Políticas agrarias, reformas del Estado y adscripciones identitarias: Colombia y México

La Constitución colombiana de 1991 reconoce la naturaleza multiénica y pluricultural de la nación. Ella confirma y amplía los derechos de propiedad específicos de poblaciones indígenas y en su artículo transitorio 55 reglamentado en 1993 bajo la forma de "Ley 70", instituye la figura de los títulos de propiedad colectivos con el fin de asegurar los derechos territoriales de las comunidades negras a las zonas ribereñas de la cuenca del Pacífico. En el mismo momento, siguiendo en esto las directivas de las agencias
internacionales, el mismo gobierno colombiano funda sus políticas agrarias sobre el impulso a un mercado de tierras para los pequeños campesinos que deben entonces asumir individualmente sus estrategias de propiedad.