Forum. Revista Departamento de Ciencia Política

Un país sumido en la violencia recurrente. Entre pactos y perdones

El 18 de abril de 2018 Nicaragua asistió a la explosión de una rebelión popular sin precedentes tras casi tres décadas de “democracia defectuosa” (Merkel, 2004). En respuesta a este alzamiento popular contra unas reformas neoliberales al sistema de seguridad social, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una violenta represión sistemática y generalizada también sin antecedentes en “el presente democrático” (ACNUDH, 2018, 2019; CIDH, 2020; GIEI, 2018).

“Abril” —así quedó marcado este sobresalto social en la memoria colectiva— es ante todo un innegable parteaguas. Se trata de un antes y un después entre la Nicaragua “segura”, “bonita” y “tranquila” previa a abril de 2018 y la otra, la del “terror”, “el miedo de hablar” y “el pánico” (Ramírez-Ayérdiz y Martínez, 2020); entre la sociedad antes adormecida y la contestataria, “autoconvocada”; entre el Estado de la violencia latente y el intensamente represor. Abril, en medio de la potencia traumática producida por el terror estatal, generó la impresión de vivirse a destiempo o en tiempos ya recorridos.

La violencia política siempre vuelve a Nicaragua ya sea ejercida por el Estado directamente o por las elites antidemocráticas con el Estado como escenario de disputa. Bataillon (1998), al respecto aduce que se inscriben en un “continuum” donde los enfrentamientos armados dan ritmo a la vida política (párr. 5-14). Un continuum sin el que no podría explicarse ni dar contenido a la historia nicaragüense.

La violencia retornante nunca ha sido suficientemente abordada por las dirigencias políticas del país sea cual sea el color o la orientación ideológica que ocupe el poder. Los grupos políticos, generalmente, en torno a un caudillo, han visto al Estado como el espacio para concretar proyectos de acumulación de poder, riqueza y cooptaciones de órganos hasta que sucede el siguiente quiebre por la elite política contraria, apoyada, casi siempre de forma tardía y conveniente, por parte del capital inconforme (Cortés-Ramos, et al, 2020, p. 47; Álvarez-Montalván, 2000; Pérez-Baltodano, 2008).

No obstante, el fin del somocismo y la “revolución suspendida” de abril de 2018, tienen características que se separan tanto de los acuerdos y pleitos entre elites: ha sido la población civil la alzada contra la injusticia buscando regular por sí el destino de Nicaragua. Sin embargo, la reacción del somocismo como la del ortega-murillismo ha sido cruel contra los manifestantes (Villacorta et al., 2018).

El gran parteaguas, entre tantos, es la revolución sandinista. En aquellos años de transformación, decía Bayardo Arce, entonces comandante de la revolución, la lucha, frente a todas las desigualdades, tenía que darse en el ámbito cultural, después de siglos de una población sometida a los dictados oligárquicos (Arce, 1982; Ministerio de Educación de Nicaragua, 1986; Whisnant, 1995). Sin embargo, abandonar las lógicas violentas de las elites como desafío, según Bataillon, no se logró con completitud. Paradójicamente, en la guerra contrarrevolucionaria, las partes continuaron con las prácticas elitarias violentas del pasado (1998, párr. 51-53).

Por otro lado, la revolución es especialmente relevante como quiebre con relación a su pasado precedente porque por primera vez el gobierno y sociedad enfrentaron el legado de violencia heredado, en esa ocasión, del somocismo. Así se aplicaron las entonces “novedosas” medidas de justicia transicional. Las estructuras de la represión somocistas fueron sometidas a intenso debate y escrutinio. Miles de guardias nacionales fueron juzgados y condenados (DPEP-FSLN, 1969/1984; Núñez de Escorcia, 2014; Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, 1979; Oettler, 2013; Vannini, 2014).

No obstante, este vis-a-vis con el pasado sufrió limitaciones sea por el reconocimiento parcial de de las víctimas del somocismo o por los exabruptos o “excesos” revolucionarios ¹ . Exceso es un eufemismo acuñado en la postrevolución por parte de la exdirigencia sandinista, referido a graves violaciones de derechos humanos y el derecho humanitario sucedidas entre 1979 y 1990 (Oettler, 2013, p. 8).

Con una sociedad cansada ya en las postrimerías de la revolución y ya con una importante acumulación de “errores” en la guerra de agresión, los exabruptos —represión “de baja intensidad— del gobierno sandinista contra ciertos la prensa y políticos opositores y grupos étnicos. El fin de la contienda llegó no sin tensiones, y de la mano de viejas herramientas del pasado utilizadas para dar “borrón y cuenta nueva” a los errores de cada periodo violento: la amnistía y el pacto entre las elites.

Pactada la amnistía y reservadas las parcelas de poder para las dirigencias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y en cierta medida para la Contrarrevolución, se dio la “difícil transición”, llamada así por Antonio Lacayo, el poderoso exministro de la presidencia del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. El gobierno postrevolucionario (1990-1997) asumió una política transicional sin justicia transicional, presionado por del fin de la guerra y por otro, como resultado de los acuerdos para “la gobernabilidad” con la dirigencia sandinista y la inquietante ausencia de presión internacional.

Esta transición que implicaba un portazo contra un pasado todavía vigente y por tanto de necesario abordaje, fue encauzado en un potente y habilidoso repertorio de discursos oficiales impregnados de símbolos religiosos y discursos de perdón y paz alrededor de la figura de Chamorro. La política transicional asumió una postura de superación del pasado, pero sin abordarlo activamente, “canjeando justicia por paz” (Teitel, 2003, p. 14).

Como se verá, esta transición promovió una forma de memoria compleja basada en la borradura del pasado en nombre de la reconciliación y de un profundo discurso de polarización y demonización de los actos del gobierno sandinista, pero con una astucia tal que, sin cuestionar profundamente al sandinismo, era mejor optar por paz frente a la guerra, democracia frente al totalitarismo, el perdón al conflicto, el olvido frente a la memoria, la apertura económica en lugar de la escasez marxista y la amnistía frente a la justicia. (Chamorro, 2015; Oettler, 2013; Pearce, 1999).

En el marco de búsquedas de explicaciones de la violencia política respecto del “pasado reciente” ² en Nicaragua, este artículo contribuye a explicar cómo la falta de abordaje activo del pasado revolucionario por parte del gobierno transicional (1990-1997) con la ausencia de dimensionamiento de los usos de la violencia política en la sociedad, canceló la posibilidad de visibilidad, justicia y reparación para las víctimas periodo precedente. Una suerte de “encuadramiento” (Pollak, 2006) e institucionalización de la memoria de ese “pasado reciente”, donde concurren olvidos, perdones, silencios “no dichos” y referencias exiguas a la violencia que aún hoy buscan darle continuidad, es decir el otro lado del proyecto de las clases dirigentes, instalado por el gobierno de Chamorro respecto de esa memoria, el papel de esta en su tramitación y sostenimiento colectivo.

El autor busca encontrar nexos que expliquen cómo esa memoria “encuadrada” institucionalmente, que dejó sin tramitar ese “inmenso legado” de violencia política revolucionaria, tienen relación con la crisis sociopolítica de abril de 2018, con un Estado y un partido que niega su participación en crímenes y violaciones de derechos humanos, aunque investigados ampliamente por los órganos internacionales de derechos humanos. Además, el artículo busca abrir discusiones respecto de los discursos y el accionar del gobierno transicional (1990-1997), hasta ahora poco escudriñados debido al acompañamiento positivo de diversos sectores de la sociedad. El artículo concluye con algunas propuestas sobre las tareas pendientes del “dimensionamiento de la violencia política” tan urgentes para “destrabar” las memorias institucionalizadas.

Nicaragua en llamas. Un resumen del terror de 2018

El momento clave desaprovechado: la transición de 1990

Al gobierno transicional de Violeta Chamorro le correspondió un escenario político, económico y social complejo. El alto al fuego acordado entre las partes en conflicto de la guerra de agresión —la Contrarrevolución y el Ejército Popular Sandinista— financiada por Estados Unidos fue la principal promesa electoral de campaña de Chamorro (Arévalo, 2007, p. 47; Monroy, 2001; Pérez-Baltodano, 2008, p. 611). La pacificación fue el énfasis de trabajo del gobierno transicional, o sea, “la concertación y reconciliación nacionales” (González, 1992, p. 67).

No obstante, frente a este difícil escenario estaban presentes, por un lado, el abordaje, la determinación y el cuestionamiento de la etapa revolucionaria, en especial, con relación a los hechos no tan heroicos que sucedieron en el marco de la guerra y, por otro, consecuentemente, la indagación de la violencia, sus responsabilidades, víctimas y efectos en la sociedad posrevolucionaria.

La pacificación implicó prácticamente el fin del conflicto inter-partes sobre la base de una controvertida reinserción de los combatientes del Ejército Popular Sandinista (EPS) a la vida civil y los alzados de la Resistencia Nicaragüense o Contrarrevolución (en adelante, “la Contra”) y la incorporación de la dirección superior de esta última al gobierno (Arévalo, 2007; Chamorro, 2015; Martí i Puig, 1998). La dirigencia militar sandinista quedó mayormente integrada a un ejército que progresivamente fue profesionalizando, cuyo punto de partida fue la Ley del Ejército de 1994 y la institucionalización de su apoliticidad en las reformas constitucionales de 1995.

La desmovilización, entrega de las armas y reinserción social —pacificación— así como el perdón legal absoluto —amnistía—, más la reinserción de las elites militares y políticas en pugna a la vida política —reconciliación— fueron los mecanismos estatales para desplazar el deber ético de enfrentar y hurgar activamente el pasado revolucionario/contrarrevolucionario. Pese a que el contexto posrevolucionario hacía difícil aplicar medidas transicionales sobre todo relacionadas con justicia —por el peso de los acuerdos entre elites—, no fueron adoptadas otras medidas viables que podían poner en el escrutinio público los usos y abusos de la violencia política en la guerra para que emergieran los rostros de las víctimas (Núñez de Escorcia, 2014). Cuestión paradójica en aquel contexto donde:

Si bien la segunda transición a la democracia ocurrió en un momento de creciente conciencia a nivel global sobre las problemáticas de las políticas del pasado (transitional justice), en la Nicaragua pos-sandinista no hubo una política proactiva de enfrentar el pasado a través de comisiones de investigación o procesos judiciales (Oettler, 2013, p. 8. Énfasis en original).

Medidas ya existentes como comisiones de la verdad o de esclarecimiento, como en el caso argentino, guatemalteco o salvadoreño en el marco de la llamada “tercera ola de la democratización” (Amadiume y An-Na’im, 2000; Barahona de Brito, González-Enríquez y Aguilar, 2001; Elster, 2004; Hungtinton, 1991; Minow, 1998; Neier, 1998; Oettler, 2013) no fueron promovidas por el gobierno de Chamorro. En Nicaragua, al mismo tiempo el gobierno transicional articuló una memoria fuerte, institucionalizada y “encuadrada” (Pollak, 2006) en una retórica reconciliadora, compleja en su conformación pues incluyó una “la heurística del olvido impuesto” Sprenkels (2017) en torno del conflicto y sus víctimas. El gobierno transicional logró paulatinamente hegemonizar su proyecto de memoria, sintetizando perdón, silencio y olvido, acompañado fuertemente por diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, la memoria instituida en 1990 no solo hace referencia a silencios impuestos: también a recuerdos no tramitados colectivamente, silencios no dichos y otras dinámicas colectivas enmarcadas en la “reconciliación y pacificación nacional”.

El Estado nicaragüense de 1990 inmerso en el “lenguaje seductor de la transición” (Theidon, 2009, p. 295, citado en Oettler, 2013, p. 13), al que se sumaron tanto sandinistas como contras ya sumergidos en el “amalgamamiento de las elites” y la “consolidación inclusiva” (González, 1992, p. 69), pudo tener su explicación en la necesidad de no remover más el pasado ni hacer referencia concreta a él como garantía, paradójicamente, de “volver a la guerra o a la represión estatal” (Teitel, 2003, p. 14). A pesar de “el imperativo ético del tratamiento del pasado” tras la Segunda Guerra Mundial, Oettler resalta que “en los años 90, en el marco de las transiciones de la guerra a la paz negociada, las elites tenían la tarea de enfrentar, de una manera u otra, el legado de violencia masiva” (2013, p. 8).

Los sandinistas, con el peso enorme de la legitimidad internacional de su causa enfrentando una guerra de agresión imperialista, si bien derrotados en 1990 electoralmente, en términos históricos salieron victoriosos. Este peso incuestionable fue lo suficientemente sólido como para llevar hacia lo colateral la discusión de cualquier efecto desproporcionado que el ejército o el gobierno hubiera cometido (Núñez de Escorcia, 2014; Oettler, 2013, p. 20).

Desde la otra acera, la simpatía a veces indisimulada de sectores afines a la presidenta Chamorro con la causa contrarrevolucionaria, además de su eco aún legítimo sobre todo en el campesinado, llevó a los dirigentes Contra a justificar su participación en la guerra y la mejor opción: el olvido. Así, en la insipiencia de la pacificación, reconciliación y el respeto de “las razones” de cada bando bélico, se configuraron los relatos respecto de no tocar el pasado en la etapa transicional los que pasaron a ser el principal eje gravitacional de esta memoria compleja posrevolucionaria, que no solo incluyó el silencio “puro”, sino relatos “hablados” y “acompañantes” de aquel, dirigidos hacia la sociedad desde el poder institucional.

Sin embargo, la instalación de estos relatos fueron generando efectos y discursos concretos, unos inmediatos, mitificados y hábilmente construidos en beneficio del gobierno neoliberal de Chamorro para instalar hasta hoy la potente noción “canónica” de “transición pacífica” (Baby, 2018, p. 21) y otros de más largo plazo, interrelacionados y compartidos tanto por las ex elites beligerantes como por el gobierno transicional, sobre la necesidad del “borrón y cuenta nueva” (Oettler, 2013).

Nosotros consideramos que una de las tantas maneras de explicar la ausencia de medidas de justicia transicional luego de la revolución se pueden encontrar analizando los discursos “hábiles” del gobierno transicional (1990-1997) y la complicidad de las elites en su consolidación. Esta consolidación de la memoria posrevolucionaria tuvo efectos en el “dimensionamiento” de los usos políticos de la violencia en Nicaragua, en el difícil y anquilosado proceso de democratización y, posiblemente, en su desenlace reciente, la crisis sociopolítica iniciada en 2018.

Una transición sin justicia transicional (1990). Sus mitos fundantes y repercusiones en la memoria colectiva

El discurso controvertido de la democracia y la transición “instaladas” por el gobierno Chamorro

Las elites políticas –gobierno, sandinistas y contras- buscaron darle fuerza y legitimidad al discurso de impulsar el carácter originario, definitivo e irrevocable de la transición, es decir como momento dado y concreto y no como proceso progresivo, en simultaneidad con la democracia, la devolución de la paz y la reconciliación. Fernández-Ampié, dice que “[r]esultan evidentes dos elementos: el primero es que la transición a la democracia se presenta como si se tratara de algún milagro, como un acto de magia generado a partir de la victoria electoral y posterior toma de posesión de Chamorro […]” (2014, p. 53). En este juego discursivo, el gobierno transicional salió “ganador” en la opinión pública al beneficiarse de los efectos abruptos de darse a sí mismo el gran papel de que logró la paz.

“La democracia originaria” fue parte de una estrategia del gobierno transicional de contraponerse a sí, por su cuño neoliberal, como democracia per se frente a la “dictadura totalitaria” revolucionaria. El “retorno de la República” ⁸ , pregonado por Chamorro, queda en entredicho si se da crédito a que la transición por “desplazamiento”, como la democratización comenzaron, en realidad, con la caída del somocismo (Rovira-Mas, 2009, p. 7). Con todo, el recuerdo del carácter marxista del gobierno sandinista y el esfuerzo por ubicar al gobierno de Violeta “por encima del bien y del mal” (Pérez-Baltodano, 2008, p. 673) y de la política misma, dejó calar el mito de que 1990 fue una transición que instaló una democracia que antes no existió (Fernández-Ampié, 2014, Ansaldi y Giordano, 2012, pp. 501-512; Oettler, 2013, p. 21).

El discurso originario de la democracia quedó reforzado por la adhesión del FSLN a las nuevas reglas liberales de la política y el abandono progresivo de su “proyecto histórico” (Rovira-Mas, 2009, p. 10). “Nuevas reglas” articuladas desde elites del gran capital representadas en el gobierno Chamorro, después de ser relegadas por el último somocismo y la revolución.

El mito del gobierno “inocuo”

Del discurso general de la democracia originaria se desprendió el que consideraba que el gobierno no estaba agenciado por políticos sino por tecnócratas y, por tanto, esta democracia era “pura”, “etérea” y no corrompida por los excesos del sandinismo y el somocismo. Se transmitió a la sociedad de forma efectiva esta noción de pureza política —incluso pasando por alto la debacle económica y el enriquecimiento acelerado de los grupos económicos representados por Violeta—. Paradójicamente, antes de haber asumido el gobierno, Chamorro ya se sumaba a la histórica y corrupta práctica de las elites políticas de pactar cuotas, reservas y estabilidades del poder, por ejemplo, con la firma del Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo, el 23 de marzo de 1990. González (1992), explica que el protocolo “visto con cierta perspectiva temporal, fue, asimismo, el inicio de una peculiar fórmula de consenso entre la presidenta electa y su equipo de asesores y el FSLN” (p. 65).

El equipo de la presidenta electa se comprometió mediante ese protocolo a respetar el control militar sandinista del ejército y a convalidar “La Piñata”. Este episodio fue una “repartición enorme de tierras e inmuebles por parte de la elite dirigente sandinista” (Oettler, 2013, p. 19) antes de dejar el poder. Es considerada por Rovira-Mas como el proceso de acumulación originaria de la cúpula revolucionaria, hoy rica (2009, p. 19).

La permisibilidad de Chamorro de un acto de tamaña inmoralidad sin haber asumido el poder, evidencia de que ella y su “equipo” —término usado en lugar de gabinete para reforzar el carácter apolítico de su gestión neoliberal—a pesar de la pretendida inocuidad, transparencia y honradez controvertidas, continuó viendo al Estado como un botín al igual que ataño por los sectores tradicionales, incluido al somocismo. Rovira-Mas (2009) realiza dos acotaciones importantes respecto de los terribles efectos del pactismo:

El pactismo de esta naturaleza entre cúpulas políticas quizás sea el rasgo más prominente y con mayores consecuencias que posee la cultura política nicaragüense. Es un peso del pasado que le ha sido heredado a la democracia representativa vigente […] En todos [los pactos] la cuestión central fue de cómo repartirse el poder, de cómo perdurar en él ajenos a la competencia democrática libre y de resultados inciertos y cómo despojar metódicamente, institucionalmente, de recursos y posibilidades al Estado percibido como botín, en perjuicio de la sociedad. (pp. 18-19)

Pero detrás del discurso de un gobierno, dirigido por una mujer religiosa “devenida en santa” (Álvarez-Montalván, 1991 en Pérez-Baltodano, 2008, p. 673), supuestamente “empíreo” por encima del bien, del mal, las ideologías y las peleas políticas idiosincráticas, permaneció no declarado un deliberado disciplinamiento social de corte paternalista/autoritario que buscó la aceptación indiscutida de las decisiones gubernamentales porque estas, al no venir de políticos tradicionales, eran buenas y justas. Este paternalismo también buscó la aceptación sin resistencia de la perspectiva institucionalizada de memoria porque el gobierno sabía que esto “era bueno” para la democracia que él mismo había fundado.

Cuestionar la legitimidad de la violencia y sus usos para abrir el pasado

El olvido y sus relatos de “por qué olvidar” la violencia revolucionaria/contrarrevolucionaria, dejó en la sociedad —o en una parte de ella— una noción muy asentada de que la violencia siempre es un recurso posible. Por ello es por lo que el camino de la democratización defectuosa asumida por los sucesivos gobiernos desde 1990 ha estado vaciada de una memoria que persiga la “elaboración activa del pasado”.

La falta del cuestionamiento estatal de la violencia pasada (Stern, 2011), evidencia la falta de una sociedad que debate crítica, abierta e informada a las antiguas y nuevas elites involucradas en el silencio ante la guerra de agresión, la gestión del gobierno revolucionario y sus excesos. Un debate profundo sobre el dolor causado por la guerra y la responsabilidad de sus dirigentes pudo haber gestado en la clase política nuevas reglas y otros estándares para la reorganización de las dinámicas democráticas incluida una renuncia definitiva a la violencia como lenguaje y práctica política (Berinstain, 2005; Bataillon, 1998).

Es menester el cuestionamiento crítico del papel FSLN en los años de la consolidación de la democratización (1990-2001). La ausencia de este debate colectivo impidió en aquellos años que en el seno del FSLN se produjera la renuncia definitiva de la violencia como herramienta incluso en situaciones donde su uso no fue legítimo. Esto contrasta con la renuncia explícita del Frente respecto de su “proyecto histórico” popular y revolucionario y su consiguiente amoldamiento al juego de la democracia liberal abierto por el gobierno transicional (Rovira-Mas, 2009).

De hecho, en los dieciséis años de oposición del FSLN (1990 y 2007) si bien movilizó a su militancia al apoyo de causas sociales en momentos de graves ajustes estructurales perpetrados por los gobiernos neoliberales, en estas movilizaciones el recurso de la violencia está pendiente de ser estudiado. No obstante, espaldas de militancia movilizada, el Frente consintió casi siempre las medidas neoliberales a fin de no perder ni la influencia política ni sus extensos negocios rentables.

En consecuencia, las filas sandinistas, compuestas en un gran grueso por exguerrilleros, excombatientes y exmilitares, conservaron la violencia como vocación ante la ausencia del reproche social, sino ¿cómo se puede explicar que miles de civiles/militantes del FSLN se sumaran al gobierno en el grave aplastamiento de las protestas sociales de 2018 aunque fueran crímenes de lesa humanidad?

Sobre este aspecto se piensa que el trabajo pedagógico de una memoria que controvierte a la opción de la violencia como uso siempre presente a causa del pasado de un país marcado por la guerra era necesario a fin de cambiar las matrices históricas de violencia política de las que habla Bataillon (1998) respecto al caso nicaragüense. El cuestionamiento público del pasado que pudo implicar en si un trabajo pedagógico en las posteriores generaciones de rechazo no se dio en Nicaragua.

La inconmensurabilidad de la respuesta represiva del gobierno contra los manifestantes de abril de 2018 está conectado con esta vocación y uso sistemático de la violencia política, en este caso, estatal no controvertida en el pasado. El argumento central para perpetrar la represión por el gobierno Ortega-Murillo es ser víctima de “un golpe de Estado” (Villacorta, et al, 2018), negando oficialmente cualquier responsabilidad en la violación de derechos humanos perpetrada por las fuerzas de seguridad, pero ampliamente aceptadas como legítimas y necesarias por la militancia del FSLN.

Ante el Estado que no asume su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad y actos posteriores a 2018, notamos un desplazamiento de la memoria “institucional” desde 1990, y se agrega el elemento negacionista. El proyecto de memoria impulsado desde el Estado post abril ha recurrido al negacionismo, paradójicamente, a fin de no perder el hecho/discurso fundacional de la democracia nicaragüense: la paz. “Nicaragua quiere paz” fue un eslogan que se usó profusamente en las instituciones públicas a partir de 2018. Una paz emparentada con la del gobierno transicional: violenta y mitificada.

La cuestión de la postergación de las víctimas de la etapa revolucionaria

Desde el inicio de la revolución (1979), la cuestión de las víctimas y quienes lo eran fue compleja. Si bien los sandinistas ejercieron una profunda tarea por visibilizar, abrir el debate público y juzgar los crímenes del régimen somocista, es probable que el estatuto de víctima haya pasado a un muy segundo plano ante el peso de los héroes y de los mártires asesinados por las huestes somocistas. El papel heroico que refiere a la gesta —conectada también al tono ideológico que asumió el gobierno revolucionario— invisibilizó al de la víctima, cuyo estatuto refiere a una dimensión más centrada en la persona, sus derechos y el contexto comunitario.

Este énfasis en el héroe o el mártir guerrillero —que también fue víctima— es notorio en un país lleno de monumentos conmemorativos (Vannini, 2014). Más los relacionados con estas víctimas anónimas escasean. Esta misma actitud asumió el gobierno revolucionario con relación a las y los desaparecidos ya sea del periodo somocista o de su propia gestión en el marco de la guerra de agresión.

El drama que vivió la Asociación de Madres de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos de Nicaragua (AMFASEDEN) que “manejó documentación precisa de 867 personas secuestradas por la Resistencia y tuvo información confiable de otros 5 mil casos” (Fernández, 1993) entre 1989 y 1990 no fue tomado en serio ni por el gobierno revolucionario ni por el de transición o por el sandinismo ya como oposición política. Rápidamente, la cuestión de los desaparecidos de la guerra quedó en el olvido. De hecho, a diferencia de otros países de la región, como Argentina, que constituyeron plenamente a los desaparecidos como víctimas, el Estado de Nicaragua hizo caso omiso.

Adicionalmente, es necesario señalar otros episodios. Los excesos del gobierno en el reclutamiento de jóvenes para el Servicio Militar Patriótico son un asunto pendiente de indagar, lo mismo que “las graves violaciones al derecho internacional humanitario” que, por ejemplo, Vilma Núñez de Escorcia (2014), exvicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la revolución, explica fueron cometidas por ambas partes en el campo de guerra, incluido la violación sexual de mujeres o la quema de comunidades enteras cercanas a los enfrentamientos.

Asimismo, otro episodio latente y uno de los más emblemáticos a fin de considerar a sus víctimas es el episodio denominado “Navidad Roja”. Esta fue una operación militar de grandes proporciones que consistió en el reasentamiento forzado de miles y ejecución de decenas de comunitarios indígenas en su mayoría miskitus en el Caribe Norte en diciembre 1981 ante la amenaza de la influencia de la Contra en esta región (CIDH, 1983).

La acción militar de reasentamiento se dio en el marco del histórico desconocimiento por el Estado nicaragüense de las particularidades históricas, políticas, lingüísticas, étnicas y culturales de una región que fue anexada de manera forzosa en 1894, después de siglos de influencia inglesa. Las tensiones entre el Estado nacional y las comunidades indígenas del Caribe aún no están resueltas del todo (Hawley, 2003; Vilas, 1990, pp. 275-300).

Si bien se puede anotar otros episodios, la mayoría aún no están ni siquiera suficientemente hurgados o documentados a causa del poco interés del gobierno transicional por visibilizar a las víctimas o establecer una comisión de la verdad. Atingente, Oettler expresa que “en general, la falta de estadísticas fiables ha hecho imposible, hasta hoy, describir el balance de las víctimas mortales con exactitud” (2013, p. 21).

La oportunidad para el abordaje inmediato de estos problemas a través de la memoria y la verdad, sobre todo, la determinación y reparación de las víctimas —ya que la justicia era mucho menos probable a causa de las leyes de amnistía— no fueron posibles, además, por la debilidad de la sociedad civil post-revolución (Sprenkels, 2017) —la que se fue constituyendo por ex militantes y funcionarios sandinistas de todos los niveles lo que permite deducir de algún modo por qué no presionó esa sociedad civil incipiente por memoria, verdad y justicia—. Hubo también una notoria ausencia de presión internacional sobre todo de la ONU y la OEA en estos procesos como si lo hicieron en El Salvador y Guatemala. Oettler (2013) observó:

Sin embargo, en contraste con los demás países centroamericanos, en Nicaragua no hubo un fuerte movimiento de derechos humanos ni una ola internacional de reivindicaciones de justicia. Hay que subrayar que la especificidad de la situación nicaragüense radica en el apoyo significativo estadounidense a la contrarrevolución (p. 20).

El desafío social de “dimensionar” la violencia política

Cuando hablamos de “dimensionamiento” de la violencia, no se alude a un mero conocimiento exhaustivo de los hechos ni a currículos educativos, pues, como argumenta Nader (2010) la enseñanza sobre los procesos traumáticos no es pedagogía de los derechos humanos. Primeramente, este acto se refiere a asumir la “transmisión” activa de aquellas memorias “olvidadas” o “silenciadas” por las generaciones que vivieron, presenciaron y sufrieron episodios de graves violaciones de derechos humanos (Rousso, 2002; Yerushalmi, 1998).

La transmisión activa podría producir esa anamnesis y ese “retorno de lo reprimido” (Traverso, 2007, p. 44): la reaparición de nombres, de eventos, de lugares y de periodos que están en segundo plano con relación a la etapa revolucionaria (Pollak, 2006). O sea, hacia una necesaria recuperación del “olvido” (Yerushalmi, 1998, p. 21).

Este cuestionamiento de la revolución, que no será ni homogéneo ni unívoco, y entre detractores y promotores, será necesario asumir una “memoria contestataria” frente a la memoria oficial, “auto interesada” —habla Stern—. Entonces será ineludible “sinergias entre el estado y la sociedad, necesarias pero conflictivas, que surgen a partir de una transición democrática también significa una construcción de la memoria” (Stern, 2011, pp. 102, 105).

Si la supuesta democracia originaria de 1990, nació poniendo una lápida al pasado, justamente su dimensionamiento podría llevar hacia una conciencia que rompa con la violencia justificada y naturalizada aún en periodos tan legítimos como el revolucionario. Romperse desde ese carácter institucional (Pollak, 2006) y contra ese “dominio estatal del pasado” (Traverso, 2007, p. 21). Se trata de cuestionar la todavía indeleble legitimidad internacional que la revolución tiene como el gran lugar de memoria “por excelencia” de Nicaragua, en el sentido de Nora (2008). Esto es primordial para avanzar en la desactivación “de memorias fragmentadas, excluyentes y en conflicto sobre el pasado reciente” (Vannini, 2014, p. 86).

Además, el dimensionamiento social del legado de violencia, específicamente el revolucionario, puede poner de relieve, como ya se dijo, el papel de las elites “autoritarias” en la producción y sostenimiento de tal legado. La cuestión de las elites es esencial para avanzar en la reconfiguración de nuestra memoria colectiva, precisamente porque ellas han tenido un enorme peso en su modelación.

Sobre este aspecto, las elites, debidamente sometidas al reproche social activo y amplio, que ven en el conflicto violento la forma de iniciar y terminar sus pugnas, deberían ver en el Estado el espacio y en las reglas democráticas las normas para una nueva reconfiguración de sus prácticas, basadas en una refundación política de sus dinámicas y, por tanto, como garantía de no repetición de la violencia (Ramírez-Ayérdiz, 2021, pp. 4-5).

Otras tareas de este dimensionamiento es el rebatimiento del perdón como mejor que la justicia y de los “pactos” negociados en la recta final de las pugnas de las elites políticas al margen y en perjuicio del Estado. Es igualmente urgente la emergencia de otras memorias y su democratización. En ese sentido, queda pendiente también darle lugar a cada tipo de víctima: vindicar a los héroes caídos en la revolución y restituir a los civiles sin nombre arrinconadas por la memoria “encuadrada” en el relato épico.

La memoria no se puede estatizar ni hacer una preferencia por un tipo específico de víctimas (Levi, 2015; Traverso, 2007). En realidad, el dimensionamiento atingente al dolor, la tortura, las desapariciones, las violaciones, los asesinatos de aquellos que “nada” tenían que ver con la guerra, por ejemplo, podría tener un efecto pedagógico de rechazo social hacia la violencia, pero también de conciencia y reproche contra la violencia bélica por muy legítima, en la acera del gobierno revolucionario, que esta haya sido. La preeminencia del héroe y el mártir guerrillero, de alguna forma también explica por qué la sociedad nicaragüense ha preferido el acompañamiento de repertorios de perdón y olvido mejores que de justicia, reparación y verdad.

La potencia discursiva de la pacificación como sepulturera de la violencia que promovió el gobierno posrevolucionario y los sucesores da cuenta de que este era un discurso sin efectos concretos hacia la población. Sin estar basado en la conciencia de los hechos, en los derechos humanos y la cultura de paz como elementos de no repetición de la violencia, los civiles paramilitares de 2018 paradójicamente siguieron de alguna manera el mandato elitario de sostener esa “paz” negociada en 1990.

La noción misma de paz, en un país abundante en conflictos y turbulencias internas, también debe ser re-dimensionada y puesta en duda, pues pertenece a los encuadramientos mismos de la memoria dispuestas por las elites. No puede haber paz sin consciencia de no repetición.

Desafíos de la indagación del pasado frente a los discursos legitimados de “perdón” A modo de conclusión

Si bien en 2018 emergió un enorme sentido popular de rechazo contra la violencia gubernamental coyuntural, entre otras razones, por ser considerada injustificada por no venir de una guerra entre las elites, todavía el discurso del perdón instalado por el gobierno transicional de 1990 está plenamente vigente.

En esa paradoja de rechazo a la violencia gubernamental de 2018, pero de aceptación del discurso vacío de pacificación más bien violenta de la posguerra, continúa latente. En algunos escenarios la población podría seguir justificando todavía el uso de la violencia generalizada, sobre todo cuando esta es producto de elites enfrentadas. Adicionalmente ante la inminente necesidad de una tramitación activa del pasado mediada por el Estado, por ejemplo, mediante una comisión de la verdad esta paradoja que se advierte tendría efectos negativos sobre los trabajos y la verdad que esa comisión busque relevar.

La rebelión de abril de 2018 hizo también emerger nuevos y viejos rostros de la sociedad civil, pero también caras de los familiares de víctimas ejecutadas por las fuerzas policiales y paramilitares, de los heridos en las protestas, de presos políticos entre otras, que exigen justicia, verdad y reparación, junto a una amplia y ancha base de organizaciones, incluyendo al empresariado, por la represión estatal desde 2018. Sin embargo, tanto las organizaciones y, en especial, el año pasado que se celebraron elecciones generales, cuando los precandidatos presidenciales, por ahora casi todos presos políticos, dieron a conocer sus posturas sobre la indagación del pasado, no demostraron un acuerdo respecto desde cuál sería el punto de inicio del mandato temporal de los trabajos de una comisión de la verdad.

Esta ausencia de acuerdo da cuenta de la vigencia plena de los repertorios de paz, perdón y reconciliación mejores que la justicia instalados por las elites en el periodo posrevolucionario. De todos modos, si el dimensionamiento de la verdad desde una comisión estatal se limita a los hechos posteriores a 2018, el legado masivo de violencia desde la revolución, inicio del “pasado reciente”, quedaría legitimado y su cuestionamiento, postergado, incluidas sus víctimas, sus historias, los hechos, la sistematicidad de los crímenes y de los excesos tanto de la guerra como como del primer gobierno sandinista.

Finalmente, otros dilemas se presentan en cuanto a la búsqueda de una construcción de una memoria más democrática y redimensionada. Las relaciones con el Caribe nicaragüense han permanecido en tensión constante desde su anexión forzada por la violencia sistemática ejercida desde el Estado.

El Caribe, a diferencia del Pacífico y el Centro del país colonizados por los españoles, estuvo bajo influencia inglesa. Es una región multilingüe —sobre todo inglés y miskito— y, por tanto, los desequilibrios culturales, religiosos e históricos, además de ser esta región la más rica del país, han creado a dos visiones fundantes de la propia memoria colectiva en la “misma nación”, prevaleciendo la de los grupos blancos que gobiernan desde el Pacífico. De hecho, como se mencionó en otra parte del escrito, uno de los episodios no tan gloriosos del gobierno revolucionario fue la “Navidad Roja” un desplazamiento forzado que incluyó ejecuciones extrajudiciales contra miskitos que aún no ha sido reconocido por el Estado, pero por el que si el gobierno revolucionario dictó un decreto de amnistía en 1983 (CIDH, 1983; Pérez-Baltodano, 2008, pp. 651-656).

Otros grupos quedan pendientes de ser visibilizados en una posible construcción democrática en estos trabajos necesarios de dimensionamiento. El campesinado, poblaciones dilectas de los abusos y violaciones cometidas en tiempos de conflictos; los pueblos indígenas en el Pacífico y Centro del país, regiones donde las elites intelectuales instalaron la idea de que Nicaragua es un país “mestizo” y que estos indígenas “no existen” o se tiene de ellos una noción “museológica”, que los degrada del ya difícil estatus de “ciudadano” (Téllez-Argüello, 1999).

Los grupos LGBTIQ, arrinconados por el abordaje conservador de los derechos sexuales y reproductivos y que por años estuvieron criminalizados bajo el delito de “sodomía” (CEJIL, 2013). El enfrentamiento nicaragüense con su pasado tiene tantas aristas para revisar, pero el común denominador para empezar es el de una violencia que parece no estar socialmente rechazada ni deslegitimada.