Ciencia Política

1. La agroecología: de un escenario en disputa a una propuesta política

El término agroecología se ha transformado a través del tiempo. Desde sus inicios en 1950, la agroecología se ha posicionado en el campo de la ciencia como una disciplina que comprende desde los agroecosistemas hasta el sistema agroalimentario. Dotada de menor capital político, la agroecología se distancia filosófica, metodológica y políticamente respecto a la agronomía al cuestionar el orden establecido y plantear formas distintas de abordar las problemáticas de la agricultura actual.

La investigación de Wesel y Soldat titulada “A Quantitative and Qualitative Historical Analysis of the Scientific Discipline of Agroecology” (2009), hace una aproximación histórica a la agroecología. El surgimiento del concepto se da en el año 1928, gracias al agrónomo ruso Bensin, quien sugirió el termino agroecología para describir el uso de los métodos de la ecología en cultivos de plantas comerciales, definiéndola como la aplicación de los principios de la ecología a la agricultura. Entre 1930 y 1960, se publicaron importantes trabajos relacionados con agroecología como el de Friederich, en 1930, que relacionaba los principios de la ecología con los factores ambientales que inciden en la protección de plantas. Esta investigación a su vez planteaba diferentes estrategias para el manejo de plagas, incluyendo el control biológico, el rol de los hábitats naturales y el impacto económico generado por el daño de los plaguicidas al ambiente (Wesel y Soldat, 2009).

Posteriormente, Tischler publica el libro titulado Agroecología en 1965, en el que se analizan los diferentes componentes de los agroecosistemas (plantas, animales, suelos y clima) y sus interacciones, así como el impacto que genera el manejo agronómico convencional sobre estos. Por su parte, en 1979 las investigaciones de Cox y Atkins hacen un análisis de los diferentes factores y las dinámicas en los agroecosistemas, relacionándolas con las cuestiones políticas, económicas y energéticas, respecto a los sistemas de producción agrícola de los países desarrollados y en vías de desarrollo (Wesel y Soldat, 2009, pp. 9-10).

Sin embargo, en la década de 1980 la agroecología toma una fuerza considerable en su número de publicaciones y trabajos relacionados, debido al surgimiento de los debates sobre el desarrollo sostenible. Desde entonces, la disciplina emerge como un marco metodológico y conceptual para el estudio y manejo sostenible de los agroecosistemas con autores como Brauns y Altieri, que incorporan dentro de la agroecología el análisis de la industrialización de la agricultura y los impactos ambientales generados por el uso de herbicidas, fertilizantes y la contaminación asociada a las prácticas de producción agrícola.

Otras orientaciones del enfoque agroecológico han surgido desde investigaciones basadas en los sistemas agrícolas tradicionales y en los agroecosistemas de los países tropicales. Investigaciones como las de Arrignon en 1987 y las de Mendoza en 1981 han reconocido en esos países, los diversos ejemplos de manejo tradicional de agroecosistemas de base ecológica para la producción agrícola y un fuerte relacionamiento entre cultivos, producción animal y manejo de recursos naturales (Wesel y Soldat, 2009).

Los métodos agrícolas desarrollados por los pueblos indígenas y comunidades campesinas le aportan a la agroecología las bases para la formulación de hipótesis y para el diseño de sistemas de producción alternativos (Altieri, 1992). Por tanto, la agroecología desde su enfoque teórico y práctico, asume una postura crítica frente al modelo de producción dominante, puesto que se basa en los aportes de los pueblos indígenas y campesinos y en las innovaciones de la producción alternativa, para el desarrollo propio de las comunidades rurales.

Durante la década de 1990, la relevancia de la agroecología se fortaleció en el contexto de las discusiones relacionadas con la agricultura sostenible, especialmente en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992 y los convenios posteriores como el de la Diversidad Biológica en 1994. En ese momento, se visibiliza como una práctica fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible y la protección del ambiente por su impacto en la soberanía alimentaria, la generación de empleo e ingresos, la protección de los bienes naturales, la reducción de la vulnerabilidad del sector agrario y el reconocimiento de los derechos de los agricultores.

Es entonces cuando la agroecología adquiere especial relevancia en los debates del desarrollo rural, especialmente en los Estados Unidos y América Latina, al cuestionar la insostenibilidad del modelo de agricultura industrial y plantear una visión alternativa de la producción, cercana a la agricultura orgánica y a los sistemas tradicionales indígenas y campesinos.

En esta construcción histórica, la agroecología pasa a comprender el conjunto de relaciones entre los procesos de producción agropecuaria, los aspectos culturales, sociales y económicos que influyen en ellos, abarcando el conjunto de relaciones e interdependiencias de lo agrario e incorporando todos los elementos necesarios para contribuir a la sostenibilidad del desarrollo rural, desde una perspectiva ambiental. Por lo tanto, crea nuevas formas de conciencia social y política, nuevas herramientas conceptuales y metodológicas –de campesino a campesino,¹ diálogo de saberes–, para la comprensión integral de los problemas ambientales, económicos y territoriales y la generación de propuestas alternativas que mejoren la calidad de vida, reivindiquen el conocimiento ancestral y fortalezcan la participación política de las organizaciones en el marco de la defensa del territorio.

La agroecologia se entiende entonces como un enfoque sistémico que permite comprender integralmente el funcionamiento de los agroecosistemas, analizar las problemáticas agrarias desde una perspectiva ambiental y construir alternativas comunitarias para dar respuesta a necesidades concretas con autonomia, especialmente en la disponibilidad de alimentos y agua. En este sentido se convierte en un referente para el reconocimiento de nuevos sujetos políticos con capacidad para actuar frente a las condiciones sociales, económicas y políticas que han desfavorecido históricamente los territorios rurales.

2. La cuestión agraria en el marco del conflicto colombiano

Históricamente, en las zonas rurales de Colombia la población ha estado involucrada en la agricultura tradicional –que en general comprende el uso eficiente del entorno natural, redes de intercambio y mercados locales para el auto sustento–. Sin embargo, las transformaciones del sector agropecuario hacia la agricultura moderna han incidido de manera negativa en las dinámicas sociales y económicas del campo, pues debilitan la producción de alimentos de consumo directo, deterioran las condiciones de vida rural y contribuyen con la profundización de conflictos sociales y armados (Fajardo, 2014a).

Estas transformaciones se han dado en el marco de una elevada concentración de la propiedad agraria, que ha estimulado el conflicto con especial severidad en términos de muertes, destierros y despojo por más de 50 años. Estas situaciones se relacionan con el nivel de concentración de la propiedad agraria que muestra un coeficiente de Gini de 0,85 y con el uso inadecuado de las tierras, como consecuencia de una institucionalidad frágil, permeada por los poderes terratenientes, de la exclusión de las comunidades rurales al acceso a la tierra y por la participación política de los sectores interesados en perpetuar las relaciones políticas de control de la tierra y de la fuerza de trabajo; todo esto impide que dichas situaciones puedan resolverse por la vía de una reforma agraria (Fajardo, 2014a).

La violencia histórica ha condicionado el accionar de las instituciones locales (estatales y comunitarias), la organización política de las comunidades, la configuración de redes de intercambio y la provisión de alimentos y semillas, lo que compromete la disponibilidad y acceso a alimentos, las prácticas de producción agrícola tradicional y la agrobiodiversidad. Esto tiene como consecuencia múltiples desplazamientos de las comunidades rurales y el empobrecimiento rural y urbano (Zuluaga y Arango, 2013).

Estas consecuencias del conflicto son visibles en los casos de desplazamiento forzado. Según las cifras del 2014 del Registro Único de Víctimas (RUV), entre los años 1990 y 2013 se registraron más de 5.085.692 de estos casos en el país. De acuerdo con el informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2013), el fenómeno del desplazamiento forzado dejó un saldo de 6.000.000 de hectáreas abandonadas, gran parte de ellas pertenecientes a pequeños propietarios cuyos predios tenían un área promedio de 13 hectáreas.

La apropiación desigual de tierras y territorios no solo ha tenido implicaciones de tipo social y económico en las zonas rurales, sino que ha presionado los ecosistemas, con pérdidas de biodiversidad, de hábitats, deforestación, fragmentación, homogenización del paisaje, afectación a las culturas y saberes tradicionales, que se dan como una imposición de determinados intereses económicos y políticos sobre los territorios. Y son estos intereses, enmarcados en unas relaciones de poder que asumen a la tierra como un bien apropiable, los que suscitan un relacionamiento vertical y colonial con los territorios y todos los elementos que lo componen (ecosistemas y culturas).

Concretamente, la pérdida total de bosque natural en Colombia entre 1990 y 2010 fue de aproximadamente 6.206.000 hectáreas (5.4% de la superficie del país), ubicadas principalmente en las regiones de los Andes y la Amazonía, en función de los procesos de deforestación, instalación de sistemas productivos –especialmente ganaderos–, expansión de la frontera agrícola, colonización y concentración de tierras aptas para la agricultura (Cabrera et al., 2011). Este proceso afectó principalmente las interrelaciones entre las culturas y los ecosistemas, y las formas de propiedad colectiva que de acuerdo al DANE (2014) representan el 30% del territorio nacional.

El poder terrateniente y empresarial agrario en alianza con la política tradicional, ha concentrado la tierra e impedido, mediante confrontaciones políticas y armadas, los intentos de reforma agraria y de ordenamiento de la propiedad territorial a cargo del Estado, con el fin de perpetuar las relaciones políticas propias del latifundio. A su vez, la debilidad del Estado frente a este poder, sumado a un modelo de producción agrícola que lo beneficia, ha incidido en la profundización de los problemas de desigualdad y violencia, lo que genera un progresivo debilitamiento de las comunidades étnicas y campesinas, percibidas como un grupo social atrasado, ineficiente e incapaz de aportar al país mediante la concreción de sus propios sistemas de vida. En este sentido, en lugar de solucionar los problemas de desigualdad, concentración, pobreza y violencia, el modelo de desarrollo rural ha beneficiado a los grandes propietarios bajo la idea de que la tecnificación e industrialización son el camino hacia el desarrollo.

Por tanto, las estrategias hacia el campo desde la apertura económica en 1990, han avanzado sin que disminuyan las condiciones de pobreza y marginalidad, lo que facilita, entre otras, el ingreso del país al mercado mundial de drogas ilícitas (Fajardo, 2014b). Con la ampliación de la influencia de esta economía se profundizaron los impactos sociales, especialmente en la concentración de la propiedad de la tierra rural, el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales, el aumento de la violencia y el desplazamiento de la población hacia los centros urbanos (Thoumi, 2002).

En Colombia, el proceso de modernización de la agricultura ha mantenido un nivel importante de exclusión social, asociado a un desarrollo agrícola que busca mantener los rendimientos en niveles significativos, centralizando los procesos de producción, teniendo como consecuencia el aumento del conflicto armado, social y ambiental que vive el país. Esta situación obedece a que la tierra y la naturaleza en Colombia han sido concebidas como un símbolo de poder. A través de contrarreformas agrarias se ha determinado su acaparamiento mediante instrumentos de política como incentivos para la empresarización, estímulos a las rentas, transferencia de tecnología, infraestructura, apertura a mercados internacionales y las desregulaciones a la propiedad rural.

De acuerdo con Fajardo (2014a), el fenómeno de despojo de tierras a los campesinos se ha llevado a cabo por vía de instrumentos legales de política y el desarraigo por medio de la violencia, la militarización, la ausencia de garantías al acceso a tierras adecuadas y el desplazamiento a zonas inhóspitas que han expandido la frontera agrícola. Esta expansión como consecuencia de la concentración de la propiedad rural ha generado impactos ambientales:

Entre 1984 y 2011, la superficie registrada de la frontera agraria pasó de 35.8 a 40.2 millones de hectáreas, área que fue apropiada en cerca del 24% por las fincas superiores a las 1.000 hectáreas, las cuales capturaron más de un millón de hectáreas de la nueva frontera, cifras que solamente representan los predios registrados. (Fajardo, 2014a, p. 40)

Las tierras despojadas, los desplazamientos forzados, masacres, asesinatos y demás consecuencias del conflicto armado se han dado en un contexto de política pública agropecuaria que privilegia las economías del extractivismo, los proyectos de emprendimiento productivo y los esquemas de asociación entre campesinos y empresarios, lo que afecta al uso y circulación de las semillas, las prácticas tradicionales, los modos de comercialización y consumo de alimentos, vía instrumentos legales de política, que profundiza las desigualdades sociales generando todo tipo de violencias.

Por lo tanto, el crecimiento de las agroindustrias en detrimento de las comunidades rurales y los ecosistemas –agravado por la extensión de la actividad ganadera que controla la mayor cantidad de tierras con potencial agrícola en el país– ha tenido como consecuencia histórica un acumulado de medianos y pequeños productores con tierra insuficiente, un debilitamiento de las economías campesinas, la persistencia de elevados niveles de pobreza, la permeabilidad del sistema político a las economías ilegales y prolongación y profundización de la guerra (Fajardo, 2014b).

Estas problemáticas alcanzan mayor complejidad por la internacionalización de la economía que impulsa el desarrollo de grandes proyectos de tipo extractivista. Como consecuencia se presenta una disminución en el abastecimiento de alimentos de producción nacional y un aumento en las importaciones. Muestra de ello es que Colombia, en la década de 1980, contaba con una disponibilidad de más del 90% de alimentos básicos y ya para la década del 2000, pasó de importar cerca de 5 mil millones a casi 9 mil millones de ellos (Fajardo, 2012, p. 36).

En estas circunstancias, la agricultura tradicional resulta minoritaria en los usos del suelo, lo que afecta la provisión de alimentos para el consumo nacional, el sustento de las familias y las economías campesinas. De acuerdo con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales del período 2007-2014, los cultivos de maíz, arroz, fríjol, frutales y hortalizas presentan tendencias a disminuir, específicamente por las débiles políticas de protección y la continua expansión de la agroindustria de los agrocombustibles, como es el caso del cultivo de caña de azúcar en la zona plana de los departamentos de Cauca y Valle o de la palma de aceite en el Magdalena medio y la Orinoquía.

Es así como el crecimiento de las agroindustrias a partir de la gran propiedad y la actividad ganadera avanza en detrimento de las comunidades, inmersas en unas condiciones históricas desfavorables de acceso a tierras, recursos productivos, pobreza, desarraigo forzado y conformación de una oferta de mano de obra disponible y barata en los mercados rurales y urbanos (Fajardo, 2014b).

En estas circunstancias, el tema de la soberanía alimentaria, el reconocimiento político de las comunidades rurales, el cuidado de la naturaleza y la desconcentracion de la propiedad, son estratégicos para construir paz territorial, siendo la agroecología la referencia para el proceso de transformación de las realidades del campo, por sus caracteristicas ya mencionadas.

3. La agroecología en Colombia: experiencias de resistencia frente al modelo agroindustrial

Las preocupaciones por fomentar modelos de producción distintos a la Revolución Verde han suscitado en Colombia desde la década de los años noventa, el surgimiento de diversas iniciativas de asociaciones de productores orgánicos. La conformación de organizaciones como el Instituto Mayor Campesino (IMCA), Fundación Hogares Juveniles Campesinos, Instituto Cristiano de Formación Campesina (ICPROC), Asociación para el desarrollo campesino (ADC), Asociación Colombiana de Agricultura Biológica y Ecodesarrollo (ACABYE), Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila y Red Colombiana de Agricultura Biológica (RECAB), mencionadas por Tello (2011), son antecedentes de los procesos gestados desde los territorios para confrontar las consecuencias del modelo agroindustrial, el hambre y la pobreza, en el marco de la defensa territorial, la soberanía y autonomía alimentaria.

Por la misma época empiezan a proliferar las experiencias de certificación y comercialización de productos orgánicos, lo que facilita que los pequeños agricultores y productores empezaran a involucrarse en la agricultura orgánica. A nivel nacional los arreglos más comunes cercanos a la producción agroecológica son los agrosilvopastoriles –en zonas costeras, de sabana, boscosas y planicies–, policultivos, huertos caseros, sistemas de terrazas, fincas tradicionales, que involucran procesos de abonamiento orgánico, manejo integrado de plagas, labranza mínima, control de arvenses, diversificación, rotación de cultivos y manejo de las áreas de conservación.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para el 2010 existían 157 experiencias de agricultura ecológica certificada y 49.084 hectáreas certificadas, distribuidas en 4.731 unidades productivas de pequeños agricultores (Tello, 2011). Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los esquemas de certificación aplicados en Colombia han sido construidos sin reconocer los contextos específicos de las regiones y ecosistemas del país y solo dan cuenta de iniciativas de agricultura con enfoque comercial, lo que deja de lado experiencias agroecológicas que no hacen parte de las cifras oficiales porque no se encuentran certificadas.

El informe de agricultura familiar agroecológica campesina de Tello (2011), a través de un mapeo de actores, calcula que en Colombia existen por lo menos 86.000 fincas vinculadas a procesos agroecológicos. Específicamente, la Corporación Ecofondo ha apoyado unas 1.134 fincas agroecológicas, que suman 2.525 hectáreas en todo el país, que benefician a familias y organizaciones étnicas, de mujeres, juveniles, asociaciones, juntas de acción comunal de origen campesino, indígena y afrodescendiente (Tello, 2011, p. 30).

Es así como desde un enfoque ambiental y agroecológico, en Colombia se han desarrollado importantes acciones de formación, desde el conocimiento tradicional que, unido al conocimiento sobre agroecología, educacion popular y ambientalismo, ha permitido generar procesos de tranformación rural en el país (Acevedo, 2011). Este es el caso de las comunidades indígenas del sur del Tolima y las afrocolombianas del norte del Cauca que desde la década del 2000 han incorporado prácticas agroecológicas que transforman el acceso a los bienes naturales del territorio y promueven su reapropiación.

En estos procesos de formación y práctica agroecológica el papel de las comunidades y las ONG ha sido esencial, pese al gran desconocimiento de las instituciones públicas sobre este tipo de procesos en el país y la poca participación de la academia, debido a la influencia que actualmente ejerce el sector privado sobre los procesos de investigación, con fines industriales y comerciales en las facultades de agronomía de algunas universidades (Toro Pérez, 2014).

Puede decirse entonces que los procesos de formación y prácticas agroecológicas en el país son una iniciativa popular que está generando nuevas oportunidades a la población rural, a partir de la valoración del conocimiento tradicional, la construcción colectiva de nuevos aprendizajes en el marco de la cooperación para la construcción de una agroecología desde las bases (Acevedo, 2011).

De acuerdo con Acevedo (2011), la agroecología comunitaria en Colombia, plasmada en una red de escuelas campesinas y de promotores rurales, representa la iniciativa de educación rural más importante para generar capacidades de producción agroecológica, proteger el ambiente, la cultura y el fortalecimiento de los procesos de organización en agricultores, porque cuenta con personas de las mismas comunidades como formadores y formadoras de los procesos de transformación productiva y social. La importancia de este proceso en el país radica en el enriquecimiento de los agroecosistemas gracias a la gran cantidad de agrobiodiversidad que se maneja, lo que mejora no solo la calidad del suelo, agua y aire, sino la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y en general los medios de vida de las comunidades.

Así, cumple una función que va más allá de la producción agrícola. Sus implicaciones políticas frente al cuidado y apropiación del ambiente, la recuperación del tejido social, la dignificación del trabajo y los saberes, la defensa de la soberanía alimentaria y el fortalecimiento a los procesos organizacionales a nivel local, son estratégicas para la reconfiguración del campo colombiano hacia nuevas formas de justicia social y ambiental.

4. La región del sur del Tolima: encuentros y desencuentros de un territorio en disputa

La aproximación a la región del sur del Tolima se realizó a través de un trabajo de campo que recopiló evidencia empírica sobre el proceso agroecológico y territorial desarrollado por la comunidad indígena Pijao. En una estrecha relación con la organización Grupo Semillas, este trabajo se basó en la aplicación de entrevistas semiestructuradas a líderes de las organizaciones indígenas y campesinas de la región y el acompañamiento a las sesiones de la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame durante los ciclos del año 2014 y 2015.

Esta región está dividida entre un paisaje de sierra donde se ubican las comunidades pijao en el municipio de Ortega, en la cordillera central y un paisaje de valle comprendido por los municipios de Coyaima y Natagaima (ver Figura 1). De acuerdo con el DANE (2007) hay 58.810 personas autorreconocidas como pijaos del sur del departamento del Tolima, de las cuales el 51,3% son hombres (30.160) y 48,7% mujeres (28.650), siendo Coyaima, Natagaima y Ortega donde se concentra el 90,1% de la población reconocida como pijao.

Figura 1.: Mapa político administrativo del departamento del Tolima. Elaborado a partir de http://espanol.mapsofworld.com/continentes/mapa-de-sur-america/colombia/tolima.html

Estos municipios tienen más del 60% de su territorio en las zonas de bosque muy seco tropical y matorral desértico y a la vez están sobre un gran acuífero, tal y como lo describe el mito de origen del pueblo Pijao (Castrillón y García, 2014). Su principal cuenca es la del río Saldaña, ubicada al sur del departamento en límites con el departamento del Huila, seguida del río Chenche y el río Anchique, de menor tamaño pero de igual importancia para el abastecimiento de los acueductos urbanos y veredales de la región y para la agricultura.

La vocación del suelo de la región del sur del Tolima es esencialmente agropecuaria; es la principal productora de arroz, algodón y sorgo del Tolima y cuenta con otros cultivos importantes como el plátano, maíz, caña panelera, frutales y pasto. De acuerdo con información de la Gobernación del Tolima (2013), los usos del suelo más representativos del sur del Tolima están comprendidos por la ganadería que ocupa un total de 1.167.557 hectáreas de pasto y 673.294 bovinos, seguido del cultivo de arroz con 101.110 hectáreas, maíz con 37.938 hectáreas, algodón con 10.967 hectáreas y sorgo con 9.500 hectáreas.

Las tierras de los valles del rio Saldaña y Magdalena donde se encuentran las comunidades pijao de Coyaima y Natagaima tienen una fuerte inclinación a la erosión, al ser terrenos con afloramiento rocoso, salinos y ácidos, expuestos a extensos períodos de sequía y fuertes aguaceros que arrasan las capas del suelo. A su vez, el manejo inadecuado de la ganadería extensiva, la agricultura mecanizada, el uso intensivo de agroquímicos, la tala, quema y la concentración de tierras productivas, son factores que han propiciado un deteriorado ambiental severo en la región.

El despojo territorial y exterminio ocurridos desde la colonia y la apropiación de tierras por parte de terratenientes en el periodo republicano, han determinado la situación actual de tenencia y uso de la tierra y han propiciado profundas transformaciones en la región del sur del Tolima. Concretamente, la lucha por la tierra es el factor que, incluso antes de la invasión española, ha dado sentido a la existencia física y espiritual de las comunidades pijao que habitan actualmente estos municipios.

La resistencia histórica al despojo, junto con los procesos de adaptación a las condiciones ecosistémicas, determinan las formas en que el pueblo pijao se identifica y apropia el territorio. Muestra de ello es el entendimiento que tienen sobre las dinámicas del agua y la organización de sus sistemas de vida en torno a ella, el trabajo comunitario y la siembra de alimentos propios en una zona con vocación agrícola, pese a la presencia de grandes extensiones de ganadería, la porcicultura y pesca.

En palabras de un médico ancestral de la comunidad indígena Chapinero Loany Toy, en el municipio de Ortega:

En la cosmovisión pijao la tierra es el sustento…ahí nace la cultura, la historia, el alimento… la tierra se siembra en canales con forma de espiral o de serpiente, para que el agua fluya de sur a norte por todo el rededor. Se debe sembrar en horas de la mañana o la tarde para darle la espalda al sol. En estas se siembran las hortalizas como la remolacha, zanahoria, lechuga, el repollo. Se hacen debajo del Iguá porque es un árbol que crece y permite crecer debajo al cachaco, al maíz, refresca y alimenta el suelo. (Médico ancestral, 2015)

Concretamente, los periodos de guerra desde 1950, produjeron el desplazamiento de la mediana y pequeña propiedad y decaimiento de la producción agrícola en las regiones aledañas al Tolima, lo que da paso al establecimiento de ganaderías extensivas y a la acumulación de capital por la vía del despojo que influiría en el auge posterior de la agricultura mecanizada productora de materias primas (Fajardo, 2014b).

Adicionalmente, la región ha sido objeto de las ocupaciones militares a cargo del Frente 21 de las FARC y el Bloque Tolima de las AUC, que desataron la violencia contra la población y ocasionaron el desplazamiento entre 1985-2015 de por lo menos 34.530 personas (campesinos e indígenas), de acuerdo con el RUV. Esto incentivó la concentración de tierras en manos de los grandes propietarios de la zona que a 2015 tuvo un índice de Gini entre 0,74 y 0,8, en el que los municipios de Coyaima y Natagaima presentan grados más altos de concentración de la propiedad de la tierra en esta región (INCODER, 2012).

El modelo regional de desarrollo económico y productivo promueve el crecimiento de los sectores industriales que mantienen relaciones laborales precarias con la población campesina e indígena. En la región, se afianza la gran propiedad a causa de que en la estructura agraria predomina la figura del latifundio –al igual que en el país– y que hacen falta políticas públicas sociales y económicas coordinadas, sumado a procesos de segregación y violencia armada que trastocan a los territorios pijao y a sus figuras de ordenamiento.

Esta situación ha dado paso a conflictos históricos entre los grandes propietarios y los campesinos e indígenas por la distribución de la tierra, la desconcentración del poder político y el reconocimiento de las distintas territorialidades que allí convergen. Las comunidades pijao, en concreto, están organizadas en 77 resguardos coloniales en un total de 24.450 hectáreas. De estos, solo 21 están formalizados con título privado y colectivo, lo que resulta insuficiente para satisfacer las necesidades territoriales de los indígenas. En un contexto de presiones históricas por parte de inversionistas externos por la propiedad de las tierras productivas de la región, hay un grueso de la población indígena que está a la espera de que le sean reconocidas y adjudicadas sus tierras (Acevedo, 2013).

Esto explica, en parte, que las políticas de gobierno departamental se centran en la promoción de los factores para el crecimiento económico de la región, encabezadas actualmente por las locomotoras para el desarrollo, la estrategia nacional de consolidación territorial, la atracción de capital y tecnología del sector privado, el crecimiento de la infraestructura, las figuras de alianzas públicas-privadas y los esquemas de asociatividad entre empresarios y pequeños productores.²

Muestra de ello es el megaproyecto del Distrito de riego del triángulo del Tolima que abarca 34.143 hectáreas en los municipios de Coyaima, Natagaima y Purificación y la extracción de 2.899.837 barriles de crudo en el municipio de Ortega desde 2012 a cargo de Ecopetrol y en 2015 en cabeza de la empresa estadounidense Hocol. Estas iniciativas hacen parte de las locomotoras de desarrollo nacional que buscan, por un lado, el crecimiento agroindustrial de la región, priorizando a sectores exportadores, a la conformación de clústeres y cadenas productivas que adopten paquetes tecnológicos y, por otro, explotar los recursos no renovables del sur del Tolima con el fin de alcanzar las metas de crecimiento económico departamentales y nacionales.

En este sentido, las políticas extractivas minero-energéticas, de infraestructura y agroindustriales en la región, se constituyen como una amenaza para las comunidades pijao y sus derechos al territorio, la consulta previa, al ambiente sano y a su pervivencia cultural, al verse limitadas por las nuevas dinámicas que estas actividades introducen.

No obstante, la persistencia de estos sistemas productivos tradicionales indígenas, caracterizada por el uso de una gran variedad de especies criollas resistentes a la sequía, los cultivos comerciales de ciclo corto y la ganadería extensiva se ha dado en un contexto adverso. De acuerdo con Acevedo (2013), durante los años sesenta y setenta predominaron los cultivos de tabaco y ajonjolí; en los años ochenta y noventa los cultivos de algodón y sorgo; y, a partir del 2000, tuvo auge los cultivos de arroz bajo riego, algodón y maíz transgénico que aún persisten en la actualidad. Al respecto, de acuerdo con información de Agro-Bio (2015), en el Tolima el área sembrada de maíz transgénico resistente a insectos (Bt), tolerante al herbicida glifosato (RR) y el Bt/RR es de 15.504 hectáreas y el algodón transgénico, con las mismas características, ocupa un total de 7.343 hectáreas.

El contexto ambiental de la región ha estado marcado por afectaciones relacionadas con el crecimiento económico, urbanístico, de infraestructura, la concentración de tierras, el aumento de cultivos industriales de arroz, algodón y sorgo, el uso desmedido de agroquímicos y la implementación de organismos genéticamente modificados, que para el año 2015 sumaban 22.847 hectáreas.

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima, 2016), debido a las altas temperaturas y a la reducción de lluvias en un 70%, durante los primeros meses de 2016 los principales ríos del departamento redujeron su caudal en un 50%, siendo las fuentes hídricas de Natagaima, Coyaima, Ortega, Chaparral y Purificación las más afectadas, comprometiendo el riego de cerca de 10.000 hectáreas de cultivos anuales, transitorios y los pastos. Esta situación se ve agravada por el aumento en la ocurrencia de incendios forestales –1.906 casos reportados en el año 2015–, transformación del paisaje, procesos de desertificación –clasificados por Cortolima como muy alto (10% del territorio)– y tránsito de climas húmedos a áridos y semiáridos. A su vez por conflictos en el uso del suelo en 1.305.285 hectáreas, principalmente por deforestación, aumento de la ganadería extensiva, ampliación de la frontera agrícola y uso inadecuado de los suelos de ladera (IGAC, 2014).

En síntesis, el modelo de desarrollo rural de la región, basado en tecnologías que deterioran el ambiente, el paisaje y la base natural representan un gran riesgo para la permanencia de las comunidades pijao en el sur del Tolima, así como sus procesos organizativos. En este sentido, el apoyo a nuevas propuestas de desarrollo rural alternativo, basadas en un enfoque territorial y ambiental, pueden constituir la base para construir un proceso local, de reivindicación comunitaria que busque el bienestar para la región (Acevedo, 2013).

5. Fortalezas y limitaciones de la agroecologia para la construccion de paz

La construcción de paz en el post-acuerdo requiere afrontar el conflicto ambiental, social y armado, desde el desafío político de promover la democracia, la participación efectiva en la elaboración de una agenda agraria, la garantía de la soberanía alimentaria, la dignidad y autonomía de los pueblos históricamente marginados, la protección de la naturaleza y la adaptación a las nuevas dinámicas climáticas y ecológicas.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la agroecología es una opción política para las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas, porque visibiliza los conocimientos tradicionales, hace uso eficiente de los bienes naturales, se adapta a las necesidades concretas de producción de alimentos, de gestión del agua, a las condiciones climáticas, a través del trabajo comunitario y organizado con miras a fortalecer los sistemas productivos y medios de vida rural.

La agroecología ha sido pionera en visibilizar los conocimientos tradicionales, la relación armónica con el ambiente y el desarrollo alternativo desde los principios del bien vivir³. Una de sus mayores fortalezas y aportes para la construcción de paz es su capacidad para adaptarse a las características productivas, culturales y ecosistémicas de cada territorio, mediante técnicas y métodos sencillos, fáciles de asimilar, para responder con autonomía a las necesidades concretas de las comunidades.

En la región andina, con alta presencia de comunidades étnicas y campesinas y de producción tradicional, muchos agricultores y agricultoras se han organizado en torno a la agroecología, con el apoyo de escuelas de formación, proyectos solidarios con ONGs, y esfuerzos locales, para hacer manifiesto los proyectos de vida alternativos de resistencia frente al modelos de desarrollo rural insostenible y el conflicto.

La experiencia del sur del Tolima es una muestra del impacto ambiental, social y político que tiene la agroecología para transformar los territorios desde la producción de alimentos propios, el uso eficiente de los bienes naturales y el trabajo comunitario como base para la organización social y política. A su vez, porque ha generado las condiciones para la recuperación del territorio y del tejido social a partir de la siembra, el alimento, la gestión del agua y la cosmovisión, pese a las amenazas de los modelos productivos insostenibles y la violencia armada que padece la región.

No obstante, para que la agroecología logre aportar a este proceso, se requiere de una estructura del Estado y un funcionamiento orientado hacia la sostenibilidad del desarrollo rural. Es decir, que las políticas agrarias estén dirigidas a la protección de las economías campesinas, las comunidades rurales y sus sistemas de vida y no solo a incentivar los esquemas empresariales y el libre comercio, como sucede en la actualidad.

Sin embargo, la agroecología como proyecto político en Colombia encuentra su mayor limitante en el actual contexto político que favorece las agroindustrias, la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierras y el extractivismo. De hecho, las políticas públicas para el desarrollo rural perfiladas para el periodo del post-acuerdo ni siquiera incorporan las consideraciones ambientales y distributivas necesarias para la desconcentración del poder político, económico, por el contrario, estimulan el crecimiento de las actividades industriales y la expansión de las zonas destinadas a la explotación de la naturaleza.

Muestra de ello es el aumento de las áreas sembradas con cultivos transgénicos, el impulso a los paquetes tecnológicos, la implementación de leyes de propiedad intelectual a las semillas, el incentivo a la producción de agrocombustibles y plantaciones forestales comerciales, así como el aumento de los proyectos de extracción minera como base para el crecimiento económico y desarrollo nacional, lo que amenaza la base natural y social del campo y pone en riesgo la agricultura campesina y comunitaria, en lugar de fortalecerla.

En este punto, Fajardo (2014a) puntualiza cómo los procesos de apropiación de tierras campesinas y baldías han beneficiado a la agroindustria, al extractivismo y a los proyectos de infraestructura. En consecuencia, la senda del post-acuerdo está dirigida a perpetuar la hegemonía de los grandes dominios territoriales mediante iniciativas como el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Paz, equidad, educación y la figura de las Zonas de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), que se encuentran alineadas a las directrices de la política económica global.

En estas circunstancias y pese a que se continúe haciendo uso del discurso de la reforma agraria y la restitución de tierras, los proyectos de vida campesinos, indígenas y afrocolombianos siguen condicionados por la desventaja que tienen para disputar en el escenario político, con los poderes del sistema de producción empresarial. Este contexto plantea interrogantes fundamentales sobre la capacidad de las comunidades para defender sus territorios.

Los escenarios de desarrollo futuros prevén un modelo que incentiva los proyectos extractivistas, que amenaza los ecosistemas y la existencia misma de las comunidades, quienes cuentan solo con apoyos asistenciales que los marginalizan y aíslan a una vida de oportunidades limitadas.

De los esfuerzos que las comunidades realicen para implementar estrategias alternativas para el cambio social, de transformación de las relaciones de producción, que incorporen el cuidado del ambiente en el proceso, dependerá el alcance del proyecto político campesino, étnico y popular como una realidad en Colombia, pese al dominio que mantiene el modelo de desarrollo hegemónico en los espacios de construcción de país.

Por último, mientras que la dominación del mercado mundial continúe devastando al ambiente y acentuando conflictos sociales, las agriculturas alternativas como la agroecología seguirán siendo una opción política válida para el país por el beneficio que representan para las poblaciones locales, especialmente en el cambio en las relaciones sociales de producción, el manejo adecuado de los ecosistemas, el fortalecimiento de la autonomía y soberanía alimentaria y la reivindicación de conocimientos tradicionales y comunitarios como estrategia para la defensa territorial.