Ciencia Política

Introducción

Las reformas de las Fuerzas Armadas en el período de Alianza País se presentan como una modernización nacional-transnacional ante la licuefacción del Estado nacional-liberal constituido hace un siglo en la Revolución Liberal en Ecuador. Se trata de una modificación profunda y de largo tiempo en el marco de las transformaciones operadas por la globalización capitalista. Después de cuatro siglos de ordenamiento político mundial en torno al Estado-nacional a partir del Tratado de Westfalia en el año 1648, la globalización modifica el piso de este ordenamiento. El Estado-nacional pierde la posición privilegiada que ha detentado en la modernidad. Las readecuaciones siguen un camino propio en cada país. Se produce una ruptura respecto a las reformas de las Fuerzas Armadas (FFAA) en períodos anteriores realizadas en el marco del Estado-nacional.

1. Genealogía

La genealogía de las Fuerzas Armadas sigue el proceso de conformación del Estado nacional. Las variaciones de las concepciones y del ejercicio de la soberanía son los signos de las inflexiones, reformas, transiciones y virajes en la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Allí se entrecruzan las dinámicas internas y las articulaciones externas. En el período actual, sobre las modificaciones de la soberanía se sobreponen las nuevas formas del biopoder y del control.

En América Latina se presenta un largo proceso de formación de los Estados nacionales surgidos de la Guerras de la Independencia, pasando por procesos de inestabilidad y confrontaciones internas, hasta un primer momento de conformación de Estados nacionales-liberales a inicios del siglo pasado.

En Ecuador, la Revolución Alfarista constituye el Estado nacional-liberal. En este momento se fundan las Fuerzas Armadas “nacionales” que sustituyen a las formas pretorianas locales (RESDAL, 2002). Se presentan como herederas de los Ejércitos patrióticos independentistas y a la vez como gestoras de un nuevo orden interno. Algunas características fundacionales del período alfarista van a marcar la trayectoria de las Fuerzas Armadas en el Ecuador: laicismo; no se forma una oficialidad de casta pues se nutre de elementos de clase media con predominancia de origen serrano; fluidez para el acceso a los grados bajos de la oficialidad. Lo anterior sin contar que el “gamonalismo” serrano y la oligarquía bancaria influyen en los altos grados (Moncayo, 1995).

Las diferencias de clivaje regional, señaladas por Cueva (1988), se presentan también en el proceso de las Fuerzas Armadas con una dinámica diferenciada en la Marina, marcada por el implante de formas locales de autonomía ante la centralización del Estado nacional y por una constitución más elitaria de los mandos.¹

Estas contradicciones e irresoluciones se presentan como “complejidad estructural” y procesos incompletos de una “nación en ciernes” que no termina de estructurarse (Quintero, 1998). Predomina el funcionamiento del Estado sobre la nación-sociedad, en su constitución básica de aparato administrativo y aparato represivo, como la garantía de la unificación del país: más país-Estado que Estado-nacional. Esta naturaleza de la formación del Estado nacional en el Ecuador marca el carácter doble del papel de las Fuerzas Armadas, desde la primera Constitución del año 1830, como defensora de la soberanía nacional y mantenedora-garante del orden público interno y del cumplimiento de las leyes. Se trata de una especie de “destino manifiesto” (Const., 1830, art. 51). Esta concepción se conserva en la Constitución liberal de 1906, aunque ya no se presenta como “destino” sino como “objeto” (Const., 1906, art. 117).

La predominancia de la modalidad de soberanía territorial-nacional-interna se prolonga hasta avanzado el siglo pasado con conflictos limítrofes no resueltos. Se intensifica sobre todo a partir del conflicto limítrofe de 1941 y de la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942, hasta constituirse en sustento de la identidad nacional. Se prolonga hasta la Guerra del Cenepa y la firma del Tratado de paz definitivo (el 26 de octubre de 1988) después de tres conflictos armados con el Perú. En este período el funcionamiento y dislocamiento de las Fuerzas Armadas se orientan por la defensa de la integridad territorial ante el conflicto con el Sur.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, adoptado en febrero de 1947, amplía la soberanía a nivel continental, para “prevenir y reprimir las amenazas y los actos de agresión contra cualquiera de los países de América”. Con ello, se inicia el descentramiento de la soberanía desde el Estado-nacional hacia los centros hegemónicos, hasta la metamorfosis actual en que la soberanía pierde su carácter constitutivo del Estado para convertirse en una relación de poder.

Las Fuerzas Armadas nacionales se estructuran espacialmente en cuarteles dislocados en los límites territoriales y en las ciudades principales. El centro de la formación militar está en la formación disciplinaria, el poder ejercido sobre los cuerpos y el entrenamiento a la destrucción del enemigo. La primera distribución es la distinción entre oficiales y tropa, diferentes formas de disciplina y jerarquía con la reproducción de formas disciplinarias cada vez más extremas hacia abajo.

En este periodo, la influencia de diversos modelos externos en la formación de las Fuerzas Armadas latinoamericanas tiene un matiz diferencial en Ecuador: particularmente en la Fuerza terrestre, el origen social más vinculado a los sectores populares y el dislocamiento de fuerzas a lo largo y ancho del territorio nacional, incluidos los lugares más marginados, como las fronteras abren el cuartel a la relación con la sociedad circundante. Este acercamiento es uno de los factores que contribuye a que las Fuerzas Armadas sean reconocidas como una de las instituciones de mayor confianza de la ciudadanía. La distancia respecto de la sociedad es mayor en la Armada y la Fuerza Aérea.

El disciplinamiento se dirige sobre todo ante las sublevaciones internas. La herencia colonial de la represión de las sublevaciones indígenas durante la Colonia se prolonga en la represión de las sublevaciones obreras y campesinas durante la República. El “bautismo de sangre” de la clase obrera del 15 de noviembre de 1922, bajo el régimen de José Luis Tamayo, se realiza por la represión de policías y militares, dejando centenares de víctimas arrojadas al Río Guayas.

Esta forma se refuerza y pasa a predominar en la década de los sesenta con la Doctrina de Seguridad Nacional que se expande en el Continente desde las Dictaduras del Cono Sur, especialmente la brasilera, en alianza con el dominio norteamericano. La distribución espacial busca controlar la insurgencia interna desde el campo a la ciudad, el modelo es la contención del “contagio” de la Revolución Cubana. Las Fuerzas Armadas se convierten en ejércitos de ocupación de sus propios pueblos, con un fuerte adoctrinamiento anticomunista: este el período de auge de la Escuela de las Américas. El dislocamiento de los cuarteles custodia las fronteras entre el campo y la ciudad, y persigue a las fuerzas insurgentes en el agro.

La Doctrina de Seguridad Nacional tiene su propio paradigma, su propio léxico, organizado en torno a la supervivencia de la comunidad nacional, la defensa del patrimonio nacional y la integridad territorial, el logro de los “Objetivos nacionales” y el fortalecimiento de la unidad nacional.

En nuestro país la Doctrina de la Seguridad Nacional no tomó las for-mas extremas de las Dictaduras del Cono Sur. Sin embargo, la estructura del Estado siguió la modalidad disciplinaria de la Doctrina de Seguridad Nacional. Asumida en la Dictadura de 1963, se confirma por el Decreto de la Dictadura en 1979. Instituye un aparato paralelo de Estado en torno al Consejo de Seguridad Nacional como ente supremo del sistema político. De los momentos de excepción se pasa a una estructura permanente. Como dice Cueva (2012), en los países periféricos el “Estado de excepción” es la forma permanente.

Art. 2.- El Estado garantiza la supervivencia de la colectividad, la defensa del patrimonio nacional y la consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales; y, tiene la función primordial de fortalecer la unidad nacional, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del hombre y promover el progreso económico, social y cultura de sus habitantes, contrarrestando los factores adversos internos y externos, por medio de previsiones y acciones políticas económicas, sociales y militares. (Consejo de Seguridad Nacional, 1979, p. 1)

El nacionalismo no es autorreferencial, la definición de su contenido depende de otras articulaciones. Se pueden encontrar nacionalismos con articulaciones fascistas como en el nacional-socialismo del nazismo, “fascistoides” como en la Dictaduras Latinoamericanas del Cono Sur de los años sesenta y setenta, y “autoritarios” como en las Dictaduras Militares de Perú y Ecuador en los años setenta, mezcladas incluso con elementos “patrióticos”.

La historia de las Fuerzas Armadas ecuatorianas está salpicada de momentos “patrióticos” y “progresistas”. Los períodos de ascenso del polo modernizante dentro de los ciclos del “pacto burgués-oligárquico” señalados por Cueva (1988), pueden encontrar asentamiento de las corrientes progresistas de las Fuerzas Armadas, como sucedió con la Revolución Juliana. La Dictadura de Rodríguez Lara combina la Doctrina de Seguridad Nacional con elementos de modernización del Estado y defensa de las áreas estratégicas.

La Constitución de 1978, de transición a la democracia, mantiene “rezagos” de la Dictadura sobre todo en la persistencia del Consejo de Seguridad Nacional como estructura paralela del Estado. Así como en la defensa de las áreas estratégicas del Estado, en particular de la economía petrolera, seguridad y defensa nacional se mezclan.

La Constitución de 1998 mantiene esta pervivencia pese a que hay una modificación central: la distinción entre seguridad y defensa (Const., 1998).

Después de los descalabros del 41 y del 81 en la Guerra del Cenepa, las Fuerzas Armadas pueden encarnar el ideal de defensa patriótica, concitar el apoyo nacional y presentar una estrategia pertinente de enfrentamiento bélico que le permite un triunfo en el terreno con “héroes” reconocidos. Sobre todo en el caso de la Fuerza Terrestre, el vínculo con la comunidad tiene un fundamento en la estrategia militar de “guerra de guerrillas” seleccionada de acuerdo a la disparidad de fuerzas con el Perú. Esa fue la última victoria de la fase de la soberanía, a partir de allí la historia militar da un vuelco: el triunfo en el campo de batalla se desplaza a la mesa de negociación.

Después del Tratado de 1988 con el Perú hay un reordenamiento geopolítico hacia la frontera Norte, ya no como un problema limítrofe sino como la lucha contra el “terrorismo y el narcotráfico”. El paso de la soberanía a la seguridad: “No se trata del clásico enfrentamiento internacional, sino de un nuevo tipo dentro de los denominados conflictos asimétricos y/o intermésticos” (Jijón, 2011, p. 20).

En el período neoliberal hay una modificación sustancial del tiempo y del espacio, tanto político como económico. El paso a la lógica del capital financiero coloca el sentido del tiempo en el futuro-virtual. Con la fractura entre el proceso de producción y el proceso de valorización del capital, la “modernidad líquida” (Bauman, 2013) penetra todos los poros de la sociedad. Se reduce el contenido “material” de la mercancía y el capital, y crece el contenido “inmaterial-virtual”, con aceleramiento de los ritmos hasta niveles especulativos. La lógica y el tiempo de la producción son suplantados por la lógica y el tiempo del consumo.

En lo político-militar la licuefacción de la realidad (Berman, 1988) se opera a partir de la diferenciación entre seguridad y defensa y la contaminación de todas las áreas de la sociedad con el paradigma de la “seguridad”: ciudadana, ambiental, alimentaria, etc.:

La nueva concepción de la seguridad nacional multidimensional, a la que se ha arribado por consenso en la OEA, el año 2003, establece prioridad en la seguridad humana; por lo tanto, la diferenciación entre defensa y seguridad resulta más importante aún, no obstante la necesaria e innegable complementariedad en las responsabilidades institucionales, como han sido reconocidas y establecidas en los ejes de la política gubernamental para obtener una ‘población sana, educada, productiva y segura’. (Gobierno Constitucional del Ecuador, 2006, p. 3)

Esta metamorfosis se gesta a nivel global a inicios de los años 80 con la declaración del narcotráfico en Colombia como una cuestión de seguridad nacional norteamericana, y toma forma con la modificación geopolítica operada por la Caída del Muro de Berlín en 1989. La volatilización del enemigo global concreto (el Otro identificable): el comunismo como ordenador del campo político mundial en el período de la Guerra Fría, abre la necesidad de construir otro enemigo global: la “amenaza” del terrorismo, un nuevo enemigo ubicuo, líquido, con un rostro indefinido, capaz de legitimar las guerras de cuarta dimensión y el paso a las guerras totales preventivas, la “Cuarta Guerra Mundial”. La nueva estrategia se expande mediante la aprobación de los “Libros Blancos” en todo el Continente. Un viraje en el tratamiento del tiempo y el espacio: el enemigo no sólo se traza por el pasado, sino por la intención del futuro.

La fractura entre defensa y seguridad fundamenta el desplazamiento institucional desde el papel central de las Fuerzas Armadas al papel principal de las fuerzas policiales para combatir el terrorismo y el narcotráfico, articuladas verticalmente a los acuerdos globales y a la regencia de los organismos de inteligencia americanos, la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

Se tiende a una reducción progresiva del número de efectivos de las Fuerzas Armadas: las reformas a la Ley militar apuntan a bajar de 42.000 (Ejército= 26.000, Marina= 10.000, Aviación= 5.500) a 25.000 en el plazo de dos años, como anunció el actual Ministro de Defensa. Mientras crece el número de efectivos policiales (alrededor de 45.000) con diversos cuerpos especializados.

Todavía en el período de crisis e inestabilidad política (1994-2005), las Fuerzas Armadas pueden actuar como “garantes del ordenamiento jurídico” y decisores de última instancia en los derrocamientos de los Gobiernos constitucionales.

Espacialmente hay un acercamiento de la fuerza pública a la sociedad. La Policía “civil” ya no opera desde cuarteles, sino desde la cercanía del barrio o las calles. El objetivo inicial es aislar y castigar al delincuente, hay una lógica seguridad-territorio en la que todavía el poder se ejerce sobre los individuos. Los códigos penales todavía guardan la visión positivista de la correspondencia entre el delito y la pena.

2. El asedio al Estado nacional desde arriba

La Fuerza Pública y en particular las Fuerzas Armadas están en un profundo proceso de cambios a nivel local y mundial. En el centro está la redefinición del “monopolio de la violencia física legítima”, no solo dentro de un territorio sino a nivel global (Echeverría, 2013).

La modificación actual parte del divorcio entre Estado y nación. Las lealtades a las diferentes “comunidades imaginadas” se vuelven móviles, sujetas a un permanente “juego de las sillas”: pueden ser sustituidas, desplazadas. Este juego se muestra sobre todo en referencia a:

la pérdida cada vez más evidente -y quizás irrecuperable-, de la posición privilegiada (e irrebatiblemente superior) que el Estado-nación ocupaba efectivamente, o cuya ocupación se arrogaba. El Estado, despojado de gran parte de su soberanía, que alguna vez había sido completa,“total”, […] ha perdido la mayor parte del atractivo que presentaba en el pasado en calidad de ámbito para la inversión segura y provechosa. (Bauman, 2008, p. 18)

Dentro de ello, las instituciones de la soberanía nacional, incluidas las FFAA, son modificadas y empujadas a un lado bajo diversas formas: la “policiación”, el desplazamiento del centro estratégico hacia los organismos de inteligencia, la privatización de la guerra y la contratación de ejércitos mercenarios como correlato de la privatización de las otras funciones del Estado, las violencias tribales y la “mafiación” de la política.

No se trata de esencias sino de construcciones históricas y geográficas. En la actualidad, los Estados-nacionales se encuentran asediados por procesos transnacionales y subnacionales que modifican el funcionamiento asentado en la soberanía territorial.

La globalización se presenta como una reproducción trunca del sistema de capital. La constitución de mercados globales de mercancías y capital abre el campo para la constitución de un Estado y ciudadanía mundial. Los bloqueos de la globalización del trabajo y de la participación de los pueblos y los Estados en la decisiones de la humanidad terminan por constituir campos de violencia, donde se cruzan las disputas civilizatorias con las disputas por recursos estratégicos escasos, sobre todo energéticos.

La tensión surge por el desajuste entre el requerimiento estructural de un Estado mundial que pueda cumplir con el papel de regulador monopólico de la violencia legítima, lo que implicaría un nuevo tipo de hegemonía compartida, y la arrogación del Estado norteamericano de gendarme mundial cuando se ha debilitado su hegemonía. Así emerge la acción del aparato represivo sin coberturas, se restablecen mecanismos imperiales para prolongar el dominio: la imposición de modelos violentos de economía de “acumulación por desposesión” con los tratados de libre comercio como emblema (que llegan a su forma extrema en el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, AMI y en los Trans-Pacific Partnership, TPP); y la expansión de una estrategia de supremacía militar con base en el control tecnológico, que traza una nueva geografía de los conflictos bélicos.

Los incidentes del 11 de septiembre de 2001 (“9/11” en adelante) fueron la oportunidad para que los halcones puedan justificar la expansión de su política belicista y su doctrina de seguridad nacional, que divide el mundo en “Estados fuertes” capaces de enfrentar las nuevas amenazas globales del terrorismo y el narcotráfico; los “Estados débiles”, que requieren la tutela de los “Estados fuertes”, en particular el Estado norteamericano; y los “Estados-basura” que deben ser extirpados (Bush, 2002):

El militarismo es un rasgo estructural esencial mediante el cual el imperialismo estadounidense se inserta en el sistema internacional. Los enormes incrementos en el gasto militar han sido una constante con independencia de quién fuera el presidente de EE.UU. y de la retórica utilizada en campaña sobre el recorte del gasto militar para dedicar más recursos a la economía interna. (Petras, 2017, p. 1)

La transición se opera en la superposición de un proto-estado mundial con la presencia de organismos multilaterales que, sin embargo, quedan sometidos a la hegemonía de las potencias tradicionales, lideradas por Estados Unidos y las transnacionales, que actúan como Estados globales sin territorio. A pesar de que el orden geopolítico se ha modificado con la presencia del eje Este-Oeste, liderado por los BRICs, los organismos multilaterales siguen representando la correlación de fuerzas de la Guerra Fría. Con lo cual se ha provocado el surgimiento de acuerdos paralelos y de enfrentamientos entre los dos ejes con diversos puntos calientes en Medio Oriente, el Mar de China y Ucrania, levantando el riesgo de una guerra mundial. Mientras la estrategia de expansión del poder estadounidense se basa en la guerra y el militarismo para luego tomar el control económico, la estrategia china parte de la expansión económica y la diplomacia para luego ocupar los territorios.

Aquí se produce la disyunción clave entre Fuerzas Armadas y soberanía nacional-territorial. El fundamento del Estado-nacional se licúa hacia afuera y hacia adentro, con lo cual se desatan modificaciones profundas pues ya no puede ejercerse “el monopolio de la violencia física legitimada en un territorio”, sino que se superponen soberanías en diversas escalas territoriales y se presentan variaciones hacia el ejercicio del biopoder y el control. Se opera el paso del Estado de derecho al Estado de “seguridad” (Agamben, 2015).

3. Variaciones constitucionales y modernización de las Fuerzas Armadas en el período de Alianza País

En nuestro continente la emergencia de los gobiernos “progresistas” abrió condiciones para una desconexión temporal del eje Norte-Sur y la vinculación al eje Este-Oeste. Desde estas experiencias se intentó impulsar iniciativas de integración regional con mayor autonomía, entre las cuales estaban también iniciativas de integración militar.

En el Ecuador, el Gobierno de Alianza País recoge inicialmente algunas demandas patrióticas: la salida de la Base de Manta, la salida del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial y la negativa a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Se opera un cambio en las vinculaciones para la formación militar: se elimina el vínculo con la Escuela de las Américas y se inician procesos de formación más autónomos, con vinculación a los centros académicos civiles y relaciones latinoamericanas. Se busca diversificar las fuentes de aprovisionamiento de armamentos.

Finalizado el período de bonanza por la reducción de precios de las commodities y la apreciación del dólar y por los resultados de las políticas económicas internas, las aguas empiezan a volver al cauce con el retorno a los mercados financieros tradicionales, el regreso del FMI y el Banco Mundial, y la firma del TLC (Acuerdo Económico) con Europa.

En la Constitución del 2008 se produce la disgregación de la Fuerza Pública en dos cuerpos separados: La Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La tendencia en la Constitución de 1998 era integrar a la Policía Nacional como la “cuarta rama” de la institución militar. Se opera tardíamente el giro iniciado en el modelo neoliberal, a inicios de los años ochenta, hacia la autonomía de los cuerpos policiales respecto a la integración horizontal dentro del Estado-nacional, y el paso a la integración vertical con los organismos trasnacionales, en particular, los organismos norteamericanos para la lucha contra las nuevas amenazas globales, el terrorismo y el narcotráfico. Un giro hacia la “policiación” de la fuerza pública.

Cuatro cambios: la concentración de la misión fundamental de las Fuerzas Armadas en “la defensa de la soberanía y la integridad territorial”, eliminando cualquier mención como defensoras de la democracia; la caracterización como servidores públicos (Const., 2008, art. 158); la sujeción al poder civil (Const., 2008, art. 159); y la eliminación del soporte económico para la autonomía de las Fuerzas Armadas (Const., 2008, art. 162).

Los tiempos se aceleran desde diversos procesos. Los resultados de la Tercera revolución científico-técnica, en particular la revolución informática bajo control de la lógica metabólica del capital, elimina fronteras y lugares, abre las condiciones para un nuevo poder en red. Se opera el paso hacia la modalidad de control: desde la Institución Armada y sus cuarteles, y desde la Institución Policial y sus cárceles, a las redes de inteligencia. Las guardias privadas superan al número de policías para custodiar los espacios privados amurallados o los espacios públicos privatizados, son los centinelas de las contraseñas para decidir el acceso o el rechazo a los nuevos “campos de concentración”, nomos-paradigma de la modernidad líquida.

Las Fuerzas Armadas pierden su centro. Con la soberanía nacional asediada desde el poder transnacional, las Fuerzas Armadas se vuelven “superfluas”, sobre todo en los países periféricos en donde pueden evocar en momentos de crisis imaginarios nacionalistas y hasta patrióticos, pese a que al mismo tiempo surge una especie de “nacionalismo transnacional”

La tendencia es a eliminar su autocentramiento en un doble movimiento: la subordinación a la autoridad civil y la homologación de la carrera y los sueldos de los militares al carácter de funcionarios públicos, y la eliminación de los organismos autónomos de autorregulación.

La nueva Constitución elimina el Consejo de Seguridad Nacional y subordina directamente la Institución Armada al Ejecutivo, elimina los fueros especiales y somete a los militares a la justicia ordinaria excepto en acciones vinculadas directamente a la defensa, y elimina las representaciones militares en los diferentes organismos estatales. El traspaso y la privatización de las empresas militares no vinculadas a la defensa, limita la autonomía económica del período anterior. Los aparatos de inteligencia de las tres ramas pierden autonomía y tienen su nuevo centro en la Secretaría Nacional de Inteligencia, ligada directamente al Ejecutivo.

El punto central es la eliminación de la misión de las Fuerzas Armadas para actuar como “la garantía del ordenamiento jurídico” y concentrarla en “la defensa de la soberanía y la integridad territorial” (Const., 2008, art. 158)

La orientación en la fase anterior era la militarización de la policía, ahora el modelo va en dirección contraria, la “policiación” de la fuerza militar. Esta modificación tiene su correlato en la tecnificación militar de cuerpos especializados de la policía. La enmienda constitucional 4 modifica el Art. 158 sobre la misión: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley” (Const., 2008, art. 158).

Estas modificaciones “des-constituyen” la identidad tradicional, el espíritu de cuerpo y los lazos de solidaridad, y producen una “ciudadanización” de los militares individualizados. El derecho al voto y el sistema de promoción basado en la meritocracia, bajo decisión del Ejecutivo,² instauran una cultura de competitividad y de éxito personal acorde con el metabolismo de la modalidad de control.

Progresivamente se debilita el sentido de carrera militar y la pertenencia por “vocación” para pasar a una pertenencia por “profesión”, similar a la diferenciación que establece Weber (1979) para el político. La carrera militar pierde su sentido de fin y se convierte en un medio, en un período de pasaje, para asegurar una acumulación básica y la construcción de vínculos para el ejercicio económico posterior. El vínculo se establece desde las dinámicas individuales con una tendencia predominante hacia formas rentistas de economía. Si bien esta tendencia atraviesa al conjunto incluido los grados menores, la incorporación al sentido del orden se acentúa en los grados superiores.

Los signos distintivos se evaporan en el aire. En el nuevo calendario desparecen, una a una, las fechas “patrias” y el lado festivo queda diluido en la forma conmemorativa del poder. La antigüedad, el honor y las condecoraciones ya no forman parte de la promoción de grados, se instituye un sistema meritocrático bajo la discrecionalidad del poder civil.

En esta nueva estrategia de poder se principalizan los aparatos de propaganda y de inteligencia que amplían su radio de acción y se amplifican. El antiguo ECU 911 que empezó como un servicio de emergencia, se convierte en el centro panóptico de control de las multitudes con redes de cámaras y de informantes: el poder todo lo mira, lo graba, lo registra, mientras se vuelve invisible, las cifras oficiales desaparecen, las rendiciones de cuentas se diluyen en actos de propaganda. La antigua Secretaría de Información se convierte en la SECOM y en una red de marketing, un sistema de control y propaganda que subordina la información a los juegos de poder, el desplazamiento de la dominación a la seducción. El centro está en la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), concentra la información, la vigilancia y el control bajo el mando directo del Ejecutivo. Los centros autónomos de inteligencia de las diferentes ramas de las FFAA se subordinan al nuevo mando.

El Estado, en la estructura neoinstitucionalista, se escinde en un órgano ejecutor y un órgano de control, de modo que toda la estructura del Estado queda sujeta a la nueva red de controles omnipresentes, anónimos, con un centro invisible.

Estos cambios se operan bajo una combinación caótica de retorno a las viejas formas de la soberanía y la disciplina. Las últimas formas de cosificación del poder como decisión de un centro trazan un nuevo terreno político en su relación originaria amigo-enemigo; y con ello, la flecha del tiempo político empieza a girar de la direccionalidad autoritarismo-democracia a la direccionalidad democracia-nuevas formas de autoritarismo.

4. Soberanías, violencia y territorio

Más que una construcción barroca de superposición de visiones y prácticas como forma de resistencia subrepticia desde abajo ante el poder de la fuerza dominante, se impone una construcción dual que reordena las visiones y las prácticas a la subordinación al poder dominante, mientras se mantiene el discurso de la soberanía. Más que la sucesión ordenada de las estrategias de poder desde la soberanía, la disciplina y el control, se presenta una forma abigarrada con predominancia de las nuevas formas de biopoder hacia el disciplinamiento y la segurización de la política (Deleuze, 1991; Foucault, 2006).

En la Constitución del 2008 se buscan salidas a través de la superposición de diversas formas, campos, y territorios de soberanía: soberanía popular (Const., 2008, art. 1); soberanía territorial (Const., 2008, art. 4; art. 158); soberanía nacional y globalización (Const., 2008, art. 5; art. 416); soberanía regional (Const., 2008, art. 423); soberanía de los pueblos (Const., 2008, art. 57; art. 398); y soberanía económica, alimentaria y energética (Const., 2008, art. 281; art. 284; art. 304).

En las fronteras de las diversas soberanías hay modificaciones sobre el trazado de los territorios y la presencia de nuevas formas de conflicto y violencia.

El enunciado de la soberanía popular como fundamento de la autoridad queda limitado por el ejercicio a través del Estado, del poder público, mientras las formas de participación directa existen como complemento de la legitimación del poder. El principio general proclamado en la parte dogmática se transforma en democracia tutelada por la institucionalidad del poder público. En esta relación está la raíz de las nuevas formas de control y disciplinamiento de la sociedad. En una cadena de mediaciones la reforma del Estado desemboca en la concentración de la decisión, la autoridad y el poder en un Ejecutivo reforzado. La orientación neoconstitucional de la estructura del Estado actúa como dispositivo para la concentración del poder en nuevas formas de “hiperpresidencialismo” (Saltos, 2016).

En este marco, la modernización de las Fuerzas Armadas se orienta hacia la transformación institucional para el control del “soberano”. El reajuste del papel de las Fuerzas Armadas en las enmiendas constitucionales ampliado a su actuación como fuerzas policiales para el orden interno confirma esta tendencia, el paso de la defensa de la soberanía hacia la incorporación de la institución armada en la segurización de la política.

En las periferias, la construcción de las hegemonías opera en un proceso inverso a las dinámicas de los estados modernos centrales. Gramsci definía al Estado moderno ampliado como “sociedad política + sociedad civil” (Gramsci, 1999), en una metáfora tópica donde las instituciones de la sociedad civil, la escuelas, la iglesia, los medios de comunicación, penetran y rodean al Estado en procesos de producción de sentido y visiones del mundo en disputa. En la periferia, el proceso sigue la dirección inversa, es decir, la penetración del Estado en la sociedad civil para un tutelaje disciplinario y la absorción de las dinámicas de la sociedad por el control del Estado. Sobre todo en el período actual hay un retorno del Estado hacia formas de democracia disciplinaria. En esta tendencia, las estructuras clásicas del “aparato represivo” son disueltas en componentes del funcionamiento del Estado de vigilancia, esto es, en la regencia de los “aparatos de inteligencia”. Esto trae como consecuencia la sobrecarga del funcionamiento del Estado y superposición de formas bonapartistas-populistas-autoritarias, que desembocan en hegemonías truncas, temporales, frágiles, y presentan el Estado de “excepción” como la modalidad permanente.

La soberanía nacional ha modificado el carácter constitutivo del Estado hacia la capacidad y expresión de la correlación de fuerzas en el contexto mundial. En el marco de las nuevas doctrinas de seguridad nacional de los estados centrales, el territorio de las periferias se trans-forma en espacio de disputa de intereses geopolíticos y geoeconómicos. Los conflictos y las violencias locales no pueden ser leídos solo como procesos internos. Las fronteras de esta soberanía se presentan sobre todo en los campos de expansión del “nuevo” imperialismo bajo forma de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005).

En nuestro país la Amazonía se ha convertido en uno de los principales espacios de disputa. La articulación rentista del Ecuador al nuevo capital global marca la modificación del territorio nacional, amplía las fronteras de la explotación petrolera, traza los mapas de la expansión minera, guía los nuevos procesos de “urbanización planetaria” (Wilson, Bayón y Diez, 2015) y diseña proyectos de “peaje global” (Saltos y Villavicencio, 2007). La nueva función de seguridad de las Fuerzas Armadas se ha presentado sobre todo en estos territorios como nuevas formas de ocupación territorial para el control de la población y así garantizar la seguridad de las empresas trasnacionales.

La relación entre la soberanía nacional y la soberanía de los pueblos indígenas se ha convertido en la frontera principal de los conflictos entre el Estado y los actores sociales, con presencia de nuevas formas de autoritarismo, juridización y criminalización de la lucha social, sobre todo en la resistencia al extractivismo. El conflicto empezó en la Asamblea Constituyente y en la definición de la nueva Constitución, a saber, en la distancia entre el reconocimiento en la parte dogmática del carácter “plurinacional” del Estado (Const., 2008, art. 1) y la limitación de este reconocimiento en la parte orgánica, como enunciado de legitimación. Un aspecto central del conflicto fue el tema del carácter de la “consulta pre-via”; mientras los pueblos indígenas planteaban el carácter vinculante, es decir, el Estado “plurinacional” como modificación de las relaciones de poder y participación directa en las decisiones, la Constitución desemboca en una consulta sin fuerza de decisión, apenas como un requisito para la ejecución de las decisiones del Estado: “Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley” (Const., 2008, art. 398).

Las fronteras internas de la violencia se trazan en donde se cruzan las dinámicas de disputas de soberanías globales, nacionales y de los pueblos. En estas fronteras se ejecuta el nuevo papel “policial” y de “segurización” de la política de las Fuerzas Armadas. Esto lo reflejan diversos teatros de violencia: el eje Manta-Manaos, con nuevas formas de represión y copamiento territorial militar en Dayuma; el ITT-Yasuní como cerco del territorio wao y de las zonas intangibles de los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenani, con riesgos de etnocidio (Cabodevilla y Aguirre, 2013); la expansión minera en Morona; y la ocupación del territorio shuar.

5. La disputa de símbolos y modelos

La reorganización y la modernización de la Fuerza Pública no ha sido un proceso lineal, hacia adentro y hacia fuera; este ha sido, por otro lado un proceso que ha pasado por diversos momentos de conflicto, resistencia e insubordinación.

Los acontecimientos de Angostura y la crisis de seguridad del 30S fueron los puntos de quiebre para la reorganización de los organismos de inteligencia y la modernización de las Fuerzas Armadas y la Policía.

El primer paso fue la eliminación de la diferencia y la homogeneización moderna de militares y policías como servidores públicos. El reclamo policial y militar partió de la defensa de las “conquistas” desde la modalidad de la soberanía y el funcionamiento de derechos diferenciados, amenazados por la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Un tema sensible fue la defensa de las condecoraciones y honores, pero el tema de fondo era la disolución de la diferencia como estamento militar, el paso a la modernidad líquida. El argumento oficial se refiere al dato monetario, dejando a un lado la carga “cultural” y simbólica de las demandas. El conflicto escala hasta el enfrentamiento entre policías y militares.

Todavía en este conflicto las Fuerzas Armadas pueden actuar, quizás por última vez, como decisoras de última instancia: el pronunciamiento del Comandante del Comando Conjunto, una mezcla de apoyo a la democracia y de reclamo gremial, inicia el desenlace. El Presidente Correa puede ordenar el rescate. Pero el 30S es la puerta giratoria para las reformas modernizadoras de la Fuerza Pública.

Para el viraje se requiere:

una información convertida en Inteligencia, […] que constituye un instrumento fundamental e indispensable para lograr la preservación y estabilidad de la sociedad, del Estado, sus recursos y habitantes, priorizando los ámbitos de la seguridad interna, la defensa externa y los contextos internacionales que se vinculan con estos componentes. (Jijón, 2011 p. 18)

La inteligencia es concebida como la obtención de información “no alcanzable por otros organismos”, como “insumos para tomadores de decisión mediante la identificación de riesgos y amenazas y las posibles oportunidades” (Rivera y Barreiro, 2011, p. 30).

El nuevo discurso plantea pasar del objeto de la seguridad centrado en el Estado, al “concepto que el objeto sustantivo de protección son los ciudadanos y los intereses soberanos de la nación; […] el desarrollo no se consigue, sino garantizando la seguridad humana integral” (Jijón, 2011,

p. 19). El objeto del poder y la seguridad ya no es el territorio sino la vida de “los ciudadanos”.

En el fondo lo que estaba en juego era el control del monopolio de la violencia física legítima, el paso desde el funcionamiento autónomo de las Fuerzas Armadas hasta la subordinación del poder del régimen: eliminar su capacidad de actuar como decisores de última instancia en los momentos de crisis política. Después del 30S se abren las condiciones para los cambios modernizadores. La desarticulación de las formas tradicionales coloca a la Fuerza Pública en la dinámica de los nuevos tiempos del poder.

Más allá de algunos conflictos corporativos, como el del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), el tema pendiente sigue siendo la modificación del carácter de las Fuerzas Armadas, su reorientación hacia funciones policiales civiles. Un “retorno” cíclico como fuerzas de ocupación de sus propios pueblos.

El lado progresivo de la modernización de la Fuerza Pública tiende a convertirse en su contrario: la reducción de las Fuerzas Armadas desemboca en el incremento del número de efectivos de la Policía y en el crecimiento de los organismos de inteligencia presididos por la SENAIN. La subordinación del poder militar a las autoridades civiles converge con una dependencia del régimen en lugar de una vinculación a una visión de Estado. El giro a la “seguridad ciudadana integral” termina en el paso a formas de control de las multitudes desde el poder.

El paso del Estado de derecho al Estado de seguridad:

las “razones de seguridad” han tomado el lugar de aquello que se llamaba, en otro tiempo, la “razón de Estado”; […] apunta a establecer una nueva relación con los hombres, que es la de un control generalizado y sin límites […] Mantenimiento de un estado de miedo generalizado, despolitización de los ciudadanos, renuncia a toda certeza del derecho: éstas son tres características del Estado de seguridad. El Estado de seguridad es un Estado policiaco, ya que el eclipse del poder judicial generaliza el margen discrecional de la policía, la cual, en un estado de emergencia devenido normal, actúa cada vez más como soberano. (Agamben, 2015, pp. 2-4)

Se debilitan las perspectivas de una reforma democrática de las Fuerzas Armadas que empiecen por rescatar las mejores tradiciones patrióticas de su historia y las prácticas de vinculación con la sociedad.

6. El asedio desde abajo

El Estado-nacional sufre otro tipo de asedio desde abajo. La forma principal es el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, que modifica el carácter de la soberanía en una superposición de niveles. En el marco de la ciudadanía ecuatoriana, se plantea el reconocimiento de diversas formas de soberanía territorial y de autonomías de las nacionalidades y los pueblos indígenas, además de formas de participación de los diversos actores sociales.

Desde el poder, esta visión ha sido mirada como la “construcción de otro Estado dentro del Estado”. En la Constitución del 2008 se filtran algunas respuestas débiles desde la visión plurinacional, aunque posteriormente se marcará la distancia entre la norma y los hechos. El reconocimiento constitucional del carácter plurinacional en la parte dogmática no tiene correspondencia con la institucionalización de nuevas formas de poder en la parte orgánica, un signo es la reducción de la consulta previa a un carácter consultivo.

El paso al Estado plurinacional implica iniciar el camino para la superación no solo de la forma uninacional del Estado, sino de la propia supervivencia del Estado y el paso del poder y la decisión a la sociedad. Este giro implica una transformación hacia una política de paz hacia afuera y hacia adentro, de modo que se pueda reducir la necesidad funcional del monopolio de la violencia física y de la constitución de cuerpos especializados en la organización y la administración.

Desde abajo hay experiencias germinales en esta dirección. En Sarayacu, la comunidad organiza su propia fuerza de seguridad, así, los wios son encargados de la protección del territorio y de la seguridad de las personas y de la comunidad. Históricamente, las experiencias revolucionarias desde abajo como la Comuna de París, han disuelto las Fuerzas Armadas estatales para pasar al “pueblo armado” como organismo de defensa de la soberanía popular. Aquí se opera el principal asedio desde abajo. Desde los actores sociales contrahegemónicos se reclama el derecho a la protesta y la rebelión ante la injusticia.

La respuesta del Estado parte de la visión de que hemos llegado al grado cero de la necesidad de la violencia extraestatal:

Para la opinión pública dominante, tanto la capacidad de resolver conflictos conforme a derecho como la capacidad de abarcar con su poder el conjunto del cuerpo social, habrían alcanzado en la entidad estatal contemporánea un grado cercano a la perfección. Esta cuasi perfección de la entidad estatal sería justamente la que hace impensable el surgimiento de un conflicto que llegara a ser tan agudo o tan inédito entre ella misma y el cuerpo social, como para justificar o legitimar una ruptura en contra suya de su monopolio excluyente del derecho a la violencia. Esta confianza en una concordancia plena entre el estado y la sociedad es la que no existía en la opinión pública de hace cien años y la que distingue a la de nuestros días. (Echeverría, 2013, p. 366)

Todavía en la Constitución, la respuesta del Estado ecuatoriano deja una puerta estrecha al derecho a la resistencia como reflejo tardío de las movilizaciones que abrieron el imaginario constituyente (Const., 2008, art. 98).

La modernización del aparato represivo significa no solo la licuefacción-eliminación de estos derechos, sino la criminalización de la protesta social. El nuevo Código Orgánico Integral Penal, particularmente en este tema, se traza bajo la visión del Código del enemigo, es decir, se incluye la protesta con movilización dentro de las tipificaciones de subversión y terrorismo. El ideal neoinstitucionalista es la protesta disciplinada, regulada por el derecho y enmarcada en la institución. Con ello, se abre la puerta a nuevas formas de violencia, tanto desde arriba como desde abajo: la paradoja y el riesgo de una democracia política formal y un “fascismo social” (De Sousa Santos, 2009).

Una reforma profunda del Estado recupera las visiones que ponen en duda la naturaleza misma del Estado. Retoma la descripción del Estado como “parásito, que se nutre a expensas de la sociedad y entorpece su libre desenvolvimiento” (Marx, 2003, p. 67), y plantea un proceso que parte de la destrucción del viejo aparato, la sustitución por uno nuevo, y la desaparición-extinción del Estado, con todos sus aparatos.

Conclusiones

El proceso de las Fuerzas Armadas en el Ecuador ha pasado por cuatro fases, marcadas por las variaciones de la soberanía como piso sobre el cual se sobreponen en forma abigarrada las otras formas del poder, disciplina y control.

Un momento fundacional, con una dialéctica de dos tiempos; el nacimiento como herencia de los ejércitos independentistas y los avatares de los caudillismos militares locales, hasta la constitución del Estado nacional-liberal y la estructuración del Ejército nacional en la Revolución Alfarista. En esta fase, Las Fuerzas Armadas se estructuran en torno a la soberanía-territorial-nacional-interna.

Esta visión se expande con la incorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la soberanía continental ante los ataques externos. El Estado-nacional es el soporte de las relaciones y de los alineamientos internacionales.

Una primera modificación significativa se opera en los años sesenta con el ordenamiento de la Doctrina de seguridad nacional. La soberanía territorial se desplaza de las fronteras externas a las fronteras internas para enfrentar la subversión. Las Fuerzas Armadas actúan como ejércitos de ocupación de sus propios pueblos, aunque en Ecuador no toma las formas de violencia extrema del Cono Sur.

El modelo neoliberal no es únicamente económico, sino que implica una reforma del Estado y con ello de las Fuerzas Armadas. La globalización capitalista licúa las fronteras de los Estados nacionales y modifica las instituciones. Con la caída del muro de Berlín se disuelve el enemigo ordenador y se requiere construir un enemigo global sustituto: el enfrentamiento a las amenazas del terrorismo y el narcotráfico. Hay un desplazamiento del papel central de las fuerzas militares a las fuerzas policiales, articuladas al control del poder norteamericano. Los “Libros blancos” son el dispositivo para adecuar esta política a las condiciones de cada país.

Esta tendencia toma fuerza a nivel global a partir del 9/11, con el reordenamiento hacia la guerra total y ubicua. “La modernidad líquida” se expresa en un reordenamiento del aparato represivo, el paso del Estado de derecho al Estado de seguridad y el desplazamiento del centro del aparato represivo hacia los aparatos de inteligencia. Se opera la superposición de diversas soberanías como fundamento de las nuevas formas de biopoder y control de la población.

En Ecuador el proceso de modernización y de adecuación a las nuevas formas globales de “violencia física legitimada” se inicia en 2003 durante el gobierno de Lucio Gutiérrez en torno a la discusión de la actualización del Libro Blanco, a pesar de los esfuerzos de algunos actores por diseñar una agenda propia, y culmina con el gobierno de Alianza País. Mientras en las fases anteriores el Estado-nacional era el soporte de las modificaciones y reformas, en la fase actual la modernización parte de la disyunción entre Fuerzas Armadas y soberanía territorial-nacional. El capítulo actual apunta a un “retorno” de la “policiación” de las Fuerzas Armadas como guardianes del orden mundial al interior de los países, y a la subordinación de la institución armada a la lógica general del Estado y al control de los organismos de inteligencia.

La principal frontera de las violencias en Ecuador se dibuja en la Amazonía, allí se condensan los conflictos de las diversas soberanías y se abre a las formas más modernas de vigilancia y control. También allí se presentan asedios desde abajo.

La pregunta es si hay otras vías de reforma de las Fuerzas Armadas hasta un punto en que el Estado en su conjunto ya no sea necesario. Cabe preguntar además si es posible superar la distancia entre el Estado y la sociedad también en la detentación del monopolio de la violencia legitimada, y así, superar las formas conservadoras y míticas de la violencia para devolver a la sociedad el sentido de comunidad humana.