Trabajo Social

ZRC –Losada-Guayabero

A pesar de pasar por una de sus últimas fases de constitución en octubre del 2016, en audiencia pública asistida por más de 500 campesinos, campesinas, funcionarias y funcionarios públicos encargados de la formalización de las ZRC, esta no se ha constituido formalmente por falta de resolución de la Agencia Nacional de Tierras. A continuación se ubica geográficamente esta región.

Figura 1.: Caquetá, Guaviare y Meta

Fuente: Fundación de Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS, 2016).

Se ubica entre los ríos Losada y Guayabero, limita con los municipios de la Macarena, Meta y San Vicente del Cagüán, Caquetá, donde se han declarado áreas como Parques Naturales Nacionales —en adelante PNN—, por lo que existe una sobreposición de 46.027 ha con el PNN Cordillera de los Picachos, de 106.960 ha con el PNN Tinigüa y de 170.838 ha con la Zona de Recuperación para la Producción Sur del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) (Sinchi, 2004). La región destaca por su gran biodiversidad, fundamentalmente la Serranía de la Macarena la cual cuenta con selva húmeda tropical (55,37 %), humedales y zonas lacustres tropicales (11,48 %), bosques húmedos altoandinos (8,16 %) y subandinos (6,38 %) y sabanas bien drenadas tropicales (6,7 %). Estas son características de importancia hidrográfica, que regulan y nutren cuencas del río Orinoco y Amazonas; además, alberga bastas y exclusivas vegetación y fauna, formadas por su origen guayanense, amazónico, andino y orinocense (ANLA, 2017).

A pesar del valor ambiental de la región, se registran deterioros en ella, debido a proyectos de hidrocarburos (14 seguidos por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales - ANLA), monocultivos de palma de cera africana, ganadería a gran y mediana escala, y altos índices de deforestación realizados en la zona. Estudios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) indican que tres de nueve núcleos de deforestación en el país afectan directamente a La Macarena: sabanas del Yarí, marginal de la selva y el PNN Tinigüa (Murillo, 2020).

La colonización se configuró a través de varios procesos de asentamientos y migraciones desde los setenta y ochenta, debido al desplazamiento proveniente de otros departamentos (Meta, Arauca, Tolima, etc.), a causa del abandono estatal y el CAC. Por ello, el triángulo formado por Medellín del Ariari, el Alto Guayabero-Duda y la Serranía de La Macarena se transformó en territorio de colonización, expandiéndose aguas abajo del Ariari y del Guayabero hasta el Guaviare. Esto amplió la frontera de colonización, generando deterioro ambiental y social en la región.

Las actividades económicas que predominan en el territorio históricamente son la ganadería a mediana y gran escala, cultivos de palma y coca e hidrocarburos, por lo cual la región ha estado permeada por las dinámicas del CAC. Se han creado escenarios de disputa territorial, no solo con los diferentes sectores económicos, sino también con entes de gestión ambiental como PNN y gobiernos locales de turno. Sin embargo, se destaca la presencia de organizaciones sociales y campesinas, como la Asociación Campesina Ambientalista de los ríos Losada y Guayabero (ASCAL-G), la Asociación de Colonos Ambientales de Los Parques Tinigua y Macarena (ACATM), la Asociación de Mujeres Ambientalistas por la Paz y el Desarrollo de la Región Losada-Guayabero (ASMAPID), la Asociación de Mujeres Campesinas Ambientalistas de la Cristalina del Losada por sus Derechos (ASMUCACD) y la Asociación de Productores Agropecuarios del Duda (ASOPROADUM) (Parques Naturales de Colombia, 1998), las cuales han propiciado normas para el cuidado y defensa del ambiente, el territorio y los derechos humanos.

ZRC Valle del río Cimitarra

Se crea en diciembre del 2002, con una extensión de 184.000 ha, entre los municipios de Yondó, Remedios (Antioquia) y Cantagallo y San Pablo (sur de Bolívar). La región se caracteriza por su diversidad natural y la existencia de abundantes yacimientos de oro y petróleo, que suscitan el interés e implementación de proyectos minero-energéticos, de infraestructura y de cultivos para agrocombustibles, principalmente por empresas como Ecopetrol, American Gas Association (AGA), Kedahda y British Petroleum Colombia, quienes no tienen en cuenta las propuestas de las comunidades locales o la situación de violencia que se presenta a causa de su llegada (Molina, 2011). En esta zona hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares³ (Los Rastrojos, Águilas Negras), varios contingentes de la fuerza pública (Batallón 45 Nueva Granada, Batallón Calibío, Armada Nacional) y antes las FARC-EP, lo que ha generado constantes amenazas e incluso ataques contra organizaciones de base, detenciones arbitrarias y un ambiente generalizado de estigmatización desde instancias estatales (ACVC, 2006-2011). La ZRC fue suspendida en el 2003 debido a intereses particulares del expresidente de la república Álvaro Uribe Vélez, quien abrió paso a megaproyectos, “concesiones para explotación (de oro y petróleo) a empresas multinacionales y el monocultivo de la palma de aceite” (Méndez, 2013, p. 18). Sin embargo, fue reactivada en el 2011 mediante resolución del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), gracias al trabajo y fortalecimiento de la Asociación Campesina Valle del Río Cimitarra —en adelante, ACVC—.

De la región, destaca la reserva natural serranía de San Lucas, con aproximadamente 70.000 ha de bosques húmedos montanos, que se convierten en un corredor estratégico del jaguar y es hogar de animales y plantas, muchos en peligro de extinción (Osejo, Marín y Posada, 2018). A continuación se muestra geográficamente la ubicación de esta ZRC.

Figura 2.: Ubicación ZRC Valle del Río Cimitarra

Fuente: ACVC, SOLUTERRA, PDPMM (2012).

El departamento del Magdalena tuvo tres etapas importantes de poblamiento: i) colonización, a finales del siglo XVI y, aproximadamente, a mediados del siglo XIX en un momento donde el río Magdalena era la única vía de comunicación entre la costa caribe y la región andina; ii) consolidación regional y advenimiento industrial, entre 1830 y 1940, periodo que se caracteriza por “una ampliación del territorio desde el río hacia afuera a través de la explotación agrícola y ganadera sobre terrenos baldíos”; iii) impacto de La Violencia y la emergencia guerrillera, hacia 1960-1980 (Prada, 2015, pp. 41-45). En el Magdalena Medio la colonización se concentró en los municipios de San Vicente de Chucurí, parte de Barrancabermeja, Puerto Parra, El Carmen y Yondó, entre otros. Este proceso se aceleró y desbordó en 1980 cuando el CAC se agudizó y el paramilitarismo ingresó a la región, auspiciando enfrentamientos militares y la ocupación ganadera (Narváez, 2018), lo cual hizo que el campesinado se desplazara de las partes planas de Yondó y Cantagallo hacia las cordilleras. Por ello, la población tuvo la necesidad de organizarse en contra de la presencia paramilitar, el desplazamiento, el asesinato de líderes y lideresas, la protección ambiental, las falencias en la prestación de servicios públicos (salud, educación e infraestructura vial), entre otras problemáticas. En 1996, el campesinado de los municipios de Cantagallo, Remedios y Yondó, reunidos a partir de sus Juntas de Acción Comunal —en adelante JAC—, hacen una gran marcha hacia Barrancabermeja, denominada La marcha de los Parques, exigiendo respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (Prensa rural, 2016). A partir de estas movilizaciones se crea la ACVC como proceso organizativo en defensa de la vida y el territorio, quienes se autodefinen como una “organización de campesinos desplazados [...] producto de la violencia del paramilitarismo de Estado [que] trabaja para resolver los desequilibrios sociales existentes, como una de las bases para el logro de la Paz” (ACVC, 2009).

ZRC y Protección Ambiental

El ambiente “también es factor del comportamiento humano, de la construcción de las culturas y de la organización social” (Carrizosa, 2018, p. 155). En este sentido, la protección ambiental se entiende como el conjunto de acciones “para mantener o restaurar la calidad de los medios ambientales, y así mismo, prevenir y reducir el uso, producción, presencia y emisión de contaminantes en los medios ambientales” (Glosary of Environment Statistics, 1997, p. 30).

La protección ambiental, para el campesinado de las ZRC estudiadas, se realizó desde distintas perspectivas y comprensiones simbólico-culturales. Para algunos de los entrevistados, se concibe como una forma de garantizar unas condiciones mínimas para su subsistencia, se refieren a la obtención de comida, agua, salud, etc. Para otros, el cuidado o protección ambiental parte de reconocer la importancia de conservar la naturaleza, respetar y admirar el entorno, y conservarlo para las futuras generaciones.

En ambas ZRC, la protección ambiental se fundamenta en la materialidad de sus realidades y la construcción de acuerdos comunitarios sobre el uso de la tierra, que finalmente terminan siendo mecanismos de ordenamiento territorial desde las comunidades. Sin embargo, no se desconoce la importancia que tienen las legislaciones y los avances jurídicos en materia ambiental, como una forma de fortalecer esas prácticas de protección plasmadas en los planes de desarrollo sostenible.

La ZRC de Losada-Guayabero hizo acuerdos para la protección ambiental, donde cada finca debe

[...] dejar 40 % de bosque, un 10 % de cañeros rotatorios que llamamos nosotros para la siembra de comida que es plátano, yuca que esa se siembra digamos en pequeñas escalas, porque es para el autoconsumo, y el resto en pastos que es lo que hoy en día [...] nos da para el sustento. [También] el tema de que hay que dejar los bordes de los caños, los yacimientos, una buena villa de monte para no deforestarlo totalmente. (Ángel Torres, líder campesino ZRC ASCAL-G, en entrevista con la autora, junio del 2020)

Para llegar a dichos acuerdos, se hicieron,

muchas reuniones, mucha pedagogía con la gente, hacerle entender que, si tumbábamos toda la montaña, pues después inclusive no teníamos ni siquiera madera para el mismo sustento de nosotros, [...] la gente lo fue entendiendo y siempre se aprobaba por mayoría, se lograba hacer la parte, de votación entre las veredas y se lograba gestionar las propuestas. (Ángel Torres, entrevista, 2020)

En la ZRC del valle del río Cimitarra se protege el ambiente al establecer límite imaginario, definido como la Franja (línea) Amarilla para contener la colonización desorganizada. Propuesta que “las comunidades han consensuado, acordado y respetado voluntariamente sin ninguna mediación estatal ni de ninguna índole” (PBI Colombia, 2015).

La línea amarilla colinda con las estribaciones de la famosa Serranía de San Lucas, y por eso mismo, en su momento los comités de tierras, más o menos para el año noventa, firman un acuerdo para que se tratara un límite de colonización [...] dentro de esta zona no se permite habitar ni ningún uso, a no ser, [que sea para la] extracción de madera para algún puente/puerto comunitario. (Ángela Corredor, ex integrante Equipo Técnico Ambiental ACVC, entrevista con la autora, junio del 2020)

La ACVC, por medio de su plan de desarrollo sostenible 2002-2022, también ha buscado que el área de ciénagas, pequeñas áreas de bosque que conectan los humedales del Magdalena Medio con la serranía de San Lucas, sea cobijada por alguna figura ambiental, que permita un uso de parte del campesinado, pero a la vez blinde el territorio de intereses económicos que deterioren el ambiente. En este ejercicio, se logró que una porción de ciénaga de 424.000 ha quedara en el programa Bosques de Paz. Sin embargo, no se ha avanzado mucho desde el 2018.

[...] para validar todas estas propuestas con las comunidades se han hecho cuatro campamentos ecológicos [...] un evento donde se reúnen JAC, se invitan a las instituciones, a las ONG, para construir la agenda ambiental. [...] Adicional a eso tenemos comités ambientales por veredas y en el 2018 se creó la coordinadora ambiental del VRC que está integrada por cinco delegados de los comités ambientales de cada municipio. (Ángela Corredor, entrevista, 2020)

Las estrategias del campesinado en defensa-protección del ambiente son un conjunto de mecanismos simbólicos y concretos, que se materializan en acuerdos para regular la vida comunitaria y la relación con la naturaleza; son participativos, democráticos y organizativos. Al producirse y reproducirse colectivamente influyen constantemente en la organización y ordenamiento del territorio. Es así como la protección ambiental por parte del campesinado de estas ZRC se enmarca en la defensa, construcción y ordenamiento territorial.

ZRC y construcción de paz

Se entiende la construcción de paz como un camino hacia la reconciliación, donde se “crea un tiempo y un espacio, dentro de los diferentes niveles de la población afectada, para abordar, asumir e integrar el doloroso pasado y el futuro” (Lederach, 1998, p. 63). Por esta razón, debe involucrar “objetivos estructurales, sistémicos y de relaciones que se contemplan como formas distantes, pero aun así deseadas, de construir la sociedad y las relaciones” (Lederach, 1998, p. 106). La construcción de paz también debe basarse en una justicia social que

integr[e] la redistribución, el reconocimiento y la representación como las dimensiones que deben ser abordadas para resolver situaciones de injusticia social que comprometen la mala distribución económica, las fallas de reconocimiento y la representación fallida, así como la cuestión de lo que denomina el “desenmarque”, para referirse a la cuestión territorial de la justicia en un contexto de globalización. (Fraser, citado en Méndez, 2013, pp. 29-30)

Es importante un proceso de reconocimiento por parte del Estado y sus entidades hacia los múltiples procesos territoriales y sociales que adelanta el campesinado en sus territorios, dado el histórico desconocimiento y estigmatización que este último ha tenido por parte de varios representantes estatales. Los han denominado depredadores del ambiente por colonizar y expandir la frontera agrícola, además de señalarlos de cómplices o miembros de grupos armados ilegales, lo cual expone sus vidas a ser probables objetivos militares, desconociendo las exigencias históricas de este sector, sus espacios de participación y de autoorganización social y territorial.

Para transitar de la reconciliación hacia la paz, la participación debe establecerse como principio y fin del Estado. De acuerdo a la Constitución Política de 1991,

todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder, y [...] el deber de participar en la vida política, civil y comunitaria del país. [...] La naturaleza participativa del ordenamiento constitucional colombiano, supone la obligación de promover [...] la manifestación de formas democráticas de decisión y de control y, [...] la expresión de sus dimensiones representativas. (Hurtado e Hinestroza, 2016)

Se deben reconocer y fortalecer la organización y participación territorial, que impulse el campesinado, para que de dicha manera contribuyan en la construcción de una sociedad más justa. Igualmente, garantizar el cumplimiento adecuado de los deberes del Estado y las transformaciones estructurales que permitan una distribución justa de la tierra y otros bienes, la participación directa e incidente por parte de cada sector social inscrito en los diferentes niveles decisorios, la visibilización, el respeto por la pluralidad territorial y cultural, la vida digna y el goce efectivo de los derechos humanos. Pues, en muchos lugares del país, la presencia del gobierno es prácticamente nula,

Si alguien quisiera evaluar, [...] el Estado ha sido las comunidades y los grupos armados que están en el territorio, [pues] la única presencia estatal que hubo fue el ejército. Así que, cuando uno ve de quién es el papel de la construcción de paz, [es] de las comunidades, de hecho, ellas mismas tomaron la decisión de sacar a las guerrillas de las asambleas de la JAC, decían: “ustedes (las guerrillas) ya no son partícipes de las asambleas, las decisiones las tomamos nosotros”. Y eso es construir paz, eso es negociar con un actor armado en un territorio, sin necesidad de tantos muertos. (Corredor, entrevista, 2020)

La construcción de paz se materializará en la medida en que el Estado defina su plan de acción con base en las necesidades y exigencias que realicen los diferentes sectores de la sociedad. El Acuerdo de Paz del 2016 constituyó un paso muy importante para las comunidades en el avance de la construcción de una sociedad más justa, puesto que el Acuerdo suscribe puntos importantes como: 1) hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral; 2) participación política: apertura democrática para construir la paz; y 4) solución al problema de las drogas ilícitas, entre otros, aspectos que podrían solventar la mayoría de las exigencias y reivindicaciones históricas del campesinado colombiano.

Sin embargo, su implementación, según las comunidades campesinas, no ha sido cumplida por parte de los gobiernos de turno desde el 2016 (Juan Manuel Santos e Iván Duque). En términos generales, el Acuerdo solo ha sido cumplido en un 18,3 % y los puntos 1º y 4º han sido cumplidos, respectivamente, en un 5 % y un 6 %. En consecuencia, los territorios más vulnerados de Colombia y ahora sin presencia de las FARC han sufrido una agudización de la violencia (Rojas, 2018, pp. 187-188).

Todo lo anterior permite concluir que sin las comunidades y sin la voluntad del gobierno la construcción de una paz con justicia social será un escenario muy alejado de la realidad. Urge una

transformación [que permita] la intervención deliberada para aportar comprensión de las condiciones sociales y las causas subyacentes que crean y fomentan las expresiones violentas del conflicto, y promueve abiertamente los mecanismos no violentos que reducen la hostilidad, minimizan la violencia y acaban por eliminarla, fomentan estructuras que satisfacen las necesidades humanas básicas (justicia sustantiva) y maximizan la participación de la población en las decisiones que les afectan (justicia de procedimiento). (Lederach, 1998, p. 112)

ZRC, protección ambiental y construcción de paz

Como se evidenció en los apartados anteriores, el gobierno y el campesinado han gestado una relación basada en la desconfianza y la estigmatización. El primero tilda al campesinado como responsable principal de la expansión de la frontera agrícola, en la medida en que sus prácticas son opuestas a la conservación y preservación de la naturaleza. Tampoco reconoce que fue él mismo quien promovió la expansión de la frontera agrícola desde políticas expedidas por el extinto INCORA: “para otorgar los primeros títulos les decían [a los campesinos] que tenían que tumbar el 70% de la unidad agrícola familiar (Corredor, entrevista, 2020). Así lo estipulaba el artículo 69, de la Ley 160 de 1994, antes de ser modificado por el artículo 4 de la Ley 1900 de 2018: la persona que solicite la adjudicación de un baldío deberá demostrar que tiene bajo explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita y que la explotación adelantada corresponde a la aptitud del suelo establecida por el INCORA (subrayado no incluido en el texto original). Adicionalmente, bajo lógicas extractivistas y neoliberales, el gobierno, otorga licencias ambientales en espacios o áreas protegidas, en detrimento no solo de la naturaleza, sino también de la calidad de vida de las personas que habitan en estas áreas. Existen varios títulos mineros y de hidrocarburos en ZRC que colindan con áreas protegidas como PNN, hechos que corroboran las y los campesinos entrevistados. Por ejemplo, Ángela Corredor demuestra con mapas satelitales solicitudes de licencias ambientales en áreas cercanas a la ZRC del valle del río Cimitarra, y señala:

Esta es la línea amarilla y acá lo que ven en verde son títulos mineros ya otorgados, los azules que están con rayitas son títulos que están siendo solicitados y están en proceso, para oro y para los diferentes metales que están en la zona, y si ustedes ven la imagen que está aquí abajo, representan los títulos de explotación y exploración de hidrocarburos, los rojos son los que ya están como tal en explotación y los rosados son los que están para exploración; entonces cuando uno cruza estos títulos mineros y estos títulos petroleros lo que se van a encontrar es que quedan parchecitos de la ZRC sin solicitud de explotación de recursos minero energéticos. (Corredor, entrevista, 2020)

A continuación se presentan, geográficamente, áreas de conflicto energéticos y áreas de colonización, para el año 2014.

Figura 3.: Conflictos de superposición de títulos energéticos con áreas de colonización campesina. ZRC valle del río Cimitarra

Fuente: estudio participativo de tenencia de la tierra y territorios, usos y conflictos en la ZRC del valle del río Cimitarra (PNUD ACVC, 2014).

Con relación a lo anterior, desde el campesinado no hay credibilidad en el Estado y sus instituciones gubernamentales, como garantes de derechos, en la medida en que no han reconocido sus demandas y necesidades en torno a la generación de ingresos, acceso a la salud, educación, construcción de vías para la comercialización de sus productos, entre otros, que en últimas responden al derecho de tener una vida digna.

Para transformar estas relaciones de desconfianza y estigmatización, en un proceso de construcción de paz, es necesario plantear “objetivos estructurales, sistémicos y de relaciones [...] distantes, pero aun así deseadas, de construir la sociedad y las relaciones [desde] estructuras sociales equitativas que satisfagan las necesidades humanas básicas, pero también de relaciones interdependientes y respetuosas (Lederach, 1998, p. 106). Las relaciones son la base del conflicto y de la solución a largo plazo, son “el punto central para lograr un diálogo sostenido en los escenarios de conflicto prolongado” (Lederach, 1998, p. 54). Por ello, la relación que se dé entre el Estado y el campesinado, en un contexto de construcción de paz con justicia social, debe ser a partir de un diálogo, donde las voces de los campesinos y las campesinas sean recogidas y reconocidas como figura fundamental, en la toma de decisiones territoriales. A través de esto, se pueden generar lógicas donde la vida digna sea el centro de las políticas y las prácticas que se den en los diferentes niveles de la sociedad.

En consecuencia, podrían fortalecerse los escenarios donde la resolución de los conflictos, innatos en las relaciones sociales, no sean mediados por el uso de las violencias (física, estructural y simbólica), que parten de estructuras hegemónicas que desean mantener el poder y control sobre la vida y los territorios; sino desde la tolerancia y el respeto social. Ello con el fin de crear espacios democráticos como los construidos por las comunidades campesinas en diferentes lugares del país, donde los acuerdos son una construcción colectiva y concertada.

En este punto, es de relevancia hablar sobre el ordenamiento territorial como un conjunto de procesos y vínculos en torno a un espacio —territorio— particular y la necesidad de que este tenga en cuenta la protección ambiental, cuidado, defensa y conservación de la naturaleza y el entorno. El posacuerdo debe tener en cuenta lo ambiental como eje transversal que permea las relaciones culturales involucradas en el ordenamiento territorial.

El instrumento crucial para incorporar la variable ambiental a nivel local son los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Sin embargo, [...] tienen limitaciones en la medida en que muchos municipios no los elaboran y, si los hacen, no los implementan. [...]. Los POT se encuentran desactualizados en un 86 % del territorio nacional y solo un 3 % contemplan el ámbito rural. (Morales, 2017, p. 18)

Para concluir, es preciso decir que la construcción de paz con justicia social y lo ambiental, desde una perspectiva reivindicativa de los procesos organizativos del campesinado, de lugar a la materialización y despliegue de acciones que abarquen lo territorial, impulsando el establecimiento de espacios y procesos participativos, y den cuenta de las formas en que el campesinado y el gobierno se relacionan entre sí, pero también entre la relación que estos construyen con la naturaleza.

Para lograr una paz estable y duradera debemos entender el riesgo en el que hemos puesto a la naturaleza humana y no-humana, reconocer el valor de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, la identidad de las comunidades y, como plantea Wilches-Chaux (2016), no perder los elementos naturales irrenunciables (como el agua) así como el mantenimiento de la funcionalidad ecosistémica, entre otros. (Rojas, 2018, p. 8)

Es de resaltar que este es un trabajo inacabado debido a que se realizó en el marco de una pasantía académica de Trabajo Social en el año 2020. Se reconoce que durante el proceso de intervención académica se habían presentado múltiples matices con respecto a lo ambiental en las zonas de reserva campesina, el conflicto armado y sobre todo en los avances, aciertos y desaciertos en el marco del posacuerdo. Sin embargo, al final de este escrito se hace indispensable esbozar la forma en la que el Trabajo Social puede aportar a esos elementos en los cuales convergen la protección ambiental y la construcción de paz.