SECTOR SOLIDARIO Y PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL. CASOS LIMESTPORT NARIÑO Y TIERRAS CAFETERAS

Processes for Social Inclusion in the Solidarity Sector: The Cases of Limesport Nariño and Tierras Cafeteras

Objetivo: con este artículo se busca mostrar de qué manera las cooperativas y las organizaciones de economía solidaria han aportado a través de las microfranquicias solidarias, en los procesos de inclusión social a las víctimas de desplazamiento rural en Colombia. Metodología: se han examinado, además del respaldo teórico y normativo, dos casos de estudio: la microfranquicia
“Limestport Nariño” y la microfranquicia solidaria “tierras cafeteras, sabor y origen”. Hallazgo: se pudo conocer no sólo la oportunidad ofrecida por el Estado colombiano para aprovechar las ideas
emprendedoras de los campesinos y campesinas víctimas de desplazamiento, sino el proceso que siguen estas personas en condición de vulnerabilidad, social y económica, para crear sus propias empresas. Conclusión: las microfranquicias solidarias pueden ser una iniciativa que aporta a la inclusión social y a la superación de la pobreza; además, con la ayuda de las comunidades rurales interesadas en el proceso que implica su implementación, se logran modelos de negocio de amplio y rentable crecimiento.

Objetive: the purpose of this article is showing the way cooperatives and solidary economy organizations have promoted inclusion for victims of armed, forced displacement in Colombia, throughout social inclusion processes. Methodology: two study cases were documented in addition to theory and legal background: micro franchise "Limesport Nariño" and solidary micro franchise "Tierras Cafeteras: Sabor y Origen." Findings: it was possible to recognize not only the chances offered by the Colombian government to countrymen and women victims of forced displacement, in
the aims of approaching their entrepreneurship ideas but also the process that these socially and vulnerable communities follow to establish their businesses. Conclusion: solidary micro franchises
can have a key role in the initiative for social inclusion and poverty reduction. Besides, with the aid of rural communities interested in processes that lead to the implementation of these structures, it is
possible to consolidate business models with ample, sustainable growth.

Fecha de recibido: 03 / 09 / 2019 - Fecha de aceptación: 24 / 03 / 2020

Yolanda Álvarez Sánchez. Doctora en artes y humanidades de la Universidad de Jaén, magíster en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo, especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad de América, licenciada en ciencias de la educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Profesora Investigadora de la Universidad de La Salle. Colombia. Correo electrónico:  yalvarez@unisalle.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9204-9781

Este artículo es resultado de la investigación titulada: “Desarrollo y desplazamiento rural en Colombia”. Línea de investigación: Impacto social de las actividades económicas y organizacionales. Grupo de Investigación GESOE.

Cómo citar este artículo

Álvarez-Sánchez, Y. (2020). Sector solidario y procesos de inclusión social. Casos Limestport Nariño y tierras cafeteras. NOVUM, 2(10), 10 - 29.

Resumen

Objetivo: con este artículo se busca mostrar de qué manera las cooperativas y las organizaciones de economía solidaria han aportado a través de las microfranquicias solidarias, en los procesos de inclusión social a las víctimas de desplazamiento rural en Colombia. Metodología: se han examinado, además del respaldo teórico y normativo, dos casos de estudio: la microfranquicia “Limestport Nariño” y la microfranquicia solidaria “tierras cafeteras, sabor y origen”. Hallazgo: se pudo conocer no sólo la oportunidad ofrecida por el Estado colombiano para aprovechar las ideas emprendedoras de los campesinos y campesinas víctimas de desplazamiento, sino el proceso que siguen estas personas en condición de vulnerabilidad, social y económica, para crear sus propias empresas. Conclusión: las microfranquicias solidarias pueden ser una iniciativa que aporta a la inclusión social y a la superación de la pobreza; además, con la ayuda de las comunidades rurales interesadas en el proceso que implica su implementación, se logran modelos de negocio de amplio y rentable crecimiento. Palabras clave: Cooperativa; Microfranquicias; Desplazamiento rural; Inclusión social.

Abstract

Objetive: the purpose of this article is showing the way cooperatives and solidary economy organizations have promoted inclusion for victims of armed, forced displacement in Colombia, throughout social inclusion processes. Methodology: two study cases were documented in addition to theory and legal background: micro franchise "Limesport Nariño" and solidary micro franchise "Tierras Cafeteras: Sabor y Origen." Findings: it was possible to recognize not only the chances offered by the Colombian government to countrymen and women victims of forced displacement, in the aims of approaching their entrepreneurship ideas but also the process that these socially and vulnerable communities follow to establish their businesses. Conclusion: solidary micro franchises can have a key role in the initiative for social inclusion and poverty reduction. Besides, with the aid of rural communities interested in processes that lead to the implementation of these structures, it is possible to consolidate business models with ample, sustainable growth. Keywords: Cooperative; Microfranchises; Rural displacement; Social inclusión.

«Con su distintivo énfasis en los valores, las cooperativas han demostrado ser un modelo empresarial versátil y viable, que puede prosperar incluso en épocas difíciles. Su éxito ha contribuido a impedir que muchas familias y comunidades caigan en la pobreza» Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas.

Introducción

Dado el carácter democrático del sector cooperativo, este se ha constituido como una alternativa social y económica contraría a los valores de las economías capitalistas o de mercado, para que las personas, de manera voluntaria, administren sus recursos y puedan solucionar los problemas de inequidad social y económica en la cual se encuentran. El primer sábado del mes de julio de 1995 fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas - ONU (1995) como el año internacional de las cooperativas, al cumplirse 100 años de la Alianza Cooperativa Internacional^[1]. En asamblea general realizada en el mes de febrero del año 1995, se “alienta a los gobiernos que, al formular estrategias nacionales para el desarrollo, estudien a fondo la capacidad de las cooperativas para contribuir a la solución de problemas económicos, sociales y ambientales” (ONU, 1995, p. 2).

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo - OIT (2005) reconoce las cooperativas como organizaciones que promueven el desarrollo económico y social de los países y las define como “asociaciones autónomas de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática” (p. 13). El sector solidario en Colombia, según el Registro Único Socio Empresarial - RUES, a 31 de diciembre de 2016, estaba conformado por más de 195 mil organizaciones de las cuales 69.789 se renovaron en la vigencia 2016 (Portal de economía solidaria, 2017, p. 6).

Para la población rural colombiana (desplazada o no), las cooperativas han significado no sólo una manera de fortalecer el capital social, sino una salida para comercializar y administrar sus productos agrícolas y ganaderos a mejores precios, superar sus niveles de pobreza y tener una mejor calidad vida. En tal sentido, las asociaciones para los campesinos se han convertido en un pretexto para aprender y crecer en comunidad, relacionarse con sus vecinos y generar redes de confianza y ayuda mutua.

La violencia sistemática en Colombia la han venido padeciendo con mayor impacto las comunidades rurales. Las causas han de buscarse en los conflictos de tierras que han generado el desplazamiento de un sinnúmero de campesinos quienes han tenido que reconstruir sus proyectos de vida en territorios distintos al suyo. De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2013, p. 16), el impacto del desplazamiento ha afectado, en mayor o menor medida, a todo el territorio colombiano ya sea como contexto de expulsión o contexto receptor. Los fenómenos de desplazamiento tienen muchas y graves consecuencias para las personas que lo padecen y para el país, entre ellas grandes desigualdades sociales y económicas producto de las inequidades que, cada vez, en lugar de disminuirse pareciera que se fortalecen.

Sin embargo, en los recientes acuerdos de paz celebrados con la ya extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ejercito del pueblo – FARC-EP y el gobierno nacional, se acordó la creación del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (Planfes) para, además de estimular la economía solidaria y sostenible,

estimular diferentes formas asociativas de trabajo de, o entre, pequeños y medianos productores y productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, que promuevan la autonomía económica y la capacidad organizativa en especial de las mujeres rurales, y que fortalezcan la capacidad de acceder a bienes y servicios, la comercialización de sus productos y en general a mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de producción. (Portal de economía solidaria, 2017, p. 9)

Tanto la firma de los acuerdos de paz como este tipo de iniciativas, relacionadas con la economía solidaria, podrían empezar a subsanar, en las zonas rurales, fenómenos como la pobreza, la indigencia, las dificultades de acceso a los sistemas de salud, de acceso a la educación, de acceso a empleos de calidad, la imposibilidad de beneficiarse de créditos, la falta de reconocimiento de derechos a las comunidades étnicas, a las mujeres, entre otros. No obstante, en este tipo de soluciones estructurales, como señala Caillé (2003, p. 11), el Estado juega todo el papel.

Por lo anterior, el presente artículo se centra en mostrar de qué manera las cooperativas y las organizaciones de economía solidaria han aportado, a través de las microfranquicias solidarias, en los procesos de inclusión social a las víctimas de desplazamiento rural en Colombia. Para ello - antes de presentar los resultados que dan cuenta de dos casos de microfranquicias exitosas- se ha hecho una contextualización teórica relacionada con el sector solidario en Colombia y la inclusión social a víctimas del desplazamiento a través de la creación de las microfranquicias solidarias. Finalmente, en las conclusiones se muestra, entre otros aspectos, que este tipo de iniciativas, dado el actual escenario del Estado colombiano con las FARC, son una oportunidad para muchas personas de superar su condición de vulnerabilidad social, económica y reconstruir su tejido social.

1.     Contextualziación teórica

1.1 El sector solidario en Colombia

La solidaridad y la cooperación son tan antiguas como el hombre mismo. Ciencias como la antropología, la etnografía y la sociología han demostrado que en las sociedades tribales la solidaridad y la cooperación entre sus miembros es mucho más evidente que en las llamadas sociedades modernas. En este tipo de comunidades,

el interés económico del individuo triunfa raramente, pues la comunidad evita a todos sus miembros morir de hambre, salvo si la catástrofe cae sobre ella, en cuyo caso los intereses que se ven amenazados son una vez más de orden colectivo y no de carácter individual. (Polanyi, 2007, p. 90)

El ascenso de las sociedades cazadoras —recolectoras— a sociedades productoras da lugar al nacimiento de un tipo de economía que garantiza la subsistencia de las sociedades primitivas entre sus miembros en tanto que todos sus integrantes tienen igual acceso a los medios de subsistencia (Strauss, 1977; Godelier, 1998; Polanyi, 2007; Harris, 2012).

No obstante, si el sistema de producción está dado en la participación de cada uno de los integrantes de la comunidad, con una clara reciprocidad y redistribución del trabajo[2] (Lomnitz, 1976; Godelier, 1998, Coraggio, 2011), el sistema de redistribución se centra en una persona (el caso de algunos pueblos esquimales y bosquimanos) que determina quién debe darle a quién y en qué medida. Los llamados festines cooperativos a los que hace alusión Harris (2012) ejemplifican muy bien como “los resultados del esfuerzo productivo de muchos individuos se redistribuyen en cantidades diferentes entre grupos de personas” (p.138). La redistribución, con el tiempo, se convirtió en un mecanismo para obligar a la gente a trabajar más en la medida en que el jefe quería gozar de mayor poder y reconocimiento.

El hombre actúa, no tanto para mantener su interés individual de poseer bienes materiales, cuanto para garantizar su posición social, sus derechos sociales, sus conquistas sociales. No concede valor a los bienes materiales más que en la medida en que sirven a este fin. (Polanyi, 2007, p. 89)

La aparición de nuevos sistemas de producción, la concentración de la riqueza y el nacimiento de las desigualdades sociales, da origen a un tipo de población que empieza a ser motivo de preocupación en las nuevas sociedades industriales y asunto de reflexión de los economicistas, los sociólogos, los pobres y los indigentes. Las ideas de Daniel Defoe, citado por Polanyi (2007), a comienzos del siglo XVIII, suscitan cuestiones que en adelante serán motivo de reflexión con el fin de aportar soluciones al nacimiento de esta nueva clase social. En efecto, ideas como “dar limosna no es hacer caridad”; “emplear a los pobres es hacer daño a la nación” (p. 186), colocaban a la clase gobernante en medio de una paradoja puesto que, si bien se reconocía la existencia de los pobres, no se sabía a ciencia cierta qué hacer con ellos.

El nacimiento de las sociedades de acciones encargadas de administrar los bienes de los pobres y las Industry-Houses que albergaban a pensionistas, personas pobres, indigentes, desempleados, se pueden considerar, por lo menos en Europa, como el inicio de un tipo de asociaciones comunitarias que garantizaban, en comunidad con la Iglesia[3], la subsistencia de los pobres, los indigentes, los desempleados y libraban de esta responsabilidad al Estado (Castel, 1997). Mucho más tarde, con la aparición de la clase obrera y las organizaciones sindicales, se fundan asociaciones cooperativas que se crearon siguiendo las perspectivas ideológicas de Owen, quien se apartó de las ideas de la iglesia al considerar que lo que esta hacía sólo ayudaba a los pobres a seguir siendo pobres (Polanyi, 2007, p. 275). Este tipo de cooperativas, como las Union Shops, eran montadas por miembros de los sindicatos[4] y tenían el carácter de cooperativas de productores.

En tal sentido, las cooperativas nacen como una necesidad de las clases trabajadoras y con ellas, de las organizaciones sindicales, de subsistir en una economía de mercado[5] (Coraggio, 2011; Serna y Rodríguez, 2016) y hacer frente a las políticas económicas beneficiarias de las clases pudientes.

Por lo anterior, tal como señala Garteiz-Aurrecoa (2014)

[…] las cooperativas han servido durante siglos y en todo el mundo para aliviar las necesidades de los humildes, en el trabajo y en el consumo, de modo que han permitido sostener la dignidad de los pobres evitando su miseria por lo que a las cooperativas se les ha llamado “las empresas de los pobres”, aunque en la actualidad las grandes cooperativas y los grandes grupos cooperativos conforman unidades económicas poderosas. (p.13)

En este orden de ideas, la economía solidaria surge, frente a modelos económicos claramente respaldados por ideologías capitalistas, como una alternativa de desarrollo orientada a la “reivindicación” social y económica de la sociedad (Torres, Fierro y Alonso, 2017). Por ello, se le considera como una antítesis del modelo económico capitalista hasta el punto de denominarse, particularmente en Europa, economía social, del Tercer Sector o de Interés General (Caillé, 2003; Quijano Peñuela y Reyes Grass, 2004; Garteiz-Aurrecoa, 2011). La economía solidaria busca hacer posible, en la práctica, el sentido de los valores democráticos a través del vínculo entre personas claramente respaldadas por “la ideología de la cooperación” (Quijano Peñuela y Reyes Grass, 2004, p. 9).

En este contexto, en Colombia la economía solidaria[6] nace en los años treinta del siglo XX como un sistema socio-económico que buscaba hacer frente a la crisis económica que vivía el mundo y, de manera particular, el país. Hernández (1997) señala que,

el resultado de este proceso fue una drástica recesión con caídas del PIB en 1930 y 1931. Este escenario determinó la paralización de las obras públicas y el descenso de la producción, con lo cual el desempleo estuvo al orden del día. (p.10)

La crisis económica y fiscal que vivió Colombia, desde finales de los años 30, se manifiesta no sólo en motines y huelgas de obreros y desempleados en distintas ciudades del país sino en la propuesta de algunos políticos de la época (entre ellos el expresidente, y para ese entonces respresentante a la Cámara, Alberto Lleras) de cambiar la constitución de 1886. Varias misiones internacionales (la misión Cepal en 1954, La misión Lebret en 1955, la misión Currie en 1959 y nuevamente la misión Cepal en 1958) tuvieron que ver en los cambios estructurales que a nivel económico enfrentó el Estado para superar la crisis (reforma agraria y tributaria, políticas de estabilización macroeconómica, entre otras propuestas) (Hernández, 1997).

Si bien las ideas cooperativas en Colombia se gestan en el pensamiento social demócrata de algunos gobernantes a principios del siglo XX, es claro que estas ideas venidas de Europa, donde el sistema ya estaba avanzado, se consolidaron como una fuerza social ante la necesidad de unir a la acción obrera sindical en cooperativas de esfuerzo mutuo para subsanar los problemas de desempleo y pobreza. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2015), la formalización del modelo solidario en Colombia “[…] se inició en 1931 con la expedición de la ley 134” (ver Tabla 1).

En 1986 se adopta el concepto de Economía Solidaria con el decreto 2536 del 4 de agosto que dio vida al Consejo Nacional de Economía Solidaria y lo reconoce como un sector de gran importancia en el entorno económico nacional. En 1988, con la ley 79, se organizan las formas solidarias del cooperativismo, asociaciones mutuales y fondos de empleados. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2015)

Por esa razón, en Colombia, el sector solidario “comprende el conjunto de entidades del sector cooperativo, los fondos de empleados, las organizaciones mutuales, y todas aquellas otras entidades solidarias de propiedad de sus propios usuarios sin ánimo de lucro y de gestión democrática” (Quijano Peñuela y Reyes Grass, 2004, p. 14).

La normatividad del sistema cooperativo colombiano se puede sintetizar en la Tabla 1:

Tabla 1. Normatividad del sistema cooperativo colombiano.

Norma	Propósitos
Ley 134 de 1931	Las sociedades cooperativas deberán iniciarse y fundarse de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, pero no podrán empezar a funcionar mientras el Poder Ejecutivo no las autorice y apruebe sus estatutos, los cuales deberán acomodarse al régimen jurídico que establecen dichas disposiciones.
Ley 79 de 1988	Se legalizan las cooperativas en el país. El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo, mediante el estímulo, la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de las organizaciones cooperativas. Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo.
Decreto 1333 de 1989	Se establece el régimen de constitución, reconocimiento y funcionamiento de las precooperativas. Principios: educar social y económicamente a sus asociados; organizar de actividades; desarrollar procesos de formación y capacitación; adelantar las etapas del proceso en sus aspectos económicos y financieros, de mejoramiento comunitario y proyección social.
Decreto 1482 de 1989	Determinar la naturaleza, características, constitución, regímenes internos, de responsabilidad y sanciones y se dictan medidas para el fomento de las empresas de servicios en las formas de Administraciones Públicas Cooperativas.
Decreto 2150 de 1995 artículos 143 a 148	Suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
Decreto 0427 de 1996	Registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Los requisitos establecidos por el artículo 40 del citado Decreto y nombre de la persona o entidad que desempeña la función de fiscalización, si es del caso.
Decreto 1840 de 1997	Dicta normas prudenciales para las cooperativas especializadas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito.
Ley 454 de 1998	El objeto de la presente Ley es el determinar el marco conceptual que regula la economía solidaria. (Tendrán control social, interno y técnico). Disposiciones: transformar el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, crear la Superintendencia de la Economía Solidaria, crear el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, dictar normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en correspondencia con lo previsto en los artículos 58, 333 y concordantes de la Constitución Política de Colombia.
Circular 8 de 11 de octubre de 2011	Superindustria y comercio imparte instrucciones a las cámaras de comercio relacionadas con el registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro a que hace referencia el artículo 143 del Decreto 2150 de 1995.

Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Diario Oficial No. 21.866 (15 de diciembre de 1931).

Cabe señalar que el sector solidario en Colombia está regulado por la constitución del 1991 en la que se lee: en el título XII “Del régimen económico y de la hacienda pública”, el artículo 333: “[…] la empresa, como base del desarrollo, tiene una obligación social. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial” (1991, p. 234).

1.2 Inclusión social a víctimas de desplazamiento en Colombia: las Microfranquicias solidarias

Se entiende la inclusión social como el reconocimiento, por parte del Estado, de las garantías que debe gozar todo ciudadano en una sociedad democrática y, por tanto, participativa. Es un reconocimiento de derechos que históricamente o por situaciones adversas -violencia y desplazamiento; por ejemplo - le han sido arrebatados. Es garantizar, como señala Sen (1999) “los fines y los medios del desarrollo y colocar la perspectiva de la libertad en el centro del escenario” (p. 75). Esto como parte fundamental del ejercicio de la ciudadanía (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2004). En este mismo sentido, Estrella (2008), refiriéndose a los derechos políticos y sociales, indica:

[…] mientras la exclusión política es entendida como la carencia de derechos efectivos que permitan tomar parte del ejercicio del poder político… la exclusión social debe entenderse como una ruptura  profunda del tejido social, resulta de un proceso de canalización de recursos que difunde la pobreza, propaga las desigualdades entre amplios sectores de la población y favorece la concentración de riqueza en grupos pequeños, consecuencia de las decisiones tomadas desde centros de poder retirados de la esfera de lo político, en su sentido más tradicional. (p. 295-299)

Por lo anterior, garantizar los derechos a las personas significa no sólo reconocerlas sino ofrecerles un mundo con derechos en el que, en cuanto portadores de ellos, se respetan así mismas y son respetadas por los demás. Es devolverles la voz y la posibilidad de actuar. “La fuerza de los derechos, como señala Dieterlen (2008) no puede ser sustituida por el amor y la compasión ni por razones religiosas o jerárquicas” (Buvinic, 2004, p. 64). No es suficiente, por tanto, reconocer que existen las desigualdades y generar programas de desarrollo orientados a ofrecer ayudas humanitarias. Se requiere, por el contrario, generar estrategias integrales y sistémicas entre diversos actores (Estado, sociedad civil, entre ortros) que unidos faciliten y hagan posible la inclusión (Coraggio, 2011; Serna y Rodríguez, 2016).

Una de las tantas acciones para promover la inclusión, por parte del Estado, consiste en hacer una identificación clara y tener un registro del tipo de personas que carecen de participación económica, social y política para generar políticas públicas concretas orientadas a restituir sus derechos y a “distribuir de manera equitativa los beneficios del desarrollo” (Ocampo, 2004, p. 37). En Colombia existe el Registro Único para la reparación de las Víctimas - RUV. Este registro, “es una herramienta técnica del Gobierno Nacional para administrar la información referente a todas las víctimas de graves y manifiestas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado en Colombia” (RUV, 2013, p. 8).

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2015), atendiendo a la necesidad de reparar e incluir a las personas víctimas de desplazamiento y a partir de la Ley 1448 de 2011, promulgó el Decreto número 1084 de 2015, a través del cual se coloca al Departamento Administrativo para la Acción Social como “la cabeza del sector de inclusión social y Reconciliación”. Este Departamento, según el mencionado Decreto:

agrupa y ordena políticas, planes generales, programas y proyectos para la superación la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, la atención, asistencia y reparación a víctimas de violencia, la atención a grupos vulnerables y la protección integral la primera infancia, la niñez, la adolescencia y bienestar las familias colombianas.

Por otra parte, en el Título 4 del Artículo 2.2.4.1 se pone al Ministerio de Trabajo - junto con otras entidades del nivel nacional - como “el responsable del diseño, coordinación y seguimiento a los programas y proyectos especiales para la generación de empleo rural y urbano” (Ley No. 1488, 2011). En tal sentido y de acuerdo con los criterios establecidos en el Programa de Generación de Empleo Rural y Urbano, “las víctimas podrán acceder a los proyectos de financiación de capital semilla para planes negocio, una vez surtan el proceso de orientación y capacitación establecido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015, p. 26).

La articulación del sector público y privado, por lo menos teóricamente, es una de las posibilidades del Gobierno Nacional para generar oportunidades de desarrollo empresarial o de vinculación laboral a las personas víctimas del desplazamiento en Colombia (Serna y Rodríguez, 2016; Vargas y Sánchez, 2020). Sin embargo, dadas sus condiciones de formación educativa (muchos no han cursado estudios básicos: primaria y bachillerato), se han generado programas de capacitación orientados a la preparación técnica para el trabajo y al desarrollo de ideas de emprendimiento. Con esto se busca que puedan acceder a algún tipo de empleo en empresas con las cuales el Estado ha establecido acuerdos a cambio de beneficios tributarios o puedan obtener sus propios recursos para proveerse, en la medida de sus posibilidades, una vida digna.

Por otra parte, con la apertura económica y los procesos de globalización e internacionalización de la economía en Colombia, se da inicio al desarrollo de estrategias de negocio con el propósito de fortalecer el sector productivo y empresarial. Las franquicias son un claro ejemplo de ello, pues a partir de los años 90 se emplean por grandes, medianas y pequeñas empresas para competir en el mercado. En términos legales, según Ortega (2005, p.162), citado por Mosquera Muñoz (2010), la franquicia es un

[…] convenio en virtud del cual el titular de una empresa que ha desarrollado un establecimiento de comercio dotado de identidad suficiente para distinguirse de todos los demás competidores, otorga una licencia, limitada en el tiempo y el espacio, para que otro comerciante bajo su propio riesgo, replique dicho establecimiento para explotar el mismo ramo de negocios del establecimiento de franquiciante, a cambio de una retribución económica libremente convenida por ambas partes. (p. 73)

El crecimiento del sistema de franquicias en Colombia, en sus diferentes denominaciones (ver Tabla 2), se debe no sólo a la confianza que en los últimos años tanto capitales internacionales como nacionales tienen de invertir en Colombia, sino al crecimiento de centros comerciales propicios para la expansión de muchos negocios[7]. También se ha convertido en una estrategia para posicionar las empresas en el mercado y hacer frente a grandes multinacionales. Mosquera Muñoz (2010) señal, en efecto, que las franquicias hoy en día

[…] representan una de las alternativas más rentables y eficaces para la consecución de objetivos referentes a la cobertura de nuevos mercados, pero también es una excelente forma de hacer negocios, ya sea invirtiendo en alguna o adoptándola como estrategia de crecimiento de la empresa. (p. 71)

Tabla 2. Tipos de franquicias.

Tipo de franquicia	Definición
Industrial	Cuando involucra la producción, o de distribución o de formato, cuando se refiere a la actividad comercial directamente con el cliente final.
Individual	Cuando el franquiciado opera una sola franquicia.
Regional	Cuando se otorga el derecho a establecer un número designado de franquicias en un territorio determinado.
Máster	Cuando se permite ofrecer y vender franquicias a subfranquiciados.
Corner	Las que llevan a cabo actividades dentro de establecimientos de comercio.
Financiera	En las cuales el franquiciado no aporta trabajo sino capital.
Franquicia (Co-branding)	Cuando un mismo establecimiento es compartido por dos o más unidades franquiciadas

Fuente: Elaboración propia con base en Mosquera Muñoz (2010).

En términos generales, una franquicia se define como tal “cuando una empresa permite a un inversor usar su nombre, su imagen corporativa completa, transmite la operatividad de su modelo de negocio y le dé soporte permanente para obtener ingresos, existe una franquicia” (Orozco et al., 2006, p. 69, citado por Mosquera Muñoz, 2010, p. 73).

En este contexto de expansión de las franquicias como posibilidad de crecimiento, posicionamiento y competitividad de muchas empresas en el mercado, nace el concepto de microfranquicias solidarias concebidas como,

[…] un modelo de negocio dirigido a la población vulnerable, que busca transferir a los asociados de una empresa solidaria las herramientas necesarias para operar un negocio que ha sido exitoso y rentable –o con proyección de serlo–que puede ser replicado a menor escala con una inversión relativamente baja. (González, citado en el Espectador, 2015)

Las microfranquicias solidarias se originan como un proyecto de innovación social para ayudar a las personas desplazadas víctimas del Conflicto armado en Colombia. Los proyectos son financiados por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en convenio con el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias. En el año 2015 (noviembre) estas dos entidades lanzaron una convocatoria

[…] encaminada a la estructuración de emprendimientos cooperativos que generen y disminuyan la pobreza, bajo el esquema de innovación social. La convocatoria busca la implementación del modelo de organizaciones solidarias, bajo el esquema de microfranquicias, como estrategia para el desarrollo integral de poblaciones vulnerables (personas en condición de extrema pobreza, desplazados por la violencia o víctimas del conflicto).

Sin embargo, en el año 2014, ya se había dado inicio al desarrollo de estrategias de emprendimiento a partir de negocios bajo la modalidad de Microfranquicias “como mecanismo efectivo para reducir la informalidad en los emprendedores, coadyuvando al mismo tiempo en la reducción de la pobreza, formalización empresarial, generación de ingresos y de empleo” (Grupo para la Inclusión Social[8] del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT, 2014, p. 4).

Las microfranquicias, por lo tanto, permiten a las personas ser dueños y gestionar sus propios negocios que se constituyen en “modelos de negocio acreditados por una marca, que requerían, para el año 2015, de $30 millones a $50 millones de inversión, a diferencia de una franquicia regular que podía demandar hasta los $1.000 millones de inversión” (Franquicias Colombia, sf).

2. Metodología

2.1 Contexto metodológico de la investigación

Los resultados que aquí se presentan hacen parte del desarrollo del proyecto de investigación titulado: “Desarrollo y desplazamiento rural en Colombia”. Por tanto, se inscribe en el marco de una investigación mucho más amplia. Su orientación es eminentemente cualitativa puesto que, se trata de dar cuenta a partir de pruebas empíricas (propias de los estudios de caso) del éxito que el proyecto de inclusión social ha tenido hasta el momento en Colombia. Se destacan en este artículo, por ser asunto, también, del proyecto de investigación que lo respalda, las personas víctimas de desplazamiento rural.

2.2 Muestra

Se seleccionaron dos informantes como unidad de análisis y se tomaron como casos de estudio. Las razones que motivaron dicha selección obedecen, fundamentalmente, a tres factores: su situación de campesinos desplazados por la violencia, su condición de beneficiarios de las estrategias de inclusión social del gobierno nacional y a su perfil emprendedor como fundadores de microfranquicias ya constituidas legalmente[9]. En la Tabla 3 se muestran los datos básicos de los informantes:

Tabla 3. Datos de los informantes.

Informante 1

Microfranquicia: Limestport Nariño” microfranquicia solidaria de Coser & Coser.

La entrevista fue realizada a la informante 1[10], representante comercial de “Limestport Nariño” microfranquicia solidaria de Coser & Coser. La primera microfranquicia solidaria en constituirse legalmente en el occidente colombiano, específicamente en Nariño. Su actividad comercial se inicia el 23 de junio del 2014. La informante 1 es madre de tres hijas y abuela de tres nietos; es casada y hace ocho años fue desplazada del municipio de Samaniego Nariño. Desde entonces, llegó a vivir a Pasto con su familia. Su sueño siempre fue tener su propia empresa de confecciones. Por lo tanto, según sus palabras: “este sueño dio sus frutos, mediante las capacitaciones de la Mano del SENA. La Alcaldía de Pasto y algunas universidades de la región. Siendo hoy la propietaria y representante legal de la Precooperativa Limesport Nariño”.

Informante 2

Microfranquicia: “Tierras cafeteras, sabor y origen”. Distribuidor autorizado de Wayco café especial de origen Nariño Colombia, en el municipio de Samaniego.

La microfranquicia “Tierras cafeteras, sabor y origen” inicia sus actividades comerciales el 26 de septiembre de 2015. El informante 2 tiene 30 años; vive en la vereda el Salado del Municipio de Samaniego, Departamento de Nariño: “Vengo de una familia humilde y trabajadora compuesta por siete miembros que nos hemos dedicado la vida entera a labrar el campo especialmente en el cultivo de café, la caña y otros.  Soy un hombre trabajador con muchos sueños y ganas de triunfar, mi anhelo es continuar estudiando una carrera profesional ya que por ser de escasos recursos económicos solo alcance mi bachillerato lo cual me ha servido de mucho y me ha impulsado a estar donde estoy. Después de terminar mi bachillerato seguí trabajando en el campo, pero mirando experiencias positivas de otras comunidades y colegas, decidí vincularme a una asociación de cafeteros y trabajar en equipo. Con el ánimo de buscar nuevas alternativas y posibilidades para nuestro producto y para nuestra calidad de vida. Ahora como representante legal tengo el honor de apoyar a mi asociación Asocafé andinos en lo que este a mi alcance”.

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a los informantes 1 y 2.

2.3 Instrumento empleado para la recolección de los datos

El instrumento utilizado para recoger las experiencias fue la entrevista semiestructurada. El instrumento antes de ser aplicado fue previamente validado por un experto.  Se plantearon 11 preguntas previamente elaboradas con las cuales se buscó conocer algunos aspectos de la vida de los informantes y el proceso que siguieron, como víctimas de desplazamiento, para la creación de su cooperativa.

2.4 Procedimiento

Para el análisis de la información se establecieron seis categorías deductivas  (Bonilla y Rodríguez (2000) - deductivas porque han servido para la recolección y el análisis de la información y pueden ser aplicadas a otros casos semejantes-: Idea de negocio; de cooperativa a microfranquicia; perfil de las personas que gestionan la cooperativa; el camino para crear una microfranquicia en Colombia por personas en condición de desplazamiento; tipo de personas que se vinculan a la cooperativa; las cooperativas y sus procesos de inclusión social. Se consideran las categorías como “ordenadores epistemológicos que dan sentido a los datos” (Galeano, 2004, p. 38) y, posteriormente, a partir de estas categorías deductivas y como resultado del proceso de “comparación constante” que, de acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2008), permite que el investigador vaya “otorgando significados - por similitud y diferencia- a los segmentos transcritos y descubriendo categorías” (p. 234), se establecieron 15 categorías inductivas que emergieron de los datos de análisis (Bonilla y Rodríguez, 2000). El consentimiento informado se otorgó por escrito.

3. Resultados

Como se señaló en el procedimiento, se establecieron seis categorías deductivas (a, b, c, d, e, f) que se relacionaron con extractos de las entrevistas (ver Tabla 4); posteriormente, mediante el proceso de “comparación constante” se establecen 15 categorías inductivas (a1, a2, a3, b1, b2, c1, c2, c3, d1, d2, d3, e1, e2, f1, f2) (Tabla 5).

A continuación, damos cuenta de las seis categorías establecidas y los extractos de las entrevistas obtenidas (ver Tabla 4).

Tabla 4. Categorías deductivas y extracto de las entrevistas.

Categorías deductivas	Informante 1 (extractos de la entrevista)	Informante 2 (extracto de la entrevista)
a. Idea del negocio	La idea de negocio surgió debido a que en las confecciones se utilizan muchos insumos de confección y microfranquicias con el microfranquiciante de Coser & Coser ya que este es un negocio muy reconocido en Nariño. Además, cumpliendo mi sueño de tener nuestra propia empresa y poder generar empleo a personas las cuales estaban en mí misma situación en desplazamiento. Da inicio este proyecto participando en una convocatoria de Colciencias el cual fuimos preseleccionados entre 20 grupos los cuales se hizo un seguimiento y evaluación a cada grupo y gracias a la ayuda de Dios fuimos seleccionados y ganadores del proyecto de microfranquicias.	La idea de negocio en primer lugar surge de la posibilidad de acceder a las convocatorias realizadas para postular proyectos innovadores, además de ello el estar organizados y el trabajo en equipo hace que nos fortalezcamos en querer buscar alternativas que nos sean rentables para mostrar o reflejar la calidad de nuestro producto en una taza de café y con ello poder dar una mejor calidad de vida a las personas que se benefician. El inicio de nuestro negocio parte del apoyo y conocimientos brindados de entidades como la pastoral social de Ipiales quienes ejecutan el proyecto de café borederlands en nuestra zona ya que con el apoyo del equipo de trabajo que en el labora hemos adquirido muchos conocimientos técnicos basados en calidad física y sensorial del café.
b. De cooperativa a microfranquicia	Para seleccionar nuestra cooperativa en microfranquicia se hizo una evaluación individual a cada socio para medir la capacidad de emprendimiento.	Nuestro negocio para convertirlo en micro-franquicia pasó por una serie de etapas y filtros que entre ellos comprendía visitas domiciliarias, entrevistas a los socios, exposición del proyecto viabilidad del mismo en la zona que se implementaría y encuentros con microfranquiciantes.
c. Perfil de las personas que gestionan la cooperativa	Las condiciones son estar en situación de vulnerabilidad y situación de desplazamiento y hacer el curso de cooperativismo. Se tiene en cuenta que sea personas luchadoras emprendedoras y que quieran salir a adelante y superarse.	Las personas deben estar en condición de vulnerabilidad; deben cumplir en primer lugar con valores y principios, que les guste el trabajo en equipo, que sean líderes con mucha responsabilidad y compromiso. Además de ello que el grupo tenga visión a futuro de consolidarse como una empresa de productores campesinos que buscan el beneficio colectivo.
d. El camino para crear una microfranquicia en Colombia por personas en condición de desplazamiento	El camino que se siguió para la creación de la cooperativa primero fue capacitarse en cooperativismo, luego fue constituirse y registrarse en la cámara de comercio y la DIAN. Las capacitaciones antes fueron con el SENA en cursos de Confección, Lencería, Muñequería, Mercadeo y Patronaje de Pantalón Básico. Durante las capacitaciones de emprendimiento, cooperativismo y contabilidad. Después nos hemos capacitado en mercadeo y atención al cliente.	El camino que se siguió: -              Selección de la figura jurídica -              Elaboración de estatutos -              Tramites en cámara de comercio Además, nos capacitaron en atención al cliente; barismo; manejo de caja; contabilidad básica y manejo de equipos. Por otra parte, nos ha traído beneficios como: El desarrollo de habilidades empresariales; aprender a transformar el producto; Mejorar la calidad de nuestra vida; dar a conocer el producto a otras fincas; crear una cultura de una buena bebida de café.
e. Tipo de personas que se vinculan a la cooperativa	“Las cinco personas las cuales conformamos nuestra precoperativa somos en situación de desplazamiento de diferentes municipios de Nariño y Putumayo”.	Personas con capacidades de emprendimiento. No se han vinculado personas nuevas debido a que estamos iniciando nuestro proyecto, pero dentro de los que hacen parte del grupo de la precooperativa tierras cafeteras son víctimas de la violencia del conflicto armado de la zona.
f. Las cooperativas y sus procesos de inclusión social	Sirve como modelo para las demás personas las cuales no están organizadas y que mediante asociaciones o precoperativas se puede generar empleo e ingresos para cada uno de las familias. Creo que he ayudado generando empleo y dando a conocer que hay que participar en los proyectos que el gobierno nos ofrece para adquirir recursos y no esperar que todo no lo den por ser personas en condición de desplazamiento, sino que con la ayuda de todos salir adelante. Nosotros nos hemos beneficiado con el capital semilla que nos dieron ya que así generamos ingresos a nuestras familias y a las personas que trabajan con nosotros.	Brindamos una mejor calidad de vida a través de la generación de trabajo y con ello mejoran sus ingresos. Beneficio social por ser un proyecto de pequeños caficultores con visión empresarial. El 70% son mujeres las que conforman nuestra precoperativa.

Fuente: Elaboración propia Con base en las entrevistas realizadas a los informantes 1 y 2.

Establecidas las categorías deductivas, se determinaron 15 categorías inductivas como resultado del proceso de “comparación constante” entre las respuestas dadas por cada uno de los informantes en las entrevistas (ver Tabla 5).

Tabla 5. Categorías inductivas.

Categorías deductivas	Categorías inductivas
a.     Idea de negocio	a1. El deseo de tener su propia empresa a2. La convocatoria para postular proyectos innovadores. a3. Ayudar a las personas en condición de vulnerabilidad.
b.    De cooperativa a microfranquicia	b1. Conocimiento de la persona y evaluación de sus capacidades emprendedoras. b2. Viabilidad del negocio.
c.     Perfil de las personas que gestionan la cooperativa	c1.  Personas en condición de vulnerabilidad social o económica. c2. Personas en situación de desplazamiento. c3. Personas emprendedoras.
d.    Camino para crear una microfranquicia en Colombia por personas en condición de desplazamiento	d1. Cumplimiento normativo. d2. Capacitaciones generales.  (En temas como: cooperativismo, microfranquicias, emprendimiento, contabilidad). d3. Capacitaciones específicas. (Dependiendo el tipo de negocio para el caso de las personas entrevistadas: de confección, lencería, muñequería, mercadeo, etc, y atención al cliente; barismo; manejo de caja; contabilidad básica y manejo de equipos).
e.     Tipo de personas que se vinculan a la cooperativa	e1. Personas en situación de desplazamiento. e2. Personas emprendedoras.
f.      Las cooperativas y sus procesos de inclusión social	f1. Se genera empleo. f2. Mejorar la calidad de vida de las personas en condición de vulnerabilidad.

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a los informantes 1 y 2.

La interpretación y categorización de los datos nos permite conocer, además del perfil de las personas que participan en los proyectos de inclusión, el proceso que dada su condición de vulnerabilidad social y económica (fundamentalmente víctimas de desplazamiento), siguen para crear sus propios negocios respaldados por el gobierno, por una marca y por algunas entidades del Estado como la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Colciencias, el SENA, la Cámara de Comercio, entre otras.

Los informantes entrevistados coinciden en afirmar que quienes accedan a este tipo de beneficios del Estado deben ser personas emprendedoras, “con visión empresarial”, con deseos de consolidar su propio negocio y de ayudar a otras personas. Lo anterior unido al cumplimiento de estrictos programas de seguimiento y capacitación para evaluar las capacidades empresariales de los microfranquiciantes y la viabilidad del negocio.

Se ha podido mostrar, con los resultados, que las microfranquicias, como proyectos de innovación social, se han constituido en una alternativa económica, financiera y social para las personas en condición de desplazamiento. Las microfranquisias han significado no sólo una manera de fortalecer el tejido social de las personas, sino una salida para comercializar y administrar sus ideas de negocio, superar sus niveles de pobreza y tener, de acuerdo con los informantes, “una mejor calidad vida”.

También, se demuestra que  las microfranquicias solidarias, como modelos de inclusión social,  permiten a los microfranquiciantes ser generadores de empleo a personas que, como ellos, han sufrido los estragos del desplazamiento, “creo que he ayudado generando empleo y dando a conocer que hay que participar en los proyectos que el gobierno nos ofrece para adquirir recursos y no esperar que todo no lo den por ser personas en condición de desplazamiento, sino que con la ayuda de todos salir adelante” (informante 1).

Conclusiones

En los últimos años el sector solidario se ha fortalecido en Latinoamérica y, particularmente en Colombia, como una opción social y económica del Estado para hacer frente a las nuevas economías de mercado. En tal sentido, se trata de generar estrategias para que las poblaciones que no pueden acceder, o hacer parte, de las políticas del sistema capitalista se integren a la economía y a la sociedad a partir de la conformación de redes de ayuda mutua. La conformación de redes, además de rescatar valores como la confianza, empodera a sus integrantes; contribuye a reconstruir el tejido social y a superar el estado de pobreza en el que han vivido como consecuencia de hechos diversos, entre ellos el desplazamiento.

Si bien el nacimiento de las cooperativas se dio ante la necesidad de las clases trabajadoras y de las organizaciones sindicales de subsistir en una economía de mercado y hacer frente a las políticas económicas beneficiarias de las clases pudientes y con ello aliviar las necesidades de los humildes, de modo que le permitiera a los estados sostener la dignidad de los pobres y evitar su miseria; hoy, las cooperativas se han convertido en las empresas a las que pueden acceder las personas en condición de vulnerabilidad social y económica, fundamentalmente, las víctimas del conflicto armado. Hecho positivo para cualquier sistema democrático si se construye una verdadera red de relaciones equitativas y solidarias.

El desplazamiento en Colombia ha sido motivado por muy diversas causas y ha dejado graves consecuencias en las personas, principalmente, de las zonas rurales del país, quienes lo han padecido de forma directa. Muchas de esas graves consecuencias han sido, entre otras, la ruptura del tejido social, y la pérdida de sus medios y modos de subsistencia. Es por ello que el Estado ha tenido que promover iniciativas para ayudar a que estas personas, que han quedado en condición de vulnerabilidad social y económica, mejoren sus condiciones de vida y ayuden a otros, que han vivido circunstancias similares, a recuperar la confianza en sí mismos y en los otros, para que puedan llevar una vida digna. Por lo tanto, las microfranquicias solidarias son una iniciativa viable para que las comunidades rurales desplazadas interesadas en el proceso que implica su implementación, se puedan organizar y constituir modelos de negocio de amplio y rentable crecimiento. 

De acuerdo con los dos casos exitosos de microfranquicias solidarias, el Estado colombiano y las entidades gubernamentales que apoyan la iniciativa, siguen un protocolo en donde no basta o no es suficiente con ser persona en condición de vulnerabilidad social y económica - es una de las condiciones, pero no la única- pues se requiere que sean personas emprendedoras, líderes, con capacidad de asumir riesgos y con “ganas” de salir a delante. El gobierno, ya luego se encarga de capacitarlos en temas generales como cooperativismo, microfranquicias, emprendimiento, contabilidad, entre otros y en temas específicos propios del tipo de negocio que quieran crear o fortalecer. Además, se busca que quienes lideran o gestionan su propia microfranquicias sean, a la vez, generadores de empleo.

Las personas que actualmente tienen microfranquicias en Colombia, como los dos casos señalados, coinciden en afirmar que éstas son un puente para cumplir con el deseo de emprendedores que lo han perdido todo y que desean tener su propia empresa. Por todo ello, las microfranquicias son una buena manera para que “entre todos nos ayudemos -Estado, empresarios, personas en condición de vulnerabilidad y población en general- para que cada uno desde su contexto elevemos nuestra calidad de vida y, sobre todo, superemos esos traumas dejados por el conflicto armado” (Informante 1).

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[1] La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) fue fundada en Londres, en agosto de 1895. Su sede fue trasladada en 1982 a Ginebra, Suiza. La organización, sujeta a la legislación belga, fue constituida como asociación internacional sin ánimo de lucro en fecha de 23 de mayo de 2013.

 La ACI es la guardiana de los valores y principios cooperativos. Propugna el modelo económico empresarial de las cooperativas, basado en valores específicos, y proporciona igualmente a las personas y las comunidades un instrumento de autoayuda, influyendo de esta forma en su desarrollo (ACI, 2013, p. 1).

[2] Polanyi (2007, p. 85) señala que la división del trabajo es un fenómeno tan antiguo como la sociedad y proviene de las diferencias relativas a los sexos, a la geografía y a las capacidades individuales; y la pretendida tendencia del hombre al trueque y al intercambio es casi completamente apócrifa.

[3] De acuerdo con Garteiz-Aurrecoa (2014, p. 15-16) el concepto de cooperativismo está ligado a movimientos cristianos cuyas doctrinas se basaban en la ayuda mutua.

[4] Según Polanyi (2007, p.278), la primera organización nacional de productores con fines sindicalistas ha sido la Operative Buildders Union, que intentó reglamentar directamente el trabajo de la construcción al crear «construcciones a la más amplia escala», al introducir una moneda propia y al demostrar que existían los medios para llevar a cabo con éxito la «gran asociación para la emancipación de las clases laboriosas». Las cooperativas de trabajadores industriales del siglo XIX provienen de este proyecto.

[5]  Falta verificar si, como señala Góngora y Ramos (2013, p.133) “[…] la propuesta de Economía Solidaria vendría a ser una más de las alternativas emanadas de la crítica al capitalismo dominante que ha llevado a la humanidad hacia un proceso de decadencia y crisis civilizatoria, y solo el paso del tiempo podrá evidenciar a través de sus resultados si se trata de una opción viable para reivindicar los derechos e incluir a los que el capitalismo de mercado ha excluido y para los que las promesas del paradigma de la Modernidad no se han cumplido, o si por el contrario, se convertirá en un alibi del sistema dominante para calmar el descontento de las masas marginadas y ser utilizado como un instrumento de manipulación política de los gobiernos de turno sobre los sectores más desposeídos de la sociedad”.

[6] Término de uso exclusivo, de acuerdo con Quijano Peñuela y Reyes Grass (2004, p. 22), de los colombianos.

[7] Es importante tener en cuenta lo citado por Navas Herrera y Mosquera Morenos (2009, p. 281) “los contratos de franquicias no se crean de la noche a la mañana, son el resultado de aciertos y desaciertos tanto empresariales como jurídicos y, en últimas, de la visión económica que se adopta por un marco jurídico. Así, vemos como en los países industrializados la figura de la franquicia goza de una amplia difusión y aplicación incluso dentro de las pequeñas y medianas empresas”.

[8] El Grupo para la Inclusión Social está adscrito al despacho de la Viceministra de Desarrollo Empresarial.

[9] De acuerdo con la Unidad Administrativa Espacial de Organizaciones solidarias, se busca  que el proyecto llegue a  cuatro regiones donde se ha identificado “el mayor número de familias de atención prioritaria por su condición de extrema pobreza. Estas regiones son: Región 1:   Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. Región 2:   Antioquia, Tolima, Huila y El Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda).Región 3:   Santander, Cundinamarca (Incluye Bogotá D.C.), Boyacá y Meta. Región 4:   Valle Del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. Es importante señalar que el  proyecto se inició en el  2014 y que ya existen, en Colombia y distribuidas en las regiones mencionadas,  más de 150 microfranquias solidarias legalmente constituidas (a agosto de 2015) - como las que aquí se citan. (Portal de economía solidaria,2015) 

[10] Se han omitido los nombres de los informantes y nos referiremos a ellos como informante 1 y 2.