Editorial

Aquellos que hayan transitado las calles de la fría Bogotá en los últimos años posiblemente habrán notado cómo los puentes peatonales y vehiculares, los semáforos, los andenes e inclusive los túneles de las estaciones de Transmilenio cuentan con nuevos inquilinos desplazados de sus tierras de origen. Entre ellos podemos encontrar quienes pertenecen a comunidades indígenas Embera Katío y Uitoto, así como otros que, sin hacer parte de dichas comunidades, deambulan por la ciudad con carteles con desgarradores mensajes tales como “soy desplazado por la violencia, ayúdeme por favor”. Y, aunque evidentemente no es nuevo, este es un escenario que evidencia la manera en la que la población rural, despojada de sus medios de subsistencia, se ve impelida a buscar un lugar en el que el conflicto no amenace ni a su familia, ni su patrimonio (reducido, en ocasiones, a una pequeña parcela). La propiedad rural es, entonces, un bien en disputa, sujeto a diversos intereses.