Forum. Revista Departamento de Ciencia Política

Contexto y presupuestos para el estudio del exilio colombiano

El caso colombiano no ha gozado de especial atención dentro de las corrientes dedicadas al estudio de los exilios en América Latina. Tampoco ha sido un tópico de especial interés en el ámbito social y académico colombiano, entorno en el que el desplazamiento interno, primero; y las migraciones internacionales, después, acapararon por años la atención, tanto de los grupos de investigación como de las entidades y organismos encargados de realizar el seguimiento a las movilidades de personas dentro y fuera de este país. Esta desatención hasta ahora se ha relacionado, por una parte, con la magnitud de estos dos últimos fenómenos y, por otra, con la ausencia de un evento histórico desencadenante análogo a las dictaduras escenificadas durante las décadas de 1950 a las de 1980 en otros países del entorno ¹ .

A cambio, un largo conflicto armado, iniciado a finales de los años de 1950 y vigente hasta la actualidad, se apoderó del país dejando, según la base de datos de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), 9 231 426 víctimas (UARIV, 2022), entre ellas, conforme a los registros del Centro Nacional Memoria Histórica (CNMH), al menos 220 000 muertos (CNMH, 2013) y 99 235 personas desaparecidas, de acuerdo con el cómputo puesto recientemente a disposición por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD, 2022). Adicional a esto, se estima que existen en la actualidad entre 390 000 y 500 000 víctimas en el exterior, cálculo realizado considerando investigaciones de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES, 2017) y de fuentes periodísticas (La Colombia fuera de Colombia, una verdad que existe y debe escucharse, 2017). Este último grupo reúne, de manera hasta ahora escasamente reconocida, una significativa comunidad de personas exiliadas, cuya magnitud real está todavía por establecerse.

Si bien es cierto que la contienda bélica ha tenido como efecto la expulsión del país de un amplio contingente de personas ² , esta no puede ser considerada como la causa prevaleciente de las dinámicas exiliares. De tal suerte que, de entrada, resulta importante distinguir, en primer lugar, las salidas del país provocadas por aquellos efectos o condiciones generales del conflicto, en segunda instancia, los destierros responsabilidad de actores no gubernamentales y, en tercera medida, el exilio como estrategia empleada por parte del Estado para la exclusión de sus adversarios políticos.

Esta última manifestación, que en su carácter masivo se ha producido fundamentalmente a partir de los años setenta y que ha perdurado en las décadas siguientes ³ , se distingue de las dos anteriores por el hecho de tener un carácter planificado y sistemático, rasgos que permiten interpretar que el fenómeno del exilio en Colombia, más que una de las diversas consecuencias coyunturales del conflicto, constituye —junto a la desaparición, la tortura, la prisión, el hostigamiento, la persecución y la eliminación física— uno de los diversos mecanismos de violencia utilizados para regular y restringir la participación en el espacio político ⁴ . De este modo, las elites dominantes, usando frecuentemente las fuerzas de seguridad del estado, han conseguido un control cuasi hegemónico de las instituciones, excluyendo de manera reiterada del ejercicio del poder a sus principales competidores, logrando, al mismo tiempo, enmascarar esta forma de violencia estatal como parte de los efectos de la confrontación (Martínez-Leguízamo, 2015).

Como se ha puesto de manifiesto en los diferentes estudios realizados en el Cono Sur (Bolzman, 1996; Coraza, 2007; Gatica, 2009; Jensen, 1998), además de ser una forma de exclusión, el exilio se configura como una estrategia de sobrevivencia y protección a la que recurren las personas cuya vida se ve amenazada. En este sentido, ha sido un recurso utilizado por individuos de muy diversos perfiles y de todo el espectro político nacional. Sin embargo, y a la espera de que el estudio macro de la Comisión de la Verdad lo confirme, la mayor parte de actores que lo componen se corresponden con sectores de oposición en buena parte de las ocasiones asociados al espectro de la izquierda política y social del país (Martínez-Leguízamo, 2014). La razón fundamental de este hecho, se fundamenta en que ha sido el estado colombiano, por décadas bajo control de sectores conservadores, quien ha adoptado el dispositivo del destierro como doctrina permanente de actuación, usando la expulsión como forma de violencia reiterada, planificada y sistémica (Vélez, 2013).

El exilio colombiano una línea de estudio en fase de formación

Como se ha apuntado al inicio, el campo de estudio del exilio colombiano es más reciente y cuenta, en comparación con otros fenómenos de destierro en América Latina, con menor nivel de desarrollo. Pese a ello, forma parte ya de un lugar común la consideración de que se trata de un fenómeno absolutamente inexplorado, así, por ejemplo, el interés personal de quien escribe ha dado lugar desde 2014, a un conjunto de estudios previos que indagan en las prácticas políticas de estos colectivos y ofrecen algunos elementos para el debate actual (Coraza y Martínez-Leguízamo, 2018; Martínez-Leguízamo, 2014, 2015, 2016a, 2016b, 2017, en prensa).

No obstante, no son estos los primeros estudios sobre el exilio, desde finales del siglo XX, se pueden localizar algunas averiguaciones en torno a los impactos del exilio en subjetividad, como es el caso del trabajo de Restrepo (2006), ineludibles indagaciones de espíritu fundacional, como la de Asprilla-Calvo (2000), o rigurosos estudios grupales, como el ya citado de Vélez (2013), dedicado a reconstruir la historia y prácticas políticas del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en España.

En los últimos años esta producción, que había mostrado un carácter ciertamente fragmentario teniendo como principal epicentro España, ha transitado a un nuevo estadio incluyendo una gama más amplia de experiencias, territorios y enfoques. Este progreso se explica, en buena parte, por las numerosas y perceptibles dinámicas de participación cívico-política promovidas, principalmente desde Europa, por diferentes núcleos del exilio en el contexto de los Diálogos de Paz de La Habana, Cuba. Un elemento sobresaliente en estas obras es la publicación en idiomas diferentes al español, como inglés y francés, dato que cobra relevancia en el proceso de internacionalización de la línea de trabajo, en tanto que contribuye a la apertura de nuevos marcos de recepción, debate e intercambio.

Entre los estudios más sobresalientes están los realizados por una generación de jóvenes investigadores e investigadoras de origen colombiano pertenecientes a instituciones universitarias europeas que han elaborado rigurosos seguimientos a las prácticas políticas de estos colectivos y a las trayectorias y formas de vida de las personas exiliadas. Así, en Inglaterra se destaca el trabajo de Marín (2017), en Francia la indagación de Correa (2018), en Bélgica los aportes de Wirz (2019), en Alemania las exploraciones de Zanger (2018) y en España los trabajos de Rincón (2016) y Rincón (2017).

También merece la pena reseñar investigaciones como las de Bermúdez (2014), Iranzo y Edson (2018), Ciurlo (2015), Mut (2015) y Gómez-Suárez (2013) que, a pesar de no tener el exilio como categoría central, han aportado desde los análisis de las prácticas migrantes, los estudios de la diáspora y el genocidio político elementos relevantes para la construcción de la línea de trabajo del exilio. De la misma manera, debe hacerse alusión a dos importantes informes producidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH] (2018a; 2018b). En ellos, esta entidad de carácter oficial realiza una primera cartografía del exilio colombiano. En el primer caso a partir de testimonios recogidos en países del entorno como Ecuador, Panamá y Venezuela y, en el segundo, a partir de un estudio de grupo centrado en personas exiliadas pertenecientes al movimiento político Unión Patriótica (UP).

Los colectivos en el exilio y su rol protagónico en la constitución de la CEV

Los primeros procesos documentados en estos trabajos se remontan a finales de los años setenta en Francia (Correa, 2018) y a comienzos de los años ochenta en países como España (Asprilla-Calvo, 2000) y Reino Unido (Bermúdez, 2014; Marín, 2017). En ellos se explica cómo desde esta época se constituyen núcleos del exilio, en su mayoría compuestas por militantes o simpatizantes de organizaciones de izquierda como el Movimiento M-19, la Unión Patriótica o el Movimiento Esperanza Paz y Libertad, que promueven acciones políticas, fundamentalmente, dirigidas a la denuncia de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el interior del país y a la búsqueda de la solidaridad internacional para sus respectivas causas. Esta actividad se sostiene durante toda la década del noventa (Vélez, 2013) diversificándose los territorios de llegada, así como, las organizaciones y perfiles de procedencia de sus miembros, pese a ello, será solo a partir del inicio de la segunda década del 2000, con la gestación de los Diálogos de Paz de La Habana, cuando se genere una proliferación de iniciativas cívico-políticas públicas articuladas a nivel internacional que terminarán de dar forma a la imagen del exilio colombiano que se percibe actualmente (Martínez-Leguízamo, 2017).

Aunque, el Proceso de Paz de La Habana supuso una inédita ventana de oportunidad política para la participación de los colectivos del exilio colombiano, la etapa posterior a la firma de los Acuerdos de 2016 ha evidenciado una transformación en estas dinámicas. Este hecho podría estar relacionado con las limitaciones acusadas para la implementación de las reformas y el resurgimiento de las dinámicas de violencia en el país, ambos elementos contextuales advertidos en los informes del Instituto Kroc (2020), institución encargada de evaluar los progresos en la aplicación de los Acuerdos de Paz. No obstante, es un hecho que la CEV se ha constituido en un escenario propicio para extender los procesos de participación de diferentes sectores de la sociedad civil dentro y fuera de las fronteras. Pero, antes de considerar el funcionamiento de la Comisión y, particularmente, de su capítulo del exilio, es preciso hacer algunos apuntes sobre el papel protagónico que ha jugado el movimiento exiliar en la preparación del camino que ha conducido al surgimiento de este instrumento.

Se anticipaba que el exilio, aparte de ser un dispositivo de exclusión estatal, es una estrategia de supervivencia a la que recurren los sujetos para proteger su vida. Hay que añadir ahora que, además de servir para resguardar la integridad física, la experiencia exiliar es en sí misma una forma de amparo y protección de diferentes capitales simbólicos, entre ellos el que representa la memoria. En tal sentido, los procesos de preservación y construcción de memorias, tanto personales y grupales como de la historia nacional, han formado parte integrante y transversal del accionar del exilio colombiano desde su propio génesis y en sus distintas etapas de conformación y desarrollo (Martínez-Leguízamo, 2014).

Así, en el periodo 2010 a 2016, a las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos, se suma la pretensión de instalar en el debate nacional e internacional algunos elementos de interpretación de la realidad colombiana que resultarían trascendentales en la etapa posterior. El primero de ellos tuvo que ver con la idea de que en lugar de una guerra contra el terrorismo en el país tenía lugar un conflicto armado; el segundo, con la necesidad de buscar una salida política concertada a dicha confrontación; el tercero, con la demanda de reconocimiento de su papel como víctimas de la violencia. Precisamente, de la mano del reconocimiento como parte afectada por la guerra, los colectivos del exilio fueron pioneros en referirse a la necesidad de emprender un proceso en el país encaminado a la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y el retorno que hoy, precisamente, guían el trabajo de la CEV (Martínez-Leguízamo, 2015).

Aunque las prácticas políticas desplegadas por el exilio en el contexto de los Diálogos de Paz merecen, por su riqueza, un análisis detallado ⁵ , es suficiente para el caso decir que gracias a ellas tanto las conversaciones como los instrumentos generados por el Acuerdo han obtenido un importante nivel de reconocimiento, atención, solidaridad y repercusión en el ámbito internacional. Al mismo tiempo, han supuesto un antes y un después en la fisonomía del sujeto colectivo del exilio, influyendo de modo determinante, tanto en la consideración que el país interior pueda tener hoy de la comunidad exiliar, como en la transformación de las propias organizaciones e individuos que viven la experiencia del destierro.

El reavivamiento de la violencia, también constatado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas ⁶ , que afecta con especial intensidad a los sectores de oposición, ha imposibilitado también los proyectos de retorno desde el exilio ⁷ . Este hecho ha conllevado el redireccionamiento de sus objetivos, por un lado, hacia nuevas acciones de denuncia internacional y, por otro, a la incidencia en el sistema de justicia transicional ⁸ , concretamente en la CEV y su papel en el exterior, uno de los instrumentos que de forma más directa les atañe.

La CEV y su misión de estudiar el exilio, un fruto del acuerdo de paz

En efecto, el Acuerdo Final contempla, en su numeral 5.1.1.1., la constitución de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) que tendrá como principal tarea esclarecer y dar a conocer la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto. El documento determina además que, para su funcionamiento, el ente deberá incluir “un adecuado enfoque que permita evidenciar las formas diferenciales en las que el conflicto afectó” a diversos colectivos, entre ellos “las personas desplazadas y exiliadas” (Gobierno Nacional de Colombia y FARC-EP, 2016, p. 131).

Vale la pena anotar que, a nivel legal, la CEV tiene asiento en el Acto Legislativo 01 de 2017 que la define como “un ente autónomo del orden nacional con personería jurídica, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeta a un régimen legal propio” (Acto Legislativo 01, 2017, p. 3). Además, según queda plasmado en este mismo Acto Legislativo y ratificado en el Decreto 588 (2017), que contempla la forma organizativa de la Comisión, sus objetivos principales son:

a) Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto.

b) Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. Pero también el reconocimiento de las responsabilidades por parte de todos los que participaron en el conflicto.

c) Promover la convivencia en los territorios; la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia.

Más aún, cabe agregar que la CEV está conformada por once personas que actúan como un cuerpo colegiado y que han sido elegidas a través de una convocatoria pública para garantizar su independencia del gobierno y de los partidos políticos, estando sujeta a actos públicos de rendición de cuentas cada seis meses durante sus tres años de funcionamiento.

El informe del exilio, un plan de trabajo en cinco etapas

La observación de campo permitió reconocer cinco etapas de trabajo en el proceso de recogida de información y realización del informe del exilio. La primera de ellas dirigida a un proceso de identificación y reconocimiento de los actores y colectivos del exilio. La segunda destinada a la programación de actividades encaminadas a establecer acercamiento y contacto directo con dichos actores y la posterior realización de entrevistas. La tercera consistente en el diseño de un procedimiento participativo de retroalimentación con todos los sectores que hubiesen participado en el proceso de reconocimiento y recolección de testimonios. La cuarta es una fase de difusión pública de resultados centrada fundamentalmente en un encuentro público de máxima resonancia. Y la quinta, la entrega del informe final y el establecimiento de compromisos sociales e institucionales concretos para la no repetición del fenómeno.

El surgimiento del ágora de la memoria virtual

Según el cronograma de la Comisión, las dos primeras fases de trabajo debían realizarse a lo largo de 2019, de tal manera que, el procedimiento para la localización de los actores de interés, que estuvo basado en una serie de contactos vía telemática que dieron lugar a posteriores visitas y encuentros exploratorios, se inició a comienzos de ese año. Así, tuvo lugar entre los últimos días de febrero y los primeros días de marzo en Barcelona el Taller de Formación para Personas Entrevistadoras en Europa de Víctimas Colombianas en el Exterior ⁹ , encuentro que contó con la colaboración del Instituto Catalán Internacional para la Paz [ICIP] (ICIP, 2019), que hizo las veces de Secretaría Técnica de la Comisión en Europa.

A este encuentro, que contó con la participación de personas exiliadas provenientes de diferentes puntos de Europa, le siguió una visita en el mes de mayo a la ciudad de Bilbao cuyo objetivo fue establecer contacto y consulta con organizaciones del exilio e instituciones académicas interesadas en la temática. De esta manera, se avanzaron aspectos relativos a la preparación de dos encuentros en esta ciudad; el primero realizado en julio de 2019, en el que participaron madres, padres, hijos e hijas de personas exiliadas y, el segundo, que tuvo lugar en octubre de 2019 ¹⁰ y que contó con la participación de 25 personas provenientes de 10 países de Europa.

Entre los encuentros realizados en el estado español hay que mencionar una segunda cita en la ciudad de Barcelona, esta vez del 22 al 24 de noviembre de 2019, que contó con la participación de personas exiliadas en 14 países europeos, teniendo como fin principal trabajar en la articulación de los procesos de recogida de información en cada territorio ¹¹ .

Además de estos, se ha podido constatar la realización de varios encuentros en Bogotá con personas retornadas del exilio. Entre estos sobresalen las reuniones, realizadas en mayo de 2019, con sindicalistas retornados al país tras procesos de exilio, bien de tipo temporal, o bien de una duración prolongada, con rangos de permanencia de hasta 10 y 20 años. Hay que mencionar, además, otra audiencia realizada en octubre de 2019 con personas de diferentes sectores sociales y profesiones, como defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, estudiantes, militantes políticos, entre otros; personas que tras sufrir el destierro han retornado a Colombia.

A partir de estos contactos se constituyeron grupos de trabajo en el exterior, denominados “nodos”, siendo oficialmente reconocidos por la Comisión 23 distribuidos en 19 países. Por medio de estas estructuras participativas la CEV obtuvo apoyo logístico para la recolección de testimonios, consiguiendo, como se aprecia en el siguiente mapa, extender su presencia en un vasto ámbito geográfico.

Figura 1.: Construcción de memoria desde el exilio

Fuente: mapa elaborado a partir de datos de la CEV (2020d). El mapa refleja los países con núcleos del exilio que han contribuido al diseño del informe de la CEV.

Una vez constituidos los colectivos se inició un modelo de operación en red con un intenso intercambio de comunicaciones que permitió articular espacios virtuales y presenciales de participación. De esta manera, la CEV pudo crear no solo un importante flujo de materiales sino una estructura lo suficientemente robusta para multiplicar sus acciones en el exterior. La comunicación, centrada fundamentalmente en aplicaciones de mensajería instantánea y videollamadas, que en un comienzo fue pensada a modo de complemento de los encuentros físicos, fue tomando aún más protagonismo a partir de marzo de 2020 con el inicio de la pandemia del Covid19, hasta convertirse en el medio predominante para los intercambios. Por medio de esta, que convengo en denominar ágora de la memoria virtual, los participantes dieron lugar a un entorno cuyo principal cometido y eje de interés fue la rememoración de sucesos del pasado imprescindibles para la reconstrucción de las dinámicas de violencia padecidas, así como los detalles de sus experiencias exiliares. De tal manera que, por su naturaleza, la red consiguió convertirse en un novedoso vector ¹² y soporte de la memoria de la nación colombiana en el entendido que permitió congregar, activar, procesar y transmitir al país recuerdos preservados por años por los actores y grupos del exilio. La trascendencia resulta aún mayor si se tiene en cuenta que los hechos relatados se corresponden con dinámicas del conflicto o procesos de represión estatal todavía vigentes en Colombia ¹³ .

Construcción transnacional de memoria en contexto de pandemia: obstáculos y oportunidades

El transnacionalismo político se ha definido como todas aquellas actividades iniciadas o sostenidas por actores no institucionales, grupos organizados o redes de individuos a través de las fronteras nacionales orientadas hacia un objetivo y que requieren una coordinación de un lado y del otro de las fronteras nacionales por parte de los miembros de la sociedad civil (Portes, 2001). Procesos participativos ciudadanos en los que influyen las redes y el capital social con los que cuentan los grupos de migrantes, así como las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y la opinión pública en general a los que estos tienen acceso o en los que consiguen influencia (Moraes-Mena, 2010).

Las restricciones aplicadas por los diferentes estados en el marco de la emergencia provocada por el virus hicieron que, tanto la Comisión como los grupos de apoyo y las personas exiliadas, se enfrentaran a diversas dificultades, primero, para la toma de los testimonios y, más tarde, para la organización de los encuentros públicos previstos. Estas incidencias determinaron la transformación definitiva del proceso de devolución de los hallazgos. De tal manera que, lo que en principio se había previsto como un procedimiento de difusión pública que integraba los espacios virtuales con los espacios presenciales, terminó por convertirse en ejercicio casi exclusivo de interacción digital.

La expresión más genuina de esta transformación quedó en evidencia en el evento central planificado por la Comisión para comunicar su experiencia de trabajo en el exterior. Esta actividad, que tuvo lugar el 13 de noviembre de 2020, bajo el título de “Acto central de reconocimiento 7º Encuentro por la Verdad - El Retorno de Nuestras Voces. Reconocimiento al exilio, las víctimas en el exterior y la población retornada”, fue concebida como un gran escenario de retorno público de las voces del exilio al país, por lo que se propuso contar con la asistencia virtual de todos los grupos del exilio implicados, de las personas entrevistadoras y de las más de mil personas testimoniantes (CEV, 2020c).

La cita requirió de una compleja logística incluida la instalación de pantallas gigantes operadas desde un equipo de comunicación localizado en Bogotá y consiguió conectar simultáneamente a cientos de personas distribuidas en más de 20 países diferentes. El acto, que se extendió por aproximadamente seis horas, permitió un total de 44 intervenciones y contó con una media de 400 espectadores por hora. Sirva de ejemplo para advertir que el contexto de la pandemia, no solo supuso el establecimiento de restricciones para la acción, sino que estimuló la elaboración de respuestas que terminaron de definir el carácter virtual/digital del proceso. De tal manera que, como bien ha sido analizado desde la Teoría de Oportunidades Políticas (Tarrow, 1997) el ambiente social y político resultó determinante para la configuración de lo que considero puede ser denominado como ciberestructura de participación transnacional para la reconstrucción de la memoria ¹⁴ . Ver figura 2.

Figura 2. : Fases y morfología del proceso participativo

Fuente: elaboración propia a partir de información recopilada en trabajo de campo. Diagrama que da cuenta de la estructura, forma de funcionamiento, recursos puestos en juego y modalidades de relación a las que dio lugar el proceso de elaboración del Informe del Exilio de la CEV.

Alcance del proceso en relación con la magnitud del fenómeno

La Comisión también recurrió a medios tecnológicos para el registro de las entrevistas realizadas a través de la creación de un aplicativo web denominado Módulo de carga de entrevistas (CEV, s.f.). De esta manera, las personas que actuaron como entrevistadores, dispusieron permanentemente de un medio para almacenar, tanto los audios, como los diversos formularios con los datos complementarios de las personas entrevistadas ¹⁵ . El instrumento ofreció la posibilidad de almacenar y resguardar los testimonios creando un expediente individualizado de cada entrevista con las respectivas fechas y lugares de realización. Según datos del Informe de Gestión presentado por la CEV al finalizar el primer semestre de 2020, hasta esa fecha de corte, se habían registrado un total de 19 809 personas entrevistadas, de las cuales 18 783 tenían residencia en Colombia y 1026 en el exterior (CEV, 2020a) . ¹⁶

Como ya se avanzó en el apartado Contexto y presupuestos para el estudio del exilio colombiano, según los datos oficiales más recientes del Departamento Nacional de Planeación (2017), la cifra de ciudadanos colombianos residentes en el exterior oscila en 5 millones, de ellos, al menos para el 2019, unos 395 600 (Acnur, 2020) ¹⁷ permanecían en condiciones asimilables al refugio. En ese escenario, el porcentaje de testimonios recabados por la CEV representaría en torno a un 0.25 % del total de este grupo poblacional. Es pertinente reiterar que, aunque las cifras de protección internacional son por ahora el mejor dato disponible para intuir la dimensión del exilio colombiano, este ejercicio comparativo guarda limitaciones. Además de las habituales inconsistencias en las metodologías de medición de la movilidad de personas, relacionadas con la ausencia o retraso de registros o la infrarrepresentación de determinados colectivos, la limitación más relevante en el caso de la muestra de población representada en el informe tiene que ver con que no todos los exiliados colombianos cuentan con figuras de protección o se reconocen como refugiados y, análogamente, no todas aquellas personas reconocidas con estatus de protección han vivido estrictamente experiencias asociadas al exilio ¹⁸ .

Apuntes para concluir: de las acciones políticas de memoria no oficiales a las políticas públicas de memoria.

Finalmente, a modo de conclusión, se sugieren algunas de las implicaciones de esta experiencia desde el punto de vista de las políticas de construcción de memoria, al mismo tiempo que, se sugieren posibles desafíos a los que, tras la publicación del Informe, pueden enfrentarse los colectivos en el exilio y otros actores interesados en los procesos exiliares de construcción de memoria.

Antes de ello, se debe precisar que las políticas de memoria se entienden como todas aquellas acciones, establecidas no solo por los gobiernos, sino también por otros agentes políticos o sociales, con el objetivo de conservar, transmitir y valorizar el recuerdo de determinados aspectos del pasado considerados particularmente significativos o importantes (Groppo, 2002). De tal manera que, en este campo, confluyen iniciativas que proceden o están a cargo del estado o de autoridades reconocidas, pero también otras que no obedecen al rango estatal, sino que son autoría de sectores de la sociedad civil (Arboleda-Ariza, Piper-Shafir y Vélez-Maya, 2020). Diversos estudios han discutido la relación entre políticas públicas de memoria y las acciones políticas de memoria ciudadanas o no oficiales; en general, la literatura sobre el tema oscila entre tres tipos de lecturas respecto a los vínculos existentes entre una y otra: de oposición, de jerarquía o de interdependencia.

En el caso de las llamadas de oposición, el proceso emerge de la sociedad civil y tiene como objetivo reconstruir la memoria de grupos no hegemónicos y de colectivos de víctimas casi siempre ignorados u ocultados por la memoria oficial (García, 2009). En el segundo caso, la relación entre ambas formas de políticas de memoria está dispuesta de manera tal que los actores o grupos de la sociedad promueven iniciativas de memoria no oficiales cuya prioridad, en lugar de confrontar los discursos hegemónicos, es influir, en mayor o menor grado, en las políticas de memoria institucional. Y, por último, estarían aquellos enfoques que consideran que lo que prima es la interdependencia entre una y otra; es decir, que las políticas de estado inciden en las prácticas de las organizaciones y, a su vez, las iniciativas producidas desde la sociedad civil motivan o dan cuerpo a las políticas de estado.

Por lo que se refiere a nuestro caso de interés, y teniendo en cuenta lo anterior, las principales implicaciones a extraer son, en primer lugar, que los colectivos y personas en el exilio han promovido desde antaño prácticas ciudadanas de memoria. Estos ejercicios han sido, en su gran mayoría, de carácter autónomo; no solo no han contado con el apoyo de las instituciones públicas colombianas, sino que, en muchas ocasiones, han tenido que superar los obstáculos por ellas interpuestos. A través de estas acciones políticas de memoria ciudadanas han conseguido conservar, transmitir y valorizar memorias tanto en el plano personal y colectivo como relativas a eventos y procesos históricos de la nación colombiana.

Hasta ahora la principal peculiaridad de estos procesos ha sido su empeño de visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos producidas en el país, sucesos habitualmente negados u ocultados por los discursos oficiales. En tal sentido, su labor se ha configurado como una forma de construcción de memoria contrahegemónica que ha objetado y replicado el poder y la violencia ocurrida en el marco del conflicto, poniendo énfasis en la violencia del estado.

En segunda medida, resulta importante reconocer que, a partir del inicio de los Diálogos de Paz, esta tendencia se ha ido modificando. Siendo este nuevo escenario interpretado por los colectivos del exilio como una ventana de oportunidad para visibilizar su existencia, su realidad y sus diferentes demandas, no solo ante las partes que oficialmente constituyeron los diálogos de La Habana, sino ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional. A lo largo del periodo de vigencia de la Mesa, las acciones políticas de memoria estuvieron dirigidas a exigir el reconocimiento oficial de su condición exiliar y al inicio de un proceso de la reconstrucción de la memoria del exilio colombiano que incluyese la verdad en torno a las causas y responsables de sus procesos de expulsión ¹⁹ .

Un tercer elemento que emerge ligado al anterior es la incidencia efectiva alcanzada por los grupos del exilio en este lapso, esta puede percibirse en la inclusión de la temática del exilio en las discusiones, la invitación a actores del exilio en al menos dos de los grupos de víctimas que asistieron a las Conversaciones y, sobre todo, en la mención del colectivo en varios de los apartados del Acuerdo definitivo —incluido el numeral 5.1.1.1 que lo contempla entre los grupos de interés de la Comisión de la Verdad—; aspectos que pueden ser leídos como resultado de la implementación de estrategias efectivas en la pugna por ser parte del procesos de construcción de la verdad.

En cuarto lugar, es posible considerar que, a pesar de todas las adversidades, los Diálogos y, singularmente, el trabajo realizado por la CEV en el exterior debe interpretarse como un punto de inflexión en los procesos de reconocimiento del fenómeno del exilio por una parte de la institucionalidad colombiana. No obstante, enfatizamos, este logro no puede ser leído como una concesión hecha por los actores constituyentes de la Mesa de Diálogo, ni por el Estado colombiano a esta comunidad, sino como la deriva final de las tensiones escenificadas entre los colectivos de personas exiliadas y el resto de los actores participantes del proceso de negociación.

En este sentido, resulta necesario admitir que el encargo de reconstrucción de la memoria del exilio que se hizo a la Comisión es, en buena parte, resultado de la lucha por la verdad de las propias personas exiliadas. La constitución de la Comisión y, sobre todo, el desarrollo del trabajo de campo para la elaboración del informe del exilio ha supuesto el inicio de un tercer momento en la relación entre acciones políticas de memoria ciudadanas y las políticas públicas de memoria. En esta fase, un órgano estatal como es la Comisión de la Verdad, que, como se ha señalado, goza de independencia, y los grupos del exilio dieron lugar a una relación de interdependencia o cooperación ²⁰ . De esta manera, la Comisión supo constituirse en un espacio de liderazgo y coordinación de iniciativas de memoria que fueron desplegadas por las organizaciones del exilio con relativa autonomía en los diferentes territorios gracias a la puesta en juego de sus recursos, redes y capitales acumulados. En estas circunstancias tuvo lugar la emergencia de un sujeto híbrido que contó con cobertura institucional y, al mismo tiempo, mantuvo un margen de independencia para el diseño y la ejecución de las acciones de memoria incorporando un alto grado de participación ciudadana.

En sexto lugar hay que decir que, como ya se ha sugerido, pese a las bondades del proceso, la configuración de este espacio no ha estado exenta de tensiones, divergencias o conflictos entre diversos actores y en diferentes direcciones. Así, han quedado en evidencia choques entre la Comisión y otras instituciones del estado no pertenecientes al Sistema Integral de Justicia, incluida la propia Presidencia de la República ²¹ . Debates que, en menor medida, también se han suscitado entre la Comisión y determinados núcleos del exilio o al interior de la propia comunidad exiliar.

De tal manera que, una conclusión más en esa misma dirección apunta a que la forma final adoptada por el espacio fue producto de la tramitación de un conglomerado de intereses y diferencias que reflejan las luchas consustanciales a los procesos de construcción de memoria y que, en este caso, prefiguran la pugna por establecer un tipo de relato y por proyectar una determinada imagen del exilio colombiano.

En definitiva, el procedimiento de trabajo que ha adelantado la Comisión en colaboración con los núcleos del exilio colombiano es, como se ha descrito, una experiencia novedosa de construcción de memoria que consiguió articular, con algún nivel de éxito, las acciones políticas de memoria ciudadanas con las políticas públicas de memoria y cuyo producto final puede constituirse en un referente no solo en la historia del exilio colombiano sino en la antología de los procesos de memoria del exilio en general.

No obstante, no sobra señalar algunos posibles desafíos que podrían asistir a las organizaciones del exilio tras el fin del periodo de construcción del informe del exilio y con la publicación del documento. El primero de ellos, tiene que ver con la importancia de mantener vivos los procesos autónomos de construcción de memoria, previniendo la tentación de prolongar el direccionamiento, trasvase y traducción de las acciones y los discursos del exilio por parte de organismos del estado. Antes bien, resulta imprescindible proseguir y preservar las dinámicas de construcción y acciones políticas de memoria ciudadanas que resultan ser una alternativa a las iniciativas institucionales, máxime cuando el país está lejos de adentrarse definitivamente en un periodo de transición política y, por el contrario, tras el estallido social ocurrido en 2021, parece nuevamente penetrar en una etapa dominada por formas de violencia y persecución que involucran agentes del estado.

En ese sentido, resulta de suma relevancia que este carácter contrahegemónico, que forma parte de la naturaleza del exilio colombiano, no se vea atenuado en la imagen proyectada de este actor social en el informe final. Por el contrario, el documento, ante la tentación de alcanzar mayor legitimidad o aprobación, debería alejarse de representaciones y reificaciones neutrales, estetizadas y equidistantes de la labor del exilio. En conexión con ello, la caracterización del colectivo debería rehuir la propensión a emparentar o asociarlo con otros sectores de población que, aunque también han sido víctimas de la violencia y, en ocasiones, han compartido espacios de actuación, poseen características, trayectorias y experiencias radicalmente diferentes.

Es previsible que el informe por su dimensión y características alcance un peso notable en la cristalización de una forma concreta de recordar y representar el exilio colombiano. No obstante, al contrario de congelar y dar por cerrados los procesos de recordación, narración y construcción teórica, debe ser asumido como un detonante de nuevos análisis y, especialmente, como un recurso que contribuya a ampliar y profundizar el conocimiento de este actor social y de su relevancia en el marco general de la historia de la nación colombiana.