Forum. Revista Departamento de Ciencia Política

Transiciones, contiendas y luchas por la verdad en sociedades en búsqueda de un nuevo contrato social

Escribo esta presentación a comienzos de mayo de 2022. Dos hechos marcan la coyuntura de esta semana: las repercusiones de la Audiencia que realizó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 26 y 27 de abril de 2022 en Norte de Santander, sobre ejecuciones extrajudiciales, en la cual 10 militares y 1 civil dieron testimonio sobre esta modalidad de victimización que involucra la participación directa de agentes de las Fuerzas Armadas y otras agencias de seguridad del Estado, y que, según la JEP, solo en el periodo 2002-2010, dejaron un saldo de 6.402 víctimas. De otro lado, el lunes 2 de mayo en horas de la noche, el comisionado Carlos Ospina, uno de los 11 integrantes de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, sorprendió al país al renunciar en público en una entrevista concedida al canal de televisión privada RCN. Sus razones fueron, diferencias de fondo frente al contenido del informe que se entrega al país el 28 de junio de 2022, así como la inconformidad con el trato que, según Ospina, ha recibido por parte de otros comisionados y comisionadas, y por parte del presidente de la Comisión, el sacerdote jesuita Francisco de Roux.

Estas dos situaciones evidencian las características de una sociedad que se encuentra en pleno proceso de transición, el cual es bastante precario dado el bajo cumplimiento de la implementación integral del Acuerdo de Paz. Entre las principales dificultades está la reconfiguración de las dinámicas de violencia luego de la desmovilización de la guerrilla de las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y con ello, la evidencia de que en el país no solo existen grandes tensiones en torno a impulsar los cambios acordados en materia de restitución de tierras a quienes se les despojó durante el conflicto armado, de participación y ampliación de la democracia, del problema de los cultivos de uso ilícito y narcotráfico, sino también que la labor de las instituciones creadas para atender las demandas de las víctimas en torno a sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, son objetos centrales de disputa en Colombia hoy.

Los tiempos de las sociedades en transición se caracterizan por profundos debates éticos, filosóficos, políticos y jurídicos sobre cómo interpretar lo que ha pasado, por qué se ha tenido un conflicto armado, quiénes han sido las víctimas, quiénes los responsables, y cómo hacer para que la violencia no solo no se repita, sino que no continúe en la actualidad. Las sociedades también se preguntan cómo reconstruir la confianza perdida a raíz del conflicto armado, tanto en la sociedad como entre sectores de la sociedad y el Estado, e incluso, se pregunta sobre asuntos de largo plazo, como plantearse sí es posible la reconciliación y qué papel puede jugar el perdón en ello.

Estos debates no son fáciles de resolver. Las sociedades que han experimentado procesos de violencia masiva, ya sea como resultado de haber vivido regímenes autoritarios, o como consecuencia de graves conflictos armados internos, también viven con intensidad los momentos de transición a la democracia y a la paz, así como las discusiones que conllevan. Son sociedades que se caracterizan por vivir estos debates durante décadas. Las violencias colectivas intensas dejan su marca por generaciones, los debates en torno a esto perduran en el tiempo, como se puede observar en países post transición como Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, Sudáfrica y España, entre otras.

Colombia, claramente, no es la excepción. Es más, somos un caso más bien sui generis. Primero, por los sucesivos ciclos de violencia que hemos tenido, con diferentes intensidades, desde el inicio de la vida republicana a comienzos del siglo XIX. Segundo, porque a pesar de haber tenido varios procesos de negociación entre el Estado colombiano con guerrillas y con grupos paramilitares, el país no logra concretar el cierre de estos ciclos de violencia.

En los últimos 30 años se han tenido negociaciones que culminaron con la desmovilización de las guerrillas del Movimiento 19 de abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Indigenista Quintín Lame, los Comandos de Autodefensa Obrera (ADO) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), entre 1990 y 1991. Luego, la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) en 1994. En un nuevo proceso muy polémico por la oscuridad de la negociación y por el carácter ambiguo de las relaciones entre el Estado y los grupos paramilitares, se produjo la desmovilización de más de 33.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 2003 y 2006. Finalmente, el pasado 25 de noviembre de 2016 se aprobó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC.

Probablemente para los investigadores del futuro, Colombia sea leída como una sociedad que estuvo en una transición incierta al menos tres o cuatro décadas, tomando como fecha de inicio los primeros años de la década de 1990, y esperando que en los próximos años se concreten procesos de paz con el ELN y otros grupos armados insurgentes que emergieron tras el Acuerdo de Paz con las FARC. Pero hoy, como toda sociedad en transición, estamos viendo día a día las disputas propias de los periodos de transición.

A veces se considera que un Acuerdo de Paz establece de manera definitiva las condiciones de la transición, condensando de manera inmodificable las correlaciones de fuerzas en la sociedad y estableciendo de manera definitiva las condiciones para la transición. Lo que queda claro en muchas transiciones, en particular en la colombiana, es que las tensiones ocurren antes, durante y después de la negociación, y que luego de firmado el Acuerdo, la disputa sigue abierta en torno a la implementación de lo acordado. Por eso, en Colombia estamos en plena confrontación sobre si es necesario o no, cumplir lo firmado en el acuerdo de paz con las FARC y sobre si se requiere implementación integral o parcial de lo definido entre las partes.

En medio de estas disputas, está la definición de la narrativa sobre el conflicto armado que hemos tenido, al menos desde mediados de la década de 1960, aunque hunda sus raíces en la confrontación bipartidista de finales de la década de 1940 del siglo pasado. Esto explica las tensiones que se han vivido con la implementación de dos de las entidades que creó el Acuerdo firmado con las FARC en materia de víctimas: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

La audiencia de la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales y las reacciones a esta, evidencian las pugnas que hay en la sociedad alrededor de la interpretación de esta modalidad de violencia. Se han puesto en discusión su sistematicidad, la intencionalidad, su conexión con las políticas de seguridad del periodo 2002-2010, los patrones de victimización e impunidad, y de fondo, cómo funciona la violencia cuando el Estado es uno de los principales actores de violencia directa, no solo en la confrontación con grupos insurgentes sino en el desarrollo de acciones de represión ilegal, de guerra sucia. ¿Qué pasa y cómo se debe comprender la criminalidad estatal, la responsabilidad de mando y las dimensiones de la operación de un aparato de violencia sistemática estatal? Lo que muestra la audiencia y sus discusiones, es que esta es una pregunta aún abierta en el país.

Lo mismo pasa con las tensiones en torno a la labor de la Comisión de la Verdad y el informe que entregará a finales de junio de 2022. Es muy probable que este deje una enorme insatisfacción en la mayoría de las personas, por motivos muy diversos, entre otros, porque muchas personas esperan que la Comisión esclarezca casos individuales y acuse a personas en particular, y eso no está contemplado en el mandato que regula la acción de la Comisión. Además, en una sociedad que ha vivido décadas de violencia colectiva, masiva y sistemática, tanto de agentes estatales como paraestatales y contra estatales, es claro que esto no es solo un asunto que involucra a los actores armados, sino que cuenta con la participación de múltiples sectores de la sociedad, que denota la existencia de entramados políticos, económicos, sociales y de intereses que se han expresado a través de la violencia. Por ende, varios sectores de la sociedad esperan que el Informe de la Comisión justifique lo que han hecho y condene a sus adversarios, de todos los lados.

Además, como en otras sociedades, las disputas por la verdad desatan narrativas que buscan construir una interpretación parcial de lo que ha pasado. Son los tiempos del negacionismo, del revisionismo, del relativismo, en últimas, de la proliferación de narrativas que buscan justificar unas violencias, criminalizar otras, negar otras; que ponen mantos de sospecha sobre unas víctimas, y construyen imágenes heroicas y romantizadas sobre ciertos victimarios, que buscan ocultar intereses y actores, o que niegan los objetivos y los impactos de las violencias infligidas a millones de personas en el país.

Finalmente, hay críticas a los modelos de transición y sus instrumentos, dado su carácter claramente inscrito en la matriz moderna del Estado burgués, capitalista, moderno, occidental. Se cuestiona, con justa razón, el traslado de modelo e instrumentos, su aplicación sin considerar las particularidades de cada sociedad y la adopción acrítica de axiomas que pueden ser discutibles, como que la verdad es fundamental para la reparación de las víctimas, que hay que avanzar hacia la reconciliación, o que un informe de una comisión de la verdad es clave para la no repetición.

En Colombia estamos ante una oportunidad para analizar el desarrollo de una transición abierta, precaria e incierta, y las posibilidades y limitaciones de los instrumentos de justicia transicional como un tribunal especial y una comisión de la verdad. Pero más allá de estas discusiones que son legítimas, lo que puede ser más importante para la discusión y la acción, es que se está ante una nueva oportunidad para poner fin a los ciclos de violencia que han marcado nuestra vida republicana. Que tenemos la oportunidad de abocar reformas pospuestas por décadas que han obstaculizado la construcción de una sociedad más justa y equitativa, que tenemos la posibilidad de construir un gran acuerdo colectivo que nos permita no solo conciliar en lo fundamental, que ¡basta ya! de barbarie, sino que nos unamos como nación en torno al clamor para que ¡Nunca Más! esta violencia puede ser justificada en nuestro país.

En este número monográfico de la Revista Forum, investigadores e investigadoras se dieron a la tarea de proponernos reflexiones sobre la transición. Los artículos que componen este dossier han sido organizados en dos partes, en la primera se tienen tres textos sobre procesos internacionales de justicia transicional, y luego, siguen cuatro artículos sobre temas relacionados con los procesos transicionales en Colombia.

En el primer artículo, “En el rastro de las transiciones: elementos para una comparación entre el Sur de Europa y el Cono Sur”, Carlos Artur Gallo, Doctor en ciencia política de la Universidade Federal de Pelotas, analiza un conjunto de medidas tomadas en Portugal, España, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, para atender demandas relacionadas con las violaciones de derechos humanos practicadas durante las dictaduras desarrolladas en la región. Luego sigue un texto “Perspectiva de género en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú: aprendizajes para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia” de Edith Johana Morales Roa, Magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia, sobre los aprendizajes para Colombia, dificultades, potencialidades y retos, de la incorporación de la perspectiva de género en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú.

En el texto “Memoria, discursos transicionales y violencia política en Nicaragua: un pasado revolucionario”, Danny Ramírez Ayérdiz doctorando en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires, busca establecer una relación entre el periodo de gobierno transicional post régimen sandinista, 1990-1997, su poca reflexión sobre el pasado revolucionario y las nuevas dinámicas de violencia en la Nicaragua de hoy, a partir de la crisis sociopolítica de 2018.

Ya con respecto a las experiencias colombianas, el artículo “El informe del exilio colombiano para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad: innovadora experiencia transnacional de construcción de memoria y lucha por la verdad en contexto de pandemia”, Jeisson Oswaldo Martínez Leguízamo, doctorando de la Universidad de Murcia se concentra en analizar el proceso de construcción del informe de exilio, las marcas de la pandemia en dicho proceso y cómo se buscó resolver las limitaciones para el trabajo de investigación como producto del Covid, a partir de la implementación de metodologías mixtas presenciales y virtuales.

Luego, sigue el texto “Narrar la verdad. Tensiones entre información, narrativa y verdad en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia” de Marda Zuluaga, doctora en ciencias sociales de la Universidad de la Plata, y Santiago Velásquez, estudiante de maestría en Ciencia de la Información con énfasis en Memoria y Sociedad de la Universidad de Antioquia. Donde se analizan las implicaciones del uso de la narrativa en la construcción de la verdad que está realizando la CEV y se busca establecer cuál es la perspectiva de la verdad en la que se sitúa dicha institución. Además, reflexionan sobre los problemas epistemológicos y las tensiones entre subjetividad y objetividad, así como sobre la validez de su producción. Por otro lado, está el artículo “La Cláusula general de inmutabilidad material: la preservación de la memoria histórica en las contingencias de la justicia transicional en Colombia”, autoría de Vanessa Marulanda Cardona, Richard Molina Gómez, Sebastián García Gómez y Valentina Escobar Sierra, donde analizan el concepto de la memoria histórica en el contexto de las recientes controversias entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y las medidas cautelares decretadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acerca de los archivos del Museo Nacional de la Memoria.

El dossier cierra con el artículo “Pacificación y rehabilitación: balance de la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia como experiencia incipiente de justicia transicional (1958-1959)” de Fernanda Espinosa Moreno, Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Realiza un balance de la experiencia de la Comisión Nacional Investigadora de la Violencia en Colombia, de comienzos de la década del sesenta del siglo pasado, y como buscó contribuir a la pacificación y rehabilitación del país luego de la violencia bipartidista de los años de 1950.

En la sección documentos, se incluye el texto “Reflexiones sobre olvidos, negacionismos y revisionismos en la transición colombiana”, de la profesora Irene Piedrahita Arcila, Magíster en Ciencia Política y profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Allí, se realiza una mirada en torno a las disputas por la memoria, la verdad y cómo tramitar esto, analizando algunas políticas recientes en Colombia. El texto termina como una reflexión sobre los olvidos y los silencios, así como su aporte a la construcción de memoria.

Ojalá los/as lectores/as de este número de la revista FORUM encuentren elementos valiosos para el trabajo de investigación, docencia y acción en los artículos del dossier. Con todo y el dolor que a veces implica, vivir estos momentos en Colombia es una gran oportunidad para contribuir a la consolidación de la transición democrática en el país.

Nota editorial

En la sección de tema abierto de esta edición se publicaron dos artículos, uno se titula “El liderazgo político: la visión de un sueño” de Carlos Villace Fernández, el autor realiza una aproximación al fenómeno del liderazgo político, al analizarlo como un hecho permanente, conflictivo y esencial del comportamiento en la sociedad. El otro texto es autoría de Rafael Baldomero López, “Posibles explicaciones en torno al triunfo electoral de Pedro Castillo en las elecciones peruanas de 2021: un análisis desde la antropología política”, donde realiza un análisis político de las elecciones presidenciales de Perú de 2021 en el contexto de la pandemia Covid-19 y cuáles fueron las razones que permitieron que Pedro Castillo lo eligieran como presidente. Finalmente, el número cierra con la reseña del libro Crises of Democracy de Adam Przeworski. El autor que reseña el libro es Enrique Carpio Cervantes, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Mary Luz Alzate-Zuluaga

Directora-editora