Un proyecto efímero de regulación privada de la vitivinicultura en la provincia de Mendoza (República Argentina) en contexto de crisis: La Sociedad Vitivinícola de Mendoza, 1916-1919

La Sociedad Vitivinícola fue una empresa que reunió a todos los productores vitivinícolas de Mendoza (Argentina). Nació en 1916 con el apoyo del estado provincial como alternativa frente a la crisis económica existente desde 1913. Su objetivo fue decidir monopólicamente los precios de los bienes (uva y vino) y establecer los cupos de vino que cada bodeguero debía comercializar para adecuar la oferta a la demanda. La escasa bibliografía del tema motivó su estudio en torno a tres preguntas: cómo se formó el proyecto, a quién benefició y cómo fue el proceso de disolución. La falta de documentación oficial de la firma obligó a reconstruir su historia con la información de periódicos y memorias públicas y privadas. Se concluyó que las ideas que sostuvieron este experimento fracasaron, puesto que el vino es un bien prescindible y sustituible; y si bien el directorio favoreció ilegalmente a un grupo, los viñateros se beneficiaron por el precio de la uva. El gobierno que se instauró en 1918 inició el proceso de disolución de la empresa, que fue más complejo de lo previsto.

https://doi.org/10.15446/hys.n28.48032

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

An ephemeral project on private regulation of viticulture in Mendoza (Argentina) in a crisis context: Mendoza's Viticulture Society, 1916-1919

Patricia Barrio**

** Doctora en Historia y profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Profesional Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Buenos Aires-Argentina. Correo electrónico: pbarrio@mendoza-conicet.gob.ar

Artículo recibido el 27 de febrero de 2014 y aprobado el 21 de Julio de 2014.

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Resumen

Palabras clave: Mendoza, vitivinicultura, vino, crisis económica, monopolio.

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Abstract

In early 1917, a company that gathered all of Mendoza's wine producers was founded. This was the last anti-cyclical strategy promoted by the State with the goal of dealing with a long lasting economical crisis. It aimed to set wine and grape prices in a monopolistic fashion, and to establish wine marketing quotas. The limited amount of bibliography on this topic is what motivated this study, based on 3 aspects: how it was created, who it benefitted and how it was dissolved. Lack of official documentation forced its story to be rebuilt with information gathered from newspapers and public and private memoirs. It was concluded that the ideas this experiment was based on were misguided, since wine is a dispensable and replaceable asset. It was also concluded that it benefitted wine growers and that its dissolution process was longer and more complex than it foreseen.

Keywords: Mendoza, viticulture, economical crisis, monopoly.

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La letra con sangre entra. A este pueblo, hay que hacerle el bien a patadas. Diario La Palabra, 13 de setiembre de 1916, 4

La provincia de Mendoza (Argentina), ubicada en la ladera oriental de la cordillera de Los Andes, posee un clima semiárido con un promedio anual de 300 milímetros de precipitaciones; consecuentemente la población y las actividades económico- productivas se asientan en los oasis, que son dos: el Norte, compuesto por los ríos Mendoza y Tunuyán –y una vasta red de canales–, y el Sur, irrigado por el Diamante y el Atuel. El oasis Norte es el área histórica de la provincia y donde se ubica el centro político provincial, que es la ciudad de Mendoza; el oasis Sur registra un desarrollo poblacional posterior, desde el último cuarto del siglo XIX, y tiene a San Rafael como su principal núcleo político y de servicios. Según el Censo Nacional de 1914, la superficie con viñedos era de 70 467 hectáreas, de las cuales 12 901 hectáreas se ubicaban en el oasis Sur y 54 903 hectáreas en el oasis Norte (carta 1).¹

La vitivinicultura, organizada sobre bases capitalistas a partir de fines del siglo XIX, se convirtió en la actividad productiva más importante de Mendoza², aunque, como toda economía de base agrícola, estuvo sujeta a frecuentes y cíclicas crisis. Justamente, en 1913 comenzó una de ellas que duró varios años. El gobierno de Mendoza aplicó varias estrategias anticíclicas³ que fracasaron hasta que, a fines de 1916, como última alternativa, se votó una ley para monopolizar dicha actividad. Se fundó así una mega empresa llamada Sociedad Vitivinícola de Mendoza, que incorporó a todos los productores de la provincia. Su objetivo principal fue controlar la oferta de vino y unificar su precio para no abarrotar el mercado y evitar la competencia entre los bodegueros. Paradójicamente, este experimento regulatorio contó con el apoyo del gobernador provincial Francisco Álvarez, un liberal perteneciente al Partido Popular, mientras que, al año siguiente, el nuevo ejecutivo, José Néstor Lencinas, que pertenecía a la Unión Cívica Radical y que desplegó una gestión con fuertes notas populistas, intervino la Sociedad para desactivarla, pero, contra la esperada vuelta al mercado, puso al Estado como regulador del sector.

Dada la escasa bibliografía sobre este tema,⁴ abordamos su estudio intentando responder a tres interrogantes: cómo fue el proceso de toma de decisión de un proyecto de tal magnitud; a quién benefició y cuáles fueron las causas por las cuales el gobierno de Lencinas inició su disolución. Antes, es necesario presentar la particular organización socioproductiva de la vitivinicultura de Mendoza, que explica los problemas suscitados en torno a esta empresa. Asimismo, como no hemos hallado los libros de la Sociedad, el presente análisis parte, fundamentalmente, de la información de periódicos y de memorias públicas y privadas.

1. Organización social de la vitivinicultura mendocina

Desde el punto de vista social, la vitivinicultura de Mendoza se presentaba fragmentada. Según información de 1917, había alrededor de 2700 viñateros netos, 1100 vitivinicultores y solo 60 bodegueros netos.⁵ Los primeros tenían una absoluta dependencia de los bodegueros. En épocas de bonanza, el precio de la uva era alto por la creciente necesidad de satisfacer la demanda de vino. Esto explica el escaso interés de este subsector por invertir en bodegas. El problema se suscitaba cuando caía el precio de la bebida, lo cual repercutía en la cotización de la materia prima.

La categoría de viñateros-bodegueros, por su parte, se dividía en dos grupos principales: los ''trasladistas'', el más numeroso, que vendían su vino a otro elaborador, y los ''exportadores'', que enviaban la bebida a los centros de consumo fuera de la provincia. En este último colectivo también había diferencias importantes entre un puñado de grandes firmas, que tenía un segmento del mercado (''bodegueros integrados''), y la mayoría, que vendía su producto a intermediarios ubicados en las grandes ciudades y, por lo tanto, era dependiente de una red de comercialización extrarregional (''bodegueros exportadores no integrados''). Por otra parte, no todos los vitivinicultores compraban uva, ya que un número importante de ''trasladistas'' y ''bodegueros exportadores no integrados'' solo producía su materia prima o adquiría pequeños volúmenes de uva en momentos de auge.

Cabe resaltar, finalmente, la histórica buena relación entre los bodegueros y el estado provincial; primeramente porque la agroindustria fue un proyecto de la dirigencia política liberal mendocina –principalmente de los llamados gobiernos oligárquicos o ''de familia'', bajo la égida de su máximo caudillo, Emilio Civit–, varios de cuyos miembros se convirtieron en viñateros y/o bodegueros; y en segundo lugar, por las mutuas conveniencias: el impuesto al vino era el principal rubro que sostenía las arcas del fisco a cambio del apoyo estatal. Sin embargo, esta articulación se rompió en 1912, durante la gestión de Rufino Ortega hijo (1910-1914), debido a su proyecto de poner un nuevo impuesto al vino en un contexto de caída de la demanda de la bebida y de fuerte control fiscal y productivo. Como consecuencia, los industriales buscaron otra representación política, la que fue aprovechada por el Partido Popular, una escisión del grupo liberal enfrentada a Emilio Civit. Así, en la elección a gobernador triunfó la fórmula popular compuesta por Francisco Álvarez y Rafael Guevara, quienes asumieron a principios de 1914.

2. El proceso de formación del proyecto

Los programas implementados por el gobierno de Álvarez para enfrentar la crisis entre 1914 y 1916 se basaron centralmente en la destrucción de parte de la producción de uva y vino para disminuir la oferta de la bebida y defender su precio en el mercado.⁶ Pero, durante 1916, la Legislatura provincial rechazó un nuevo proyecto del ejecutivo para que el Estado comprara los excedentes vínicos. A esto se sumaba, la ruptura del acuerdo de precios que regía entre las grandes empresas bodegueras de Mendoza, lo que había desencadenado, desde 1915, una competencia con caída de las cotizaciones y desorganización del comercio. Era necesario implementar otra alternativa y se discutieron varias propuestas.

En 1914, el ingeniero agrónomo Leopoldo Suárez había sostenido la necesidad de bajar el precio del vino al menudeo para ampliar su mercado, terminando con los intermediarios, que ganaban sin arriesgar. Proponía formar una sociedad anónima con los bodegueros sin marca de vino acreditada ni mercado fijo (los exportadores no integrados), que reunían aproximadamente dos millones de hectolitros, la mitad de la producción de Mendoza. Con dos bodegas para cortar (mezclar) y obtener un vino de tipo constante y de calidad, y depósitos en todas las ciudades importantes del país para vender al mercado minorista, se podría ''barrer'' a los intermediarios.⁷ En un artículo posterior, criticó la ''despiadada competencia'' entre los elaboradores, que pagaban ''entre el 10 y el 15%'' de comisiones a los intermediarios a los que había que ''eliminar''.⁸

El especialista Arminio Galanti, por su parte, aconsejaba la formación de bodegas sociales para que los viñateros pudieran convertirse en elaboradores; de cooperativas para los pequeños y medianos bodegueros y, finalmente, una ''cooperativa de consumo'', con asiento en Buenos Aires y sucursales en los principales mercados, patrocinada por el gobierno nacional y administrada por una comisión de representantes de cada provincia vinícola.⁹

Con motivo de la presentación de un proyecto de ley de vinos, en 1916, el diputado nacional mendocino de la Unión Cívica Radical, José Néstor Lencinas, propuso, siguiendo algunas de las ideas de Galanti, la creación de un impuesto general al consumo de $0,02 por cada litro de vino para organizar el negocio del vino a través de una ''cooperativa vinícola nacional'', controlada por un organismo de esa jurisdicción. Esa cooperativa tendría cuatro objetivos: facilitar a los pequeños industriales la colocación de sus vinos, equilibrar la oferta con la demanda, difundir la elaboración de vinos estacionados y los cortes racionales, fomentar las industrias derivadas y establecer una competencia ''saludable'' entre la cooperativa y los grandes establecimientos industriales. Con este instrumento se regulaba el comercio del vino y, sobre todo, se lograba que ''las bodegas grandes no hagan sufrir a las chicas, ni tampoco hagan el trust disimulado, ni vengan extraños a hacer otros trust sobre las bodegas principales''¹⁰. Finalmente, el senador radical Estanislao Gaviola elevó un proyecto de ley de promoción de cooperativas para que los viñateros vinificaran la uva propia.¹¹

Estas ideas impulsaban formas de regulación e integración comercial, pero en ningún caso se buscaba incorporar a todos los productores mendocinos. Sin embargo, en 1915, apareció por primera vez la idea de concentrar la oferta del vino, cuando el gremio empresarial, la Sociedad de Vitivinicultores, intentaba reconstruir un acuerdo de precios entre los bodegueros exportadores. Como resultado, se firmó un acta-compromiso que decidió ''gestionar un crédito extraordinario'' para formar ''una cooperativa de venta a fin de adquirir los productos de pequeños industriales y enviarlos al mercado con una sola marca arrendando al efecto un establecimiento donde puedan efectuarse los cortes necesarios y cuidar de su conservación''. Una comisión se comprometía a redactar las bases de la ''Cooperativa de Venta''.¹²

Al año siguiente, el ingeniero agrónomo Aarón Pavlovsky, presentó su proyecto en una importante reunión en el Banco de la Provincia¹³ Para él, además del sobrante de la bebida, había una ''falta completa de organización del comercio de vinos'', la competencia de otras regiones que tenían impuestos inferiores y menos controles, y también la escasez de capitales ''para ampliar nuestras bodegas de modo que sea posible destinar una partida de la producción para vinos estacionados y de reserva''. La solución era organizar una gran sociedad anónima que incluyera por lo menos al 75% de viñateros y bodegueros, y a un consorcio financiero (que probablemente representaba él), que aportaría el capital para llevar a cabo la modernización necesaria del sector. En el directorio, los representantes de este consorcio tendrían mayoría y la sede estaría en Buenos Aires. Una comisión nombrada por una nueva asociación, la Sociedad de Vinicultores, estudió el proyecto y lo rechazó porque trasladaba el poder a fuerzas funcionales¹⁴ Por su parte, el periódico Heraldo del Comercio, órgano del Centro Unión Comercial e Industrial de Mendoza, propuso concentrar la oferta de vino, destacándose los artículos firmados por ''el bodeguero loco'' (cuyo autor era Enrique Gámiz).

Finalmente, una comisión con representantes de las más poderosas firmas del sector¹⁵ elevó al ejecutivo el 1 de setiembre un plan para conformar una gran cooperativa vitivinícola que debía elaborar como mínimo un millón de hectolitros y la libre concurrencia de los viñateros. El proyecto incluía el estatuto de la Sociedad Cooperativa Vitivinícola Mendoza, que tenía como objetivo concentrar el comercio de vinos en forma coercitiva a través de un impuesto especial de $0,08 por litro de vino que se librara al consumo y de $0,05 por kilo de uva, cuyo importe se destinaría como prima a la empresa, quedando exceptuados de su pago los miembros de la sociedad. También se preveía un impuesto de $1000 por hectárea a las nuevas plantaciones de viña de uva para vinificar por el término de cinco años¹⁶

El gobierno nombró una comisión de estudio¹⁷ que reformó el texto anterior incorporando que una parte de las primas se destinara a la diversificación productiva¹⁸, que las cooperativas¹⁹ compraran a los viñateros netos asociados por lo menos el 40% de su uva; que reservaran, exportaran o destilaran proporcionalmente la cantidad de vino necesaria para equilibrar la oferta con el consumo y, lo más importante, que manejaran los mismos precios de la materia prima y de la bebida.²⁰

Sobre la base de esa propuesta, el ejecutivo presentó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, a fines de octubre.²¹ Su contenido provocó fuertes oposiciones y entusiastas defensas. Entre las primeras se destacó Pedro Benegas, titular de la bodega más prestigiosa de Mendoza (producía el vino embotellado Trapiche), quien argumentó que el impuesto al vino y a la uva dejaba en desventaja a Mendoza respecto de la otra provincia vitivinícola, San Juan, y que el gravamen era anticonstitucional e iba en contra de la libertad de trabajo y de la industria.²² Entre sus defensores, el reconocido enólogo Luis Noussan manifestó su satisfacción por el proyecto porque, para él, era posible la ''cooperación'' entre viñateros y bodegueros.²³ También Pavlovsky lo aprobó.²⁴ El diario Los Andes, por su parte, denunció que, pese a la oposición, la mayoría legislativa sumisa ''cierra los ojos ante el atentado contra la libertad de comercio y la inconstitucionalidad del proyecto''²⁵. Efectivamente, al día siguiente, el texto fue aprobado en Diputados. En la Cámara de Senadores votaron en contra el radical Leopoldo Suárez quien, no obstante acordar ''con acaparar vino en una sola mano, disminuyendo la competencia'', argumentó que la empresa no era una cooperativa, y el conservador Severo G. del Castillo, quien explicó que el impuesto era inconstitucional porque extorsionaba a bodegueros y viñateros para entrar en la empresa. Pese a estos argumentos, la ley se sancionó.²⁶

La descripción de este proceso muestra, entonces, que la idea de concentrar el comercio del vino partió de un grupo de empresarios, especialmente de las bodegas más poderosas, que no habían logrado unificar privadamente los precios de la uva y sobre todo del vino. Para el gobierno, la idea también era atractiva porque el endeudamiento fiscal no le permitía comprar los excedentes de producción. Así lo reconoció expresamente el gobernador Álvarez en la presentación del proyecto de ley a la Legislatura. ²⁷ Finalmente, los viñateros netos adquirían la seguridad de que su uva sería comprada por primera vez desde el inicio de la crisis.

La ley 703²⁸ creó una patente de $8 por cada hectolitro de vino y otra de $6 por quintal métrico de uva que se enviaran fuera de la provincia, las cuales quedaban sin efecto si los viñateros y bodegueros entraban en alguna de las empresas. Los fondos se invertirían en las sociedades cooperativas vitivinícolas constituidas hasta el 28 de febrero de 1917, cuyos asociados elaboraran como mínimo un millón de hectolitros; y el resto se destinaría al fomento agrario. Las sociedades debían unificar las condiciones generales de compra y venta de uva y vino para anular la competencia y las principales decisiones debían contar con la aprobación del Estado.

3. La ley 703 y la Compañía Vitivinícola de Mendoza

El lapso de tiempo para conformar las sociedades era de menos de dos meses a partir de la sanción de la ley 703. Aparecieron dos: la Unión de Bodegueros y Viñateros, cuyo presidente era Pedro Benegas, y la Compañía Vitivinícola de Mendoza, bajo la dirección de Pedro Olivé, representante de la firma Escorihuela y Cía. En esta última se ubicaron las principales firmas. El 16 de enero de 1917 el Boletín Oficial publicó los estatutos aprobados de la Compañía Vitivinícola, mientras que a la Unión de Bodegueros y Viñateros el estado le negó la personería jurídica. Consecuentemente, los miembros de esta entraron en la Compañía Vitivinícola de Mendoza. De este modo, se conformó una sola empresa para dirigir toda la industria del vino provincial.

Los estatutos de la sociedad anónima Compañía Vitivinícola Mendoza, Sociedad Cooperativa Limitada establecieron un capital de $500 000 m/n y una duración de cinco años prorrogables. Su directorio quedó compuesto por cinco elaboradores y cinco viñateros (que, al no especificarlo, podían ser también bodegueros), elegidos por asamblea general; un representante de cada una de las bodegas que, terminada la cosecha, tuvieran una existencia de más de 80 000 hl de vino y el gerente local del Banco de la Nación Argentina y el de la Provincia de Mendoza. Para ser parte del directorio también era obligatorio poseer como mínimo sesenta acciones de la sociedad (cada una tenía un valor de $50), a excepción de los bancos. De este modo, las decisiones quedaron en manos de las firmas con mayor capacidad de elaboración, los representantes de los bancos oficiales –con cuya incorporación se aseguraba el apoyo financiero– y los viñateros y bodegueros con un capital suficiente como para comprar el número de acciones exigido.

El objetivo básico de la empresa era destruir el 20% de la uva de vinificar y establecer cupos de ventas de vino por empresa, estrategia no aplicada con anterioridad. Para esto, se dispusieron varios mecanismos, de los cuales destacamos los dos principales. El primero era la compra obligatoria por parte de los bodegueros del 80% de la uva perteneciente a los viñateros netos asociados, pagando a $5 los 100 kilos a los ubicados en la primera zona y $4,35 a los de la segunda zona²⁹. El 20% restante lo adquiría la sociedad a $1,10 los 100 kilos en la cepa o a $1,20 cortada al pie de la cepa. A los vitivinicultores se les daba el derecho a cosechar ese 20% pero pagándole a la compañía los precios últimos para que esta pudiera comprar las vides que debían eliminarse. Con esto se beneficiaba a los viñateros puesto que, si bien destruían parte de su producción, eran compensados con la seguridad de la venta de la materia prima a una cotización más alta que en años anteriores.

Respecto de la comercialización del vino, a mitad de año, con la información de las existencias de vino al 30 de junio (según un censo de bodegas obligatorio), y la decisión del volumen que se lanzaría al mercado, se calculaba el porcentaje de la bebida que cada bodeguero vendería por mes (prorrateo). El volumen sobrante podría ser adquirido por la sociedad al precio que fijara el directorio, enviarlo al extranjero o a los puertos francos del Sur del país, destilarlo o añejarlo.

Los precios mínimos de venta del vino ''sobre vagón'' (es decir, listo para ser trasladado por ferrocarril a las plazas consumidoras) los establecería la sociedad.³⁰ Las dos firmas más poderosas de Mendoza, Giol y Tomba, tendrían precios más elevados; para el resto de las marcas se determinaría su cotización teniendo en cuenta la ubicación de los establecimientos (primera o segunda zona), la categoría de la marca (de primera o segunda) y el tipo de envase. Cabe aclarar que la marca única de la sociedad se consideraría de ''segunda''. Según estas variables, los precios oscilarían entre $0,23 y $0,29 el litro de vino, pero se reconocían descuentos por el pago al contado y a 30 días y por la adquisición de grandes volúmenes.

El precio mínimo de los vinos comunes tintos, criollos y blancos destinados al consumo local, sería de $0,18 el litro en bodega sin envase, al contado y sin descuento, y con impuestos pagados. Por su parte, la empresa se comprometía a adquirir vino por traslado a los bodegueros que elaboraran hasta 2000 hl y podría comprar a prorrateo el que le ofrecieran los bodegueros de mayor producción. La empresa determinaría el precio de estos caldos y deduciría un 1% sobre le importe de la operación en concepto de comisión de venta.

Las operaciones de vinos de traslado se sujetarían a una escala de precios mínimos que el directorio fijaría de acuerdo con la calidad del producto, pero no sería inferior a $0,125 (12 centavos y medio) en la bodega productora. El adquiriente del caldo de traslado debía pagar un 1% sobre el importe de la operación en concepto de contribución a los fondos generales de la sociedad. Aunque los bodegueros exportadores tuvieran representantes o consignatarios en algún centro de consumo, las cartas de porte, facturas, notas de litraje, giros y demás documentación debían ser entregadas a la sociedad para que esta las tramitara y recibiera su importe. Hasta aquí sintéticamente lo dispuesto por los estatutos. Como surge de esta síntesis, la compañía no promovía estrategias de diversificación productiva, ampliación del mercado o integración vertical.

4. ¿Cómo impactó la nueva empresa en los subsectores sociales de la vitivinicultura?

La realidad demostró que no era posible articular los intereses divergentes de una agroindustria socialmente fragmentada y que era equivocada la interpretación de que la sociedad solo favorecería a las bodegas más importantes. Por el contrario, los primeros beneficiarios fueron los viñateros porque, mientras en los años anteriores recibieron precios ínfimos por la materia prima, a partir de la organización de la empresa lograron una cotización un poco más alta y la venta asegurada. Por ello, de haber sido el eslabón más débil de la cadena de producción, pasaron a estabilizarse económicamente. Las firmas económicamente integradas, por su parte, estaban acostumbradas a pagar los precios referenciales máximos por la uva y, en consecuencia, no los afectaba esta disposición; en algún aspecto incluso les convenía porque igualaba el costo de su adquisición con el resto de los elaboradores.

En cambio, los vitivinicultores y los bodegueros netos, en especial los exportadores no integrados, que necesitaban comprar uva o vino en el mercado de traslado, fueron los más perjudicados porque acostumbraban a trasladar el peso de la crisis a los viñateros y trasladistas. Además debían pagarle a la sociedad y ser controlados por ella, pero seguían dependiendo de su red de comercialización sin que se les ofrecieran estrategias de ampliación del mercado. Las exigencias enológicas impuestas al vino era otra cuestión que perjudicaba a la mayoría de los elaboradores, que no tenía dirección técnica en sus bodegas y su producto era de baja calidad.³¹

5. Las correcciones al modelo y el surgimiento de la oposición

La primera corrección al modelo se produjo a mitad de año, cuando se supo que las existencias de la bebida eran de 647 077 hl y que el volumen elaborado ese año (1917) era de 3 900 934 hl. Como la perspectiva de expedición de la bebida era de 3 600 000 hl para el período comprendido entre el 1o de julio de 1917 y el 30 de junio de 1918, se debían retener 972 533 hl de vino de la última cosecha; es decir, no el 20%, como estipulaban los estatutos, sino el 24,93%. Este volumen se liberaría a la venta a partir del 1o de julio de 1918, determinándose una nueva retención sobre el vino que se elaborara ese año, y así sucesivamente. La compañía publicaría en ocho días la cantidad mensual de vino que podría vender cada bodeguero asociado.³² Para ello se establecieron exigencias diferenciadas de acuerdo con la capacidad de producción de los bodegueros:

Otro decreto aclaró que el vino de retención podía venderse en el mercado trasladista (entre bodegueros asociados) a $0,09 el litro para la primera zona y a $0,08 para la segunda. Si se lo hacía a un precio inferior debía ser desnaturalizado con la presencia de inspectores de la compañía.³³

Sin embargo, el problema de fondo era la profundización, durante 1917, de la crisis económica argentina debido a los problemas del comercio internacional derivados de la guerra submarina de los alemanes y la entrada de los Estados Unidos en la contienda. A esto se agregaron la caída del salario, que afectó la demanda de la bebida, y los conflictos sociales, que provocaron serios problemas de funcionamiento en los ferrocarriles. Con un mercado en contracción era difícil sostener alto el precio del vino; de hecho durante ese año la salida de la bebida cayó un 14% respecto del año anterior.

Por eso, como la situación no mejoraba, una comisión nombrada por la empresa propuso que la venta del vino se hiciera ''por el solo conducto de la Compañía Vitivinícola Mendoza''³⁴, la cual distribuiría el importe neto de la venta a cada productor según la cantidad y la calidad de vino entregado. Las bodegas que no tuvieran ''marca registrada ni clientela'' y que ofrecieran sus vinos en traslado podrían entregar sus caldos a bodegas cortadoras³⁵ para ser expedidos con marcas regionales; mientras que los establecimientos ''con marcas acreditadas'' podrían hacer uso de las mismas pero con la doble desventaja ''de tener que aumentar sus precios de venta y de haberse creado un nuevo y formidable competidor en la Cooperativa Vitivinícola a quien ellas mismas dan vida''³⁶.

Este proyecto, que tendía a anular la identificación empresarial y a disolver el mercado de traslado, generó la fundación, en septiembre, de una asociación opositora llamada Centro de Bodegueros, bajo la presidencia de Luis Lava.³⁷ La institución utilizó argumentos liberales tales como que el plan implicaba ''una tutela'' sobre el productor; que establecía ''el monopolio de unas pocas marcas y bodegas principales'', favoreciendo a los bodegueros ''que han venido circunscribiendo su acción a la simple elaboración de vinos. Su realización aniquilaría... el esfuerzo individual... limitaría o atrofiaría del todo su acción y la de otros comerciantes... cortaría la libertad de comercio... y todo deseo de progreso''³⁸.

Como consecuencia de la oposición, el proyecto se dejó de lado. Entonces, debido al gran volumen de vino excedente y la previsión de una buena cosecha para 1918 se ideó eliminar el 45,32% de la uva del próximo año, tanto para viñateros como bodegueros. Ese porcentaje sería adquirido por la sociedad a $1,10 los 100 kg, mientras que el 55% de uva restante sería comercializado a $5,70 la primera zona y $4,95 en la segunda. Según los autores del proyecto, con esto se terminaría la ''fantasía de la retención''³⁹.

A principios de noviembre, un decreto provincial elevó ese porcentaje al 50%, y si bien se conservó el precio de la uva que pagaría la empresa, se subió el de las transacciones privadas a $6,30 los 100 kg en la primera zona, y $5,45 en la segunda zona. Además se aumentó $0,01 del precio del litro de vino a enviar a los centros de consumo en todas las zonas y categorías, aunque la mitad sería para la compañía.⁴⁰ Estas disposiciones generaron la inmediata queja de los bodegueros; un vitivinicultor, por ejemplo, debía entregar la mitad de su uva a la empresa a $1,10 el quintal métrico y comprarla a $5,45 o a $6,30 quintal métrico, según la zona; sin contar con que por la suba del precio, el vino encontraba nuevas trabas de inserción en el mercado. Al mismo tiempo, los dirigentes de la compañía comenzaron el estudio de medidas para integrar comercialmente la empresa y diversificar la producción⁴¹, reconociendo implícitamente que habían errado cuando apostaron solo a la concentración de la oferta.

Desde Buenos Aires, el diputado radical José Néstor Lencinas, quien había pedido la inconstitucionalidad de la ley 703 ante la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que la compañía se basaba en una ley que coartaba la libertad de industria y comercio ''al imponer un gravamen de 16 pesos por bordelesa de vino a los bodegueros que no formen parte de aquella. Y pienso, en principio, que sin libertad y sin igualdad las soluciones que le den a los problemas económicos de los pueblos no son consistentes y hasta corren el riesgo de ser ilusorias''⁴².

La incertidumbre generó un movimiento entre los grupos confrontados. Así, mientras el gremio industrial invitó a una asamblea extraordinaria el 22 de noviembre ''para resolver la línea de conducta referente a la eliminación del 50% de la uva'', el Centro de Defensa de Viñateros convocó a otra reunión para ''impedir los propósitos de un número de bodegueros que desean derrumbar los precios y conseguir la ruina de Mendoza y la de sus honrados y sufridos trabajadores''⁴³. También la empresa llamó a sus asociados a presentar proyectos para solucionar los problemas de la industria hasta el 15 de diciembre.⁴⁴

6. De la intervención provincial a la intervención de la empresa

A fines de 1917, el presidente Hipólito Yrigoyen decretó la intervención nacional a la provincia de Mendoza para permitir la libertad de sufragio en las próximas elecciones a gobernador, a realizarse en enero de 1918. Con esta decisión, quedó desplazado el principal apoyo de la compañía. Por eso, a partir de la asunción de Eufrasio Loza, los distintos grupos de interés generaron movimientos para lograr su adhesión.

El Centro de Defensa de Viñateros presentó un Memorial en el que sostuvo que representaba a casi 2500 viñateros netos que, sumando las familias de peones y contratistas, alcanzaba –en un cálculo exagerado– a 60 000 personas, y a la mitad de los viñedos de la provincia. Entre otros puntos, argumentó que con la crisis los más perjudicados habían sido los viñateros netos, y que desde la fundación de la cooperativa, ellos habían logrado vender su producción. Sin la empresa, los bodegueros elaborarían las uvas propias y, en caso de necesitar comprar materia prima, pagarían entre ochenta centavos y un peso el quintal, y ''tres millones de quintales métricos'' quedarían sin cosechar. ''Eso mismo sucederá el año próximo si la cooperativa llegara a desaparecer''.⁴⁵

Al día siguiente, la compañía presentó otro documento que defendía la necesidad de ''abandonar el tan generalizado egoísmo de 'laisser faire, laisser passer', para unirse bodegueros y viñateros en una sola conjunción de propósitos''. Destacaba que con anterioridad a la empresa los elaboradores no habían podido acordar un convenio de precios de uva y vino.⁴⁶ Exaltaba los beneficios de la cooperativa: la suba de los precios de la uva y del vino, la defensa del mercado de traslado, la graduación del precio de la bebida de acuerdo con su calidad, lo que había estimulado ''el buen trabajo, el mayor esmero, el mejor producto''. No había empresa así en Argentina: 3500 asociados que representaban la totalidad de viñateros y bodegueros de la provincia, y ''trescientos millones de pesos contraloreados por la sociedad pero únicamente a los efectos de su mejor rendimiento [... para]: impedir la desvalorización del producto''. Señalaba otros beneficios como el adelanto de recursos a los viñateros y bodegueros ''sin usura, sin apremios, para cobrarle luego con lo que su viña le da: uva''. Defendía la decisión de vinificar solo el 50% de la materia prima, la ''que era necesaria para satisfacer el consumo y las reservas convenientes destinando el excedente a aplicaciones [...]: como la fabricación de alcoholes, jugo de uva, ácido tartárico, etc.'', y mencionaba la venta minorista de vino en Uruguay, Paraguay y Brasil. Finalmente, la empresa solicitaba algunas medidas como la supresión del impuesto nacional al vino, mayor fiscalización contra la adulteración de la bebida en las plazas de consumo, la prohibición de las plantaciones de vides en otras provincias argentinas, la eliminación del impuesto nacional al alcohol vínico, el aumento del derecho de importación de los vinos finos y comunes del extranjero, el cobro de derecho de aduana en los puertos libres del sur a los vinos importados para permitir el acceso a los caldos argentinos. Firmaban el escrito el presidente José Orfila y el gerente Noé Biritos.⁴⁷ Al mismo tiempo, el subgerente de la compañía, Enrique Gámiz, anunciaba la decisión de adquirir grandes destilerías a fin de producir, con la uva sobrante, veinte millones de litros de alcohol para la exportación y la utilización en motores y automóviles; y la venta directa de los vinos en la Argentina, Uruguay y Brasil.⁴⁸

Finalmente, la memoria elevada por el Centro de Bodegueros Mendoza argumentaba a favor del individualismo y sostenía que ''no hay superproducción, hay déficit grande''. Se planteaba que el vino no se vendía porque era caro, ya que el consumidor pagaba alrededor de 40 centavos el litro, mientras que, para ellos, el precio debía rondar entre 18 y 22 centavos, y eso porque el flete era muy caro. Con esa cotización y la diversificación productiva ''se podría doblar la cantidad de viñedo actual''. El productor debía tener un beneficio de no más del 10% sobre el capital empleado en la plantación y en la bodega. Igualmente debía suceder con el intermediario y este, si se negaba a trabajar con esa condición, debía ''ser substituido por el propio productor''. Si un viñatero o un bodeguero tenían un alto costo de producción –continuaba– era un ''zonzo'' y debía ''cerrar las puertas de su fábrica o de su bodega''. Es decir, no había ''lugar'' para los ineficientes. Por otra parte, acusaba la connivencia entre la cooperativa y el gobierno, y señalaba que ''la más grave enfermedad'' de la vitivinicultura ''es la de sus hombres dirigentes''. Pedía que a la viticultura ''la dejen solita que se las componga como pueda como sucede en todos los países'', y negaba la aplicabilidad de ''cartells'' y cooperativas para la venta de vinos ''porque las condiciones de la industria vitivinícola y las del producto (el vino) lo impiden'' debido a que era una actividad netamente ''individualista''. La cooperativa, en realidad, se había fundado ''para echar la zancadilla a los bodegueros chicos''. En Mendoza solo podría producirse vino fino y regular en los establecimientos pequeños y medianos, mientras que los grandes, ''por las condiciones en que forzosamente ha de hacer entrar la uva en fermentación'' siempre producirían el peor vino. Finalmente, se preguntaba si la sociedad suponía una pérdida de la libertad de comercio. ''Llamarlo así parece un gran eufemismo [...]: Creemos que antes de la Revolución Francesa tampoco pasaba lo que nos está pasando. Lo que estamos soportando es el desvalijamiento de nuestros bienes [...]: y la castración para todo acto de propia voluntad, para todo esfuerzo comercial y para todo progreso industrial''.⁴⁹

En ese contexto, el directorio bajó el precio de la uva a $3,70 quintal métrico para la primera zona y a $3,25 para la segunda; informó que compraría en estos precios 2 760 000 quintal métrico, y que desde el 1 de julio de 1918 y hasta tanto no se hubiera librado al consumo los 3 200 000 hl de vino, los bodegueros debían pagar a la compañía una contribución extraordinaria de $0,0125 por litro, dinero que sería utilizado para la compra de uva.⁵⁰

Mientras se conocía el triunfo del radical José Néstor Lencinas para la gobernación de la provincia, en enero de 1918 la empresa continuó con su campaña de defensa. Entre las novedades publicadas estaba el impulso dado a la elaboración de jugo de uva, la apertura de un local en Buenos Aires para difundir la producción mendocina y la noticia de que el gobierno nacional había puesto a disposición de la compañía el transporte Patagonia para llevar vino y fruta a Brasil.⁵¹

Sin embargo, ni estas noticias, ni la renuncia masiva del directorio, ni un proyecto de reforma de los estatutos, ni el mitin organizado por el Centro Defensa de Viñateros pocos días después de la asunción de Lencinas, lograron evitar la intervención estatal a la empresa, decretada el 27 de marzo, para investigar las anomalías de funcionamiento. El documento explicaba que era ''un deber imprescindible del gobierno velar por los intereses generales del estado''; que no obstante la opinión pública estar agitada por ''diversas tendencias'', el gobierno había recibido denuncias contra la compañía sobre el falseamiento de los precios de venta fijados por los mercados consumidores; pruebas de que los bodegueros que habían cumplido con la reglamentación tenían sus establecimientos abarrotados de vino mientras que ''los que falsearon las prescripciones [...]: han vendido no sólo la parte correspondiente a sus vinos sino también los prorrateos adquiridos ocasionando el quebrantamiento de los precios''. Otra acusación era que el directorio había permitido la venta de vino en traslado sin intervenir en los precios y ''que estaba demostrado la violación de los artículos 15, 18 y 21 de la ley 703 por los hechos producidos en la marcha financiera y administrativa de la asociación''. Finalmente, mencionaba el estado de ''subversión completa que pone en peligro los intereses de los asociados y de la industria''.⁵²

El 8 de abril, una resolución del Ministerio de Industria y Obras Públicas, a cargo de Eduardo Teiseire, nombró una segunda comisión interventora de la empresa, compuesta por Francisco Carvalho como presidente, en asocio del Fiscal de Estado y del Inspector de Justicia y Sociedades Anónimas, Marcos Flores; y por Frank Romero Day, Antonio Scaramella, Luis Piaggio, Mario Bidone, Gerardo Manzitti y Juan Carulo como vocales. Como motivos de tal decisión, el documento señaló el ''desmanejo de los fondos sociales'' y explicitó el argumento legal de la intervención: la empresa era una sociedad privada, pero también lo era de ''orden público'' en razón de la magnitud de los intereses que representaba y de las restricciones ''que por imperio de una ley se ha impuesto al derecho de propiedad y a la libertad de trabajar y comerciar, lo que sólo y únicamente puede explicarse por razones de fuerza mayor como la abonan los propios antecedentes de la ley 703''.⁵³

El día anterior, una asamblea de accionistas de la sociedad había aprobado las reformas de sus estatutos y nombrado como nuevo presidente a Miguel Aguinaga. Ante la medida del gobierno, el directorio presentó la demanda a la Suprema Corte de Justicia⁵⁴, mientras que el Centro de Bodegueros pedía la derogación de la ley 703 y la liquidación de la empresa.⁵⁵

Fruto de la investigación realizada a la empresa, el ejecutivo le retiró la personería jurídica el 22 julio de 1918, considerando que no había cumplido ''los fines primordiales'' por los que fue creada, y nombró una comisión administradora y liquidadora –cuyo presidente era Jorge Céspedes y gerente Antonio Soriano–, la cual debía presentar un proyecto de liquidación.⁵⁶ Su primera medida fue declarar en comisión a todo el personal de la compañía e imponer restricciones a los gastos.⁵⁷

Llegaba fin de año y comenzaba la inquietud por la próxima cosecha. Se calculaba que quedarían un poco más de dos millones de quintales métricos sin poder vinificar.⁵⁸ Por eso, el ejecutivo aprobó el proyecto de la comisión administradora que determinaba la prolongación de la empresa hasta la cosecha de 1919.⁵⁹ Poco después, la misma comisión fijó las pautas de la próxima cosecha,⁶⁰ siguiendo los estatutos de la compañía, lo que comportaba la intervención estatal en el sector. Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia falló a favor de la inconstitucionalidad de la intervención a la Compañía Vitivinícola, estableciendo que debía ''ponerse inmediatamente en posesión del local y demás bienes de la sociedad al directorio nombrado en la asamblea del día 7 de abril''⁶¹. El gobierno no cumplió el fallo y apeló a la Suprema Corte de Justicia.

La situación no podía ser más irregular: por un lado el poder ejecutivo desobedecía una decisión del Poder Judicial de la provincia, y por otro prolongaba las atribuciones de la comisión liquidadora porque reconocía serios problemas financieros y consideraba que sin su actuación la próxima cosecha sería un caos. El conflicto entre los poderes ejecutivo y judicial llegó a su máxima tensión el 4 de diciembre, cuando un oficial de justicia se presentó en el local de la sociedad para devolver la empresa a su directorio, tal como lo había dispuesto la Suprema Corte. El gerente rehusó a firmar y no quiso entregar el local a su antiguo directorio porque así se lo había ordenado el gobernador. La policía tampoco asistió a los empleados judiciales.⁶²62

Pero ese no era el único conflicto judicial. El 28 de diciembre de 1918, la Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional la prima de los bodegueros creada por la ley 703⁶³ y, aunque el dictamen solo beneficiaba a los iniciadores del juicio (Bautista Grosso, Juan Antonelli y Francisco Passera)⁶⁴, la decisión deterioraba aún más las posibilidades de continuidad de la empresa.

El gobierno se apuró a realizar una declaración reafirmando la permanencia de la compañía hasta la cosecha de 1919, ''asegurando un precio equitativo a la uva y evitando [...]: la especulación ruinosa'', que hubiera producido la desvalorización de la tierra y la disminución del salario que afectaba especialmente a los trabajadores, ya que ''para el gobierno son dos factores importantes que está dispuesto a tutelar en todo momento''. Reafirmaba que la decisión judicial no imponía la cesación de la ley 703 porque las leyes solo podían ser derogadas por otras leyes. La liquidación sería lenta hasta que hubiera satisfecho todos sus compromisos.⁶⁵

Lencinas tenía otros problemas además del vitivinícola. Por un lado, la legislación social impulsada por él había generado numerosos conflictos en el mundo del trabajo,⁶⁶ y por otro, su pelea con el vicegobernador Delfín Álvarez, a quien los legisladores lencinistas habían destituido, había desencadenado una severa crisis política que terminó con otra intervención nacional enviada por el presidente Yrigoyen a la provincia.

Tomás de Veyga asumió el 1o de marzo de 1919 y, respecto de la cuestión que se analiza, buscó el acuerdo entre los grupos enfrentados llamando a una reunión a viñateros y bodegueros para discutir la situación de la cooperativa. No hubo arreglo entre aquellos que querían que se devolviera la empresa al directorio anterior, los que defendían un directorio mixto, los que pedían llamar a una asamblea de accionistas y los que propiciaban su disolución. Como resultado, se decidió formar una comisión representativa de tres miembros para estudiar el caso.⁶⁷ Pero en ese mismo momento, el presidente Yrigoyen decretó otra intervención, esta vez para disolver la Legislatura provincial y llamar a otra elección ''con sujeción estricta a las prescripciones de la ley electoral de la Nación''⁶⁸.

El nuevo interventor, Perfecto Araya, enfrentó, entre otros numerosos con- flictos, que el Poder Judicial provincial reiterara la orden de devolver la empresa a su directorio antiguo,⁶⁹ fallo confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.⁷⁰70 Araya se opuso por diversos motivos que expresó en un decreto del 12 de junio: porque sus competencias no eran extraordinarias; porque se trataba de una situación vinculada al juego de la economía de la provincia, por motivos de doctrina y jurisprudencia, decidiendo trasladar su cumplimiento a las autoridades constitucionales de la provincia. El documento ofrecía una información muy importante que permite entender la decisión tomada: la compañía tenía 3731 socios, el capital de los accionistas ascendía a $1 818 153 y el fondo de previsión y reserva con $417 072, mantenía relaciones comerciales con las instituciones bancarias por $20 332 599; y en esos momentos la empresa operaba como una dependencia del gobierno, de tal modo que si se entregaba a sus legítimas autoridades, estas no estarían obligadas a cumplir los compromisos pactados por la comisión administradora, con obligaciones que sumaban $6 082 451 para la presente temporada.⁷¹ Informe concluyente que demostraba que cualquier decisión con la empresa no podía resolverse instantáneamente. De todos modos, poco antes de entregar el gobierno de vuelta a Lencinas, Araya firmó un primer acuerdo con el presidente –sin funciones– de la sociedad, Miguel Aguinaga, el 12 de julio de 1919, que establecía que los estatutos aprobados en abril de 1918 empezarían a regir desde el 1o de febrero de 1920 y que después de esa fecha la empresa se liquidaría. Hasta ese momento, se suprimía el consejo consultivo y el directorio se compondría de seis miembros elegidos por accionistas y seis designados por el poder ejecutivo.⁷²

El 26 de julio asumió Lencinas la gobernación designando como su Ministro de Industrias y Obras Públicas al ingeniero agrónomo Leopoldo Suárez. Superado el conflicto con la sociedad, las acciones del directorio mixto fueron refrendadas por decretos del ejecutivo,⁷³ la más destacada de las cuales fue el prorrateo de vinos de acuerdo con la ley 703, en agosto de 1919.⁷⁴ En segundo lugar, el gobierno elevó a la legislatura dos proyectos que se convirtieron en las leyes 758 y 759, sancionadas en noviembre de 1919. Con ellas, la política para el sector vitivinícola alcanzó un perfil definido inexistente durante su primer año de gobierno, centrado en la problemática social y el conflicto reseñado.

La ley 759 derogó los artículos anticonstitucionales de la ley 703, determinó que el ejecutivo intervendría la compañía para ordenar los papeles, la contabilidad y los recursos de la cosecha de 1919; y si la asamblea de accionistas resolvía encomendar la liquidación al ejecutivo, este quedaba facultado para aceptar. La comisión liquidadora oficial procedería a cumplir con las obligaciones societarias, reintegrar el capital cubierto y liquidarlo a los accionistas. Estos podrían formar, si el gobierno se los propusiera, una ''sociedad cooperativa de venta de vinos'' o un Banco Agrícola Industrial. Se creaba a tal fin un impuesto de $0,015 por litro sobre la existencia de vinos a la fecha de la promulgación de la ley.⁷⁵

Inmediatamente después se firmó un convenio entre las partes, aprobado por el ejecutivo provincial el 28 de noviembre, que establecía la liquidación de la sociedad. Como consecuencia, el directorio hizo entrega al Estado de todos los bienes muebles e inmuebles, libros y documentos de la compañía. El gobierno pagaría sin condición alguna $1 819 103,56 a los accionistas. También se obligaba a abonar el fondo de reserva ($417 072,44), si el resultado de la liquidación dejase libre esos fondos, y antes del 30 de junio de 1920 debía fijar los plazos de estos pagos, lo que no se excederían más allá del 31 de diciembre de 1920. De este modo, el Estado se hizo cargo de la deuda generada por la empresa.

Fijadas las reglas la liquidación, y hasta tanto no se concluyera ese proceso, un decreto del 30 de diciembre de 1919 mantuvo en vigencia los estatutos de la empresa, delegando en el ministro de Industrias y Obras Públicas la función de presidente de la compañía y a los miembros de la Comisión de Fomento Industrial Vitivinícola las que concernían al directorio.⁷⁶ Estaba claro que Lencinas quería intervenir en la vitivinicultura de la misma manera que lo había hecho en las relaciones entre el capital y el trabajo.

Conclusiones

La reconstrucción de esta experiencia inédita de regulación de la producción y comercialización de la uva y del vino en Mendoza se generó a partir del fracaso de planes anticíclicos financiados por el Estado.

El proyecto, en rigor, repetía la política de la retención y eliminación de excedentes pero a cargo de los privados a través de la formación de una megaempresa, la Compañía Vitivinícola Mendoza, que incorporó a la totalidad de los productores mendocinos del sector (alrededor de 3500 socios entre viñateros netos, vitivinicultores y bodegueros trasladistas, exportadores integrados y no integrados), con el objetivo de acordar las condiciones enológicas y los precios de los productos para evitar la competencia ''ruinosa''. Para ello se aplicó un instrumento que continuó en el tiempo: el prorrateo de vino. En su diseño influyeron los viñateros netos, un colectivo que hasta 1916 no había tenido presencia en la formulación de las políticas sectoriales. Esta vez, sus dirigentes, mayoritariamente políticos de origen criollo, lograron incorporar al proyecto la fijación de los precios a la uva y al vino de traslado, lo que explica que defendieran la compañía con argumentos intervencionistas, mucho antes que la crisis mundial iniciada a fines de la década de 1920 encontrara un contexto favorable a políticas similares tanto en Mendoza como en San Juan. En efecto, con el retorno de la crisis, en ambas provincias se formaron empresas similares a la experiencia descrita, las cuales, al fracasar, abrieron paso, en un contexto de concentración del poder nacional y de una aceptación de la intervención del Estado en la gestión económica, a la sanción, en 1934, de la ley 12 137, que creó la Junta Nacional de Vinos.¹77

Por parte de los dirigentes de la compañía, el énfasis puesto solo en la regulación de la oferta y en el sostenimiento de precios elevados de los caldos, en plena crisis de la economía nacional, mostró la inadecuación de la estrategia porque el vino es un bien prescindible, más si, como en el caso argentino, era consumido por sectores populares, los más castigados por la situación económica.

Por su parte, el grupo más afectado por la política de fijación de precios –que hemos identificado como los bodegueros exportadores no integrados– optó por organizarse exitosamente cuando el directorio buscó profundizar el monopolio. Y cuando decidió apostar a la diversificación y ampliación del mercado, las acusaciones de corrupción, la oposición del partido radical dirigido por el prestigioso diputado nacional Lencinas y, finalmente, el retiro del apoyo del ejecutivo por la llegada del interventor nacional, clausuraron la posibilidad de continuar este experimento, que por su magnitud necesitaba un amplio consenso.

La llegada de José Néstor Lencinas al gobierno de Mendoza selló la liquidación de la empresa, pero, contra lo que querían sus opositores, la desactivación fue mucho más compleja y conflictiva de lo que imaginaron, además del costo financiero de tal operación, que fue absorbido por el mismo Estado. De todos modos, la gestión radical hizo suyas prácticas regulatorias aplicadas por la empresa que demostraron ser eficaces además de estar a tono con la preocupación del gobierno por los grupos más vulnerables: la fijación del precio de la uva, el prorrateo de vino e, incluso, hasta 1919, la eliminación de parte de la producción. Es decir, el experimento de monopolio privado fracasó, pero El estado continuó empleando varias de sus herramientas, adelantándose a una racionalidad económica aplicada diez años después.

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1. República Argentina. Tercer Censo Nacional, tomo V (Buenos Aires: Talleres Gráficos de Rosso y Cía., 1919), 923.

2. Sobre el proceso de conformación del modelo vitivinícola en Mendoza, véase Ana María Mateu y Margarita Gascón, ''El surgimiento de una burguesía vitivinícola en la Provincia de Mendoza (Argentina) a fines del siglo XIX. La fase de transición'', Revista Paraguaya de Sociología n.o 77 (1990): 117-140; Rodolfo Richard-Jorba, Poder, Economía y Espacio en Mendoza, 1850-1900. Del comercio ganadero a la agroindustria vitivinícola (Mendoza: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 1998), y Rodolfo Richard-Jorba, ''Transiciones económicas y geográficas'', en La región vitivinícola argentina. Transformaciones del territorio, la economía y la sociedad, 1870-1914, eds. Rodolfo Richard-Jorba et al. (Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2006), 21-76.

3. Patricia Barrio (Dir.), Crisis y transformaciones en la vitivinicultura mendocina, 1890-1955 (Mendoza: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 2010). Patricia Barrio. ''En la búsqueda del equilibrio perdido. Políticas públicas durante una crisis de la vitivinicultura de Mendoza, Argentina (1913-1917)'', Revista Historia 396 Vol: 3 n.o 1 (2013): 11-43.

4. José Francisco Martín, Estado y empresas. Relaciones inestables (Mendoza: Ediunc, 1992); Ana María Mateu, ''Los caminos de construcción del cooperativismo vitivinícola en Mendoza, Argentina (1900- 1920)'', Documento de Trabajo n.o 176 (2007).

5. Diario La Tarde (en adelante La Tarde), Mendoza, 29 de noviembre de 1917, 5. Sobre la estructura social de la vitivinicultura, véase Rodolfo Richard-Jorba, Poder, Economía, 296-301.

6. El primer plan fue diseñado por la ley 625 (de mayo de 1914); el segundo por las leyes 645 y 646 (de noviembre del mismo año), y el tercero por la ley 655 (de enero de 1915). Como consecuencia se eliminaron 433 161 hectolitros de vino y se destruyó el viñedo de 17 812 hectáreas.

7. Diario La Industria (en adelante La Industria), Mendoza, del 30 de abril de 1914 al 13 de mayo de 1914.

8. Diario Los Andes (en adelante Los Andes), Mendoza, 16 de enero de 1916, 5-6.

9. Diario La Nación, Buenos Aires, del 23 de mayo de 1914 al 29 de julio de 1914.

10. Julio Nieto Riesco, José Néstor Lencinas (Jefe de Estado) (Mendoza: L. J. Rosso, 1926), 207-211.

11. Los Andes, 28 de agosto de 1916, 5.

12. La Tarde, 26 de marzo de 1915, 1.

13. Los Andes, 19 de agosto de 1916, 5.

14. Los Andes, 22 de agosto de 1916, 5.

15. La comisión se conformó por Pedro Olivé (de Escorihuela y Cia), Gonzalo Bustamante (de Giol S.A.), Antonio Soriano (de Tomba S.A.), Balbino Arizu, Pedro Beneras, Alberto Day, José Orfila, Ricardo Palencia, Félix Flajollet (de Flajollet, Barrot y Delaballe), Luis Arroyo, Enrique Gámiz (de Cantisani, Cuetos y Cia), Felipe Rutini (de Rutini y Cavagnaro), Gonzalo Sierra, Ramón Guastavino y Ricardo Ruiz. Heraldo del Comercio n.o 23, 10 de setiembre de 1916, 1. En esta misma publicación se anunciaba un estudio similar confeccionado desde el Centro Unión Comercial e Industrial de Mendoza (fundado a mediados de ese año). Lo que no queda claro es si era un solo proyecto o dos diferentes.

16. Los Andes, 7 de setiembre de 1916, 5 y el texto entero en Diario La Palabra (en adelante La Palabra), Mendoza, 23 de setiembre de 1916, 1-4.

17. Esta comisión quedó conformada por el Ministro José Salas, Pedro Olivé, Domingo Tomba, Sabá Hernández, Melitón Arroyo, Jorge Céspedes y Arturo Jardel.

18. Se mencionaba la fabricación de ácido tartárico o cítrico, de licores, perfumes, conservas de frutas, legumbres y hortalizas, y la exportación de uva de mesa o frutas frescas o guardadas en frigorífico.

19. Resulta necesario aclarar que estas cooperativas no eran tales: no había ''primacía del trabajo sobre el capital en el reparto de los excedentes e ingresos'', ni las decisiones se tomaban democráticamente, ni entre un socio y un voto. La primera ley de cooperativas en Argentina es de 1926 y el Código de Comercio, si bien contemplaba la figura, esta no coincidía con la filosofía cooperativista. Al respecto, véase Omar Alonso Camacho, ''El cooperativismo agrícola y agroindustrial mendocino entre 1913 y 1920'', en Crisis y transformaciones en la vitivinicultura mendocina, 1890-1955, Dir. Patricia Barrio (Mendoza: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 2010), 75-89.

20. La Palabra, 22 de setiembre de 1916, 5-6.

21. Véase el proyecto en La Palabra, 17 de noviembre de 1916, 4.

22. Los Andes, 15 de noviembre de 1916, 5. Firmaban la nota importantes industriales aunque ninguna sociedad anónima, entre otros: Alejandro Suárez, Benegas Hnos. y Cía., Aguinaga Hnos., Alurralde y Lanús, Rutini y Cavagnaro, Norton, Calise, Brandi Hnos., Scaramella Hnos., Citon Hnos., Ángel Furlotti, Luis Fillipini, Francisco Passera, Justo Pelegrina.

23. La Palabra, 21 de setiembre de 1916, 4.

24. La Palabra, 13 de noviembre de 1916, 1.

25. Los Andes, 22 de noviembre de 1916, 5.

26. Provincia de Mendoza, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores (Mendoza, 1916), 1365-1366.

27. Provincia de Mendoza, Recopilación de Leyes desde el 1-1-1869 al 31-12-1924, tomo XIII (Mendoza, 1925), 4801-4803.

28. Junta Reguladora de Vinos, Recopilación de leyes, decretos y disposiciones sobre la industria vitivinícola, 1888-1938, tomo II (Buenos Aires, 1938), 77-80.

29. La primera zona, que era la más valorizada, comprendía la ciudad y los departamentos de Godoy Cruz, Maipú y Luján; una parte de las jurisdicciones de Guaymallén y Las Heras (De la primera quedaba exceptuada ''al naciente del carril del Sauce y al Este del Ferrocarril Pacífico, en el circuito Guaymallén'' y de Las Heras ''al Este de la calle San Martín). La segunda zona comprendía el resto de los departamentos.

30. La sociedad no estaba obligada a hacerse cargo de la venta de los vinos finos, especiales, añejos y licorosos, embotellados o no.

31. Por ejemplo, a fines de abril de 1917 se estableció el precio máximo del vino ''tipo francés'' en el mercado de traslado con las siguientes características enológicas: alcohol: 13%; acidez fija: 3,50 por mil; acidez volátil: 0,60 por mil; extracto seco: 24 y 35 por mil. Los Andes, 25 de abril de 1917, 7.

32. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 28 de julio de 1917.

33. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 13 de setiembre de 1917.

34. La Tarde, 5 de setiembre de 1917, 5.

35. Las bodegas cortadoras eran los establecimientos donde se cortaban (mezclaban) vinos de distinto origen para establecer un tipo constante de vino.

36. Los Andes, 7 de setiembre de 1917, 7.

37. Los Andes, 9 de setiembre de 1917, 5.

38. La Palabra, 11 de setiembre de 1917, 4.

39. Los Andes, 5 de octubre de 1917, 5; 7 de octubre de 1917, 5.

40. Los Andes, 10 de octubre de 1917, 5.

41. Ellas eran la inmediata instalación de catorce casas de venta de vinos al detalle y uva fresca de mesa distribuidas en Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Entere Ríos, Salta, Tucumán, Montevideo, Asunción del Paraguay, y cuatro en Brasil; sacar a licitación la elaboración por cuenta de la compañía de 200 000 cascos de vinos blancos y rosados y de claretes tipo exportación; realizar gestiones necesarias para la adquisición de una gran destilería en el Litoral para destilar la uva que por falta de bodegas quedarían sin vinificar y los vinos inferiores; contratar dos técnicos en la fabricación de glucosas y azúcar de uva para iniciar la instalación de las fábricas respectivas; establecer un concurso de proyectos sobre aprovechamiento de uvas e industrias derivadas y arrendar dos bodegas en la primera y segunda zona para practicar los cortes de los vinos de la compañía. Los Andes, 17 de noviembre de 1917, 5.

42. La Tarde, 7 de noviembre de 1917, 4.

43. Los Andes, 20 de noviembre de 1917, 7.

44. Los Andes, 24 de noviembre de 1917, 7.

45. La Tarde, 12 de diciembre de1917, 4-5.

46. La Tarde, 13 de diciembre de 1917, 4.

47. La Tarde, 15 de diciembre de 1917, 4.

48. La Tarde, 11 de diciembre de 1917, 5.

49. Centro de Bodegueros de Mendoza, La verdad de lo que ocurre en Mendoza (Mendoza: Impr. Italia, 1917).

50. La Tarde, 19 de diciembre de 1917, 5

51. La Tarde, 28 de enero de 1918, 6. El primer embarco se haría a partir de marzo. Iría a Brasil (Santos, Bahía de San Pablo y Río de Janeiro). Se mandarían cuatro mil toneladas y dos mil canastos de uva mendocina, dos mil barriles de vino tipo portugués. Se piensa perder medio millón de pesos. La Tarde, 2 de febrero de 1918, 5.

52. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 27 de marzo de 1918.

53. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 8 de abril de 1918.

54. La Tarde, 13 de abril de 1918, 5.

55. La Tarde, 22 de abril de 1918, 4.

56. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 24 de julio de 1918. Quien dio el decreto fue el vicegobernador Delfín Álvarez, que inmediatamente después publicó en Los Andes su opinión respecto de la industria, manifestando su posición de ''retorno de la industria a su antiguo régimen de libertad absoluta''. Los Andes, 22 de julio de 1918, 5.

57. Los Andes, 25 de julio de 1918, 5.

58. Los Andes, 8 de noviembre de 1918, 5.

59. En los considerandos se decía que la empresa no tenía un capital fijo a liquidar de inmediato sino que, conforme a los estatutos, este se formaba gradualmente mediante los recursos que se autorizaban; por lo tanto, se hacía necesario esperar a que en el desenvolvimiento normal de sus funciones en el año industrial se formaran los recursos suficientes para cubrir las obligaciones pendientes al día en que se decretó la liquidación de la sociedad, pues de otra manera el enorme déficit de la liquidación inmediata vendría a influir sobre la economía general de la Provincia. Por la época del año, se le autorizaba a la comisión liquidadora tomar las medidas necesarias al levantamiento de la cosecha de 1919, y aun cuando estaban en discusión varios proyectos para solucionar el problema industrial, ellos estaban todavía en estudio. La comisión actuaría de acuerdo con los estatutos de la compañía. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 15 de noviembre de 1918.

60. Continuaban vigentes los precios de $3,70 los cien kilos de uva de la primera zona y $3,45 para la segunda zona, en la cepa, y asimismo los plazos y condiciones generales que rigieron en la pasada cosecha de 1918. Se aceptaban ofertas del fruto de viñedos entre el 1 de diciembre y el 31 de enero de 1919; el rendimiento de la uva para vinificar vendida sería verificado por báscula, entre vendedor y comprador, debiendo presentar una vez terminada la cosecha de cada viña el respectivo comprobante firmado por ambos; salvo excepciones, la cosecha no podría terminarse más allá del 30 de abril. Transcurrida esa fecha, el bodeguero comprador debería pagar un aumento progresivo sobre el precio pactado de diez centavos más cada cien kilos por día, hasta la terminación de la cosecha. Los viñedos en que no hubiera interesados serían tasados antes del 30 de abril, reservándose siempre la compañía pesar todo o parte del fruto de la viña; la compañía excluía de la compra la uva de exportar. Los Andes, 1 de diciembre de 1918, 10. Finalmente, la comisión resolvió anticipar la fecha fijada para recibir los viñedos cuyo fruto no fuera vendido, lo que debía hacerse desde el 31 de marzo en vez del 30 de abril. Los Andes, 3 de diciembre de 1918, 5.

61. Los Andes, 10 de noviembre de 1918, 5.

62. Los Andes, 5 de diciembre de 1918, 5

63. ''El impuesto de ocho pesos por hectolitro de vino... es contrario a los artículos 14 y 16 de la Constitución Nacional''.

64. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 3 de enero de 1919.

65. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 20 de enero de 1919.

66. Véase Celso Rodríguez, Lencinas y Cantoni. El populismo cuyano en tiempos de Yrigoyen (Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1979). Sobre la cuestión social en tiempos de lencinismo hay una prolífica producción de Rodolfo Richard-Jorba. A modo de ejemplo, véase ''Somos el pueblo y la patria. El populismo lencinista en Mendoza frente al conflicto social y la prensa: discursos, representaciones y acciones, 1917-1919'', Revista de Historia Americana y Argentina Vol: 48 n.o 1 (2013): 11-6.

67. Los Andes, 12 de marzo de 1919, 4.

68. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 8 de mayo de 1919.

69 Los Andes, 10 de junio de 1919, 5-6.

70. Los Andes, 13 de junio de 1919, 5.

71. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 1 de agosto de 1919.

72. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 1 de agosto de 1919. El gobierno nombró en el directorio a Jorge Céspedes, Antonio Scaramella, Luis Tirasso, Juan Dufau, Antonio Soriano y Luis Piaggio. Los Andes, 15 de julio de 1919, 5.

1.Por ejemplo, el decreto del 12 de agosto de 1919 aprobó la resolución del directorio por la cual no se fijaría el precio mínimo en las operaciones de venta de vinos por traslado ni en las de consumo dentro y fuera de la provincia. La comisión del 1% a pagarse por los asociados de la compañía se cobraría sobre la base del precio real de las transferencias en las operaciones de traslado y de ¼ centavo por litro en el vino de consumo dentro y fuera del territorio provincial. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 14 de agosto de 1919.

74. Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 18 de setiembre de 1919.

75. Las obligaciones eran: ''solventar las obligaciones contraídas por la expresada compañía; reintegrar el capital cubierto y liquidado a los accionistas y establecer la forma y plazo en que se efectuará la reintegración del capital y someterla a la aprobación del Poder Ejecutivo''. Junta Reguladora de Vinos, Recopilación de leyes, 4893.

76. Junta Reguladora de Vinos, Recopilación de leyes, 4900-4901.

77. Sobre San Juan, cf. Susana Malberti de López y Ana María García, ''La crisis Vitivinícola de 1929- 30 en San Juan. Cambios y Permanencias'', III Encuentro de Historia Argentina y Regional, tomo II (San Juan: Universidad Nacional de San Juan, 1997) y Lía Alejandra Borcosque, ''Estado y Vitivinicultura: la transformación de la vitivinicultura sanjuanina en el periodo peronista (1945-1955)'' (tesis de doctorado en la Universidad Nacional de Quilmes, 2010), 95. Sobre Mendoza, Ana María Mateu, ''La vitivinicultura mendocina en los años treinta: entre el derrame y la profusión de estudios sobre la crisis'', III Congreso de Historia Vitivinícola Uruguaya (Montevideo: s.e., 2005). Verónica Ferro, Los efectos económicos de la crisis mundial de 1929 en la provincia de Mendoza (Buenos Aires: Dunken, 2008).

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Bibliografía

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