Desarrollo y tecnificación del campo: un análisis al proyecto de Reforma Agraria en el sur del departamento del Atlántico (Colombia), entre 1960 y 1970
Rural Development and Technification: An Analysis of the Agrarian Reform Project in the South of the Department of Atlántico (Colombia), between 1960 and 1970
Desenvolvimento e tecnificação do campo: uma análise do projeto de reforma agrária no sul do estado do Atlántico (Colômbia), entre 1960 e 1970
DOI:
https://doi.org/10.15446/historelo.v16n35.106376Palabras clave:
reforma agraria, técnica y desarrollo, departamento del Atlántico (es)agrarian reform, technology and development (en)
reforma agrária, técnica e desenvolvimento, estado do Atlántico (pt)
El artículo analiza la inserción entre los años sesenta y setenta del siglo XX de los discursos internacionales sobre desarrollo en Colombia y su incidencia en la percepción de los espacios rurales del país, así como de las estrategias agenciadas por el Estado para su transformación, con ayuda y asistencia extranjera. A partir de fuentes primarias de la época, como prensa, informes de organismos estatales, estadísticas y fuentes secundarias, y desde una mirada de escalas, se reconstruyen las estrategias y las iniciativas desplegadas por el gobierno nacional para implementar la reforma agraria en el sur del departamento del Atlántico, uno de los departamentos de la región Caribe priorizado como motor de progreso social y económico de la nación. Este estudio de caso sirve para ilustrar los objetivos, los alcances y las limitaciones a las que tuvo que hacer frente la reforma del agro directamente en los territorios.
In this article, I explore the incorporation of international discourses on development in Colombia during the 1960s and 1970s and their impact on the perception of the country's rural areas. I also examine the State's strategies, which involved foreign aid and assistance, to catalyze the transformation of such areas. By drawing on primary sources such as newspapers, government reports, statistics, and secondary materials, and employing a multi-faceted approach, I reconstruct the strategies and initiatives employed by the national government to implement agrarian reform in the south of the department of Atlántico. This is one of the departments situated in the Colombian Caribbean; a region designated as the nation’s driving force for societal and economic advancement. This case study serves as a portrayal of the reform's objectives, scope, and the challenges it encountered directly within the territories.
Neste artigo, é analisada a inserção de discursos internacionais sobre desenvolvimento na Colômbia entre as décadas de 1960 e 1970 e seu impacto na percepção das áreas rurais do país, bem como as estratégias implementadas pelo Estado para sua transformação, com ajuda e assistência estrangeiras. A partir de fontes primárias do período, como imprensa, relatórios de órgãos estatais, estatísticas e fontes secundárias, e de uma perspectiva de escalas, são reconstruídas as estratégias e iniciativas implantadas pelo governo nacional para implementar a reforma agrária no sul do estado do Atlántico, um dos estados da região do Caribe priorizados como um motor de progresso social e econômico para a nação. Esse estudo de caso serve para ilustrar os objetivos, o escopo e as limitações que a reforma agrária teve de enfrentar diretamente nos territórios.
Recibido: 15 de diciembre de 2022; Aceptado: 8 de mayo de 2023; Revisión recibida: 28 de mayo de 2023
Resumen
El artículo analiza la inserción entre los años sesenta y setenta del siglo XX de los discursos internacionales sobre desarrollo en Colombia y su incidencia en la percepción de los espacios rurales del país, así como de las estrategias agenciadas por el Estado para su transformación, con ayuda y asistencia extranjera. A partir de fuentes primarias de la época, como prensa, informes de organismos estatales, estadísticas y fuentes secundarias, y desde una mirada de escalas, se reconstruyen las estrategias y las iniciativas desplegadas por el gobierno nacional para implementar la reforma agraria en el sur del departamento del Atlántico, uno de los departamentos de la región Caribe priorizado como motor de progreso social y económico de la nación. Este estudio de caso sirve para ilustrar los objetivos, los alcances y las limitaciones a las que tuvo que hacer frente la reforma del agro directamente en los territorios.
Palabras clave:
reforma agraria, técnica y desarrollo, departamento del Atlántico.Abstract
In this article, I explore the incorporation of international discourses on development in Colombia during the 1960s and 1970s and their impact on the perception of the country's rural areas. I also examine the State's strategies, which involved foreign aid and assistance, to catalyze the transformation of such areas. By drawing on primary sources such as newspapers, government reports, statistics, and secondary materials, and employing a multi-faceted approach, I reconstruct the strategies and initiatives employed by the national government to implement agrarian reform in the south of the department of Atlántico. This is one of the departments situated in the Colombian Caribbean; a region designated as the nation's driving force for societal and economic advancement. This case study serves as a portrayal of the reform's objectives, scope, and the challenges it encountered directly within the territories.
Keywords:
agrarian reform, technology and development, department of Atlántico.Resumo
Neste artigo, é analisada a inserção de discursos internacionais sobre desenvolvimento na Colômbia entre as décadas de i960 e 1970 e seu impacto na percepção das áreas rurais do país, bem como as estratégias implementadas pelo Estado para sua transformação, com ajuda e assistência estrangeiras. A partir de fontes primárias do período, como imprensa, relatórios de órgãos estatais, estatísticas e fontes secundárias, e de uma perspectiva de escalas, são reconstruídas as estratégias e iniciativas implantadas pelo governo nacional para implementar a reforma agrária no sul do estado do Atlántico, um dos estados da região do Caribe priorizados como um motor de progresso social e econômico para a nação. Esse estudo de caso serve para ilustrar os objetivos, o escopo e as limitações que a reforma agrária teve de enfrentar diretamente nos territórios.
Palavras-chave:
reforma agrária, técnica e desenvolvimento, estado do Atlántico.Introducción
Desde los años 50 del siglo XX, organismos multilaterales como Unesco venían haciendo eco en la necesidad de transformar el campo y modernizar la agricultura en los países considerados como subdesarrollados, especialmente los latinoamericanos. Estos organismos asumían que las malas condiciones en la tenencia y explotación de la tierra causaban no solo atraso y pobreza, sino que eran factores estimulantes para que se desencadenaran revoluciones al estilo de la vivida en Cuba. De esta forma, estas ideas y discusiones globales en un contexto internacional de Guerra Fría fundamentaron la tesis sobre el desarrollo y el progreso industrial como medios para superar los problemas de rezago social.
En este sentido, Estados Unidos fue un abanderado de esta idea que surgió en la reunión de Punta del Este en 1961, junto con el programa Alianza para el Progreso,2 con el que se buscó fortalecer la cooperación de los países occidentales, considerados en su momento industrializados. Una de las orientaciones dadas por el gobierno norteamericano estaba fundamentada hacia el diseño de reformas agrarias que permitieran mejorar la producción agropecuaria, el problema de la extensión de los predios, que tocaba los extremos del gran latifundio y del minifundio, considerados hasta entonces como antieconómicos e improductivos. Y, por otra parte, dotar al sector rural de tecnología para desarrollar los sistemas de explotación del suelo, lo que permitiría el crecimiento económico del sector rural. De este modo, la ayuda internacional fluyó en préstamos de cuantiosas sumas de dinero y en asistencia técnica para la modernización de las zonas rurales a través de la adquisición de maquinaria moderna y de formas de explotación de la tierra, con la diversificación de cultivos y con medios para el cuidado de los terrenos explotados y de los productos cosechados.
En Colombia, durante el Frente Nacional (1958-1974) se adoptaron las recomendaciones del gobierno norteamericano y el presidente Alberto Lleras Camargo (19581962) a través de la Ley 135 de 1961 creó la Reforma Social Agraria. Iniciativa con la que se buscaba transformar la estructura agraria del país, para eliminar y prevenir la inequitativa distribución de la tierra. Del mismo modo, se pretendía la reconstrucción de adecuadas unidades de explotación y la adjudicación de tierras a campesinos no propietarios, así como el fomento para la adecuada explotación económica de las tierras incultas y deficientemente explotadas. Y, por último, aumentar el volumen global de la producción agrícola y ganadera, la productividad de las explotaciones a partir de tecnología aplicada al campo y la creación de mejores condiciones y garantías de acceso a la propiedad de la tierra para los pequeños arrendatarios, aparceros3 y asalariados agrícolas. Finalmente, este proyecto de reforma agraria contemplaba, además de la asistencia técnica, la entrega de "crédito agrícola, vivienda rural, la organización de los mercados, la salud y la seguridad social, el almacenamiento y, conservación de los productos y el fomento de las cooperativas".4
Igualmente, se creaba con esta ley el Instituto Colombano de Reforma Agraria (INCORA) con el que se pretendió ejecutar la reforma en todo el país siguiendo unos lineamientos puntuales y clave: distribución y titulación de tierra a campesinos, así como tecnificación del campo. Entre otras de sus funciones, estaba la de administrar las tierras baldías del Estado, construir reservas y adelantar colonizaciones sobre estas, así como la de ejercer acciones y tomar medidas frente a la indebida apropiación de tierras baldías. También le competía administrar el Fondo Nacional Agrario, adelantar estudios en todas las zonas del país para orientar acciones que permitirán el desarrollo económico de estas, así como facilitar el saneamiento de la titulación privada.
Además, debía promover, auxiliar y construir vías o caminos vecinales para conectar el campo, al tiempo que promover e impulsar la formación de "unidades de acción rural" y la de cooperativas, entre propietarios y trabajadores del campo. De esta forma, en todos los departamentos, intendencias y comisarías se llevaron a cabo proyectos más o menos similares, y en el caso del departamento del Atlántico se inició un programa ambicioso cuya finalidad era transformar la economía regional, convirtiendo a la región Caribe en un foco de economía industrial agraria.
De otra parte, los estudios sobre la reforma agraria y su proceso de implemen-tación en el departamento del Atlántico son escasos, y, por otro lado, han orientado su análisis a las luchas campesinas y las formas de organización que se convirtieron en la base organizacional de lo que sería más adelante la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), tales como las ligas campesinas y los sindicatos agrarios (Narváez-Rodríguez 2015, 2018; Zamosc 1990). Zamosc, aunque estudia la Costa Atlántica en su conjunto, ofrece un análisis importante sobre la organización campesina del departamento del Atlántico, y revalora la visión sobre lo campesino, planteando que este "no debe considerarse como una clase social políticamente anacrónica e incapaz de organizarse para luchar por sus propios intereses" (1990, 126), ya que "ni la gestión del Estado ni las transformaciones estructurales son independientes del desarrollo de las luchas sociales" (1990, 126) agenciadas por los campesinos organizados.
Narváez-Rodríguez (2015), por su parte, estudia la conformación de los Sindicatos Agrarios de los Municipios de Manatí y Campo de la Cruz (Atlántico), así como sus métodos y estrategias de lucha. En este sentido, destaca la participación e influencia del padre Sigifredo Agudelo en la configuración del Sindicato Agrario de Manatí y los conflictos que allí se presentaron, siendo esta una de las zonas donde se concentraron los conflictos agrarios más fuertes. Un caso singular que merece la atención de los investigadores para futuros trabajos, ya que emerge un actor de la iglesia como agente aliado a los procesos de cambio y lucha de los campesinos.
Ahora bien, solo existe hasta el momento una investigación la de Arango-Restrepo, Cardona-Arango y Escamilla-Morales (1988) en el que se han aportado elementos de fondo a la discusión sobre el proceso de implementación de la reforma en los departamentos de Córdoba, Sucre y Atlántico. En esta investigación, los autores concluyeron puntualmente que la reforma agraria debió contemplar la afectación de tierras fértiles y bien situadas, enfrentar las alzas de precio y la renta de la tierra, así como la congelación del precio de la tierra en las zonas cubiertas por el plan de reforma agraria (Arango-Restrepo, Cardona-Arango y Escamilla-Morales 1988, 66). Por otra parte, sugerían que, en otra eventual reforma, debía priorizarse la entrega de tierras a minifundistas y no a campesinos sin tierra, puesto que "tienen mayor capacidad empresarial y la reforma hacía los minifundistas sería menos costosa" (Arango-Restrepo, Cardona-Arango y Escamilla-Morales 1988, 66).
Partiendo de lo anterior, en este artículo se pretende aportar elementos de discusión al proyecto de reforma agraria de 1961 en el departamento del Atlántico y su proceso de implementación, tema poco valorado por la historiografía local. El texto se encuentra dividido en cuatro partes. En la primera, se estudian algunas discusiones internacionales que se configuraron en torno a las ideas de desarrollo y progreso en América Latina a mediados del siglo XX, tras la cooperación internacional de algunos organismos multilaterales y la implementación de la Alianza para el Progreso para la región. En la segunda, se realiza una valoración en torno a la estructura agraria del departamento del Atlántico, poniendo de relieve los problemas en cuanto a la tenencia de la tierra, su aprovechamiento y distribución. Del mismo modo, se hace énfasis en la importancia que adquirieron la conformación de agremiaciones campesinas, su vinculación al proyecto de reforma agraria como interlocutores con el Estado y la importancia de su agencia para el desarrollo y progreso social de su entorno.
En la tercera, se analizan las tensiones y los problemas que surgieron a causa de los intentos de implementar el proyecto de reforma agraria Atlántico n°. 3, con el cual se pretendió convertir al departamento en una despensa agrícola para el Caribe colombiano. De este modo, se demuestran las posiciones asumidas por las elites ganaderas y el Estado en su intención de hacer del campesino organizado un agente social de cambio para el desarrollo y el cumplimiento de la reforma. En la última, se analizan cuáles fueron los límites y alcances del proyecto de reforma agraria Atlántico n°. 3, en relación con la adjudicación de tierras, la implementación de la técnica y tecnificación del campo, y el desarrollo agrícola, en tanto se buscó la diversificación de los cultivos como base de un sistema comercial agrícola para la región.
La investigación se abordó desde el método histórico con el procesamiento de fuentes primarias y secundarias. De este modo, resultaron importantes la revisión del Fondo Carlos Lleras Restrepo, localizado en la Biblioteca Luis Ángel Arango, la consulta de prensa local, institucional e internacional, como El Correo de la Unesco, en la que se identificaron algunas discusiones globales en torno a las ideas de desarrollo y progreso. También se revisaron el censo agrario de 1960, El Manual de Organización Campesina difundido por el Ministerio de Agricultura en 1972, un Boletín de la Cámara de Comercio de Barranquilla y el Informe de Evaluación del Impacto del proyecto Atlántico n°. 3 publicados por el INCORA. En cuanto a las fuentes secundarias, se consultó bibliografía sobre el tema a nivel nacional y regional, lo que permitió elaborar un análisis general, cualitativo y cuantitativo de la problemática.
Por último, con esta investigación buscamos reanimar el debate en torno a los procesos de reforma agraria llevados a cabo en el país y particularmente en la región Caribe a partir de 1961. De esta forma, se construiría una imagen histórica mucho más completa sobre el proceso, debido a que las pocas investigaciones que existen sobre la región son abordadas desde las luchas campesinas y los procesos de agremiación que estos agentes experimentaron en las décadas del sesenta y setenta. Por este motivo, poco se conoce de los problemas, alcances y limitaciones en los procesos de ejecución por parte del Estado de la Reforma Agraria, y mucho menos de los planes y estrategias que desde el marco institucional se agenciaron en las distintas regiones del país.
Las ideas de desarrollo, progreso y tenencia de la tierra
Una de las principales preocupaciones de los países del primer y el tercer mundo,5 en los años sesenta del siglo XX, estuvo relacionado con el desarrollo económico e industrial y el progreso social de las naciones. Por tal motivo, ambos se concibieron como problemas dentro de la agenda global, con sus respectivas implicaciones en los contextos locales. De esta manera, ante la decadente sociedad de la segunda posguerra, los países del llamado primer mundo, de la mano de instituciones multilaterales, procuraron generar e implementar paradigmas mediante los cuales se pudiera alcanzar un mejor estado social en todos los rincones del globo, especialmente en los países subdesarrollados.
Considerando que las riquezas, por ende el desarrollo y progreso de las naciones, yacía como un problema estructural, es decir, construido y afianzado en el tiempo por las mismas decisiones en materia de políticas sociales y económicas, se pensó que dicha situación podría ser revertida con el debido asesoramiento de los países cuyas experiencias eran consideradas exitosas. De allí que el primer mundo, liderado por los Estados Unidos de América y países de Europa occidental, llevaran a cabo una inmersión técnica y científica en los países más necesitados, especialmente en América Latina, con la misión de contribuir a mitigar o, en su defecto, mejorar su panorama económico y social. Así, organismos como la Cepal, la Unesco y el programa de Alianza para el Progreso, entre otros, procuraron crear estrategias y discursos institucionales e institucionalizados para ayudar al tercer mundo a vencer el subdesarrollo. La adopción de estos mecanismos implicaría una transformación de fondo en las estructuras de dichos países, trastocando los cimientos políticos, económicos, sociales y culturales de cada una de las naciones "intervenidas".
Las primeras exploraciones -diagnósticos- de los principales impedimentos para el pleno desarrollo de los pueblos de la región de América Latina arrojaron que una mala e inequitativa distribución de la tierra, como medio de explotación y de subsistencia, estaba frenando las capacidades de desarrollo económico y de progreso social (Mende 1961). Si había algo en común que tenían los países desarrollados en comparación con el Tercer Mundo, era el desarrollo de sus espacios rurales y el campo, tecnificados y vinculados a la economía nacional. En Latinoamericana aún predominaban muchas relaciones inequitativas en torno a la tierra, en donde la propiedad de esta era beneficio de unos pocos; a esto se le suma la baja calidad de explotación, carente de medios y técnicas modernas, así como a limitantes para su mercantilización.
Por lo tanto, la tierra resultaba inviable para generar desarrollo y mucho menos progreso. Motivo que llevó a contemplar la reforma del agro como estrategia para reformar y transformar a la región. Una tarea que estaría en manos de las organizaciones multilaterales, tal y como lo mencionamos, y los gobiernos nacionales que, asesorados por estas, procuraron aplicar las estrategias y mecanismos que los llevarían a alcanzar el desarrollo. Entre estos se encontraba la necesidad de una reforma agraria que hiciera más equitativa la distribución de la tierra y, por ende, más susceptible de explotación.
Transformar la tierra y con ella los escenarios rurales en el Tercer Mundo, se convirtió entonces en una preocupación global de alcance transnacional. Es decir, se concibió como la forma de vincular a los países menos desarrollados a la economía mundial y, por ende, acercarlos al progreso social, entendido este como la posibilidad de alcanzar niveles de vida acorde a los países industrializados. Así, no es de extrañar que la Unesco, desde su órgano difusor de información (Mende 1961) invitara, al tiempo que problematizaba, a transformar el sistema agrario de América Latina:
[...] esas reformas contribuirían sin duda a estimular la iniciativa de los campesinos y promoverían considerablemente la estabilidad política. Al mismo tiempo estimularían las inversiones extranjeras y en general facilitarían la afluencia de ayuda exterior. Ese nuevo enfoque de la cuestión agraria en América Latina daría el estímulo necesario y decisivo para vivificar y modernizar la agricultura de la región, que podría así servir de base al desarrollo industrial, en lugar de quedar rezagada con respecto a él. Por último -y no es lo menos importante- ese nuevo enfoque podría ser el anuncio de una ofensiva triunfante en América Latina contra la pobreza, la desnutrición y el hambre de las poblaciones rurales, que ha sido hasta ahora su fatídico patrimonio (Mende 1961, 36-40).
Las reformas a las que se hace alusión tenían como epicentro al campesinado y su entorno inmediato, el campo. Primeramente, se buscaba dotar de tierras a quienes no la poseían, transformando el sistema de tenencia del fundo que desde el periodo colonial había sido inequitativo, para ampliar el rango de producción y diversificación de los cultivos. En especial porque en muchos países aún subsistía el modelo de la hacienda y, en países como Colombia, predominaba el uso de la tierra para la ganadería, explotación que impedía aprovechar al máximo las bondades de los terrenos. En segundo lugar, se pretendía modernizar a través de la tecnificación y la maquinaria para racionalizar la producción agraria, bajo los parámetros de la industrialización. De esta forma, sería posible vincular la economía latinoamericana al mercado global.
Con el crecimiento económico que se suponía generaría la reforma agraria, se haría posible el anhelado progreso social en la región. El agro debía convertirse en el medio a través del cual se vencería al subdesarrollo y a las inequidades sociales, las cuales amenazaban con desestabilizar política, social y culturalmente a esa parte del globo, especialmente con la sombra del triunfo de la Revolución cubana (1959), que, en un mundo polarizado, se erigía como amenaza a la estabilidad de la región y a los intereses que tenía en ella los Estados Unidos. Es así que la tierra, y con ella los escenarios rurales, se vio no solo como un problema de índole nacional, sino que, por el contrario, fue concebido como un elemento clave para la estabilidad de la región. En él, el subdesarrollo se expresaba, pero, al mismo tiempo, era susceptible de anularse, contribuyendo no solo cambios endógenos, sino también exógenos. Mende, por ejemplo, diría que:
[…] la reforma agraria se considera cada vez más como una medida que neutralizaría los peligros de la revolución. En la reunión de la Organización de los Estados Americanos celebrada en septiembre de 1960, se reconoció claramente esa necesidad. En la resolución final, que se conoce con el nombre de Acta de Bogotá, se pedía que se examinara nuevamente la legislación relativa a la tenencia de tierras "con miras a asegurar su distribución de manera más amplia yjusta" (1961, 36-40).
La consigna entonces parecería ser: "transforme la tierra, transforme al campesino, y transformaremos a la sociedad". Detrás de esta idea, implícita no solo en los planteamientos de la Unesco, como hemos visto, sino también en los postulados internacionales de la Conferencia de Punta del Este (Mende 1961), donde se inauguró el programa de Alianza para El Progreso,6 subyace el campo como motor de desarrollo. Un espacio social que era visto desde diferentes ángulos y concebido desde diferentes puntos de vista que, siguiendo la teoría de Lefebvre (2013), se caracterizó como un espacio percibido en donde las visiones e imaginarios, vistos e impuestos desde afuera, transforman la naturaleza misma de dicho espacio. Esto quiere decir que lo rural, como campo agro y espacio físico en el que se inscriben relaciones sociales y cotidianidades construidas en el tiempo -espacio vivido-, se percibió como una realidad social a intervenir, construida desde unas realidades extrañas a él -nociones de lo que era el tercer mundo, el atraso y su materialización en el campo-. En otras palabras, desde la mirada lejana.
Con instrumentos de medición del desarrollo y subdesarrollo, esto es, datos cuantitativos de la realidad, se percibió al campo latinoamericano, en tanto espacio rural, como atrasado. Así, la realidad rural debía ajustarse a unos parámetros científicos y técnicos que reflejaran las mejoras en números: número de técnicos al servicio de la tecnificación del campo; número y capacidad de la maquinaria para intervenir las tierras; número y total de la producción agraria. Lo social, como vivencias y experiencias de los campesinos no se tuvo en cuenta más que para reflejar el antes y el después de los proyectos de transformación del campo, es decir, el atraso y el desarrollo que se percibían como decadencia y progreso, respectivamente. En este sentido, Reinhart Koselleck ha señalado que no puede haber progreso sin decadencia, y decadencia sin progreso: son dos realidades directamente proporcionales que, a pesar de ser nociones mentales inscritas en la temporalidad, se perciben en la forma en que la sociedad percibe los cambios y las transformaciones que se suceden de manera acelerada:
El progreso en sí mismo […] aglutina numerosas experiencias en una expresión. Debe partirse del principio incuestionable de que "progreso" es un concepto específicamente calibrado para enfrentarse a las experiencias modernas, es decir, al hecho de que las experiencias tradicionales se ven superadas por otras nuevas con una rapidez sorprendente (Koselleck 2012, 96-106).
De lo anterior, se entiende que el campo, con todas sus especificidades, se consideró como un lugar decadente y atrasado, desordenado incluso, aislado de las dinámicas de la sociedad moderna. Por lo tanto, era necesario organizarlo para vincularlo a la sociedad y a los proyectos de nación, cuyo factor común era el desarrollo. Respecto a esto Olano manifiesta que:
Los planificadores procuraron detectarlos [los impedimentos para el desarrollo] lo que era muy fácil pues eran visibles y se manifestaban en las tradiciones de diversos grupos de la sociedad, como los habitantes de las zonas rurales, cuyas costumbres cotidianas -como las prácticas de cultivo y alimentación, las relaciones personales, el lenguaje y aun la sexualidad- de pronto se volvieron objeto de investigación y de intervención, pues su modificación contribuiría al desarrollo nacional (2016, 147).
Bajo esta lógica también se pronunciarían los gobernantes latinoamericanos que, cobijados bajo un discurso desarrollista, verían en ciertas capas de la sociedad y especialmente en la sociedad rural, el atraso y el aislamiento. Para estos, la distinción entre lo moderno y lo atrasado, en la misma estructura de la nación, era un freno para el progreso social. De esta forma, la existencia de dos realidades diametralmente opuestas, pero al mismo tiempo cercanas, suponía las causas de un desarrollo a medias o, incluso, la posibilidad de solo anhelarlo más no experimentarlo ni alcanzarlo. Por este motivo, la solución era la transformación social de aquellos espacios que para la época eran atrasados y marginados.
En Colombia el presidente de la época, Carlos Lleras Restrepo, vio en la realidad rural del país síntomas de atraso y marginamiento. El campesino era un individuo aislado y extraído de la realidad del país, que para esa época comenzaba a experimentar una transformación acelerada, al tiempo que le apuntaba a la modernización. El crecimiento de las ciudades, con estas el surgimiento de movimientos modernos en el arte y en la arquitectura,7 así como el desarrollo de las instituciones y organismos nacionales de planificación, -por ejemplo, la creación del Departamento Nacional de Planeación-, crearon la sensación de estar entrando en un tiempo de renovación, en donde la ciudad, la urbe, fue el epicentro. La dualidad campo-ciudad se agudizó, experimentando ambos espacios como opuestos y antagónicos. Mientras que en uno se podía sentir y quizás hacer "palpable" los vientos de cambio, en el otro la experiencia de esa pretendida modernidad no llegaba.
La división entre lo urbano y lo rural suponía un problema en cuanto a su desarrollo, concebido como dos procesos diferentes, debido a dinámicas contradictorias en un vasto territorio como lo era el colombiano. Es decir, que, si bien ambos espacios se consideraban como constituyentes de la geografía del país, su evolución respondía a procesos y dinámicas diferentes; mientras que las ciudades se consideraban como el proceso de transformación humana en el territorio, el campo se veía y concebía más como un territorio natural con algunas formas de ocupación y habitabilidad -campesinado- que como un espacio social. Cabe anotar que esta visión o concepción del campo se construyó dentro de los discursos desarrollistas, extrayendo la mano del hombre de toda responsabilidad del desarrollo desigual del campo. Así lo plantearía Lleras Camargo al manifestar que los campesinos "son un conjunto desintegrado de individuos, afectado además por las desventajas de la dispersión, a que los ha reducido la ecología, por lo accidentado y vasto de un territorio y por la casi inexistencia de comunicaciones".8
De esta manera, lo accidentado del territorio y su ecología se convirtieron en impedimentos para la integración nacional, puesto que tanto el espacio rural como la ruralidad -los elementos sociales del espacio- permanecieron aislados por sus mismas características intrínsecas; no obstante, con la intervención del hombre sería posible integrarlo a la nación, en un acto de dominio sobre la naturaleza y sobre sus habitantes, quienes se transformarían a medida que se transformara su espacio, toda vez que los componentes humano y físico de un espacio social son indivisibles. De allí que, pretender transformar el campo contemplaba cambiar al campesino, cuya forma de ser, estar, habitar y concebir su entorno -su espacio vivido- se mostraba como inferior y atrasado a las dinámicas de la modernidad; en otras palabras, el habitus rural, aquel que fundamentaba al campesino como hombre del campo, era un impedimento para pensarlo y construirlo como sujeto social capaz de inscribirse en la modernidad. Por lo tanto: "[...] los hábitos y la mentalidad de la población marginada carente de poder de influencia en la vida nacional necesitan ser objeto de una formación capaz de infundir la mística y la energía para participar responsablemente en el proceso de cambio".9
La tarea entonces consistía en extraer su esencia de hombre del campo e incorporar un habitus de hombre moderno, pero sin sacarlo de su mismo espacio natural, lo cual se lograba con la aplicación de la técnica y la ciencia a la producción de la tierra. En otras palabras, era necesario invertir en el espacio rural para que este transformara al campesinado, y con este, desde su conciencia como sujeto activo de cambio, promoviera el desarrollo y la productividad de la tierra. De esta forma sería posible no solo lograr el progreso de la sociedad colombiana en su conjunto, sino que también permitiría vincularse a la economía global y, por ende, a un grupo de países que se concebían como modernos.
En la reforma agraria se materializaban todas esas aspiraciones, proyectando el cambio de la estructura social del país; es decir, en todos sus niveles. Así, el agro y la tierra se vieron como dos tuercas del engranaje social que debían estar bien aceitadas -modernizadas- para que contribuyeran al buen funcionamiento de la estructura social. Especialmente cuando diagnósticos como el del Banco Internacional de Fomento y Reconstrucción (BIRF), coordinado por Lauchlin Currie, arrojaban que la desigual distribución de la tierra y el subdesarrollo del agro impedían la modernización económica y social del país (Kalmanovitz y López-Enciso 2006).
La situación agraria en el departamento del Atlántico
La experiencia histórica demostraba que el espacio rural colombiano era atrasado en sus prácticas sociales, económicas y culturales, con hombres -campesinos- atrapados en esas desafortunadas dinámicas, muchas veces conflictivas y que poco contribuían al proyecto nacional, principalmente porque al encontrarse aislados, no se inscribían en él. Por lo tanto, cambiar esa realidad implicaba un cambio de fondo de dicha experiencia histórica, a ojos de la modernidad. Es así que el espacio rural de los territorios nacionales -regiones- se percibieron desde una misma unidad de interpretación espacial, en donde el abandono y el aislamiento eran el factor común: y para las mismas medidas de la marginalidad, unas igualitarias estrategias para su superación. Es así que la Reforma Agraria contempló similares trabajos e intervenciones a nivel nacional en los distintos territorios rurales, puesto que los problemas eran los mismos. La técnica y la distribución equitativa de la tierra, para su posterior intervención, fueron algunas de las acciones que se pretendían llevar a cabo.
Para esto, durante los años de 1960 se multiplicó la cooperación y ayuda internacional a los países considerados como parte del tercer mundo. Tanto en Colombia como en América Latina fue notable la presencia de los Estados Unidos y de los países europeos que se comprometieron con el desarrollo, contribuyendo con ayuda técnica y préstamos de dinero. Resalta el programa Alianza para el Progreso y con él los Cuerpos de Paz, así como la presencia del gobierno francés a cabeza del general De Gaulle para quien el atraso de Colombia era histórico, sustentado en la misma conformación del Estado y en una "naturaleza [y] tierra tan desigual y tan extensa como la vuestra, a despacho también de las influencias hostiles que tantas veces y tan duramente se ejercieron en contra de vosotros" (Diario del Caribe 1964a).
En el departamento del Atlántico, así como en el resto del país, la marginalidad del campo se media a partir de unos factores palpables y transversales a la realidad nacional; la inequitativa distribución de la tierra, la falta de técnica adecuada para su explotación y la mala utilización de los suelos en las actividades agropecuarias, hacían que las tierras no fueran óptimamente utilizadas, y por ende no se generara desarrollo. Mientras que las tierras de mayor extensión estaban en manos de unos pocos propietarios, las actividades de explotación no respondían a las bondades de los suelos, ya que predominaba la ganadería sobre la actividad agrícola.
En promedio, la superficie de tierra explotada para la ganadería superaba en 176 335 hectáreas a la explotada para las actividades de pan coger (DANE 1960), lo que responde a un histórico del uso de los suelos en los escenarios rurales, no solo en el departamento del Atlántico sino también en todo el territorio nacional, con la explotación ganadera superando a la explotación agrícola (tabla 1).
Fuente: DANE (1960). N de A: elaborado a partir del Censo Nacional Agropecuario de 1960.Tabla 1: Características de las explotaciones agrícolas y ganaderas totales por Departamentos de Colombia
Según Kalmonitz (2006) en el departamento del Atlántico el uso de los suelos para la explotación ganadera responde a unos acumulados históricos que se rastrean desde la colonia, cuando los colonizadores españoles insertaron el ganado vacuno, y con estos el sistema de las haciendas, predominante hasta bien entrado el siglo XX. A esto se agrega la apropiación y distribución desigual de los terrenos aptos para explotación, no solo por la herencia recibida de la colonia sino también por las entregas de tierras sin títulos que se hicieron en el siglo XIX durante el proceso de conformación del Estado Nacional (González 2006). Si bien este fue un fenómeno que se dio a lo largo y ancho del territorio, impactó en la forma de la tenencia de la tierra en el departamento del Atlántico. Tal y como se puede apreciar al revisar el Censo Agropecuario de 1960, en donde se evidencia la desigual proporción en la tenencia de la tierra, ya que mientras que en los terrenos de mayor tamaño de explotación la concentración de propietarios era mayor, menor resultaban otras formas de acceso a la tierra como el arrendamiento (DANE 1960).10 A esto se suma que en los lugares donde había mayor concentración de tierra, la explotación era principalmente ganadera, a pesar de que los suelos podían ser utilizados para el cultivo del pan coger.
Este fenómeno resultaba ser un freno a las posibilidades de generar desarrollo y progreso social, por lo que entre los principales objetivos de la Reforma Agraria se planteó: distribuir mejor la tierra y hacerla accesible al campesinado por medio de las titulaciones; tecnificar el campo al tiempo que se educaba a los campesinos. Con estas dos acciones el Estado pretendía hacer presencia en los escenarios marginados del departamento, al tiempo que experimentaba el campo, como escenario susceptible de ser transformado. Primeramente, se requería transformar al hombre para que este impactara positivamente en su entorno; esto se lograba al mejorar sus condiciones de vida, ligadas directamente a la configuración del espacio que se habitaba. Por otro lado, era necesario que los individuos fueran conscientes de las implicaciones de dichos cambios, para que ellos siguieran el camino de la transformación y el progreso social.
De esta forma, desde los escenarios institucionales, como ya hemos mencionado, se promulgaba una idea de campo y espacio rural como prolongación del espacio geográfico nacional, es decir, vinculado a la nación. Una nación que se veía a sí misma y se imaginaba como moderna o anclada a los procesos de modernización, lo cual impactaría fuertemente en la forma de percibirse de los habitantes de los pueblos al diluirse la línea divisoria entre el espacio vivido -aquel que se experimenta en la cotidianidad- y el percibido -el que se percibe desde afuera-, sucumbiendo el primero al segundo. Es decir que, el discurso sobre el espacio rural, sobre el campo, construido por y desde el Estado, reemplazó a la experiencia cotidiana e insertó al campesinado en unas nuevas lógicas de percepción de su entorno. Según Milton Santos este fenómeno se presenta por la verticalidad que se establece entre las diferentes escalas -internacional, nacional y local- y sus efectos horizontales en cada una de ellas (Santos 1999); en otras palabras, el discurso nacional sobre desarrollo -social, económico, agrónomo-, soportado en los planteamientos internacionales, impactó en la forma en que desde los escenarios locales se percibía el entorno, agenciando a los actores sociales quienes contribuirían a mejorar su situación social.
Ejemplo de lo anterior son las ligas campesinas y los sindicatos agrarios que se conformaron entre los años de 1950 y 1960 en algunos municipios del departamento del Atlántico con el objetivo inicial de recuperar tierras, pero que posteriormente fueron el nexo entre el Estado y los territorios para la ejecución de actividades encaminadas a propiciar el desarrollo. En un inicio en los municipios de Baranoa y Manatí las organizaciones de campesinos exigieron al gobierno la adjudicación de tierras, que llegaron en los años de la reforma agraria, y en Repelón la creación de la ANUC contribuyó a que la situación del municipio mejorara con la titulación de tierras y la asistencia técnica (CNMH, 2017). Esta última se concentró principalmente en la mirada y experiencia de los expertos del gobierno nacional quienes, como poseedores de un saber técnico y científico, sentaban las bases del trabajo rural, y contribuían, a su vez, a la educación del campesinado.
A lo anterior se suma el hecho de que desde la división de Acción Comunal del Ministerio de Gobierno se promovieron cursos de capacitación, así como acompañamiento para las personas que desearan ser promotores en sus territorios de acciones grupales que se enfocaran principalmente en el mejoramiento de las actividades agrícolas, y las deficiencias sociales (Diario del Caribe 1964b). Poco a poco, este tipo de labores fueron empoderando a los ciudadanos del campo para que se convirtieran en sujetos activos en su entorno para que por medio de la acción conjunta se procurara un mejor bienestar, según los parámetros del Estado. Muestra de esto es la visión de bien común construido por la junta de acción comunal del municipio de Piojó:
Marginada se había mantenido nuestra comunidad, Piojó, de cuanto implicara un principio de progreso y superación. Las circunstancias determinantes fueron varias, pero, gracias, al contenido amplio y formativo de los Programas de Acción Comunal, fueron éstas superadas y vemos hoy a nuestra comunidad haciéndose sentir como célula nacional, mediante la vivencia del fructífero postulado de la cooperación en definidos frentes que, a más de las obras materiales [...] ha ido creando una verdadera conciencia social y han permitido una justa apreciación de cuanto encarna el Bien Común (Diario del Caribe 1964c).
Ahora bien, se promovieron otras formas de organización que respondieron a las expresiones de verticalidad-horizontalidad en los territorios. Una de estas fue el corporativismo o asociacionismo, el cual se concibió como una forma de trabajo colectivo entre los individuos que permitía la vinculación de estos con el mercado y, a su vez, del territorio en el que eran agentes activos dentro del proyecto nacional de desarrollo capitalista, lo cual permitía promover las cooperativas de trabajo, agremiadas según un oficio específico (Diario del Caribe 1964d). Las asociaciones de usuarios campesinos respondían a esta lógica, siendo las interlocutoras directas con el Estado, en un intento de este de tener mayor presencia territorial, pero al mismo tiempo una mayor organización. De allí que promovieran la idea de que el campesino aislado, por sí solo, no progresaba:
No hay disculpa de los campesinos para evitar el compromiso en la urgencia del cambio. La Reforma Agraria será una realidad en la medida en que los campesinos aporten su voluntad de servicio. Los resultados económicos y sociales de la Reforma Agraria se harán perdurables de acuerdo al fortalecimiento de las cooperativas, porque son las entidades llamadas a continuar con la tarea de mejoramiento de los trabajadores del campo. El individualismo campesino es la maleza que debe desaparecer de los surcos colombianos, para cultivar el árbol frondoso de la Cooperación (Progreso Campesino 1970).
La conformación de dichas agremiaciones en el campo se consideraba importante para el desarrollo de los territorios rurales, puesto que por medio de estas sería posible acceder a préstamos y ayudas por parte del Estado y de organismos multilaterales. Ya fuese para procurar mejoras sociales o para impulsar la producción del campo, el sistema cooperativista contribuyó a convertir en foco de inversión extranjera a los territorios rurales en el país. Para el departamento del Atlántico el foco de inversión se concentraría, en parte, en la diversificación de los cultivos de pan coger para aprovechar las bondades de los suelos, con la siembra, por ejemplo, de frutos cítricos. Por lo menos así lo planteaba el proyecto Atlántico n°. 3.
Para el desarrollo de este proyecto se hacía necesario la agremiación de los campesinos, quienes serían los encargados de canalizar todos los trabajos de intervención en los territorios, los cuales se concentrarían principalmente en el sur del departamento. No obstante, a pesar de que desde inicios de la Reforma Agraria a comienzos de los años de 1960 se discutió sobre la intervención del departamento, especialmente en el triángulo Ponedera-Candelaria, un plan pensado a finales de los años de 1950 (Cámara de Comercio de Barranquilla 1960a), solo hasta comienzos de los años de 1970 se reconocieron legalmente en todo el territorio nacional las asociaciones de usuarios campesinos, entre estas las del departamento del Atlántico (Ministerio de Agricultura 1972), como consecuencia de la promulgación de la Ley Primera de 1968 que entre sus disposiciones estableció y reglamentó la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Balcazar et al. 2001).
Por lo tanto, durante la década de 1960 la implementación de la Reforma Agraria en el departamento del Atlántico apuntó a realizar un diagnóstico de la situación del agro, señalando los problemas y las urgencias de una intervención para la justa distribución de la tierra y su tecnificación. Este último punto era fundamental para el progreso del campo atlanticense, toda vez que se consideraba que la morfología del departamento contaba con los buenos recursos para hacer viables el desarrollo agrícola, pero no se tenía la infraestructura y los recursos que canalizaran el cambio que se pretendía lograr: convertir al Atlántico en la despensa agrícola del Caribe.
El Atlántico como despensa alimentaria del Caribe
Para finales de los años de 1950 e inicio de i960 el departamento del Atlántico contaba con un total de 276 646 superficies, en hectáreas de tierras, para explotación agrícola y ganadera, de las cuales 44 292.8 estaban destinadas a la agricultura y 220 627.6 a la ganadería. No obstante, en número de tierras aptas para cada tipo de explotación la proporción variaba, aquellas que podían destinarse a la agricultura eran mayores que las que servían para la ganadería (tabla 2.). Por lo tanto, el potencial de los municipios del departamento para el desarrollo agrícola era muy alto, aunque el censo agropecuario evidenciara una subutilización de los suelos para el beneficio de la cría de ganado vacuno.
Fuente: DANE (1960). N de A: reproducción del Censo agropecuario de 1960 del departamento del Atlántico.Tabla 2: Características de las explotaciones, por municipios, número y clase de explotaciones
Siguiendo el espíritu de la Reforma Agraria, los municipios del Atlántico estaban llamados a explotar al máximo su capacidad agrícola para de esa forma contribuir al desarrollo del departamento, pero también de todo el territorio nacional, apostándole a la diversificación de los cultivos. Esta estrategia serviría como un alivio a la oscilación económica que producía la "dictadura del café" (Diario del Caribe 1962), en tanto monocultivo que generaba una mono exportación y que frente a las realidades nacionales e internacionales resultaba limitante. Pero, para lograrlo, era necesario industrializar el campo y en especial al sur del departamento, en donde desde hace tiempo existía un proyecto de tecnificación que contemplaba la instalación de un sistema de riego, desecación y drenaje en las poblaciones ubicadas en el entorno de los municipios de Candelaria y Ponedera, como lo mencionamos.
De esta manera, el desarrollo agrícola del Atlántico era una deuda vigente del gobierno. Este, según lo expresaron en su momento algunos diarios regionales, había dejado en el olvido un territorio rico en "tierras buenas o [...] susceptibles de mejorarse" (Diario del Caribe 1962a), con un alto potencial para ser eje de producción agrícola en la región y en el país. Una idea que con el tiempo fue afianzándose y para finales de la década de los 60 visionaba al departamento como despensa alimentaria de Colombia, siempre y cuando se aplicara la técnica y la tecnificación y también se promoviera la industrialización del campo. Allí estaban los pilares del proyecto y la oportunidad de progreso y desarrollo industrial del país:
La importancia del proyecto no debe observarse tanto en la misma explotación de los recursos naturales sino en la industrialización que representa el paso más vigoroso para que el país logre solucionar sus actuales problemas. Los mercados internacionales se hallan a la espera de nuestra producción y el Instituto de la Reforma Agraria y el Gobierno con la asesoría de técnicos extranjeros y la ayuda de organismos internacionales, no descansará hasta completar el máximo proyecto en la Costa Atlántica: el plan Atlántico N°3 (Cámara de Comercio de Barranquilla 1968, s.f.).
A lo anterior se agrega que, si bien la tecnificación del sur del Atlántico era la solución a su vago desarrollo, también era la causa de su rezago, puesto que a pesar de las peticiones que constantemente se hicieron al gobierno central para que implementara el sistema de riego aprobado unos años antes, este no llegaba. Por el contrario, parecía paralizarse ante la burocracia del INCORA y su alejamiento de las periferias del país (Diario del Caribe 1962b). Situación que era vista con doble lente, en donde la culpa del fracaso de la reforma agraria en el departamento se debía la inmovilidad política regional y central, en este último caso, representada en la inexperiencia del INCORA (Diario del Caribe 1962c).
Lo anterior pareciera tener fundamento en el hecho de que varios políticos de la región Caribe y algunos del departamento del Atlántico, pertenecientes a la elite ganadera, se opusieron a la reestructuración de la posesión de la tierra que establecía la reforma agraria y al cambio en su forma de explotación, puesto que fueron percibidas como una amenaza no solo a la posesión de la tierra en tanto propiedad privada -hacienda-, sino también a la ganadería extensiva. Principalmente porque "con algo más del 10% del territorio nacional, el Caribe albergaba la mitad del hato ganadero del país" (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 2022, 62). De esta manera, entre los políticos que manifestaron inconformismos, el senador Ramón Emiliani Vélez expresó que los campesinos eran ignorantes y por eso no era viable concentrar la reforma agraria en ellos. Apelando a la técnica como modelos de desarrollo y progreso, manifestó que, por el contrario, la reforma agraria debía promover el desarrollo del campo en mano de la empresa privada:
En muchos países industrializados de occidente [...] las empresas privadas también se dedican a comprar estos equipos para arrendarlos a los productores del campo. La idea que debe concebirse, pues, es que el campesino ignorante no es capaz por si solo resolver el problema agrario. Facilitarle el crédito en dinero tampoco constituye la ayuda efectiva y decisiva. Las cajas agrícolas son importantes; la prestación en especie tiene mayor trascendencia. Porque hay necesidad de suministrarle los elementos químicos y mecánicos y enseñarle a usarlos, ya que sin ellos no es factible incrementar la producción agrícola, pues son estos elementos los que integran la técnica que constituye la esencia de la revolución (Cámara de Comercio de Barranquilla 1960b, 17).
Lo anterior muestra que para una parte de la clase política la reforma del campo debía poner en el centro al empresariado de la región, en desconocimiento del campesinado, al que consideraban como carente de preparación y de espíritu laborioso, el necesario para crear empresas agrícolas. Por ese motivo, el campesino en vez de ser el foco del cambio, debía ser su motor, la ayuda a impulsar el desarrollo, pero bajo el tutelaje de los empresarios. Lógicamente, esta postura iba en plena contravía con lo que planteaba el INCORA y la esencia de la Ley 135 de 1961, pero no era distinta a la realidad que se vivía en las zonas rurales del departamento, así como en las de todo el país, con conflictos agrarios entre terratenientes, hacendados y campesinos. En el Atlántico se venían presentando situaciones de este tipo desde unos años atrás, y para el momento se agudizaban en municipios como Manatí y Sabanalarga con invasiones de tierras por parte de campesinos debidamente organizados en sindicatos agrarios.
Además, hay que anotar que el sector ganadero ejerció presión para que, según lo consideraran, no los dejaran de lado de las inversiones en materia de mejoras del campo, pero tampoco se les privara del derecho a la propiedad privada. En este sentido, resaltan dos hechos. El primero es la creación de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) en 1963 como defensa del sector de los ganaderos frente a los supuestos "criterios comunistas" de la Reforma Agraria (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 2022, 68). Y el segundo fue la petición del gerente de la Caja Agraria de Barranquilla en 1965, Humberto Mazzilli Santa María, a la dirección nacional de dicho organismo para que se le otorgaran mayores préstamos al fomento de la ganadería, la cual consideraba en desventaja frente a los altos préstamos e incentivos que recibían los cultivos de pan coger, como el arroz. En especial cuando la ganadería era percibida como vital para un buen desarrollo económico del Atlántico y del país (Diario del Caribe 1965).
No obstante, a pesar de las fricciones que se presentaron en el departamento del Atlántico y de las posiciones asumidas por las elites ganaderas, los proyectos de intervención en el campo, con su tecnificación y la diversificación de los cultivos, continuó según la planificación que se había trazado el gobierno nacional. Los trabajos de intervención en el denominado triángulo Candelaria-Ponedera siguieron el camino hacia la ejecución, al igual que aquellos que se previeron en los municipios del sur del departamento. De esta manera, las labores de modernización y potencialización del campo se llevarían a cabo en los municipios de Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Santa Lucía y Suan.
Se inicia la recuperación del sur del Atlántico
En el mes de septiembre 1964, después de un largo trasegar, se dio inicio al proyecto Atlántico n°. 3 (Diario del Caribe 1964d), el cual estaba llamado a hacer realidad el deseo de convertir al departamento del Atlántico en la despensa alimentaria del Caribe. Como uno de los planes más ambiciosos del INCORA, así como modelo de desarrollo agrícola en Latinoamérica, visionaba "la explotación agrícola intensiva de 60.000 hectáreas de suelo óptimo en el sur del departamento" (Diario del Caribe 1964d). Igualmente, se planteaba materializar dos de los focos principales de la reforma agraria: adjudicación de tierras a los campesinos y tecnificación del campo y mejoras de los terrenos. Con un énfasis técnico, los trabajos se proyectaron desde la intervención técnica del territorio ocupado por los municipios del sur del departamento, en tanto que estos eran el epicentro de la producción, pero al mismo tiempo el vínculo con el Caribe, con las ciudades de Barranquilla y Cartagena como centros comerciales de la producción agrícola. A su vez, el sistema de riego fue concentrado en el desarrollo de la obra de infraestructura del embalse del guájaro en la ciénaga que la daba el nombre, que llevaría agua a las zonas rurales de los municipios de Repelón, Candelaria, Manatí, Campo de la Cruz y en general a todo el sur del departamento (figura 1), aparte de que serviría para almacenar 300 millones de metros cúbicos de agua para la consolidación de la industria pesquera (INCORA 1965).
Figura 1: Área de intervención del proyecto Atlántico n°. 311
Del total del terreno que comprendía el proyecto, que eran 60 000 hectáreas, como ya hemos mencionado, 25 000 eran terrenos baldíos que pertenecían al Estado. Eran, según lo referencian los informes y publicaciones divulgativas del INCORA, ciénagas y lagunas (INCORA 1964). Por lo tanto, unas 35 000 hectáreas de tierra debían entrar en proceso de negociación para poder ser adjudicadas a campesinos, lo cual tocaba una de las líneas más finas y delgadas de la Reforma Agraria, toda vez que para el momento venían exacerbándose los conflictos agrarios en el departamento. Por ejemplo, en el municipio de Manatí, uno de los focos del proyecto Atlántico n°. 3, las disputas por tierras se habían hecho frecuentes, al punto que el gobernador de turno en 1964 argumentó que el municipio manchaba la imagen del departamento del Atlántico como ajeno a las dinámicas de conflictos agrarios, como sí sucedía en otras partes del país (Diario del Caribe 1964e). En este caso puntual, los enfrentamientos eran no solo entre terratenientes y campesinos, sino entre sindicatos de pescadores y campesinos (Diario del Caribe 1964e), los cuales disputaban derechos sobre la tierra porque los pescadores se vieron afectados con la desecación de la ciénaga de Manatí (CNMH 2017).
Ahora bien, lo anterior se cruza con los resultados en materia de adjudicación de tierras en el departamento del Atlántico. Según fuentes de información producidas por el INCORA, entre 1962 y 1966 la titulación de tierras en el departamento fue muy baja en comparación con los demás departamentos, intendencias y comisarías del país. Además, mientras que en el resto de Colombia comenzaron a adjudicar tierras desde inicios de la reforma, en el Atlántico se hicieron las primeras titulaciones en 1965, momento en el que estaba en marcha el proyecto de riego y recuperación agrícola del sur del departamento (tabla 3). Para ese momento, varios campesinos recibieron tierras en los municipios de Repelón y Manatí, prioritarios en el proyecto Atlántico n°. 3, lo que llevó a la disminución de invasiones dirigidas por los sindicatos agrarios (CNMH 2017).
Fuente: INCORA (1967).Tabla 3: Adjudicación total de tierras por año (1962-1966)
En lo que se refiere a la implementation de la técnica y tecnificación del campo, los avances prometieron ser significativos en materia de diversificación de los cultivos y en asesoría de especialistas extranjeros. Resalta, por ejemplo, la figura de Lauchlin Currie quien en años anteriores había asesorado al gobierno nacional en planeación y desarrollo económico, y en 1964 se encontraba impartiendo capacitaciones y asesorando al departamento del Atlántico en la inversión de recursos económicos (Diario del Caribe 19641). En este sentido, la asesoría extranjera fue importante en el momento, constituyéndose en uno de los pilares de las transformaciones económicas de la región, y en especial en el campo, con el sur del departamento percibido como un foco prioritario, toda vez que especializar y tecnificar al campo y al campesino, llevaría a convertir a este en un productor moderno del agro que aportara al progreso económico regional que se buscaba.
Para lograr el desarrollo comercial regional, era fundamental que los cultivos que se produjeran tuvieran salida al mercado nacional e internacional, en este último caso con los mercados europeos y norteamericanos como principales destinos (Diario del Caribe 1964g),12 los cuales se abastecerían de diversos frutos, al tiempo que contribuirían a hacer frente a la mono exportación del café. De esta manera, en varios municipios del Atlántico se proyectó la siembra de frutales (Diario del Caribe 1964h), sin embargo, los cítricos como tomates, limones y demás resultaron más atractivos para la diversificación de los productos agrícolas, por lo que en municipios como Santa Lucía se les dio prioridad, tanto en la siembra de dichos cultivos como en la asistencia técnica de expertos extranjeros, entre estos agrónomos israelíes (Diario del Caribe 1967ª) En este punto hay que anotar que el gobierno de Israel apoyó ampliamente la reforma agraria en el país.
Así las cosas, ya para finales de los años de 1960 los proyectos de intervención en el sur del departamento del Atlántico iban por buen camino, por lo menos en lo que respecta a los intentos de modernizarlo. Los trabajos en el municipio de Santa Lucía se complementaron con la construcción de la infraestructura del sistema de riego en el municipio de Repelón, en donde, junto con Manatí, también se adjudicaron varias tierras a los campesinos, quienes recuerdan ese periodo como bueno para su propio progreso, pues "la asistencia técnica [...] era maravillosa en ese momento" (CNMH 2017, 22). Además, el gobierno nacional demostraba estar interesado en que el proyecto Atlántico n°. 3 viera la luz (Diario del Caribe 1967b), y que los campesinos del departamento pudieran cultivar diversidad de productos, por lo que la Caja Agraria no dudo en anunciar que para 1968 se haría una ampliación de créditos para los campesinos del país (Diario del Caribe 1967c).
Ahora bien, todos los esfuerzos que se hicieron por convertir al departamento del Atlántico en la despensa alimentaria del caribe quedaron cortos, puesto que a pesar del interés nacional y regional por la implementación del proyecto Atlántico n°. 3, y de los esfuerzos que se hicieron, principalmente en infraestructura, para los años de 1970 la reforma agraria entró en un periodo de crisis (Balcázar et al. 2001). que impactó en la culminación del proyecto. Así, las proyecciones de diversificación de los cultivos como base de un sistema comercial agrícola no se cumplieron. lo que llevó a que se mantuviera una producción ganadera que se vio beneficiada por las obras de infraestructura y por el trabajo de los campesinos a los que se les adjudicaron tierras. Estos, frente a la imposibilidad del pago de los créditos con los ingresos que dejaba el cultivo de productos agrícolas, se vieron volcados a la explotación ganadera en pequeña escala. Y, aun así, para muchos no fue suficiente para saldar las deudas adquiridas:
[...] es importante señalar que después de esos créditos supervisados no se hizo más la explotación agrícola garantizada y los campesinos pasamos a la actividad ganadería, pero en pequeña escala. Entonces se hicieron créditos en ese entonces con la Caja Agraria y muchos de esos campesinos que están hoy sin tierra quedaron mal porque esos pequeños créditos para ganadería no fueron rentables, entonces se hizo que el campesino quedara reventado y por esa necesidad quedaron sin tierra porque la tuvieron que vender antes que la Caja Agraria se las rematara, porque esos proyectos no eran rentables, porque eso no daba para quedar bien (CNMH 2017, 24).
Esta realidad vivida por el campesinado fue el reflejo de lo que terminó siendo la Reforma Agraria en el departamento del Atlántico: un proyecto realizado a medias que terminó afianzando la economía ganadera y dejando inconclusa la reforma del campo. En un informe de diagnóstico sobre la ejecución y los alcances del proyecto Atlántico n°. 3, realizado a inicios de los años de 1980 por la Cámara de Comercio de Barranquilla (1982), se identificaron falencias en la consolidación de un mercado agrícola, así como en la culminación del sistema de riego en los municipios de Repelón y Santa Lucía. Como consecuencia, en ambos municipios la infraestructura de riego y drenaje se encontraba en desuso y en deterioro, lo que afectaba las capacidades de desarrollo agropecuario en el departamento.
Frente a esto, el BIRF, quien apoyó los proyectos de inversión de la Reforma Agraria, diría, según informe de la Cámara de Comercio de Barranquilla, que el proyecto Atlántico n°. 3 "aparece hoy en muchos aspectos como un fracaso" (Cámara de Comercio 1982, 18), al no haber podido lograr los objetivos trazados, los cuales fueron considerados demasiado optimistas. Entre dichos objetivos, el que mayor peso tuvo al momento de la evaluación fue la incapacidad de consolidar un mercado agrario del Caribe, puesto que los centros de acopio de los productos agrícolas se encontraban muy distantes, además de que "el cultivo es riesgoso, el crédito es escaso y la mayoría de los parceleros fueron y todavía son agricultores inexpertos" (Cámara de Comercio 1982, 18).
Conclusiones
En un intento de transformar la ruralidad colombiana -el espacio rural y al campesinado- para promover desarrollo, la Reforma Agraria de los años sesenta planteó la modernización del campo. Esta iniciativa hizo parte de una "política" y estrategia global de promoción del desarrollo y el progreso en los países menos desarrollados, considerados como atrasados y parte del tercer mundo y que contó con el apoyo de los países industrializados que para el momento hacían parte del primer mundo. De estos países, los Estados Unidos a través de La Alianza para el Progreso concedió cuantiosas sumas de dinero y apoyo técnico a Colombia para que llevara a cabo proyectos de desarrollo. Entre los diversos proyectos, la Reforma Agraria ocupó un papel fundamental.
En todo el territorio colombiano se proyectaron estrategias para reformar el estado del campo, con la adjudicación de tierras a los campesinos, capacitaciones y educación y apoyo técnico para la adecuada explotación de la tierra. Estas medidas pretendieron no solo mejorar la situación de los espacios rurales al modernizarlos, sino también apaciguar los conflictos sociales presentes en muchas regiones del país por el acceso a la tierra. Tal fue el caso del departamento del Atlántico, en donde desde los años de 1950 existían disputas entre campesinos y terratenientes y que la Reforma Agraria apaciguó un poco, pero no totalmente, al tiempo que abrió la posibilidad de convertir al sur del departamento en la despensa alimentaria del Caribe y del país, contribuyendo al crecimiento económico del departamento. Una idea que hundió raíces en el desaceleramiento económico que desde mediados de la década de 1950 experimentó la ciudad de Barranquilla, capital departamental y epicentro económico del Atlántico.
Con proyectos de intervención en los municipios de Repelón, Candelaria, Manatí y Campo de la Cruz, el proyecto Atlántico n°. 3 se propuso la transformación agraria del departamento a partir de su modernización, con acciones que iban desde la asistencia técnica para el aprovechamiento de las bondades de la tierra y la diversificación de los cultivos hasta la construcción de grandes obras de ingeniería. Todo esto pensando en el departamento del Atlántico como motor de una economía de exportaciones diversas hacía los mercados internacionales.
En este sentido, la situación rural del Atlántico no podía ser mejor, pues desde el Estado no solo que se canalizaron muchos recursos para su modernización, también se dio prioridad a la explotación agrícola sobre la ganadera. No obstante, en la práctica poco fueron los resultados que se obtuvieron, toda vez que la presión del gremio de ganaderos, los conflictos sociales que permanecieron en el territorio y los problemas internos del INCORA hicieron que las reformas quedaran a medio camino.
Por lo tanto, para mediados de la década de 1970 y 1980 los avances que se lograron durante los primeros años de la reforma agraria en el sur del departamento del Atlántico eran vestigios de unas acciones estatales no bien ejecutados: eran remanentes de una modernización rural que no logró consolidar la modernidad del campo. Y, como consecuencia, la situación del campesinado atlanticense no cambió sustancialmente, debido a que, con el fracaso de la reforma del agro, la economía ganadera continuó siendo el pilar de la economía del campo, la cual aprovechó las infraestructuras construidas en el marco del proyecto Atlántico n°. 3 y la mano de obra que continuó prestando el campesino que, ante la imposibilidad de pagar los créditos asumidos con el INCORA, debió volver a emplearse como jornalero.
De esta forma, para el departamento del Atlántico no llegaron las pretensiones de cambio que surgieron durante la primera etapa de la Reforma Agraria. Sí hubo algunas transformaciones y algunos avances en materia de implementación de técnica e industria al campo, así como en titulaciones de tierras a los campesinos, pero en esencia, la realidad social de las zonas rurales se mantuvo más o menos igual.
Referencias
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