Forum. Revista Departamento de Ciencia Política

Introducción

En mi sentir el problema de Norte de Santander es distinto, al que confronta el departamento del Sur de Santander. La efervescencia política de Santander del Sur motivada por asuntos electorales ha sido capitalizada en el Norte para vengar rencores personales y vencer en la competencia comercial que de manera crudelísima se ha establecido en varias poblaciones de aquella región. (Juez Santamaría, 17 de septiembre de 1932, citado en Gutiérrez 2014)

En el marco del Acuerdo de Paz de la Habana una de las provisiones ^[1] con mayor incidencia en la dinámica electoral del país fue la apuesta por la reintegración política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a partir de la transformación de este grupo armado en partido político y su participación en la competencia democrática por el poder. Como resultado de lo anterior, excombatientes de esta guerrilla participaron por primera vez en las elecciones para Congreso en marzo de 2018 y de acuerdo con lo previsto en los Acuerdos accedieron a cinco curules para el Senado, así como a cinco curules para la Cámara por dos períodos constitucionales.

Aun cuando el nuevo partido recibió diez escaños en el Congreso de manera provisional como parte de lo acordado en la Habana, en las urnas la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) no alcanzó el umbral de votos a nivel nacional que habría requerido para acceder a una curul en el Senado, teniendo en cuenta que logró a su favor sólo el 0.34 % ^[2] y no el 2 % del total de los votos totales válidos. Tal condición remite a un futuro incierto a nivel de su participación en el legislativo a partir de 2026.

Este artículo busca responder a la pregunta de si es posible establecer una relación de causa y efecto generalizable entre la presencia previa de la guerrilla de las FARC, o de otras organizaciones armadas y un nivel bajo o alto de votos por el partido Farc. Tal como se observa en la figura 1, de los 250 municipios con presencia de las FARC hasta su desmovilización, en 205 se registró apoyo a la Farc en las elecciones legislativas de 2018. Aun así, el número se reduce a 52 al considerar una participación porcentual superior al 1.5 de la votación total de cada municipio, y a tan sólo cinco —Argelia y Jambaló en Cauca, San Calixto en Norte de Santander, Valle del Guamuez en Putumayo y Uribe en Meta— al elevarla por encima del 12 %. En el orden subnacional se pueden identificar las zonas donde la Farc cuenta con apoyo electoral y presencia previa de las FARC. Entre estas zonas se encuentra el Catatumbo en Norte de Santander ^[3] , donde los resultados al Congreso permiten identificar diferentes escenarios con variaciones importantes en el nivel de apoyo electoral.

La pregunta formulada es especialmente pertinente en el Catatumbo, por cuanto la revisión de los resultados electorales de los últimos años revelaría que hay una mayor intención de voto por la izquierda que se expresa principalmente en zonas donde las FARC tuvo influencia (Echandía & Cabrera, 2017a). De acuerdo con los resultados de los comicios de marzo de 2018, se evidencia que la Farc obtuvo en el Catatumbo 1.572 votos que equivalen al 3 % del total registrado a nivel nacional y que en cuatro municipios correspondientes a San Calixto, Teorama, Hacarí y El Tarra se concentra la mayor favorabilidad (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018). No obstante, los niveles de votación por la Farc en municipios como Tibú, Convención, La Playa y Sardinata varían significativamente respecto a los cuatro municipios enunciados anteriormente y, por lo tanto, como se mostrará en este artículo, los resultados electorales también indicarían que la presencia previa de los frentes de las FARC en los municipios del Catatumbo no se traduce necesariamente en un decidido apoyo al nuevo partido.

Figura 1 : Escenarios de apoyo a la Farc en las elecciones legislativas de 2018 y presencia previa de las FARC

Fuente: elaborado por los autores a partir de los datos de las elecciones al Congreso de la República de Colombia de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2018).

En paralelo al análisis de las votaciones por la Farc, es preciso notar que el contexto en el que se ha implementado la reincorporación política de las FARC es poco común respecto a lo que ha ocurrido en países con procesos de posconflicto teniendo en cuenta la continuidad de la guerra y de distintas economías criminales a cargo de otros grupos armados en Colombia. Sin duda, la incidencia de esta situación sobre la dinámica electoral del Catatumbo no puede subestimarse en la medida en que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) —o Pelusos— han mantenido su presencia armada en la región con el objetivo de garantizar su acceso a espacios estratégicos y a rentas económicas principalmente asociadas al narcotráfico (Echandía & Cabrera, 2019). Tales condiciones tienen el potencial de afectar el desempeño de la Farc y, en general, la dinámica electoral, debido al compromiso de este nuevo partido de promover el fin del narcotráfico y el registro reciente de acciones violentas contra la población por parte de las organizaciones armadas que aún están activas en esta zona fronteriza con Venezuela.

Esta es una investigación cuantitativa con soporte documental y triangulación de fuentes secundarias. En primer lugar, con el fin de establecer un análisis sobre la votación por el partido Farc, se adelantó una consulta y procesamiento de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil relativos a los resultados electorales de las votaciones al Congreso 2018 a nivel nacional y, adicionalmente, para el nivel regional, se sistematizaron los resultados electorales por puestos de votación en las áreas rurales y en las cabeceras de los municipios del Catatumbo.

En segundo lugar, en función de incorporar el impacto de la presencia y actividad de grupos armados y eventos violentos sobre el desempeño electoral de las FARC, se utilizó la información secundaria de la plataforma de datos multitemporal del Proyecto de seguimiento del conflicto armado en Colombia ^[4] del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia. En tercer lugar, se revisaron fuentes secundarias en términos de bibliografía especializada sobre variables de éxito y riesgo para la participación electoral de excombatientes, así como documentos analíticos e informativos de prensa y de centros de pensamiento.

La información de los resultados electorales fue procesada a través del software ArcGis, con el fin de facilitar la identificación de patrones espaciales en la votación por el partido Farc al Congreso registrada en los puestos de votación ubicados en las cabeceras municipales y en el área rural.

En cuanto a los aportes teórico-analíticos a tener en cuenta en la presente investigación, diversos estudios académicos han conceptualizado la reintegración política de excombatientes como la organización del grupo rebelde en partido político; el desarrollo de actividades políticas por parte de los desmovilizados a través de medios legales e institucionales; así como la participación del grupo excombatiente en el poder ejecutivo o legislativo a nivel nacional o local (Dudouet, Planta & Glessmann, 2016). Con todo, más allá de estas posibles definiciones, la literatura especializada en la materia ha señalado que la participación política de excombatientes no es una condición fácil de acordar o de sostenerse en el tiempo con éxito.

Al respecto cabe señalar que son muy pocos los casos internacionales ^[5] donde se han establecido condiciones específicas para la participación política de grupos desmovilizados una vez se ha terminado la guerra (Söderström, 2014; Wittig, 2016). Ciertamente, la participación política de excombatientes es un asunto que implica un análisis costo-beneficio para las partes que han estado en conflicto. En otras palabras, mientras que los rebeldes deben sopesar los costos de resistencia en medio de la guerra, con los costos de participar en la competencia electoral, por su parte, el gobierno debe sopesar los costos de tolerancia hacia una nueva fuerza política, con los costos de supresión o de mantener una campaña de presión militar (Shugart,1992, p. 127).

En el caso colombiano el desgaste militar del Estado y de las FARC propició una solución negociada que incluía la reintegración política de este grupo desde una lógica gana-gana. La guerrilla, en medio de su retroceso militar y territorial, encontró en el Acuerdo de Paz una oportunidad para mantener algún tipo de incidencia política y, de manera paralela, el gobierno, ante la prolongación de la confrontación armada, optó por una apertura democrática que favoreciera el fin de las hostilidades y la violencia contra los civiles pese a la reticencia de varios sectores políticos dispuestos a competir electoralmente con los excombatientes (Echandía & Cabrera, 2017b; De la Calle, 2019). Como resultado, Colombia haría parte de los contados países donde los acuerdos incluyeron estratégicamente garantías para la participación de una nueva fuerza política para poner fin al conflicto.

Ahora bien, literatura especializada en la materia ha advertido que en contextos de construcción de paz son múltiples los desafíos que rodean el éxito de la participación política de rebeldes. Mientras que para algunos analistas este éxito radica simplemente en que el grupo armado logre establecer un partido político, para otros, existen asuntos más complejos que inciden en el sostenimiento de la reintegración política de excombatientes como el tipo de organización interna del nuevo partido, su historia previa de apoyo social, así como la existencia de garantías institucionales para su participación (De Zeeuw 2008; Manning 2008; Söderberg, 2007; Wittig, 2016).

Sin embargo, desde la dimensión político-electoral, un balance de la participación política de grupos desmovilizados implicaría examinar si los excombatientes lograron acceder a asientos en instituciones públicas o si alcanzaron algún estatus que les permita ejercer veto en decisiones políticas (Allison, 2006; Shugart, 1992; Zukerman, 2011). En otras palabras, la carrera política que adelantan los grupos rebeldes y su éxito depende, sin lugar a duda, de su capacidad para obtener votos en las elecciones legislativas y ejecutivas (Allison, 2016; Hensell & Gerdes, 2012).

En congruencia con esta última aproximación, una de las principales variables de análisis que se ha empleado para evaluar los logros de la participación política de excombatientes es el desempeño electoral del partido surgido tras la desmovilización del grupo armado (Allison, 2006, Manning & Smith, 2018). En los hallazgos de Manning y Smith (2018) sobre el estudio de grupos rebeldes convertidos en partidos, a partir de la observación de 77 partidos y 37 países, los resultados electorales que presentan estas organizaciones desde su inicio afectarían considerablemente su futuro apoyo político. Adicionalmente, a través del estudio de los resultados de votación no sólo sería evidente en qué medida el grupo excombatiente en contexto de posconflicto cuenta con bases electorales para acceder a cargos públicos hacia futuro, sino que, además, las tendencias de votación a nivel regional permitirían notar en qué medida zonas de influencia previa del grupo armado en realidad constituyen escenarios con favorabilidad electoral para el nuevo partido político (Wood, 2001).

A partir de esto, los siguientes apartados se concentran en el análisis de la votación por la Farc en el Catatumbo con el fin de adelantar una aproximación al desempeño electoral del partido surgido del Acuerdo de Paz y el impacto de variables asociadas al conflicto armado y a la violencia en la región.

Desempeño electoral de la Farc en medio del conflicto armado y la violencia en el Catatumbo

El desarrollo de organizaciones armadas en el Catatumbo se encuentra estrechamente ligado al hecho de que la mayoría del territorio es montañoso. Es importante, advertir que en las dos grandes unidades fisiográficas han hecho presencia, en la zona montañosa la guerrilla y en la plana los grupos paramilitares o de autodefensa ^[6] .

El ELN fue la primera guerrilla en ingresar al Catatumbo. Su presencia se vio favorecida por la primera colonización de migrantes a finales de los años setenta, que buscaban empleo en la nueva economía generada alrededor del petróleo y que simpatizaban con la organización alzada en armas. El propósito de esta agrupación era acercarse a la frontera con Venezuela y crear así un corredor de comunicación con el departamento de Arauca, a través del cual se generarían las condiciones para su posterior expansión alrededor del oleoducto Caño Limón–Coveñas. De esta forma, a principios de los años ochenta se produjo la mayor expansión territorial del ELN, logrando el control de la provincia de Ocaña y Pamplona, en las regiones del Catatumbo y el Sarare, así como el área metropolitana de Cúcuta ^[7] .

Posteriormente, se registró una nueva colonización, esta vez alrededor de los cultivos de coca, la cual inició en los años ochenta, pero adquirió mayor fuerza en la segunda mitad de la década del noventa. Durante esta fase, las FARC, a través del frente 33, incursionó por la provincia de Ocaña y el Catatumbo. En el marco de la Séptima Conferencia (1982), Norte de Santander adquiere especial importancia como uno de los puntos culminantes para el dominio de la cordillera oriental y de esta manera comunicar Ecuador con Venezuela, a través de la creación de una cadena de frentes.

El desplazamiento del ELN como actor armado dominante en el Catatumbo se relaciona directamente con el fortalecimiento que las FARC derivan del auge, a partir de 1996, de los cultivos de coca, que posteriormente les fueron disputados por los grupos de autodefensa. Lo que es más importante, las autodefensas entran a atacar las bases de apoyo de la guerrilla y diseñan una estrategia para conquistar el corredor entre Tibú y Cúcuta y su área metropolitana, y de esta forma, asegurar la zona estratégica para el narcotráfico que comunica el Urabá y el departamento de Córdoba con Arauca.

En el Catatumbo se identifican cuatro estructuras que hicieron presencia en diferentes momentos: las Autodefensas del Sur del Cesar (AUSC), el Bloque Catatumbo, comisiones del Bloque Norte y el Bloque Central Bolívar. Las distinciones entre estas estructuras se refieren a factores de orden histórico. Estas estructuras se desmovilizaron entre los años 2004 y 2006, en el marco del proceso de negociación llevado a cabo por la primera administración de Álvaro Uribe Vélez.

Con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas y la mayor ofensiva militar contra las guerrillas entre 2003 y 2007, las FARC se propusieron recuperar el control sobre el Catatumbo para lo cual el grupo alzado en armas llevó a cabo diversas acciones contra la fuerza pública, promovió paros armados, atacó la infraestructura social de los municipios, la red eléctrica nacional y cometió múltiples homicidios a personas protegidas con liderazgo social o comunitario, amenazó de forma generalizada a alcaldes y concejales, vetó la presencia de la comunidad internacional, afectando de manera grave la escasa gobernabilidad, la participación ciudadana y el derecho de todos los ciudadanos a regir los destinos municipales.

El predominio que lograron las guerrillas en el Catatumbo paulatinamente fue cerrando el espacio a las bandas criminales que sobrevienen a la desmovilización de las autodefensas y en la actualidad sólo tienen presencia los Pelusos, que no son otros que aquellos que manejó alias Megateo hasta 2015, disidente del EPL, que perdió su norte político y se criminalizó ^[8] . La entrega, captura y baja de otros de sus mandos ha acelerado el proceso de tensión interna, fragmentación y criminalización, dando paso a líderes jóvenes que buscan imponer el control a través de la violencia y la intimidación (Cayó Pácora, cabeza de Los Pelusos y azote del Catatumbo, 2019).

En medio de las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC —octubre de 2012- noviembre de 2016—, se registran en el Catatumbo niveles del conflicto armado comparable con los de las conversaciones adelantadas en el gobierno de César Gaviria —junio de 1991 - marzo de 1992— y sustancialmente más bajos con respecto al proceso llevado a cabo en la administración de Andrés Pastrana en el Caguán —noviembre de 1998 - febrero de 2002—. Es importante subrayar que, a diferencia de lo acaecido en las negociaciones anteriores, en medio del proceso de paz del gobierno Santos se impone una tendencia descendente tanto en la actividad guerrillera como en los combates de las Fuerzas Militares (FF.MM.) (Echandía & Cabrera, 2017b).

La salida de las FARC del escenario de la confrontación armada mediante el proceso de paz propició el reacomodo del ELN y el EPL que se inició en 2016 con una primera fase en San Calixto, Teorama y El Tarra. Una segunda etapa de expansión tuvo lugar en Tibú, Convención y Sardinata. El incumplimiento por parte del EPL del acuerdo pactado con el ELN para evitar la confrontación en el proceso de reacomodo sobre los territorios donde las FARC tuvieron mayor influencia, generó el enfrentamiento entre estos grupos (El Catatumbo sigue abandonado a su suerte, 2018). El EPL desacató normas establecidas, como que las estructuras armadas no podían estar uniformadas en los cascos corregimentales, y también empezó a desconocer a las organizaciones sociales, lo cual generó fuertes tensiones con el ELN (Defensoría del Pueblo, 2018a, 2018b, 2018c).

Desde que se inició a comienzos de 2018 el enfrentamiento, los reportes que se han conocido dan cuenta del fortalecimiento del ELN a partir de apoyos venidos del Sur de Bolívar y Arauca y que el grupo guerrillero no tiene intenciones de desistir de su objetivo de impedir a toda costa la expansión del EPL (El posconflicto en el Catatumbo, a un paso del fracaso, 1 2018). Aunque inicialmente los reportes sobre el EPL, grupo que el Gobierno etiqueta como una banda criminal, decían que era un pequeño grupo con no más de 50 integrantes con influencia histórica en El Tarra, Hacarí y San Calixto, de acuerdo con informaciones recientes, se habría fortalecido debido a la estrecha relación que mantiene con poderosas organizaciones del narcotráfico (La riqueza maldita del Catatumbo, 2018).

En paralelo a estos escenarios, se desarrolla una ofensiva militar que pretende recuperar la seguridad en la región, con el despliegue de fuerzas especializadas de alta movilidad, adscritas a la Fuerza de Tarea Vulcano, la Fuerza de Despliegue Rápido III y los batallones de operación terrestre BATOT, sumado a los Batallones Especiales Energéticos y Viales BAEV. Este nuevo modelo operativo que se viene aplicando en el Catatumbo, responde al plan de transformación institucional, emprendido desde 2011 y que se enmarca en la denominada doctrina Damasco (Defensoría del Pueblo, 2019a; 2019b).

Aunque es indiscutible que en el Catatumbo la intensidad de la confrontación armada disminuye, debido a la decisión de las FARC de abandonar la lucha armada, el enfrentamiento que, desde comienzos de 2018, protagonizan el ELN y el EPL por el control de los cultivos de coca en expansión ^[9] , ha venido escalando y comienza a perfilarse como la principal amenaza para el proceso de reintegración social y política de los integrantes de la guerrilla desmovilizada. La situación descrita se agrava aún más con el surgimiento de las disidencias del Frente 33 de las FARC, autodenominadas “Frente Catatumbo FARC”, con presencia en los municipios de Convención, El Tarra y Teorama (El precio de vivir en el Catatumbo en medio de la guerra entre guerrillas, 2018).

A partir de la dinámica del conflicto armado y del desempeño del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en las elecciones legislativas de 2018 en la región del Catatumbo, se pueden identificar tres diferentes escenarios donde el nivel de votación y su distribución espacial varían significativamente, tal como se muestra en la tabla 1 y la figura 2.

Tabla 1: Votación de la Farc y factores de riesgo por escenario en el Catatumbo

Tabla 1 Votación de la Farc y factores de riesgo por escenario en el Catatumbo

Fuente: elaborado por los autores con base en la plataforma de datos del CIPE.

El primer escenario con el 60 % de los votos obtenidos en el Catatumbo por la Farc y una elevada concentración geográfica de los puestos donde se registra dicha votación, está conformado por San Calixto (406) ^[10] ,Teorama (193), Harcarí (188) y El Tarra (187). En este escenario, con un fuerte predominio del partido conservador hasta 2006, se experimenta en los últimos años un giro hacia la izquierda. Este cambio coincide con la desmovilización de las autodefensas y la reconquista que las FARC llevaron a cabo de la zona montañosa del Catatumbo (Echandía & Cabrera, 2017a). En estos cuatro municipios donde el grupo guerrillero hasta el momento de su desmovilización ejerció estricto control sobre las organizaciones sociales y comunitarias, impuso reglas de conducta a la población y presionó a las autoridades locales, el mayor apoyo obtenido por la Farc en las elecciones parlamentarias de 2018 se produce en un escenario donde el Polo Democrático Alternativo adquiere mucha fuerza y existe un firme respaldo al Acuerdo de Paz, como lo evidencia la votación mayoritariamente a favor del sí en el plebiscito de octubre de 2016.

El segundo escenario con el 30 % de los votos obtenidos por la Farc y dispersión espacial de los puestos donde se registra, lo conforman Tibú (307) y Convención (154). El territorio de estos municipios constituye un corredor estratégico para el accionar de los grupos armados en tanto que hay una fuerte concentración de cultivos de uso ilícito, presencia de laboratorios para el procesamiento de la coca y una ruta de salida para la droga que permite su rápida comercialización en mercados internacionales. En este escenario donde se impone en las elecciones parlamentarias de 2018 el Partido Cambio Radical, la influencia de las FARC sobre la población se debilita en los últimos años debido a que las FF.MM. impiden el acceso de la guerrilla a los corredores estratégicos que conectan el área montañosa del Catatumbo con la zona plana y la frontera con Venezuela.

El tercer escenario con el 10 % de los votos obtenidos por la Farc y una elevada dispersión de los puestos donde se registra, lo conforman Sardinata (65), El Carmen (47) y La Playa (25). Los resultados de las elecciones legislativas muestran que el Partido Conservador en Sardinata y La Playa y el Partido Liberal en El Carmen lograron imponerse tanto en la cabecera como en la parte rural de estos municipios. Si se tiene en cuenta, que en este escenario la presencia guerrillera no ha tenido bases estables y por esta razón la influencia de las FARC sobre la población no pasó de ser esporádica y marginal, se entiende por qué el apoyo a la Farc en la competencia electoral fue tan reducido.

Figura 2 : Distribución espacial de la votación de la Farc en el Catatumbo

Fuente: elaborado por los autores a partir de los datos de las elecciones al Congreso de la República de Colombia de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2018).

Conclusiones

Este artículo analiza el desempeño electoral de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común a partir de una revisión de los resultados electorales para el Congreso de 2018 y la influencia de la dinámica reciente del conflicto armado y la violencia en el Catatumbo. De esta manera se enfatizó que, aunque el partido Farc logró acceder de manera directa al legislativo bajo las provisiones establecidas por el Acuerdo de Paz, más allá de 2026 su participación no se encuentra asegurada a menos que cuente con la votación suficiente para acceder a escaños de representación.

Bajo esta perspectiva, se identificaron en el Catatumbo tres escenarios generales, en donde el apoyo electoral a la Farc se expresó de manera distinta en términos del número de votos y los patrones de distribución espacial. Un primer escenario identificado correspondió en general con los municipios de San Calixto, Hacarí, Teorama y El Tarra, donde la influencia de las FARC sobre la población alcanzó su nivel más alto y los resultados electorales dieron cuenta de un mayor apoyo y concentración espacial de la votación de la Farc. Un segundo escenario de estudio correspondió a los municipios de Tibú y Convención, donde la influencia de las FARC sobre la población se debilita en los últimos años, razón por la cual se registró con respecto al escenario anterior menor apoyo y concentración espacial de los votos de la Farc. Finalmente, el tercer escenario conformado en general por los municipios de Sardinata, La Playa y El Carmen, donde la presencia guerrillera no ha tenido bases estables y por lo tanto la influencia de las FARC sobre la población no pasó de ser esporádica y marginal, se caracterizó no sólo por el bajo apoyo a la Farc, sino además por una alta dispersión espacial en cuanto a los puestos donde se registra la votación.

Adicionalmente, en estos escenarios se analizó de manera transversal en qué medida la conducta de los actores armados que aún están presentes en el Catatumbo representaría un obstáculo para la participación política de la Farc. Justamente, las dinámicas de violencia y reacomodo de estos actores se han venido expresando en la muerte y amenaza tanto de líderes sociales como de excombatientes de las FARC, desde lo cual se desprende un ambiente de inseguridad que afecta el desempeño electoral de la Farc. En particular, el enfrentamiento que protagonizan el ELN y el EPL, grupo que el Gobierno etiqueta como una banda criminal, ha venido escalando y constituye en la actualidad el principal reto de seguridad en la reincorporación política de las FARC.

La continuidad del conflicto en el Catatumbo no es un reto menor. La salida de las FARC del escenario de la confrontación armada, propició un proceso de reacomodo del ELN y el EPL que se inició en 2016 con una primera fase en los municipios de San Calixto, Teorama y El Tarra y que continuó en una segunda etapa a partir de su expansión en Tibú, Convención y Sardinata. En medio de estos cambios, los enfrentamientos entre estos grupos desde comienzos de 2018 tienen su origen en el incumplimiento por parte del EPL del acuerdo pactado con el ELN en términos de evitar una confrontación en su reacomodo sobre los territorios donde las FARC tuvieron mayor influencia hasta su reincorporación.

A esta difícil situación se suma el surgimiento de las disidencias del Frente 33 de las FARC, autodenominadas “Frente Catatumbo FARC”, cuya presencia correspondería con los municipios de Convención, El Tarra y Teorama y podría tomar fuerza, en razón a los factores que allí confluyen y que le otorgarían amplias posibilidades de afianzamiento, debido a la condición fronteriza de la región, la economía ilícita ligada al cultivo y procesamiento de hoja de coca, así como a no haber entrado en confrontación con otros grupos presentes en el territorio. Aunque en estos municipios los resultados electorales al Congreso de 2018 dan cuenta de un nivel entre medio y alto de apoyo a la Farc en varios puestos de votación, hacia futuro es incierto en qué medida la nueva fuerza electoral pueda mantenerse al margen de las presiones e intereses económicos de esta disidencia.

En suma, al realizar un balance de la reintegración política de las FARC en el Catatumbo desde la perspectiva del desempeño electoral de las Farc, se evidenció que no es posible establecer una relación de causa y efecto generalizable entre la presencia previa de la guerrilla, o de otras organizaciones armadas y un nivel bajo o alto de votos por el nuevo partido. En realidad, el apoyo que recibieron las FARC convertidas en partido político se relaciona principalmente con el carácter de los métodos utilizados para garantizar la fidelidad de la población, el sentido de las estrategias militares y la legitimidad social del grupo guerrillero durante el conflicto, más no únicamente con su presencia territorial. Con todo, el nivel de apoyo electoral obtenido por la Farc en las elecciones al Congreso permitiría controvertir los pronósticos de los sectores opuestos a la implementación del Acuerdo de Paz en términos de la capacidad de este partido de afectar las reglas del juego democrático teniendo en cuenta su capacidad más reciente para alcanzar escaños de representación nacional. Pese a esta última situación, los porcentajes de participación y concentración espacial de votos en los municipios de San Calixto, Hacarí, Teorama y El Tarra convierten este escenario en un enclave político para este partido, aun cuando está pendiente analizar el desempeño de la Farc desde las próximas elecciones locales.