Evolución del sistema de salud colombiano: ¿qué queda de la Ley 100 de 1993?
Evolution of the Colombian health system: What remains of Law 100 of 1993?
DOI:
https://doi.org/10.15446/rsap.v24n2.103013Palabras clave:
Sistemas de salud, seguridad social, organizaciones, historia, Colombia (es)Health policy; social security; organizations; history; Colombia (en)
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La reforma colombiana al sistema de salud, adoptada mediante la Ley 100 de 1993, constituye una política pública con grandes pretensiones y cambios institucionales y financieros significativos. La meta principal se refiere a la cobertura universal del aseguramiento, financiada con recursos públicos, con una dirección estatal y una administración confiada a las empresas promotoras de salud, quienes se encargan de garantizar el acceso al plan de beneficios en salud a través de las instituciones prestadoras de servicios. A partir de esta línea base, se desarrolla una mirada sobre los principales cambios normativos para responder a la pregunta de qué tanto ha cambiado el sistema adoptado mediante la Ley 100. En lo que respecta al aseguramiento, el sistema se conserva intacto y, más bien, se ha fortalecido, buscando la cobertura universal y mejoras en el acceso. Los principales cambios se han dado en el financiamiento. Luego de un ciclo con bajos aportes gubernamentales, a partir de 2010 se ha contado con mayores recursos fiscales y una menor participación de las cotizaciones. En la parte institucional, se presentan algunas mejoras como la creación de la entidad administradora de los recursos del sistema y del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, así como el fortalecimiento de la regulación de precios y la política farmacéutica, pero resulta una pérdida la desaparición del Consejo Nacional y de la Comisión de Regulación, lo que significa un debilitamiento de la gobernanza.
The Colombian reform of health system, adopted by Law 100 of 1993, constitutes a public policy with great pretensions and significant institutional and financial changes. The main goal refers to universal insurance coverage, financed with public resources, with a state direction and an administration entrusted to health promotion companies, who are responsible for guaranteeing access to the health benefits plan through the institutions that provide services. From this baseline, a look at the main regulatory changes is developed to answer the question of how much the system adopted by Law 100 has changed. As far as insurance is concerned, the system remains intact and has rather been strengthened, seeking universal coverage and improvements in access. The main changes have been in financing. After a cycle with low government contributions, since 2010 there have been greater fiscal resources and a lower share of contributions. On the institutional side, some improvements are presented, such as the creation of the entity that administers the resources of the system and the Institute for Technological Evaluation in Health, as well as the strengthening of price regulation and pharmaceutical policy, but the disappearance of the national council and the regulatory commission is a loss, which means a weakening of governance.
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