Forum. Revista Departamento de Ciencia Política

Introducción

Colombia está viviendo el proceso de implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, construido colectivamente y firmado por el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) el 24 de noviembre de 2016. En el centro de este Acuerdo están las víctimas ^[1] del conflicto armado ^[2] y sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

A este respecto, el punto 5 del Acuerdo estipula la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), el cual “tiene un enfoque diferencial y de género, que se ajusta y responde a las características particulares de la victimización en cada territorio y cada población, y en especial a las necesidades de las mujeres y de los niños y las niñas” (Gobierno Nacional de Colombia y FARC-EP, 2016, p. 128). Este sistema está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV); la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD); la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

Específicamente, la CEV es un órgano autónomo y de carácter extrajudicial con una duración de tres años ^[3] en los cuales, según el Acuerdo Final:

Busca conocer la Verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad de la complejidad del conflicto; promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición. (Gobierno Nacional de Colombia y FARC-EP, 2016, p. 129)

Frente a estos compromisos, el Movimiento Social de Mujeres y el Movimiento Feminista ha sido clave en su formulación, cumplimiento y seguimiento. La construcción de verdadES de y desde las mujeres bajo una perspectiva feminista tiene el potencial de producir conocimiento y acciones de transformación social que contribuyan a desestructurar los sistemas que sostienen la guerra y la desigualdad económica, política y simbólica entre hombres y mujeres. Sin embargo, este proceso es complejo, ya que existen múltiples verdades en disputa, así como recursos políticos que buscan tergiversar, manipular u ocultar estas verdades que cuestionan los marcos de sentido hegemónicos del conflicto armado colombiano.

La importancia de abordar el concepto de verdad de las mujeres desde una perspectiva feminista responde a la necesidad de reconocer y dignificar a este grupo social como sujetos históricos relevantes, ya que, como lo plantea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) - Grupo de Memoria Histórica (GMH) (2011) en los relatos históricos, narradores e historiadores han elaborado una representación sexista sobre la feminidad y la masculinidad y la han presentado como realidad objetiva.

Estas verdades históricas reflejan y refuerzan los valores hegemónicos de los sistemas de poder vigentes, tales como el patriarcado. De esta forma, en las primeras Comisiones de la Verdad en América Latina “daba igual, según la premisa de neutralidad, ser hombre que ser mujer, y, por tanto, describir y documentar lo que les había acontecido a los hombres incluía automáticamente la experiencia de las mujeres” (CNRR-GMH, 2011, p. 51).

En este sentido, desde una perspectiva feminista en la historia se ha cuestionado la objetividad y neutralidad en la construcción de conocimiento. De esta manera, se busca, por un lado, que las mujeres aparezcan como “voces subalternas, sujetos que cuentan y que forman las fuentes complejas de un archivo de voces de una memoria alternativa” (Marrugo-Orozco y Castrillón-Castro, 2018, p. 151). No obstante, esto requiere una reflexión crítica frente a las experiencias individuales y colectivas de las mujeres que permitan “comprender la violencia estructural y encarnada en el país, pues debe explicar cómo un fenómeno histórico anterior al conflicto armado interno, como lo es la existencia del patriarcado, se entrecruza con la materialización concreta de la violencia de las últimas décadas” (Gómez-Correal, 2017, p. 9).

Colombia cuenta con la experiencia de Comisiones de la Verdad previas que han intentado dar cuenta de esta perspectiva crítica en su conformación, metodologías y resultados. Por esta razón, el presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la inclusión de la perspectiva de género en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) y los aprendizajes que esta experiencia ha dejado para futuras Comisiones de la Verdad como la desarrollada actualmente en Colombia.

Específicamente, el argumento que se desarrollará es que la adopción de una perspectiva de género en la CVR fue una experiencia pionera para dar cuenta de las inequidades de género en el marco del conflicto armado, no obstante, el análisis se concentró en aspectos como la distribución diferenciada del daño y la violencia sexual contra las mujeres; elementos importantes, pero insuficientes para dar cuenta del complejo panorama de los regímenes de género que entraron en juego en el conflicto armado peruano ^[4] .

Este artículo es el resultado del análisis autoetnográfico crítico de las notas de campo, documentos elaborados y la experiencia propia de la investigadora como integrante del equipo de apoyo psicosocial en la organización feminista Casa de la Mujer durante 2017; año en el que apoyó el acompañamiento a mujeres víctimas del conflicto armado, a través de asesoría psicosocial y jurídica; la realización de talleres de memoria histórica, etcétera. Además, este escrito se cimenta en la revisión bibliográfica sobre el tema y los debates suscitados en las asignaturas Luchas sobre la verdad: negociación y transición en Colombia en perspectiva comparada a cargo de la Docente María Teresa Pinto Ocampo y Mujeres, conflictos armados y construcción de paz coordinada por la Doctora Dora Isabel Díaz-Susa y apoyada por la Especialista en Derechos Humanos Janeth Paola Cortés Piraquive, en la cual también se contó con las experiencias de Liliana Chaparro, Magda Alberto y Franklin Gil-Hernández.

Partiendo de estos insumos, en primer lugar, se hará una breve contextualización de la perspectiva de género en la CVR. Luego, se abordarán algunos hallazgos y aspectos críticos de dicha perspectiva. Posteriormente, se reflexionará sobre algunos de los retos actuales de las verdades de las mujeres en Colombia Y, por último, se esbozarán algunas conclusiones.

Perspectiva de género en la CVR

La CVR fue creada en 2001 durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, luego de que Alberto Fujimori huyera a Japón. Posteriormente, el gobierno de Alejandro Toledo amplió el número de comisionados, añadió la “reconciliación” como parte de la comisión y recibió el Informe Final en 2003. De acuerdo con Mantilla (2007) principalmente la CVR buscaba:

Investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, a cargo de los actores del conflicto armado interno, esto es, el Estado peruano y los grupos subversivos ^[5] Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). (p. 3)

De acuerdo con Mantilla (2005) la CVR fue la primera en incorporar un trabajo con perspectiva de género. No obstante, tenían los antecedentes de la Comisión de Esclarecimiento de Guatemala que incluyó casos específicos de violencia sexual contra las mujeres y la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica que realizó audiencias públicas para las mujeres donde se identificaron situaciones de violencia sexual. Así mismo, la CVR contaba con recientes desarrollos normativos a nivel internacional como el Estatuto de Roma de 1998 que calificó la violencia sexual como crimen de lesa humanidad y la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que en el año 2000 ubicó a las mujeres como parte de los grupos mayormente afectados por los conflictos armados (Mantilla, 2007).

No obstante, en ningún caso el mandato de las Comisiones de Verdad incluyó “las violaciones de derechos humanos relativas a las mujeres o la violencia contra ellas, siendo su incorporación fruto de la presión del movimiento feminista o de la sensibilidad de las personas que realizaron el informe” (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013, p. 26). Específicamente en Perú los esfuerzos de las feministas “llevaron a incorporar los delitos sexuales y a establecer una línea de género en el trabajo de la Comisión” (Jelin, 2017, p. 12). En esta labor influyó la presencia como comisionada de Sofia Macher (Hurtado, 2005), defensora de Derechos Humanos y cercana al Movimiento Feminista y de José Burneo, abogado que dirigía el grupo jurídico de la CVR, quien conocía lo que había pasado en Yugoslavia, Ruanda y en la Corte Penal donde la violencia sexual se consideró una forma de tortura principalmente ejercida contra las mujeres (Mantilla, 2010b).

Según Díaz-Susa y Prieto-Delgado (2012) el interés en el género, como categoría analítica, surge en las últimas décadas del siglo XX como un intento de las feministas de dar cuenta de la desigualdad entre hombres y mujeres. En la incursión del feminismo de Estado en las políticas nacionales e internacionales, el género ha adquirido centralidad “como categoría para analizar las situaciones de discriminación y opresión de las mujeres y […] las violencias por razones de género, ejercidas de manera mayoritaria contra las mujeres y las niñas” (Díaz-Susa, 2015, p. 97).

En este sentido, Mantilla (2010b) menciona que trabajar una perspectiva de género en una Comisión de la Verdad implica visibilizar lo que les sucedió a las mujeres producto de las estructuras de inequidad y discriminación que sobre ellas recaen. Esta perspectiva también permite reconocer que la definición de víctimas no es neutral al género, por el contrario, puede ayudar a evidenciar el impacto diferencial y desproporcionado de las violaciones de Derechos Humanos en hombres y mujeres, así como las distintas respuestas y roles que ellos y ellas han asumido en contextos de conflicto armado. Y, por último, este enfoque brinda una perspectiva amplia sobre las necesidades particulares que tienen hombres y mujeres en el camino de transformación de las condiciones que originaron y mantuvieron el conflicto.

Concretamente, esta perspectiva puede incluirse en tres aspectos de las Comisiones de la Verdad. Primero, en su diseño y funcionamiento conlleva la conformación paritaria de las distintas áreas que la integran, así como prácticas de acceso equitativo a las mismas. Sin embargo, como la CVR no se pensó inicialmente con un enfoque de género, de doce personas comisionadas, solo dos eran mujeres. Asimismo, más allá del número de participantes por sexo, al interior de la CVR había escepticismo y objeción frente a la perspectiva de género, por lo que la Línea de Género (LDG) tuvo que encargarse de capacitar y sensibilizar internamente sobre la importancia de esta herramienta de análisis, así como producir materiales que ayudaran con el trabajo de las diferentes áreas de la Comisión (Mantilla, 2007).

El segundo aspecto “concierne al desarrollo de la investigación y tareas subsiguientes que cada área realiza” (Mantilla, 2007, p. 30). Estas tareas se enfocaron en incluir el reconocimiento de la afectación diferenciada que tuvo el conflicto por razones de género. A su vez, la Comisión buscaba desagregar estadísticamente por sexo los resultados obtenidos frente a las violaciones de Derechos Humanos; identificar los roles tradicionales de género, entre otros (Mantilla, 2007).

Finalmente, “un tercer alcance tiene que ver con la redacción del informe entregado al término del trabajo” (Mantilla, 2007, p. 30). Aunque para la redacción del Informe Final, la LDG ya no se encontraba en funcionamiento, este “incluyó un capítulo destinado al análisis del conflicto armado con una perspectiva de género, además de un apartado especial sobre violencia sexual contra la mujer, creando un precedente en la investigación de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario” (Mantilla, 2010a, p. 65).

Hallazgos y críticas de la perspectiva de género en la CVR

Dentro de los hallazgos que desde una perspectiva de género hizo la CVR se encuentra que “de las casi 17.000 personas que prestaron testimonio a la CVR, a nivel nacional, 54% lo constituían mujeres y 46% hombres” (Theidon, 2007, p. 9). El hecho que la mayoría de testimoniantes fueran mujeres se debe a la distribución desigual y desproporcionada de las diferentes modalidades de violencia (Smyth, 2014) durante el conflicto armado en el Perú. De esta forma los hombres fueron víctimas principalmente de desapariciones, asesinatos y secuestros, mientras que las mujeres sobrevivieron en su mayoría al desplazamiento forzado y a la violencia sexual (CVR, 2003).

Esta cifra pareciera contraponerse a la idea promovida desde el Movimiento Feminista y la CVR de “romper el silencio” de las mujeres víctimas, a través de la cual se invitaba a las mujeres a contar lo que había sucedido durante estos años. Sin embargo, no son opuestas. Las mujeres sí hablaron, pero como lo expuso Theidon (2007), el problema consistió en que ellas narraban principalmente las victimizaciones y resistencias que sus familiares y comunidades vivieron, por lo que la exhortación estaba dirigida hacia la narración de hechos de violencia sexual que fueron cometidos contra ellas y sobre los cuales había silencios, culpas y vergüenzas impuestas socioculturalmente frente a lo que les sucedió a sus vidas y cuerpos.

Esta idea de “romper el silencio” o de que las mujeres cuenten su verdad y su historia estaba influida por la segunda ola del feminismo y el II Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en 1983 en Lima, los cuales trajeron consigo la experiencia de los grupos de autoconciencia. Estos grupos permitían a las mujeres reflexionar a partir de las vivencias y percepciones propias frente a los problemas que les planteaba la realidad (Vargas, 1985).

Inspiradas en estos encuentros, varias feministas consideraban que las palabras producían una especie de alivio o efecto catártico sanador, puesto que rompían con el silencio patriarcal que impedía visibilizar las violencias contra las mujeres como violaciones de Derechos Humanos y que encubría a sus responsables: actores armados, familiares, actores estatales y conocidos. Esta idea ha sido apoyada en las Comisiones de la Verdad en las que “se espera que el proceso de relatar sus historias restaure la dignidad humana y civil a aquellos que no sólo han sido violados en sus derechos sino también en sus requerimientos y demandas de reparación” (Laplante, 2007, p. 128).

Laplante (2007) menciona que este efecto reparador es beneficioso de forma temporal y en el caso aquí tratado “después de años de marginalización y discriminación étnica, las víctimas sobrevivientes peruanas finalmente encontraron en la CVR un forum sancionado por el Estado en el que sus historias y demandas fueron por primera vez escuchadas y reconocidas” (p. 130). En este sentido, los equipos de la CVR que recogían los testimonios animaron a las mujeres a hablar e incluso el relato se planteó como un aspecto necesario: un derecho y un deber.

Sin embargo, como plantea Smyth (2014) estos mecanismos de verdad que se construyen con la idea de satisfacer principalmente a las víctimas, a menudo les hacen pagar un alto precio por reabrir viejas heridas y recibir limitadas reparaciones. En este sentido, en territorios como Ayacucho varias mujeres expresaron que sentían miedo de contar lo que les sucedió, también que el silencio y el olvido habían sido decisiones estratégicas para protegerse y estar tranquilas (Theidon, 2007). Algunas no querían recordar y apelaban al olvido, puesto que consideraban que la memoria podía traer males al corazón y al cuerpo, en consecuencia, remembrar generaría dolencias e incluso la muerte (Theidon, 2004). Es decir que la experiencia catártica que despatriarcaliza el silencio no fue sentida de igual forma por todas las mujeres que contaron sus vivencias ante la CVR.

De acuerdo con lo anterior se encuentra un dilema ético frente al respeto de los silencios u olvidos en los procesos de reconstrucción de verdad. En esta vía, Mantilla (2007) expone que los y las entrevistadoras fueron capacitadas para hacer preguntas que dieran cuenta de las situaciones de violencia sexual. Sin embargo, “cuando las víctimas y los sobrevivientes hablan de sus sufrimientos y de sus pérdidas, colocan una responsabilidad en sus interlocutores, una demanda de respuesta” (Laplante, 2007, p. 123). Entonces, como plantea Theidon (2007), es éticamente inaceptable preguntar a las mujeres sobre violaciones sexuales y, agregaría que, sobre cualquier violación de Derechos Humanos, sin ofrecer garantías de justicia y acompañamiento psicosocial para cada uno de estos procesos. Es decir, puede darse un proceso de revictimización como ocurrió con varias mujeres víctimas de violencia sexual en el Perú.

En este orden de ideas, de los 47 casos presentados por la CVR para judicialización ante el Ministerio Público solo dos de ellos se relacionaban con violencia sexual contra las mujeres (Mantilla, 2007). Aunque era un avance la presentación de estos casos, no solo fue deficiente el acompañamiento a los malestares psíquicos desencadenados después del relato, sino que en el Plan Integral de Reparaciones (PIR), creado en 2006 como parte de las recomendaciones de la CVR, solo cuatro grupos de víctimas fueron incluidas para recibir reparación económica, entre ellas las víctimas de violación sexual ^[6] . De esta forma, aunque el Registro Único de Víctimas (RUV) contemplaba a las víctimas de otras formas de violencia sexual, estas fueron excluidas de recibir cualquier reparación. Para que esto sucediera debían dar cuenta de otras afectaciones, lo cual contribuyó a su invisibilización y a la vulneración de sus derechos (Corporación Humanas, 2008).

Este dilema interpela, además, sobre la responsabilidad que recae sobre las mujeres víctimas de reconstruir el pasado, puesto que a los perpetradores no se les exhorta en igual medida a decir la verdad. Un claro ejemplo en esta dirección es que en la CVR ningún militar asumió haber cometido violencia sexual, sino que contaban relatos de otros y de cómo el régimen militar era cómplice o tolerante con esta (Theidon, 2007). No obstante, las demandas para que los militares digan en primera persona cómo vivieron el conflicto son prácticamente ausentes. Tampoco hay un deber de narrar, por el contrario, la lectura de los grupos subversivos como terroristas amplía la narrativa de las fuerzas armadas como héroes; heroísmo patriarcal y militarizado en el cual no está incluido ser violadores.

Otro de los aportes del feminismo fue la visibilización y el análisis de la violencia sexual, la cual fue comprendida por la CVR como una violencia de género en la cual se realiza o se lleva a cometer un acto de naturaleza sexual contra una o más personas, quienes por distintas razones no pueden dar el libre consentimiento (Mantilla, 2010a). En esta materia, se estableció que “en determinados contextos, como fue la detención arbitraria, la ejecución y las distintas formas de tortura, la violencia sexual se dio de manera generalizada y fue una práctica reiterada y persistente” (Jelin, 2017, p. 12).

Las víctimas “en su gran mayoría eran analfabetas o sólo habían llegado a cursar la primaria. Asimismo, se trataba de mujeres quechua-hablantes (75% de los casos), de origen rural (83%), campesinas (36%) o amas de casa (30%)” (Mantilla, 2010a, p. 69). Respecto “a los responsables de los hechos, el 83% de los casos corresponde a fuerzas del Estado, el 11% correspondía a Sendero Luminoso y al MRTA, y el otro 6% no se ha podido determinar” (Mantilla, 2005, p. 108).

En referencia a esta realidad es pertinente decir que, aunque la comprensión de la violencia sexual no se limitó a la violación, no todas sus expresiones se tuvieron en cuenta en la CVR. Por ejemplo, no fueron abordadas “las esterilizaciones forzadas hacia mujeres pobres, indígenas, rurales, quechua hablantes ocurridas durante 1995-2005” (MAM-LF, 2008, p. 1) o los matrimonios forzados, debido, entre otras razones, a los insuficientes relatos sobre estos hechos que estaban, además, naturalizados o producían miedo y vergüenza (Mantilla, 2007).

Asimismo, el excesivo énfasis en la violencia sexual contra las mujeres dejó en segundo plano otros relatos en los que las mujeres hablaron de sus búsquedas, resistencias, lo que ocurrió en su comunidad y que implicó consecuencias en su salud física y mental por la doble y triple carga laboral no remunerada, así como por la amenaza permanente a su vida y la de sus familiares. Esta identidad paralizante y esencialista de las mujeres como víctimas de violencia sexual limitó su agencia a la posibilidad de “romper el silencio” sobre las violaciones o a pertenecer a clubes de madres y comedores populares. No obstante, hubo otras resistencias cotidianas ante la pobreza, el desplazamiento forzado y otras formas de violencia frente a las cuales las mujeres diseñaron estrategias individuales y colectivas con las que intentaron ejercer control sobre sus vidas, cuerpos y territorios (Theidon, 2007).

Respecto a lo anterior, Agüero (2015) menciona que “las propias víctimas piden no ser tratadas solo como afectados, pues sienten que esto es como atribuirles un modo de discapacidad. […] Quieren ser reconocidas también como luchadoras, como dirigentes, como personas que no se han paralizado en el llanto” (p. 72). Sin embargo, otras personas buscan ser reconocidas como víctimas y además inocentes ^[7] de las diferentes violencias que se vivieron durante estos años.

De esta forma, la definición de víctima inocente impidió contar algunos relatos dentro de las comunidades que habían sido base de Sendero Luminoso, puesto que temían ser estigmatizados, culpados o que sus voces se consideraran ilegítimas. Entonces, seleccionaron los relatos acerca de los hechos victimizantes y se invisibilizaron las formas cómo hombres y mujeres cooperaron con los distintos actores del conflicto armado. En este sentido, la perspectiva de género en una Comisión de la Verdad también debe preguntarse por las masculinidades en los contextos de conflicto armado y de transición política, no solo en términos de las afectaciones físicas que han tenido los hombres, sino también sus pérdidas simbólicas y las resignificaciones posibles a las masculinidades militarizadas en periodos de posconflicto (Theidon, 2007).

Verdades de las mujeres desde una perspectiva feminista en Colombia

De acuerdo con la Ruta Pacífica de las Mujeres (2013) “las Comisiones de la Verdad ponen el acento en los hechos, en los testimonios como fuentes de información que puedan dar lugar a procesos en los que se conozcan, y se sancionen, hechos comprobados, combatiendo así la impunidad” (p. 25). De esta forma, se abordan diferentes tipos de verdad: la verdad fáctica, la verdad judicial y la verdad narrativa.

De forma general, la verdad fáctica o histórica puede entenderse como un producto de las mentes humanas que se basa en los hechos para definir una realidad común y objetiva (Arendt, s.f.), es decir, hace referencia a la explicación de lo qué sucedió y por qué. La verdad judicial o forense si bien puede basarse en la verdad fáctica se caracteriza por la validación y valoración que el sistema judicial hace de los hechos y sus responsables, a través de la compilación, clasificación y análisis de pruebas e información. Finalmente, la verdad narrativa toma como fuente de conocimientos los testimonios y las experiencias vivenciales de quienes han participado de los conflictos, especialmente aquellas personas cuyas voces han sido silenciadas e invisibilizadas. Además de los hechos, este tipo de verdad da cuenta de las subjetividades, los sentidos, significados y sentimientos que tienen las personas alrededor de esta (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013).

Estas múltiples verdades tienen en común que se relacionan con la instauración de experiencias, concepciones de mundo y acciones consideradas como válidas y ciertas en la arena pública. Particularmente, en los procesos de justicia transicional estas verdades se entrecruzan, pero no necesariamente tienen la misma relevancia en el proceso de construcción de verdad. Razón por la cual, es un terreno contencioso en el que múltiples versiones están en tensión, disputa y negociación acerca del sentido de la sociedad. En esta vía, desde una perspectiva feminista las versiones finales no pueden verse como definitivas, sino que siempre debe problematizarse qué incluyen, para qué se construyeron y a qué intereses responden.

Concretamente, los Movimientos Feministas y otras mujeres organizadas han luchado por construir la verdad desde sus propias vivencias, ya “que históricamente ha sido relatada en la sociedad colombiana con un sesgo masculino, al ser escrita mayoritariamente por hombres, de mentalidad occidental y pertenecientes a las clases dominantes del país” (Martínez, 2018, p. 81). Existen algunos ejemplos como la Comisión de Verdad y Memoria de las Mujeres Colombianas desarrollada por la Ruta Pacífica de las Mujeres en la cual se ha cuestionado esta visión androcéntrica con el propósito de reconstruir la verdad de las mujeres sobre sus experiencias de dolor y resistencia en la guerra como víctimas y constructoras de paz.

En este orden de ideas, la verdad desde las mujeres implica reconocerlas como personas con agencia política y como conocedoras de su propia realidad, dejando de lado las visiones paternalistas de hablar por y en nombre de ellas. No obstante, es preciso reconocer que no todas las mujeres victimizadas han podido resignificar las heridas y malestares producto de la guerra, por lo cual no todas se vislumbran con capacidad de agencia. De hecho, “el carácter inenarrable de los sentires de algunas mujeres demanda la validación de los silencios, el llanto y otras formas de comunicar y narrar sus memorias, deseos y realidades” (Morales-Roa, 2021, p. 161).

Así mismo, estas verdades se ven atravesadas por censuras sociales y autocensuras, tal es el caso de la violencia sexual, a la cual se le asignan culpas, vergüenzas y pudores. Además, en muchos contextos está naturalizada y las mujeres no consideran que sea algo denunciable, sino una consecuencia inevitable de la guerra. Esto se debe a que el hecho de ser víctimas y mujeres no las hace automáticamente personas críticas frente a sus contextos, ni las posiciona como un grupo homogéneo con intereses iguales, de hecho, sus marcos de interpretación pueden reproducir significados alineados con las lógicas de las estructuras que las oprimen como el patriarcado, el militarismo, etcétera.

Lo anterior refleja la importancia de que los procesos de construcción de verdad desde las mujeres estén acompañados de un proceso crítico que permita a las mujeres identificar dichos marcos y cómo sus formas de recordar y narrar se ven atravesadas por las identidades asumidas e impuestas. De este modo, tienen la posibilidad de resignificar sus memorias y encuadrarlas en una perspectiva crítica no dicotómica. Es decir, “implica poner en marcha un entendimiento analítico de lo que ocurrió desde su complejidad, que permita avanzar en una lectura problematizada del pasado y el presente del país” (Gómez-Correal, 2017, p. 16).

En este proceso ha sido fundamental el trabajo realizado por las organizaciones sociales feministas y de mujeres. Según Chaparro ^[8] (2020) —refiriéndose a la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia— estas entidades han actuado como intermediarias entre las mujeres víctimas y el Estado en un ejercicio de representatividad que recoge las voces de estas mujeres, a partir de la producción del conocimiento y del activismo nacional e internacional para que se reconozcan las violaciones de Derechos Humanos cometidos contra las mujeres en la guerra.

En este sentido, los aportes teóricos y la movilización social de las feministas junto con otras mujeres han permitido desafiar y transformar los marcos de interpretación desde los cuales se lee el pasado y la relación entre las mujeres y la guerra. Estos otros marcos interpretativos han analizado la distribución diferenciada y desigual del daño (Smyth, 2014), donde uno de los sectores de la población en los que se han concentrado más las afectaciones han sido las mujeres.

Esta afectación diferenciada y desproporcionada sobre las mujeres no solo se ha dado dentro de las lógicas patriarcales en las que los cuerpos y subjetividades de las mujeres son apropiables, sino en las lógicas de la guerra donde se les responsabiliza —otros y ellas mismas— por su lazo con el “enemigo” por “su carácter de militantes activas, […] por su identidad familiar, por su vínculo con hombres —compañeros y maridos especialmente, aunque también hijos— y con el fin de obtener información sobre las actividades políticas de sus familiares” (Jelin, 2017, p. 5).

Por último, referirse a procesos de esclarecimiento y construcción de verdad implica contrastar las versiones o verdades de varios actores con el fin de complementar el relato acerca de lo qué pasó. De este modo, reconociendo que las mujeres no solo han sido víctimas de la guerra, sino también han ejercido el rol de combatientes, constructoras de paz, perpetuadoras de la guerra, entre otros, es importante que la verdad desde ellas sobre lo que ha pasado en Colombia revele la pluralidad de experiencias que las mujeres han tenido desde estos otros lugares que ocupan en el conflicto armado y desde los cuales se ven también “los impactos y resistencias, sobre el sistema sociosexual de géneros y el orden sociosimbólico del patriarcado” (Martínez, 2018, p. 87).

Retos de las verdades de las mujeres

La CEV busca escuchar a la mayor cantidad de personas —víctimas, testigos y responsables— desde sus verdades narrativas, las cuales serán contrastadas con la verdad fáctica dada por otras fuentes como archivos, documentos y bases de datos, de tal manera que en el Informe Final se refleje un relato colectivo, incluyente y veraz que explique “qué pasó durante el conflicto, por qué pasó, qué consecuencias dejó en las comunidades y qué debe hacerse para que esta experiencia no se repita” (Comisión de la Verdad, 2019).

Sin embargo, esta construcción de verdad no es ajena al ejercicio del poder en la política; ejercicio lleno de tensiones y disputas permanentes donde “las posibilidades de que la verdad factual sobreviva a la embestida feroz del poder son muy escasas; siempre corre el peligro de que la arrojen del mundo no solo por un periodo sino potencialmente para siempre” (Arendt, s.f., p. 5). Así, los hechos y los acontecimientos, aparentemente irrefutables y bases de esta verdad son vulnerables ante el pensamiento político que puede usar la mentira, la falsedad deliberada o la transformación de hechos en opiniones como intentos de cambiar lo fáctico.

En este sentido, desde antes de la consolidación de la CEV, como lo plantea De La Calle (2019) el proceso de paz se movió “en un mar de suposiciones, mitos y francos engaños” (p. 89) donde las mentiras repetidas por diferentes medios fueron una estrategia política que trajo consecuencias graves para el Acuerdo Final y su implementación. Concretamente, “la arremetida de los voceros del No [fue] superlativa. Inundaron las redes sociales con mentiras alucinantes, la mayoría de fuentes anónimas que replicaban hasta el cansancio gracias al uso de tecnologías automáticas” (De La Calle, 2019, p. 291).

En este proceso destaca la supuesta imposición de la “ideología de género” ^[9] que traería la aprobación de este documento. “En el mar de polarización que se acentuó durante el plebiscito, este fue un argumento eficaz para enajenar el voto de las comunidades evangélicas —llamadas cristianas— y muy buena parte de las católicas” (De La Calle, 2019, p. 296). Producto de la eficacia de esta embestida del poder frente a la verdad fáctica fue necesario renegociar con los opositores, en buena medida sujetos políticos conservadores y religiosos que históricamente han buscado invisibilizar las narrativas de las mujeres que no corresponden con los roles asignados socioculturalmente a lo femenino.

De acuerdo con Gil-Hernández (2020) estos grupos conservadores no son nuevos actores políticos en la búsqueda de estigmatizar los feminismos, cuestionar y negar los derechos de las mujeres y de las personas que corporizan formas no hegemónicas de ser y estar en el mundo. Sin embargo, dichos grupos han actualizado sus discursos inscribiéndolos en el marco de los Derechos Humanos. Y “vienen trabajando de forma dedicada en estrategias de pánico moral y desinformación para tratar de parar una de las principales transformaciones sociales que viene experimentado la región y el país, y refundar un orden heteronormativo que ellos consideran amenazado” (Gil-Hernández, 2020, p. 12).

En este sentido, desconociendo un proceso colectivo y participativo gestado por más de cuatro años para construir un nuevo pacto social, y con ello verdades históricas que nos permitan construir un futuro más equitativo y en paz, entraron en juego intereses políticos y manipulación emocional que conllevaron pérdidas materiales y simbólicas. De esta manera, si bien el enfoque de género fue definido, implicando en su transversalización la incorporación “de manera simultánea, (de) tres dimensiones: la redistribución económica, el reconocimiento cultural y la representación política” (Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, 2019, p. 8), esta perspectiva fue reemplazada en varias oportunidades por conceptos que aluden a la no discriminación, la igualdad y la vulnerabilidad, desconociendo la complejidad y el carácter estructural de las desigualdades entre las personas basadas en sus diferencias sexuales.

Este escepticismo y objeción frente a la perspectiva de género en el Acuerdo Final visibilizó posibles dificultades en su implementación. En este sentido, se creó la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz establecida “con el fin de contribuir al seguimiento del enfoque de género y garantía de los derechos de las mujeres y la población LGBT en la implementación del Acuerdo de Paz” (Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, 2019, p. 10).

A pesar de esto, “el enfoque de género […] se fue desdibujando en la realización de un único capítulo de género dentro del Plan Marco de Implementación (PMI) restringiendo las acciones afirmativas hacia las mujeres y población LGBT” (Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, 2019, p. 6). Es decir, este recurso de la “ideología de género” logró afectar las garantías para las mujeres y la población LGBT en el marco de la implementación del Acuerdo Final al retirar la participación y representación paritaria, invisibilizar las afectaciones diferenciadas a la población LGBT y equiparar su situación con la vulnerabilidad de las organizaciones religiosas.

Estas dificultades en la implementación se acentúan con la falta de voluntad política nacional y territorial. A pesar de esto, el SIVJRNR ha priorizado “el desarrollo del enfoque de género, al igual que el del enfoque étnico y anti-racial” (Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, 2019, p. 33). Específicamente, la CEV ha incorporado el enfoque de género como una herramienta de análisis transversal que permita identificar las formas diferenciadas en que el conflicto afectó a las personas debido a su género, orientación sexual e identidad de género. Esto lo realiza a través de un grupo técnico de trabajo de género que investiga, prepara encuentros y recoge los aportes de quienes ya han abordado estos temas como las organizaciones y plataformas de mujeres, de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (Comisión de la Verdad, 2020).

Sin embargo, parafraseando a Magda Alberto ^[10] , el rechazo y desconocimiento frente al enfoque de género a nivel institucional ha llevado a que en la implementación del Acuerdo se incorpore un “mujerismo” en el que solo se habla de mujeres como población y como número de participantes, sin una lectura desde el enfoque de género. Esto reproduce visiones tradicionales de las mujeres e invisibiliza las diversas experiencias que ellas han tenido en el conflicto armado en tanto víctimas, lideresas y excombatientes en los territorios.

Estas experiencias han estado marcadas por distintas opresiones que “generaron y posibilitaron las victimizaciones […], produciendo impactos que, aunque guarden ciertas similitudes entre sujetos […], cobran también sus particularidades, al depender de otras pertenencias identitarias e históricas (violación sexual con connotaciones genocidas, en el caso de mujeres afros e indígenas)” (Gómez-Correal, 2017, p. 9), así como crímenes de odio a causa de prejuicios sociales en el caso de mujeres lesbianas y trans.

Además, el trabajo de la CEV no pretende solo quedarse en el esclarecimiento de la verdad con enfoque de género e interseccional, sino que esta sea la base “para la implementación de medidas que restituyan sus derechos, esclarezcan los patrones de violencia […], promueva su reconocimiento, la responsabilidad de los perpetradores, visibilice los mecanismos que construyeron cotidianamente y que apostaron a la construcción de la paz de manera permanente en los territorios” (Comisión de la Verdad, 2020).

En este sentido, otro de los retos a los que se enfrentan las verdades de las mujeres son los alcances o efectos que estas afirmaciones puedan tener en el futuro. Así, estas verdades se entienden como una posibilidad de materializar otros derechos (justicia, reparación y garantías de no repetición). Aquí cabe aclarar que las garantías de estos derechos no se esperan necesariamente desde lo punitivo, sino que tiene que ver con el reconocimiento colectivo de esa verdad y la transformación de “las condiciones que dieron origen a las victimizaciones” (Gómez-Correal, 2017, p. 15).

No obstante, “la narración de las personas víctimas no se traduce en justicia oportuna, reducción de la impunidad o mejoras en sus condiciones de vida” (CNMH, 2017, p. 18). Esto se debe, por un lado, a la diferenciación que se hace entre verdad histórica y verdad judicial. Y, por otro lado, a la permisividad institucional y social que ha tenido la violencia contra las mujeres dentro y fuera del conflicto armado, lo que contribuye a la alta impunidad contra estos crímenes.

Finalmente, cabe mencionar que, a partir de la renegociación del Acuerdo, las mujeres que hacen parte de las elites políticas conservadoras y de organizaciones religiosas pueden reconocerse como víctimas. Sin pretender generalizar sus experiencias, algunas de ellas sostienen discursos de odio y reafirman estigmas contra otras mujeres por ejercer una sexualidad considerada peligrosa o insana, así como liderazgos que se consideran guerrilleros o terroristas. Estos marcos de interpretación complejizan la construcción de las verdades desde las mujeres y la oportunidad que se les asignan de facilitar “los procesos de sanación y duelo de los sujetos victimizados y de la sociedad en su conjunto” (Gómez-Correal, 2017, p. 14).

De esta forma, las verdades narrativas construidas desde la diversidad que encarnan las mujeres en sus realidades comunitarias y territoriales enfrentan permanentemente diferentes ejercicios de opresión que buscan ocultar qué fue lo que sucedió con ellas, sus comunidades, así como las formas en que han resistido individual y colectivamente. No obstante, estos procesos no se agotan con su declaración ante la CEV y la inclusión de sus voces en un Informe Final, por el contrario, es allí donde decide romperse con el silencio, que se encuentran las posibilidades de reconstrucción del pasado, a partir de las vivencias presentes con miras a imaginar y realizar otros futuros posibles para las mujeres y para el país.

Conclusiones

La perspectiva de género en la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú ha sido pionera en América Latina para el reconocimiento de las afectaciones diferenciadas que viven hombres y mujeres en razón del género en contextos de conflicto armado. A su vez la CVR permitió avanzar en la comprensión de la violencia sexual como una estrategia de guerra que emplean los distintos actores armados con motivos diversos derivados de una cultura patriarcal que hace de los cuerpos de las mujeres territorios apropiables y objetos de violencia.

Además, esta experiencia buscó incluir la especificidad del Movimiento Feminista latinoamericano que aborda la intersección de opresiones que acuerpan las mujeres (Vargas, 1985). De esta manera, el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado y el racismo se imbricaron con el militarismo afectando de manera desproporcionada a mujeres, en su mayoría analfabetas, campesinas, quechua-hablantes.

Sin embargo, esta perspectiva de género no incluye de forma exhaustiva el abordaje de las masculinidades en el conflicto armado peruano. A su vez, por la invisibilidad que aún tenía en ese momento las orientaciones sexuales e identidades de género diversas tampoco son analizadas. Aun así, de manera general se evidencia un proceso de exterminio del “otro” que según Reardon (2010) agrupa a todo/a sujeto/a que difiere de las normas patriarcales, especialmente, las mujeres, pero también está el “otro” “terrorista” e “indio” frecuentemente encarnados en las mismas personas.

Así mismo, la CVR presenta esencialismos frente a las mujeres visibilizándolas principalmente como víctimas. De esta forma no solo se les resta protagonismo a sus resistencias, sino también se disminuye la importancia a las violencias sexuales y otras violaciones de Derechos Humanos que vivieron las mujeres dentro de los grupos subversivos. Es decir, este discurso en cierta medida invisibilizó las afectaciones que vivieron las integrantes de grupos armados legales e ilegales, así como sus colaboradoras (Corporación Humanas, 2008).

Finalmente, este análisis permite ver que los avances logrados en el Informe Final pueden esfumarse cuando no hay un involucramiento profundo de la sociedad, ni un compromiso de transformación de largo alcance (Mantilla, 2007). De esta manera, los avances en la perspectiva de género en la CVR no tuvieron continuidad en el PIR y aún se está luchando permanentemente por justicia, reparación y garantías de no repetición.

Así, plantear una perspectiva de género para el SIVJRNR ha sido el resultado de las demandas sociales y políticas de las mujeres en el camino de reconocer las voces y dignificar a las mujeres víctimas, quienes han construido sus memorias de dolores y resistencias, subalternas a las memorias oficiales patriarcales que las limita al papel de víctimas carentes (Martínez, 2018).

Dicho de otro modo, la inclusión de la perspectiva de género dentro de las Comisiones de la Verdad debe dirigirse hacia dentro, a través de la investigación y la transversalización del análisis en relación con la pertenencia identitaria de las personas partícipes en el conflicto armado en sus diferentes roles. Pero a su vez esta inclusión debe ser hacia afuera difundiendo de manera amplia los resultados hallados, involucrando a la sociedad civil y visibilizando la necesidad de transformaciones estructurales que contribuyan a construir relaciones más justas y equitativas entre la diversidad de experiencias que habitan en los territorios de un país como Perú o Colombia.

Además, la perspectiva de género enraizada en un enfoque feminista de análisis y abordaje de la realidad implica, como plantea Díaz-Susa (2015), poner en el centro a las mujeres, validar sus experiencias, voces y subjetividades como fuente de conocimientos. La verdad desde esta perspectiva requiere que el conocimiento sea construido con y desde ellas, con metodologías participativas en las que ellas sean las protagonistas y se analicen las dinámicas de poder presentes en sus vidas.

Históricamente la verdad ha tenido un carácter androcéntrico, frente al cual las mujeres han resistido y luchado con el fin que sus voces y versiones sean reconocidas, sin embargo, los mecanismos de construcción de verdad por sí solos no garantizan la consecución de sus derechos a justicia, reparación y garantías de no repetición. En este sentido, estos procesos pueden ser un espacio para la construcción de la subjetividad política de las mujeres cuestionando activa y críticamente las diferentes miradas hegemónicas sobre su lugar en la guerra y desentrañar los intereses desde los cuales se evocan estas realidades.

Pero a su vez, los procesos de construcción de verdad pueden permitir la reproducción de marcos de sentido afines a las lógicas patriarcales y que no problematizan el pasado imposibilitando aprender de él. En esta vía, es preciso reconocer que la verdad no es absoluta, por lo que se apuesta por procesos de memoria que den cuenta de las múltiples verdades contextualizadas, apelando a la reconstrucción histórica material y de significados sobre el pasado con el fin de comprender y no repetir lo que ocurrió (Gómez-Correal, 2017).

Así, las luchas sobre la verdad apuntan a la capacidad de hacer pública y apropiable una concepción sobre la realidad que, idealmente, debería integrar y contrastar diferentes versiones a la luz de la materialidad fáctica histórica, pero que en su puesta en marcha es un proceso más complejo. Por lo que se ve permanentemente atacada, manipulada y transformada en opiniones, a partir de recursos explícitos como la “ideología de género”, pero también de otras formas como la participación política de grupos conservadores en instituciones que influyen sobre la garantía de los Derechos Humanos y los Derechos de las víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, esto requiere un ejercicio de seguimiento y vigilancia constante por parte del Movimiento Social de Mujeres, el Movimiento Feminista, la academia y la sociedad en general para que las verdades de las mujeres en toda su complejidad y diversidad hagan parte del consolidado en el Informe Final de la CEV. Además, la construcción de verdades no puede reducirse a la estructura derivada del Acuerdo Final, sino que debe continuar desde los territorios con las iniciativas de mujeres populares, comunitarias, excombatientes, etcétera.