La expulsión de extranjeros “perniciosos” en Colombia durante los últimos años de la Hegemonía Conservadora

The Expulsion of "Pernicious" Foreigners in Colombia in Recent Years of Conservative Hegemony

A comienzos del siglo XX se registró en Colombia un aumento en la afluencia de extranjeros pero al mismo tiempo se incrementaron las políticas control en la entrada y permanencia de estos individuos. En el marco de la historia social y con base en fuentes documentales de archivo, este trabajo pretende analizar el proceso de expulsión de extranjeros indocumentados y "perniciosos" al final del mandato presidencial de Miguel Abadía Méndez (1926-1930). Para ello, se examinarán los motivos de estas expulsiones, las acciones encaminadas contra las extranjeras "de mala vida", el destino de los absueltos y fugados y, finalmente, las complicaciones que giraron en torno a las diligencias de expulsión. Esta preocupación del gobierno por la presencia de extranjeros "perniciosos" obedecía al interés de alcanzar la seguridad nacional a través de un modelo social en el que eran seriamente cuestionadas prácticas como la vagancia, la mendicidad, el robo, la estafa, la prostitución y las actividades políticas sediciosas.

In the early twentieth century occurred in Colombia increased influx of foreigners but also increased political control in the entry and stay of these individuals. As part of social history and documentaries based on archival sources, this paper analyzes the process of expulsion of undocumented aliens and "pernicious" at the end of the presidential government of Miguel Abadía Mendez (1926-1930). This article aims to examine the reasons for these deportations, the measures taken against women prostitutes, the fate of the escapees and absolved and, finally, the complications that revolved around expulsion proceedings. This concern of the government by the presence of foreigners "pernicious" was in the interest of achieving national security through a social model in which were seriously questioned practices such as vagrancy, begging, theft, fraud, prostitution and seditious political activities.

https://doi.org/10.15446/historelo.v9n17.56891

Roger Pita Pico^*

^* Politólogo de la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia); y Especialista en Política Social y Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia). Es Director de la Biblioteca Eduardo Santos de la Academia Colombiana de Historia (Bogotá, Colombia). Este artículo es un resultado preliminar del proyecto de investigación titulado: "Impronta extranjera en Colombia: de la Colonia a la República", financiada con recursos propios. Correo electrónico: rogpitc@hotmail.com
orcid.org/OOOOOOO1-9937-0228

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Resumen

Palabras clave: extranjeros, inmigrantes, deportación, Colombia, siglo XX.

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Abstract

Keywords: foreigners, immigrants, deportation, Colombia, XX century.

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Introducción

El tema de los extranjeros en Colombia ha sido poco desarrollado por la historiografía nacional. La mayoría de trabajos centran su mirada en las migraciones económicas y en los exilios políticos, mientras que otros hacen referencia al marco legal, pero sin profundizar en las consecuencias de esas normas y las realidades afrontadas por esa comunidad. En realidad, se ha intentado resaltar el papel desarrollado por algunos inmigrantes exitosos económicamente pero muy poco énfasis se ha hecho en el estudio de los expulsados de cuestionado comportamiento (Aizpuru 2009, 593).

Durante el periodo de dominio hispánico, los extranjeros fueron percibidos en el Nuevo Reino de Granada como una amenaza latente, razón por la cual fueron objeto de continuas persecuciones y expulsiones. La influencia de dogmas ajenos al catolicismo, el temor ante las acciones de espionaje de otras naciones y la afectación al monopolio comercial español, se constituyeron en las principales justificaciones para acentuar esa represión (Pita 2008, 741-768).

A partir de agosto de 1819, cuando Colombia sentó las bases definitivas como nación independiente, se experimentó una mayor apertura hacia los extranjeros aunque de todas formas el naciente gobierno republicano se cuidó mucho en fijar controles ya que era en últimas el poder central era el que decidía quiénes eran o no legalizados. Había la necesidad estratégica de preservar la independencia alcanzada, además del propósito de cerrar las puertas a los vagos y aventureros. Por estos años se promovió la inversión extranjera con miras a reactivar la economía y promover el desarrollo a escala regional.

En las décadas siguientes del siglo XIX continuó la afluencia de extranjeros aunque no en las mismas proporciones registradas en otros países de la región como México, Venezuela, Brasil y Argentina.¹ Esto se debió, fundamentalmente, a la convulsión que vivió el país por cuenta de las guerras civiles² que se constituyeron en un factor de inestabilidad tanto para los nacionales como para los foráneos. Los intentos oficiales de establecer colonias de extranjeros europeos, impulsados con especial ahínco desde mediados de siglo por funcionarios liberales como Manuel Ancízar y Salvador Camacho Roldán, resultaron siendo un verdadero fracaso (Martínez 1997, 7-13).

En materia constitucional, solo hasta la Carta Política de 1853, de clara orientación liberal, se incluyó un artículo que otorgaba a los extranjeros los derechos civiles y garantías vigentes para los ciudadanos colombianos. Décadas después, la Constitución de 1886 consagró en su Artículo 10° la obligación de los extranjeros de someterse a las leyes internas (Pombo y Guerra 1986, 8-220). A partir de este año, cuando inicia el periodo de la Regeneración, se da un giro en el debate pues se empezó a percibir la inmigración como una amenaza social en medio de un contexto marcado por la recesión económica y el peligro ante una eventual subversión social. Se asumió una postura defensiva en donde la prioridad ya no era solo el progreso material sino también la necesidad de preservar el orden social y político (Martínez 1997, 35-36)

Para el cambio de siglo, Colombia estaba sumida en el más cruento de los conflictos internos: la Guerra de los Mil Días. Una vez conseguida la paz bipartidista, el panorama económico mejora en los albores del siglo XX en razón al incremento de las exportaciones del café y al auge de la inversión extranjera en las explotaciones mineras y en los procesos de industrialización, situación que generó una afluencia de inmigrantes esperanzados en un mejor porvenir económico. Esto se vio complementado con el aumento de las relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos y Europa (Olarte 1908, 4) y la campaña adelantada por los agentes consulares para promocionar en el exterior las ventajas que ofrecía Colombia (García 2006, 163-188). El gobierno abrió sus fronteras para asentamientos de extranjeros blancos como panacea para mejorar la raza y "civilizar" el país (Arias 2011, 42-43).³

No obstante, esta apertura empezó a suscitar un álgido debate en torno a los beneficios y efectos negativos de la inmigración. Así por ejemplo, se creía que la afluencia de foráneos aumentaría la llegada de creencias religiosas ajenas al cristianismo, así como también la proliferación de enfermedades y patologías sociales que podían degenerar la raza y alterar el orden social. Otra sentida preocupación para el gobierno era la eventual participación de algunos extranjeros en la política interna. Cada vez más crecían las sospechas y prevenciones respecto al ingreso de europeos proletarios de orientación socialista, mientras que otras voces criticaban la laxitud de la ley frente a los requisitos para obtener la naturalización y la ciudadanía colombiana (Soto 1930, 35-36). Desde distintos sectores de la sociedad se hablaba de la necesidad de una inmigración "bien dirigida, seleccionada y ordenada".⁴ Es por ello que, desde finales de la segunda década del siglo XX, aparecen algunas normas restrictivas en materia de inmigración, como por ejemplo la Ley 78 de 1919, que alertaba a las autoridades de puertos y fronteras para que se evitara la entrada de extranjeros indocumentados que pudieran representar un peligro para la seguridad nacional. Posteriormente, la Ley 48 de 1920 incrementó las medidas restrictivas al establecer una serie de requisitos para los inmigrantes y pautas concretas para reglamentar el proceso de expulsión (García 2006, 157).

En realidad, el problema de las expulsiones de extranjeros no radicaba precisamente en el temor que pudiera generar su presencia abrumadora, pues en Colombia no ocurrieron inmigraciones masivas sino más bien de carácter individual o familiar. Prueba de ello es que, según el Censo de 1912, de una población total de 5.472.604 habitantes, el número de estos individuos venidos de fuera era de 14.289, lo cual representaba apenas el 0,2 %. Para el censo de 1938 se registró un leve incremento que llegaba al 0,6% para un total de 56.418 individuos, la mitad de ellos de origen europeo y concentrados más que todo en ciudades capitales como Cúcuta, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín (Rueda 1999, 190-191).

En agosto de 1926 toma posesión Miguel Abadía Méndez (1926-1930), el último presidente de la denominada Hegemonía Conservadora. En el ámbito económico, durante este cuatrienio se vivió un déficit fiscal, mientras que el orden público se vio seriamente afectado por la intensa actividad sindical que fue severamente reprimida, ejemplo de lo cual fue la masacre de las bananeras ocurrida en diciembre de 1928.

Durante este gobierno se acentuaron las políticas de control a la presencia extranjera en Colombia. Para ello, se dictó la Ley 103 de 1927, la cual complementó y reformó la mencionada Ley 48 de 1920. Allí se estipuló que podían ser expulsados del territorio nacional los extranjeros que hubiesen entrado sin pasaporte, los que difundieran doctrinas "subversivas del orden público social", los que interfirieran en los asuntos de política interna y los "[...] que por sus hábitos, vicios o por reincidencia en el delito, demuestren depravación moral incorregible" (Restrepo 1929, 371). Por esta época, se hizo común entre las autoridades calificar a estos individuos como extranjeros "perniciosos".⁵

Adicionalmente, fue promulgado el Decreto Reglamentario 799 de 1928 que ordenó un exhaustivo control previo de los cónsules en el visado de pasaportes,⁶ la elaboración por parte de la Policía Nacional de un registro único de extranjeros,⁷ la obligación de estos foráneos de tramitar sus cédulas de identidad,⁸ y el llamado a los gobernadores y alcaldes para que llevaran información precisa sobre los extranjeros residentes en sus jurisdicciones. Al año siguiente, Sebastián Moreno Arango (1929, 88), jefe de la Sección 7^a de Policía que trataba el tema de los extranjeros, publicó todos los decretos promulgados hasta la fecha con el fin de que los alcaldes y demás autoridades administrativas contaran con las bases jurídicas imprescindibles para iniciar las diligencias sumariales contra los foráneos "perniciosos".

Aunque pudiera pensarse que el tema de la expulsión debía ser de exclusiva competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, en realidad estaba a cargo del Ministerio de Gobierno debido a que era un asunto que, en medio de la coyuntura política reinante, tenía mucho que ver con el orden público, la tranquilidad social y la garantía de los derechos individuales. A través de la Seccional 7a de la Policía Nacional, encargada del manejo de expedientes sobre el arribo y salida de extranjeros, se adelantaron las investigaciones pertinentes; pero el dictamen final corría por cuenta del ministerio de Gobierno y el decreto de expulsión era firmado por el Presidente de la República. A nivel local también actuaban las seccionales de policía con la colaboración directa de los alcaldes. Todo el proceso comenzaba con un reporte verbal presentado por un agente de policía o la denuncia de algún vecino.

Los primeros operativos oficiales arrojaron pocos resultados. Entre 1891 y 1927 fueron expulsados trece extranjeros: siete latinoamericanos, cuatro europeos, un griego y un ruso, de los cuales seis habían sido procesados por robos y otros delitos, cinco por amenazas al orden político y dos por indocumentados (Moreno 1929, 88-89). Entre el 20 de julio de 1927 y el 7 de agosto de 1928 el gobierno reportó dos desterrados españoles, un italiano, un chileno y un ecuatoriano (Abadía 1928, 21). Para el siguiente periodo anual fueron expulsados cuatro latinoamericanos: Gilberto Bríñez, Jorge A. Vivó, Victorino García y Venancio Márquez (Abadía 1929, 21). Hacia los meses finales del periodo presidencial de Abadía Méndez las cifras marcaron una notoria línea ascendente.

Así entonces, el propósito de este artículo consiste en analizar el proceso de expulsión de extranjeros indocumentados y "perniciosos" al final del mandato presidencial de Miguel Abadía Méndez. Esta preocupación del gobierno por la presencia de extranjeros obedecía al interés de alcanzar la seguridad nacional a través de un modelo social en el que eran seriamente cuestionadas prácticas como la vagancia, la mendicidad, el robo, la estafa, la prostitución y las actividades políticas sediciosas.⁹

Este trabajo, que por cierto se enmarca dentro de la corriente de la historia social, fue elaborado con base en fuentes primarias como los documentos de archivo del Ministerio de Gobierno, los informes oficiales de la Policía Nacional, el marco normativo de la época, el intercambio epistolar entre funcionarios y los artículos de prensa. De los fondos del Ministerio de Gobierno disponibles en el Archivo General de la Nación, fue posible hacer seguimiento a 44 expedientes tramitados entre 1929 y 1930 (ver tabla 1). Estas sumarias constituyen la fuente principal de información que permitió ahondar en las implicaciones de los procesos de expulsión de extranjeros. Sin embargo, a esta lista habría que sumarle 16 individuos que también fueron desalojados del país durante este lapso de tiempo, según información divulgada a través de la prensa y de los informes de gobierno (Abadía 1930, 29).

Tal como lo revela este cuadro, la mayor parte de los expulsados eran de origen europeo mientras que una tercera parte procedía de países americanos, siguiéndole en número los sirio-libaneses. La mayoritaria afluencia de europeos puede explicarse en parte por los efectos derivados de la crisis económica vivida en el Viejo Continente, la Primera Guerra Mundial, la persecución de los judíos,¹⁰ y la confrontación política generada tras el auge del sistema fascista y del comunismo (Solimano 2003, 57-58). Los puertos y las ciudades capitales eran los sitios preferidos por los extranjeros para instalarse en el país pues ofrecían mayores perspectivas económicas.

En su informe anual presentado en 1930 al Congreso de la República, el ministro de Gobierno se mostró preocupado por esta elevada presencia de extranjeros con antecedentes de mal comportamiento, ante lo cual se planteó la necesidad de estrechar los controles previos de ingreso:

[...] resulta verdaderamente anómalo el que se deje entrar a todo elemento indeseable, y que luego el Estado tenga que hacer fuertes erogaciones para expulsarlos del territorio nacional. Quizá no hay el debido cuidado por parte de nuestros cónsules en el exterior, que son los encargados de visar los pasaportes de los que intentan venir a Colombia, y que debieran controlar con esmero la venida al país de elementos indeseables, a quienes más tarde precisa deportar (Restrepo 1931, 87).

A través de los detalles ofrecidos por esta muestra de 44 expedientes se busca examinar los principales motivos que conllevaron a la expulsión, las acciones encaminadas contra las mujeres "de mala vida", el destino de los absueltos y fugados y, finalmente, las complicaciones que giraron en torno a la diligencia de deportación.

Delitos e imputaciones

En los procesos adelantados por las autoridades era clave verificar los testimonios suministrados por los extranjeros. El Artículo 11 del Decreto 799 de 1928 había advertido que si alguno de ellos hacía "maliciosamente" alguna declaración errónea, sería tenido como persona de "hábitos viciosos" y, por tanto, debía ser deportado (Moreno 1929, 43). Sin duda, los delitos más comunes en los extranjeros expulsados fueron el robo y la falsificación de identidad. Los abusos de confianza, las estafas, los escándalos, los antecedentes judiciales y las conductas reprochables, hacían parte también de la larga lista de tachas censuradas.

El 9 de julio de 1930 el Inspector 3° municipal de Ibagué remitió escoltados a la sede de la Policía Nacional en Bogotá a los franceses Louis Durant Domar, Ernest Nicol, Hernando Lois Verbeke y Julio Duchatel tras sospecharse de que eran presidiarios y vagos. Adjunto se enviaron también algunos elementos que le fueron decomisados: doce cuchillos para mesa, dos destornilladores, un par de tijeras grandes, una chapa dañada, un lazo, y un modelo de llave en cera negra.

Los hombres habían sido capturados en el hotel Costa Rica y se les consideró "altamente sospechosos" pues se pensaba que podían tener alguna culpabilidad en la investigación que estaba adelantando la policía sobre varios delitos contra la propiedad. Durant y Nicol habían purgado prisión en Santa Rosa de Cabal por haber saqueado el estanco de ese municipio. Según se dijo, nunca cargaban cédulas de identidad "que acrediten su honradez", por lo cual fueron calificados como extranjeros "perniciosos" sin renta, sin oficio ni profesión. Verbeke era compañero del "hábil" ladrón Emilio Tocarels, sindicado del asalto perpetrado en 1928 en la sucursal del Banco de Bogotá en la ciudad de Girardot. Aunque los acusados desmintieron los cargos, finalmente fueron expulsados del país en julio de 1931.¹¹

Otros franceses fueron sorprendidos cometiendo robos in fraganti en la ciudad de Bogotá. Emilio Napoleón Ravalietty y Enrique Dunay fueron interceptados en una ronda nocturna y se les halló herramientas para realizar hurto a residencias. Este par de extranjeros se sentían muy inconformes con la decisión de arresto pues criticaban el hecho de que, cada vez que existía un lío en Colombia, los primeros en ser señalados eran los franceses. Al final, se decidió desterrarlos porque se creía que eran "un peligro para la sociedad".¹²

Los ecuatorianos Gilberto Paredes y Guillermo Ramírez fueron puestos en prisión por no haber pagado unas mercaderías de tienda en Bogotá. Al indagárseles, reconocieron la infracción pero aclararon que lo habían hecho impulsados por el desespero del hambre y la necesidad.¹³

Algunos extranjeros incurrieron también en abusos de confianza. El panadero alemán Ernesto Todermann fue acusado en Bogotá por su patrono el suizo Pierre Albrecht, gerente de la panadería Palace, por vender subrepticiamente algunos utensilios de trabajo valorados en 300 pesos. Todermann había entrado sin pasaporte por el puerto de Buenaventura a bordo del vapor "Abisinia".¹⁴

Las agresiones físicas y el mal comportamiento fueron dos tachas señaladas con especial ahínco por las autoridades. En la ciudad de Barranquilla un grupo de migrantes venezolanos elevaron su voz ante la justicia para denunciar a uno de sus coterráneos, Silvino Wilches, culpado de atentar contra ellos y contra otros venezolanos residentes en la ciudad. Un largo historial tenía este sindicado pues había herido a un individuo en octubre de 1922, luego fue enjuiciado por el ataque a un agente de policía y hacia 1926 fue sentenciado a tres años de cárcel por asesinato, además de haber cometido otras infracciones menores.

Wilches había ingresado al país sin pasaporte y se le calificó como un "individuo peligroso para la armonía social" y "extranjero indeseable". Aunque las autoridades habían tomado la decisión de expulsarlo, el expediente fue finalmente archivado al conocerse la noticia de su trágica muerte el 15 de febrero de 1931, tal como lo registró el diario La Nación.¹⁵

Algunos extranjeros también se vieron inmiscuidos en infidelidades sentimentales y delitos sexuales. Buena parte de los inmigrantes arribaban a tierra colombiana estando casados en sus lugares de origen y en ocasiones aprovechaban la distancia para entablar nuevas aventuras amorosas, lo cual desencadenaba fuertes conflictos familiares.

El turco Adolfo Friedman, fabricante de sombreros, fue acusado en 1929 por su esposa Estrella Techuckran por el delito de amancebamiento. Él había viajado con ella y sus hijos a La Habana y luego a Caracas. Al cabo de unos meses este hombre decidió probar suerte en otras tierras y para ello se trasladó a Barranquilla donde tramitó su cédula de identidad. A los pocos días quiso radicarse en Bogotá mientras su familia quedaba en Venezuela.

No mucho tiempo después, Estrella recibió noticias de que su esposo vivía públicamente con una colombiana de nombre Sofía Silva con quien contrajo matrimonio por el rito católico. Al enterarse de esta situación, la mujer engañada viajó precipitadamente a Bogotá con sus tres hijos y, tras elevar la respectiva denuncia ante las autoridades, logró por algunos meses el apoyo de su esposo para el alojamiento y la alimentación en uno de los hoteles de la ciudad. Sin embargo, al poco tiempo le fue retirado este sustento y por ello interpuso una demanda por abandono de hogar. Al ser llamado a responder, Friedman defendió su relación con la colombiana a quien consideraba ahora su legítima esposa. Según adujo, su vínculo marital con Estrella había perdido validez por haberse casado con ella mediante rito hebreo en territorio turco, en los tiempos en que estaban vigentes en su país las leyes de poligamia.¹⁶

Otro caso fue el del sirio Tufik Aljure Loady, quien había sido sindicado de engañar a los incautos provincianos que visitaban Bogotá, ofreciéndoles objetos falsificados, como por ejemplo, algunos vidrios de colores que hacía pasar como esmeraldas y rubíes, para lo cual solía acechar en las puertas de los teatros, en los tranvías y en los ferrocarriles cuando aumentaba la afluencia de gente. Al ser indagado, declaró haber sido un próspero negociante pero al fracasar se dedicó a deambular por las calles. Visitaba cantinas y se le veía con frecuencia en estado de beodez. Pero el hecho que más sorprendió a la Policía es que en sus 46 años de residencia en Colombia se había comprometido maritalmente nueve veces y enviudado ocho con mujeres de Barranquilla, Popayán, Ibagué, Tunja, Suaita, Bucaramanga, Socorro y Facatativá. Su actual esposa Rosario Barragán, oriunda de Manizales, se hallaba en ese momento en el lazareto de San Juan de Dios.¹⁷

En la ciudad de Bogotá, el italiano Juan Retta Zenckovich aseguraba ser comerciante pero los vecinos de la pensión donde vivía lo desmentían tajantemente pues no le conocían una ocupación estable y de manera frecuente lo veían en bares hasta bien entrada la noche y en alto grado de alicoramiento. Pero las quejas más graves revelaban que este extranjero no cesaba de causar escándalos por agresiones maritales, sodomismo y aberraciones sexuales, tachas por las cuales ya había sido enjuiciado en las ciudades de San José de Costa Rica y Panamá. Pese a que desmintió por completo este cúmulo de imputaciones, atribuyéndolas a retaliaciones de enemigos suyos y de un pretendiente de su esposa, al final las autoridades colombianas consideraron que el comportamiento de este italiano era motivo de peso para expulsarlo inmediatamente del país (Restrepo 1931, 87).

Dos gitanos, el español Rafael Gómez y el griego Vladimir Stefano Ivanoff fueron acusados de trata de blancas, delito censurado por la Ley 103 de 1927. Según los testimonios, Gómez había recibido de Ivanoff 34 libras esterlinas a cambio de recibir como esposa a su hija Elvira pese a que esta mujer estaba casada con otro gitano, quien en su declaración confirmó esta extraña componenda al ser amenazado por Ivanoff para que jamás volviera a acercársele a ella.¹⁸

Mujeres "perniciosas"

Aunque la afluencia de mujeres extranjeras al país era menor que la de los hombres,¹⁹ ellas tampoco se escaparon a los dispositivos de control ejercidos por las autoridades colombianas. De un total de más de 350 decretos de expulsión identificados por el historiador José Fernando Hoyos (2002, 173) en los registros del Diario Oficial entre 1920 y 1940, únicamente 16 correspondían a mujeres, eso sin contar los procesos inconclusos. El delito que más se les censuró fue sin duda el de la prostitución.

Hacia finales de la década 1920, Colombia vivía la llamada belle époque en donde el aumento de prostitutas blancas respondía en cierta manera al interés de los hombres de vivir al estilo de vida europeo bajo el contexto de una nación en proceso de modernización (Uribe 1985, 25).

En Bogotá, en donde el número de meretrices había alcanzado cifras alarmantes,²⁰ se organizó un gran operativo por parte de la policía judicial, instancia que a su vez solicitó al inspector de policía sanitaria un informe pormenorizado sobre las extranjeras que ejercieran la prostitución, oficio que según el Artículo 2° de la Ley 103 de 1927 y el inciso C del Artículo 7° de la Ley 48 de 1920 era causal de expulsión.

En estos procesos, la policía se encargaba de adelantar las investigaciones y recaudar las pruebas, como por ejemplo, la visita domiciliaria, el levantamiento de los testimonios de vecinos y la comprobación de cuentas bancarias que permitieran comprobar si las acusadas contaban con recursos económicos suficientes para sostenerse por sí mismas. Por lo general, a su llegada estas extranjeras se hospedaban primero en un hotel y luego buscaban una casa en donde recibían las visitas de sus clientes. Aunque algunas aceptaban dedicarse a la prostitución, otras aseguraban ejercer otros oficios como bailarinas, modistas o costureras pese a que aparecían registradas en el dispensario.

En una de las redadas adelantadas por las autoridades se identificaron a las francesas Marie Mandoloni, Andrée Tellier y Louis Marteau. Dos detectives de la policía vigilaron sigilosamente sus movimientos durante ocho días y luego de algunas pruebas se decidió enviarlas a prisión.

Apoyadas en el Derecho de Gentes, en la Constitución y en las leyes de Colombia, estas mujeres enviaron desde la cárcel una carta calendada el 16 de enero de 1930 en la cual solicitaron al ministro de Gobierno revisar el fallo de expulsión pues, aunque reconocieron ser meretrices, juraron nunca haber incurrido en escándalos o actos perniciosos. Argumentaron, con base en el Derecho Administrativo escrito por el reconocido jurista Francisco de Paula Pérez, que no se les podía sentenciar sin haberlas oído previamente en confesión y que todos los pueblos civilizados permitían el oficio de la prostitución. Se apoyaron igualmente en el Artículo 44 de la Constitución Nacional de 1886, según el cual, toda persona estaba en libertad de desempeñarse en cualquier labor o profesión y, por lo tanto, ejercer la prostitución no podía ser tipificado como delito. Exigían se les tratara en igualdad de condiciones y más por el hecho de haber demostrado mejor comportamiento que sus mismas colegas colombianas. Para reforzar estos y otros argumentos, presentaron un total de catorce testigos que dieron fe de que no habían causado escándalo público ni trasgredido los códigos de policía.

Roger Pita Pico

Germaine Nave, otra de las francesas sindicadas, elevó su voz de defensa a través de un abogado y negó ejercer la prostitución, declarándose como una mujer honorable dedicada al comercio legal. Para ello, adjuntó una carta del comerciante Luis Lacoste en la cual se dejaba constancia de que ella estaba adelantando gestiones con reconocidos comerciantes de la ciudad de París para montar un almacén de "artículos para señoras". En ningún momento creía ser susceptible de expulsión por cuanto esta medida lo que buscaba era evitar el surgimiento de movimientos sediciosos, de los cuales ella aseguró estar muy alejada.

Se llegó a la conclusión que la presencia de estas mujeres afectaba la moral y buenas costumbres de los bogotanos porque frecuentemente causaban alborotos y griterías, además de habérseles visto en la calle casi desnudas a altas horas de la noche. Se consideraba además que obtenían su subsistencia con un oficio pernicioso y poco honorable. Finalmente, mediante resolución dictada el 21 de enero de 1930 por el presidente de la República Miguel Abadía Méndez, se negó el pedimento de reconsideración en vista de que no se habían allegado pruebas contundentes que desvirtuaran los efectos del decreto de expulsión.

Berta Kalich fue otra de las señaladas de ejercer la prostitución en la capital de la República. Al ser indagada, ella así lo reconoció al mostrar el carné de sanidad. Una de sus vecinas denunciantes, Concepción de Fonseca, confirmó que en la residencia de aquella foránea se veían constantemente peleas, groserías y borracheras:

Me consta el sinnúmero de autos que traen muchos visitantes para ella [...] siempre he oído gritería y algazara dentro de dicha casa a los acordes de una victrola. Por las razones expuestas, suplico a la justicia por conducto de la policía se libre a la sociedad de este mal y azote que encierra la presencia de elementos perniciosos como la Kalich.²¹

La mujer huyó hacia el municipio de Barrancabermeja pero allí fue capturada. A través de un telegrama dirigido al ministerio de Gobierno el 24 de enero de 1930, reconoció ser una mujer pobre, con hijos a quien sostener y que no podía endilgársele los "hábitos viciosos e incorregibles" que se le atribuían. Nuevas complicaciones le surgieron a Kalich en aquel puerto ribereño sobre el río Magdalena ya que el chino Teófilo Goung la denunció por deberle 200 pesos en alimentación, hospedaje y dinero prestado. Según el afectado, ella pretendía evadir este pago so pretexto de la orden de expulsión.

El día 21 de febrero, bajo custodia de dos agentes de policía, Kalich fue embarcada en el vapor Von Kron con destino a Barranquilla pero su salida del país se demoró un mes por habérsele practicado una operación quirúrgica, después de lo cual pudo finalmente partir el día 5 de abril.

De todas las extranjeras de cuestionado proceder, sin lugar a dudas la que llegó a provocar mayor escándalo en la ciudad de Bogotá fue la inglesa conocida popularmente como Lady Paget. Llegó a tal extremo la situación que motivó una denuncia formal por parte del arzobispo de Bogotá Ismael Perdomo Borrero, quien la tildó de "perniciosa". La mujer, que había llegado al país a través del puerto de Barranquilla y luego por hidroavión hasta Girardot y desde allí por tierra hasta la capital, reconoció que venía de viaje de turismo lográndose hospedar inicialmente en el hotel Imperial.

Declaró sin ambages su afición al juego pues había perdido 250 libras esterlinas en apuestas al póker en el Jockey Club. Tras revelar su pasaporte, se supo que su verdadero nombre era Cecilia Bowlbyn aunque se comprobó que había utilizado otros nombres falsos. Al ser indagado el administrador del hotel, reportó que la mujer era "un poco misteriosa" y solía con bastante asiduidad entrar hombres a su habitación. Todo indicaba que llevaba una vida muy disipada pues diariamente acostumbraba salir del hotel a las 4 de la tarde y regresaba a las cinco de la mañana.

Tras varias averiguaciones, se supo que esta londinense había sido "botada" de los hoteles Lindberg y Plazza por no pagar a tiempo sus cuentas y que además de esto era acusada de abuso de drogas "heroicas". En varias ocasiones se le veía tomando licor con caballeros "distinguidos" en cafés y cabarets de la ciudad como el Pensilvania y el Picadilly, causando escándalo por las calles en un "[...] estado vergonzoso que pugna contra la moral y buenas costumbres de nuestro país".²² A continuación se transcribe un anónimo enviado al prefecto del detectivismo de la Policía Nacional, en el cual se mostraba extrañeza al no haberse adelantado oportunamente acciones judiciales contra esta mujer:

Cómo es posible que tan desagradable huésped siga en esta ciudad? Cuando fácil es comprobar que de Londres la sacaron por amancebamiento y escándalos de prostituta en vida de su esposo, de quien no ha logrado aún separarse? Cómo es posible que siga aquí, cuando en París, donde las costumbres por su benevolencia son algo más relajadas que en Londres tuvo que salir con 24 horas de plazo y embarcarse para esta pobre tierra donde tenemos que sufrir sus vicios y sus desmanes [...] su conducta irregular se presta de sobra a que usted ejerza sobre ella una fuerte sanción [...] Con que Señor Prefecto, tome usted armas en este asunto, que los padres, esposas e hijos de familia se lo sabrán agradecer.²³

Luego de haberse levantado el testimonio de seis testigos, por los exámenes de medicina legal se demostró que no era cocaína lo que ella consumía sino una sustancia para curar el catarro. Pese a esto, finalmente el director general de la Policía emitió concepto en el que recomendaba al ministro de Gobierno dictar el respectivo decreto de expulsión pues advertía sobradas evidencias que daban cuenta de su desarreglado comportamiento.

Muy diferente fue el alcance de las medidas de deportación de meretrices extranjeras a nivel provincial. Ejemplo de ello fue el proceso adelantado en Barrancabermeja, municipio que en la década 1920 experimentó el auge de la riqueza asociada a la explotación petrolera y la inversión extranjera, bonanza económica que concitó el interés de mujeres extranjeras que huían de la crisis económica y de la persecución política en sus países de origen.

Hacia 1928 la alcaldía había realizado un censo en el cual resultaron registradas 12 prostitutas extranjeras. Con anterioridad a esta diligencia, un grupo de cinco vecinos había denunciado ante el comandante de policía la llegada de estas mujeres tras considerar que sus continuos escándalos vulneraban la moral y buenas costumbres. El grupo de firmantes exigió la inmediata expulsión de estas foráneas por considerarlas "perniciosas" y perturbadoras de la tranquilidad pública.

Lo que llama especialmente la atención en este caso es la posición asumida por las autoridades locales al aducir que la profesión ejercida por estas mujeres no podía ser tipificada como delito porque desde hacía años era tolerada y reglamentada por el Concejo Municipal. Se consideraba que la policía estaba en la obligación de garantizar los derechos tanto a las mujeres nacionales como a las extranjeras sin que estas últimas se sintieran en posición de desventaja. En conclusión, el juzgado de policía del municipio decidió archivar el expediente. Al enterarse los altos mandos policiales en Bogotá de este inusual concepto, se remitió en octubre de 1929 el caso al juzgado del circuito.

Esta instancia ordenó levantar un nuevo censo de todas las extranjeras residentes en este municipio. Entre las que reconocieron dedicarse a ser "mujeres de la vida" y que basaban su sustento en esta actividad fueron: la rumana María Roenfeld y las francesas Orphina Enrevein, Julia Montatin, Bertha André, Arcelle Porte, Margot Kerner y Paula Laurency. En agosto de 1930 únicamente las tres primeras mujeres que aparecían en este listado fueron puestas en prisión y luego expulsadas mientras que las otras huyeron hacia la población de La Dorada esquivando el accionar de las autoridades.²⁴

Absueltos y fugados

Dentro de los múltiples procesos que se llevaron a cabo bajo la conducción de la policía y del ministerio de Gobierno, a veces se llegaba a la conclusión de que no había suficientes pruebas como para justificar la salida del país.

En una carrera contra el tiempo, casi siempre desde la cárcel, los extranjeros sindicados hicieron todos los esfuerzos posibles para allegar documentos y pruebas que permitieran desvirtuar los señalamientos en su contra. La pública aceptación de haber cometido alguna indelicadeza pudo en ciertas circunstancias ser un factor decisivo.

En otros casos, se hacían esfuerzos desesperados con miras a enmendar errores y arreglar cuentas pendientes para restaurar su buen nombre y estar en paz con la justicia colombiana. Sin embargo, vale aclarar que no siempre eran muy nítidos y transparentes los criterios que conllevaban a una absolución.

A Max Szapiro, comerciante polaco radicado en Bogotá, se le levantó un expediente por haber tratado violentamente a una clienta que se negaba a pagarle el saldo correspondiente a la compra de un espejo a crédito. Szapiro reconoció haber obrado con exceso y escándalo y, por ello, no ofreció ninguna resistencia al momento de pagar los 15 pesos de multa que le había impuesto la policía. Habiendo solucionado este impasse, no entendía por qué se insistía en incluirlo en la lista de extranjeros en proceso de deportación siendo que él se consideraba una persona correcta y honrada.

Reconoció que una orden de expulsión le traería enormes perjuicios porque eso implicaba abandonar intempestivamente sus negocios, entre los cuales estaba la administración de una panadería y el cobro de 5.000 pesos que le adeudaban por ventas de mercancías al detal. Al final, el director de la policía decidió archivar el expediente por no hallarse motivos de peso para autorizar la expulsión.²⁵

Por esos meses ocurrió en esta misma ciudad un robo en el hotel Europa y su dueño Carlos Reichmann guardaba serias sospechas de que uno de sus huéspedes, registrado como Carlos Larsen, estaba seriamente implicado en el hecho delictivo.

En poco tiempo se revelaron una serie de contradicciones en torno a la identidad y movimientos de este extranjero. Su nombre real, con el que aparecía en su pasaporte era Carlos Hermann, nacido en Ohio, Estados Unidos, y no en Checoslovaquia o en Alemania como había insinuado inicialmente. Al ser indagado por esta inconsistencia, el señalado hombre adujo que había ocultado su verdadero nombre porque venía como ingeniero y agente confidencial de la empresa Standard Oil Company con sede en Maracaibo pero, tras las pesquisas adelantadas por los detectives y los certificados suministrados por la oficina de correos y telégrafos, se supo que no existía ningún vínculo laboral ni comunicación reciente con dicha empresa petrolera.

Varios testimonios apuntaban a que no se le conocía una ocupación fija sino que era un "[...] filipichín que se la pasa mandando limpiar vestidos, entrando y saliendo con mucha frecuencia y a distintas horas del día y de la noche al hotel, mostrando mucha plata en billetes".²⁶ Tras un mes de seguimientos, los detectives pudieron constatar que no tenía ocupación alguna y llegaba a la habitación en las horas de la madrugada, entregado a una intensa vida social. Adicionalmente, había abandonado el hotel sin pagar el total de su estadía y tenía arreglado un compromiso marital con una joven de la ciudad, aunque algunos testigos daban fe de que él era casado en su país de origen.

Al verse imposibilitado para refutar todas las pruebas recaudadas, Hermann finalmente reconoció haber infringido las normas de extranjería aunque alegó que sus papeles estaban en orden. Insistió en que era un hombre honrado y con medios lícitos de subsistencia y que no había prueba grave que manchara su conducta. Confesó no tener ningún vínculo con la petrolera pero desde hacía dos meses laboraba en una empresa de ascensores de la ciudad, lo cual fue plenamente corroborado por la policía. Sacó a relucir el hecho de que contaba con la "valiosa" recomendación del cónsul de Colombia en Venezuela y solo clamaba a las autoridades que lo dejasen tranquilo para poder desarrollar sus servicios profesionales. Finalmente, el ministerio de Gobierno decidió archivar este expediente tras considerar que no había pruebas suficientes para expulsar a este hombre.

Tampoco dejaron de registrarse inconsistencias como producto de la improvisación en el proceso de recaudación de pruebas. Obviamente, también quedaban al descubierto falsas acusaciones de ciudadanos motivadas por las pasiones, los odios personales o el revanchismo.

El francés Luis Hernand Verbeke, conminado a abandonar el país por estar involucrado en Bogotá en el delito de estafa y hurto, fue finalmente eximido tras comprobarse serias inconsistencias en la denuncia presentada por la ciudadana Luvodina Neira. En la diligencia de careo, la querellante no logró identificar al culpable dentro de un grupo de reos de la misma nacionalidad, situación que hizo pensar a la policía que se había presentado una confusión. Días antes, el afectado había expresado abiertamente que la orden de arresto era sin justa causa, según él, solo motivada por el estigma que significaba ser de nacionalidad francesa.²⁷

Otro foráneo que logró dejar sin piso las acusaciones en su contra fue el alemán Ricardo Schass, nacionalizado en Colombia. Este individuo había sido acusado de pernicioso, vago y estafador pero al final pudo comprobar que todos sus negocios eran lícitos y que no estaba comprometido en delito alguno, con lo cual las imputaciones hechas quedaron sin fundamento.²⁸

El alemán Fritz Yeese fue acusado en Bogotá por girar cheques sin fondos en la cantina del Club Alemán y por varios fraudes en el negocio donde laboraba. Sendas deudas había dejado en los hoteles San Marcos, Báltico y Continental, en donde estuvo alojado junto con su esposa. A última hora pudo aclarar estas irregularidades y dejar saldadas todas sus deudas, razón por la cual le fue levantada la orden de expulsión.²⁹

Debe reconocerse que la mayoría de extranjeros cuestionados en estas redadas adelantadas en 1929 y 1930 por las autoridades eran vagos o escasamente tenían algún pequeño negocio con qué subsistir. Por eso resultaba mucho más complicado el proceso cuando la decisión recaía sobre un hombre acaudalado con reconocidas inversiones en Colombia. Ese fue precisamente el caso de Jorge Elías Jalkh, un libanés ganadero radicado en la población de La Gloria, en el departamento del Magdalena.

Un largo historial de excesos y blasfemias contra la religión católica lo habían llevado a la cárcel de esa población en al menos seis oportunidades, siendo especialmente grave la acusación de haber pisoteado en estado de embriaguez la bandera de Colombia. Su comportamiento llegó a tal punto que fue publicado en la prensa local un artículo titulado "Vulgaridades y desenfrenos", en el cual se dejaba constancia de sus extravíos:

Asiduo visitante de cárceles y galeras, perseguido inexorablemente por la majestad de la ley, en donde quiera trajina, merece este individuo vivir entre tribus de beduinos, alejado de este país que a pesar de las grandes libertades y apoyos a los gremios extranjeros, debiera exigir la extradición de todo elemento corrompido, cuyas actuaciones están reñidas con los elementales principios de moral.³⁰

A finales de noviembre fue publicado el decreto de expulsión firmado por el presidente Abadía Méndez.³¹ No obstante, desde la cárcel Jalkh emprendió su defensa al resaltar su aporte a la economía del país a través del pago cumplido de impuestos y el incesante trabajo en sus tres haciendas donde albergaba más de 800 cabezas de ganado.

En este caso en particular se presentó una protesta popular que exigía revocar la orden de expulsión. Dos grupos de ciudadanos elevaron sendas comunicaciones al ministerio de Gobierno defendiendo las calidades de este extranjero y atribuyendo todos los señalamientos a la animadversión que le tenía el alcalde Marcelino Vides. De igual modo, Jalkh presentó el testimonio juramentado de siete testigos que respondieron a un cuestionario en el cual se reconocía su buen comportamiento y contribución a la prosperidad de la región.

En cuestiones políticas, los testimonios indicaban que este extranjero había vivido alejado de los debates políticos reinantes en el país y que nunca había preconizado ideas revolucionarias. Finalmente, fueron atendidos estos argumentos y se revocó la orden de expulsión en donde sin duda tuvo un gran peso el aporte económico de este libanés pese a que había serios cuestionamientos a su conducta pública (Cabal 1930, 108).

El afán por preservar la unión familiar y sentimental fue uno de los argumentos expuestos con más ahínco por los extranjeros para no ser desalojados del país. Sobre este tipo de situaciones, vale mencionar nuevamente el caso del polaco Max Szapiro, quien pidió se ponderara el hecho de que uno de sus hijos había nacido en Colombia.

Otro caso fue el de Carlos García Brown, quien fue capturado en Bogotá cuando perpetraba robos en alianza con algunos ladrones locales. Al revisar su prontuario, se descubrió que había incurrido en falsedad de documentos por cuanto en la cédula expedida en Barranquilla confesó ser de Veracruz, México, mientras que en Bogotá se había registrado como cubano.

En una carta enviada al ministro de Gobierno el 1° de abril de 1930, solicitó se reconsiderara la orden de deportación por cuestiones estrictamente familiares: "[...] soy casado con colombiana, no es posible que en esta forma se prive a mi esposa de mi inmediata protección, dejándola en el más absoluto abandono y en la más espantosa miseria".³² Para imprimirle mayor fuerza a este argumento, adjuntó la partida de su boda celebrada el 11 de enero con Isabel Henao en la ciudad de Manizales, documento expedido por el obispo Luis Muñoz. Al parecer, su angustioso llamado no fue atendido pues a los pocos días debió renovar su solicitud:

Yo no podría irme sin mi legítima esposa porque esto iría contra la esencia misma del matrimonio que subsiste; ni tampoco podría mi esposa seguir el mismo camino que el señor juez XIII de policía ha querido señalarme expulsándome, porque esto sería tanto como expulsar a mi esposa sin razón alguna.³³

Las autoridades finalmente acogieron los argumentos de este extranjero y, por lo tanto, se ordenó eximirlo de la orden de expulsión (Cabal 1930, 108).

Situaciones extremas como el hecho de padecer un estado crítico de salud pudo ser otro de los causales determinantes para reversar una orden de expulsión. El 4 de agosto de l930 fue firmado el decreto de deportación del sirio Abib Tirmani por llevar once años vagando y pidiendo limosna en varias ciudades del país, y además por no portar los documentos legales. Al momento de ser embarcado en el puerto de Buenaventura "fingió" estar loco para impedir la diligencia de expulsión y tampoco se había dejado fotografiar para la expedición del respectivo pasaporte. Fue remitido a la ciudad de Cali en donde, tras el examen practicado por los especialistas de medicina legal, se certificó que estaba en estado "preparalítico", motivo por el cual fue internado en el hospital, con lo cual se decidió archivar el expediente.³⁴

Así como algunos salieron absueltos a última hora, otros optaron deliberadamente por esquivar los procedimientos judiciales y tomaron la decisión de fugarse ilegalmente del país. A la francesa Biane Jeane se le levantaron cargos en Bogotá por prostitución pero algunos de los testimonios dieron cuenta de que había salido de Colombia. Esta noticia fue catalogada por las autoridades nacionales como una burla a la legislación y a las políticas migratorias, y más por el hecho de no haber notificado oportunamente cambio de domicilio, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 12 del decreto 799 de 1928. Se pensaba que estaba escondida en alguna ciudad o quizás había migrado ilegalmente por cuanto no figuraba en la lista oficial de extranjeros que mensualmente salían del país por los puertos y lugares de frontera autorizados.³⁵ Un caso similar sucedió con la prostituta Louise Germayne Ceyrolle, quien al parecer también había regresado a Francia.³⁶

Complicaciones en el proceso de expulsión

Uno de los principales problemas que experimentaron las autoridades colombianas al momento de llevar a cabo la diligencia de expulsión era la demora en los trámites y la falta de recursos. No hay que olvidar que la gestión presidencial de Abadía Méndez estuvo signada por graves problemas económicos que obstaculizaron el desarrollo de sus proyectos de inversión y hacia 1929 le correspondió enfrentar la recesión económica mundial que tuvo consecuencias negativas para el país (Colmenares 1989, 260264). A veces, los implicados permanecían hasta más de un año en la cárcel en espera a que se diera la orden para emprender el viaje de regreso a sus países de origen.

Por lo general, había que esperar algún tiempo mientras el gobierno nacional giraba finalmente los recursos para los gastos de embarque con la novedad de que en ocasiones solo se enviaba una parte del total de estos costos. El propio ministro de Gobierno Carlos E. Restrepo, en su informe anual al Congreso de la República, había llamado la atención sobre los elevados costos que le acarreaba al gobierno estos procesos de expulsión (1931, 87). A todo esto se le sumaba la complicación generada por la falta de claridad en los documentos de los deportados, ya fuera porque ingresaban al país sin ese requisito o por la práctica común en ellos de figurar con varias identidades.

En cierto modo, estas demoras pudieron beneficiar a los extranjeros mismos por cuanto les daba un margen de tiempo adicional para recaudar pruebas y preparar la defensa con miras a lograr reversar la orden de expulsión. Pero, por otro lado, la dilatada espera los llenaba de angustia al ver que no se resolvía prontamente su situación ante lo cual exigían que los dejasen inmediatamente en libertad. Algunos llegaron al extremo de proponer como alternativa de solución asumir de su propio peculio los costos del viaje.

Reiterada fue también la queja de los extranjeros en tener que soportar condiciones desfavorables de hacinamiento en las prisiones colombianas. El argentino Luis Poleró Zetina denunció que, después de declarada su expulsión, llevaba varios meses en la cárcel en unas condiciones realmente críticas. Así lo comunicó al gobierno en carta fechada el 9 de julio de 1930: "Mi quebrantada salud no me permite seguir detenido en esta cárcel, que dicho sea de paso no se puede llamar cárcel sino pesebrera, careciendo en su extensión de régimen higiénico".³⁷ Exigía entonces que se le atendiera su clamor o de lo contrario se tramitara su inmediata expulsión.

En otros casos, la demora se debía a la necesidad de esperar algún fallo judicial o a que se cumpliera el plazo para cumplir una condena pendiente. Al chileno Guillermo Lazo Benavides se le impartió orden de expulsión al comprobársele en Bogotá serias acusaciones por estafa y por "pernicioso". Pasaban los días sin que fuera expulsado ante lo cual envió el 29 de abril de 1930 desde la cárcel una carta al ministro de Gobierno en la cual solicitaba se le concediera libertad por 24 horas para abandonar la ciudad y 20 horas más para salir del país, para lo cual pidió se le expidiera el correspondiente pasaporte de tránsito con el fin de no ser molestado en su largo periplo hacia el sur del continente. Esta petición la formalizó Lazo en razón a la difícil coyuntura económica que afrontaba el país. Para elevar su voz, buscó el respaldo del embajador de Chile en Colombia.

En los siguientes cuatro meses Lazo siguió en prisión, lo cual lo motivó a reiterar su petición al ministro de Gobierno con el ánimo de que se tomara finalmente una decisión pues su condición de encierro le acarreaba enormes perjuicios para él y para su familia. Al final, a todas estas inquietudes respondió la Dirección de la Policía explicando que únicamente se estaba a la espera del fallo por estafa que adelantaba el juzgado XII, después de lo cual se daría cumplimiento a la orden de expulsión.³⁸

Ismael Cárdenas, oriundo de La Habana, tenía en su lugar de origen un largo prontuario como carterista y en sus viajes se había cambiado siete veces de nombre para ocultar su verdadera identidad. En Bogotá siguió con sus fechorías bajo la mirada vigilante de las autoridades que vieron motivos de sobra para regresarlo a su isla.

Estando el 6 de abril de 1931 en Buenaventura, ad portas de ser repatriado, envió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores en la cual manifestaba su inconformismo luego de que el alcalde de aquel puerto le informara que debía costear por sus propios medios los gastos de deportación. Cárdenas pidió encarecidamente se resolviera rápidamente su situación, ya fuera decretando el respectivo embarque o declarando la libertad condicional para tener cómo sufragar la orden de destierro.

Finalmente, al cubano se le aclaró que era el gobierno colombiano al que le correspondía asumir los gastos de expulsión. El problema era la demora en el cumplimiento de esta diligencia debido a que los barcos disponibles para viajar hasta aquella isla no aceptaban a Cárdenas por falta de claridad en los documentos, confusión que se agravó tras la declaración de este reo en la que aseguraba ser de nacionalidad argentina. Asimismo, existía el inconveniente de que los dos grandes vapores Santa Clara y Santa Bárbara que hacían su ruta directa a Cuba, únicamente aceptaban pasajeros de primera clase y no individuos de calidad "indeseable". Ningún cónsul de los que tenían asiento en aquel puerto sobre el Pacífico se había mostrado interesado en otorgarle el pasaporte. Finalmente, Cárdenas fue expulsado el 23 de junio de 1931 pero hacia los lados del sur, la ciudad de Guayaquil, pues los 60 pesos enviados por el gobierno no alcanzaron para financiarle la totalidad del pasaje a Cuba.

Poco antes de terminar su mandato, el presidente Abadía Méndez firmó la deportación de los franceses Emilio Napoleón Ravalietty y Enrique Dunay. Estos hombres se hallaban ya desesperados en la cárcel y exigían que se resolviera lo más pronto posible su situación: "Si se insistiere en nuestra deportación, que esta se lleve a efecto en el menor tiempo posible, para no seguir por más tiempo en detención preventiva, sabemos que no hay dinero para esto, y también suplicamos se apropie la partida necesaria para que pronto se nos deporte".³⁹

El jamaiquino Rodolfo Kupper purgó pena en Buenaventura por estafa y el Estado colombiano ordenó su inmediata expulsión pero esta diligencia no se pudo ejecutar puntualmente en las fechas señaladas porque no tenía pasaporte, documento que había extraviado en un viaje por el río Magdalena. El ministro de Relaciones Exteriores pidió al representante de la delegación británica expedir este documento pero el diplomático respondió que primero debía corroborar con el gobernador de Jamaica la verdadera nacionalidad del implicado. El problema era que Kupper había cumplido los dos años de cárcel que le había impuesto la justicia pero siguió allí recluido otro año sin que se concretara su deportación.

Mientras se resolvían estos impasses, el convicto debió ser trasladado en septiembre de 1930 al panóptico de la ciudad de Bogotá debido a que en Buenaventura había protagonizado varias insubordinaciones y amenazas que obligaron al director del penal a castigarlo en reiteradas ocasiones. Aunque se había dado orden de libertad, el director de la cárcel se negó a otorgarla por ser hombre de mala conducta y un peligro para la sociedad.⁴⁰

El ecuatoriano Cristóbal Bustamante fue capturado por las autoridades por un robo perpetrado en una manifestación pública realizada en la plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá, motivo por el cual fue confinado a una colonia penal en Barranquilla junto con su esposa María Teresa Gómez. Aunque al momento de la captura manifestó ser oriundo de la ciudad de Pasto, al final confesó ser realmente ciudadano ecuatoriano. Bustamante estaba convencido de que con este reconocimiento como extranjero no podía aplicársele la pena imputada por hurto.

No obstante, se mostró sorprendido al ver que con esta confesión quedaba prácticamente cobijado por las causales de expulsión de extranjeros "perniciosos", decisión que también se extendía a su esposa indocumentada. A los pocos días, ella pidió un compás de espera mientras su marido cumplía la pena pues aspiraba a salir del país junto con él. El gobernador Alberto Pumarejo optó por dejar a esta mujer en libertad pero sometida a estricta vigilancia policial.

Los meses transcurrían sin que se ejecutara la salida del país, ante lo cual el reo dirigió una carta al gobernador solicitándole agilidad en este proceso pero este mandatario regional aclaró que no le competía esta diligencia pues se estaba a la espera del envío de recursos por parte del ministerio de Gobierno. Bastante desconcierto generó esta respuesta en Bustamante al considerar que no existía ninguna ley en Colombia que facultara al gobierno para detenerlo indefinidamente en la cárcel por carencia de fondos públicos siendo que ya había purgado la pena. Reiteró su llamado para que fuera sacado del país o se le concediera inmediatamente la libertad, para lo cual él mismo ofreció costear su pasaje y el de su esposa hasta el puerto de Colón. La propuesta fue avalada por el gobierno y finalmente el 23 de septiembre de l830 la pareja se embarcó en un vapor que los llevó de regreso al Ecuador.⁴¹

A modo de conclusiones

A fin de cuentas, las leyes con las que el gobierno colombiano pretendía fomentar a principios del siglo XX la llegada de extranjeros generaron un bajo impacto pues un buen número de foráneos interesados en instalarse en el país fueron rechazados porque no se ajustaban a los patrones exigidos en materia de raza, creencia religiosa, orientación política y condición moral.

Este artículo ha intentado sacar a la luz de la investigación histórica esa otra faceta muy poco conocida de los extranjeros, la de aquellos que optaron por apartarse de las normas migratorias y la de aquellos de escasos recursos que vivían inmersos entre los sectores bajos y medios de la sociedad ensayando fórmulas de supervivencia en medio de un ambiente marcado por la crisis económica y la convulsión social. Los expedientes policiales consultados permiten asomarnos al ocio, a la vida cotidiana y a las relaciones conflictivas del mundo relacional de una minoría extranjera heterogénea que por lo general se movía en un espacio urbano en crecimiento, a veces incurriendo en vicios, transgresiones e infracciones que afectaban la moral y las buenas costumbres de los colombianos.

Los procesos de expulsión de extranjeros realizados durante la última fase del gobierno del presidente Abadía Méndez se enmarcaron dentro de las premisas de la Hegemonía Conservadora por asegurar el orden social y político (Castro 1996, 254-255). En últimas, todo esto se vio reflejado en las dificultades que experimentó esta comunidad de foráneos en ser integrada a la sociedad colombiana. El Estado terminó optando por la medida extrema de la expulsión antes que por la resocialización de estos individuos pues se consideraba que eran un factor de perturbación social y no brindaban un aporte significativo a la economía nacional.

Los presurosos procesos adelantados por el gobierno no estuvieron exentos de improvisación y a veces de falsos señalamientos que podían derivarse de la mentalidad que tenían los colombianos acerca de los foráneos. En ese sentido, los expedientes revisados ponen en evidencia otra percepción sobre los extranjeros, no de admiración y acogida sino de desconfianza y estigmatización.

Ante el inmenso poder que el Congreso de la República le confirió al gobierno nacional para que expulsara extranjeros sin adelantar formalmente procesos judiciales, no fue extraño entonces que algunos sindicados apelaran las decisiones adoptadas tras ver vulnerados sus derechos fundamentales. Quedaban así en evidencia los esfuerzos de estos foráneos por permanecer en el país, para lo cual desplegaron diversas estrategias como el reconocimiento de la culpa, la enmienda de los errores cometidos o, en otros casos, apelaron a motivos personales como el imperativo de preservar el estado de salud o de salvaguardar la vida sentimental y la unión familiar.

Fueron frecuentes además las demoras en el proceso de expulsión debido al déficit fiscal y a la falta de coordinación interinstitucional pues era fácil ver cómo una entidad oficial culpaba a la otra de la demora para librarse de críticas y señalamientos. Dado el aumento del número de procesos, se hacía imperioso aumentar la capacidad operativa de la policía y de ese tenor fue precisamente la petición que elevara en 1931 el director de esta institución al ministro de Gobierno para que se ampliaran las sucursales de la Sección de Extranjeros en los puertos y fronteras con el fin de asegurar un mayor control (Araujo 1931, 25).

Al final del mandato de Abadía Méndez era evidente el desgaste político del partido conservador, lo cual fue un factor determinante para que los liberales llegaran al poder. En los años siguientes a 1930, aunque disminuyó el número de expulsados (Morales 1932, 60), por otro lado se incrementó la proporción de los extranjeros inculpados de promover en el país ideas comunistas. Así por ejemplo, en 1931 las autoridades detuvieron al alemán Peter Sanson por incitaciones políticas de izquierda en Puerto Berrío y vínculos con sindicatos de la región.⁴² Al año siguiente fue capturado por el mismo motivo el rumano Moisés Altman.⁴³

Hacia 1935 se optó por otro tipo de medidas preventivas como el establecimiento de límites en el ingreso de extranjeros de ciertas nacionalidades que se consideraban "peligrosas" (Gómez 2009, 13). El 15 de abril del año siguiente, durante el mandato presidencial de Alfonso López Pumarejo fue promulgado el decreto 804, un nuevo reglamento en el cual se ampliaron las causales de expulsión de extranjeros "indeseables" (Ministerio 1936, 27-52).

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Notas

¹ Entre 1846 y 1914, más de 30 millones de migrantes salieron de Europa con destino a América (Bundy 2016, 5).
² En el marco de estas guerras civiles decimonónicas, el Estado colombiano consideró como extranjeros "perniciosos" a aquellos ciudadanos y agentes diplomáticos calificados como traidores de la posición política oficial y violadores de la neutralidad. A manera de sanción, muchos de ellos fueron expulsados (Ghotme 2007, 33-35).
³ Uno de los principales exponentes de esta teoría fue el político e intelectual Luis López de Mesa, véase: Álvaro Andrés Villegas (2005, 217-221).
⁴ "Un gran problema nacional: la inmigración". 1927. El Gráfico, Vol. 16, núm. 819, Bogotá, febrero 19, 704.
⁵ Según los diccionarios de la época, el término "pernicioso" hacía alusión a todo aquello que fuera: "gravemente dañoso y perjudicial" Cf. José Alemany (1925, 951). Para profundizar en el tratamiento dado a los extranjeros "perniciosos" a principios del siglo XX en otros países latinoamericanos, véanse los siguientes estudios: (Alfaro-Velcamp 2013; Gil 2003; Sánchez 2007). En otros casos, el concepto de extranjero "pernicioso" adquirió un matiz político permeado por un nacionalismo exacerbado, tal como se pudo advertir en la percepción que tenían los dominicanos de los puertorriqueños en tiempos de la ocupación estadounidense. Cf. Micah Wright, 2014).
⁶ Los consulados colombianos debían enviar reportes de los visados de pasaportes. Así entonces, para enero de 1929 se registraron 17 visados en Londres, 20 en Génova, 23 en París, 8 en Barcelona, 6 en México y 43 en Panamá. Un ejemplo de estos visados fue el otorgado por el cónsul en El Havre al ciudadano palestino Simón Bezalel, quien pretendía radicarse en Barranquilla en asuntos de comercio, para lo cual adjuntó como requisito su certificado de sanidad y buena conducta. Cf. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), República, Ministerio de Gobierno, t. 377, ff. 257r-280v.
⁷ En cada uno de estos registros debía anotarse el nombre, la edad, el sexo, el estado civil, el oficio o profesión, la nacionalidad, el lugar de nacimiento, el nombre de los padres y su lugar de residencia, y el origen y fecha de los pasaportes y nombre de los funcionarios que los tramitaron.
⁸ Estas cedulas de identidad debían contener la foto, la firma, las medidas y las señales necesarias para la "identificación científica" del extranjero.
⁹ El centralismo y la fuerte influencia de la Iglesia fueron dos características básicas del periodo de la Hegemonía Conservadora. Para profundizar más sobre la mentalidad de esta época, véase: Shirley Tatiana Pérez (2014, 185).
¹⁰ Entre 1920 y 1938 se registró una oleada de migrantes judíos, la mayoría originarios de Polonia, Rusia y Rumania, además de algunos sefardíes de Medio Oriente. El perfil de estos migrantes eran obreros, labradores y artesanos humildes que huían de la discriminación y buscaban mejores condiciones de vida, Cf. Adelaida Sourdís (2011, 151-152).
¹¹ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 301, ff. 1r-16v.
¹² AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, f. 116r.
¹³ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 301, ff. 180r-197v.
¹⁴ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 301, ff. 23r-36v.
¹⁵ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 377, ff. 512r-541v.
¹⁶ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 301, ff. 53r-74v.
¹⁷ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, ff. 410r-414v.
¹⁸ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, ff. 421r-436v.
¹⁹ Aún en 1938 seguía registrándose un desbalance en materia de género pues, según el censo de población realizado este año, de un total de 56.418 extranjeros registrados, el 42 % eran de sexo femenino. Cf. José Olinto Rueda (1999, 191).
²⁰ En esta ciudad la Policía realizó un censo en 1929 registrándose un total de 4.000 prostitutas. Cf. María Tila Uribe (1994, 255).
²¹ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 301, f. 252r.
²² AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 301, f. 79r.
²³ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 301, f. 83r.
²⁴ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, ff. 35r-75r.
²⁵ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 301, ff. 377r-38lv.
²⁶ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 301, f. 454r.
²⁷ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, ff. ll7v- l46r.
²⁸ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, f. 500r.
²⁹ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, ff. l57r-lo.8v.
³⁰ "Vulgaridades y desenfrenos". 1925. La Lucha. Semanario de Información y Variedades, El Banco, abril 26, 3.
³¹ Cf. 1929. Diario Oficial, núm. 21.253, Bogotá, Imprenta Nacional, noviembre 28, 541.
³² AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, f. 94r.
³³ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, f. 97r.
³⁴ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, ff. lr-23v.
³⁵ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, f. 404r.
³⁶ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, f. 454r.
³⁷ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, f. 361r.
³⁸ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, ff. 200r-227v.
³⁹ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, f. 116r.
⁴⁰ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 30l, ff. 220r-240v.
⁴¹ AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 378, f. 536r.
⁴² AGN, República, Ministerio de Gobierno, t. 405, f. 516r.
⁴³ AGN, Ministerio de Gobierno, Sección 1, Negocios Generales-Correspondencia, caja 28, carpeta 1, f. 93r.

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Referencias

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