HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local

La fuente en cuestión, posibilidades y limitaciones

Las “relaciones de mando” de los gobernantes coloniales de la Nueva Granada constituyen un material histórico valioso e imprescindible a la hora de identificar acontecimientos y procesos de significación y amplia repercusión de todo ese período, tal como lo subrayó el historiador Germán Colmenares (1989a) en su introducción a la última edición completa que se ha hecho de esa fuente en nuestro medio. No hay que olvidar, sin embargo, su pertinente advertencia acerca de los límites que presenta esa documentación, que si bien es útil por suministrar una visión general y porque “permite establecer los hechos más salientes de un período, sobre todo su marco político e institucional”, por otra parte resulta insuficiente a la hora de decirnos algo relevante acerca de lo cotidiano, de expectativas, tensiones y crisis, en síntesis, de todo aquello que va más allá de las relaciones sociales tangibles, ya que: “Estos documentos son demasiado sucintos y a veces mudos en cuanto se refiere a conflictos profundos enquistados en el tejido social” (Colmenares 1989a, 5).

El mismo Colmenares llegó a una conclusión metodológica central a propósito de su reflexión anterior sobre las limitaciones de dicho tipo de fuentes, en el sentido de asumir que en la investigación histórica la información y documentación disponibles se deben organizar y exponer con referencia a un problema y no a una cronología, lo que exige tanto la combinación y uso de diversos materiales históricos como la ampliación de la imaginación sociológica por parte del historiador. De acuerdo con este criterio metodológico, podemos deducir que se deben diferenciar dos planos por sus implicaciones en el quehacer investigativo. En efecto, en un primer plano se trata de trascender las fuentes de carácter político-administrativas y legislativas que todavía son las más utilizadas en la historiografía nacional, objetivo que se puede alcanzar mediante la incorporación de las fuentes que detallan la vida social y cotidiana, o incluso de aquellas que dan cuenta de distintas actividades económicas pero no en sentido general sino de manera puntual o en una escala menor, que por lo mismo dan una idea en profundidad de las circunstancias locales y regionales. En un segundo plano, se debe reconocer la necesidad de cualificar la investigación histórica, lo que supone admitir que ésta sólo puede avanzar a partir de su conexión conceptual con la teoría social en general y con las diversas perspectivas de análisis de las otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas.

Por otra parte, y no obstante las limitaciones señaladas en materiales históricos como las “relaciones de mando” de los gobernantes coloniales de la Nueva Granada, cuando éstos son sometidos a la contrastación con otros materiales históricos, sobre todo los que ilustran sobre la escala local y provincial, el ejercicio resulta esclarecedor acerca de las tensiones sociales crecientes en las postrimerías de la situación colonial. En esa perspectiva, los estudios más pertinentes abordan temas como: el cuestionamiento de la convencional secuencia cronológica trata-abolición-libertad como eje del relato de la experiencia de los afroamericanos para mostrar que tiempos y sociedades negras se traslaparon produciendo realidades hibridas y sorprendentes (Scott 2006; Arruti 2006; Andrews 2007); la problematización de periodizaciones rígidas como conquista-colonia-república por su inconveniencia para dar cuenta de la complejidad de esas transiciones y la variedad de caminos trasegados hacia la libertad y la dignidad por la gente negra (Chaves 2015); la colaboración de demografía, geografía e historia social para develar que más allá de los datos de censos y padrones se encuentran las complejas relaciones entre esclavitud y libertad, entre esclavos y libres, la formación de familias y sociedades, así como la interacción de condiciones geoecológicas, actividades socioproductivas e imaginarios colectivos (Romero, 1995 y 2002; Jiménez 2004; Pérez 2006); y los juegos de escala, micro-meso-macro, para la comprensión del sistema esclavista, su funcionamiento y su disolución (Colmenares 1979) o para ir de los meros eventos a su trasfondo histórico-antropológico (Fogelson 2001).

En ese contexto y para nuestro propósito, del análisis de la diferenciación en el Pacífico Sur y sus provincias (Raposo, Micay, Iscuandé, Barbacoas y Tumaco), todas las fuentes disponibles son útiles (Gómez 2007), pero sin duda hay unas que tienen una riqueza excepcional por la calidad de la información y por permitir la formulación de hipótesis al investigador, como veremos en seguida con algunos ejemplos. Los censos y padrones de finales del siglo XVIII son clave para identificar las principales características sociodemográficas regionales: incremento del número de esclavos por fenómenos vegetativos, compra o contrabando; crecimiento notable de los libres, que si se suman a los esclavos, ponen de presente que los grupos negros constituían más del cincuenta por ciento de la población total; la coexistencia y simultaneidad de los reales de minas con sociedades de negros libres; un modelo ausentista de los propietarios blancos de minas, que residían en las ciudades de Popayán, Cali, Buga; y la recuperación demográfica de la población indígena, indicativa de su recomposición étnica (Almario 2007). Las visitas de los gobernadores de Popayán a los reales y distritos mineros del Pacífico Sur (Almario 2014) y las matriculas de esclavos de sus minas (de Granda 1970), permiten un acercamiento a la singularidad de esas unidades productivas y sociales, a la variedad de oficios y roles, a las tecnologías productivas y conocimientos del entorno, a la existencia de jerarquías y liderazgos, a su espiritualidad, rituales y religiosidad, a sus orígenes en África, lugares de destino y retención de prácticas ancestrales, entre otros elementos. Por su parte, los procesos judiciales proporcionan la posibilidad de reconstruir historias de vida de esclavos y libres y sus comunidades (Romero 1995 y 2002; Almario 2007 y 2014) y las testamentarias (Jiménez 2012) reconocer las impresionantes estrategias para resistir, ascender y aprovechar los distintos espacios de la vida social.

En este contexto y de acuerdo con los objetivos de este estudio, pretendemos comprender y explicar las dinámicas sociales y las relaciones interétnicas en la región minera más importante de la Nueva Granada, el Pacífico y, especialmente, su parte sur, para el efecto seguiremos algunos indicios presentes en las “relaciones de mando” de los gobernantes coloniales como reveladores de las tensiones existentes en el tejido social en general, pero sin olvidar que un ejercicio como este debe hacer parte de una estrategia de investigación que permita acercarnos a los sujetos colectivos que las expresaban a escala provincial y local.

Una lectura desprevenida de esa documentación, en principio tiende a registrar como una simple cuestión de rutina político-administrativa el conjunto de informes, reflexiones y disposiciones que se fueron produciendo durante la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX y los cuales se inspiraban en los ideales borbónicos de la defensa de los intereses imperiales y el fortalecimiento de la Real Hacienda.⁴ Como es conocido, tales documentos se ocupan tanto en general como en detalle de diversos asuntos, como el control de la producción y beneficio del oro y la represión al contrabando del mismo y de otros géneros, la descripción de las regiones mineras y sus dificultades, las tensiones entre el centro virreinal y las provincias productoras, la preocupación por el equilibrio entre los intereses de los mineros y los de las autoridades coloniales, los alcances administrativos del Imperio hispánico, entre otros. Sin embargo, una mirada más atenta al trasfondo de los asuntos tratados o insinuados por esa documentación hace evidente el denso entramado de contradicciones en que se debatía el mundo colonial neogranadino en esos momentos. En consecuencia, debemos concluir a partir de esa evidencia, que investigaciones más rigurosas sobre acontecimientos y circunstancias pueden conducirnos a una percepción más cercana de las experiencias vividas por los distintos sujetos sociales en acción durante ese período.

El control inestable de la frontera minera del Pacífico

Existen suficientes evidencias que permiten sostener que desde la primera mitad del siglo XVIII la Corona tenía serias dificultades para controlar en forma efectiva la frontera minera del Pacífico y que por lo mismo se le hacía muy complicada la recaudación del quinto real, y también las hay para afirmar que la clave de explicación de esta situación radica en el carácter sui generis de un sistema esclavista en una región de frontera. La cual se configura durante el segundo ciclo del oro neogranadino, cuando se conquista tardíamente la frontera minera del Pacífico y surge un sistema esclavista para laborar la minería de aluvión en forma intensiva, y simultáneamente se presenta una lucha por la dignidad, humanidad y libertad de los grupos negros esclavizados (West 1952 y 1957; Granda 1977; Colmenares 1979; Whitten 1992; Whitten y Friedemann 1974; De Friedemann y Arocha 1986; Aprile-Gniset 1993; Wade 1997; Hoffmann 1999). En efecto, aunque abundante, el oro de esos territorios no fluía como se esperaba hacia las arcas reales, porque en unos casos se quedaba en las manos de los mineros de Popayán quienes en parte lo gastaban y ocultaban y en parte lo dirigían desde las minas del Pacífico hasta la Casa de Moneda de Santa Fe y después a la de Popayán, una vez fue establecida en ella. En otros casos, el oro iba a parar a las manos de los rescatantes forasteros que también confluían a la ciudad de Popayán para labrarlo o buscarlo. Sin que se pueda olvidar que buena parte del oro en polvo se extraviaba en su discurrir entre uno y otro extremo del proceso, es decir, entre su beneficio en las minas y su amonedación final, como se constata en el caso del oro en polvo del que se apropiaban los mercaderes que surtían la frontera minera en forma fraudulenta, como veremos más adelante.⁵

Por estas y otras razones, desde entonces, autoridades coloniales de diverso rango sugirieron o adoptaron distintas políticas para tratar de mejorar la situación descrita, algunas de las cuales vale la pena reseñar: hacer más eficiente la administración de los gobernadores en cuanto a la contención de las supuestas tendencias disolutas y la pereza de la gente con el fin de contar con brazos suficientes para el trabajo de minas; el establecimiento de “casas fuertes” en las minas con el objeto de enviar allí como trabajadores forzados a todos los transgresores, lo que debía contribuir también a mejorar los problemas que acarreaba la escasa fuerza de trabajo esclava y de esta manera evitar el “acabamiento de los indios”, y que la Corona sirviera de banco de los mineros, fiándoles con cargo a la producción minera una parte de los costos de la introducción de los negros africanos, siguiendo en esto la experiencia adquirida por la administración colonial al respecto del suministro y financiación del azogue para las actividades mineras de la plata en otros lugares de sus dominios en América, entre otras.

Sin embargo, para mediados del siglo XVIII la situación se hizo más tensa todavía, por varios factores como una mayor presión de las potencias competidoras en las costas neogranadinas, mientras que paralelamente se endurecieron las políticas de monopolio comercial de España respecto de sus colonias, lo que al tiempo generó resistencias de distinto tipo, como lo evidencian el incremento del contrabando, las evasiones fiscales y el malestar general de los mineros. En el caso concreto de la frontera minera del Pacífico esta situación se manifestó, entre otras cosas, en la actitud beligerante de los mineros en defensa de sus intereses, razón por la cual las autoridades intentaron controlarlos de distintas maneras, recurriendo incluso y desesperadamente a los esclavos, con el objeto de determinar cuáles eran las verdaderas cuantías de las “sacas” de oro y en consecuencia el efectivo valor del real derecho de quinto (Colmenares 1989a, 41-101).

Ahora bien, relacionado con este panorama general, existía un problema específico y de hondo calado, el contrabando. La localización geográfica del Pacífico neogranadino hacía de él un puente natural entre los puertos del sur (audiencia de Quito y virreinato del Perú) y los de Panamá y Centroamérica (llamados de Tierra Firme), sin olvidar que en sí mismo contaba con una amplia faja costera escasamente poblada y difícil de vigilar y controlar, dado su entorno húmedo y selvático. Sin duda, el movimiento comercial y portuario de la región era limitado en volumen, pero sistemático, lo que inquietaba profundamente a las autoridades. Dicho comercio, al que concurrían muy diversos actores e intereses, aparte de ser trasgresor y fraudulento, tenía la grave consecuencia de llevarse una parte significativa del oro beneficiado en las minas del Pacífico, en virtud del intercambio desigual a favor de los comerciantes que presidía esas transacciones, por tratarse de una frontera exclusivamente aurífera en su producción, aislada en lo geográfico y desabastecida en lo comercial. De tal manera que los mineros se veían obligados a realizar sus transacciones en forma desventajosa, a través del intercambio desigual del oro en polvo por sales, comestibles, herramientas, ropas y otros productos indispensables. Es decir, que el oro en polvo actuaba a manera de moneda franca en toda la región y era con él que se realizaban prácticamente todas las transacciones comerciales, en un desesperado afán por surtir una buena parte de las necesidades de la frontera minera que excedían la capacidad de abastecimiento de los mineros desde el interior andino, con lo cual se quebrantaban las disposiciones acerca de los monopolios fiscales establecidos por la Corona, los cuales eran implementados y vigilados por las autoridades coloniales.

Desde la segunda mitad del siglo XVIII y a través de distintas políticas y disposiciones, la Corona trató de hacerle frente a esta situación. En efecto, por esa época, las medidas gubernamentales respecto de un mayor control de la Casa de Moneda de Santafé y sus actividades parecían estar rindiendo sus frutos, lo que permitió aumentar las remisiones de oro del virreinato a la metrópoli, a consecuencia de varias prohibiciones como el transporte de barras a Cartagena, la extracción de oro en polvo sin amonedar y que los mineros dedujeran del pago de los reales quintos y covos los costos de herramientas y manutención de negros. Asimismo, la administración colonial continuó en su empeño de controlar mejor las extracciones fraudulentas de oro en las provincias del Chocó con la instalación de puestos de vigía en las bocas del San Juan (Charambirá y Bocas de Colina) y en el Atrato, así como con el emplazamiento de otros puestos en las provincias de Popayán y Antioquia por donde circulaban los tráficos ilícitos.

Pero lo que resulta especialmente notable de anotar desde la perspectiva de este estudio, son los niveles tan contradictorios a los que tuvieron que llegar las autoridades coloniales en su obsesiva intención de controlar la producción del oro y el contrabando, con lo cual terminaron por afectar el orden social mismo al introducir otras fisuras en el precario equilibrio de poder en la frontera minera. En efecto, con fines disuasivos de las prácticas descritas, las autoridades no sólo hicieron públicas las penas capitales establecidas para los contraventores de las normas contra la defraudación de la Real Hacienda, sino que, con el objeto de aumentar las delaciones y los decomisos, publicaron un bando en el que se les garantizaba a los denunciadores

[…] el secreto que se les guardaría y la retribución de la parte que les correspondiese con su producto; y a los negros y esclavos de quienes se valiesen sus amos, u otros extraños, se les ofreció el premio de la libertad, incitándolos con este beneficio a que sin temor descubriesen las introducciones de que fuesen sabedores, como así se ejecutó en un negro que denunció a D. Nicolás Valoco cierto comiso (Colmenares 1989a, 68-69).

En otras palabras, con este tipo de iniciativas la Corona y sus autoridades coloniales ponían de presente que necesitaban de los esclavos ya no para la producción minera en cuanto tal, sino para garantizar el control mismo de la producción del oro en polvo y la introducción de mercancías fraudulentas por la amplia frontera de estas provincias, acciones transgresoras en las que estaban comprometidos fundamentalmente los mineros de Popayán. Con lo cual, de un asunto fiscal se derivó hacia otro de carácter político e identitario. En efecto, por una parte, al agudizarse las tensiones entre mineros y autoridades reales, se hizo más crítico el control social de esa frontera minera y se revelaron los límites económicos y sociales del sistema esclavista; por otra, se modificaron en parte las prevalecientes relaciones simbólicas entre dominadores y dominados y especialmente entre los esclavos acerca de su verdadera función social, en tanto esta dejó de ser estrictamente productiva para pasar a ser parte del juego de fuerzas para controlar el poder excesivo de los mineros por parte de la Corona y las autoridades coloniales. Los esclavos, que antes estaban excluidos jurídicamente de todo derecho en el universo institucional hispánico, adquirieron así cierta importancia y estatus, lo que tuvo sin duda consecuencias en su conciencia colectiva y en su sentido de pertenencia como grupo subalterno.

La tensa configuración de la región del Pacífico: entre el control externo y las dinámicas internas

De otra parte, no cabe duda que las políticas de control y administración del territorio de esta parte del virreinato, cuyo centro político-administrativo se encontraban en la provincia y ciudad de Popayán, contribuyeron a configurar la frontera minera del Pacífico como una región específica, conformada por dos grandes entidades claramente diferenciadas, el Chocó y el Sur. En efecto, las distintas realidades geográficas, la diversidad del poblamiento y de los asentamientos, las diferentes dinámicas sociales y la orientación alterna de sus circuitos comerciales y abastos, hicieron que estas dos realidades socioespaciales tendieran a orbitar de la siguiente manera: el Chocó, vía el Atrato, en torno al Atlántico (Cartagena) y el Pacífico Sur, en torno al tráfico por dicho mar y a sus conexiones con el interior. Los documentos dejan ver claramente que para mediados del siglo XVIII ya se había producido la diferenciación de la frontera minera del Pacífico entre Chocó y Sur:

Tampoco pudo exceptuarse la remota provincia de Popayán de que S.E. hubiese providenciado lo que se debía observar en el registro y descarga de los barcos que arribasen a los puertos de Barbacoas, San Buenaventura e Isguarde [Iscuandé] del partido del Raposo, a fin de celar cualquiera ilícita introducción por el Mar del Sur de las costas de Panamá, y las extracciones del oro en polvo; y eso mismo se previno para los puertos de Guayaquil en los casos que sus Oficiales reales dieron cuenta de algunas arribadas o descaminos de efectos transportados de Panamá y Acapulco. Y aun para el comercio de las cargas que se condujesen por tierra advirtió a los Oficiales reales de Popayán el modo más conforme a su reconocimiento y despacho, como así lo certifican (Colmenares 1989a,72).

En relación con la frontera minera del Pacífico, en lo sucesivo se mantuvo la diferenciación entre sus dos regiones. Por una parte, el gobierno colonial le dio una mayor importancia al acceso al Chocó desde el interior por el camino del Quindío, lo que requería del otorgamiento de concesiones para su apertura y cabal funcionamiento; al tiempo que en lo eclesiástico se atendió la solicitud de los infieles nombrados “cunacunas” para que se les señalase pueblo, resguardo y padre, en un esfuerzo por pacificar y dominar esa irreducible provincia. De otra parte, la división y erección de curatos en la Provincia de Esmeraldas, del Obispado de Quito, tuvo sus repercusiones en las provincias del Pacífico Sur neogranadino, porque el curato de Tumaco se separó y dividió del de Iscuandé, con lo cual se hizo más complejo el entramado de intereses y rivalidades locales y provinciales, las cuales explican la permanente tensión entre estas dos localidades de un lado y Barbacoas, el gran centro urbano de esta región, del otro.

En lo sucesivo, las disposiciones reales trataron de armonizar el control militar y aduanero de las costas ante las amenazas externas, con un control administrativo y eclesiástico de la gente, la producción y los territorios en lo interno (Colmenares 1989a, 103-121). En el ramo de Hacienda se estableció una aduana en Guayaquil con el objeto de prevenir los fraudes de los reales derechos, se instruyó a las autoridades de Panamá para que reorganizaran las cajas reales de esa jurisdicción empobrecida, se establecieron cajas reales y se nombraron oficiales en varios lugares de la Nueva Granada y entre ellos en Cartago y Barbacoas de la gobernación de Popayán, sobre las cuales había muchas expectativas para el futuro. Sin embargo, un delicado asunto fiscal estaba todavía pendiente, el control de la Corona sobre las Casas de Moneda. Con ocasión de la Real Expedición de Límites con la Corona de Portugal, que representó un alto costo para las cajas reales del virreinato, se hizo evidente la contradicción existente acerca del establecimiento de la Casa de Moneda de Popayán y los intereses de la Corona. En efecto, según las autoridades de Santafé, en su momento no se pudo contar con la Casa de Moneda de Popayán para que aportara recursos con destino a financiar la mencionada Expedición, porque dicha entidad adujo que se corría el riesgo de que se deteriorara su funcionamiento ordinario.

Por otra parte, la Casa de Moneda de Popayán se encontraba atrasada en sus compromisos de pago y en consecuencia la Real Hacienda registraba una pérdida anual considerable por este concepto. En resumen, la concesión hecha a D. Pedro Valencia, vecino de Popayán, no rendía los frutos calculados y esta experiencia administrativa, aunada a los requerimientos de nuevos recaudos, confirmaba la pertinencia de la nueva política imperial en esta materia, es decir, que, como parte de una mayor centralización fiscal, la Corona debía retomar el control directo de las Casas de Moneda en América.

En la medida que las autoridades coloniales intentaban avanzar en su afán fiscalista, también identificaron algunos de los problemas específicos existentes en los distintos lugares y por lo mismo también tuvieron que incursionar en sus posibles soluciones. Pero es evidente que una cartografía atenta a dichos problemas nos acerca también a la necesidad una etnografía sobre los intereses, tensiones y conflictos que se incubaban en esas sociedades locales (Colmenares 1989a, 123-152). Así, según el informe precitado, en el ramo de Hacienda, en la Provincia de Quito, se habría configurado una situación indiscutible de fraude de los intereses reales -donde desde tiempos anteriores han vivido muchos con ostentación a costa del Rey, arrendando las deudas y adeudando las cantidades-, por una combinación de factores entre los que sobresalen la mala administración de un lado y la capacidad de los pudientes para evadir sus obligaciones del otro. Situación que se pretendió resolver con medidas administrativas como el aumento de oficiales reales y la organización de las cajas reales. Sin embargo, los conflictos directos y los disturbios no se hicieron esperar en esta provincia, lo que aumentó la presión sobre las finanzas centrales, ya que para reducir los levantamientos fue necesario establecer “tres compañías de tropa regladas”.

El problema de fondo estaba claramente identificado por las autoridades como evasión de las obligaciones de parte de los mineros: “Las rentas de quintos de oro y de tributos padecen en lo general por la extracción y ocultación de los derechos […]” (Colmenares 1989a, 135). Adicionalmente, la Real Hacienda no alcanzaba las metas que se fijaba en cuanto a los ingresos proyectados por la actividad minera, lo que no sólo amenazaba el éxito de la política fiscal del Imperio, sino que aumentaba la tensión social y las fisuras en el orden colonial. En este contexto, la Corona se vio precisada a afectar los intereses provinciales en cuanto a la distribución de las ganancias por la actividad minera y su administración. Estas complejas circunstancias que comprendían amplios territorios del virreinato, se pueden observar a escala en el caso de la Casa de Moneda de Popayán que, después de que pasó a ser controlada por la Hacienda Real, vio reducir el número de sus empleados y sus sueldos, al quedar inscrita dentro de la política de austeridad fiscal. En este contexto, de conflicto entre los intereses centrales y provinciales, también en la provincia de Popayán, con el fin de aumentar los ingresos reales, se le concedió a un vecino de esa ciudad, por dos años, el entable de la renta del tabaco de hoja a cambio de pagar dos mil pesos anuales. Pero de inmediato, el Cabildo de esa ciudad reclamó derechos sobre ese ramo, razón por la cual el informe del virrey recelaba de la capacidad de control del gobernador, por algunos motivos particulares, y del Cabildo, “cuyos individuos prefieren sus intereses a los del Rey” (Colmenares 1989a, 134).

Las fisuras del orden colonial: los intereses del Imperio versus los intereses esclavistas

En la Nueva Granada se presenta una paradoja que resulta especialmente notable para el caso que nos ocupa de la gobernación de Popayán y su frontera minera del Pacífico. En efecto, la Corona se debatía en una contradicción fundamental, entre sus políticas de modernización del aparato administrativo y fiscal por un lado y la dependencia de la producción aurífera que era controlada por mineros pero en una frontera selvática y esclavista por el otro. En otras palabras, entre su proyecto global como Imperio y la realidad de todos los días que se basaba en una sociedad esclavista. Por tal razón, la comprensión de este problema y su evolución, resultan fundamentales para nuestros fines.

Acerca de la importancia que representaba la producción minera para el virreinato no había mayores dudas, tal como lo consignan los documentos oficiales:

[…] merece primer lugar en este trabajo la labor de las minas, particularmente de oro, por ser éstas las que sostienen y nutren el cuerpo político del Virreinato de Santafé, que careciendo de frutos comerciables, no porque dejen de abundar muy estimables, sino por falta de extracción y comercio, se reduce toda su subsistencia al oro que sale de sus minas anualmente, y se reduce a las casas de moneda; de modo que si cesasen por pocos años los mineros en su ejercicio, faltarían rentas y comercio, arruinándose del todo esta máquina […] (Colmenares 1989a,136-137).

Del reconocimiento de esta dependencia de la producción minera para las finanzas reales se derivaban también políticas concretas en relación con los mineros y el control de las regiones productoras que, como se puede percibir claramente, pretendían varios objetivos. Por una parte, se pretendía limitar el creciente poder de los clanes mineros de Popayán, en virtud de su capacidad de monopolizar la producción y autoabastecerse a través del control del complejo mina-hacienda y el comercio, estudiado por Colmenares (1975 y 1979). Por otra, se buscaba acceder a la impenetrable frontera minera, haciendo que la larga mano del Rey y el conjunto de sus intereses fueran efectivos en esa región. Según el virrey Pedro Messía de la Zerda:

Por esta fundamental razón conviene, a mi ver, que no sólo se dé auxilio a los mineros como vasallos tan útiles al Estado, sino que se estimulen otros al mismo ejercicio y se les faciliten los medios que sean posibles para hacerles menos molesto tan importante trabajo; para lo que convendrá la compostura de caminos y veredas para transporte de utensilios y alimentos; la abundante provisión de negros para el trabajo a precios equitativos y en general el fomento del comercio (Colmenares 1989a, 137).

Ahora bien, allí donde el complejo mina-hacienda no operaba, o donde a pesar de funcionar su eficacia era limitada por distintas razones, como en el caso del Pacífico Sur, las consecuencias para la frontera minera fueron el desabastecimiento, el contrabando y la especulación con los precios de los esclavos y de todos los productos que se introducían desde el exterior. Todo esto contribuía a que en estas provincias prevaleciera un ambiente enrarecido, tenso y competitivo, por el despliegue de múltiples intereses y fuerzas sociales. En este contexto, la administración colonial autorizó el ingreso anual de dos barcos desde Guayaquil para abastecer el Chocó, pero la medida no surtió los efectos esperados por problemas de administración, corrupción y avaricia. Sabemos por otras fuentes que desde Iscuandé también se pretendió abastecer el Chocó con distintos productos, pero esta fue otra relación comercial limitada o fallida.

No obstante su carácter descriptivo general, los informes de los gobernantes de las postrimerías del dominio colonial son clave para entender la paradójica situación del virreinato y la evolución de la gobernación de Popayán y su frontera minera del Pacífico. En efecto, en 1772, en uno de los más completos informes disponibles, se insistía en el problema de fondo: la dependencia fiscal respecto de la producción de oro de las minas, al tiempo que se ilustraba sobre las consecuencias político-administrativas de dicha dependencia, en lo que hacía al manejo de las provincias productoras y sus respectivas fronteras mineras (Colmenares 1989a, 153-270).⁶ En este informe, uno de los más distinguidos ilustrados borbónicos de este virreinato decía explícitamente que:

No tiene duda que la subsistencia del virreinato depende de las minas de oro y su fomento, porque no se comercian frutos algunos, ni tienen por donde adquirir por trato y compensación los géneros que de fuera necesita; y así el oro que producen sus minas es el único que sostiene las rentas reales, el comercio y los mineros (Colmenares 1989a, 178).

Para la época, las autoridades calculaban la producción minera de la Nueva Granada entre nueve y diez mil marcos de oro anuales, que se amonedaban en las Casas de Moneda de Santafé y Popayán (Colmenares 1989a, 213).

A nuestro modo de ver, aunque la política fiscal pretendió organizar y administrar más eficientemente la producción minera de la Nueva Granada en su conjunto y la de la frontera del Pacífico en particular, esta se vio limitada en sus alcances por varias razones, como las dificultades geográficas y las distancias, la precariedad fiscal y administrativa, la marcada diferenciación del Pacífico entre la parte del Chocó y la del Sur, y las amenazas constantes de las potencias que le competían al imperio español en los mares y fronteras. Por ejemplo, no obstante, las conocidas y fáciles riquezas del Chocó, el informe de Francisco Antonio Moreno y Escandón de 1772, evaluaba como estancada su producción minera, la cual se caracterizaba por la falta de iniciativa e innovación, amén de su aislamiento comercial -desde que una real cedula prohibió, el 20 de enero de 1730, bajo pena de perdida de la vida, la navegación por el San Juan y el Atrato, para tratar de controlar el contrabando y la extracción de oros ilícitos-. Lo que trajo como consecuencia el desabastecimiento, la carestía de los productos y la crisis general de los mercados. Con todo, lo peor no fue la crisis minera, sino que como una consecuencia notable suya, se produjo una crisis social en estas provincias, caracterizada por la inseguridad permanente, la situación de perpetuo sobresalto e inquietud en que se debatieron por la amenaza de los levantamientos indígenas, la presión del contrabando, la fuga de esclavos y su eventual insubordinación general, entre otros aspectos.

Por eso, las políticas y disposiciones propuestas o implementadas por las autoridades del virreinato apuntaron básicamente a tratar de modificar la situación, por lo cual propendieron por la apertura de la provincia al comercio en general, las cuales se complementaron con medidas que acentuaban los controles de la circulación de todo tipo de bienes mediante la instalación de puestos de aduana y otras disposiciones fiscales en cuanto al control de la producción de oro y su quintada (Colmenares 1989a, 177-184). Para ese momento, las provincias de Nóvita y Citará (Chocó) contaban con una población de 4742 indios y 4231 negros esclavos (Colmenares 1989a, 178-179).

En cuanto al Pacífico Sur, se percibe claramente que la intención de las autoridades consistió en tratar de compensar el estancamiento de la producción minera del Chocó con el fomento de sus minas, la búsqueda de nuevos minerales y en suma la ampliación de la frontera minera en esta parte de la provincia de Popayán. Sin embargo, también es evidente la incapacidad del virreinato para acometer estas iniciativas por su propia cuenta y en consecuencia la enorme dependencia que se tenía respecto de la iglesia y de los mineros. En efecto, por una parte, la posible ampliación de la frontera del Pacífico Sur por su parte norte, es decir, en la provincia del Raposo, dependía de la acción misionera del Colegio de Misioneros de Popayán, de los franciscanos, que había iniciado, aunque con limitaciones de hombres y recursos, sus incursiones en el río Yurumanguí y otros ríos aledaños. Por otra parte, los mineros constituían en la práctica la única posibilidad de acceso a la inexplorada provincia, como lo confirma el hecho que dos de ellos, uno de Popayán (Sebastián Sánchez) y otro de Cali (Manuel Caicedo), ofrecieran iniciar el reconocimiento de esos territorios y la apertura de un camino que llevara hasta los indios para reducirlos y poder así explotar las minas del Yurumanguí, el Dagua, el Naya y otros ríos (Colmenares 1989a, 168-169).

El informe de 1772 describía de forma optimista la situación de los distritos mineros de la provincia de Popayán y en particular los del Pacífico Sur y asimismo se concebían sus posibilidades futuras:

En la provincia de Popayán, con inclusión del Raposo, Quinamayo [en el interior del valle del Cauca], vertientes de los ríos Dagua y Yurumangüí y distrito de Barbacoas, se trabajan muchas minas de oro y se cuentan 4.756 negros esclavos, empleados por sus dueños en sus trabajos; y tanto para su fomento cuanto para descubrimiento de otras, es presumible que contribuya el camino que, según dejo insinuado, se ofreció a abrir don Manuel Caicedo; convendría solicitar arbitrio de que a precios más cómodos lograsen los mineros la compra de esclavos, que no sería difícil si dé cuenta de S. M. se trajesen a Cartagena y se les vendiesen a principal y costos (Colmenares 1989a, 213-214).

La modernización borbónica y el sistema esclavista

Al tiempo, encontramos aquí varios elementos que anuncian otras tensiones sociales, unos tienen relación con conflictos intra-regionales, mientras que otros tienen que ver con las contradicciones del sistema colonial en su conjunto. En efecto, por una parte, los documentos permiten rastrear que se había desatado una evidente competencia entre los mineros de Cali y Popayán por definir y asegurar en su favor el acceso expedito desde el interior andino a la frontera minera del Pacífico, lo que en un sentido más amplio se puede tomar como el anuncio de la futura lucha por la hegemonía entre ambas ciudades en la gobernación de Popayán, cuestión en la que inclusive terminaron involucrados los respectivos Colegios de Misiones de los franciscanos. Por otra, empieza a tomar forma el conflicto por el control de la frontera minera y el acceso al mar, que se plantea entre los intereses de los mineros de toda la provincia de Popayán por una parte y los de la Corona por otra, cuyas características conviene precisar. En efecto, mientras que los intereses de los mineros de la gobernación de Popayán buscaban apuntalar la sociedad esclavista que los beneficiaba especialmente, las políticas coloniales y de las reformas borbónicas se orientaban a modernizar el aparato de gobierno del virreinato y a garantizar los recursos de la Corona. Con proyectos como los de la construcción de los caminos hacia las minas del Pacífico y el acceso al puerto de Buenaventura, para los mineros de Popayán se trataba fundamentalmente de expandir la sociedad esclavista, mejorar la relación entre las ciudades y haciendas del interior con la frontera minera, aumentar la productividad de las minas con el trabajo de indígenas y negros, optimizar la rentabilidad de la empresa minera en general y, adicionalmente, de complementar todo esto con una comunicación directa con el Imperio. Mientras que para la Corona se trataba fundamentalmente de proteger las costas del mar del sur de las agresiones de las potencias enemigas y de asegurar los puertos para el tráfico imperial en lo externo, al tiempo que en lo interno pretendía mejorar los mecanismos fiscales de control de la producción del oro y los ingresos de la Real Hacienda. En otros términos, insinuamos aquí para desarrollarlo en futuros estudios, que durante este período es necesario considerar y analizar la existencia de dos dinámicas sociales que por las circunstancias históricas tendieron a colisionar: por una parte, la que no obstante sus rivalidades internas expresaban los mineros de la provincia de Popayán y que por lo general apuntaba a consolidar y hacer funcional una región esclavista; por la otra, la que expresaba los intereses imperiales y que era indicadora de los esfuerzos de modernización del sistema colonial.

Este conflicto de intereses entre los mineros regionales y las autoridades virreinales, también se puede observar mediante el análisis de la evolución del problema de la administración de la Casa de Moneda de Popayán para la Corona y las autoridades del virreinato. En efecto, de ser inicialmente una concesión privada, posteriormente el control de esta Casa de Moneda pasó a manos de la Corona. Sin embargo, las autoridades centrales siempre consideraron su establecimiento como inconveniente y costoso para el fisco real, en la medida que con sus actividades se duplicaba lo que podía hacer sola la de Santafé. Por otra parte, la defraudación de la Real Hacienda continuó siendo la preocupación principal para las autoridades y de los informes y relaciones de mando se infiere que la Casa de Moneda de Popayán les facilitaba a los mineros la evasión de sus compromisos:

[…] siendo muy digno de atención solicitar remedio para precaver el desorden de la extracción de oros sin quintar, con que se defrauda el Erario en los derechos de quinto y cobo, y en los de la almoneda, y se perjudica al público, y común del comercio, privándolo del uso de la moneda, y favorables efectos de su circulación, para lo que bastaría se observasen las leyes, si fuese dable su práctica, por provenirse en ellas cuanto conduce al reparo de este daño por medio de Caja de Fundición en los minerales, y que se comisasen los oros, que no viniesen con guía, destinados a su amonedación (Colmenares 1989a, 237).

En esta parte, el informe deja claro algo muy interesante, que podemos resumir como las razones políticas que condujeron al gobierno colonial a facilitar en forma contradictoria el fortalecimiento de los mineros de Popayán. En efecto, como se ha indicado, desde un principio el gobierno fue contrario a que se estableciera bajo la modalidad de concesión la Casa de Moneda de Popayán, porque en su opinión se debilitaba la labor de la de Santafé, se duplicaban los costos de operación y se tenían que repartir las utilidades por este concepto con el concesionario, sin que todo ese esfuerzo fuera garantía suficiente para precaver el desorden de la extracción de oros sin quintar. Posteriormente, al incorporarse la Casa de Moneda de Popayán a la administración fiscal, en la práctica, contradictoriamente y urgido por el beneficio del oro como principal y casi única fuente de ingreso, el gobierno colonial se decantó por hacerles nuevas concesiones a los poderosos mineros de esa provincia, no obstante saberlos implicados en la defraudación constante del fisco real. Por estas razones se explica que el documento se refiera a esta medida y a algunas otras complementarias que buscaban incentivar la producción minera y las ganancias de los mineros, subrayando que con ellas:

[…] se descubre un rasgo de benignidad Real, y amor de nuestro Soberano, que deseando facilitar a los mineros el trabajo, y fomentarles, dispuso que se pagase en las casas de moneda el marco de oro por 130p en lugar de los 128 que antes se satisfacían, llevando en esto por objeto que lograsen los mineros el aumento de la paga, y con estas ventajas reportasen mayor utilidad, haciéndoles menos molesta su ocupación (Colmenares 1989a, 237).

Adicionalmente, el citado informe consignaba con mucha precisión cuál era el problema de fondo para esta sociedad colonial, es decir, la contradicción existente entre el urgente beneficio de recursos de propiedad del Rey, pero que dadas las limitaciones fiscales debían ser explotados por una larga cadena de intermediarios. En esa perspectiva, en el informe se insiste en que dadas las circunstancias, ni siquiera eran los mineros los sujetos más favorecidos por esta situación de defraudación al fisco real, sino otro grupo, esto es, los intermediarios y rescatantes del oro (Colmenares 1989a, 236-239).

Las relaciones de mando posteriores confirman la evolución de las tendencias aquí analizadas (Colmenares 1989a, 271-359) En la precitada instrucción, por ejemplo, se hace un detallado inventario de los motivos que dificultaban el trabajo en las minas, lo que conducía a que no obstante su proliferación en el virreinato y en varias de sus provincias, a que permanecieran en actividad y de sus reconocidas riquezas, finalmente no reportaran los resultados esperados ni a las arcas reales ni como ganancias a los mineros. En opinión del virrey Guirior, la falta de caminos constituía un factor definitivo para encarecer la actividad minera, en la medida que impedía la conducción de instrumentos, negros y víveres hasta los distritos mineros, con lo cual aumentaban los riesgos y se reducían las ganancias de los mineros, al tiempo que disminuía la “saca” de metales y la búsqueda de nuevos criaderos o vetas. La conclusión que se derivaba de su informe era obvia, urgía la construcción de caminos para que se abaratara el transporte y se hiciera fluida la comunicación, lo que equivale a decir que con esta política se buscaba darle preponderancia al comercio, lo que desde la economía política de la época y en condiciones coloniales se debe entender como una reforma a la política fiscal del imperio, que ahogaba la iniciativa económica y comercial de las colonias. El virrey Guirior consideraba el comercio como una actividad fundamental para reactivar la economía colonial y para poder darle forma al mercado interno, en tanto tenía la virtud de relacionar varias provincias entre si y por supuesto también la propiedad de vincularlas con los dominios del Imperio español. En esa dirección y en relación con la frontera minera del Pacífico de la gobernación de Popayán, las evidencias indican que las autoridades coloniales optaron decididamente por abrir de nuevo la navegación por el río Atrato con el fin de continuar la reducción de indios bárbaros, reactivar la producción minera de las provincias del Chocó al conectarlas para sus abastos con Cartagena, sin que por ello se llegaran a descuidar las amenazas externas y el contrabando específicamente, en atención a las cuales se recomendaba construir fortificaciones y dotarlas de cierta guarnición, así como establecer una caja de fundición para que el oro no saliese en polvo y también aduanas para controlar los pasos críticos. En lo que hace al Pacífico Sur con esta instrucción se termina de dibujar la geografía política que ya se insinuaba desde décadas anteriores y en la cual se configura la diferenciación entre el Chocó y el Sur. En ese sentido, si bien se reconoce la condición de bisagra o puente espacial que juega el Chocó en relación con el Atlántico y el Pacífico, a través del Atrato y el San Juan respectivamente, también se tiene en cuenta la indiscutible consecuencia de esta diferenciación en materia de navegación, comercio y dinámicas sociales. Por eso, en el citado documento se recomendaba también la apertura del río San Juan al comercio y la navegación, lo que de paso reestablecía las antiguas conexiones de la provincia de Nóvita en el Chocó con los puertos de Calima y Buenaventura en la provincia del Raposo y la de todas ellas con el comercio proveniente del mar del sur y concretamente de Guayaquil como abastecedor importante de esta frontera minera (Colmenares 1989a, 285-290).

La reflexión del virrey Guirior no pudo evitar hacerse una pregunta crucial, que dice mucho acerca de las tensiones referidas entre el gobierno y los mineros:

[…] porqué habiendo la naturaleza proveído al Chocó de dos ríos por donde pueda proveerse cómodamente de los dos mares de Norte y Sur, se hayan dirigido las providencias del Gobierno a cerrar estas dos puertas, prohibiendo su entrada y tránsito con graves penas, hasta la del último suplicio, precisando los mineros a vivir siempre en miseria, y haciendo más dificultosa y pesada la extracción de los oros de que abunda. (Colmenares 1989a, 290)

A ese interrogante agregó otro, mucho más trascendental si se quiere, que planteó en términos de un

[…]“enigma de difícil resolución”: cuál sea la causa de crisis del Erario en este Reino según las circunstancias que se indican. Al virrey le sorprendía que un dominio tan vasto en extensión y diverso en recursos, sólo contara con el oro como actividad rentable y fuente de ingresos para la Corona y que a ese respecto cada año fuera en lo fundamental una repetición del anterior en cuanto a los rendimientos reportados. Mientras resolvía el enigma, el gobernante recomendaba no crear nuevas rentas sino mejorar las ya establecidas, al tiempo que manifestaba su preocupación por la carencia de personas idóneas y confiables para manejar la Real Hacienda (Colmenares 1989a, 219-320).

Otra parte sustantiva de la instrucción del virrey Guirior completa en cierta forma su crítica a las políticas imperiales en materia minera, al considerar inconveniente y perjudicial el permiso real por el cual se condonaban parte de los derechos a los oros que una vez fundidos en barras y después de deducirse los de quinto y covo, eran remitidos a España para su amonedación final. En su opinión, al procederse de esta manera, las consecuencias eran absolutamente inconvenientes para el virreinato, por una parte, al privarse de los derechos de amonedación que podrían dejar esos oros, por otra en razón de la desventaja que implicaba para el comercio interno el no contar con amonedación. Sin que lo anterior haga olvidar el alto riesgo siempre presente de que el oro se extrajera sin quintar con el argumento de la urgencia de sus remisiones a España. Asimismo, el virrey cuestionaba la eficacia de las dos casas de moneda de Santafé y Popayán, para lo cual aportaba el dato de que como entre las dos no producían sino 9000 marcos anuales, en consecuencia, sus utilidades resultaban insuficientes para responder por los costos de ministros y operarios (Colmenares 1989a, 329).

Otra relación importante por el momento y problemas planteados es la del arzobispo-virrey Caballero y Góngora (Colmenares 1989a, 361-492).⁷ El documento calculaba que en el decenio comprendido entre 1778 y 1788 la población del virreinato había aumentado en 213 240 habitantes, es decir, que la población general había pasado de 1 279 440 a 1 492 680 (Colmenares 1989a, 415). El documento recababa sobre un tema que, como hemos visto, inquietó de manera especial a los gobernantes coloniales durante el período estudiado, es decir, la absoluta dependencia de la Real Hacienda respecto de la actividad minera, así como sobre otro asunto que, aunque era tratado en forma menos explícita, no hay duda de que se encuentra directamente asociado al anterior, esto es, la configuración de una sociedad esclavista en la gobernación de Popayán. A ese respecto el análisis general era contundente:

En gran parte del Reino el beneficio de las minas ha ocupado el lugar de la agricultura, de las artes y del comercio, porque ofreciendo espontáneamente la tierra los metales, se han deslumbrado todos y sin excepción se han aplicado a mineros, y faltando el equilibrio con que mutuamente se sostienen los tres ramos, ha cargado todo el peso sobre el único atendido de minas; y de este modo todo es necesario introducirlo de afuera y pagarlo a precio de oro. Esta es la verdadera causa, porque no hay gente más pobre que los mineros, ni que pueda menos satisfacer sus empeños (Colmenares 1989a, 431).

La sociedad esclavista de la gobernación de Popayán y la inestable frontera minera

No obstante, nuestra particular línea de reflexión parte del supuesto que los mineros de Popayán fueron en estas circunstancias el grupo más exitoso y más beneficiado, como lo demuestran los estudios de Colmenares y Barona, ya citados. En efecto, a diferencia de lo expuesto en general por el arzobispo-virrey, acerca de la falta de equilibrio entre agricultura-minería-comercio en el virreinato, cabe recordar que en la gobernación de Popayán los mineros lograron doblarse también en comerciantes y agricultores, es decir, que como mínimo intentaron darle forma a una estructura social en la que pudieron monopolizar el conjunto de la actividades económicas, que además trataron de hacer funcionales mediante la complementariedad entre ellas, sin olvidar el decisivo control político de los cabildos. Ahora bien, la clave del éxito de los mineros de Popayán dependió de la formación de una sociedad esclavista, en la cual el control de la frontera minera del Pacífico y su explotación, constituyeron retos especialmente significativos en virtud de las condiciones ecológicas, sociopolíticas y de crisis generalizada del Imperio. Al respecto, la relación del arzobispo-virrey deja ver la impotencia de los ilustrados borbónicos en el mundo colonial, porque estos se revelaron como incapaces para admitir y responder al hecho de que las condiciones geoecológicas eran las que en buena medida definían las pautas sociales y económicas. En el caso de la economía minera que nos ocupa, el gobernante se revela impotente para entender la contradicción existente entre los postulados de explotación racional de los recursos por los cuales propendía el virreinato y las condiciones materiales en las que tuvieron que actuar los diferentes sujetos sociales.

Por eso, este ilustrado borbónico creía que el problema radicaba en la falta de inteligencia y cuidado en aprovechar los recursos disponibles, cuando de lo que se trataba era de que realmente existían unas condiciones socioeconómicas, unos umbrales geoecológicos y la ineficiencia del sistema esclavista en proceso de disolución, que hacían que en el virreinato en general y en la frontera minera del Pacífico en particular, predominaran las minas de aluvión y no las de veta. Su lenguaje es especialmente significativo al respecto:

No teniendo más atención ni industria que las minas, parece que deberían haber apurado ya todo lo que el arte da de sí, y aprendido a economizar para utilizar toda la sustancia de sus minas, pero nada menos. Causa admiración lo que se desperdicia por falta de inteligencia y cuidado, de modo que no será ponderación si se dice que apenas sacan la mitad del metal que pudieran, y la prueba más evidente es que en todas las tierras de minas en labor hay infinitos holgazanes sin más subsistencia que rebajar los terrenos y escombros que dejan los mineros (Colmenares 1989a, 431-432).

Con otras palabras, allí donde el imperio pretendía establecer explotaciones mineras regidas por prácticas racionales -como la de contar con el rector de minas D. Juan José D’Eluyar, una exacta instrucción del modo de beneficiar los varios metales del reino, o mejoras como la apertura de caminos y la introducción de administradores de minas-, lo que existía en realidad era una pobre minería de aluvión, practicada con base en mano de obra esclava en una frontera selvática y localizada a distancia de la civilización cristiana. Pero hay algo más, porque de la misma manera que hay que admitir que es un hecho que en la Nueva Granada las finanzas reales dependían de los mineros y en las postrimerías del período colonial especialmente de los mineros de Popayán, también hay que reconocer que estos a su vez dependían del precario equilibrio de una sociedad esclavista en la cual la frontera minera del Pacífico era la parte más dinámica del complejo agro-minero que habían instaurado. En síntesis, en esa frontera minera concurrieron tres grandes fuerzas sociales en tensión y conflicto: el gobierno colonial, los mineros esclavistas y los esclavizados. Estos últimos, adaptados por la fuerza a la selva húmeda tropical, eran los efectivos garantes de la extracción de oro y controlaban en la práctica las mínimas tecnologías posibles. En esos distritos mineros, aparte de los esclavos, pero como parte de su universo social y cultural, los “holgazanes” a los cuales se refería el gobernante, eran por lo general negros libres que, a partir de las fisuras de ese sistema esclavista, encontraron diferentes rutas hacia la libertad y la identidad.

Otro aspecto importante tratado por la relación del arzobispo-virrey y clave para nuestro análisis, lo podemos enunciar como la consolidación de la diferenciación socioespacial del Pacífico y al tiempo que sus dinámicas productivas se invirtieran en favor del sur. Tal como lo registran los informes anteriores, en éste también se distingue entre el Chocó y el Sur, pero se agregaba algo sustancial, que confirman otras informaciones consideradas en los estudios al respecto, que, aunque las minas del Chocó todavía eran las más ricas y abundantes, asimismo eran las que padecían más sensiblemente los estragos de la escasez de víveres y falta de inteligencia, que dije era general en todas las minas. A la vez, se reconocía que las minas que van caminando a su prosperidad son las de Popayán, porque es donde primero se ha visto en este Reino formarse una compañía de accionistas para la explotación de las riquísimas de Almaguer. De esta manera, la relación citada, sin reconocerlo explícitamente así, se refería ya a la fuerza social en ascenso, de los mineros esclavistas en trance de empresarios, que explicaría este proceso de cambio en las minas de la gobernación de Popayán, como lo confirman los datos demográficos correspondientes a esa gobernación: en 1770 existían 4765 esclavos, en 1778 ya habían 6320 y en 1788 ascendían a 9313 (Colmenares 1989a, 434-436). Lo mismo ocurría con el oro reportado a la Casa de Moneda de Popayán -que acuñaba la mayor parte de los oros del Chocó y todos los de la provincia de Popayán, todos ellos de muy subida ley-, donde en 1778 se amonedaron 5828 marcos, 3 onzas, que produjeron de moneda 792 838 pesos; en 1787 se llegó -según el arzobispo-virrey casi sin intención se han ido aumentado las entradas-, a 7301 marcos, 3 onzas y 4 octavos, que produjeron en moneda corriente 992 613 pesos, 4 reales (Colmenares 1989a, 434-436).

En relación con la introducción de negros, el arzobispo-virrey exponía todo un programa de acción, en la medida en que del éxito en esta operación dependería en el futuro el llamado fomento de minas, consistente como ya se dijo en garantizar un comercio fluido y en el beneficio racional de los reales de minas. Desde ese punto de vista, se estimaba que, al abaratarse los costos de operación minera y la manutención de los esclavos, aumentarían las ganancias para los mineros y con ellas la posibilidad de compra de más esclavos a mejores precios, transacciones que en un futuro debían hacerse al contado y no como en la época, que bajo presión financiera favorecían a los acreedores de los mineros. Igualmente, para fortalecer el fomento de las minas, el gobierno colonial procedió a conseguir varias licencias para la conducción de negros a las colonias, con lo cual se tendía a romper con el monopolio otorgado por la Corona a la compañía de Filipinas que evidentemente no daba abasto para cumplir con lo concedido. Insinuando una comparación política y económica entre el imperio español y las potencias competidoras, el gobernante llamaba la atención sobre la flagrante contradicción entre la necesidad de la introducción de negros para el fomento de las minas y la política imperial sobre la materia, ya que mientras que en la Nueva Granada en 1778 había un total de 69 526 esclavos de ambos sexos, en Jamaica eran 217 584 y en Santo Domingo 304 937, destinados todos a la agricultura (Colmenares 1989a, 442-443).

En este documento se hace referencia a la construcción de dos caminos desde la Audiencia de Quito, obras e iniciativas que tendrían una notable influencia en las provincias del Pacífico sur neogranadino y que muestran las fluidas conexiones entre espacios geográficos distintos y grupos sociales diferentes. En efecto, el primer camino, que partía de la ciudad de Quito y llegaba hasta Barbacoas, pretendía articular las provincias de Ibarra y Otavalo para que surtieran con sus productos agrícolas desde las costas de Tumaco e Iscuandé hasta Barbacoas, contribuyendo al desarrollo de la actividad minera. El segundo camino aspiraba a establecer la navegación por el río Esmeraldas comunicando el interior andino con la costa, pero tenía el objetivo adicional de reactivar también los pequeños puertos de esta parte de la mar del sur y desde los cuales se hacía la navegación de cabotaje con las provincias mineras neogranadinas (Colmenares 1989a, 455-456).

Otro documento importante,⁸ permite seguir la evolución de la configuración espacial, político-administrativa y socioeconómica del Pacífico Sur, para lo cual nos atenemos a la hipótesis de que en la definición de las relaciones entre la sierra y la costa y no obstante las múltiples y diferentes dificultades que tuvieron que enfrentar, la Audiencia de Quito fue más dinámica que la gobernación de Popayán respecto a ese particular. En efecto, aunque en los “Apuntes” se diferencian claramente las jurisdicciones de Quito y Popayán, así como los gobiernos que les corresponden, y con relación al de Popayán se reconocen las provincias costeras de Raposo, Iscuandé y Barbacoas como parte suya, en el extremo suroccidental se presentaba una indudable superposición de intereses y jurisdicciones. Ciertamente, en el punto 13 de sus apuntes, Francisco Silvestre se refiere al gobierno de Atacames en términos muy interesantes, aporta elementos que explican su origen en esa parte de la costa de la Audiencia de Quito y ofrece pistas sobre su situación en ese momento. El documento, al referirse al origen de Atacames, ocurrido a finales del siglo XVII, precisa que su establecimiento obedeció a la finalidad de facilitar y regularizar el comercio entre Quito y Panamá. Aunque no lo expresa directamente, sabemos con seguridad que esta iniciativa buscaba romper la exclusiva dependencia del comercio serrano y quiteño respecto del puerto de Guayaquil como única puerta de entra y salida de mercancías, por lo cual a mediados del siglo XVIII se le concedió a D. Pedro de Maldonado el privilegio de la construcción del camino de Ibarra en la sierra norte hasta Esmeraldas. Sin embargo, para la fecha del documento de Silvestre, 1789, este proyecto se encontraba abandonado y el gobierno de Atacames, aunque dependiente del de Quito, sufría una situación de aislamiento e inoperancia. Adicionalmente, lo que resulta muy interesante para nuestro propósito, la isla de Tumaco y población correspondiente, contaba con un teniente provisto por el virrey, hacía parte de Atacames. Conviene detallar la descripción de lo que era Tumaco a finales del siglo XVIII, donde según Silvestre: “[…] hay algunos mestizos y mulatos que componen todos una muy corta población, que no tienen otro comercio que alguna pita para cordaje, brea y madera de construcción, que llevan a Guayaquil […]” (Colmenares 1989b, 44). Hay que considerar que, mientras no se garantizase un camino estable que uniera a las provincias de la sierra ecuatoriana y a las de Pasto con Barbacoas, el gran epicentro minero del Pacífico Sur, esta última ciudad dependía para sus abastos casi que enteramente de la comunicación con el puerto de Tumaco. En efecto, el camino desde los Andes del sur neogranadino hacia Barbacoas, que era trasegado a diario por cargueros indios, no obstante, era muy difícil, lo que dinamizó la opción intermediaria de Tumaco, que inicialmente recibía los abastos provenientes de los puertos del sur y que después los conducía desde el mar por vía ribereña, remontando el Patía y el Telembí, hasta Barbacoas.

Imperio y provincia en los albores de la crisis política del mundo hispánico

Inicialmente, Francisco Silvestre se refiere en su informe a la creación del virreinato de la Nueva Granada en 1718, cuyo primer gobernante fue el Conde de la Cueva, Jorge de Villalonga, quien pasó de Lima para el efecto en el año 1721, posteriormente relata cómo se extinguió dicha administración y finalmente expone cómo fue restablecida definitivamente en el año de 1739 (Colmenares 1989b ,108-109). Por otra parte, conviene destacar que Silvestre captó con mucha claridad la creciente tensión que existía entre españoles y criollos en el virreinato, revelándose al tiempo como un previsivo gobernante al esbozar una política acorde con la situación, consistente en esencia en equiparar a los españoles y criollos respecto de los asuntos públicos y sociales:

El desterrar las rivalidades en los españoles y europeos y españoles americanos, se hace tan preciso que sin esto siempre deben temerse inquietudes que algún día pueden arrastrar su pérdida. La colocación recíproca de unos y otros en los empleos políticos, militares y eclesiásticos, es el medio más regular y sencillo, y el que tiene por base el derecho natural, racional y político, y lo contrario mantendrá constante la envidia, la desunión y rivalidad y causará malos efectos al Estado, de que Dios no permita que el tiempo sea testigo (Colmenares 1989b, 149-150).

La relación del gobierno del virrey José de Ezpeleta,⁹ (Colmenares 1989b, 153-311) dirigida al nuevo virrey Pedro Mendinueta, fechada en Santafé de Bogotá, el 3 de diciembre de 1796, ofrece pistas valiosas sobre otro aspecto clave para la perspectiva de análisis que venimos exponiendo y particularmente en relación con lo que interpretamos como la intención por parte de las autoridades coloniales de limitar el poder creciente de la provincia de Popayán, así como los alcances de su influencia y su jurisdicción. En efecto, así entendemos la preocupación que muestra este informe por la demora producida en la erección de un obispado en la provincia de Antioquia, que para la época todavía dependía en lo eclesiástico de Popayán, cuando precisamente la suerte de aquella provincia en esta materia el virrey la veía muy ligada con la de la sede del virreinato en Santafé (Colmenares 1989b, 163-165). Asimismo, el informe menciona los recurrentes conflictos en la gobernación de Popayán y especialmente las agudizadas tensiones entre los franciscanos de Popayán y los de Cali, en relación con los ámbitos de acción de los respectivos colegios de Propaganda Fide encargados de las misiones de los indígenas y de la evangelización de negros en las zonas mineras (Colmenares 1989b, 182-183). En cuanto a la actividad minera, la relación del virrey Ezpeleta es particularmente detallada. En efecto, en el informe se destaca algo que nos parece fundamental, la distinción de los dos tipos de trabajadores que en la época se ocupaban de la actividad minera, es decir, los esclavos y los libres. Al respecto el informe se expresa en los siguientes términos:

Las grandes minas de oro se trabajan por sus propietarios con esclavos, cuyo número es proporcionado a sus facultades. Las demás son propiamente unos pequeños lavaderos, en los que varias gentes se emplean personalmente en buscar el metal para satisfacer sus necesidades (Colmenares 1989b, 226).

Como ya lo hemos dicho, en el caso de la frontera minera del Pacífico predominaban las cuadrillas de esclavos en los distritos mineros, aunque iban en aumento los libres, que en su amplia mayoría no eran otra cosa que negros que habían adquirido su libertad por compra fundamentalmente o automanumisión.

Asimismo, el documento resumía, por así decirlo, la política de los gobernantes coloniales sobre la actividad minera de la cual dependía el precario equilibrio de los ingresos fiscales del virreinato, razón por la cual hacía énfasis en las concesiones hechas a los mineros para el fomento de esta actividad, lo que implicaba la expectativa de la eventual presencia de nuevos empresarios y todo ello como prenda de garantía de la recolección de la principal fuente de ingresos para la Corona. Conviene citar lo pertinente:

Consideradas las minas como un recurso para la prosperidad y fomento del Reino, están muy recomendadas por las leyes, y en ellas, como en varias disposiciones posteriores, se han dispensado ciertas gracias y franquicias a los mineros.

Entre estas es digna de la piedad de S. M. la rebaja que se les ha concedido en el derecho que deben satisfacer y el mayor precio a que se paga el marco de oro en las Casas de Moneda de esta capital y de Popayán, respecto del establecido por ordenanza. Este aumento y aquella rebaja son de continuarse y perpetuarse, porque mientras sea mayor la utilidad del minero más se empeñará en el laboreo de las minas, y tendrá este Ramo más empresarios (Colmenares 1989b, 227).

Sin embargo, la política de fomento de la actividad minera en que venían empeñadas las autoridades coloniales y especialmente en lo que tenía que ver con la introducción de negros africanos, no fue exitosa por varias razones. Este resultado se puede explicar en términos de un círculo vicioso que no se rompe, es decir, en parte por los altos costos de la adquisición de esclavos y en parte por la descapitalización de los mineros, pero todo ello en medio de un entorno internacional que evoluciona hacia la abolición de la esclavitud y en lo interno por las crecientes formas de resistencia de los esclavizados que anuncian la formación de las sociedades locales en libertad. Tal como lo evidencia el hecho de la bajísima capacidad para introducir negros esclavos en todo el territorio del virreinato durante el año de 1792, cuando solamente se introdujeran 29 negros esclavos en la provincia de Antioquia, en donde fueron vendidos a muy largos plazos, mientras que en las de Popayán y Chocó no se introdujo ni un solo esclavo oficialmente (Colmenares 1989b, 227). Por estas circunstancias, el informe insistía en que de nada servía que existiera un mercado de negros provenientes del África si en el virreinato no existía suficiente dinero para comprarlos, tal como lo confirmaba el hecho de la suerte que corrió un lote de negros vendidos por el fiscal don Antonio de Vicente Yáñez, visitador del Chocó, para aquella provincia en el año de 1788 y que seis años después todavía no habían sido pagados.

Lo fundamental a tener en cuenta es que no obstante lo descrito anteriormente, las actividades en las minas prosperaban con los recursos disponibles y por el trabajo esclavizado fundamentalmente, lo que obliga a concluir que en esas circunstancias los mineros recurrieron a la explotación intensiva de los recursos mineros disponibles a través de la explotación también intensiva del principal medio para hacerlo, la fuerza de trabajo esclavizada. Lo que ayuda a explicar por qué el informe finalmente era optimista acerca de los rendimientos de la actividad minera y que por lo mismo registrara que el nivel de la acuñación estuvo en ascenso en la Casa de Moneda de Santafé de Bogotá entre los años 1789 y 1795, ambos inclusive, en 60 013 marcos, que produjeron 8 161 862 pesos, lo que equivale a decir que el promedio anual durante ese período fue de 8573 marcos cuyo valor es de 1 165 980, cifras que superaban las de esos mismos años en el siglo anterior. En cuanto a la Casa de Moneda de Popayán, el informe precisa que se acuñaron durante el mismo número de años, desde 1788 a 1794, 47 813 marcos de oro, cuyo valor es de 6 502 542 pesos, que reducidos a un promedio anual dan 6830 marcos y 928 934 pesos en cada uno. Aunque el informe reconoce que no habían aumentado mucho las acuñaciones ni los productos de minas en Popayán, de todas maneras admitía que debía existir un incremento de la producción, sobre todo si se comparaban los datos citados con los de años anteriores y si además se tenía en cuenta que la navegación franca por el río Atrato y la comunicación con Cartagena, habían provocado que la extracción de algunos oros en pasta salieran directamente del Chocó y que por lo tanto no fueran amonedados en Popayán (Colmenares 1989b, 228-229).

En relación con el mejoramiento de la situación comercial y de comunicaciones en el extremo sur de la gobernación de Popayán, con el fin de abastecer la frontera minera de la provincia de Barbacoas y sus entornos, el informe menciona que continuaban los esfuerzos en la construcción del camino de Malbucho, que partiendo desde la villa de Ibarra debía salir a la mar del sur en las cercanías de Barbacoas (Colmenares 1989b, 258).

Por otra parte, al referirse a la situación militar del virreinato, el informe hace alusión a la situación de la “compañía fija” que hubo en la provincia de Popayán y que se suprimió y extinguió, pero que después se tuvo que restablecer en calidad de “ligera”, compuesta de 80 hombres, a raíz de los sucesos ocurridos en Barbacoas con motivo del establecimiento de la renta de aguardiente por administración y que ocasionó un levantamiento popular (Colmenares 1989b, 288). En cuanto a las fortificaciones y defensa de la costa de la mar del sur, el informe se remite a registrar el desamparo total en que se encuentra esta costa, en la cual no existen puntos de defensa establecidos para repeler al enemigo con excepción de Guayaquil. En resumen, la realidad era que entre Panamá y Guayaquil esta costa carecía de defensas efectivas y en consecuencia el territorio constituía una región vulnerable para los intereses del Imperio (Colmenares 1989b, 300).

En la relación del virrey Pedro Mendinueta¹⁰ (Colmenares 1989c, 5-191), dirigida a su sucesor Antonio Amar y Borbón, fechada en Guaduas, diciembre de 1803, se admite que son múltiples las riquezas minerales que tiene el virreinato pero se insiste en que son las minas de oro las que más se benefician. Sobre la acuñación de metales en las dos Casas de Moneda la situación era la siguiente: en la de Santafé, en el quinquenio comprendido entre 1796 y 1801, se amonedaron 51 861 marcos de oro, que valían 6 917 133 pesos; en la de Popayán, se acuñaron 36 306 marcos, por un valor de 4 595 398 pesos. De acuerdo con esos datos, el promedio anual de entradas a las Casas de Moneda fue del siguiente tenor: en Santafé de 10 127 1/3 marcos, que equivalen a 1 138 426 3/5 pesos; en la de Popayán, 7261 1/4 marcos, que equivalen a 919 075 2/8 pesos. Es decir, que no obstante las dificultades para fomentar la actividad minera y especialmente la del oro, la producción de oro seguía relativamente en aumento, inclusive reconociendo que lo reportado por la Casa de Moneda de Popayán no fuera muy significativo. En ese sentido, se experimentaba una situación paradójica porque, mientras por un lado la producción de oro seguía aumentando, por el otro persistían tanto las limitaciones para introducir negros esclavos como la falta de liquidez de los mineros para adquirirlos a buenos precios, lo que hacía que no se pudieran aumentar las cuadrillas ni ampliar los frentes de trabajo, inclusive si por parte del virreinato se les concedieran fondos a los mineros para la adquisición de esclavos (Colmenares 1989c, 96-97).

Frente a esta situación contradictoria, el informe insistía en la necesidad del establecimiento de una cátedra de mineralogía y metalurgia que tuviera efectos en todo el virreinato y sus distintas provincias mineras, idea que ya había sido esbozada por otros gobernantes. Pero al tiempo, se reconocía algo muy significativo desde el punto de vista de nuestro análisis, esto es, que en las condiciones particulares del virreinato y de sus distintas regiones productoras, era recomendable y necesario incorporar aquellas técnicas que habían sido probadas por la experiencia a lo largo del tiempo. Lo que interpretamos como un signo de impotencia de las autoridades coloniales frente, por una parte, a las condiciones geoecológicas y socioculturales que no controlaban y que no podían ser modificadas de la noche a la mañana por prescripciones racionalistas y, por otra, a la imperiosa necesidad de recursos frescos. Para el efecto presentaba la siguiente justificación:

Cada Provincia tiene métodos y reglas particulares adaptados a sus circunstancias; la tradición los ha enseñado y el uso las consagra. Es menester observarlas, no despreciarlas del todo y ver si se pueden mejorar. Un genio vivo, conocedor y atento a todos los objetos que presenta el laboreo de una mina, encontrará mil cosas que le interesen y le detengan útilmente, para regalar después la enseñanza de un modo que, sin dejar de hablar facultativamente, se haga entender de todos, les persuada y convenza con el raciocinio más enérgico, que es el que demuestra cada uno su verdadera utilidad (Colmenares 1989c, 98).

Seguidamente, el informe hace referencia a una cuestión sociocultural importante, en la medida que apunta a develar una de las contradicciones del sistema colonial y por consiguiente una de sus fisuras, que para el caso de la Gobernación de Popayán resulta significativa. En efecto, en su informe el virrey deja ver que era consciente de la contradicción que existía entre la necesidad de una educación práctica para las élites criollas, como por ejemplo la de los estudios metalúrgicos, en lugar de persistir en la inclinación por los estudios eclesiásticos y del foro, en los que en el momento se aplicaban. Desde su particular visión, lo que el gobernante esbozaba era una suerte de nueva ingeniería social para tratar de inducir la modificación de una élite letrada hacia una élite moderna, que tuviera la mentalidad, los instrumentos y la disposición de ponerse al frente de las minas que poseía y aún de las ajenas con un espíritu empresarial (Colmenares 1989c, 98-99). Aunque el informe no lo dice explícitamente, en este punto de la exposición es válido plantearse la siguiente reflexión: si las élites criollas y especialmente los mineros de Popayán se encontraban dedicados a cultivar las letras y la vida eclesiástica, y si, a su vez, para mantener esa forma de vida, dependían de la producción de sus minas de oro localizadas en una frontera selvática y distante, entonces, realmente en manos de quién o quiénes estaba la producción minera y los Reales de Minas.

Con la instrucción del virrey don Francisco de Montalvo a su sucesor Juan de Sámano (Colmenares 1989c,193-336), fechada en Cartagena de Indias el 30 de enero de 1818, podemos cerrar este apretado recorrido por las pistas e indicios contenidas en las relaciones de mando de los gobernantes coloniales de la Nueva Granada, con el cual hemos querido desentrañar las relaciones entre la unidad administrativa mayor del virreinato y la provincia de Popayán y su frontera minera del Pacífico, con sus dos secciones, Chocó y Sur. Es por ello que resulta curioso, pero diciente, que este documento revele que, durante la guerra de Independencia, la lucha, además de darse en los campos de batalla propiamente dichos, se proyectó hasta la cuestión fiscal y de recursos, por la disputa sobre el control de los fondos de la Casa de Moneda de Popayán, en la medida que estos fueron utilizados por los españoles para financiar los movimientos militares durante el período de la restauración monárquica en esta parte del virreinato. Pero lo que más llama la atención al respecto, es que el virrey aprovechara su informe para denunciar, por una parte, un desfalco en detrimento de la Casa de Moneda de Popayán, ocurrido supuestamente durante el año 1808, y que según sus cuentas ascendía a 156 577 pesos 6 1/2 reales, y por otra, las maniobras utilizadas por los implicados para burlar las distintas providencias que se dictaron con el objeto de reintegrar al Real tesoro el caudal defraudado (Colmenares 1989c, 300-301). El informe compromete por supuesto a miembros de la élite y mineros de Popayán, no sólo por haber generado el desfalco sino porque después habrían obstaculizado la acción de la justicia para castigar a los culpables y aprovechado las circunstancias de inestabilidad política posteriores para ocultar los hechos. Sin duda, un buen epílogo para ilustrar las contradicciones entre la Corona y los intereses provinciales de los mineros, las cuales hemos tratado de seguir en este artículo a propósito de las tensiones en la gobernación de Popayán entre las autoridades coloniales y las élites esclavistas, que giraron en torno a los intereses del Imperio, la actividad minera del oro y la función de la frontera minera.