Legitimación procesal activa del poder judicial en la interposición de medios de control constitucional
Active Procedural Legitimation of the Judicial Power in the Interposition of Means of Constitutional Control
DOI:
https://doi.org/10.15446/peju.n60.119877Palabras clave:
controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, poder Judicial, legitimación procesal activa, tribunal constitucional (es)constitutional controversy, unconstitutional action, Judicial Power, active procedural legitimation, constitutional court (en)
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Dentro de la estructura de los medios de control constitucional (controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad) establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el orden jurídico nacional, se prevé actualmente una legitimación procesal activa para que los poderes Legislativo y Ejecutivo, las entidades federativas, los municipios, las alcaldías y los órganos constitucionales autónomos puedan interponer dichos mecanismos. La procedencia de estos medios frente a normas generales, actos u omisiones de poderes u órganos del Estado que vulneren el principio de división de poderes (separación de funciones y ámbitos de competencia) es altamente relevante para mantener la integridad de dicho principio y garantizar la supremacía constitucional en un Estado de derecho. El texto fundamental vigente omite considerar al poder Judicial como sujeto procesalmente legitimado para hacer uso de estos mecanismos de defensa constitucional. Además, la normatividad internacional aporta pocas referencias significativas sobre una legitimación similar para este poder en países que mantienen una división de poderes comparable a la de México. Bajo estas consideraciones, resulta impostergable conferir legitimación procesal activa al poder Judicial frente a actos que violen el principio de división de poderes y, por ende, comprometan su autonomía e independencia.
Within the structure of the means of constitutional control (constitutional controversy and unconstitutionality action) established by the Political Constitution of the United Mexican States and the national legal framework, active procedural legitimation is currently granted to the Legislative and Executive Powers, states, municipalities, mayors, and autonomous constitutional bodies. The applicability of these mechanisms against general norms, acts, or omissions by State powers or bodies that infringe on the principle of division of powers (separation of functions and areas of competence) is crucial to preserving the integrity of this principle and upholding the supremacy of the Constitution in a rule of law. The current constitutional text fails to consider Judicial Power as a procedurally legitimate entity to utilize these mechanisms of constitutional defense. Furthermore, international regulations provide Little significant guidance on such legitimation for the Judicial Power in countries with a division of powers like Mexico’s. Considering these considerations, it is imperative to grant active procedural legitimation to the Judicial Power to address actions that violate the principle of division of powers and, consequently, its autonomy and independence.
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