Ensayos de Economía

Introducción

El que fue ministro de guerra, jefe de gobierno y presidente de la república en fases distintas de la década de 1930 en España, Manuel Azaña, constituye una de las figuras cuyo pensamiento y cuya actividad mayor interés han despertado en tal país a la hora de bucear en el pasado reciente. Sin embargo, aun con esa exploración intensiva que contempla varios estudios biográficos y monográficos —donde no parecen quedar resquicios y se repiten delimitaciones temáticas bajo distintas perspectivas— no han sido objeto de tratamiento diferenciado tan recurrente sus ideas económicas y sociales, pese a su importancia en su bagaje intelectual y el alto protagonismo que él jugó en estas esferas y en otras marcadas por las mismas.¹ Por ello, antes de aproximarnos a estas concepciones, con otras ideas introductorias, reflexionaremos sobre esa menor atención relativa y sobre su interés.

¿Por qué incidir en los criterios económicos y sociales de Manuel Azaña? Ideas introductorias

Del escaso seguimiento que han recibido las ideas económicas y sociales de M. Azaña resultan exponentes algunas publicaciones ampliamente centradas en él y su pensamiento.2 Ello no significa que varios de estos autores no incluyan algunas consideraciones al respecto. Peña-González (1991), por ejemplo, subraya su percepción de que las dificultades de la crisis de 1929 habían inducido a una renuncia al liberalismo tradicional y mayor protagonismo del Estado. Al comentar su faceta literaria, Ferrer-Solà (1991) indica que trascendió del descripcionismo esteticista de la Generación del 98 a valorar las consecuencias sociales de una larga decadencia histórica y política. En un trabajo más panorámico, Marichal (1986) le atribuye una convicción creciente sobre la insuficiente preparación de la sociedad española para asimilar las transformaciones propuestas por él y su generación.

Mayor aproximación al ideario económico-social de sus primeros años realiza Suárez-Cortina (1996), que resalta su participación en la reflexión “regeneracionista” sobre el atraso español, intensificada tras la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. Tras la impronta del liberalismo krausista y del catolicismo social, este autor detecta una orientación reformista posterior, bajo influjo de la cultura francesa, como parte del mismo proceso que alimentaría su fe republicana. También otros autores como Marichal (1982), Aubert (1996), Márquez-Padorno (2001) y López-Sánchez (2006, p. 211) han señalado sus vínculos generacionales y regeneracionistas —al margen de sus distintos caminos ideológicos— con humanistas como Ortega y Gasset, Américo Castro y Sánchez Albornoz. Juliá (2008, p. 43) resalta en su preparación juvenil en Madrid lecturas sobre aspectos sociales, especialmente sobre socialismo.

Bajo la noción de modernización que preside algunos trabajos sobre el pensamiento económico de la época —como Martín-Aceña (2002) y varios en el volumen coordinado por Fuentes-Quintana (1999)—, no se valora un cuerpo autónomo de ideas en quien figura como un político al que, en tal plano, solo parece aplicársele la función de confiar en algunos especialistas como Flores de Lemus, Agustín Viñuales y Gabriel Franco. Fraile (2000) elude incluso el nombre del influyente republicano cuando advierte un predominio de “hombres de leyes” con dudosa formación económica entre los responsables supremos de asuntos económicos y sociales.

En un libro que reúne dos valoraciones sobre Azaña, “Cara y Cruz”, la displicente de Velarde (2003) gira ampliamente en torno a omisiones en sus escritos para cuestionar el vigor de sus ideas económicas. Entre otros silencios, este autor observa cómo en determinados momentos él no alude al debate socialista que supuso el revisionismo, a Keynes, al New Deal estadounidense o a la escisión sindicalista del anarquismo español. Ante ello, pueden esgrimirse dos objeciones: primero, el significado de muchos aspectos no se valora de igual modo cuando se inician que al contemplarse a larga distancia —el New Deal, por ejemplo, nació el mismo año, 1933, en que Azaña interrumpió sus diarios hasta prácticamente 1937—. Por otra parte, él escribe bajo circunstancias y formatos que no siempre propenden al tratamiento —ni menos, profundo— de algunas cuestiones. Así, un comentario ocasional como el siguiente en el convulso mayo de 1937 ya denota su percepción de diferentes actitudes de contemporización dentro del anarquismo, aunque no abunde ni profundice: “Me pareció prudente llamar a Peiró, único de los cuatro ministros de la CNT que se acreditaba de moderado y sensato” (Azaña, 1978b, p. 51). Podría sumarse una tercera apostilla: cualquier tema, económico, social o de otro tipo, es susceptible de tantas perspectivas y matices que siempre se podrán encontrar omisiones, sobre todo si se circula por paradigmas diferentes. Además, si se observan los discursos y los artículos finales de Azaña, que Velarde (2003) no parece haber considerado, otras de las lagunas que apunta dejan de serlo, como el significado de la Gran Depresión o el papel favorable del bajo tipo de cambio en las exportaciones —al margen de que, por otro lado, una gran depreciación, como la temida por la fuga de capitales en 1931, también implique problemas—. En el trabajo yuxtapuesto al de Velarde (2003), Morán (2003) explica la omisión de Keynes en términos que pueden extenderse a otros casos: antes de su difundida Teoría General de 1936, en España este economista solo era conocido prácticamente en el ámbito académico —tan estrecho entonces para la especialidad de Economía³—.

En la esfera social, sin incluir la reforma agraria, el propio Tuñón de Lara (1970/1988) le atribuye a Azaña un desinterés a fines de 1931 que daría paso en 1936, tras el triunfo del Frente Popular, a una franca apreciación. La despreocupación inicial atribuida por este historiador se ampara en su anuncio como jefe de gobierno de pretender simplemente continuar y consolidar las leyes sociales ya existentes. A nuestro juicio, esta propuesta contenida refleja unas intenciones de gradualidad por los obstáculos vislumbrados. No en vano, priorizaba en el mismo discurso el desarrollo de unos presupuestos austeros.

La atención investigadora sobre la segunda república española ha sido notable en tres campos en cuyo cambio normativo confió y se implicó sobremanera nuestro personaje: ejército, relaciones Iglesia-Estado y organización político-territorial, singularmente autonomía catalana (Pau-Pedrón, 1990). Aunque sin tanto vigor como en estas cuestiones, el estudio de la reforma agraria ha promovido también referencias a los criterios e intervenciones de Azaña. Otros temas, como la actividad cultural o los programas republicanos, incluyen asimismo, a veces, alusiones a sus criterios económico-sociales —por ejemplo, Tuñón de Lara (1970/1982) y Avilés (1985)—. En conjunto, puede vislumbrarse un panorama general de relativa penumbra más que de olvido donde, aparte de la dificultad que puede suponer contemplar estas ideas individuales en las líneas preferentes de investigación, pesa sin duda el hecho de que entre sus escritos no son característicos los de neto y exclusivo contenido económico-social.⁴ Pero lo cierto es que en sus diversas participaciones —diarios, discursos, ensayos, artículos del exilio— abundan las alusiones y disquisiciones sobre condiciones económicas y sociales del país, propuestas, políticas aplicadas y algunos aspectos teóricos.⁵

En la introducción que Juliá (2004) realizó al editar los discursos políticos de Azaña, se refería a la facilidad —con más riesgo en tales intervenciones orales— con que a veces el hermeneuta utiliza los textos hilvanando citas para exponer su personal visión, sin que siempre el autor pueda —o pudiera— reconocer sus ideas en los resultados. También Sanz-Agüero (1975) hablaba de aproximaciones subjetivas que, al proyectar sobre Azaña valores ideológicos propios, revelaban la dificultad de ofrecer una imagen completa y coherente de sus ideas. A nuestro juicio, aunque quepan grados distintos de desfiguración, este desajuste entre el pensamiento real y el evocado es inevitable siempre, puesto que toda exégesis de una o más obras transcurre por un medio, bajo unos criterios y con unos objetivos distintos a los que guiaron a su autor, lo cual marca la selección de aspectos a tratar y delimitar, los conceptos utilizados y las pautas de interpretación y contextualización. El modo en que todo ello puede incluir sesgos marcados se manifiesta en relación con nuestro personaje, por ejemplo, al contemplar su estudio sobre el movimiento comunero castellano de 1520-1521 sin evocar su noción de “revolución burguesa”, al descubrir una actitud anticlerical tras su mero laicismo y al considerar su valoración de la idiosincrasia nacional sin advertir su interpretación en unas estructuras sociales muy desiguales y grandes insuficiencias educativas. La omisión de sus ideas económicas y sociales encierra una dosis de desvirtuación tanto cuando se afronta su pensamiento global como cuando se abordan parcelas que él no desconecta de las mismas. En sentido distinto, también contiene indefectiblemente algún grado de trastoque una aproximación —como la que aquí pretendemos— que abstrae y entrelaza esos aspectos de exposiciones con marcadas diferencias en formato, circunstancias y trabazón con otros temas. El carácter, además, impresionista o poco explícito de varias afirmaciones del republicano alcalaíno hace que los recursos siempre necesarios a la suposición y a la generalización resulten más arriesgados. A la vez, el hecho de que parte de esas ideas provengan de unos diarios centrados en su vida pública —no concebidos siempre para su edición inminente— los dota de menores restricciones y pautas estandarizadas que los que rigen en sus discursos y ensayos o en cualquier estudio académico.

En estas reflexiones de Azaña no cobra sustantiva presencia América, si bien no figura totalmente ausente. Desde 1931 se intensificó en España la investigación sobre este continente tanto por las perspectivas de relaciones políticas y culturales como por el debate sobre la “leyenda negra”, que un libro de 1914 de Julián Juderías vino a propulsar. En consonancia también con su inserción creciente en la enseñanza, el tratamiento histórico de estos países incluía aspectos socioeconómicos y culturales al lado de los tradicionales de tipo político-militar (Gómez-Herráez, 2012). En la década de 1930, Ots-Capdequí, vinculado precisamente al grupo político de Azaña y seguidor de Rafael Altamira, impulsa ese interés desde su dirección del Centro de Estudios de Historia de América en Sevilla y mediante otras actuaciones.⁶ En sus reflexiones sobre España, Azaña se refiere ocasionalmente a las conexiones culturales e históricas con América como base para una colaboración pacífica, que, según su propia expresión, no siempre habían podido ser colmadas. En el contexto de la guerra civil, contempla la diplomacia como capítulo estratégico esencial y confía en unas posibilidades de respaldo que hallarían gran respuesta en México, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas (Enríquez-Perea, 2001). La evocación de América figuró también desde un principio en sus digresiones históricas más generales. Al rechazar las visiones sublimes anteriores y coetáneas de la historia de España por autores conservadores como Menéndez Pelayo y Ramiro de Maeztu, él ponía en primer plano los intereses económicos, sin desdeñar posibles impulsos psicológicos, y ya en su conferencia de febrero de 1911 en la Casa del Pueblo de Alcalá priorizaba el “mito del oro” en el interés en América (Azaña, 2004): tras la unificación dinástica de los Reyes Católicos, la expansión imperial no se rigió por los rumbos mediterráneos de la intervención histórica catalano-aragonesa ni por la continuidad geográfica que representaba el norte de África, sino por la sed de riquezas y de aventuras que suponían los misteriosos países del oro en América. En su análisis del movimiento castellano de 1520-1521, Azaña (2002) contempla la petición planteada por los sublevados sobre supresión y revocación de “mercedes de indios” para extracción de oro y otras actividades.

Aunque las reflexiones de Azaña conciernen a una realidad europea, en los años de 1930 los países iberoamericanos y los ibéricos presentaban algunas semejanzas en sus estructuras económicas, salvando la especificidad de cada proceso evolutivo y tantas singularidades regionales. Los niveles generales y relativos de “atraso” en unos y otros casos no pueden explicarse de la forma esencialista y ahistórica que trazaba Fukuyama (1992) al distinguir un provechoso legado cultural de una Inglaterra liberal sobre sus colonias del nefasto procurado por España y Portugal, de base feudal y mercantilista, sobre las suyas. Más realista se presenta la deliberación anterior de Lacoste (1971/1981) cuando, al vincular genéricamente el subdesarrollo del siglo XX a los precedentes coloniales en todo el planeta, no estimaba que la independencia más temprana de los países iberoamericanos supusiera una excepción, puesto que la ruptura con la metrópoli había sido promovida por colonos interesados en obtener las máximas ventajas de las condiciones existentes. Aunque este mismo autor advertía de la inconsistencia de incluir como subdesarrollados a países de la Europa mediterránea, también reparaba en la “dependencia” que sobre el capitalismo español y portugués había introducido su temprano imperialismo sin abolir plenamente las estructuras feudales. Unos y otros tipos de argumentos aparecían ya prefigurados en la década de 1930, como refleja el alemán Fedor Ganz en su Ensayo marxista de la historia de España ( 1934/1977). Por un lado, este autor, aunque sin valoraciones esencialistas, distinguió a los colonizadores españoles, más netamente rentistas, de los británicos, más implicados por su afán de lucro en actividades diversas, incluyendo la piratería y el comercio de esclavos. Por otra parte, interpretaba las guerras de independencia del siglo XIX como una cuestión básicamente interna entre dos oligarquías —aristocracia criolla y funcionarios— con tronco común español. En huida tanto de la leyenda negra como de la “blanca”, en una colaboración en Anuario de Historia del Derecho Español, Ots-Capdequí (1934) distinguía varias situaciones derivadas de la colonización en América, pero en última instancia subrayaba fórmulas coercitivas de típico sabor feudal sobre la población autóctona, tanto en agricultura como en minería, en una dinámica que vendría a combinar ampliamente servidumbre y mercado.

Al observar los procesos de industrialización del siglo XIX, Berend y Ranki (1988) distinguían una periferia europea —especialmente en las áreas mediterránea y balcánica— muy similar en sus características y en sus problemas a las extraeuropeas. Ante los retos de la Gran Depresión en la década de 1930, podemos decir, persistían varias de esas semejanzas entre los países iberoamericanos y los ibéricos: desigual distribución de la propiedad agraria, marcada proletarización, abultado sector poblacional en dinámica de subsistencia, menor desarrollo industrial, predominio de exportaciones de productos primarios, significativa presencia de capital extranjero con vínculos con el nacional, etcétera. A ello se puede sumar un influjo de la religión católica reflejado ampliamente en la legitimación de las estructuras resultantes, aunque también anide un potencial crítico y reivindicativo que se ha manifestado en América desde las denuncias de fray Bartolomé de las Casas sobre trato a los indios hasta los planteamientos recientes de la teología de la liberación. En un artículo de 1946 en Las Españas, periódico editado por exiliados en México, Vázquez-Humasqué observaba una evolución capitalista muy similar en las agriculturas española y mexicana. Este otro correligionario de Azaña, agrónomo muy implicado en la gestación y aplicación de la Ley de Reforma Agraria (Robledo, 2007), descubría un acaparamiento latifundista de tierras a partir de la reconquista medieval y de la conquista española, respectivamente, que se habría prolongado en nuevas condiciones en el siglo XIX. En el primer tercio del XX, sin embargo, detectaba una divergencia: mientras en México se abrían posibilidades de distribución, en el caso español la sublevación de 1936 las cerró totalmente al aplastar la incipiente reforma republicana. Esa desigual distribución de la propiedad en España —recordamos aquí— había propiciado desde el siglo XIX, con el crecimiento demográfico, una fuerte emigración a países iberoamericanos, incluyendo Brasil.

En nuestra aproximación a las apreciaciones económico-sociales de Azaña hemos optado por un criterio cronológico global, con abril de 1931 como divisoria: hasta ahí, él teoriza a partir de lecturas y observaciones “desde fuera”; desde entonces, cuando se proclama la república y él asume funciones de gobierno, cobran fuerza la experiencia y los objetivos que le proporciona su función gestora. Al Azaña netamente intelectual sucede sin contradicción el Azaña también estadista. Hasta la fecha indicada su temática resulta tan caleidoscópica como su propia trayectoria vital, con mayor peso de la reflexión económica y social en los primeros años, tras su doctorado en Derecho y a instancias de sus preocupaciones regeneracionistas. La segunda década del siglo, marcada por su estancia como pensionado en Francia y su vínculo al Ateneo de Madrid, abre paso a una etapa creativa más variopinta —catapultada desde 1920 al promover con Rivas Cherif la revista La Pluma— con temas literarios, históricos y actuales diversos. Su fuerte implicación política desde abril de 1931 interrumpe prácticamente ese polifacético camino reflexivo y literario, como él lamenta a veces, para concentrarse creativamente en medios conectados a esa actividad pública que dejan gran cabida relativa a las cuestiones económicas y sociales (discursos, diarios, libros testimoniales). Estas otras intervenciones adquieren nuevos tonos durante la guerra y el exilio, como reflejan las muestras que incluiremos con un balance genérico en un pequeño epílogo final.

Un programa “regeneracionista” con gran cariz social (1900-1931)

Ya los dos textos de juventud con los que coronó sus estudios de Derecho reflejan la importancia que Azaña daba a los aspectos económicos y sociales: La responsabilidad de las multitudes, presentado en 1900 como tesis de doctorado en la Universidad Central de Madrid, y La libertad de asociación, expuesto en la Academia de Jurisprudencia en 1902. En el primer trabajo, influido por la emergente psicología colectiva, sostiene mediante una de sus comunes inmersiones históricas que, si bien en el pasado había sido característico el combate contra poderes despóticos aliados a religiones intolerantes, ahora habían desaparecido las luchas religiosas y cobraban fuerza las políticas y económicas. Esta últimas constituían, a su juicio, “el problema más pavoroso de la época actual” y “el que ocasionaría mayores trastornos a la humanidad en lo porvenir”. En la expansión entre los obreros de ideales socialistas y anarquistas temía una alteración profunda de las pautas con que se venía rigiendo la civilización occidental. Siempre se mostraría reticente ante estas fórmulas revolucionarias como totalidades y especialmente ante su imposición por un sector, pero, como observaremos, no se cerraría completamente ante sus propuestas. Aquí partía también de otra premisa de ecos socráticos y marxistas a la vez que, en lo esencial, mantendría también en el tiempo: los desmanes causados en la sociedad derivaban de las condiciones míseras de vida de sus protagonistas y, aunque cabía distinguir a las gentes comunes y honestas de los individuos oportunistas y crueles, los conflictos resultaban tanto más virulentos en función del nivel de desigualdad, cuando se manifestaba más irritante la imposibilidad de adquirir medios para sobrevivir, lo que ocurría sobre todo, pero no exclusivamente, en épocas de crisis.

En su discurso sobre el asociacionismo, Azaña volvía a considerar las desigualdades sociales como fuerza explosiva que había prendido intensamente en tiempos contemporáneos. Que el Estado fuera objetivo predilecto en estos estallidos venía a confirmar esta conexión, puesto que, si se mantenían esas distancias que impedían participar a amplios sectores en el progreso, la organización política era estimada como desajustada, como inapropiada tanto por su ineficacia como por los niveles desatados de corrupción. Al poder omnímodo del estado absolutista le sucede una fórmula liberal más dispersa donde se trata de proteger al ciudadano orgánicamente de los posibles abusos de otros, pero ello se hace bajo un criterio uniforme que no contempla la variedad de situaciones y tradiciones y puede provocar distorsiones, como la división del territorio en circunscripciones provinciales más o menos equivalentes en superficie. A nivel social, son criterios básicamente jurídicos los que definen el objetivo igualitarista, de forma que se eliminan privilegios fiscales y otros que marcaban ostensiblemente las diferencias, pero no se conciben medidas susceptibles, a la vez, de elevar a los sectores inferiores. El resultado es una sociedad con individuos provistos de similares derechos, libertades y prerrogativas, pero sin apoyos y defensas de los más débiles frente a las depredaciones posibles de los más poderosos. En sus primeros diarios dispersos, redactados con motivo principalmente de viajes por España o por Francia, y también en algunos otros textos, Azaña deja constancia de situaciones muy deplorables y polarizadas: lo hace, por ejemplo, cuando observa las viviendas de algunos pueblos castellanos y gallegos, no por grandes diferencias internas, sino porque todas resultaban igualmente parcas e inadecuadas en función del control económico ejercido por potentados que, residentes a menudo lejos, también aprovechaban el territorio para su ocio personal.

En este análisis de 1902 Azaña introduce el concepto “clases sociales” en términos parecidos a como se hacía desde ideologías obreristas desde el siglo XIX, aunque de forma muy genérica: bajo la concepción de una dicotomía básica entre una clase superior y otra inferior en permanente contraposición. En el escenario social vislumbra el drama de una pugna continua, darwinista, donde los fuertes vencen siempre a los débiles y estos utilizan todos los medios a su alcance para mejorar su suerte. Pero tras ese esquema explicativo, la propuesta de Estado de Azaña difiere diametralmente tanto del rechazo anarquista como de la idea marxista de que constituía un instrumento de la clase dominante que debía conquistarse previamente a la consolidación de un sistema comunista. Frente a esas posiciones más rupturistas, Azaña camina por una senda de liberalismo intervencionista, de sabor krausista, que le hacía a Suárez-Cortina (1996) destacar el influjo de nombres relacionados con la Institución Libre de Enseñanza, citados en su trabajo de 1902, como Gumersindo Azcárate, José Manuel Piernas y Concepción Arenal.⁷ Para el entonces joven doctorado en Derecho, el Estado resultante de las revoluciones liberales era un ente que, al detenerse en equiparaciones jurídicas y otras formales que asimilaban entre sí a todos los individuos, se inhibía de hacer frente a las desigualdades sociales reales, que además no dejaban de crecer en un marco caracterizado por la rivalidad de clases y la ausencia o desvanecimiento de la solidaridad, como si de un estado natural se tratara. Contra lo teóricamente estipulado, la personalidad no podía realizarse, el vasallaje proseguía bajo derroteros distintos a los del feudalismo y una parte importante de la población seguía viviendo amarguras sin cuento. Azaña clamaba tanto contra un Estado absorbente, árbitro todopoderoso, ampliamente interventor y proveedor de todos los servicios como contra aquel que no afrontaba los desequilibrios sociales. Pese a su gran diferencia, él aunaba ambas modalidades, la omnipresente y la esquiva, en un resultado común: el de imposibilitar el desarrollo de la individualidad y condenar a una gran cantidad de población a mantenerse en la desorientación y el sufrimiento permanentes. De esta concepción brotaba el sentido de la exposición que realizaba: el derecho de asociación constituía una necesidad, con la propia reforma del Estado, para que se rompiera aquella especie de “ley de hierro” que perpetuaba la indefensión, la precariedad y la desigualdad.

La valoración que Azaña hace de las asociaciones, de su marco jurídico y de sus relaciones con el Estado tiene varios matices, incluyendo la prevención de que también ellas podían resultar coercitivas y anular la iniciativa individual, como los gremios históricos. En común con aquellos idearios conservadores que preconizaban unas “personalidades colectivas jurídicas intermedias” entre el Estado y el individuo, sin observar si también podían afectarles las diferencias subyacentes de clase, Azaña juzgaba necesarias las asociaciones también por la imposibilidad de las autoridades públicas de afrontar todos los requisitos para un desarrollo económico y social. Considera verdadero “vicio” o “corruptela” de la época, producto en parte de la creencia en la omnipotencia del Estado y en la insignificancia del individuo, el esperarlo todo de la “acción providencial de los gobiernos”, tanto lo posible como lo imposible, sin mínimo espacio para la cavilación y la responsabilidad personales.

Azaña defiende la idea —premisa más tarde en la reforma agraria de la segunda república— de que la propiedad no es inmutable, sino susceptible de cambios tanto espontáneos como inducidos en función de la evolución social. En la misma línea, recuerda que en España se había desarrollado significativamente la propiedad colectiva hasta que en el siglo XIX fue fatalmente desarticulada, lo que a largo plazo generaría problemas y conflictos. Mediante este tema, aunque sea de forma puntual, él se situaba con aquellos autores agraristas que, como Rafael Altamira o Joaquín Costa, bajo distintas perspectivas, reivindicaron un mantenimiento o cierta resurrección de las tierras municipales, lo que también sería abordado durante la segunda república durante el bienio reformista inicial (Piqueras, 2002, pp. 47-48) y bajo la coalición de izquierdas del Frente Popular (Tuñón de Lara, 1985, pp. 187 y ss.), además de originar iniciativas espontáneas (Serrano-Álvarez, 2014).

Azaña se detiene en dos tipos de asociaciones: las religiosas y las de carácter laboral. Sobre las primeras, en la línea laicista que décadas mas tarde plantearía y que en aquellas fechas se estaba aplicando en Francia, aceptaba unas limitaciones oficiales excepcionales mientras supusieran un peligro para el marco liberal-democrático. En las segundas veía un instrumento de mejora e integración del proletariado: se necesitaban instituciones —argüía— que libraran al trabajador de la miseria, de la ignorancia y de la abyección moral. También celebraba las cooperativas de productores y consumidores por reducir la presencia de intermediarios, extender el crédito y procurar mejoras, como había hecho la cooperativa de consumo de Rochdale (Inglaterra), que a sus almacenes de venta sumaba habitaciones para los socios, centros de enseñanza y recreo, cajas de ahorro y otros servicios que, aunque él no alude a ello, también venían siendo promovidos por patronos paternalistas bajo objetivos más netamente rentabilistas y desmovilizadores (Sierra-Álvarez, 1990). Antes del gran impulso cooperativista de la ley de Sindicatos Agrícolas de 1906, susceptible tanto de mejorar la agricultura familiar como de canalizar las intenciones de neutralización de los terratenientes en etapas de mayor efervescencia social y sindical,⁸ Azaña les asignaba un gran potencial de progreso. Bajo un reconocimiento implícito de las “economías de escala”, también propone el asociacionismo entre pequeños industriales para hacer frente a la competencia de las grandes manufacturas.

Frente a estas intervenciones iniciales de marcada naturaleza jurídica, su disertación en la Casa del Pueblo de Alcalá en febrero de 1911, titulada “El problema español”, encierra una visión y un programa de más alto alcance. Al tratarse de un espacio vinculado al partido socialista que, según el modelo francés, albergaba objetivos de culturización y politización, el clima resultaba apropiado para desplegar un marcado tono social muy conectado, a diferencia de la fórmula anarquista, al interés en la participación política y las reformas. No es que exponga aquí una filosofía económica y social inamovible, pero transmite unas concepciones que laten aún cuando veinte años después asume funciones políticas y, durante la guerra, ante la obra revolucionaria dirigida por el anarquismo. Al inicio de su madurez y sin representar oficialmente a ningún sector, Azaña alza la voz en nombre de su generación para clamar: “Nos horroriza el pasado, nos avergüenza el presente, no queremos ni podemos perder la esperanza en el porvenir”. En seguida, contempla un problema general en el mundo contemporáneo: de las ventajas del extraordinario progreso técnico queda excluida una porción misérrima de la humanidad —perceptible incluso en Londres— que aspira a experimentar el fenómeno mejorando sus condiciones y no, como a menudo ocurría, empeorándolas. Esta participación resultaba especialmente difícil en España porque, a su juicio, “la rapacidad egoísta de los de arriba” y “la abyección infrahumana de los de abajo” impedían en un círculo vicioso ofrecer respuestas adecuadas a los retos que iban surgiendo. Existían, por tanto, dos problemas interrelacionados: se debía hacer frente a hechos morales, intelectuales y económicos del presente, pero se arrastraban dificultades morales, intelectuales y económicas, producto de la “urdimbre de la historia”, que complicaban enormemente la organización y aplicación de respuestas apropiadas. Una expresión capital de ese desajuste —como seguiría estimando siempre— era el déficit educativo: no insistía aquí en fomentar una capacitación técnica y profesional que mejorara la eficiencia del sistema productivo, sino una formación susceptible de orientar críticamente a la población joven, desde la escuela a la universidad, antes de que las obligaciones familiares de la edad adulta lo dificultaran. Era necesario promover seres que, a la vez que no se cerraran a la innovación, no se obnubilaran por señuelos que perpetuaran la situación existente. Se trataba, también, de constituir ciudadanos con responsabilidad política, base para acabar con el sistema caciquil fundamentado en la corrupción y la dependencia asistencial, pero requisito asimismo para la eficacia del funcionamiento económico, que ejemplifica con una reforma fiscal en Inglaterra que gravaba los niveles riqueza: “teniendo el sufragio universal, la nación entera es su propio ministro de Hacienda, el pueblo es el dueño de sus cuartos y puede disponer de ellos, reformar la repartición de los impuestos y la circulación de la riqueza”.

Lejos de quedar ahí, su crítica de 1911 se hace global al abarcar genéricamente los desajustes en distintos sectores económicos, al combinar inextricablemente lo económico y lo político y al descubrir unos procesos de monopolización que le hacen ir más allá de los planteamientos regeneracionistas al uso y de otras posiciones contra el liberalismo económico. Azaña descubre varios desequilibrios contra los que dirigirá su interés cuando se asiente en el gobierno dos décadas más tarde: en el campo, juzga un despropósito que algunos potentados gocen de enormes cotos de caza y gran cantidad de población se vea obligada a emigrar por falta de tierras; en la industria, en función de la oligopolización, figuran fabricantes imprevisores que suben enormemente los precios; el presupuesto público lo absorben altamente gastos absurdos o improductivos que, además, permiten la permanencia e influjo de grupos interesados solo en sí mismos. Aunque sea de forma concisa y en la línea elemental y retórica con que se dirigía a una población no especialista, al final de este diagnóstico Azaña (2004) funde la idea de un sistema fiscal que grave según los niveles individuales de riqueza con una sugerencia nada compleja, sustentada en el sentido común, que evoca las ideas de extracción y superación de la plusvalía del trabajo que advirtieron Rodbertus y Marx: “Queremos variar el sistema tributario, de suerte que quien más tenga pague más; queremos acercar el trabajo al trabajador, que el trabajo sea reproductivo e imposible la vida del parásito, llámese como quiera” (p. 34).

En algunas intervenciones posteriores de distinta magnitud y naturaleza, Azaña observa formas diversas con que el poder social impregna y define el poder político, de manera que la verdadera sustancia del segundo no reside en quienes ocupan cargos públicos ni, por tanto, en tiempos contemporáneos, en fuerzas políticas organizadas en partidos, sino en las clases favorecidas que, entre sus cauces de dominio social, incluyen el control de las instituciones. En “Caciquismo y democracia”, publicado en la revista España en 1923 e incluido en la recopilación de 1930 Plumas y palabras, bucea una vez más bajo la apariencia para desenmascarar la realidad que subyace: lejos de valorar el caciquismo como efecto derivado del sistema constitucional, lo contempla como nuevo instrumento del viejo despotismo para hacer valer sus intereses y burlar los principios de soberanía nacional. Tal mecanismo de control oligárquico, ahora con la burguesía como sustituta de la nobleza, no es una fórmula exclusivamente política, sino que sigue teniendo su fundamento en la posición económica, social y profesional de los potentados del área rural, dado que se ampara en la tutela ejercida a través de la propiedad del suelo (“las tierras que se arriendan al leal y se quitan al traidor”), el control del mercado de trabajo (“los jornales que se dan o se niegan”), las concesiones en tiempos de dificultades (“la fanega de trigo para el pegujalero pobre en el rigor del invierno”), el ofrecimiento de servicios asistenciales (como el sanitario), la práctica de la usura y la asistencia religiosa (“Lo que el prestamista o el médico no toman para sí, suele disfrutarlo el cura”). De ahí que la lucha contra el caciquismo, que él concibe como lucha de clases, encuentra su verdadero significado en la emancipación económica y social, “esos gérmenes de democracia campesina” que destruyen el artificio de las banderías políticas y el juego de alianzas entre la burocracia y la oligarquía parlamentarias y estos grupos locales. La pugna partidista, entre caciques, se agota ante el cuestionamiento que realizan sociedades de braceros y pequeños labradores. Esta concepción sobre el caciquismo, aparte de su sentido político y su implicación con la reforma agraria, habría de pesar en su aversión a realizar concesiones económicas como intercambio para conseguir apoyos de cara a cualquier objetivo.

Antes que el trabajo anterior, con motivo de su postura aliadófila durante la primera guerra mundial, Azaña había pronunciado una conferencia en el Ateneo de Madrid, en mayo de 1917, donde, para explicar las posiciones germanófilas en España, apuntaba razones netamente ideológicas que remitían a sus interpretaciones del atraso y del predomino burgués tal como aquí se habían manifestado. Para él, lo que imperaba tras tal decantación ante los beligerantes, por encima de las explicaciones históricas y mistificadoras dadas, era una animadversión hacia Francia por la incidencia que aquí habían tenido el liberalismo, el republicanismo, el movimiento sindical y, para cerrar el cuadro de “temores”, incluso el desarrollo del socialismo. Para Azaña (2004), este rechazo contenía una contradicción de fondo: las mismas fuerzas conservadoras que celebraban la adopción de innovaciones técnicas y adelantos de orden material, cerraban las puertas al clima espiritual y político necesario para un desarrollo autóctono de la educación y de la ciencia que permitiera participar de lleno en el progreso de la civilización.

En una interpretación histórica incluida en Plumas y palabras, Azaña también prioriza los intereses sociales en la dinámica política. Se trata de su estudio de la sublevación comunera de 1520-1521 contra Carlos I, cuyo enfoque renovador y seguimiento posterior celebraba Gutiérrez-Nieto (1973, pp. 99-100): en oposición a la visión sublime seguida por Ganivet en su Ideario español, él explicaba este movimiento castellano como “revolución burguesa y menestral, urbana”, donde un sector amplio de población, procedente principalmente de actividades manufactureras, crea una alternativa de gobierno frente al absolutismo que representa el rey venido del exterior y que ampara ampliamente la nobleza que forman Grandes y caballeros. Tal interpretación prolongaba y a la vez reformulaba sobre bases sociales la liberal que en el siglo XIX trataba de resaltar una tradición antiabsolutista, que también resultaría especialmente evocada como estímulo durante la guerra civil en la zona republicana (Gómez-Herráez, 2020).

Si se observa, los trabajos elaborados por Azaña entre 1900-1930 se caracterizan por su diversidad temática y formal, pero también por un fondo común de ideas que no desaparece —aunque adquirirá nuevos matices— cuando tras abril de 1931 asuma funciones de gobierno y participe en la pugna electoral.

Los retos económicos y sociales de la gestión republicana (1931-1936)

De la importancia que el carismático orador siguió dando a los aspectos económico-sociales cuando ocupó altos cargos desde abril de 1931 —entre octubre de ese año y septiembre de 1933 como jefe de gobierno— resulta aclaradora una observación en su discurso a los republicanos catalanes el 30 de agosto de 1934, cuando figuraba en la oposición, trataba de aglutinar fuerzas con sentido electoral y rechazaba ostensiblemente posturas rupturistas como las que estallarían en octubre de ese mismo año (Azaña, 2004): si para muchos, comentó, el interés en el advenimiento de la república se agotaba en la sustitución de las estructuras externas del sistema monárquico, para otros, entre los que se posicionaba él, al nuevo régimen le correspondía también llevar a cabo una obra verdaderamente “revolucionaria” que —no por mero afán destructivo ni de reparación de agravios, sino para integrar los factores discordes que abocaban a una crisis general— se plasmara a nivel económico y social. No hablaba simplemente, según dilucidaba, de una crisis industrial o financiera como las efectivamente vividas, sino de una crisis social más global, de tipo moral, donde elementos hasta ahora desatendidos por las instancias estatales manifestaban su malestar y tenían que ser comprendidos en el sistema de gobierno. También revela la importancia que daba a lo económico, en otro sentido, su comentario aparentemente adventicio y ajeno al debate mismo, pero inmediato y contundente, a su amigo Rivas-Cherif (1961/2021) por el vandalismo contra edificios religiosos en mayo de 1931: quienes promovieron y celebraron aquellos actos, adujo, habían provocado una depreciación de los valores públicos y un gran daño a la economía nacional.

En el nuevo contexto, no es ya principalmente en ensayos ni en conferencias muy específicos donde expresa sus ideas, sino en dos formatos que no favorecen la reflexión detenida, pero que impelen a tratar varios temas con distinto potencial de crítica y autocrítica: si en sus discursos figuran ideas, justificaciones y propuestas generales para convencer, en sus diarios, acotados a determinados periodos, incluye comentarios sobre las dificultades y los motivos subyacentes de su proceder. Los dos temas de naturaleza económico-social que mayor interés le procuran son la reforma agraria y las finanzas públicas. El primero, en su sentido amplio, contempla la problemática tanto de los jornaleros como de los pequeños cultivadores con diversos regímenes de tenencia, aunque todas las categorías —arrendatarios, aparceros, pequeños propietarios, con la anterior de jornalero— podían imbricarse entre sí en unos mismos individuos. La cuestión más candente era, sin embargo, la distribución de la tierra y la dotación de las explotaciones resultantes. En una secuencia de sus diarios, Azaña, sin duda inspirado por el modelo francés, expone su “ideal” de un país de explotaciones familiares que alimenten una sociedad y una economía equilibradas y sirvan de sostén a la república, aunque la ley aprobada en septiembre de 1932 contemplaría también la opción del cultivo colectivo, según decisión de cada comunidad de campesinos.

Sus testimonios a favor y su seguimiento del proceso son continuos, por lo que sorprenden la observaciones de Velarde (2003) sobre su desinterés real en la reforma y de Palafox (1991) sobre su incomprensión del problema social agrario y del tiempo como variable relevante.⁹ Tales juicios cabe entenderlos, en parte, por no aprobarse la Ley de Reforma Agraria hasta que la fallida sublevación de Sanjurjo en agosto de 1932 incitó a sancionar a los nobles terratenientes que lo apoyaron y a intensificar el respaldo campesino a la república.¹⁰ Pero, aparte de que, antes, los decretos inmediatos sobre trabajo rural del gobierno provisional, los tres sucesivos proyectos de reforma y la construcción extraordinaria de obras para combatir el paro revelan en sí lo perentorio de la búsqueda de soluciones, Azaña no había dejado de pregonar su gran interés directo en la redistribución de tierras. En julio de 1931, en un discurso a los candidatos a diputados por Acción Republicana, espetó lo siguiente (Azaña, 2004, p. 105): “La reforma agraria, a mi entender, es lo más urgente en el gobierno de la república, y es de tal manera urgente que, si el gobierno republicano tiene la confianza del Parlamento, esta obra debiera implantarse inmediatamente”. Como razones aducía tanto la obligación de atender las necesidades de los ciudadanos —de sofocar el hambre— como los riesgos de perturbación social en las regiones latifundistas. En su diario, ese mismo mes, Azaña (1978a) valora como mero paliativo y como “limosna disimulada” la respuesta urgente que suponían las obras públicas. Su notificación del caso que motiva esta reflexión transmite la magnitud del problema: “Están en Madrid todos los alcaldes de la provincia de Jaén, a pedir dinero, y no se atreven a regresar a sus pueblos. Parece que hay necesidad de gastar dos millones diarios, durante tres meses, para que la gente no se muera de hambre y no se insurreccione” (p. 48). Poco antes, al referirse a la explicación que Sánchez Román le hizo del primer proyecto de reforma, anotó lo siguiente (Azaña, 1978a, p. 28): “El proyecto me parece bien. Convenimos en que habrá que promulgarlo por decreto, porque la urgencia me parece grandísima”. Por la situación lamentable en el campo explicaba en otro pasaje posterior que los reclutas militares prefirieran la vida en los cuarteles a la de sus pueblos (Azaña, 1997): “Se ha dado el caso en algún regimiento de que todos los soldados cumplidos pretendían reengancharse” (p. 6)¹¹.

Con las condiciones económico-sociales y la deseada consistencia del régimen republicano, Azaña informa de otros factores concomitantes, de naturaleza política, que avivaban su interés en la reforma. A principios de febrero de 1932, una breve valoración implicaba al grupo republicano rival que más desconfianza le despertaba (Azaña, 1978a): “Este proyecto tiene además interés político, porque en la Reforma Agraria querían hacerse fuertes los radicales” (p. 398). Dadas las reticencias de los socialistas a la autonomía catalana, en marzo de ese mismo año revela otro objetivo estratégico (Azaña, 1978a): “Mi proyecto era simultanear ambas discusiones [Estatuto de Cataluña y reforma agraria], para conservar unidas las fuerzas y aprobar las dos cosas” (p. 440). Además, durante 1933, las expectativas jornaleras no colmadas y las tensiones resultantes dificultaban la cohesión de la coalición republicano-socialista de una forma que Azaña (1997) resume en estos términos:

En mi partido hay también algunos diputados que desean romper la colaboración socialista. Sobresalen en esto los de Albacete y no está lejos de su posición el propio Giral. Como la presión antisocialista viene de los campos, donde la lucha entre braceros y propietarios es más violenta, el efecto se nota en los diputados por las provincias manchegas, andaluzas y extremeñas. En cambio, los diputados por las grandes ciudades, o por provincias industriales, o por regiones en que la contienda agraria no es tan feroz como en el Sur, ven el problema de otro modo (p. 403).

Si tampoco la reforma se aplicó con gran ímpetu tras aprobarse la ley, no fue por una percepción errónea de Azaña, sino por factores frecuentemente señalados en la historiografía: por un lado, la obstrucción de los grandes propietarios y sus representantes políticos, en posición preeminente tras el triunfo electoral de la coalición de derechas en noviembre de 1933, singularmente mediante la recién constituida CEDA (Montero-Gibert, 1977) ¹²; por otro, unas dificultades de financiación ante los diversos frentes contemplados —expropiación con indemnizaciones en numerosos casos, asentamientos, servicios complementarios—. A fin de cuentas, cuando tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 la ejecución de la reforma adquiera cierta celeridad y las ocupaciones campesinas de tierras tras la contención anterior vayan más allá, la sublevación militar detendrá el proceso con el propio barrido del régimen republicano: uno de los obstáculos se había convertido en definitivo.

Algunas observaciones de Azaña ilustran significativamente de estas problemáticas en la gestación y aplicación de la reforma. En función de la propia función “liberadora” del diario, varias de sus quejas son circunstanciales y derivan de las actitudes seguidas en los debates, por lo que exigen especial prudencia interpretativa. Su faceta del pasado como agricultor y su consustancial realismo le hacen cuestionar algunos criterios en quienes juzgaba que todo lo habían aprendido de los libros. Lamenta también la dificultad de llegar a acuerdos tanto por intereses subyacentes como por netas actitudes personales. Abundan más sus comentarios a propósito de otros políticos con los que interactúa en el día a día que sobre los especialistas.¹³ Pero también emite juicios globales como el siguiente sobre el ministro de Agricultura y sus colaboradores (Azaña, 1997): “Lo fuerte del caso es que en torno a Domingo trabaja una legión de técnicos: agrónomos, arquitectos, sociólogos, etcétera, que hasta ahora no han hecho sino escribir y viajar” (p. 383).

Aparte de la ostensible oposición de las fuerzas conservadoras, políticos y especialistas implicados en la propia iniciativa reformista eran a veces grandes propietarios o tenían vínculos con ellos, como refleja la presencia patronal en el Instituto de Reforma Agraria (Robledo, 2015), el perfil ambivalente de Díaz del Moral en su libro más emblemático (Robledo, 2019) o la propia cualidad terrateniente del presidente de la República, Alcalá Zamora, obstructor del primer proyecto (Maurice, 2006). En sus diarios, Azaña, además de incorporar noticias que conciernen a esos y otros casos, descubre esas reticencias dentro de sus propias filas cuando, ante el debate sobre expropiación de la nobleza tras la sublevación de Sanjurjo, observa el temor de Sánchez Albornoz, muy implicado en la actuación sobre tierras que fueron de señorío, pero beneficiario de unas rentas territoriales de la casa de Montefrío a través de su matrimonio (Azaña, 1997).

Sobre lo profunda e insidiosa que resultaba la oposición social y política a la reforma ilustran unos comentarios suyos a propósito del rechazo a la autonomía de Cataluña, que interpreta como estrategia para cercar al gobierno y poner en difícil tesitura a la propia república (Azaña, 1978a): “Quizá, los que dirigen esta campaña temen más a la ley Agraria que al Estatuto, y se alegrarían mucho de dar con nosotros en el suelo, para impedir aquella reforma” (p. 469). Las dificultades financieras asoman nítidas en julio de 1933 cuando, ante la memoria de los agrónomos presentada por Marcelino Domingo, la previsión de asentamientos totalmente pertrechados —para Azaña, sin realismo ni eficacia, una “acuarela”— solo era de cuatro mil a partir de los cincuenta millones de pesetas disponibles (Azaña, 1997).

De ambos tipos de obstáculos —oposición y financiación— ilustra también la propuesta personal de reforma que, en el marco posterior de la propaganda electoral del Frente Popular en febrero de 1936, plantea en Toledo Azaña (2004): fundamentándose en su experiencia, alude a la escasez de recursos y a la mala voluntad de los políticos que les sucedieron en el poder como limitaciones que desaconsejaban repartir el esfuerzo en todas las provincias necesitadas y sugería concentrarse inicialmente en dos o tres —una, la castellana en que aquí peroraba— que, al cabo de dos o tres años, pudieran servir de ejemplo para las demás. En este bajo alcance inmediato sugerido, tan difícil de concordar con la urgencia requerida y con las expectativas jornaleras, podía pesar, además de sus argumentos, su percepción del riesgo que sufría el propio régimen republicano.

En la otra cuestión de signo económico sobre la que Azaña se expresa en repetidas ocasiones, la hacendística, su postura puede calificarse de “ortodoxa” o “moderada”, dada su preocupación constante por un presupuesto equilibrado y por el mantenimiento de las reservas de oro. Aunque se ha visto tras su nombramiento de Jaime Carner como ministro de Hacienda en diciembre de 1931 una verdadera presión de la oligarquía conservadora, descontenta con Indalecio Prieto al frente de dicho ministerio (Gil-Pecharromán, 2006), lo cierto es que desde un primer momento él se identifica con su posición y sus criterios de austeridad, como resaltaban Comín y Martín-Aceña (1984). Al presentar en diciembre de 1931 al nuevo gobierno, además de exaltar a este ministro, Azaña manifestaba la importancia que daba a la nivelación de un presupuesto —no se podía seguir operando con uno “de los amañados durante la dictadura”, apuntaba— hasta llegar a considerarlo tan decisivo como la propia constitución recién aprobada. Preconizaba, para ello, tanto un esfuerzo fiscal como una contención de gastos —“quizá principalmente”— y planteaba entonces la obligación de posponer también los impulsos reformistas mientras no se consiguiera ese objetivo. Un gran lastre que conducía a exponer este criterio era el capítulo de la deuda heredada de la dictadura primorriverista, que hacía restringir otros gastos para no producir un déficit excesivo. En cualquier caso, el bajo volumen del sector público, en coincidencia con unos limitados ingresos procedentes sobre todo de impuestos indirectos, dificultaba el papel instrumental de los presupuestos (Comín & Martín-Aceña, 1984).

En septiembre y noviembre de 1932, Azaña emitía sendos discursos en Santander y Valladolid donde, entre otras ideas, estimaba consustancial al propio espíritu de la república la novedad irremisible del impuesto sobre la renta. A la vez, juzgaba inconveniente recargar los tributos ya existentes, pero también desechaba la posibilidad de suprimirlos. Al hablar de la gradualidad con que debía aplicarse el nuevo impuesto en toda su dimensión, el eminente republicano, de nuevo, no se regía por una insuficiente captación del problema ni por una falta de creencia en lo preconizado, sino por sus convicciones sobre la oposición de los intereses inmediatamente afectados y sobre otros posibles obstáculos. De hecho, resultaba constante la resistencia patronal a cualquier incremento tributario y, en particular, se repitió ante el anuncio de Jaime Carner de ese gravamen sobre la renta, como constata Cabrera (2003) a través de unas manifestaciones de la Cámara de Comercio de Barcelona aquel mismo mes de noviembre. En ese contexto, Azaña planteaba que, aunque se hacía necesario superar la gran restricción de gastos al objeto de mejorar los servicios, fomentar las actividades productivas y ofrecer trabajo, no sería posible colmar todas las expectativas, dado que el nivel de posibilidades debía venir marcado esencialmente por los ingresos fiscales y nunca la apelación al crédito debía desembocar en cotas de deuda que supusieran una rémora sobre gobiernos posteriores al estilo de la legada por la dictadura primorriverista a la república. Como prioridades específicas, entonces, de inversión pública, valoraba dos: la construcción de obras, para combatir el paro y mejorar las reservas hídricas, y la enseñanza en sus distintos niveles, bajo la premisa de que el desarrollo óptimo de la superior y de la ciencia requería el previo, general y adecuado de la primaria.

En definitiva, de la misma manera que no se pueden identificar unos criterios propiamente keynesianos en Azaña, su “ortodoxia” hacendística no resulta equiparable a la entonces sustentada por economistas conservadores como Manuel de Torres (Zabalza, 1995) y Perpiñá-Grau (1982): mientras estos subordinaban enteramente la solución del paro y de otras dificultades sociales al desarrollo de las actividades productivas, al comercio y a la mejora de los precios bajo intervención gubernamental (y, por tanto, al aumento del beneficio empresarial), él no cerraba los ojos a la financiación de obras públicas como solución provisional y confiaba en iniciativas más sólidas a largo plazo, especialmente la reforma agraria, que requerían desembolsos especiales y nuevos modelos impositivos. Consecuente con su interés prioritario inmediato en obras públicas y educación resulta el crecimiento del peso que experimentaron en los presupuestos las partidas correspondientes,¹⁴ a la vez que disminuían las de Guerra y Marina (Comín, 2011).

En febrero de 1934, situado en la oposición, en un discurso en el coliseo Pardiñas de Madrid, Azaña presentó exhaustivamente unas líneas programáticas incluyendo al tratar la hacienda unas referencias a la política monetaria. Lo hacía refutando unas sugerencias de Indalecio Prieto sobre la estabilización de la peseta como vía que, al aumentar el valor de las reservas de oro del Banco de España, permitiría al Estado aprovechar la plusvalía resultante. Como en la política de “esterilización del oro” en países seguidores del patrón oro, el prudente republicano se revela partidario de no disminuir las reservas del dorado metal en los términos que tal actuación posibilitaría. En concreto, plantea que la propuesta de su compañero socialista ofrecía dos problemas básicos: por un lado, una política monetaria sana e independiente exigía mantener reservas de oro, cuantas más mejor; por otro, no cabía pensar en esa apreciación de la moneda en las difíciles condiciones de la balanza de pagos y del déficit público —incluso un país como Estados Unidos, recordaba, había abandonado el patrón oro y devaluado su moneda—.

Acaso azuzados su grupo y él por la circunstancia de figurar en la oposición, pero en su tónica personal de siempre, el programa de 1934 contenía también apelaciones especiales a las clases desfavorecidas, como la de crear un organismo económico de discusión, no meramente técnico, que incluyera una representación nutrida de los trabajadores, y una vez más la de aumentar los recursos hacendísticos a partir de la “riqueza inmovilizada”, esa que solo era “lujo y detentación”.

Desde el marco electoral de febrero de 1936, en que triunfa la coalición de izquierdas del Frente Popular, hasta 1939, en que acaba la guerra y comienza el exilio masivo, las intervenciones escritas y orales de Azaña siguieron un curso marcado por el clima inestable y las situaciones cambiantes. Las consideraciones económicas y sociales no podían estar ausentes en el combate electoral de 1936, como veíamos con la nueva secuencia de reforma agraria que propuso en Toledo, ni bajo el clima subsiguiente de tensiones, ni tampoco después, durante la guerra, ante las profundas transformaciones y los problemas de abastecimiento, objeto de alguna larga digresión en sus diarios. Pero sus prioridades de salvaguardar y defender directamente el propio régimen, primero, y lograr una rendición digna, después, hacen que otros temas adquieran relevancia e impregnen aquellas otras cuestiones (sin que, por otra parte, coincidan sus manifestaciones en todos los medios y circunstancias). No deja de resultar significativo que en el mismo mitin del 13 de febrero en Toledo Azaña resumiera coloquialmente su programa económico resaltando la “justa repartición de las cargas públicas a través del impuesto” y la cesión de la tierra a quien la trabajaba como objetivos centrales, pero insistiendo también en el carácter plenamente constitucional de estas medidas, en la nula voluntad de despojar a nadie y en el obstáculo que representaban tanto los enemigos manifiestos de la república como muchos que, declarándose republicanos, venían en realidad a perseguir su hundimiento. Tras cierta andadura del nuevo gobierno bajo su jefatura, un discurso en las cortes en abril de 1936, dirigido a calmar las tensiones generales, incluía otra evocación del programa económico-social, subrayando de nuevo el papel de unas cargas sociales equilibradas en el funcionamiento estable de la economía. Una y otra intervención revelan, incluso mediante esta estrecha faceta económico-social, la importancia adquirida por el objetivo de calmar los ánimos y mantener el régimen republicano.

Epílogo (1936-1939): ¿Por qué?

Varios temas de naturaleza económica y social de los abordados por Azaña en distintas situaciones quedan en el tintero o han sido solo ligeramente insinuados en nuestra exposición. Pero no queremos dejar de comentar dos breves intervenciones finales, del periodo de la guerra, susceptibles de situar en otras líneas suyas de reflexión, que permiten corroborar meridiana- mente esos dos rasgos característicos de su pensamiento que fueron su agudeza interpretativa, tantas veces recordada, y su flexibilidad, más desdibujada tras su imagen de “estadista enérgico”. Ambas secuencias reflexivas forman parte de declaraciones concebidas hacia el exterior, pero también se enmarcan en su esfuerzo analítico, dirigido a los españoles del momento y de generaciones posteriores, sobre los retos de la política económica y social, sobre los factores que habían desencadenado el conflicto y sobre las dificultades de la república y, durante la guerra, de la causa republicana.

La primera manifestación es una de las que incluye en su diario (Azaña, 1978b) a propósito del proceso revolucionario que, bajo instancias del anarquismo y del sindicalismo socialista (UGT), tuvo lugar durante la guerra en la zona republicana en forma de colectivizaciones, control sindical y organismos políticos paralelos. Nunca él se apeó de su tradicional desconfianza hacia estas opciones más rupturistas, ahora bajo el acicate adicional que suponía la pérdida de apoyo internacional a la causa republicana, especialmente en función de los intereses capitalistas británicos aquí asentados. Tampoco le satisfacían las escisiones y la gran fragmentación del poder en aquella coyuntura bélica. Pero en una entrevista al periodista estadounidense Louis Fischer a principios de julio de 1937, aunque en el fondo ya desconfiaba de las posibilidades del triunfo republicano, juzgaba como aprovechables —“de esto que llaman la revolución”— “la reforma de la propiedad territorial y del sistema de explotación del campo” y “la nacionalización de ciertos grandes servicios e industrias”. Con la continuidad al programa republicano de reforma agraria, que incluía la posibilidad de formas colectivas, Azaña incorporaba prácticas nacionalizadoras que antes de la guerra ya había previsto —por ejemplo, para el sector problemático del ferrocarril— y que en Francia había emprendido asimismo su Frente Popular en la línea de una “economía mixta”. Seguía, no obstante, considerando excesivo el nivel alcanzado por la actuación revolucionaria, en lo que parece hallar la aquiescencia del periodista: “Está conforme con que ha sido un fracaso el ensayo sindical, y las colectivizaciones a todo pasto”.

La segunda reflexión especial, muy conocida, corresponde a uno de los once artículos que escribió en su exilio francés en 1939, “Causas de la guerra de España”, que daría título a una publicación posterior del conjunto (Azaña, 1986). Se trata en este caso de su escueta pero rica interpretación sobre la difícil coyuntura económica que, como inconveniente cardinal, tuvo que soportar la segunda república española. No es, evidentemente, el único factor que contempla ni supone menoscabar su argumento sobre las resistencias de las clases más favorecidas a las reformas preconizadas, pero advierte unas complicaciones generales que pudieron acentuarse en unas condiciones sociales y culturales especialmente adversas como las de España. En particular, Azaña valora la disminución de exportaciones, sobre todo en el sector minero, en función del incremento del proteccionismo internacional mediante subida de aranceles y fijación de contingentes. Además, actividades que se habían beneficiado de la neutralidad durante la gran conflagración, como el siderúrgico, veían ahora constreñida su clientela fundamental al Estado. A la reducción consecuente del tráfico de mercancías, él suma la competencia del automóvil para explicar los problemas del ferrocarril. La espiral de daños vendría a incluir sectores dependientes del consumo interno como la construcción y el carbón. En ese marco, recuerda, el gobierno republicano debía afrontar con urgencia problemas sociales, a veces endémicos, que ahora se agravaban. El paro rural y urbano exigía actuaciones públicas que él revela sistemáticamente cuestionadas desde los supuestos teóricos liberales como manifestaciones del estatismo amenazador. En la agudización de la conflictividad social, incluye que perdiera valor la válvula de escape de la emigración a países americanos por las restricciones aplicadas. A la vez, atribuye a las dificultades del Tesoro que no se pudieran implementar subsidios de paro y se acudiera a la construcción de obras públicas —que, en todo caso, él priorizó alguna vez al ofrecimiento de ayudas sin contrapartida— para paliar este problema. Azaña realizaba aquí una valoración comparativa que podría sorprender si se repara en la distinta frecuencia de unos y otros temas en sus diarios: este agravamiento de las dificultades económicas y sociales habría supuesto mayor obstáculo para el mantenimiento de la república que los propios complots monárquicos y los motines anarquistas.

En La velada en Benicarló, verdadero ensayo en forma de diálogo entre personajes ficticios que redactó en 1937 para explicar y valorar la guerra vivida, Azaña asume la pugna de intereses de clase y otros factores sociales desencadenantes. Pero, ante todo, el marco de destrucción y desasosiego le hace navegar por digresiones trascendentes que en esta ocasión, a diferencia del efecto balsámico que en los años veinte pudo producirle su novela El jardín de los frailes, no pudieron compensar el sufrimiento que le provocaban sus vivencias y percepciones, de lo que daban fe las últimas páginas de la biografía que le dedicó su amigo Rivas-Cherif (1961/2021) y el testimonio directo de su mujer, Dolores Rivas, en una entrevista a Radiotelevisión Española producida por G. Rubies (mayo de 1985).

Las últimas explicaciones no alteran la imagen de Azaña que hemos visto a lo largo del texto. Él siempre se identificó como partícipe en un ideario burgués y liberal, pero tal posición, netamente vinculada en lo político a sus designios democráticos, no resultaba tan literal en lo económico, dada su confianza en el asociacionismo y en una actuación del Estado no excesiva en las propias actividades productivas —como revelan sus equiparaciones irónicas de algunas sugerencias escuchadas con las prácticas mercantilistas históricas—, pero sí contundente para combatir la pobreza estructural. Se trata, por ello, de un liberalismo reformista, de izquierdas, paradójicamente “interventor”. Su vertiente social contemplaba, más allá de las actuaciones extraordinarias urgentes, reformas sociales profundas —singularmente, la agraria— que aquella clase de que se sentía miembro no estaba dispuesta a aceptar, salvo algunos de sus segmentos, principalmente intelectuales. Por ello, pese a su autoconcepción social e ideológica, sus apoyos principales provinieron de las clases subalternas, aunque también de los grupos obreristas emergieran críticas y posiciones hostiles. Ni el comportamiento de unos —los burgueses reacios a todo cambio, que en su concepción arriesgaban su propia supervivencia— ni el de otros —los sectores populares que veía rivalizar entre sí y actuar a menudo sin programas definidos— le parecían apropiados para lograr salir de de la desorientación permanente que descubría en el país y de la inadaptación resultante para afrontar los retos consecutivos que se presentaban en tiempos contemporáneos. Si bien hubo otros terrenos candentes de debate y de tensión donde él intervino a fondo, como el militar, el religioso y el territorial, no se nos antoja que resultaran equivalentes en sí al de naturaleza económico-social ni plenamente independientes del mismo.