Forum. Revista Departamento de Ciencia Política

Introducción

El Estado ha sido estudiado desde distintas disciplinas como la sociología, antropología e historia, cada una de ellas lo analiza desde un enfoque específico que cada vez se aleja de las visiones clásicas del Estado centrado en el análisis de esta categoría como ajena a la sociedad, pues lo entienden como único, coherente y monolítico, entre ellas los enfoques de Estado como “máquina burocrática” de Max Weber (1992). Las teorías contemporáneas se apartan de las tesis más clásicas del Estado, y se concentran en aquellas visiones que problematizan su definición como las teorías del enfoque relacional del Estado con teóricos como Migdal (2011) y Jessop (2017). Se parte de la idea de que para entender al Estado es necesario estudiarlo en relación con la sociedad pues las interacciones configuran su accionar, lo que permite evidenciar que el Estado no es estático, sino que cambia constantemente. Además, se sostiene que, tal como lo expone Joel Migdal (2011), el Estado no es único, por el contrario, se compone de varias partes que no siempre actúan en sinergia.

En este sentido, el análisis del Estado no es estático, sino que es posible repensarlo teniendo en cuenta las distintas dinámicas que se desarrollan y lo transforman. Por ejemplo, en el marco del conflicto armado se plantea un escenario en el que tal conflicto define algunas dinámicas de los habitantes de los territorios: por dónde pueden transitar, qué pueden comprar, qué pueden decir, con quiénes pueden hablar, sobre qué tema conversar y hasta a quiénes y cómo mirar.

También define normas estatales que buscan limitar y eliminar el accionar de los ilegales: extradiciones judiciales, acuerdos armamentísticos entre los diferentes países y amnistías. Además de las expresiones ciudadanas acerca de cómo expresarse, cómo proteger las poblaciones, cómo reparar las víctimas, entre otras prácticas. Sumado a ello, las violencias derivadas del conflicto armado tienen implicaciones en cómo los funcionarios públicos aplican las normas impuestas pues están sujetos a las dinámicas propias del territorio marcadas por disputas por el control. En muchas ocasiones, lo propuesto por las normas no corresponde con lo puesto en práctica y esto último se va haciendo recurrente, lo que ocasiona que esta manera de aplicar la norma sea la general.

Al igual que la violencia marcada por el conflicto armado, la transición política de un momento de guerra a los intentos por generar una paz, evidencian otras dinámicas en los territorios y, por consiguiente, distintas formas de operar del Estado (Buchely, 2020) ² .

En este texto, el estudio de la transición no se centra en los contextos marcados por el autoritarismo o las dictaduras, sino por los conflictos armados internos y los procesos de paz. En estos escenarios, cambia la frecuencia de los enfrentamientos, los actores armados en confrontación, las entidades que despliegan acciones, entre otros. El cambio producido por la transición se da por medio de la configuración del Estado en tanto “campo de lucha” (Migdal, 2011) en el que intervienen actores con intereses variados y el despliegue de la acción estatal. Uno de estos actores es la sociedad, para quien la transición representa la oportunidad para proponer y debatir cómo debería ser el porvenir. En este sentido, con la transición se plantean nuevas realidades que tienen efecto en diversos ámbitos y en ciertas poblaciones.

Los cambios planteados en la transición se proponen a través de una idea de lo que debe ser, pero su implementación no siempre se desarrolla en consonancia (Castillejo, 2017). La población está sujeta a las prácticas estatales, las viven día a día, por lo que su análisis debe plantearse en este acontecer cotidiano en el que la población no siempre permanece estática, sino que también disputa su realización por medio del lenguaje estatal establecido o hace uso de otro contencioso ³ .

En este sentido, el objetivo del texto es proponer una aproximación teórica del estudio del Estado en la transición ⁴ . Para ello, se propone optar por la línea de la antropología del Estado y el enfoque relacional que deja a un lado la separación entre la sociedad y el Estado (Migdal, 2011; Jessop, 2017; Piedrahita, 2018); y la idealización del último como coherente y centralizado porque, siguiendo a Alonso (2014), tal visión es limitada en tanto se concentra en características que parecen básicas como “la centralización del poder, el monopolio de la violencia legítima, el monopolio fiscal y la delimitación incuestionable de la soberanía” ( Alonso, 2014, p. 139). Bajo la visión clásica se deja a un lado aquellas partes grises del Estado que también lo integran.

Además, para analizar al Estado en la transición es necesario estudiar la vida cotidiana, dado que el papel de la sociedad es fundamental, debido a que con ella se despliegan debates, luchas, fisuras, consensos sobre lo que debería ser la nueva sociedad. En este sentido, la sociedad puede influir tanto en los planteamientos de lo que se quiere construir en la transición, como en las prácticas estatales que se desarrollan día a día (Piedrahita, 2020, p. 5).

El enfoque del estudio resulta novedoso pues se sale de los lugares comunes que, a veces, parecen contar con conceptos preestablecidos debido a que son poco problematizados ⁵ . Este enfoque busca ampliar el análisis del Estado a través de la comprensión de los efectos de sus prácticas en la cotidianidad de la sociedad y la interacción con ella. Tal como lo indica Piedrahita (2020, p. 10), al igual que la transición propone un “nuevo comienzo”, este tipo de estudios invita a repensar categorías y acoger nuevos modelos de estudio.

Para realizar esta aproximación teórica al estudio del Estado en escenarios transicionales, primero se presentan algunas discusiones clásicas sobre el Estado y los distintos enfoques para realizar esta labor. Se destaca el estudio del Estado en lo cotidiano y en lo local. Luego, se expone el enfoque relacional y la teoría propuesta por Joe Migdal (2011) denominada Estado en la sociedad, que parte de la relación esencial entre ambas partes, y en la que se propone al Estado como un campo compuesto por ideas y prácticas. Por último, se enfatiza en el estudio del Estado en la transición.

Discusiones sobre el Estado

Desde disciplinas como el derecho, la antropología, la sociología y la ciencia política se ha estudiado el Estado con énfasis específicos, pero el punto en común que tienen en la actualidad es que intentan alejarse de las visiones clásicas del estudio del Estado y proponer visiones distintas para entenderlo. Desde las teorías clásicas, el Estado termina siendo visto como un ente concreto o una estructura que se construye a partir de antinomias como orden-desorden, legalidad-ilegalidad, ideal-real, Estado y subjetividad, por ejemplo, la clásica teoría de Weber. En este sentido, se analiza al Estado como un agente centralizado con márgenes más o menos definidos que eliminan a la sociedad de la operación y proponen el Estado como una entidad única, centralizada y coherente.

Entonces, en los estudios clásicos sobre el Estado se estableció una tajante separación entre el Estado y sus ciudadanos como si fueran dos campos de estudio completamente alejados y sin relación. Se entendía al Estado, siguiendo a Philip Abrams (1988) como un “objeto material” al considerarlo como una entidad homogénea y estática que tenía como pretensión la dominación y el establecimiento de una soberanía plena (Alonso, 2014). En palabras de Manuel Alonso (2014), el Estado era considerado “como un aparato más o menos acabado, o un objeto material que se puede señalar, tomar, golpear y destruir” (p. 138).

Bajo la visión clásica, eran frecuentes las referencias a la definición de Estado propuesta por Max Weber en las que lo asumen como “aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima” (en Migdal, 2011, p. 30-31). Así, el Estado era entendido como un “cuerpo coherente, integrado y orientado a criterios objetivos” (Migdal, 2011, p. 28). Sin embargo, este tipo de estudios corren el riesgo de repetir visiones doctrinales de la política, idealizar y desconocer “la importancia política e histórica de otras fuentes de poder social” (Bolívar, 2010, p. 99). Además, tal como lo explican Suaza y Martínez (2016) la definición ideal de Weber “solo permite ver desviaciones, versiones corrompidas o patológicas del Estado cuando no alcanza un monopolio efectivo de la fuerza” (p. 60) que dan como explicación “Estados fracasados, débiles, fallidos o no-Estados” (p. 60).

Sin embargo, también se presentan visiones intermedias de la teoría de Weber que resaltan el papel central de la burocracia estatal para administrar y regular la sociedad, además de diseñar e implementar políticas públicas. En este sentido, el Estado debe interactuar con diferentes actores como movimientos sociales, élites, grupos económicos, entre otros, para cumplir sus objetivos. Este tipo de teorías evidencian que el Estado recoge demandas de la sociedad, tiene la posibilidad de adaptarse y negociar de acuerdo con el contexto. Una muestra de ello es la propuesta de Theda Skocpol (1985), para quien el Estado tiene un papel relevante, ya que sus acciones tienen repercusiones significativas en la sociedad y, por consiguiente, en el cambio social.

En la misma vía, Peter Evans (1995) propone la relación entre el Estado y la sociedad, pero por medio del desarrollo de coaliciones integradas por el Estado, el sector privado y actores variados como movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos étnicos. Tales coaliciones se dan de acuerdo a un contexto específico sobre el cual se ejecutan políticas teniendo en cuenta intereses específicos de los actores que intervienen. En este sentido, las coaliciones tienen relación con la estabilidad o no de lo establecido y las posibilidades de cambio.

En el libro El Estado en Colombia (2010), José Luis Orjuela afirma que desde la década de 1980 en la ciencia política se ha estudiado al Estado por medio de tres enfoques: el marxista, el Estado fallido y el sociogenético. El enfoque marxista dominó en la década de 1980 los estudios sobre el Estado en Colombia, Orjuela lo simplifica en dos vertientes. La primera cuenta con precursores como Marx, Lenin y Miliband quienes consideran al Estado como “un instrumento de dominación de clase” (p. 22). En la segunda se afirma que el Estado es una instancia extraeconómica pues cuenta con cierta autonomía que posibilita “condiciones económicas y políticas, incluyendo entre estas últimas la constitución de las clases como actores sociales, necesarias para la producción y reproducción del capital” (p. 22).

Por otro lado, el enfoque del Estado fallido comenzó a expandirse en la década de 1990 y, si bien existen diversas vertientes para entenderlo, se coincide, según Juan Gabriel Tokatlian (2008), en el desarrollo de tres brechas: legitimidad, capacidad y soberanía. En este sentido, el Estado fallido “carece de un poder institucionalizado y legítimo; además es incapaz de responder a las demandas de la ciudadanía, y por lo mismo, no puede brindarle todos los bienes políticos, económicos y sociales a los individuos que conviven en el mismo” (Zapata Callejas, 2014, p. 93). Sin embargo, la debilidad no debe ser entendida como permanente y constante, sino que se debe estudiar a fondo para evidenciar sus avances y retrocesos (Orjuela, 2010).

El tercer enfoque, el socio genético, centra sus postulados en los planteamientos de Max Weber (1992), Norbert Elías (1989) y Charles Tilly (1992). En él se “deriva la existencia del Estado a partir de las acciones colectivas de los actores sociales, en el marco de las tendencias históricas de largo plazo del desarrollo social” (Orjuela, 2010, p. 28). En este sentido, el Estado es entendido como una construcción que proviene de contextos históricos específicos en los que el conflicto y la violencia tienen alta relevancia (Piedrahita, 2018). De este enfoque se desprenden variables como configuración y formación estatal planteado desde la visión ideal europea del Estado, pero con particularidades referidas al contexto de América Latina ⁶ . Además, siguiendo a Orjuela (2010), existe una nueva corriente de estudios sobre el Estado denominada antropología del Estado, que se centra en “la subjetividad, la cultura y la vida cotidiana desde las cuales se establece una relación con el Estado” (p. 37).

Tal como lo indica David Luján (2021), desde la antropología del Estado se ha criticado la separación Estado y sociedad y la idealización del Estado. Estas críticas provienen de diferentes corrientes. La primera se centra en las representaciones sobre el Estado. En ella, no se concibe la independencia de lo estatal y las percepciones de los agentes sociales y se enfoca en lo que significa para estos últimos el Estado por medio de la “interrelación entre aprendizajes, prácticas y discursos, en los que además circulan distintas “materialidades” asociadas a su poder: leyes, documentos, agencias, monumentos, etcétera” (2021, p. 41). Para el estudio de las representaciones es fundamental el análisis de la cultura en tanto hace referencia a un “conjunto de rituales, símbolos e interpretaciones, escudriñan la manera en que el Estado (sus jerarquías, clasificaciones y ordenamientos sociales) se reproduce en lenguajes, gestos de autoridad, identidades y subjetividades (2021, p.41). Esta perspectiva evidencia la constante negociación del poder estatal.

La segunda visión se centra en el análisis de la vida cotidiana del Estado, en la forma en la que el Estado se hace tangible en el día a día de las comunidades a través de la interacción de actores estatales y no estatales. La perspectiva incluye interacciones y el análisis de documentos y archivos que median la acción estatal. Bajo esta visión se suelen realizar “trayectorias y genealogías de los actores, los procesos por los que los problemas públicos se conforman, así como el tejido de las relaciones y comprensiones locales” (Luján, 2021, p. 42).

De acuerdo con Marta Domínguez (2017), los estudios sobre la vida cotidiana tienen varias vertientes. La primera de ellas se refiere a la “penetración del Estado en la cotidianidad” por medio del establecimiento de redes que permiten el control de personas, capitales e información y que generan cambios significativos en las estructuras locales previamente establecidas. En este tipo de estudios se busca evidenciar cómo el Estado logra el monopolio a nivel local, pero no en términos de fuerza sino en la capacidad de incidir en la vida de la población (Domínguez, 2017).

El segundo tipo de estudios se refieren al rol del Estado en la “producción de nuevas identidades por medio de la categorización, regulación y rutinización de la vida cotidiana” (Domínguez, 2017, p. 55): cómo opera el Estado en las personas. La cuestión gira sobre cómo el Estado adquiere la capacidad de categorizar a la población y que esta permanezca, y cómo es reconocida y naturalizada por la sociedad. Se plantean los estudios de manera general, pero dentro de ellos existen fraccionamientos sobre cómo entender el papel del Estado y los ciudadanos, pues estos últimos cuentan con agencia.

Por último, se presentan los estudios que cuestionan la propuesta de Max Weber pues en el Estado no existe coherencia sino incoherencia, ni unidad sino desunión. Desde estos estudios se define al Estado como una idea que no siempre refleja lo que sucede en la cotidianidad de los territorios. Así, se presenta una idea y múltiples partes que pueden o no reafirmar el ideal. Dentro de estos estudios se enfoca esta investigación en tanto se evidencian múltiples partes del Estado que no siempre reflejan el ideal planteado. Parafraseando a Julieta Lemaitre (2019), el Estado que se plantea no es el Estado que llega a los territorios en donde le esperan ⁷ .

Entender la vida cotidiana implica, entre otros, evidenciar las dinámicas que ocurren en determinado tiempo y lugar, por lo que cobran sentido los estudios sobre el Estado en escalas locales. Este énfasis permite comprender el tejido de relaciones entre funcionarios estatales y ciudadanos (Gupta, 2015). En palabras de Irene Piedrahita (2018) lo local es “un escenario propicio para comprender desde la vivencia de los sujetos aquellas formas como se experimenta al Estado cotidianamente” (p. 10). En este sentido, desde esta perspectiva, se hace complicado ver al Estado como una entidad única y coherente pues se entiende y percibe por medio de la pluralidad de sus partes que no actúan en sinergia. Sin embargo, esta fragmentación se refiere a las prácticas de la institucionalidad local a través de las cuales el Estado es imaginado (Gupta, 2015) ⁸ .

El énfasis en lo local no implica que se desconozca las dinámicas nacionales y centrales, por el contrario, se busca mostrar las relaciones entre las diferentes escalas, sus acuerdos, disputas y negociaciones y sus interacciones con la sociedad. Tal como lo expone Akhil Gupta (2015) el estudio del Estado debe tener en cuenta la intersección de fenómenos que se desarrollan en lo local, departamental, regional, nacional y trasnacional.

Un ejemplo de este tipo de estudios que privilegia el análisis cotidiano del Estado a escala local es el libro Territorios colectivos: proceso de formación del Estado en el pacífico colombiano escrito por Marta Isabel Domínguez en el año 2017. La autora busca comprender el proceso de formación del Estado en el pacífico por medio de una mirada etnográfica de la cotidianidad de los actores que influyen en las escalas local y central. Allí participan las comunidades negras y actores estatales, y evidencia que la interacción entre las partes se desarrolla por medio de mecanismos formales e informales que permiten un orden más o menos estable. Para ella, el Estado es complejo ya que cuenta con fronteras porosas. En él confluyen “múltiples actores, con intereses y capacidades políticas muy variadas, pero un Estado que, a su vez, logra establecer órdenes territoriales a escala local, involucrando a los ciudadanos en el proceso de simplificación y legibilidad de población, territorio y recursos” (Domínguez, 2017, p. 17).

En la misma línea, el libro de la antropóloga Irene Piedrahita (2018) titulado ¿Un Estado Vigilante, negociador, ambiguo? Formas en que opera el Estado en el Parque Natural Las Orquídeas, propone, a partir de un enfoque etnográfico, la comprensión de cómo opera el Estado en un Parque Nacional Natural por medio de las interacciones entre funcionarios y campesinos, las cuales define como múltiples y heterogéneas. Para la autora el Estado tiene una imagen que refleja cómo debería operar el Estado en el territorio, pero las interacciones entre las partes son también las que lo determinan. Además, la construcción del Estado en este territorio tiene relación con la contienda entre los actores, pues el Estado es un campo de lucha.

Otro de los estudios es el libro El Estado siempre llega tarde. La reconstrucción de la vida cotidiana después de la guerra, escrito por Julieta Lemaitre (2019). En él, por medio de una etnografía de la vida cotidiana sobre todo de mujeres que huyeron de la guerra y reconstruyeron su vida, se busca evidenciar “lo que es importante para una sociedad contemporánea, su forma de vivir de acuerdo con lo que considera relevante, su forma de hablar de ello y por lo tanto sus aspiraciones y valor es” (p. 30).

El Estado como campo: ideas y prácticas

Philip Abrams (1988) propuso “abandonar la idea del Estado como un objeto material de estudio concreto o abstracto” (p. 77) debido a que, para él, el Estado en sí mismo es una afirmación, un proyecto ideológico con evolución, procesos, efectos y formas de poder que deben ser examinadas (Alonso, 2014). La propuesta de Abrams (1988) plantea que el Estado es un “proyecto ideológico, a través del cual se pretende dar una imagen de unidad y coherencia a lo que en realidad son prácticas desorganizadas y fragmentadas de dominación” (en Martínez Basallo, 2013, p. 162), por lo que el análisis no debe enfocarse en el Estado en sí mismo, sino en los procesos sociales e históricos que permiten la “idea” de Estado. Así, para estudiarlo es imprescindible entenderlo en relación con la sociedad que lo compone y las interacciones entre ambas partes. El énfasis en la historicidad implica entender al Estado como “una entidad que se construye y transforma constantemente de acuerdo con cambios sociopolíticos y culturales que son susceptibles de ser rastreados históricamente” (Piedrahita, 2018, p. 16).

Pese a lo novedoso de la propuesta de Abrams, teóricos como Timothy Mitchell (2015) afirmaban que las cuestiones sobre el Estado no pueden resolverse separando las formas materiales e ideológicas del Estado, sino que deben observarse como dos aspectos que hacen parte del mismo proceso. La división de las dos esferas no contribuye con el análisis, se debe pensar “la dificultad para definir los límites entre Estado y sociedad, no como un problema de precisión conceptual sino como un indicio de la naturaleza del fenómeno” (2015, p. 147). Siguiendo con Mitchell (2015), si bien en el quehacer cotidiano se distingue al Estado por medio de su aparato legal compuesto por instituciones y leyes que son aparentemente sólidas, estables y coherentes, y a la sociedad la población objetivo de sus prácticas, esta operación no es tan sencilla. Estas dos líneas están entrelazadas, no siempre corresponden una a la otra, se presentan disputas y conflictos que implican la posibilidad de cambios.

Se apunta entonces a un enfoque relacional para entender el Estado pues condensa las relaciones entre Estado y Sociedad, permitiendo que el cambio no se haga de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sino por medio de su interacción. El Estado se entiende como un proceso en el que convergen burócratas y ciudadanos, la interacción genera prácticas que pueden o no converger con la imagen planteada (Piedrahita, 2018, p. 18). En este sentido, siguiendo a Guillermo O’Donnell (1995 en Lemaitre, 2019) el Estado es más que el sector público, es también el conjunto de relaciones sociales “que establece un orden social, respaldado por la amenaza de la fuerza y relegado por el derecho del Estado. Es un orden casi siempre desigual, pero estable, y normalizado en la vida cotidiana” (Lemaitre, 2019, p. 31)

El enfoque relacional se centra entonces en las interacciones entre el Estado y la sociedad. En algunas vertientes se parte de la formación del Estado para explicar su carácter relacional. Se destaca el libro Estado y sociedad en América Latina. Acercamientos relacionales de Brachet-Márquez y Uribe Gómez (2016) porque se postula una propuesta interpretativa denominada “Formación del Estado y la sociedad en América Latina” a partir de estudios de caso en Colombia, México, Guatemala y Brasil, centrándose en la diada Estado-sociedad. También se resalta el libro Estatalidades y soberanías disputadas. La reorganización contemporánea de lo político en América Latina de Agudo Sanchíz, Estrada Saavedra y Braig (2017), puesto que estudia el Estado desde las prácticas cotidianas, locales, relacionales y procesuales para evidenciar los cursos de construcción y reconstrucción del Estado en diferentes contextos.

En este enfoque se incluye la visión de Bob Jessop (2017) en su libro Estado pasado, presente y futuro que se centra en su visión estratégico relacional. En él evidencia que el Estado no es único, por el contrario, está condicionado por variables históricas y relaciones que se desarrollan dentro y fuera de él. También la visión de Migdal (2011) que es esencial para entender el enfoque Estado en la sociedad pues es su precursor. En su libro Estados débiles, Estados fuertes presenta su visión del Estado marcada por imagen y prácticas en las que evidencia la importancia de las interacciones entre el Estado y la sociedad.

Bajo este enfoque relacional, Joe Migdal (2011) plantea su definición de Estado que deja a un lado la idea de una entidad estática y homogénea y la distinción con la sociedad. Así, el Estado es, en palabras de Joel Migdal (2011):

Un campo de poder marcado por el uso y la amenaza de violencia y conformado por 1) la imagen de una organización dominante coherente en un territorio, que es una representación de las personas que pertenecen a ese territorio, y 2) las prácticas. (p. 34)

Este enfoque teórico parte de una visión alternativa a la de Weber que tiene un difícil correlato con la realidad (Suaza y Martínez, 2016). Para Migdal, el Estado se conforma por imagen y prácticas. Las primeras muestran al Estado como una “entidad autónoma, integrada y dominante que controla, en un territorio determinado, la creación de reglas” (Migdal, 2011, p. 35). La imagen permite referirse a la entidad de manera singular como si tuviera una motivación concreta y una manera de actuar coherente y unificada (Migdal, 2011). La creación de leyes se da por medio de los organismos estatales o por medio de organismos autorizados que generan alcances limitados. En la imagen es fundamental la percepción del Estado que tienen quienes están dentro y fuera del territorio determinado.

La imagen tiene dos tipos de fronteras. Las primeras son las territoriales que demarcan una delimitación entre el Estado y otros Estados. Esta frontera limita territorialmente el control del Estado y delimita al pueblo como conectado, es decir, separan los territorios y unen a los ciudadanos como nación. Las segundas son las sociales que definen el Estado y aquellos que están sujetos a sus reglas, evidencia una división entre lo público —organismos estatales— y privado –ciudadanos—. Así, el Estado es elevado pues se distingue de todas las demás entidades y, por ende, representa la unidad del pueblo (Migdal, 2011).

Por otro lado, las prácticas tienen que ver con cómo se desempeña el Estado en la cotidianidad y que en ocasiones hacen uso de la violencia o su amenaza. Las prácticas pueden reforzar o debilitar la imagen construida y, “consolidar o neutralizar la noción de las fronteras territoriales” (Migdal, 2011, p. 37) y sociales. Las prácticas pueden ser efectuadas por funcionarios del Estado, pero también se pueden desarrollar por individuos que detentan la imagen estatal, ambas pueden reforzar o no la imagen presentada.

Las prácticas estatales se refieren a contextos coyunturales con procesos y objetivos específicos y, en aquellas que tienen que ver con el actuar particular del Estado en ciertos contextos (Piedrahita, 2018). Tales acciones se desarrollan a través de la interacción entre burócratas y ciudadanos por medio del relacionamiento cotidiano que crea rituales y rutinas en el accionar. Las prácticas pueden reforzar o no la imagen del Estado. Migdal (2011), se centra en las prácticas que afectan la imagen promovida y que son convertidas en rutina pues son códigos morales por derecho propio que compiten con lo planteado. Así:

Mientras la imagen del Estado implica una moralidad singular, una manera estándar, de hecho, la manera correcta de hacer las cosas, las prácticas denotan múltiples tipos de desempeño y, posiblemente, algo de controversia sobre cuál es la forma correcta de actuar. (Migdal, 2011, p. 39)

La aparición de este conjunto de prácticas que pueden estar en confrontación con la imagen es explicada por la dificultad de controlar las múltiples partes del Estado, los frentes en los que pelean con agrupaciones conflictivas y los intereses individuales de los funcionarios. Un ejemplo de ello, son las alianzas que se dan entre funcionarios y grupos armados ilegales para conseguir fines comunes que difuminan las fronteras territoriales y sociales.

En suma, para Migdal (2011) el Estado es “una entidad contradictoria que actúa contra sí misma” (p. 44). Para entender su dominación se debe partir de dos dimensiones de análisis. La primera se expresa por medio de la imagen que lo evidencia como unificado y definido, en singular. La segunda son las prácticas de sus partes que impulsan reglas que pueden ser conflictivas entre ellas y las oficiales, así que pueden reforzar o contradecir la imagen del Estado. Para el estudio del Estado, es fundamental esta dualidad.

En la noción de campo se condensan los elementos que conforman el Estado, es decir, imagen y prácticas. El campo se centra en los presupuestos expuestos por Pierre Bourdieu para quien este se define un espacio de “relaciones objetivas que pueden ser de alianza o conflicto, de concurrencia o de cooperación entre posiciones diferentes, socialmente definidas e instituidas, independientes de la existencia física de los agentes que la ocupan” (Moreno y Ramírez, 2003). Para Migdal (2011) el fenómeno central en el campo es la lucha, por tanto, bajo esta visión el Estado se entiende como “campo de luchas” en el cual los agentes se enfrentan, de acuerdo con el acceso que tienen a medios y fines diferenciados, para transformar ese “campo de fuerzas” (Alonso, 2014, p. 143). El “campo de luchas” permite la conservación o transformación del campo estatal.

De acuerdo con lo anterior, el Estado “es un campo estratégico de relaciones de poder, con fisuras, disputas, divisiones y resistencias” (Alonso, 2021, p. xxiv) lo que implica que no permanece estático sino, por el contrario, se transforma de acuerdo con determinantes históricos. Este es el caso que se desarrolla con el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tanto en sus diálogos como en su firma e implementación, pues distintos actores tanto nacionales como internacionales estuvieron insertos en la lucha sobre si debía hacerse o no la paz, cómo debía ser y cómo debería desarrollarse la transición. Allí influyeron intereses, ideologías, determinantes históricos, el contexto, entre otros.

Analizar el Estado en la transición

El Estado es entendido como un campo de lucha que representa las múltiples confrontaciones por la autoridad y la pugna por lo que debería ser o no la sociedad basada en el uso o amenaza de la violencia, en él intervienen alianzas y oposiciones. Así, el Estado no es una entidad estática, sino que “se construye y reconstruye, se inventa y reinventa, mediante su interacción como un todo y de sus partes con otras” (Migdal, 2011, p. 45). En este sentido, la configuración estatal tiene que ver con contextos específicos y coyunturales. Un ejemplo de ello es la transición ya que implica “cambios súbitos en las formas de organización, distribución o ejercicio de poder político” (Pérez, 2016, p. 15 en Piedrahita, 2020). Se dan, por ejemplo, a partir de la firma de un Acuerdo de Paz que tiene como consecuencia la transición.

Si bien la transición ha sido tradicionalmente estudiada tanto en Europa como en América Latina por medio de la salida de las dictaduras, en este artículo se hace referencia a aquellas transiciones que tienen que ver con la firma de un Acuerdo de Paz, en la que, tanto el Estado como el grupo armado ilegal, negocian la salida acordada del conflicto armado. Este tipo de transiciones tienen diversas especificaciones que se describen más adelante.

Así, la transición no tiene un concepto universal, ha sido estudiada desde distintas vertientes y territorios. Se relaciona con la justicia transicional que propone una serie de acciones para transformar los conflictos violentos y pasar a estados en paz. Se desarrolla a través de un hecho coyuntural, un acontecimiento como la firma de un “acuerdo de paz, la finalización de una dictadura, la desmovilización de los grupos armados, o la derrota de uno de los actores del conflicto” (Piedrahita, 2020, p.1). Habitualmente se utiliza para definir aquellos procesos judiciales en los que se juzga a personas físicas y jurídicas que participaron de gobiernos autoritarios o dictatoriales, o participaron en grupos armados ilegales que negociaron con el Estado.

Según Alejandro Castillejo (2021), la transición representa un tiempo liminal que implica que no se ha abandonado en su totalidad la realidad anterior y que tampoco se ha asumido la nueva, es decir, existe una ambigüedad. La transición plantea la promesa de una nueva sociedad y la ruptura entre el tiempo pasado en el que están las violencias y el porvenir. Sin embargo, si bien las transiciones evidencian rupturas en algunas violencias también pueden generar continuidades en las mismas, o sea, “violencias de larga temporalidad” (Castillejo, 2017). De acuerdo con esto, para que la transición ⁹ suceda son necesarias “voluntades políticas de los actores en conflicto, de los distintos sectores políticos y, por supuesto, de la sociedad y del Estado” (Piedrahita, 2020) pues son escenarios marcados por la disputa, la tensión y la deliberación sobre cómo debe ser implementada la transición y con ello, cómo debe ser el futuro de la sociedad en cuestión.

Esta promesa hacia una nueva sociedad es planteada a través de lo inimaginable, lo posible y lo realizable. La primera se refiere a la imposibilidad de imaginar lo “inimaginable” en una sociedad; la segunda a cuando lo imaginado se vuelve probable o posible y, por último, lo inimaginable cristalizado a partir de procesos, instituciones, entre otros. Lo realizable marca un balance de fuerzas, “de intereses, de limitaciones y de prospectos de lo posible, se hace lo que se pueda, literalmente. Lo que llamamos lo realizable es un arreglo de complejidades cotidianas” (Castillejo, 2021, p. 4). Lo realizable se refiere a lo que es posible política y socialmente desarrollar, se enfoca en aquellos arreglos cotidianos que permiten accionar estatal (Castillejo, 2021).

Por otro lado, Anders y Zenker (2014), quienes también desarrollan la idea de transición, no proponen una nueva sociedad sino un nuevo comienzo que busca romper con el pasado, pero sin abandonar las injusticias que sucedieron. Se pretende el cambio de la realidad sin acudir a métodos violentos, por ejemplo, las comisiones de la verdad o los tribunales de justicia. El énfasis se hace en las promesas realizadas por el Estado y las prácticas ejecutadas en los territorios que pueden o no corresponder por lo planteado y están en constante cuestionamiento por la ciudadanía, quien las vive en su cotidianidad.

La transición establece una relación entre el pasado y el futuro, presenta una “promesa transicional” centrada en la posibilidad de nuevos futuros que dejen atrás la violencia (Naranjo, 2019), sin embargo, su desarrollo no es estático o lineal. En ella, existe una dualidad tanto en la relación entre la imagen planteada y las prácticas, como entre la continuidad y fractura de la realidad que se pretende construir. En la transición, el papel del Estado es fundamental, es uno de sus protagonistas y también sobre quien opera la misma. El Estado se configura con la transición por medio de sus instituciones, leyes, procesos, prácticas, entre otros. Tal como lo explica Castillejo (2021) el proceso transicional es también un análisis de las formas de “devenir del Estado” ejemplificadas a través de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no-repetición. En este sentido, la transición implica una reinstauración —o configuración— del Estado:

Si la guerra instauraba el cuerpo, el espacio y el lenguaje como herramientas de guerra o violencia, lo transicional (como experiencia y como lenguaje técnico) implica, […] el desmonte de un cierto sentido común, de su naturalización, y la reproducción de nuevas socialidades y nuevos mundos-de-la-vida. (Castillejo, 2021 pág. 11)

En este sentido, la liminalidad planteada por Alejandro Castillejo funciona para aproximarse a la “reconfiguración que provoca el tránsito de unos órdenes A que se estructuraron durante cinco décadas en medio del conflicto armado y la guerra en Colombia, a unos órdenes B o C que se están construyendo bajo la promesa de una nueva sociedad” (Maya, 2021, p. 104). Este concepto también es funcional para analizar la configuración del Estado que planteó acciones y realizó prácticas para combatir con ciertos actores armados ilegales y gestionar las diferentes dinámicas de la guerra, y que ahora busca consolidar una paz estable y duradera a través de la firma de un Acuerdo de Paz con uno de los armados ilegales más fuertes: FARC-EP, mientras sigue enfrentándose a otros. Esta configuración tiene efectos en la vida cotidiana de las personas que son objetos directos de esta transición que plantea cambios y continuidades. En palabras de Natalia Maya (2021) “se trata de un ‘antes’ y un ‘después’ marcado por continuidades y fracturas, por viejas reglas que se conservan y otras nuevas que se crean” (p. 106).

La configuración del Estado se desarrolla en escenarios transicionales, sobre todo si se entiende este último como un campo de luchas en el que compiten diferentes actores con diversos intereses que tienen como objetivo imponer la realidad que le es más propicia. Así, la transición no representa escenarios de pasividad, por el contrario, son espacios de “conflicto, deliberación, debate y tensión” (Piedrahita, 2020, p.2). La transición, materializada en la institucionalidad para la paz, se desarrolla producto de ese campo de lucha que se vive en el día a día:

Al frente quedan los funcionarios, los procesos legales, la administración pública, otras formas de refrendo, las fisuras sociales, los enemigos del proceso, las impunidades por ocultar, las carreras políticas por hacer y deshacer. Por más que el paquete de medidas transicionales opere como una “tecnología” vernaculizada, sus instituciones son presa de sus momentos históricos, de sus embates, inevitablemente. De todo ese embrollo de intereses, de limitaciones y de prospectos de lo posible, se hace lo que se pueda, literalmente. (Castillejo, 2021, p. 4)

En este campo tiene especial importancia el papel de la sociedad, debido a que la transición trae nuevas maneras de interactuar con el Estado y su institucionalidad, y con ello exigir sus derechos (Piedrahita, 2020, p.2). La participación se puede dar por medio de lenguajes hegemónicos y los que se salen de ese patrón como métodos para negociar con el Estado sobre la nueva realidad. Sin embargo, tal configuración no implica el cambio total del Estado sino ciertas formas de operar en contextos específicos, la estructura general suele mantenerse casi intacta. Se desarrollan cambios, por ejemplo, en el lenguaje que se utiliza para referirse a algunos fenómenos y a las formas de intervenir territorios priorizados.

Para Alejandro Castillejo (2021) la configuración del Estado en la transición va en tres vías que se desarrollan en prácticas. La primera tiene que ver con la corporalidad, pues la firma de un Acuerdo de Paz con un grupo guerrillero debe llevar al análisis sobre la desmilitarización de quienes portaban las armas, lo que significa rehabitar un cuerpo que no lleve consigo un arma, la cual puede o no significar lucha y/o protección. El Estado debe entonces garantizar su reintegración y protección a la vida civil. En la misma vía, la disposición corporal de las víctimas en la transición no se relaciona necesariamente con el miedo, sino, tal vez, con la reconciliación, el perdón y/o la resignación ¹⁰ .

El segundo, la espacialidad, alude a que los espacios en la transición cambian. Se pasa de territorios en constante violencia relacionada con el conflicto armado a “lugares finales de habitación o tránsito administrados, definidos, legalizados por instituciones del Estado” (Castillejo, 2021, p. 11). Por ejemplo, se utilizan para la reintegración de los excombatientes. Por último, se refiere a las formas de nominación, es decir, el lenguaje que se despliega con la transición, por ejemplo, no se habla de combatientes sino de reincorporados o reinsertados. Tales nuevas nominaciones tienen repercusiones en el actuar institucional, y también en la vida cotidiana de quienes están sujetos a las leyes o dispositivos transicionales, pues es allí donde se despliegan las prácticas que se pueden ceñir o no con lo planteado.

Si bien con la transición se intenta pasar de un estado de guerra a otro de paz, su desarrollo no es igual en los territorios, por consecuencia, no deben aplicarse los métodos y mecanismos de manera indistinta sino particular. Por ejemplo, en algunos países de África no se compartían las concepciones de la verdad y la reparación propuestas en la región occidental, por el contrario, se prefería el silencio o el olvido para aceptar el pasado violento (Anders y Zenker, 2014). Para el caso de Colombia se afirma que la transición que se desarrolla luego del Acuerdo de paz en el 2016 implica, para algunos, una transición centrada en lo constitucional, un posconflicto violento, la transición hacia la paz territorial y el paso a “transiciones diferenciadas de paz” (Maya, 2021).

Para entender la transición en un país como Colombia hay que tener en cuenta dos factores que retoma la investigadora Natalia Maya (2021). El primero es que no es una transición en el sentido clásico puesto que la “guerra y debilidad estatal han estado ligadas” (p. 80) por lo que se debe superar el conflicto para consolidar la democracia y construir Estado, a la par que se construye la agenda de paz. El segundo factor se centra en los planteamientos de Alejandro Castillejo para quien a la transición actual se le suman capas temporales y espaciales de los transicionales pensando los procesos pasados como la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los diferentes mecanismos que trajo Justicia y Paz. Esto se explica porque en Colombia se desarrolló un “modelo de negociación a destajo” (Vargas, 2015, en Maya, 2021, p. 99) en el que no se negocia con todos los actores armados ilegales en conjunto, sino con una pequeña porción de estos, lo que tiene como consecuencia una condición frecuente de posconflicto pues a la par que se llega a un acuerdo con alguno de estos actores, se continua en confrontación con otros, de ahí las distintas capas propuestas por Castillejo.

Sobre la transición deben hacerse dos precisiones. La primera es que sus efectos se despliegan en poblaciones concretas, en colectivos, instituciones y funcionarios que deben adaptar su accionar a los planteamientos del nuevo comienzo. Es decir, los efectos de la transición no recaen de manera directa en toda la sociedad, sino que se enfoca en actores específicos. La segunda es que, si bien se habla de la transición en general, como si fuera una, no se desarrolla de igual forma en todo el territorio nacional. Se deben tener en cuenta las particularidades locales marcadas por la historia, el contexto y la cultura que representan múltiples realidades. En este sentido, se deben reconocer transiciones diferenciadas de paz que, “responden a los sistemas de autoridad y regulación reconocidos y acatados en los territorios (algunos construidos por los actores armados o dependientes de ellos)” (Maya, 2020, p. 94). Las distinciones se desarrollan en espacios macros como regiones y departamentos, y en micros como municipios, o bien, dentro de los mismos, pues las realidades que se viven pueden cambiar radicalmente, por ejemplo, de una vereda a otra ¹¹ .

La transición trae consigo distintos dispositivos que posibilitan su desarrollo, implementación y construcción de paz en los territorios. La noción de dispositivo, tal como lo explica Luis Antonio Ramírez Zuluaga (2022) remite a los postulados de Foucault para quien “está relacionado con el conjunto de elementos que debe desplegar, en diferentes niveles, un poder para lograr controlar y/o gobernar un fenómeno, un objeto o sujeto determinado” (p. 1160), en este caso, la transición. Estos dispositivos estatales están marcados por negociaciones con diferentes actores e intereses, por lo que “no solo responden a la necesidad social de reparación social de las víctimas, sino que también se caracterizan por comprometer subjetivamente a sus hacedores” (Messina y Larralde, 2019, p. 10 en Piedrahita, 2020, p.6).

Siguiendo con este planteamiento, los dispositivos tienen tres funciones. La primera es la “histórico-estratégica” que indica que el dispositivo se desarrolla en momentos específicos o coyunturales puesto que con ellos se pretende responder a una crisis. La segunda función es la heterogénea debido a que se afirma que el dispositivo es una red en la que se articulan saberes, intereses y discursos que se deben implementar. Por último, la función de subjetivación alude a la capacidad de acción de los sujetos sobre quienes se despliega el dispositivo, es decir, no son inmóviles, sino que, por ejemplo, pueden resistir o adaptarse. En palabras de Gloria Naranjo (2019):

El dispositivo no funciona tan solo como una red que captura, sino más bien como una experiencia sensible que resulta de la articulación de maneras de ver, decir y pensar. No se trata tanto de liberarse del dispositivo sino de problematizar los diferentes tipos de experiencia sensible que propician los dispositivos. (p. 120)

Para el análisis de los “dispositivos transicionales” debe tenerse en cuenta las instituciones que los conforman, los mecanismos legales, sus objetivos de conformación y las prácticas reales (Naranjo, 2019) que se desarrollan, pues son estas las que intervienen en la vida cotidiana de quienes son objeto. En este sentido, se debe revisar la normatividad vigente y analizar la cotidianidad de los territorios para comprender si existen cambios o continuidades en el acontecer.

Conclusión

Tal como se explicó anteriormente, se debe estudiar al Estado teniendo en cuenta su carácter heterogéneo y difuso, y su importante relación con la sociedad pues uno y otro se configuran y reconfiguran mutuamente. Uno de los contextos en los que se hace visible este cambio es en la transición, pues evidencia que el Estado es un campo de luchas debido a que en ella se desarrollan pugnas por lo que debería ser o no el “nuevo comienzo” o la “nueva sociedad”. Estas disputas están dadas por alianzas, intereses, ideales, estrategias, entre otros.

En la transición no solo son necesarios los planteamientos reflejados en leyes y programas, sino también la ejecución de prácticas que vayan en la misma vía. Sin embargo, la imagen y las prácticas estatales no siempre concuerdan, en ellas interfieren voluntades, presupuestos, intereses, ideales, entre otros de los diferentes actores que hacen parte del campo estatal. La no coincidencia entre imágenes y prácticas tiene efectos tangibles y cotidianos en los territorios y poblaciones en los que sucede, lo que tiene implicaciones en la relación con el Estado.

En este sentido, es posible rastrear continuidades y discontinuidades con el momento previo a la transición en el accionar del Estado y la interacción con la sociedad debido al carácter no lineal de la transición. Identificar las continuidades y discontinuidades ligadas a la transición puede contribuir al cambio de las condiciones de vida de quienes habitan los territorios más vulnerados históricamente y sobre quienes recaen las capas de las distintas transiciones que se han desarrollado. Evidenciar estos factores puede favorecer a la implementación de medidas necesarias desde la institucionalidad y en conjunto con la sociedad para mejorar esas condiciones de vida.

Las capas de las distintas transiciones evidencian esfuerzos desde el Estado para encontrar un cambio positivo en estos territorios y poblaciones representados en una serie de medidas. Sin embargo, su variedad evidencia que las medidas y/o su aplicación no han sido suficientes pues se han desarrollado una sobre otras repercutiendo, casi siempre, a los mismos territorios. Es decir, las distintas medidas desarrolladas en las diversas transiciones se han aplicado, generalmente, sobre los mismos territorios una y otra vez, por lo que se debe descifrar cuáles son los factores que permiten y no cambios estables y tangibles en estos territorios.

De acuerdo a lo anterior, se propone estudiar el Estado en la transición por medio del enfoque relacional teniendo en cuenta los contextos locales y la cotidianidad de los territorios. Es necesario realizar análisis de los escenarios provocados, llamados transicionales, pues representan un todo en el que se conjuga el contexto histórico del territorio, acuerdos institucionales, prácticas estatales, voluntades políticas, acuerdos de expertos, intervenciones de organismos internacionales y las percepciones de las comunidades. Es decir, para entender la configuración del Estado en una transición si bien es necesario conocer el grado de implementación de la misma, se deben tener en cuenta factores vivenciales de los territorios que inciden en tal configuración.