Minería y medio ambiente

Para lograr los mejores efectos sociales y ambientales en las actividades mineras se han propuesto soluciones considerando varias perspectivas: la mundial, basada en los paradigmas de la globalización de la economía; la regional, en el contexto de la integración de países; la nacional que enfatiza el patrimonio natural y las opciones de desarrollo y la incorporación de la dimensión local que contempla la participación de las comunidades directamente afectadas. En este marco de cosas, las compañías mineras necesitan desarrollar herramientas tecnológicas y gerenciales apropiadas para evaluar, optimizare informar los rendimientos o resultados sociales y ambientales de sus actividades, particularmente en los países en desarrollo, y los gobiernos por su parte, se han visto obligados a implementar normas reguladoras para la minería, tipo comando y control, con base en legislaciones ambientales coherentes con las perspectivas señaladas arriba, y a utilizar instrumentos económicos para el logro de objetivos ambientales. Tradicionalmente en Colombia se han utilizado métodos de regulación directa para luchar contra el deterioro ambiental producido por la actividad minera, pero a partir de la Constitución Política de 1991 y de la Ley 99 de 1993 se dio cabida a la participación comunitaria y a los instrumentos económicos. Luego de hacer un recuento histórico de la legislación ambiental en el país desde principios de los años 70 hasta hoy, mostrando sus implicaciones en la minería, se señala como en la actualidad hay una tendencia favorable en el mejoramiento ambiental de la industria extractiva nacional, lo cual se ha logrado mediante la aplicación de nuevas estrategias para minimizar el impacto de la minería en el ambiente y para mejorar el bienestar de las comunidades locales.

In order to obtain the best social and environmental results from mining activities, different solutions, which involve a variety of perspectives, have been proposed. These include the worldwide perspective based in the economy globalization paradigms; the regional perspective, focused in the integration of countries; the national perspective which emphasizes the natural assets and development options, and finally a local perspective is incorporated to account for the participation of directly affected communities.

Within this framework, the mining industry is requested to develop both technological and managerial tools appropriate to evaluate, optimize and communicate the social and environmental performance and output of its related activities, mainly in the developing countries. On the other hand, the governments have been committed to implement regulatory actions, of command and control type, based on an environmental legislation in line with the above mentioned perspectives and also to use economical instruments as a mean to accomplish environmental objectives. In Colombia the direct regulation methods have been traditionally used to prevent the environmental deterioration produced by mining activities. However, since the 1991 Political Constitution and the Law 99 of 1993, the communities’ participation and economical instruments were incorporated. A historic summary of the environmental legislation in our country from the early 70’s up to now, showing its implications in mining is presented. Then a favorable tendency is indicated in the environmental improvement of the national extractive industry, accomplished as a result of the implementation of new strategies to minimize the impact of mining on the environment and to improve the well-being of local communities.