Cooperación y conflicto entre empresas, comunidades, nuevos movimientos sociales y el papel del gobierno. El caso de cerro de San Pedro (México)

El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones de cooperación y conflicto entre la Compañía Minera (MSX) y las comunidades de San Pedro, Soledad y San Luis Potosí, los Nuevos Movimientos Sociales y los tres niveles de gobierno involucrados. La compañía Minera inició operaciones en una mina a cielo abierto de oro y plata con el apoyo de oficiales de los gobiernos locales, estatales y federal. Los habitantes de estas comunidades apoyados por grupos ambientalistas y Organizaciones No Gubernamentales argumentan que el proyecto contamina las fuentes de agua fresca, además de perturbar el medio ambiente y la ecología de la región. En tal sentido el artículo analiza el impacto, la interacción social y de conflicto entre los distintos actores desde una perspectiva local y socio-ambiental, previa contextualización histórica de subregión y el desarrollo de la industria minera.

Palabras clave: Cerro de San Pedro,  comunidad, conflicto, empresa, gobierno, medio ambiente.

Cooperation and conflict among companies, communities, new social movements, and the role of the government. The case of Cerro de San Pedro

Abstract

The objective of this work is to analyze the relationships of cooperation and conflict among the mining company MSX; the communities of San Pedro, Soledad, and San Luis Potosí; the new social movements; and the three levels of government involved. The mining company began operations in a gold and silver open-pit mine with the support of officials from the local, state, and federal governments. The inhabitants of these communities, backed by environmental groups and non-government organizations argued that the project contaminated sources of fresh water, while also perturbing the environment and the region’s ecology. In this manner the article analyzes the impact, the social interaction, and the conflict among the distinct actors from a local and social-environmental perspective, after the historical contextualization of the subregion and the development of the mining industry is presented.

Keywords: Cerro de San Pedro, community, conflict, company, government, environment

INVESTIGACIÓN

Cooperación y conflicto entre empresas, comunidades, nuevos movimientos sociales y el papel del gobierno. El caso de Cerro de San Pedro

José G. Vargas-Hernández*

* Profesor Investigador miembro del Sistema Nacional de Investigadores Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

Articulo recibido 12 de agosto de 2009, aceptado el 14 de noviembre de 2009 y publicado electrónicamente el 10 de diciembre de 2009.

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Resumen

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Localización geográfica

Cerro de San Pedro es un pueblo históricamente minero semi–abandonado, localizado en el centro de México, en el Estado de San Luis Potosí, ubicado a 18 kilómetros hacia el Este de la ciudad de San Luis Potosí, la capital del Estado. Cerro de San Pedro está localizado en la parte alta del valle de San Luis Potosí y es parte de un área clave para el valle y sus ciudades importantes. El valle es la fuente de un 73% de agua para el área.

Cerro de San Pedro es un pueblo fantasma que contiene tiendas en ruinas, iglesias, fincas y un hospital. El día de hoy hay un poco más de 100 personas viviendo en el Cerro. El fundo Real de la aldea cubre las colinas en ambos lados del cañón con grandes y pequeñas casas a un costado de las estrechas calles (Cordero de Enciso, 1997). Los restos de 400 años de antigüedad del pequeño pueblo todavía están ahí, solos entre una iglesia activa y una oficina municipal. Cerro de San Pedro está situado en un alto desierto y en el corazón de México, el tipo de lugar con muchos correcaminos y grandes cactus. 400 años de minería no alteraron la apariencia original del fundo Real, la cual es irregular y cuyo centro es la parroquia de San Pedro. El desarrollo artístico y urbano en el siglo decimoséptimo está representado en Cerro de San Pedro. Hay dos estructuras particularmente importantes de perspectiva patrimonial histórica: la iglesia de San Nicolás Tolentino del sigo XVII y San Pedro Apóstol la cual data del siglo XVIII.

Los indios tarascos se situaron alrededor de la iglesia de San Pedro y la adoptaron como su santo patrón. La avenida enfrente de la iglesia fue usada como un intercambio y un lugar de socialización (Cordero de Enciso, 1997). Las dos iglesias construidas en Cerro de San Pedro fueron atendidas por el clero laico auxiliado por los monjes Franciscanos, y después los Agustinos quienes eran capaces de hablar tarasco. Las dos iglesias construidas en la primera mitad del siglo diecisiete son idénticas, aunque la iglesia de Cerro de San Pedro fue después modificada. La iglesia de Cerro de San Pedro es un raro ejemplo de iglesia del siglo diecisiete y su color es en una estética armonía con la colina detrás de ella. La iglesia de San Nicolás de Tolentino esta construida en un lado de un cañón y se ha convertido en un área urbana. La iglesia de San Nicolás mantiene su primitiva apariencia con solo una nave y una bóveda en forma de barril.

Hay además, numerosos y diversos monumentos históricos protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Una zona del pueblo es conocida como ''La Colonia de los Gringos'', y contiene lo que una vez fueran oficinas y viviendas de la compañía American Smelting and Refining.

Antecedentes legales

Desde los tiempos prehispánicos en México, la minería ha jugado un papel importante en la historia política y económica. De 1986 a 1990 el Banco Mundial concedió créditos para apoyar los ajustes estructurales de las políticas económicas. El crédito 3359 apoyó el ajuste estructural del sector minero catalogado como B para eliminar los requerimientos ambientales y audiencias públicas (Proyecto de Frontera Ecológica, 1994). Bajo una política económica neoliberal, las enmiendas del Artículo Constitucional 27, una nueva ley agraria, una ley minera (1993) y una ley de inversión extranjera durante los años noventa, permitió a los ejidatarios, a los originales dueños limitados de los derechos de la tierra, a tener la facultad para cambiar y enajenar su propiedad. Los inversionistas ahora pueden asociarse con ejidatarios, explotar los recursos de la tierra sin comprarlos. El Libre Tratado de América del Norte (por sus siglas en inglés NAFTA) ofreció ventajas y oportunidades a los inversionistas.

La ley minera de 1993 junto a la regulación de la ley minera (1999) abrieron al capital extranjero áreas que fueron reservadas para los inversionistas mexicanos y definidas por las nuevas reglas para el desarrollo nacional, exploración de inversiones extranjeras y explotación de minerales como actividades de utilidad públicas. El proceso de subvención de concesiones de minería no requiere audiencias públicas y la mayoría del tiempo las afectadas comunidades son las ultimas en enterarse acerca del proyecto. Existen algunas referencias acerca de estas oportunidades consideradas y otras ''ventajas competitivas que ofrece México en comparación de sus socios en NAFTA (Bardake, 1993). Una concesión minera no puede ser cancelada por contaminar el ambiente y solo puede ser multada, por ejemplo.

Antecedentes Históricos

Los Guachichiles habitaron las colinas del área de Cerro de San Pedro antes que los españoles llegaran. El primer plan urbano original de Cerro de San Pedro data de 1412. Un par de misioneros visitaron el área alrededor del año de 1570, pero el mineral no fue encontrado en las colinas. Cerro de San Pedro solía ser uno de los más grandes pueblos mineros de la colonia de la Nueva España hace cien años atrás, los conquistadores españoles repartieron la tierra saqueando y enviando la mayoría de los tesoros de regreso a Europa. En marzo de 1592, Don Miguel Caldera, un mestizo y comandante del ejército español, envió a un grupo de mineros a reconocer la tierra en las colinas del valle de San Luis Mexquitic y registrar las minas de oro llamadas Real de San Luis Potosí.

Alrededor de algunos 60 descubrimientos fueron registrados con vetas ricas en metales. Los más ricos minerales fueron localizados cerca de la superficie. Después de 40 años de lucha con los Guachichiles durante la última década del siglo dieciséis, los conquistadores convencieron a los indios de dedicarse al cultivo y plantación y tener una vida sedentaria. Real de Minas de Cerro de San Pedro fue fundado en 1583 después de que varias minas localizadas en la región iniciaron operaciones, aunque se ha establecido que fue en 1592, antes que la capital de San Luis Potosí, descubierta en el siglo XVI, debido a esta riqueza fue bautizada en español como Potosí. Martín Pérez fue uno de los descubridores de las minas de Cerro de San Pedro, el cuatro de Marzo de 1592. (P.F.V:Col.Doc., VolI, p. 254, citado por Del Hoyo, 1979).

Cerro de San Pedro data del siglo dieciséis y fue la localidad original de la capital del Estado de San Luis Potosí, pero en las colinas de Cerro de San Pedro no había suficiente agua que suministrara al pueblo y para lavar los metales, así que los pobladores terminaron trasladándose. Los españoles fundaron el pueblo de San Luis Potosí en el valle. El escudo de las armas de la ciudad de San Luis Potosí tiene a la colina de Cerro de San Pedro en azul y fondo de oro con dos bandas de plata y oro, sobre la cual posa el Santo Rey Luis de Francia, testimoniando sus orígenes minerales. La montaña es el símbolo de su patrimonio.

Algunas familias de mestizos, mulatos e indios fundaron Real de Cerro de San Pedro más adelante en la sierra la cual tenían sus propios gobernadores y uniones. Tlaxcaltecas, Tarascos y Otomíes fueron llevados a trabajar en las minas y en el ganado de los ranchos. El distrito minero de Cerro de San Pedro ha soportado varios periodos de significante actividad minera y ha visto muchas producciones de campañas mineras desde su descubrimiento en los pasados 500 años. No hay evidencias de producción durante el periodo comprendido de 1574 a 1660 de actividad minera en Cerro de San Pedro. Las minas produjeron abundancia en los primeros treinta años y algunos 62 millones de pesos que fueron pagados en derechos solo durante sus primero 60 años de existencia, que son, algunos 10 millones de pesos por año (Cordero de Enciso, 1997).

En 1613, el alcalde, Pedro de Salazar construyó el famoso Socavón del Rey, un túnel horizontal que da acceso a profundas venas de materiales, las cuales produjeron alrededor de treinta toneladas de plata mezclada con oro en un año. Después de 15 años de minería, la cantidad de metales preciosos se redujo aunque hubo una época de problemas con el oro que dio revuelo a la codicia entre un grupo de hombres, quienes estaban coludidos en un enorme fraude y los dueños de las minas de Briones perdieron su propiedad, Finalmente, en 1628 las casa principalmente habitadas de San Luis Potosí fueron desalojadas. La última mina rica, San Cristóbal, fue cerrada en 1656 aunque ha habido algunas bonanzas en el Cerro.

El 1690, el alcalde, Alonso Muñóz Castiblanque, abrió paso en la montaña con ayuda de un préstamo que le hicieron por medio del Virrey, el Conde de Gálvez y la producción incrementó en una quinta parte de lo que era en 1620. En 1740, cientos de hornos y setenta moledores de mineral aún existían en la región.

En el siglo dieciocho, la región tuvo una reputación de malos tratos a la gente indígena y de su enojo. La pobreza creciente de los habitantes de las colinas y sus alrededores fue aún peor en 1767. Las donaciones de oro dadas a las reparaciones de la iglesia se perdieron. La expulsión de los jesuitas resultó en un alzamiento en 1767. Cerro de San Pedro en 1767 fue el centro de atención de una insurrección popular en contra de los excesos de las reformas Borbónicas. Los serranos hicieron demandas y se opusieron a la eliminación de los Jesuitas pero tuvieron que rendirse. El Marquéz Virrey de Croix envió a Don José de Gálvez con 400 soldados a castigar a los rebeldes y a sus familias cruelmente, pero los serranos se manejaron para tener sus impuestos reducidos y la iglesia fue reparada y mejorada.

A la mitad del siglo dieciocho, después de doscientos años de industria minera, bajó su desarrollo y tuvo poca productividad debido a la falta de capital, insuficiencia tecnológica, limitada capacidad de trabajadores especializados y una escasez de provisiones y mano de obra laboral, entre otras cosas (Villalba, 2000), Unos años más tarde, Don José de la Castilla y Loaeza, un caballero de Santiago, fundó la Compañía Patriótica en la que se le invirtieron 20,000 pesos y usaba técnicas pasadas de moda. En 1773, San Luis Potosí tuvo alrededor de veinte comunidades mineras en un estado de improductividad deplorable. Por el año de 1774, Cerro de San Pedro tuvo que continuar luchando para restaurar la explotación de las minas locales (López Miramonetes y Urrutia 1980).

En 1816 se construyó un túnel horizontal en la colina Pópulo y en el Socavón Aventurero de la Victoria. El túnel de Aventura y Victoria, reinició 60 años después. La compañía Metalúrgica Mexicana adquirió el ferrocarril que se extendía hacia Río Verde y que transportaba el mineral de San Pedro a San Luis Potosí. Un importante periodo de actividad minera empezó en 1870 y continuó a principios de los años cincuenta. En 1930, la America Smelting Company (ASARCO) trabajó en el túnel horizontal y el trabajo continuó hasta 1948 cuando la huelga estalló y la mina fue cerrada. En 1933, la región de Cerro de San Pedro fue declarada área ecológicamente protegida.

Al final de los años cuarenta, los depósitos de oro, plomo, hierro, magnesio y mercurio finalmente empezaron a desaparecer. A principios de los años cincuenta está estimado que aproximadamente 2.5 millones de onzas de oro y 40 millones de onzas de plata habían sido producidas del distrito de Cerro de San Pedro. Compañías locales continúan extrayendo limitadas cantidades de mineral de las minas. Visitantes pueden entrar a La Descubridora, la primera mina del pueblo. Están disponibles servicios de guías.

Minera San Xavier (MSX): proyecto de desarrollo en Cerro de San Pedro

Un nuevo interés en el distrito minero de Cerro de San Pedro Comenzó a principio de los años setenta con evaluaciones de varias compañías para determinar el potencial del depósito mineral como de baja graduación. En 1971, a Las Cuevas una compañía minera no le fue permitida reactivar las minas. Cuando NAFTA entró en vigor en 1994, la compañía canadiense Metalllica Resources comenzó a explorar la vieja mina del pueblo con intención de explotar sus recursos en oro y plata. En 1995, Metalllica adquirió en opción a compra un proyecto en Cerro de San Pedro que empezó con programas de exploración para expandir el trabajo a recientes programas de exploración conducidos por otras compañías. Minera San Xavier (MSX) en Cerro de San Pedro está desarrollando un proyecto de minería de oro.

Otras piedras preciosas, como la orfimenta cuya existencia se reporta en muy pocas localidades mexicanas, entre las cuales, han sido encontradas con moderación en los depósitos de oro de Cerro de San Pedro. Los colores en estas miniaturas de piedras que se encuentran en Juárez, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, están muy relacionados con piromorfina verde, wulfenite amarilla, galena gris, y barita blanca, que son realmente hermosas.

En febrero de 1997 el estudio de factibilidad realizado mostró reservas probadas y probables estimadas en 77.3 millones de toneladas con graduaciones promedio de 0 .60 g/t oro y 24.8 g/t plata, con una proporción total de desperdicio de mineral de 1.51:1. La reserva estimada fue preparada por la Asociación de Reservas de Mina, y fue calculada usando un precio del oro de $400 por onza de oro y un precio de $5.00 por onza de plata. Metallica eligió buscar un socio para llevar a cabo operaciones en joint venture o riesgo compartido, para el desarrollo de la propiedad a finales de 1997, y en Enero de 1998 entró en un acuerdo con la compañía Cambior, para adquirir el 50% del interés en MSX. El acuerdo resultó en la expedición de acciones MSX adicionales a Cambior's de tal forma que poseería 50% de las acciones de MSX expedidas y vigentes. La capacidad de Cambior con su 50% de sus acciones fue contingente en el gasto de 20 millones de dólares en el desarrollo del proyecto para Diciembre 31, 2000 (Metallica Resources, Inc. 2005).

El estudio de factibilidad de Cambior, incluyó una reserva probada y probable estimada de 63.5 millones de toneladas con graduaciones en 0.62 g/t de oro y 24.5 g/t de plata, con una proporción total de desperdicio de 1.57:1. La estimación de la reserva fue hecha por Cambior, y fue calculada usando el precio del oro de $300/ la onza y el precio de la plata de $5.50/ onza. El desarrollo de la mina, el capital de trabajo y el costo de los equipos de minería tuvieron un costo estimando de $68 millones (Compañía Metallica Resources, 2005).

En Mayo de 2000, Cambior vendió el 50% de sus intereses en Cerro de San Pedro al proyecto Glamis Gold LTD. En Noviembre de 2000, Glamis publicó una revisión de un estudio de factibilidad para el proyecto que incluía una reserva probada posible, estimada de 49.2 millones de toneladas graduadas en 0.57 g/t oro y 23.0 g/t plata, con una proporción total de desperdicio de 1.45:1. La reserva estimada fue preparada por la compañía Mine Reserve Associates, Inc., y fue calculada usando el precio del oro de $275/ la onza y el precio de la plata de $5.25/ la onza. El desarrollo de la Mina, capital de trabajo y el costo del equipo para la minería fue de un estimado de 45 millones (Compañía Metallica Resources Inc., 2005).

El 4 de Febrero de 2003, la compañía consultora WLR preparó un reporte técnico sobre el proyecto de Cerro de San Pedro que incluía una reserva posible y estimada de 61.1 millones de toneladas graduadas en 0.59 g/t de oro y 24.0 g/t de plata con una total de proporción de desperdicio de 1.21:1. La reserva estimada fue preparada por William L. Rose de WLR y fue calculada usando el precio del oro de $325/ la onza y de la plata a $4.62/ la onza. Mr. Rose es una persona calificada, término definido en el Canada National Instrument 43-101. El 12 de febrero de 2003, Metallica compró el 50% de intereses del proyecto de Glamis en Cerro de San Pedro por $18 millones más una escala descendiente de retornos netos de derechos de fundición (Compañía Metallica Resources, 2005).

En febrero de 2003, Metallica actualizó el estudio de factibilidad de Glamis del actual plan de desarrollo de la mina para preparar el contrato de la minería. El uso del contrato de la mina reducirá el costo de capital del proyecto aproximadamente en $25 millones, como resultado de eliminar la necesidad de comprar la flota de la mina. Metallica también actualizó la reserva de mineral estimada en un precio más alto de oro debido a la consolidación del oro en el mercado. Basado en $325 el precio del oro por onza y $4.62 el precio de la plata, las reservas del mineral se hallan en 61.1. millones de toneladas graduadas en 0.59 gramos por toneladas de oro y 24.0 gramos por tonelada de plata representando 1.8 millones de onzas equivalentes en oro. Las equivalencias de las reservas de oro se incrementaron de 2.1. millones de onzas a $350 por onza de precio de oro y $5.00 por onza de precio de oro. (Compañía Metallica Resource, 2005).

La producción anual fue proyectada en 90,400 onzas de oro y 2.1 millones de onzas de plata, las cuales equivalen a 120,000 onzas de oro por año durante la vida de la mina que es aproximadamente de 8.5 años. El efectivo del costo de operación y el neto de créditos de plata, están estimados a ser de $177 por onza. En Septiembre de 2003, se actualizó el estudio del capital y del costo de operación para el proyecto de Cerro de San Pedro. Metallica Resources (MR) pretendió construir lo que había anunciado en la bolsa de valores, una de las más grandes minas a cielo abierto de oro y plata del mundo.

Actores

La compañía Minera

Minera San Xavier (MSX) en una subsidiaria mexicana de la compañía canadiense Metallica Resources involucrada en desarrollar la Mina de San Xavier en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, México. El proyecto de la compañía Minera San Xavier (MSX) está localizado a 20 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Luis Potosí, la capital del Estado con una población de aproximadamente un millón de personas.

Comunidad y movimientos sociales involucrados

En Cerro de San Pedro se ha formado una alianza entre grupos civiles, organizaciones políticas partidarias en una coalición llamada Alianza Ciudadana Opositora a Minera San Xavier, la cual está formada por movimientos sociales. Entre los grupos, los más involucrados son:

Educación y Defensa Ambiental A.C.

Pro San Luis Ecológico A.C.

Patronato Pro-Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico de Cerro San Pedro,

A.C.

Asociación de Vecinos de Cerro San Pedro.

Otros miembros de la alianza son:

La alianza también cuenta con el apoyo de la iglesia Católica y su arzobispo en la región.

El grupo de ciudadanos opositores al proyecto, Frente Amplio Opositor (FAO), es el movimiento de ciudadanos que ha tenido una larga lucha para prevenir la destrucción del pueblo de Cerro de San Pedro por la compañía canadiense que está planeando operar en una mina a cielo abierto. La Universidad de San Luis Potosí ha conducido una revisión del estudio de impacto ambiental. Compas, este es un de los movimientos de resistencia de la sociedad civil de San Luís Potosí.

Gobierno

El Presidente Municipal de Cerro de San Pedro se opuso al proyecto de mina de Cerro de San Pedro y no dio la autorización del pueblo a gobierno del estado. Están implicados también el gobernador del Estado de San Luis Potosí y el actual Presidente de México, con sus respectivos Secretarios.

El Conflicto

De acuerdo con la compañía MSX, tiene la propiedad del 100% de los terrenos donde se encuentra localizado el proyecto de oro y plata de Cerro de San Pedro. La presencia de MSX en Cerro de San Pedro ha causado un severo conflicto entre los habitantes de San Pedro, Soledad y San Luis y han llamado la atención de cuantos están preocupados por el patrimonio histórico cultural y ambiental.

MSX alega que sus operaciones podrían traer algunos beneficios: 40 millones de pesos en impuestos que serán pagados a la federación en ocho años y que podrían ser por medio de materiales y provisiones para proveedores locales. Sin embargo, estos beneficios serían mínimos porque la mayoría de los proveedores son extranjeros. Nunca la compañía se refirió al proyecto de operación de minería como un eco suicidio, contaminación de mantos acuíferos, contaminación del aire y destrucción del patrimonio histórico. Los habitantes de estas comunidades apoyados por grupos ambientalistas sin fines de lucro, argumentan que el proyecto contaminará las fuentes de los alrededores de agua, perturbando el medio ambiente y la ecología de la región.

En el centro de la controversia es la tecnología barata y eficiente. Es alarmante el uso de cianuro y su impacto en los pozos de agua, el medio ambiente y la salud humana. La lixiviación consiste en sacar el mineral de una pila mezclándolo con cianuro sobre la plataforma de tal manera que queden los residuos del oro. El cianuro es usado para la extracción de metales desde 1887 como un químico reactivo para disolver el oro en agua (Logsdon et al., 2003). El 20% del cianuro producido a nivel global es usado en el proceso de lixiviación para obtener oro. Casi el 99% del oro es separado de la roca y es rentable gastar una tonelada de cianuro para extraer 6 kilos de oro (Roco, 2002).

Estudios hechos por la MSX para evaluar el riesgo de contaminación de los mantos acuíferos del valle de San Luis y cuantificar el uso de millones de metros cúbicos de agua y su evaporación son insuficientes y con una tendencia marcada. La carta hidrológica del INEGI de las aguas subterráneas de San Luis Potosí y Cerro de San Pedro muestra que están en la misma zona geográfica. El uso diario de 16 toneladas de cianuro y 32,000 toneladas de material de roca que podrían requerir de un millón de metros cúbicos de agua por año podrían tener residuos de cianuro, metales pesados, materiales tóxicos y mercurio que pueden contaminar los mantos friáticos favorecidos por la inclinación de la tierra poniendo en riesgo a la población.

El proceso implica 16 toneladas de cianuro mezclado con 32 millones de litros de agua. De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental presentado por la MSX, debería haber una erosión por la deforestación, una alteración de los patrones de drenaje, cancelación de actividades productivas, contaminación causada por los depósitos tóxicos residuales y severos, y daños irreversibles y permanentes. La Manifestación de Impacto Ambiental de la Compañía considera que ''El impacto es significativo e irreversible por la extracción del agua''. El 90% de la composición del agua proviene del valle de San Luis la cual puede ser contaminada por el cianuro usado en el proceso de lixiviación (Martínez Ramos, 2004).

En los últimos 25 años, la mayoría de las causas por las que el cianuro se llega a derramar han sido en un 76% debido a las causas de imperfecciones en los patios de lixiviación, en un 18% debido a las pipas y en un 6% debido a accidentes en el transporte (Fuente Instituto Estatal del Medio Ambiente, 2004). Las compañías mineras han causado catástrofes ecológicas que han provocado reacciones de grupos de la sociedad civil y gobiernos de alrededor del mundo. Gobiernos de muchos países han prohibido la explotación de minería a cielo abierta por el uso del cianuro. (Oficina del Gobernador, 2003; Amigos de la Tierra y Oxfam America, con apoyo de Mineral Policy Center, 2003).

La Compañía ha comprado edificios en el pueblo para ser usados como oficinas. El área para el plan de mina a cielo abierto de plata y oro tendría un dramático efecto y está siendo retado en varios Juzgados y Cortes por los ambientalistas, los cuales han librado una larga batalla en contra de la Minera San Xavier (MSX), subsidiaria canadiense de Metallica Resource que planea construir una mina abierta de oro y plata para decapitar una montaña que se encuentra detrás del pueblo de Cerro de San Pedro. En el prototipo de modelo desarrollado por la Compañía, el área parece un paisaje lunar. La planta de proceso de mineral, donde los tóxicos serán usados, se sitúa a solo 20 minutos de la capital de San Luis Potosí, la casa de cerca de un millón de personas.

Las excavaciones de la mina tomarán lugar en un área de 67.7 hectáreas, cavando un cráter de cerca de 400 metros (1,150 pies) de profundidad y de 800 metros de ancho para tener el acceso a 90,500 onzas de oro y 2.1 millones de onzas de plata que la montaña podría dar cada año por la próxima década. La montaña será demolida y en su ligar habrá un grande y profundo hoyo lleno con los residuos del proceso de minería. La cubierta y humus de la tierra se habrán perdido en una área de aproximadamente 500 hectáreas.

El hoyo estaría a solo 600 metros desde el centro del pueblo y los túneles hasta el viejo pueblo que van debajo de la iglesia y de la plaza del centro. Si el proyecto de la mina progresa, el cráter será el producto de volar el terreno en lo alto de la montaña que se sitúa atrás del pueblo de San Pedro, México. La propuesta de la mina destruiría los restos del viejo pueblo y el medio ambiente debido al cianuro que se llevará y potencialmente envenenará el agua de San Luis Potosí. Greenpeace sostiene que es alto el riego del uso del cianuro en los planes de minería por la compañía canadiense en el distrito mexicano de Cerro de San Pedro. La compañía Cambior ha sido involucrada en dos de los más desastrosos derrames de cianuro en la historia de la minería. Millones de litros de agua fueron contaminados.

El proyecto conllevaría mover una parte del pueblo y sus históricos edificios, pero la gente no quiere desplazarse. Para evitar el daño de los edificios, la Compañía planea mover el edificio municipal y la iglesia de siglos de antigüedad a una distancia alejada de 600 metros. La Compañía destruirá el medio ambiente para una cosecha de 6 a 8 años solamente. MSX solo vagamente resumió el reporte del impacto ambiental y como planea resarcir los daños. Establece cómo sería restaurado lo alto de la montaña, limpiar las masivas pilas de desperdicios demolidos, proteger a las plantas extrañas y la fauna como el cactus llamado biznaga y la tortuga del desierto y la seguridad de estructuras del siglo dieciséis del pueblo. El actual beneficio de la explotación será bajo en comparación de la cantidad de destrucción y el permanente daño ecológico que podría resultar.

La Compañía tuvo más problemas cuando no dejó claro el plan para la administración y disposición de los tóxicos, incluyendo el cianuro, que es usado en la mina de oro. El uso diario de 13 toneladas de explosivos compuestos por el dañino nitrato producirá grandes cantidad de polvo que puede causar daños irreversibles. 640 millones de metros cúbicos de materia de cianuro serán residuos cubriendo la superficie de 178 hectáreas las cuales no permitirán la agricultura ó las actividades de ganado para las generaciones futuras. El potencial daño de envenenamiento de los mantos acuíferos tendría dramáticas consecuencias para los habitantes de San Luis Potosí (Chambel, 2004). Sin embargo, MSX argumenta que esto ha sido aclarado en sus planes y ha implementado los 100 cambios sugeridos por el grupo de académicos mexicanos quienes han estudiado el reporte de impacto ambiental.

A pesar del hecho de que los permisos se han cancelado, la Compañía ha comprado grandes camiones, grandes estanques y situado a trabajadores, la tierra ha sido limpiada para su futuro uso y protegida ambientalmente en un área, así que la limpieza es obviamente ilegal. Una prueba de perforación en la calle resultó colapsada, por los túneles debajo de la calle y la Compañía pagó el daño al desechar una carga de grava. Si el proyecto continúa solo sumaría cerca de 170 empleos a su equipo existente de 34 trabajadores que ya están en la mina. Pero los nuevos trabajos requerirán educación y entrenamiento del que la gente de Cerro de San Pedro carece. Algunos residentes calificados podrían recibir temporalmente habitación a unos cuantos kilómetros del pueblo. Otros habitantes podrían escoger quedarse ahí ó recibir mensualmente un pago basado en el salario típico de aquí, para que la MSX pueda ser usada para fortalecer sus casas y protegerlos de las explosiones.

La Compañía ha violado leyes estatales y federales. Entre las leyes federales se encuentra:

• Decreto presidencial del 2 de Junio de 1961, el cual prohíbe la extracción de agua del valle de San Luis Potosí.

• Artículo 35 de la Ley Federal de armas de fuego y explosivos. Compra y consumo de explosivos es solo a 50 metros del pueblo cuando es requerido hacerlo al menos a un kilometro de distancia.

• La Ley Agraria establece la obligación a la autoridad agraria para el asesoramiento y protección de los ejidatarios. La Compañía arrendó tierras ejidales a falsos ejidatarios.

Las siguientes leyes estatales fueron violadas:

• Artículo 7 de la Ley del Medio Ambiente de San Luis Potosí, la cual no da la facultad al Gobernador de autorizar licencias de uso de suelo. El Gobernador excedió su autoridad al conceder la autorización de uso de suelo en Mayo de 2000.

• Artículo 15 de la Constitución del Estado de San Luis establece el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un ambiente saludable y prevenir y combatir la contaminación ambiental.

Relaciones de cooperación y conflicto entre los actores

Un decreto en Septiembre de 1993 protege a las áreas municipales de Cerro de San Pedro, Soledad y San Luis Potosí de cualquier agresión en contra del medio ambiente. El Plan de Ordenación de San Luis Potosí y sus alrededores, lanzado por el gobierno en 1993, incluye Cerro de San Pedro con prevenciones y restauraciones ecológicas previas durante los siguientes 20 años. En Septiembre de 1993, el gobierno de San Luis Potosí otorgó el plan, estableciendo que tres cuartos del territorio municipal deberían ser orientadas hacia el desarrollo de la vida salvaje, señalando la falta de agua como problema fundamental, la necesidad de un recargamiento de mantos friáticos y dando prioridad a las industrias con menor consumo de agua y que no contaminen (Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, 1993).

En 1994 MSX concibió el proyecto de mina para explotar Cerro de San Pedro en un proceso de mina a cielo abierto a solo 50 metros del pueblo. Desde 1995, información y cartas han sido enviadas por opositores a este proyecto a muchos funcionarios. Los ciudadanos del grupo opositor al proyecto, Frente Amplio Opositor (FAO) han ganado un número de batallas legales. Sin embargo, alguna gente a favor del proyecto argumenta que la minería es parte de la historia de su pueblo y de su legado económico. El 5 de Mayo de 1996 fue fundado el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico del Municipio de Cerro de San Pedro, A.C.

El proyecto de la mina nació en 1997, cuando MSX recibió autorizaciones de las autoridades locales. La Compañía argumentó que el proyecto de Cerro de San Pedro generaría casi 2,000 millones de pesos en inversiones, trabajos para la gente local y un 74% de compra a proveedores locales (Europa Press, 2004). Con el anuncio del proyecto también nació la oposición formada por la conservación arquitectónica y ambiental. MSX suscribe un contrato de arrendamiento de tierra en Marzo de 1997 por un periodo de 15 años con falsos ejidatarios que no tienen derechos sobre los terrenos del ejido. La declaración de impacto ambiental al proyecto de Cerro de San Pedro fue emitida por autoridades mexicanas federales en octubre de 1997.

Desde ese entonces, el trámite de permisos ha incluido, en Marzo de 1998, una revisión técnica de los permisos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como un mandato del gobierno del Estado. En 1998, una opinión técnico-científica de la Comisión Supervisora del Proyecto de Cerro de San Pedro y Minera San Xavier de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí establecieron que los componentes ambientales solo previenen el monitoreo del agua pero no del aire y el suelo que el cianuro puede dañar (1998). Investigadores aceptaron la invitación con la condición que los resultados de estudios deberían ser publicados antes de ser mostrados a la Compañía y a la SEMARNAT. El estudio ambiental realizado por los investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no ha sido considerado como serio, completo y profesional, pero si fue considerado como un instrumento de la expresión de los intereses de la Compañía.

En Marzo de 1998, el Presidente Municipal de Cerro de San Pedro fue encontrado muerto por una bala en la cabeza. El motivo podría ser que el Presidente Municipal pidió una auditoría y acción penal en contra del antiguo Presidente Municipal por haber vendido ilegalmente fincas abandonadas a MSX. Un día antes de su asesinato, representantes de la Compañía dieron una presentación del proyecto en el Hotel Westin y después de almorzar en el Saucito él discutió con William Copeland Dodge, gerente de la MSX. El portafolio conteniendo documentos se perdió y el Gobernador recomendó a las personas interesadas acerca de las motivaciones, tener cuidado de ellos mismos debido a que representantes de la Compañía podrían hacer cualquier cosas con tal de conseguir lo que quieran. Otro empleado de la Compañía fue acusado de robar una pintura del siglo XVII.

Un oficial del Consejo de Monumentos y Sitios (ICOMOS), una organización de la UNESCO declaró que el proyecto de la Minera San Xavier destruye el patrimonio cultural de Cerro de San Pedro, y considera que el Gobernador del Estado de San Luis Potosí será recordado en la historia como un irresponsable (La Jornada San Luis, 20 de Febrero, 1999). Grupos conservacionistas y ambientalistas han solicitado al gobierno estatal y federal no autorizar el proyecto. Recomiendan que el gobierno debería encontrar el equilibrio entre la conservación de los valores culturales y la explotación de los recursos minerales de tal manera que la solución garantice la integridad histórica de los monumentos.

En 1999 la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó el proyecto y su impacto ambiental a pesar de las serias violaciones de la Ley de Equilibrio General de Ecología y Protección al Medio Ambiente. En febrero de 1999, el Instituto Nacional de Ecología (INE) concedió permisos ambientales a las operaciones de MSX en contra de lo establecido en el plan de 1993 pero estableciendo 100 condicionantes, entre las cuales, la 12 establece la reubicación de las comunidades de Cerro de San Pedro y la Zapatilla. La condicionante 68 establece que la Compañía debería considerar el propósito de limitar el uso del agua a través de un tratado y otras alternativas (Instituto Nacional de Ecología, 1999).

El 26 de Febrero de 1999, el Instituto Nacional de Ecología concedió la autorización del cambio de uso de suelo en Cerro de San Pedro. En el año 2000, el grupo cívico Pro San Luis Ecológico presentó una apelación en contra de la autorización de la explotación de mina concedida en 1999 a la Minera San Xavier por el Instituto Nacional de Ecología. El 5 de Mayo de 2000, el Gobierno de San Luis Potosí y el Municipio de Cerro de San Pedro concedieron una autorización condicional de uso de suelo para la explotación de mina.

Desde el 2001 el Comité de Justicia Social de Montreal, Mining Watch Canada y la organización no gubernamental mexicana FUNDAR Centro para análisis e investigación, fundado por IDRC, estuvieron envueltos en el proyecto para determinar el impacto de operaciones de la minera canadiense en México, y dar apoyo a las comunidades afectadas. Investigaciones de campo fueron realizadas en Cerro de San Pedro. Las relaciones entre compañeros mexicanos y canadienses se mantienen, se cuidan y se profundizan las conexiones entre las comunidades, y ONG's con grupos similares. Un seminario sobre las actividades mineras en comunidades mexicanas tuvo lugar como caso de estudio (Mining Watch Canada, 2002).

En Abril del 2002, de acuerdo con información de la Compañía, las últimas de las enmiendas de los permisos mineros que han sido emitidos por los gobiernos federal y estatal, fueron recibidas por la MSX. Minera San Xavier adquirió de forma ilícita derechos del agua de ejidatarios y pequeños propietarios, quienes han demandado a la Compañía. La Compañía obtuvo ilegalmente y en contra de la condicionante, 68.992.000 metros cúbicos de agua por medio de intermediarios de seis concesiones. Una orden de aprehensión a uno de los representantes de la Compañía fue emitida (La Jornada San Luis, 2002).

En Agosto de 2002, el Tribunal del Centro Internacional para la Resolución de Disputas en Inversiones estableció un laudo a favor de la empresa estadounidense Metalclad, una multa de 16 millones de dólares al gobierno mexicano por trato discriminatorio, después de que las autoridades cerraron un terreno para residuos y basura en Guadalcázar (San Luis Potosí, México). Este fue un peligroso antecedente en el que la lógica comercial y de negocios está por encima de la salud y bienestar de las comunidades.

En Octubre de 2003, el Estado Mexicano, las agencias federales, y la Arquidiócesis de la Iglesia Católica de San Luis Potosí, autorizaron la estabilización estructural y la instalación y el monitoreo del equipo de explosión en la iglesia de Cerro de San Pedro Apóstol. Metallica Resources Inc., se complacía en anunciarlo en Octubre de 2003 (OTC Bulletin Borrad, 2003). El 24 de Noviembre de 2003, el Tribunal Unitario Agrario, emitió un acuerdo para detener las operaciones de la compañía transnacional, solicitado por los ejidatarios para mantener la integridad de la tierra en conflicto.

Aproximadamente $2.0 millones de dólares se gastaron en el desarrollo inicial del proyecto durante el 2003. La construcción de la mina empezó en el primer cuarto del 2004 con la comisión en agenda para el último cuarto del 2004. La unidad de explotación comenzó a construirse en Febrero de 2004 con el reacomodo y replantación de 21,000 cactus protegidos, al mismo tiempo que la MSX afirmó estar en proceso de certificación de la norma de calidad ISO 14001. El reporte topográfico incluye planes de geoposición o localización del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, (INEGI) declarando que la explotación de la mina es en un área que abarca la colina del Cerro y el pueblo. El 11 de febrero, cinco años después, presentó el impacto en temas de salud y la Compañía no dio ninguna información con respecto a las áreas de conservación de las cinco especies de cactus a la SEMARNAT. Además de la arquitectura histórica, existen cinco especies de flora incluidas en la norma 059 como en peligro de extinción.

Al comienzo del 2004 un grupo de cerca de 20 grupos ambientalistas y cívicos acusaron al Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales de ilegalmente sellar en 1999 el reporte de impacto ambiental de la MSX. Cruz Camarena (2004) registra una temprana confrontación en Marzo entre 60 activistas ambientalistas de la comunidad y representantes de la Minera San Xavier, el Jefe de la Unidad de Protección Civil del Estado, Investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), El Secretario de Ecología y Organización Ambiental.

El 17 de Marzo de 2004, el Tribunal Unitario Agrario rechazó el contrato de las rentas entre MSX y los falsos ejidatarios. El Gobernador del Estado de San Luis Potosí presionó al Presidente Municipal de Cerro de San Pedro para conceder los permisos agrarios correspondientes. Él también fingió cancelar el decreto que protege la zona ecológica. La Secretaria de Gobierno del Estado también presionó y quiso sobornar al Presidente Municipal de Cerro de San Pedro para conceder los permisos de uso de suelo y apoyar la autorización de la Secretaría de la Defensa nacional (SEDENA) que permite el uso de explosivos. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí tiene tierras vecinales a las rentadas por MSX y cedió 65% de los derechos del agua. El presidente de la Cámara de Minería de México, en un conflicto de intereses, apoyó las explosiones de la MSX aún sabiendo que estaba en contra de las decisiones judiciales.

MSX ha establecido programas dedicados a la conservación del medio ambiente. MSX ha formado una fundación sin fines de lucro para supervisar y administrar los fondos de los donativos de Metallica para preservar el pueblo de Cerro de San Pedro y asistir a comunidades circundantes. El 12 de Abril de 2004, una protesta en contra de la minera en Cerro de San Pedro fue organizada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El 11 de Mayo de 2004, Fred H. Lightner, Director General de la Minera San Xavier, envió una carta a Herrera Muñoz, insistiendo en el permiso de uso de explosivos, advirtiendo que Metallica Resources anunciaría públicamente en Estados Unidos que la Compañía se encuentra sin ninguna posibilidad de continuar con la construcción de la mina debido que no se ha contado con el permiso general correspondiente al uso de explosivos. Él continuó diciendo que los inversionistas potenciales en otros proyecto en México podrían empezar a cuestionar con respecto a los riesgos de inversión (Cruz Martínez, 2004).

El 18 de Mayo de 2004, la Corte del Segundo Distrito emitió una suspensión como parte de la apelación 564/2004 promovida por los habitantes de Cerro de San para parar los permisos que autorizan la construcción y el funcionamiento de MSX. Sin embargo, estos permisos fueron liberados el 7 de Agosto en la sesión del cabildo.

En Junio de 2004, la coalición antiminas, Pro San Luis Ecológico, ganó el fallo de la Corte Federal en común acuerdo con ambientalistas para la anulación efectiva del permiso ambiental de la MSX, el cual detuvo sus actividades. El 23 de Junio, el Supremo Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa canceló el permiso ambiental concedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Febrero de 1999. El 23 de Junio, el Noveno Tribunal Colegiado en Temas Administrativos del Primer Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró que el cambio de licencia de uso de suelo y que el proyecto de tajo a cielo abierto concedido a MSX por el Instituto Nacional de Ecología violó la Ley General de Equilibrio Ecológico del Medio Ambiente y el Decreto de Planeación del Estado de San Luis Potosí.

El 22 de Junio, la Presidencia Municipal fue tomada por la MSX una semana antes de que el empresario intentó sobornar al Presidente. La Secretaría de Economía de México declaró en Agosto que MSX era un proyecto de ganar autorizando el 28 de Julio una ocupación temporal de la tierra en contra del artículo 20 de la Ley de Mina que prohíbe la explotación de minas donde existe población o reservas ecológicas. Los permisos de operaciones del medio ambiente de la MSX fueron cancelados el 28 de Julio de 2004, el mismo que fue concedido por el Instituto Nacional de Ecología (INE). Por más de un año, Fox visitó el Estado una vez por mes y promovió a la MSX. El presidente Fox visitando Canadá cuestionó las decisiones judiciales que afectaban las operaciones de minería de la Compañía.

El 29 de Julio cuando visitaba San Luis conoció al Presidente Municipal de Cerro de San Pedro y le recomendó la aprobación de los permisos municipales aún en contra de las resoluciones del poder judicial. Loredo, el Presidente Municipal de Cerro de San Pedro argumenta que Fox le dijo que estaba preocupado por conseguir el proyecto de mina y que él recomendó su aprobación para abrir la mina de la Compañía que es generadora de 300 empleos con salarios mínimos, por solo ocho años. Loredo criticó al Presidente Fox por tener una doble moral. Mientras que él promovía desobediencia a la ley de la Presidencia Municipal de Cerro de San Pedro, había acusado al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por la misma falta. El Presidente Municipal reconoció que él autorizó las operaciones de mina de la Compañía por que tenía miedo de su vida y la de su familia. En 1999, el entonces Presidente Municipal, el papá de Loredo, fue asesinado por su oposición.

El 7 de Agosto el Presidente Municipal de Cerro de San Pedro aprobó los permisos para construir la mina y conformidad con respecto a la seguridad y a la localización en contra del acuerdo previo de no - aprobación del 28 de mayo, basado en la apelación 564/2004 y las resoluciones agrarias y del medio ambiente que prohíben este permiso. Loredo reconoció que el permiso era ilegal, pero no había otra manera de enfrentar la presión. Sin embargo, la sesión fue grabada en vídeo, donde el presidente municipal declara que él estaba bajo presión por el Presidente Vicente Fox y por el Gobernador del Estado. El Presidente Municipal declaró que era sabido de antemano que el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal están en común acuerdo y que son más potentes, por lo que no se puede estar en contra de ellos; ''ellos tienen la mano sobre nuestro cuello'' y hubo algunas advertencias. Cuando está decisión fue cuestionada, él respondió preguntando si su vida no era importante.

El 9 de Agosto, el Segundo Distrito de la Corte admitió otra apelación presentada por los ejidatarios y el siguiente día declaró suspensión a fin de que la SEDENA no podía autorizar la compra y uso de explosivos. El diez de Agosto, la misma Corte concedió otra suspensión como parte de la apelación 909/2004, para detener las acciones de la SEDENA de liberar los permisos a la Compañía de comprar y usar explosivos, pero la licencia fue emitida el 12 de Octubre por la Secretaria de la Defensa. El 18 de Agosto, la Diputada Eliana García, presentó a la Comisión Permanente del Congreso un punto de acuerdo para solicitar al Poder Judicial la investigación a oficiales federales y del Estado envueltos en la desobediencia a la ley.

El 21 de Agosto, opositores al proyecto de MSX cerraron las oficinas y demandaron una salida inmediata de la Compañía de Cerro de San Pedro. Entre estos opositores estaban el movimiento Pro-Cerro de San Pedro, Frente Cívico Potosino, Greenpeace, Frente Zapatista de Liberación Nacional y del Movimiento ''Ya Basta'', habitantes de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad y la patrulla de seguridad publica.

El 1 de Septiembre de 2004, una decisión de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, (TFJFA) ha llamado por la revocación de permisos a la Compañía concedidos en Febrero de 1999 para operar condicionalmente la mina, por su falla en el cumplimiento con los procedimientos apropiados con respecto al estudio de impacto del medio ambiente. La resolución establece que debido a que la biodiversidad está en peligro, el proyecto no debería ser autorizado. El comienzo de operaciones de la mina fue anticipado para el último periodo cuatrimestral del 2004, con el fin de proteger las finanzas de la Compañía.

En una resolución de fecha del 1 de Septiembre, el TFJFA dio sustancia a un caso llevado en el 2000 por la unión cívica Pro San Luis Ecológico, oponiéndose a la autorización concedida a la Compañía un año antes por el Instituto Nacional de Ecología (INE). El Delegado de la SEMARNAT en San Luis Potosí (2002-2004) creó y presidió la Fundación Potosí bajo el propósito declarado por la Minera San Xavier de cumplir las condiciones establecidas por el Instituto Nacional de Ecología para autorizar la Manifestación del Impacto Ambiental y proveer las compensaciones del costo ecológico. La Compañía necesita más de tres años para realizar solo 32 de las 100 condiciones impuestas por la SEMARNAT mientras que esta Secretaría sólo necesito un mes para aceptarlas.

La Corte detuvo operaciones a San Luis Potosí Proyecto de Oro, propiedad de la Minera San Xavier (MSX). La resolución de la Corte Federal fue basada en la necesidad de preservación ecológica de la colina de Cerro de San Pedro, donde algunas especies de animales están en peligro de extinción, al igual que los riesgos derivados por el uso de cianuro en la mina, lo cual pondría en peligro la biodiversidad del área. Además, con respecto a este punto, la TFJFA reitera que la responsabilidad por la preservación y regeneración del medio ambiente recae en las autoridades federales. Esto concluye que el permiso emitido no se ajusta a ''leyes aplicables''.

Los oponentes a la Minera San Xavier consideran que ''el proyecto está muerto'', desde cualquier acción que pueda minar la decisión de la justicia federal ''podría implicar falta de respeto y transgresión a la ley''. La Compañía ha replicado que la decisión carece de bases científicas y eso puede dañar a los inversionistas canadienses en el país. El Segundo Distrito de Justicia del Poder Judicial de la Federación dictaminó una suspensión del plan como parte de la apelación 909/2004, promovida por los ejidatarios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, para suspender los permisos de compra y uso de explosivos por parte de la Compañía. MSX apeló la resolución y, en Septiembre, perdió otra vez. Por que la apelación de la Compañía fue rechazada, ellos están tratando de recurrir al Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio con Norte América para demandar al gobierno mexicano por pérdida de ganancias potenciales. El 27 de Septiembre, el Frente Amplio Opositor requirió a la Subdirección de Derechos de Mina ordenar la cancelación de la concesión a la Minera San Xavier.

El 7 de Octubre, personal de la Secretaría de Economía solicitó a los ejidatarios retirarse de la tierra pero un juez suspendió la acción. En contra de los dueños de la tierra, durante el primer periodo del proyecto, más de 100 hectáreas protegidas fueron ilegalmente desnudadas de las especies protegidas cortando la flora y expulsando a la fauna. El Presidente Municipal, quien bajo presión emitió el permiso, confronta a la ley por desacato porque el permiso municipal fue suspendido el 16 de Marzo de 2004. El 6 de febrero de 2004, MSX no reconoció algunos de los compromisos adquiridos y desestimó las obligaciones para cumplir las condicionantes.

La Compañía también ha cometido fraudes en contra de los tres niveles de gobierno que emitieron los respectivos permisos al proyecto de mina asumiendo que la tenencia de la tierra no estaba viciada. Con un falso contrato, MSX tomó posesión de las tierras causando destrucción en viejos edificios y en la flora y fauna protegidas, una pérdida para el ecosistema.

La Compañía también cerró caminos de la colonia que habían sido usados por los habitantes de la Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin ningún permiso. Invadieron tierras propiedades de la nación que fue el antiguo camino del tren Potosí – Río Verde e instalaron una cerca de varios kilómetros para evitar el acceso de los habitantes a las tierras municipales (Montemayor, 2004).

El 26 de octubre, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó que la autorización del uso condicionado de tierra emitido en 1999 para proteger a la MSX estaba en contra de las normas federales y no consideraba la existencia de un Plan de área protegida para Cerro de San Pedro y sus alrededores. En un discurso público el 28 de Octubre, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales evaluó como malas las resoluciones del Tribunal y habló a favor de la Compañía por haber cumplido los requerimiento y consideró como absurda la oposición de sus habitantes.

El 15 de noviembre de 2003, el Comandante de la Doceava Zona Militar de San Luis Potosí consideró que la autorización del permiso de uso de explosivos podía afectar negativamente a la SEDENA. Después de que la SEDENA emitió el permiso para el uso de explosivos, el 18 de Noviembre, se promovió un incidente a la violación de la suspensión otorgada a la apelación promovida por los ejidatarios el 9 de Agosto. El 22 de Noviembre, la SEDENA autorizó a la MSX el uso de explosivos. El 22 de Noviembre, SEMARNAT promovió una revisión en contra de la resolución que cancela el permiso condicionado de operación de la apertura de la mina a MSX y SEDENA autorizó a MSX el uso de explosivos.

EL 29 de Noviembre de 2004, el director de Minería del Estado de San Luis Potosí, declaró que en los siguientes días la Compañía tendría su primera explosión para preparar operaciones. La Secretaría de la Defensa Nacional el 30 de Noviembre de 2003, acordó suspender los permisos de uso de explosivos emitidos a la compañía minera, ya que el 12 de octubre de 2004 en contra de las resoluciones del juez, firmó y concedió los permisos de uso de explosivos. El Comandante de la Zona Militar que se opuso a otorgar los permisos fue removido de su cargo. El 30 de Noviembre de 2004, La Cámara de Senadores pasó una ''obvio y urgente resolución'' para detener el programa de operaciones de la MSX.

El 1 de Diciembre, el Tribunal Unitario Agrario defendió su clamor de que el contrato de la MSX excluye a un grupo de propietarios de las tierras. El Tribunal Agrario Unitario ordenó obedecer la sentencia derivada de la apelación 807/202 la cual determinaba la ilegalidad del contrato de arrendamiento suscrito en Marzo de 1997 por un periodo de 15 años por falsos ejidatarios que no tienen derechos de las tierra en el ejido. (Cruz Martínez, 2004). La Corte canceló la renta de contratos suscritos entre la Compañía y los falsos ejidatarios. La resolución congela los derechos de tierra de la MSX a pesar de que la compañía construyó una cerca de alambre de espino alrededor de la tierra de la que la Compañía no es propietaria.

El Tribunal Unitario Agrario ha anulado los contratos de renta de tierra donde se localizan partes importantes de la mina– en el ejido donde las personas que rentan las tierras ejidales a la compañía no son de hecho miembros del ejido, eso es decir que sus acciones fueron fraudulentas. Acerca del uso de tierra, la Compañía declaró que el arrendamiento del ejido es Cerro de San Pedro cuando pertenece al municipio de Soledad de Graciano Sánchez. La intención es evitar permisos en áreas que son legalmente protegidas por el medio ambiente. También ejidatarios de la Palma de la Cruz arrendaron 136 hectáreas para que la MSX la usara como talleres, pero la Compañía la esta usando para desechar material sulfuroso que no es lixiable.

El 13 y 14 de Diciembre, la Compañía realizó explosiones en el área de la Zapatilla incrementando la tensión entre los habitantes de la región. El 14 de Diciembre, empezó excavando una montaña. Los habitantes del pueblo de la Zapatilla fueron reacomodados al mismo tiempo que la compañía inició operaciones. Cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) supo acerca de las voladuras, solicitó a la Compañía detuviera tales actividades argumentado la defensa de alrededor de 115 edificios que databan del siglo XVII y XIX. Desde 1998, el INAH ha advertido el daño que representa para el patrimonio histórico la activación de la mina. Con la oposición del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la reticencia para el permiso de uso de explosivos utilizados en la montaña por la Secretaría de Defensa (SEDENA), la Compañía comenzó operaciones. La Compañía apeló, pero el juez no concedió la suspensión en contra de la decisión del INAH.

El 18 de Diciembre, intelectuales, artistas y cerca de 50 organizaciones civiles, ambientalistas y de derechos Derechos Humanos demandaron al Presidente Fox respetar y hacer cumplir la ley en Cerro de San Pedro para que la Minera San Xavier suspenda sus actividades basados en las resoluciones judiciales y veredictos. Los argumentos de las organizaciones, entre otros, Frente Amplio Opositor, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maiz), fueron a favor de la defensa del medio ambiente, la cultura, la herencia histórica y los inminentes riesgos de salud de más de un millón de personas.

El 18 de diciembre el presidente municipal de Cerro de San Pedro avisó de la siguiente detonación. Los ejidatarios continuaron con la línea de seguridad frente a la entrada de la mina, sin embargo hubo el anuncio de la Secretaria de Economía que concedería el permiso temporal de derecho de uso de tierra, en el núcleo agrario de Cerro de San Pedro en respuesta a la solicitud hecha por la MSX el 28 de Junio de 2005 (Cruz Martínez 2004^a). Así, la Compañía y el gobierno fueron buscando por otras opciones para la propiedad de la tierra, tales como la expropiación o la ocupación temporal, pero la expropiación es solamente por causa de utilidad pública.

El 20 de Diciembre, el Juzgado del Tercer Distrito recibió una apelación presentada por la Compañía en contra de la decisión del INAH. La Compañía canadiense Metallica Resources sufrió la segunda reducción en el año del 16 % en el valor de las acciones el 21 de Diciembre, después de informarles a los accionistas de la resolución del Tribunal Agrario Unitario que anula el contrato de arrendamiento de 200 hectáreas en Cerro de San Pedro. Metallica Resources respondió con una apelación y la búsqueda de otra solución a la tenencia de la tierra para tener acceso a la fuente de los minerales. La primera disminución en sus acciones en el año, fue de alrededor del 20% ocurrida a mitad de 2004.

Los miembros del Christian Science Monitor, fueron los primeros canadienses en venir y ser testigos del daño que ya ha ocurrido, y del daño potencial. El 22 de Diciembre de 2004, bajo una acción estratégica, un grupo de ciudadanos mexicanos buscaron detener la mina de propiedad canadiense, en respuesta a una urgente petición departe de un grupo de Canadá para desafiar la legalidad de las operaciones. SEDENA admitió la participación en el control y vigilancia de la explosión que la Compañía realizó, confirmando la violación a la suspensión dictada por el juez en Agosto de 2004 ordenando la no liberación del permiso de uso de explosivos (Cruz Martínez, 2004). Otra ronda de explosiones fue programada el 31 de Diciembre..

Sin embargo, el 24 de Diciembre cuando las autorizaciones ya habían sido publicadas, los permisos fueron suspendidos pero no cancelados. La Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), suspendió el permiso 3762-San Luis Potosí emitido a la MSX para comprar material explosivo bajo el argumento que la licencia de la Compañía estaba alterando la paz, tranquilidad y orden público entre las personas que vivían en la región de Cerro de San Pedro, aunque los habitantes habían negado la alteración del orden público (Criz Martínez, y Balboa, 2004)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) arremetió en contra de los directivos de la transnacional por la destrucción y demolición de la Finca Guadalupe, que databa del siglo XVIII. El Frente Amplio Opositor envió una carta a la Embajada canadiense solicitando la intervención para detener las operaciones de la Compañía extranjera quienes están chantajeando y presionando a los habitantes de Cerro de San Pedro usando como argumentos fragmentos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Roman, José Antonio, 2004).

Los dos últimos días de Diciembre de 2004, el abogado de la Compañía firmó con varios ejidatarios falsos de Cerro de San Pedro y la Zapatilla, quienes estarían de acuerdo en el uso de los explosivos (La Jornada, Enero 2, 2005). El Secretario del Medio Ambiente ha tomado medidas legales para rechazar las resoluciones previas de la Corte en contra de Compañía. La Comisión de Gobernabilidad, Temas Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un acuerdo para solicitar información a la SEMARNAT acerca del estado legal de la Minera San Xavier y aceptar la resolución de la Corte para cancelar el permiso de operación de apertura de la Mina (La Jornada, Enero 12).

La destrucción de un edificio histórico catalogado como un monumento de patrimonio del siglo XVIII en el municipio de Cerro de San Pedro por la Minera San Xavier, fue reportado por la Jornada San Luis y Triunfo Elizalde (2005). La Finca o Casa de Guadalupe está incluida dentro del Catalogo Nacional de Monumentos Históricos. El 17 de Enero, manifestantes del Frente Amplio Opositor (FAO) demandaron información del INAH (Enciso, 2005e).

Los dueños de la Casa de Guadalupe, un bien raíz declarado histórico y demolido por la MSX demandó a la Compañía por despojo y daños. El edificio está en el Catálogo de Construcciones Histórica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Personal de INHA ordenó detener la demolición el 15 de Enero. El Patronato pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Municipio de Cerro de San Pedro, demandó la cancelación de las concesiones a MSX por no cumplir con la Ley de Minería (Enciso, 2004d).

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Minera San Xavier ha cumplido con 180 condicionantes establecidas a favor del desarrollo sustentable (Enciso, 2005c). El 20 de enero de 2005, el Frente Amplio Opositor (FAO) a la Minera San Xavier dirigió una carta abierta al Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí para denunciar los daños causados por la explosión, y los riesgos de las operaciones planeadas por la mina. El argumento del Gobernador de que se trataba de ''un tema entre particulares'' es severamente criticado (Annex C).

Minera San Xavier demandó por difamación a los miembros del Frente Amplio Opositor, a dos ejidatarios de Cerro de San Pedro y al líder la organización civil Pro Defensa de Cerro de San Pedro (Cruz Martínez, 2005^a) por la publicación de un artículo en la Jornada (Masiosare, 29 de Agosto de 2004). La Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos por los Derechos Humanos, empezó a circular una carta que apoyaba a los tres acusados, como una acción urgente. Minera San Xavier perdió otro proceso judicial cuando el Tercer Juzgado de Distrito del Estado negó la apelación en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) quien solicitó el pasado diciembre una suspensión de usos de los explosivos que dañaba el patrimonio histórico. (Enciso, 2005b).

En un mensaje público, el FAO sostuvo que en un acto vergonzoso de cinismo e impunidad, Cárdenas Jiménez ha recomendado a la Minera para ir a los tribunales sin conocimiento del proceso legal (La Jornada, 13 de febrero). El Frente Amplio Opositor anunció a mediados de Febrero de 2005 que promovería una demanda política por negligencia en contra del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales que ha apoyado a la Compañía en audiencia pública del 11 de Febrero (La Jornada, 14 de Febrero). El Senado promovió un acuerdo solicitando a la SEMARNAT y a la SEDENA explicar su participación en el caso de la Minera San Xavier (Cruz Martínez 2005).

El 4 de marzo de 2005, la conferencia/foro Cuarto Concierto Cultural por la Defensa de Cerro de San Pedro tuvo lugar para la defensa por el medio ambiente del pueblo y los derechos de Cerro de San Pedro, patrocinado por el Patronato Pro Defensa Cerro de San Pedro, enmarcando el 413 aniversario de su fundación, el 4 de Marzo de 1592.

El 17 de Marzo, una delegación de KAIROS formada por siete líderes de diferentes iglesias Anglicanas, Luteranas, Presbiterianas, Católica Romanas e Iglesia Unida fueron a Cerro de San Pedro a investigar la operación de la minera propiedad de Metallica Resources, una compañía canadiense situada en Ottawa, y que se encuentra acusada por extracción de minería de oro ilegal en México. La compañía amenaza con destruir tanto el pueblo histórico como la frágil ecología de los alrededores. Los visitantes canadienses se encontraron con sus socios mexicanos de KAIROS y con la gente de la localidad para ser testigos de los apuros de su lucha y para llevar los detalles a su casa en Canadá, incluyendo videos y otra documentación. ''La minería extranjera en México es otro de los productos del Tratado de Libre Comercio con Norte América y de las políticas de liberación del tratado que afectan a los pobres''; dijo el Obispo Nacional Luterano Ray Schitz, un delegado del programa KAIROS. ''Cuando nuestros compañeros mexicanos aumentaron sus preocupaciones acerca de esta mina de propiedad canadiense sentimos que teníamos que investigar'' (KAIROS, 2004).

Los representantes de KAIROS, organización formada por un grupo de instituciones canadienses religiosas, expresaron su preocupación acerca del conflicto de la comunidad de Cerro de San Pedro y la Compañía canadiense considerando que las prácticas de la Minera San Xavier viola las Leyes Canadienses en territorio mexicano (Muñoz, 2005). Previamente, un miembro del Frente Amplio Opositor ha recorrido y realizado una campaña en Canadá para presionar a los líderes de opinión y legisladores. El 18 de Marzo de 2004, el Obispo Auxiliar Daniel Bohan de Toronto llamó a la Compañía canadiense para que abandone las operaciones de oro y la plata de la minería mexicana usando cianuro que atemoriza a los habitantes locales de ser envenenados con su propia agua. Con un incremento en los precios del oro, ejecutivos de la MSX quieren continuar hacia delante y están buscando en un proceso legal que le permita a la MSX empezar la excavación y reanudar operaciones a mediados del 2005 (Campbell, 2004).

Bajo un procedimiento irregular, la compañía canadiense promovió dos apelaciones, pero fueron denunciadas por el grupo Pro Ecológico. El 6 de Abril de 2005, un Tribunal Administrativo en materia del Primer Circuito informó que la MSX había perdido la apelación. Legisladores canadienses y organizaciones de derechos humanos y parlamentarios, formaron un comité de seguimiento y análisis para investigar las acciones de la Metallica Resources, propietario de un proyecto de la Minera San Xavier. La organización canadiense de Derechos Humanos ha visitado previamente la comunidad de Cerro de San Pedro (Enciso, 2005a).

El Embajador canadiense en México se entrevistó con el Frente Amplio Opositor a la MSX el 4 de Mayo y expresó la preocupación del gobierno canadiense por el conflicto entre la Compañía y la comunidad de Cerro de San Pedro. Un grupo de 30 organizaciones ambientalistas acusó al Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales de beneficiar al corporativo de la transnacional aprobando proyectos tales como la apertura de la mina en Cerro de San Pedro en contra de la voluntad de la comunidad y la demanda al cambio en la política ambiental (Enciso, 2005). Los opositores también denunciaron que el Secretario ha procesado a activistas ambientales.

Grupos opositores ganaron el juicio en contra de la MSX después de que el Juzgado del Primer Distrito ha rechazado la apelación 503/2005, la cual fue el último recurso de la defensa (La Jornada, 9 de Mayo de 2005). El gobernador del Estado de San Luis Potosí, ordenó secuestrar una edición completa del papel de la Jornada de San Luis para evitar hacerse pública en el diario oficial la maniobra de presión para tomar la decisión de instalar a la Compañía Minera San Xavier (Hernández Lopez, 2005). El 13 de Mayo de 2005 se reporta que después de que Metallica Resources presentó sus perdidas en un reporte del año, los propietarios de la MSX planean retirar el proyecto de Cerro de San Pedro y demandar en el panel de controversias de NAFTA (Cruz Martínez Ángeles 2005a).

Observaciones finales y conclusiones

Las actividades mineras son percibidas como el principal factor de las regiones marginales y zonas deprimidas económicamente. La concesión de permisos de minería es una función centralizada por el gobierno mexicano, breve y sin audiencias públicas, de tal manera que sí afecta a grupos y comunidades que no pueden reaccionar inmediatamente y movilizarse en contra de los potenciales riesgos y peligros o negociar derechos e intereses.

Las operaciones de la compañía canadiense Metallica Resources a través de su filial Minera San Xavier, representa la destrucción de una parte del medio ambiente, la cultura y el patrimonio histórico de una comunidad, a pesar de que existen tren resoluciones judiciales para detener las concesiones de las operaciones por medio de diferentes autoridades sobre la que recae la responsabilidad. Los ejidatarios, quienes tienen derechos de propiedad de las tierras han sido despojados. Ellos asumen que las operaciones de la Compañía fueron en complicidad con el gobierno federal, estatal y municipal. La contaminación del medio ambiente y los riesgos de salud podrían afectar a más de un millón de personas en las localidades de Cerro de San Pedro, Soledad y San Luis Potosí. Las normas y leyes han sido violadas por la transnacional desde que inició operaciones sin obtener legalmente el permiso de construcción, operación y manejo y administración para comprar explosivos.

La extracción del oro de las minas mediante la técnica de cielo abierto que usa el cianuro conduce a la destrucción del medio ambiente y una irreversible alteración geológica, distorsiones de los mantos acuíferos, reducción de la calidad de agua potable, transporte de sustancias peligrosas y derrames durante la explotación, destrucción irreversible del escenario natural y generación de depósitos de alto riesgo de materiales contaminantes que tienen impacto social, cultural y en el medio ambiente a corto, mediano y largo plazo.

La agenda de negociación y movilizaciones internacionales alrededor del debate sobre el concepto del desarrollo sustentable y la defensa del medio ambiente es un paradigma presentado como un modelo de cooperación y consenso donde las necesidades de todos son incorporadas y donde los meas desarrollados adquieren el compromiso de apoyar a los débiles o menos desarrollados. La intervención del Estado y la comunidad internacionales deben beneficiar al interés público y el bien común, para controlar las fuerzas del Estado y lograr más equidad entre poblaciones junto con la implementación de una producción sustentable y patrones de consumo.

Es evidente la falta de sensibilidad de las compañías mineras extranjeras hacia las consecuencias de sus actividades sobre las comunidades y el medio ambiente. Para ser exacto, estamos en desacuerdo con Sánchez-Mejorada (2000) quien argumenta que los hechos no convencen a los activistas ambientales marginales, por lo que la mejor defensa es direccionar todas las preocupaciones ambientalistas y tener un programa agresivo de relaciones con las comunidades que pondrán los hechos ante la población en general que sea afectada por el proyecto. Mantener un bajo perfil raramente funcionará cuando se es agredido por activistas en todos los aspectos. Pero un programa agresivo de relaciones con la comunidad, solo contribuirá a intensificar el conflicto.

Este caso también muestra la falta de negociación entre las compañías, comunidades, nuevos movimientos sociales y la importancia del rol del gobierno. Información acerca de las externalidades y los costos futuros de la compañía es crucial, pero más crucial es la formulación e implementación de políticas más sensibles para evitar el daño al medio ambiente, la biodiversidad y la salud de la población. Instituciones gubernamentales deben ser conscientes que sus decisiones pueden afectar a la calidad de vida actual de la comunidad y de futuras generaciones solo por un pequeño incremento en el crecimiento económico y un largo incremento de los beneficios privados de un pequeño grupo de inversionistas.

Los ciudadanos más informados tienden a ser opositores activos. Tal es el caso de los estudiantes de San Luis. Contactos entre individuos más informados de diversos grupos y organizaciones ayuda al intercambio de experiencias y a crear una opinión pública en favor de las movilizaciones. La participación de la comunidad y el involucramiento en una decisión del plan de desarrollo de la comunidad es muy limitada cuando falta la información crucial. Este factor es crítico cuando el gobierno local no puede proveer la correcta información por que existen otros intereses que afectan el proceso. El impacto de las actividades mineras no es parte de la agenda del debate nacional.

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