituyente en El Salvador tiene características diferentes al colombiano. La Constitución de 1983 se promulgó en medio de la guerra entre las fuerzas armadas del Estado y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fundado entre octubre y noviembre 1980 por cinco grupos de oposición armada ⁵ . El 15 de octubre de 1979 fue derrocado el gobierno del General Carlos Humberto Romero y se instauró una Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por civiles y militares, pero liderada por estos últimos. La Junta desató la represión en contra de las manifestaciones políticas de izquierda y se perpetraron algunos de los crímenes más recordados de la historia del conflicto, como el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa; la bomba que luego estalló durante sus funerales y el ametrallamiento indiscriminado contra los civiles que asistían al evento luctuoso, lo que dejó como saldo de veintisiete a cuarenta muertos y más de doscientos heridos (sin cifras consolidadas). El asesinato de Monseñor Romero se convirtió en un símbolo de la lucha contra el Estado represor y violador de los derechos humanos. El 10 de enero de 1981, el FMLN lanzó la “ofensiva final” y realizó ataques en contra de objetivos militares en el país. La guerra abierta entre el gobierno y la guerrilla adquirió entonces las connotaciones de un conflicto armado interno (CV, 1993).

En este contexto, se convocó a elecciones para la Asamblea Constituyente en 1982, la cual acabó conformada por partidos de derecha que respaldaban a las fuerzas armadas estatales en su lucha contra el FMLN, y liderada por el partido político Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Mientras la guerra arreciaba, la Constitución fue sancionada el 15 de diciembre de 1983, sin el concurso de partidos o movimientos políticos de izquierda. En las elecciones presidenciales de 1984, por primera vez en cincuenta años, un civil fue elegido presidente de El Salvador. Cabe anotar que los primeros diálogos e intentos de negociación política entre las partes enfrentadas datan de agosto y septiembre de 1983, en países extranjeros con el auspicio del Grupo Contadora (CV, 1993). Lo anterior significa que, durante los doce años de guerra interna, mientras la violencia escalaba y la población civil sufría sus estragos (Bryce, 1999; Guillermoprieto, 2011; Galán, 2016), se adelantaban procesos de negociación política hasta que culminaron con éxito en 1991.

Sin embargo, la Constitución de 1983 fue concebida de espaldas a esos conatos de diálogo político y de cara a la lucha contrainsurgente desde el Estado. Así, entre las características más destacadas de esa constitución se encuentran dos de especial relevancia. Por un lado, es una constitución de crisis, esto es, concebida para superar la inestabilidad política como resultado del golpe de Estado en 1979 y que se extendió durante los años siguientes (1980-1982), frente a lo cual era primordial reordenar la institucionalidad. En ese sentido, la convocatoria a Asamblea Constituyente, la ratificación interina de la Constitución 1962, la conformación del gobierno provisional en 1982, la Constitución de 1983 y las elecciones de 1984 fueron pensadas como estrategias de superación de la crisis. Por otro lado, se trató de una constitución preventiva, es decir, pretendía contener la amenaza de cambio social que representaba la insurgencia revolucionaria del FMLN y ello implicaba que los partidos políticos de derecha y centroderecha instituyeran la exclusión de las fuerzas políticas de izquierda que apoyaban la sedición (Ortiz, 2017).

Similitudes y diferencias entre los procesos en Colombia y El Salvador

Con lo visto hasta aquí podemos señalar diferencias y similitudes entre los procesos transicionales y constitucionales de Colombia y El Salvador. Una primera similitud es que ambas constituciones tuvieron lugar en medio de la guerra. Pero, la colombiana propició la apertura del debate democrático ⁶ , mientras que la salvadoreña no permitió ese espacio, sino que perpetuó la estructura de poder que alimentaba la guerra. Esto es, la sala de máquinas (la distribución y organización entre los factores reales del poder) (Gargarella, 2015) de la Constitución de 1991, en Colombia, entreabrió sus puertas para permitir la entrada de otros actores políticos. En contraste, en El Salvador la sala de máquinas mantuvo su puerta sellada.

La segunda similitud consiste en que en ambos países la guerra produjo, en los términos del profesor Orozco, una victimización o barbarie horizontal en la que varios actores armados, de distinto orden, atentaban sin miramientos contra quienes consideraban enemigos o colaboradores del enemigo. Aunque se trataba de contextos similares de victimización horizontal, la transición en ambos países precisaba de mecanismos diferentes para superar la barbarie. Mientras en Colombia se necesitaba transitar de la guerra hacia la paz, en El Salvador se requería no solo pasar de la guerra a la paz, sino también moverse desde un régimen autoritario hacia uno democrático. De ahí que tenga razón Orozco (2005) cuando afirma que “El Salvador no representa un caso de transición desde una dictadura estable hacia la democracia, sino desde la guerra civil, simultáneamente hacia la paz y la democracia” (p. 208).

En resumen, los escenarios de Colombia y El Salvador coincidían en que se trataba en ambos casos de una victimización horizontal o barbarie simétrica y sus constituciones se erigieron en medio de ese conflicto armado interno. Las diferencias, por su parte, consisten en que la constitución colombiana sentaba las bases para posibilitar una ampliación democrática, mientras que la salvadoreña mantuvo el régimen político endogámico, lo cual supuso para El Salvador la necesidad de un tránsito simultáneo o doble hacia la democracia y la paz, y para Colombia una transición simple de la guerra a la paz. Ello generó que los acuerdos de paz en ambos países apuntaran a necesidades constitucionales diferentes. Cabe recordar que la comparación que haré a continuación se funda en el Acuerdo Final de Paz (2016) (AFP), celebrado en 2016 entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, y los Acuerdos de Paz de Chapultepec (1991) (APC), suscritos en 1991 entre el FMLN y el gobierno de El Salvador.

Los acuerdos de paz en El Salvador (1991) y en Colombia (2016)

Los APC (1991) están compuestos por nueve capítulos sobre los distintos temas objeto de la negociación. El primer capítulo, quizá el más importante, tiene que ver con la reforma constitucional a las fuerzas armadas para someterlas al poder civil del presidente, sin parcialidades políticas. El segundo recayó sobre la separación de la policía de las fuerzas armadas para constituir una Policía Nacional Civil. El tercero fue sobre el sistema judicial, entre otras, dispuso la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la independencia y la carrera judicial. El cuarto reordenó el sistema electoral e instauró la independencia del Tribunal Supremo Electoral. El quinto trató sobre temas económicos y sociales como la reforma agraria y la cooperación externa para impulsar el desarrollo de las comunidades afectadas por el conflicto. El sexto consistió en la participación política del FMLN ⁷ .

Como se puede apreciar, cada uno de los puntos acordados supuso introducir reformas de hondo calado a la Constitución de 1983, en la medida en que versan sobre la organización del Estado y la naturaleza de la policía y las fuerzas armadas, por ejemplo. Las principales reformas constitucionales recayeron sobre el sistema electoral, la fuerza pública y el sistema judicial, así como la participación política del FMLN. Sobre el tema económico no hubo acuerdo acerca de introducir una reforma constitucional por lo que el sistema socioeconómico se mantuvo intacto (Ortiz, 2017; Cassel et al., 2022). No haré un recuento detallado de cada cambio. Solo me interesa resaltar la magnitud de las reformas que impactaron en los principales órganos del Estado salvadoreño, y que dieron lugar a una transformación de las reglas del juego democrático para transitar hacia un futuro posible de reconciliación.

Por su parte, el AFP (2016) entre las FARC-EP y el gobierno colombiano está conformado por cinco puntos. Primero, la reforma rural integral como mecanismo para superar una de las causas estructurales del conflicto, como es la inequitativa distribución de la tierra y la concentración excesiva. Segundo, la ampliación del espectro político para permitir la participación de otras fuerzas, en especial el partido político de los integrantes de la antigua guerrilla. Tercero, el cese al fuego y la dejación de armas de las FARC-EP. Cuarto, la solución al problema de las drogas ilícitas. Quinto, la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para salvaguardar los derechos de las víctimas del conflicto ⁸ . Las principales reformas constitucionales relacionadas o derivadas del AFP han consistido en artículos transitorios para posibilitar la participación política de las FARC-EP y la implementación de la jurisdicción especial para la paz, instituida para enjuiciar las graves violaciones de los DD. HH. y el DIH, junto con todo el Sistema Integral de Paz o también conocido como SIVJRNR ⁹ .

Una vez más con los elementos anteriores se pueden destacar dos diferencias relevantes entre los procesos bajo examen. La primera ya ha sido apuntada: el proceso transicional de El Salvador llevó a reformas constitucionales más profundas debido a que se trataba de una transición doble, esto es, hacia la paz y la democracia. Ello implicó reconfigurar los principales poderes del Estado, entre ellos, el sistema judicial y electoral, y las fuerzas armadas. El AFP en Colombia, en cambio, no significó una intervención de los poderes u órganos del Estados. El sistema electoral 10 o el judicial se mantuvieron, excepto por la creación de una justicia transicional, y las fuerzas armadas no fueron objeto de la negociación. La segunda diferencia resulta paradójica: pese a que los cambios constitucionales fueron más profundos en El Salvador, los mecanismos de justicia transicional favorecieron el perdón y el olvido, sin atender los derechos de las víctimas; mientras que, con reformas de menor calado, en Colombia los instrumentos de justicia transicional estuvieron encaminados a enjuiciar los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos ocurridos en desarrollo del conflicto ¹¹ .

Después de conocer el informe de la Comisión de la Verdad, la Asamblea Legislativa de El Salvador expidió una ley de amnistía general, el Decreto 486 del 20 de marzo de 1993, con la cual se concedió una amnistía “amplia, absoluta e incondicional” a quienes hubieren participado en delitos políticos o conexos cometidos por mínimo veinte personas antes del 1 de enero de 1992 ¹² . En Colombia, como anoté, la negociación del componente de justicia transicional culminó en la instauración de una justicia especial que provee beneficios a las personas que hayan incurrido en graves delitos en desarrollo del conflicto armado, siempre que aporten verdad o reconozcan responsabilidad y cumplan con las demás condiciones y requerimientos del Sistema Integral de Paz. El sistema de condicionalidades de los comparecientes para la concesión y conservación de beneficios transicionales es mucho más complejo, pero para los fines de este ensayo basta señalar que ninguna de las prerrogativas transicionales otorgadas por la justicia especial para la paz en Colombia es incondicionada, incluidas las amnistías por los delitos menos graves que no constituyen crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Por último, cabe subrayar una similitud entre los dos procesos. Ambos necesitaron de mecanismos expeditos para efectuar las reformas legales y constitucionales a efectos de implementar las medidas contempladas en los APC (1991) y el AFP (2016). El Salvador pudo incorporar las reformas en un plazo razonable con el respaldo de las Naciones Unidas, mediante un procedimiento ad-hoc que permitió realizar las reformas sin pasar por los debates ordinarios de la Asamblea Legislativa (Ortiz, 2017). En Colombia, se adoptó el mecanismo conocido como fast track para darle celeridad a la aprobación de las leyes (Acto Legislativo 01 de

so transicional doble, esto es, se trataba de que Colombia transitara hacia la paz y la democracia, aunque no incluyera a todos los actores armados ilegales, lo que supuso 2016). Aunque el balance de la utilización del fast track puede resultar polémico (Durán y Cruz, 2021), su adopción demuestra la necesidad, en contextos transicionales, de operar cambios legislativos o reformas constitucionales a la mayor brevedad posible para brindar confianza a las partes negociadoras y consolidar los acuerdos de paz.