Forum. Revista Departamento de Ciencia Política

Introducción

Este artículo tiene como propósito describir un contexto histórico en el marco de los períodos presidenciales en Colombia desde 1934 a 1991, como eje de referencia para realizar un breve sondeo de la situación de los derechos humanos en el país y en cada uno de estos gobiernos. Con ello, se busca visibilizar algunas fuentes primarias de la época que fueron olvidadas y que en su momento intentaron prender las alarmas sobre la complicada situación que atravesaban estos derechos en el país.

Para soportar las ideas aquí planteadas, se propone que el concepto de derechos humanos se entienda cómo y desde la construcción desarrollada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos; si bien la temporalidad trabajada inicia algunos años antes de este hito histórico y jurídico, también debe tenerse en cuenta que producto de investigaciones académicas, esta declaración de 1948 no fue el resultado de un momento de efervescencia, por el contrario, fueron una serie de ideas que con espíritu de vieja data terminaron por consolidarse en dicho año. Por lo tanto, el concepto de los derechos humanos se encontraba desde mucho antes en el imaginario de la sociedad y de manera implícita en las reclamaciones de justicia social del pueblo colombiano, pues al reclamar sobre situaciones tales como una vida digna, salarios justos, igualdad de derechos ante la ley, oportunidades educativas, entre otras, no hacían más que abogar por el cumplimiento de los derechos que más tarde se sintetizarían en dicha declaración.

Partiendo de estas realidades, surge el interés por explorar, desde una perspectiva histórica: ¿cómo ha sido el proceso de enunciación y protección de los derechos humanos en el país? Para responder a esta pregunta, en un primer capítulo, se aborda todo lo relacionado con la crisis de los derechos humanos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y cómo las acciones de los diferentes gobiernos presidenciales terminaron por llevar la crisis a niveles inadmisibles, volviéndose necesario intervenir de algún modo las instituciones estatales. Es así como surge la idea de una Asamblea Nacional Constituyente como respuesta e intento de aminorar el clima de violencias que azotaba al país.

La crisis de los derechos humanos en Colombia es resultado de la sumatoria de una serie de hechos trágicos y la evidencia de su violación se hace necesaria para comprender lo que ello implica en nuestra sociedad, anotando que, no solo se trata de un exterminio del cuerpo por medio de prácticas como la tortura, la desaparición forzada y el asesinato, a ello se suman las lógicas que componen un país fragmentado, geográfica y políticamente, lo que conlleva a la vulneración de los derechos humanos, los cuales, son mínimos para el desarrollo de una vida digna, algunos de ellos tales como la vivienda, el desarrollo cultural, las libertades sindicales y las libertades políticas. Esto arroja como resultado un clima de violencia y represión, que hace casi imposible la justicia social y el cumplimiento de los diversos tratados de derechos humanos suscritos por Colombia.

Un anhelo de justicia social y paz 1934-1974 ^[1]

Los años treinta y cuarenta en Colombia se caracterizaron como muchas otras décadas por los fuertes desequilibrios sociales y económicos, dicha situación se veía reflejada profusamente en el ámbito agrario. La figura del latifundio no era desconocida para las masas de campesinos, tenían claro su significado: una vasta acumulación de tierra de individuos y terratenientes, que coludidos con el establecimiento aumentaban su dominio territorial. De este modo:

En un país de regiones, con una geografía que desafía todo intento de unificación, La Violencia fue un fenómeno que mostró con claridad las debilidades del Estado colombiano. El gobierno estaba a todas luces restringido a la plaza de Bolívar y a otras plazas centrales en las capitales regionales del país. La gente del campo no tenía incentivo para obedecer las leyes arbitrarias, irradiadas desde una capital distante y escritas por políticos que no entendían la vida rural. (LaRosa & Mejía, 2017, p. 178)

La coexistencia de situaciones sociopolíticas alarmantes en el país producirá el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de un periodo comprendido entre 1934 y 1974 que la historiografía colombiana ha denominado La Violencia. En el cual, la clase social menos favorecida de todos los rincones del país se embarcó en la búsqueda de oportunidades y el mejoramiento de sus condiciones sociales. Como resultado, “El débil liderazgo político del centro no pudo impedir que se presentaran conflictos políticos y sociales en regiones ajenas al poder de la clase gobernante de Bogotá” (LaRosa & Mejía, 2017, p. 178).

Los gobiernos liberales en el poder en la década de los treinta desde Enrique Olaya Herrera prometían aires de cambio y justicia social. Durante el mandato de Alfonso López Pumarejo el programa de la “Revolución en marcha”, sentaba las bases de un imaginario colectivo de transformaciones radicales y reformas sustanciales como: la Ley 200 de 1936 —conocida como la Ley de Tierras— que una vez más propendía por una redistribución de predios y baldíos a los campesinos colonos y productores (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016).

A pesar de esto, las intenciones liberales no lograron el éxito que todos esperaban. El gobierno siguiente, del también liberal Eduardo Santos, puso freno a una porción considerable de los intentos de reformas lopistas. Santos, cercano a los consejos de los Estados Unidos ^[2] e inmerso en los albores de la Segunda Guerra Mundial, se inclinaba por el mantenimiento del statu quo a nivel nacional. Con todo, el repudio de los conservadores al liberalismo fue inevitable y se manifestaba con más aires de violencia. Un ejemplo de ello fue cuando “En 1939 Aquilino Villegas, desde El Siglo, recomendó al conservatismo la adopción de la “lucha armada” y Laureano Gómez elogió la “acción intrépida” en la convención conservadora” (Melo, 2017, p. 206). Santos no solo se enfrentó a los conservadores, también a una fuerte disidencia en el seno de su propio partido y así:

López comenzó a diferenciarse del gobierno, para preparar el regreso al poder. Fundó el periódico, El Liberal, y lo puso bajo la dirección de su hombre de confianza, Alberto Lleras Camargo, y mostró sus desacuerdos con Santos, por su política demasiado fiel a los Estados Unidos o su timidez social. (Melo, 2017, p. 206)

El descontento producto de “La Gran Pausa” condujo a proponer la candidatura de Alfonso López Pumarejo por segunda vez a la primera magistratura del Estado colombiano. Aunque como lo reseña Jorge Orlando Melo (2017) en su reciente Historia mínima de Colombia, muchos liberales insistieron en oponerse a su reelección. La intención de los colombianos era clara, deseaban poner de nuevo en marcha la tan anhelada “revolución”. No obstante, el nuevo mandato de López resultó afectado de manera profunda por el panorama político internacional, es decir, la Segunda Guerra Mundial y la posición del gobierno frente a esta, generó las condiciones para que los incesantes ataques de los conservadores aumentaran desde el tintero del periódico El Siglo, sumando a todo esto la crisis de los sectores populares inconformes con una promesa de cambio que no llegaba.

La situación del gobierno de López alcanzó un punto de alta de tensión cuando en el mes de julio de 1944, se intentó un golpe de Estado por parte de los militares opositores (Atehortúa, 2009). Un año después, el presidente renunciaría y sería reemplazado por Alberto Lleras para culminar el periodo en medio de la inestabilidad social y el desprestigio resultante de las divisiones internas del partido Liberal. Los liberales, no lograban hallar el candidato adecuado con el cual mantener el poder y que llevara a cabo todas las promesas fallidas sin poner en riesgo la situación con los conservadores, a causa de que: “la división liberal enfrentaba a dos políticos con una historia de radicalismo juvenil (Gabriel Turbay había sido fundador del Partido Socialista Revolucionario en 1926 y Jorge Eliécer Gaitán de la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria -UNIR-), y de gestión en los gobiernos liberales, entre 1936 y 1944” (Melo, 2017, p. 210).

Los liberales no lograron la unidad de partido, por lo que se llegó a creer que entre Gaitán y Turbay se definiría la presidencia de la república para el año de 1946. Pero Laureano Gómez aprovechando la coyuntura que atravesaba el país, la situación de violencia, y sin lugar a dudas, el desprestigio liberal, impulsó la candidatura del conservador Mariano Ospina Pérez: “Su campaña trató de presentar a Ospina, un empresario antioqueño que había mostrado su habilidad como dirigente cafetero, industrial y urbanizador, como político prudente, tolerante y católico, ejemplo de las virtudes nacionales, cercano a campesinos y obreros” (Melo, 2017, p. 211).

Durante el gobierno de Ospina no fue en absoluto un tiempo de calma, a pesar de su propuesta de crear un gobierno de Unión Nacional, la influencia de Laureano Gómez era evidente ^[3] , tras el asesinato de Gaitán a manos del presunto perpetrador Juan Roa Sierra, la reacción de la masa enardecida y de los jefes políticos liberales y comunistas no se hizo esperar, acusando y responsabilizando a los líderes conservadores y al gobierno de orquestar el magnicidio.

Ni las instituciones políticas se salvaron de manifestaciones de violencia directa tal como lo expresa Melo: “Las sesiones del congreso entre julio y noviembre (1949) fueron caóticas y violentas, y en septiembre, después de un intercambio de insultos y en medio de pitidos, dos representantes sacaron los revólveres: un espectador, según las versiones más creíbles, disparó contra el representante liberal” (Melo, 2017, p. 217).

La tensión creció a tal punto que los liberales buscaron que el congreso juzgara al presidente Ospina, lo cual generó su reacción inmediata clausurándolo el 9 de noviembre de 1949. “A partir de entonces gobernó mediante decretos de “emergencia” o de “estado de sitio”, una práctica que se mantuvo hasta 1958; desde entonces hasta 1982 coexistieron un congreso debilitado y los decretos legislativos del ejecutivo” (Melo, 2017, p. 217).

En 1948 Colombia se vería atravesada por una fuerte ola de violencia bipartidista, y a nivel internacional grandes cambios marcaban el compás de un agitado siglo XX que hacía eco en el país. Uno de estos ecos —tal vez el más importante—, la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ^[4] , pasaba desapercibida para la gran mayoría de los colombianos, hallándose todavía sumidos en aquella fría tarde del 9 de abril de 1948 ^[5] , de ahí que, al contrario de lo enunciado en el artículo 1 de dicha declaración, los colombianos no se comportaban fraternalmente los unos con los otros.

A finales del gobierno de Mariano Ospina, regresaría Laureano Gómez para caldear aún más la coyuntura al plantear “que el liberalismo colombiano era en realidad un monstruo, un basilisco de cabeza comunista y cuerpo liberal, y había que destruirlo” (Melo, 2017, p. 216). A los pocos días el conservatismo lo eligió candidato a la presidencia resultando electo en agosto de 1949.

Gómez, fiel a sus ideas en pro de la persecución y la destrucción del Partido Liberal, no propendió por calmar la ola de violencia que azotaba al país; por el contrario “volvió a su proyecto, que era hacer imposible un triunfo liberal futuro, que asociaba con el comunismo y el protestantismo” (Melo, 2017, p. 216), lo cual motivó a algunos conservadores a fundar movimientos de “contraguerrillas, conocidas como pájaros, [así] aumentaron la violencia, pues se convirtieron en instrumento de venganzas políticas o se aprovecharon para apropiarse de fincas y ganados de los perseguidos” (Melo, 2017, p. 219).

Corría el año de 1953 y Roberto Urdaneta Arbeláez ejercía las funciones presidenciales debido a la enfermedad que aquejaba al presidente Laureano Gómez. El 13 de junio el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, alentado por algunos jefes conservadores —entre los que se hallaba el expresidente Mariano Ospina—, y enfurecido por el rumor de su destitución ordenada por Gómez, se apresuró a tomar el poder. Acto seguido: “pidió a Urdaneta y a Ospina que asumieran la presidencia, a lo que se negaron, pues no querían cuestionar la legitimidad que reconocían al gobierno de Gómez” (Melo, 2017, p. 220), por tanto, Rojas Pinilla asume el poder de facto y se convierte en el presidente de la república.

Aunque la dictadura del General Rojas de nuevo prometió cambios sociales para las clases desamparadas por el Estado, y el establecimiento de la paz mediante la idea de un gobierno que tomaría distancia de los partidos políticos, la realidad fue muy distinta a lo descrito. Rojas asumió una posición conservadora y ortodoxa, abanderada del discurso del exterminio comunista y de la preservación de los valores católicos. Todo lo anterior le costó la popularidad y el respaldo de diversos sectores liberales que en sus inicios lo habían visto con buenos ojos.

Autoritarismo, persecución y represión no dieron espera, al punto de censurar la prensa mediante la clausura de los periódicos y diarios El Siglo, El Tiempo, El Espectador, El Independiente y El gráfico, entre muchos otros, que mostraron disensos respecto a las políticas del gobierno con especial énfasis en las pretensiones de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC), conformada en su mayoría por simpatizantes rojistas, extendiera su mandato hasta 1962. Así pues: “la actitud crecientemente autoritaria de la dictadura del general Rojas Pinilla, quien a medida que revelaba sus intenciones de perpetuarse en el poder entraba en contradicción con los partidos políticos y con los sectores civilistas y democráticos de la sociedad” (Silva, 1989, p. 187).

La necesidad de reestablecer un gobierno civil y por tanto retomar las riendas del poder, condujo a la élite partidista a entablar un acuerdo que resultó en la constitución de una democracia teatralizada entre 1958 y 1974. El Frente Nacional, denominado así desde entonces, se discutió como un pacto democrático entre los líderes liberales y conservadores tras la firma del Pacto de Benidorm el 24 de julio de 1956 entre los expresidentes Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez. Al final, los colombianos cayeron en el error una vez más de creer en un discurso que instrumentalizaba la paz como elemento político electoral bajo los parámetros planteados por los dirigentes del Frente Nacional, para el restablecimiento de la democracia que había caracterizado al país, con el condicionante de que fuese bajo la alternancia de los partidos en la presidencia y la paridad de cargos públicos entre ambos.

Aunque las violaciones de los derechos humanos habían sido una constante hasta 1958, el Frente Nacional, que buscaba aminorar la violencia en el país y restablecer las garantías democráticas y civiles, tampoco dejaba de configurarse como una violación a tales derechos al introducirse “por un largo período normas curiosamente artificiales que diferían por completo de los criterios y principios clásicos de la democracia, como la paridad política en las corporaciones y los cargos públicos y la alternancia presidencial” (Zuleta, 2015, p. 151. Énfasis del autor).

La artificialidad de estas normas se pone de manifiesto cuando se contrastan a la luz del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en sus tres incisos, anota de forma clara los parámetros necesarios para garantizar una democracia libre y auténtica. Dispone así:

Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto. (Organización de las Naciones Unidas, 1948)

En estos términos, la democracia planteada por el Frente Nacional no garantizaba una posibilidad de participación directa propiamente dicha, debido a que ningún candidato que no fuera liberal o conservador podía ganar las elecciones. Como ejemplo de ello, están las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 donde Misael Pastrana Borrero derrotó al líder de la ANAPO —Alianza Nacional Popular— Gustavo Rojas Pinilla por un estrecho y controvertido margen de 70 000 votos.

La autenticidad de las elecciones se veía comprometida no solo por el hecho de que la democracia colombiana se redujera a la mera expresión del sufragio, sino por el agravante de que la voluntad del pueblo como base de la autoridad del poder público fue limitada de forma intencionada tal como lo resalta Estanislao Zuleta: “Las circunstancias eran graves y las instituciones rígidas. No se podía convocar al constituyente primario porque el plebiscito de 1957 había prohibido los plebiscitos, en una curiosa figura de suicidio institucional” (Zuleta, 2015, p. 152).

El claro bloqueo al constituyente primario, la reducción de la democracia a un simple ejercicio sufragante y la falta de garantías políticas para el establecimiento de la oposición son muestras importantes que nos ofrece la historia, y que evidencian el desconocimiento de la élite política colombiana frente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o posiblemente la falta de voluntad política. El Frente Nacional, producto de su artificialidad política impedía la autenticidad de la democracia colombiana, por tanto, puede ser entendido en sí mismo como una vulneración directa a los derechos humanos, que a lo largo de los años ha pasado desapercibida para todo un país y en sus libros de historia.

De lejos, la ya mencionada, no fue la única violación de los derechos humanos en este interregno. El retorno a los valores democráticos y civiles no garantizó en su totalidad un cambio a nivel de la represión. Si bien la violencia bipartidista disminuyó en términos considerables por el pacto del Frente Nacional, éste mismo asumió el discurso de la doctrina de la seguridad nacional y la contrainsurgencia anticomunista que funcionó como estandarte para el autoritarismo, la represión y la persecución (Gutiérrez, 2014).

En el pacto de Benidorm, Alberto Lleras y Laureano Gómez resaltan,

La fría y objetiva consideración de todos los aspectos actuales de la Patria permite indicar claramente a los colombianos que existe una solución satisfactoria para los males que padecen. Sobre la base del entendimiento amplísimo para la imperiosa reconquista del patrimonio común, los representantes auténticos y genuinos de los partidos oirán la sugestión de los procedimientos que entreabren esas patrióticas perspectivas. Tales representantes los estudiarán y adoptarán llegado el caso para dar al pueblo no solo la reconquista de la perdida libertad sino la visión concreta del desenvolvimiento de las posibilidades de la inmensa mayoría de los colombianos para obtener un mejoramiento radical de sus condiciones de vida y para salvar el abismo que se está abriendo entre una corta clase social súbita o ilegalmente enriquecida y una gran masa que cada día se empobrece más. (Silva, 1989, p. 193)

El reconocimiento por parte de estos dos líderes de la realidad de aquella gran masa cada día más empobrecida, no fue ni de lejos el inicio de un periodo de justicia social basado en aquel común denominador que transversaliza la historia colombiana: una reforma agraria equitativa y real, sumado al establecimiento de derechos sociales que propendieran por cambiar la realidad de forma sustancial de las clases menos favorecidas al garantizar un equilibrio de oportunidades. Durante todos los hechos mencionados hasta ahora, el clamor popular estuvo presente y, aunque vinculados o no a un actor específico, su interés constante fue mejorar las condiciones de vida de los millones de colombianos que padecían la pobreza y la violación de sus derechos.

Los que se hacían llamar “los representantes auténticos y genuinos de los partidos”, a fin de cuentas, eran solo eso, representantes de los partidos políticos, en consecuencia, su legitimidad fue puesta en duda por los mismos acontecimientos que los rodearon durante sus mandatos, que estuvieron marcados por la apatía y el desinterés de la élite política por resolver los problemas urgentes por los cuales la sociedad colombiana clamaba soluciones. Para ello, haremos uso de varias fuentes, entre ellas un informe de la época titulado El libro Negro de la represión. Frente Nacional 1958-1974, publicado en 1974 por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos dirigido por Enrique Santos Calderón y financiado por Gabriel García Márquez. Dicho informe es una muestra de lo que la represión y violación de derechos humanos significó para los habitantes de Colombia durante los 16 años del pacto frente nacionalista.

Entre 1958 y 1962 fue el gobierno de Alberto Lleras Camargo, el cual comenzaba con aires de júbilo y esperanza, pues la paz estaba cerca luego de un largo periodo de exterminio y violencia (Melo, 2017). La ilusión se hallaba concentrada en las posibilidades de que el gobierno trajera consigo justicia social y reivindicación del campesinado azotado y empobrecido durante décadas de violencia y represión. Según Zuleta:

Había muchas razones para emprender una reforma agraria ya que esta era un medio de pacificación y el tratamiento más adecuado para los guerrilleros que aceptaron la paz. Para muchos de estos, como para los llamados entonces “exiliados de la violencia”, un reparto de tierras significaba apenas una reparación por lo que se les había arrebatado.” (Zuleta, 2015, p. 153)

Pero por desgracia, el asesinato del ex jefe guerrillero liberal Guadalupe Salcedo en 1957 en la ciudad de Bogotá a manos de la policía secreta, se tornaría en presagio de la persecución y violación de los derechos humanos en los años venideros.

Para el 3 de diciembre de 1958, ya Colombia se encontraba bajo el estado de sitio —en este momento se declaró total—, ¿el argumento? los partidarios del depuesto general Rojas Pinilla intentaban recuperar el poder (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974). El estado de sitio, ya fuera en su modalidad parcial o total, sería levantado por tiempos breves durante la duración del Frente, y en el caso de Lleras, solo sería levantado hasta finales de su mandato en 1962. Esta figura se había convertido en algo natural pues se tornaba como una útil herramienta para gobernar.

La represión heredada del gobierno de Rojas continuaba rampante. En septiembre de 1961 el periódico católico Voto Nacional, órgano semioficial de la Iglesia, decía:

Como no se tiene ni el valor, ni la constancia, ni el deseo, quizás, de investigar el por qué y el por quien de las matanzas de campesinos colombianos, lo más fácil y lo que está de moda es atribuirlo todo a Fidel Castro. Nadie olvida que la violencia colombiana es anterior a Fidel Castro. Que ha cumplido 13 años de edad y está entrada en los 14… Después de sufrir un desangre de cerca 300.000 colombianos bárbaramente asesinados, no resulta ni un solo responsable: Nadie vió, nadie mató, nadie es testigo. Nadie incendió casas, nadie oyó… Colombia es una nación angelical y sus campesinos se mueren por llamadas de larga distancia. (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974, p. 29)

Este reclamo mediante un medio de comunicación católico permite observar cómo se comenzaba a configurar un nuevo enemigo, representado en la figura fantasmal del comunismo. Sin embargo, en un aire de sensatez, el periódico Voto Nacional publicaba estas líneas a modo de un fuerte llamado de atención sobre la realidad de la violencia en el país. Los muertos no eran el resultado de una simple ‘llamada de larga distancia’ o del fanatismo procastrista y prosoviético; eran el resultado de una profunda y marcada desigualdad social que enfrentaba a un país dividido entre ricos cada vez más ricos mediante acciones ilegales y pobres cada vez más pobres resultado de las acciones ilegales de los ricos que violaban sus derechos humanos.

La fuerza con la que Lleras respondía a los problemas provocó que su gobierno entrara en inminente declive y aún más con el advenimiento del rotundo fracaso que significaría la reforma agraria, la cual no era vista como una urgencia social que debería ser atendida para así frenar los brotes constantes de violencia guerrillera en las regiones, y a su vez, los choques y conflictos entre campesinos y terratenientes. Todo lo contrario, era percibida como una medida que evitaría la concentración casi incontenible de población en las ciudades. Una intervención de Carlos Lleras Restrepo ante el congreso el 13 de abril de 1961, deja en evidencia la posición del gobierno en lo concerniente a la reforma:

En nuestro concepto, lo que verosímilmente presenciará el país en los próximos años no va a ser una demanda urbana de brazos para industrias y servicios útiles superior a la oferta, sino, por el contrario, un exceso de esta última sobremanera difícil de absorber. En estas condiciones lo que tienda a vincular a la tierra a la población campesina, puede considerarse como social y económicamente útil, aun en el caso de que en algunos sectores rurales tuviera que prolongarse una economía de simple subsistencia. (Zuleta, 2015, pp. 153-154)

Más allá de estas dos concepciones de reforma, el problema radicaba en el obstáculo de llevarla a cabo sin que los intereses de terratenientes y latifundistas se entorpecieran haciendo “que la Ley de Reforma Agraria de 1961 fuera muy tímida: las tierras que se expropiaran debían pagarse a precio de mercado y el trámite era de complejidad imposible” (Melo, 2017, p. 263). Los campesinos continuaron colonizando y luchando mientras los adinerados les arrebataban la tierra mediante prácticas coercitivas ante los ojos de un gobierno incapaz y del mismo modo represivo. Según rastreos de información de Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en 1962 “Se organiza oficialmente la OPERACIÓN MARQUETALIA contra el campesinado organizado al sur del Tolima” (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974, p. 32), debido a que se consideraba un peligroso bastión guerrillero. Bajo este panorama comenzaba el gobierno de Guillermo León Valencia.

En manos de Valencia había quedado la puesta en marcha de la reforma agraria de 1961, pero los indicios presentados por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos dejaban en evidencia que para 1963 el panorama agrario no daba atisbos de transformación, puesto que esta reforma no solo tenía el objetivo de redistribuir la tierra, si no de llevar la paz al campo en enero de dicho año:

El concejo municipal de Segovia (Antioquia) envía [una] proposición al presidente de la República, sobre el grave problema que afrontan los campesinos de la región, debido a la represión, persecución y encarcelamiento, de que son víctimas por parte del ejército. (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974, p. 38)

Otro caso se reportó en mayo del mismo año, en el departamento del Magdalena, en éste se evidencian con mayor claridad los profundos vínculos entre las fuerzas policiales del Estado y los latifundistas en diversas zonas de Colombia:

El cabo de policía, Bernal, al servicio del latifundista Julio Vergara, ejerció violencia contra grupo de 103 campesinos colonos que, desde hace tres años, cultivan la tierra. El latifundista busca desalojarlos. Cuando la cosecha estaba a punto de ser recogida, el cabo y 17 policías, arrasaron y destruyeron los ranchos con bulldozer en Pivijay. (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974, p. 40)

Lo cierto es que el enemigo había estado mutando, ya no se trataba como tal de los de trapo azul o rojo, el asunto se trasladó a ser guerrillero, comunista, socialista, sindicalista, o simplemente ser una persona humilde o un campesino organizado que pudiese ser acusado de todo lo anterior. La lucha por la dignidad y el respeto de los derechos humanos de forma directa o indirecta se elevó casi a la categoría de un crimen que podía costar la vida.

El surgimiento de las denominadas Repúblicas Independientes ^[6] generó una pronta respuesta del gobierno, y los políticos tradicionales se mostraron temerosos a la expansión del comunismo de Fidel Castro y de la Unión Soviética. En consecuencia, el presidente Valencia, en un discurso pronunciado el mes de diciembre de 1963 ante la Cámara de Representantes “ofrece acabar, en 1964, con las llamadas ‘repúblicas independientes’” (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974, p. 44). Las palabras del presidente esta vez no serían vacías, la ejecución del Plan Lazo sería un comienzo para todo lo que después sería la Operación Soberanía. Con bombardeos y enfrentamientos directos diezmaron a las autodefensas campesinas en Marquetalia ^[7] . Según datos de la Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (1974), el Plan Lazo comprendió tres fases: la guerra psicológica, el bloqueo económico y militar al territorio, así como la acción punitiva. Se cita esta última con el fin de hacer un retrato de lo acontecido:

Valiéndose de armas modernas, con gran número de tropas y con la asesoría del ejército norteamericano. Intervienen fuerzas combinadas de tierra y aire en cantidad de más de 16.000 unidades. Los campesinos son obligados a radicarse en poblaciones cercadas por soldados, con mallas de alambres de púas (“aldeas estratégicas”) donde el ejército puede mantenerlos bajo vigilancia. Allí se cometen toda clase de depravaciones. Las regiones fueron arrasadas, los caseríos bombardeados, campesinos fusilados y las mujeres violadas. (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974, p. 46)

Mientras tanto en Bogotá se debatía la situación de Marquetalia en la Cámara de Representantes, allí se acusa al gobierno por genocidio. La siguiente intervención es del representante antioqueño del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), Carlos Restrepo Arbeláez:

Los altos mandos militares están interesados en mantener toda una situación confusa y toda alteración de la paz y el orden. Pues en el momento en que se diga [que] todo el país está totalmente pacificado, entonces se mermaría la alta oficialidad, se terminarían los sueldos dobles y el sinnúmero de garantías de quienes dirigen el ejército, y, así mismo, el congreso les suprimirá necesariamente su desorbitado presupuesto. (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974, p. 52)

Los actos de crueldad de las fuerzas policiales se hacían cada vez más evidentes y no pasaban desapercibidos. Su ejecución provocaba caos y desorden en la población, además de alentar un profundo sentimiento de desconfianza y venganza en la población campesina. El siguiente es un panorama del abuso sucedido en Marquetalia:

Las torturas a que han sido sometidos son: aplicación de corriente eléctrica en las manos, orejas y testículos: quemados en los ojos y en la cara con cigarrillos; intimidados con amenazas de muerte; encañonados con revólveres en las indagatorias y éstas tergiversadas; encarcelamiento durante varios días sin comer; obligados a abrir sus propias sepulturas o las de sus compañeros ultimados; uniformados para señalar como presuntos comprometidos a personas que ellos no conocen; coacción y soborno; promesas de recompensas por delaciones y acusaciones. (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974, p. 53)

En las ciudades el panorama de represión y violencia también estaba presente, las manifestaciones estudiantiles, obreras y sindicales eran disueltas con fuerza por el Estado, ni las ciudades se encontraban a salvo de la violación de derechos humanos. El 6 noviembre de 1964 un grupo de estudiantes repudió (Siglo XX en el tiempo año 1964, 1999):

En la Universidad Nacional al Candidato Liberal Carlos A. Lleras Restrepo quien había sido invitado por la rectoría a dictar una conferencia. Los estudiantes lo reciben con una rechifla, él y su comitiva tienen que refugiarse en una oficina de la rectoría. Los estudiantes bloquean la salida. El presidente Guillermo León Valencia manda al Batallón “Guardia Presidencial” para rescatar al candidato: 10 estudiantes heridos, un cronista dice “el impresionante repudio del estudiantado a todo lo que el señor Lleras representa desató una ofensiva contra la Universidad Nacional, tan desproporcionada y precoz […] decide cobrar “el ciento por uno” que, con usura memorable, prometió exigir, a quienes le hubieran ofendido” Lleras anuncia en “El Tiempo” “La necesidad de cerrar la Universidad Nacional”. (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974, pp. 53-54)

Esta afirmación de Lleras “descarada y usurera” en el diario El Tiempo marcaba el inicio de lo que sería su presidencia como un presagio de lo que ocurriría en años venideros. Pues la discordia entre los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y el presidente Lleras Restrepo se hizo cada vez más marcada ^[8] , el 24 de octubre de 1966:

El presidente Carlos Lleras Restrepo y Nelson Rockefeller van a la Universidad Nacional a inaugurar un edificio. Son enfrentados y abucheados por los estudiantes. El ejército invade la Universidad, disuelve el Consejo Estudiantil y dicta disposiciones drásticas sobre prensa y radio. Consejos de guerra a los estudiantes detenidos por la acción de repudio. (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974, p. 71)

Solo diez meses después del segundo incidente en junio de 1967, la Universidad Nacional de Colombia estaba siendo clausurada, se “detiene a más de 600 estudiantes. Cerca de 2000 soldados y 40 tanques ocupan la Universidad” (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974, p. 74). De este modo, las constantes protestas estudiantiles llevarían al gobierno Lleras a cerrar las puertas de la Universidad de nuevo en febrero de 1970.

Aunque el gobierno de Lleras Restrepo creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) con el propósito de organizarlos e integrarlos al proceso de reforma agraria, “para 1970, en doce años de Frente Nacional no se había cumplido ninguna promesa importante de reforma” (Melo, 2017, p. 241). Lo que sí era un hecho, es que hasta el momento se había producido una ola de agitación y violencia que recorría el país, la violación de los derechos humanos había sido característica de todos los gobiernos hasta el momento que desde una postura autoritaria reprimía, torturaba, asesinaba, sometía y desplazaba a las clases menos favorecidas.

Misael Pastrana Borrero de afiliación conservadora, resultaría electo como presidente en confusos hechos — Los cuales ya fueron mencionados— el 19 de abril de 1970, este sería el último gobierno frente-nacionalista. Se caracterizaría por un hecho importante: detener la reforma agraria. Su política se concentró en la tecnificación de los latifundios. Sus acciones de gobierno no aminoraron la creciente subversión y conformación de grupos armados, por el contrario, su auge iba en ascenso y las violaciones de derechos humanos también. A la par se elevaba la preocupación de algunos por estos actos crueles e inhumanos, tal como lo reflejaba la intervención del representante Gilberto Zapata Izasa, en la sesión plenaria del día 13 de septiembre de 1973 en la Cámara de Representantes:

Quiero señor ministro de Guerra, hacerle denuncia de algún hecho grave ocurrido en Antioquia a fines julio, peor de lo que se ha relatado aquí y que supera en mucho los horrores de años pasados y de épocas recientes; lo ocurrido en Amalfi, me parece a mi que rebasa toda medida…

A fines de junio dos helicópteros de las fuerzas armadas, las mismas que están bajo su comando, exhibieron los cuerpos colgantes de dos campesinos, el uno atado de los pies, el otro con un lazo o soga debajo de los brazos y giraron varias veces sobre el centro de Amalfi. Todo el pueblo vió horrorizado como colgaban a esos campesinos que eran tildados de guerrilleros! Pero en todo caso, guerrilleros o campesinos no guerrilleros, eran colombianos, compatriotas suyos, señor Ministro, compatriotas de todos nosotros. Esa exhibición que medida táctica tenía? Qué buscaba? Buscaba aterrorizar a los campesinos diciéndoles que los militares que están reprimiendo las guerrillas en esa zona, eran capaces de cualquier cosa. No creo que estos actos honren al ejército de Colombia. (Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974, p. 162)

En síntesis, el Frente Nacional durante largos y críticos dieciséis años gobernó bajo el estado de sitio, lo que en un momento se planteaba como una alternativa para el establecimiento de la paz y la justicia social, terminó por convertirse en una potente herramienta de represión. El gobierno frente-nacionalista, naturalizó para la gran mayoría de los colombianos la figura del estado de sitio, un mecanismo que, si bien por un lado mantenía con vida el pacto partidista y anulaba casi por completo la violencia entre liberales y conservadores, por el otro condenaba a esa otra Colombia menos favorecida a palidecer ante el autoritarismo, la represión y la vulneración de sus derechos.

Colombia: entre la democracia y autoritarismo, 1974-1990

Para Francisco Gutiérrez, la transición y desmonte del Frente Nacional implicó el inicio de un complejo periodo, en el cual comenzó lo que él denomina “un segundo ciclo de exterminador” (Gutiérrez, 2014, p. 104) que, si bien durante el gobierno de Alfonso López Michelsen no se haría tan evidente, en el catastrófico periodo presidencial de Julio Cesar Turbay Ayala sentaría las bases de este capítulo vergonzante en la historia colombiana, tanto a nivel nacional como internacional.

Los reportes de diferentes organizaciones internacionales, como la ONG Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y algunas notas periodísticas, dan cuenta de las huelgas fuertemente reprimidas por el gobierno —260 huelgas aproximadamente a lo largo y ancho del país en un periodo comprendido entre 1975 y 1977— (Pécaut, 2006, p. 261), eso sin contar con la gran movilización que se produjo el 14 de septiembre de 1977, en donde las centrales obreras de todo el país se unieron en un paro nacional.

La huelga general se produjo luego de que se formara un comité para la coordinación de la misma, con el fin de reclamar mejoras laborales y salariales; dicha protesta considerada por muchos como exitosa, dio también como resultado: “los arrestos y detenciones de corta duración de hasta 1000 sindicalistas en virtud de las disposiciones de la ley marcial se denunciaron después de una huelga general el 14 de septiembre de 1977. La violencia en curso de la huelga provocó al menos 37 muertos” (Amnistía Internacional, 1978, pp. 111-112).

Por su parte, el diario El Tiempo, realizó un balance del paro en su edición del 15 de septiembre de 1977, en el que reporta alrededor de diez muertos en la capital de país, apuntando que: “En cuanto a los heridos, la fuente de la secretaría de salud declaró que, en los hospitales adscritos al servicio del ramo, se habían recluido a 44 personas, y en la clínica del Seguro Social se encontraban 14 personas heridas en los disturbios” (Balance trágico de ayer, 1977). Estos datos contrastan con las cifras de la ONG Amnistía Internacional, que resultaban coherentes con lo sucedido en todo el país.

López Michelsen mantuvo al país 34 de los 48 meses que duró su gobierno bajo estado de sitio. Al inicio de su gobierno contaba con gran popularidad y apoyo de diversos sectores de la sociedad, pero con el paso del tiempo fue degenerando su política llegando a ser “protagonista de ataques en masa contra la población civil” (Gutiérrez, 2014, p. 105). Uno de estos casos se denunciaba el 22 de julio de 1975, tan solo un día después del establecimiento del estado de sitio:

Amnistía Internacional hizo un llamamiento tras la desaparición de seis líderes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) que habían sido detenidos junto con 319 campesinos en Sincelejo, departamento de Sucre.

La mayoría de los prisioneros fueron retenidos en la plaza de toros sin comida ni instalaciones sanitarias, pero los seis líderes fueron sacados de la ciudad en un automóvil policial. Como varios dirigentes sindicales campesinos han sido torturados o asesinados en circunstancias similares, existía un temor considerable por la seguridad de los seis hombres. Luego fueron ubicados en la prisión nacional de Sucre. Este arresto masivo de campesinos siguió a una acción policial contra una reunión no autorizada bajo los auspicios de la ANUC. Los presos, incluidas mujeres y niños, fueron detenidos bajo la acusación de disturbios (supuesta asonada). La liberación de los detenidos, incluidos los seis líderes, fue ordenada posteriormente por un juez del vecino departamento de Córdoba que dictaminó que no se había violado ninguna ley. Las autoridades judiciales locales se habían descalificado para decidir sobre este caso, supuestamente debido a las amenazas de los grandes terratenientes. (Amnistía Internacional, 1975, pp. 95-96)

De esta forma, el gobierno de Alfonso López Michelsen culminó con tibieza a nivel de reformas. Si bien hubo algunas aproximaciones a la apertura económica y atención a los movimientos sindicales, en la cuestión agraria hubo un profundo descuido que, mezclado con una fuerte represión, abrió la puerta a la violación de los Derechos Humanos y, a su vez se fomentó el fortalecimiento y justificación del discurso de los grupos guerrilleros emergentes en el país, para los cuales la justicia social y la reforma agraria solo podría lograrse mediante el alzamiento en armas y la lucha en contra del establecimiento y los partidos políticos.

El gobierno de Julio César Turbay Ayala comprendido entre 1978 y 1982, dejó en evidencia graves y controvertidos sucesos que son hito en la cuestión de los derechos humanos en el país. A tan solo un mes de haber sido electo presidente de la república, reseña el historiador Luis Antonio Restrepo:

Turbay expidió el Estatuto de Seguridad. Este estatuto doblaba las penas para los delitos de secuestro, extorsión, incendio voluntario, ataque armado; bajo el concepto voluntariamente ambiguo de “subversión” se castigaba con un año de prisión la distribución de propaganda subversiva, la exhibición en lugares públicos de textos o dibujos subversivos que incitaran al desorden o a la desobediencia a las autoridades y, lo más grave, la fijación de esta pena se le asignaba, sin apelación, a las autoridades policiales, militares, y civiles de base. (Restrepo, 2011, p. 184)

Sin lugar a dudas, el gobierno de Turbay fue el más escandaloso a nivel nacional e internacional en la segunda mitad del siglo XX. Los niveles de represión desbordaron cualquier límite que pudiera existir hasta el momento, amparado bajo el estandarte de la doctrina de la seguridad nacional e inmerso en un país colmado de grupos guerrilleros que reclamaban, en apariencia, justicia social. El presidente Turbay decide ejecutar el ya mencionado Decreto 1923 de 1978 o Estatuto de Seguridad, el cual reforzaba el estado de sitio cuasi permanente en el que vivía sumida la nación colombiana. Por ese entonces:

El juez José María Velasco Guerrero de la Corte Suprema de Colombia, uno de varios jueces que emitió opiniones disidentes contra la constitucionalidad del estatuto de seguridad, declaró: “Un estado de sitio prolongado por más de 30 años es una manifestación franca de que la vida institucional de la república está llegando a su fin”. (Amnistía Internacional, 1979, pp. 56-59)

Los reportes anuales sobre Colombia de Amnistía Internacional desde 1979, iban haciéndose cada vez más grandes, lo que pudo llegar a significar que el ojo vigilante de la opinión pública internacional se posaba con mayor detenimiento sobre la situación de violencia y represión en el país a raíz del polémico Estatuto de Seguridad. En julio de ese mismo año, Turbay posiblemente en su afán de legitimar la imagen de su gobierno a nivel internacional, durante su gira en Europa visitó la ciudad de Londres e invitó a la ONG Amnistía Internacional para que visitara Colombia:

No por capricho, sino por mandato se está aplicando justicia militar […] es la verdad que se ha localizado el debate contra la justicia militar y que se enconará más el debate, ahora cuando se van a reunir los Consejos de Guerra verbales. Yo invité en Londres y desde Londres a la Amnistía Internacional y a todos los protectores de los derechos humanos que quiera venir a Colombia, a presenciar dichos Consejos y a darse cuenta de si existen o no garantías procesales suficientes. Es mi compromiso, como mandatario demócrata, que los responsables sean juzgados de acuerdo con la ley preexistente y así serán juzgados sin necesidad de que tengamos que hacer consejos ocultos o reservados, sino que los podemos mostrar a la faz del mundo, porque nadie que no haya delinquido será castigado y todo el mundo podrá mirar con toda la curiosidad que desee la forma como se administra la justicia en nuestra patria. (Secretaría de Información y Prensa de la República de Colombia, 1980, pp. 417-418)

Al año siguiente, entre el 15 y 31 de enero de 1980, los delegados de Amnistía Internacional arribaban a Colombia y fueron recibidos por el excanciller Alfredo Vásquez Carrizosa y el senador Humberto Críales de la Rosa. Los delegados fueron el sociólogo filipino Edmundo García, el magistrado y jurista español Antonio Carretero y el médico psiquiatra Federico Allodi. Durante su estancia, visitaron diferentes ciudades del país y en ellas se entrevistaron con quienes consideraron como los actores más relevantes, y recopilaron la información necesaria al igual que los exámenes médicos pertinentes para la realización del informe, que fue entregado a manos del gobierno nacional el 1 de abril de 1980.

Pero Turbay no recibió en definitiva lo que esperaba, el informe de la organización le mostraba a la faz del mundo la realidad espeluznante que Colombia llevaba años padeciendo. Sus críticas —las de Turbay— a la validez y veracidad del informe no se hicieron esperar. En alocución presidencial televisada y transmitida en radio el 19 de abril el gobierno respondía al informe, tachándolo de ser una violación a la soberanía colombiana y que desconocía la estructura jurídica del país. En un intento de retractación —a su invitación— el presidente afirmaba en su discurso:

Cuando en julio de 1979 el Presidente de la República invitó en Londres a Amnistía Internacional a visitar Colombia, no ignoraba que entre los organismos protectores de los derechos humanos no oficiales este era el más controvertido y cuestionado. Sin embargo, el gobierno, que nada tiene que ocultar, decidió ratificarle a Amnistía la invitación para que estudiara la situación de los derechos humanos en Colombia y formulara sus recomendaciones. (Secretaría de Información y Prensa de la República de Colombia, 1981, p. 342)

Por tanto, formó una comisión con el fin de evaluar y responder por escrito a lo que para él constituía un improperio contra su gobierno; dicha comisión concluyó que:

El gobierno sabe la dimensión de su responsabilidad como personero de la Nación en la defensa institucional de la dignidad humana. Empero no le habría venido mal a la salud del país que la presencia de Amnistía Internacional hubiera servido para una denuncia a la faz del mundo de las prácticas brutales de las nuevas formas de lucha seudo-revolucionaria, a las que no ha escapado Colombia. Sienta la tesis de que la lucha por los derechos humanos es esencialmente controversial, por razón de las críticas que deben hacer a las prácticas de los gobiernos, en los trabajos de Amnistía Internacional…

La falta de voluntad para orientar su acción en beneficio de la comunidad y no en el de su prestigio en los grupos extremistas, impidió sacar el provecho deseado de su visita. Debe el gobierno decir, en consecuencia, que de las recomendaciones formuladas, las que no son improcedentes o violatorias de la soberanía nacional, han sido ofrecidas por el Presidente de la República en los más diversos foros, porque hay clara conciencia en el Gobierno de la importancia inaplazable que tiene para el país el restablecimiento de la plena normalidad jurídica pero sobre la base de la tranquilidad pública, a la que, a decir verdad, no contribuyó la misión de Amnistía Internacional. (Amnistía Internacional, 1980, p. 297. Énfasis del autor)

Turbay deseaba un informe con el cual mostrarle a la faz del mundo que en Colombia no sucedían violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno. Acusó a Amnistía de elaborar un informe beneficioso para los subversivos y grupos extremistas que los encubría y los victimizaba, en vez de acusarlos y señalarlos ante la comunidad internacional. De manera que el presidente buscaba limpiar la imagen de su gobierno ante el mundo y mediante un canje de notas diplomáticas por medio de su ministro de relaciones exteriores, contactó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), justo el mismo día que se recibió el informe de Amnistía Internacional el 1 de abril, con la finalidad de que visitaran el país en una observación in loco. El siguiente es un apartado del texto enviado a la CIDH:

En particular deseamos promover las investigaciones a que dé lugar el informe de Amnistía Internacional, cuya veracidad es nuestra obligación establecer. Las autoridades competentes están también interesadas en que esa Comisión se informe de las numerosas investigaciones iniciales con ocasión de las quejas presentadas. Muchas de éstas ya han concluido y deseamos que ustedes se ilustren sobre la imparcialidad con que fueron realizadas. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1981)

La visita se realizó entre el 21 y 28 de abril, sin embargo, se siguieron realizando labores de recopilación de información por parte de abogados de la comisión durante los meses siguientes. El informe resultante obtuvo un carácter más de índole normativo, estudiando los diversos Consejos de Guerra verbales que se llevaban a cabo a lo largo y ancho del territorio nacional y algunos casos relevantes, sumado a un exhaustivo repaso de la legislación colombiana del momento.

Entre ambos informes, más que discordancias se puede observar la distancia desde la que trabaja cada uno. Por un lado, como ya se dijo, el informe de la CIDH se centró en los aspectos legales, de un lenguaje más mesurado y de inclinación diplomática, sus recomendaciones son elaboradas con mayor cautela y en algunos casos llegando a distanciarse de la realidad social del país. Por el otro lado, el informe de Amnistía Internacional se inclinó hacia un acercamiento más directo a las víctimas y a los casos como tal de tortura y represión, sus recomendaciones son más directas, contundentes y descarnadas, propensas a generar ampolla en la sociedad con el fin de poner de manifiesto la realidad de una Colombia bajo la bota militar del estatuto de seguridad y el estado de sitio.

Si bien el propósito del gobierno de Turbay era desacreditar el primer informe, este objetivo no se cumplió porque Amnistía Internacional ya había entregado el informe a la CIDH antes de que se produjera la visita de esta última a Colombia, tal como lo resalta en el informe anual de 1980:

En la segunda quincena de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos visitó Colombia para estudiar el clima de los derechos humanos allí y observar los juicios de civiles ante tribunales militares. Antes de esa visita, Amnistía Internacional había presentado su documentación sobre violaciones de derechos humanos a la CIDH. (Amnistía Internacional, 1980, pp. 122-126)

Un grave error fue que recomendaciones de la CIDH se basaron sobre el Acto Legislativo 01 del 4 de diciembre 1979 —con el cual Turbay reformaba la constitución política de 1886— provocando en cierta medida que sus recomendaciones tuvieran un carácter moderado. Dicha reforma fue declarada inconstitucional en octubre de 1981 a pesar de los intentos de Turbay por evitarlo. En efecto, la Corte Suprema de Justicia se mantuvo firme y el gobierno retrocedió. Esto hizo que algunas de las recomendaciones de la CIDH carecieran de piso jurídico sobre las cuales sustentarse, porque muchas de estas se apoyaban sobre las nuevas funciones y responsabilidades que adquirió el procurador general de la nación, en materia de la defensa y garantía de los derechos humanos. En definitiva, el gobierno de Turbay fue un punto de inflexión para poder dimensionar la realidad de los derechos humanos en el país. Durante su gobierno se evidenciaron grandes horrores, autoritarismo y represión, pero al mismo tiempo se consolidó la necesidad de una lucha clara por medio de actores que buscaban el ejercicio pragmático de los derechos, trascendiendo de los discursos a la búsqueda de una justicia social efectiva, en otras palabras, un cumplimiento real de los derechos humanos.

Los gobiernos venideros se caracterizaron por sus intentos de mediar salidas pacíficas al conflicto. Para 1982 el horizonte no parecía mejorar. Las actividades relacionadas con el negocio sangriento e ilícito del narcotráfico iban en aumento. Belisario Betancur, presidente desde 1982 hasta 1986, intentó amainar la situación. Sin embargo, pese a sus esfuerzos tratando de consolidar la paz con los grupos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Movimiento 19 de abril (M19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Autodefensas Obreras (ADO), fracasaron por diversas razones; algunas de las más relevantes fueron la imposibilidad de llegar a puntos de común acuerdo con estas guerrillas y el rechazo a la amnistía ofrecida por el gobierno.

Notables dificultades entorpecían los aires de paz en el país. Los altos mandos militares en cabeza del Ministro de Defensa, el General Fernando Landazábal, posteriormente asesinado en 1998, exponían su desacuerdo con las concesiones que el gobierno estaba teniendo con los guerrilleros. “Una investigación del Procurador General de la Nación, hecha pública en febrero de 1983, mostrará que algunos militares apoyan las acciones de los grupos paramilitares” (Pécaut, 2006, p. 324). Esto deja entrever la grave aprobación de acciones ilegales y despiadadas en contra del espíritu de los derechos humanos y el intento, aunque precario de reconciliación en el país, todo en aras de los intereses de ciertos actores.

Sin lugar a dudas, el año de 1985 fue el más problemático de la administración Betancur. Las acciones del narcotráfico, cada vez más consolidado, la violencia entre los propios grupos guerrilleros, los ataques en contra de la rama judicial y los medios de comunicación, sumado a un sin número de acontecimientos de índole económico, político y social; se ven sintetizados en un hecho que reúne a varios de los actores mencionados. Esto conduce a una de las violaciones de derechos humanos más sonadas y visibles hasta el momento:

La ocupación del Palacio de Justicia, el 6 de Noviembre de 1985 por el M-19 […] Todos los protagonistas están igualmente golpeados: Los guerrilleros, que creyeron que podía hacer juzgar por magistrados-rehenes a un presidente elegido democráticamente; el ejército, que ha dado la impresión de querer aprovechar la situación para vengarse […] lanzando un asalto brutal que ha provocado la muerte de la mayoría de los rehenes y, según numerosos testimonios, asesinando luego una docena de sobrevivientes; el presidente, que ha dado carta blanca a los militares. (Pécaut, 2006, p. 334)

Con el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), las cosas no cambiaron demasiado. Aunque Barco buscó la manera de negociar con los guerrilleros, fracasó. Pécaut lo explica como una gestión de la paz: “‘Institucionalizar’ la negociación, invertir masivamente en las zonas de violencia, reforzar la presencia del ejército y la policía, preparar suavemente la elección popular de alcaldes son otras tantas modalidades de la acción del gobierno Barco” (Pécaut, 2006, p. 335). El narcotráfico continuó como otra de las grandes problemáticas del país, a lo que se buscó una salida, no menos polémica, con un tratado de extradición pactado con los Estados Unidos para entregar narcotraficantes a la justicia de este país. Sin embargo:

La liquidación sistemática de los dirigentes políticos de izquierda, la campaña de intimidación emprendida contra personalidades cuyo único pecado es asumir la defensa de los Derechos Humanos, la multiplicación de las confrontaciones armadas sobre gran parte del territorio colombiano, las medidas adoptadas por las diversas guerrillas […] para coordinar sus operaciones, reducen las referencias a la paz a una retórica sin sentido. (Pécaut, 2006, p. 347)

En 1987, el gobierno de Barco expidió el decreto presidencial 2111 por medio del cual se creó la Consejería para la Defensa, protección y promoción de los derechos humanos. El primero en ocupar dicho cargo sería el historiador Álvaro Tirado Mejía, desde allí se buscarían salidas institucionales para el mejoramiento de las condiciones de los derechos humanos en el país. De este modo, Tirado se dedicó a trabajar en pro de estos derechos. No obstante, —y sin desconocer su labor— sus posiciones fueron en algunos casos inclinadas hacia la defensa del gobierno, un ejemplo es su respuesta al reporte de Amnistía Internacional, de 1988 que tacha de inexacto y confuso para la opinión pública internacional (Tirado, 1990, p. 89).

Tal vez realizando una lectura institucional de los hechos, Tirado elabora una defensa del gobierno ante dicho reporte de Amnistía internacional, y anota lo siguiente: “En el examen de algunos casos concretos incurre en abiertas falsedades: el lamentable asesinato del doctor Jaime Pardo Leal, líder de la Unión Patriótica, de cuya investigación judicial ya existen sindicados y órdenes de captura, se adjudica irresponsable y maliciosamente al ministro de defensa” (Tirado, 1990, p. 90).

Si bien la afirmación de la ONG era arriesgada, también lo era decir que el hecho de la existencia de sindicados y órdenes de captura era cuestión suficiente para pretender sostener que las investigaciones estaban apuntando en la dirección correcta. Según datos recientes y aproximados del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación:

La situación de impunidad es tan desastrosa, que, si tenemos en cuenta que desde 2007, cuando entró a operar en la Fiscalía General de la Nación el mecanismo de urgencia para atender el caso de la UP, a abril de 2011 sólo se habían dictado 137 sentencias, es decir veintisiete por año; de modo que resolver los 1.598 homicidios y desapariciones [...] demandaría sesenta años.

(Romero, 2011, p. 140)

Los asesinatos de la Unión Patriótica (UP) son considerados como un exterminio político, y en la actualidad muchos procesos se encuentran vinculados a responsables que pertenecían a las fuerzas de seguridad del Estado, como miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Como caso reciente, el 20 de mayo de 2018:

Un fiscal llamó a indagatoria a doce exmiembros del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y la Policía, que pueden estar vinculados en el asesinato en 1990 del entonces candidato presidencial del partido Unión Patriótica, UP, Bernardo Jaramillo Ossa. “La posible participación de agentes del Estado en este magnicidio está sustentada en la presunta existencia de un plan de aniquilamiento del nuevo partido, la protección que recibió el sicario el día de los hechos y las aparentes desviaciones que se promovieron con posterioridad, en relación con la investigación judicial”. (Doce exmiembros del DAS a indagatoria por el asesinato de Bernardo Jaramillo, de la UP, 2018)

En la actualidad estos procesos judiciales van demostrando que las afirmaciones de Amnistía Internacional se encontraban un poco más cerca de la verdad, al sospechar de la complicidad de algunos cuerpos oficiales del Estado. Claro, sin llegar a desconocer que en este punto dentro del propio gobierno existían fuerzas que apuntalaban hacia sus propios intereses, debido a que el control institucional era complicado, se tiene en cuenta que no todos los miembros de una misma institución se comportaron bajo los mismos parámetros.

Estanislao Zuleta resalta lo siguiente:

Hay que reconocer por desgracia que los partidos políticos tradicionales no han estado a la altura de la coyuntura y de la situación dramática de Colombia y que han sido muy ajenos al tema, como le consta a Álvaro Tirado. En su trabajo en la Consejería para los Derechos Humanos se ha podido dar cuenta de que los partidos tradicionales prefieren evitar el tema. Pero no solo eso. No han comprendido que las propuestas del Gobierno, por lo menos las de la reforma agraria, han sido muy tímidas. Las condiciones de compra hacen más fácil la negociación que la aplicación de la Ley 135/61, pero con costos inmensos si se quiere hacer dentro de la frontera agrícola, en las zonas donde los cultivos tradicionales o la ganadería son rentables. (Zuleta, 2015, p. 193)

Esta afirmación nos pone de nuevo frente al núcleo de lo que se ha hablado hasta el momento: la responsabilidad histórica de la élite política y económica tradicional del país de cara a las incontables violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en el país, producidas en su mayoría por la intolerancia a reformas sociales basadas en la justicia y la equidad para con las clases menos favorecidas, un relato de ambición y violencia ^[9] . Del gobierno Barco se rescata la atención puesta sobre la urgente necesidad de una reforma constitucional desde 1988, que después de varios impedimentos logra salir a flote y ejecutarse en 1990, para dar como resultado la Carta Constitucional de 1991.

Vientos de cambio

En el caótico año de 1989, en el mes de julio, durante el VI foro por el derecho a la vida y la recuperación de Colombia, un grupo conformado por intelectuales y personajes relevantes de la política, llevaron a cabo una interesante propuesta: conformar una Asamblea Nacional Constituyente. Para cumplir con este fin, redactaron un pliego en el que decretaban las condiciones necesarias para que dicha convocatoria pudiera darse. Se buscaba la derogación del artículo 13 del plebiscito de 1957 ^[10] —que como se mencionó impedía el llamado de una Asamblea Constituyente—, de igual forma, buscaban desmontar o ejercer control sobre los polémicos artículos 28, 120, 121 y 122 de la constitución de 1886. Sumado a esto, se buscaba grandes cambios que colocaran de facto el discurso de los derechos humanos en el eventual caso de reforma:

a. La protección de los derechos humanos

- Revisar al título III de la Constitución, con el objeto de dar un contenido más social a algunos derechos ya reconocidos, e introducir nuevos derechos civiles, políticos, económicos y sociales.

- En especial se incluirá el hábeas corpus y el recurso de amparo.

- Reconocer nivel constitucional los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, ratificados por la República de Colombia.

- Crear el cargo de defensor de los derechos humanos, de elección popular directa, de filiación diferente a la del presidente de la República, con el objeto de controlar tanto las acciones como las omisiones con relación a los derechos humanos. (Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, 2004, p. 138)

La importancia que comienza a adquirir este discurso en el país conlleva a que se proponga la integración a la constitución de derechos humanos importantes como el hábeas corpus y el derecho de amparo. Estas medidas buscaban restringir el poder de las fuerzas policiales del Estado con el fin de disminuir los casos de desapariciones forzadas, arrestos ilegales y torturas.

Más tarde, el 18 de agosto de 1989 fue asesinado Luis Carlos Galán —candidato presidencial más opcionado para ejercer el cargo en 1990—, la sociedad colombiana estaba sumergida en un profundo dolor, y se hacía cada vez más consciente de la necesidad de un cambio en el pacto político, y el movimiento en favor de los derechos humanos iba cobrando cada vez más fuerza en el país. La necesidad de reformar la carta constitucional fue escuchada por el gobierno nacional y llevó a proponer una reforma constitucional en el congreso que luego sería sometida a lo que se denominó Referendo extraordinario por la paz y la democracia, convocado para enero de 1990, sin embargo, en dicha reforma se incluyó el tema de la extradición, cuestión que no sentó bien entre los narcotraficantes, provocando una violenta respuesta ante tal propuesta del gobierno; en consecuencia, Barco tuvo que retroceder.

A pesar de ello, otros sectores sociales no retrocedieron e insistirían en la necesidad de realizar una reforma. Entre docentes, estudiantes e intelectuales se presionó al gobierno para añadir una séptima papeleta ^[11] en las elecciones de marzo de 1990. El propósito: consultarle al pueblo colombiano si deseaban convocar a una asamblea constituyente. El resultado fue exitoso debido a la participación del electorado, ocasionando que en las elecciones presidenciales de mayo del mismo año se convocara de nuevo a los colombianos para determinar si estaban a favor o en contra de conformar la asamblea.

El éxito de esta elección fue rotundo, y los colombianos serían convocados de nuevo para el 9 de diciembre de 1990 con el fin de elegir a los miembros que integrarían la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, y en manos del nuevo presidente César Gaviria quedaría la responsabilidad de que el resultado de aquella manifestación del pueblo fuese un texto cuyo contenido se tradujera en un cambio sustancial para la realidad del país.

Las acciones que en Colombia se habían dado hasta 1990 en materia de derechos humanos habían sido notorias por su insuficiencia. Un caso de ejemplo sobre lo anterior, lo podemos encontrar en el examen del Comité de Derechos Humanos al segundo informe periódico presentado por Colombia en 1988. Para los miembros de dicho comité, a pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano:

Y al nombramiento del Consejero Presidencial en materia de Derechos Humanos, era evidente que el gobierno no había logrado todavía avanzar lo suficiente en ese sentido. La violenta confrontación de distintos elementos en Colombia, el terrorismo político y el relacionado con la droga, la función excesiva desempeñada por los militares y el estado de emergencia casi permanente afectaban gravemente los Derechos Humanos y eran fuente de grave preocupación. (Defensoría del Pueblo &Comisión Colombiana de Juristas, 1997, p. 59).

Por tal motivo, se hace necesario rescatar como un hito histórico que los derechos humanos se positivizaran en la Constitución Política de 1991 en un intento de aminorar los acontecimientos violentos que por décadas habían desangrado al país.

Conclusiones

Se demuestra lo crítico que ha sido para Colombia el tema de los derechos humanos a lo largo del siglo XX, tal como lo reconoce Luis Alberto Restrepo: “la mayor parte de la población colombiana se ha acostumbrado a mirar la violación de los Derechos Humanos como un mal endémico del país o como un desastre natural, tan natural como los derrumbes o los terremotos” (Restrepo, 1992, p. 25) En este sentido, los derechos humanos son observados con animadversión por los gobiernos y dado su abandono, ha surgido una visión de que estos -en nuestro país- son el resultado de una espiral constante de reproducción de la violencia sociopolítica que fue alcanzando puntos insostenibles y creando en parte la necesidad de legislar al respecto.

La semilla de unos derechos humanos que estaban siendo vulnerados, quedó sembrada en las mentes de los colombianos, por ello, escenarios como la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se configuraron como una oportunidad en la cual los clamores de cambio y justicia social de la ciudadanía fueron escuchados por el establecimiento; con el anhelo de que en este espacio donde todas las ideas eran bienvenidas, la miseria, el abandono y la carencia fueran derrotadas de una vez por todas, o por lo menos fuese un inicio concreto de ello.

Pero la misión de volver a fijar y pactar las normas que regirían a Colombia luego de 100 años de historia transversalizada por acontecimientos violentos planteaba la necesidad de fijar en el debate discursividades que no se hallaban incluidas en la constitución anterior. Siendo el caso de los derechos humanos uno de los más trágicos y que urgía trabajarlo, por lo que su discusión no se podía escapar del debate que se comenzaba a entablar. Las denuncias sobre la violación de estos derechos en el país se habían convertido en una constante durante décadas, y los colombianos que las padecían se encontraban a merced de la clemencia del Estado, por eso, era de primera necesidad incluir un capítulo de derechos y deberes renovado que reivindicara y reconociera la vulneración de derechos que hasta el momento había padecido la población menos favorecida del país.

De este modo, las libertades, la vida y la igualdad son básicas, esenciales, para el desarrollo efectivo de los demás derechos, en tanto garantizan un comienzo digno para una existencia humana en sociedad, en democracia y en derechos. Sin las libertades, las cadenas de la represión y el autoritarismo se soldarían con fuerza implacable como grilletes a los tobillos del pueblo colombiano, el estado de sitio y de excepción permanente resurgiría de las cenizas con sus excesos y su coacción. Sin la vida y un respeto a esta, sería imposible luchar por la reivindicación de los derechos humanos y de forma evidente sería inalcanzable cualquier otro objetivo que buscara enaltecer a la humanidad. Y finalmente, sin la igualdad como esencia que nos homogeniza dentro del concepto de seres humanos y que por una relación dialéctica al mismo tiempo nos hace libres y diferentes en una heterogeneidad formal, sería imposible reclamar lo que por derecho propio e histórico hemos adquirido, nuestros derechos universales, derechos que nos hacen iguales en la diferencia y nos transforman en una gran familia humana.