Defensa del territorio, educación e interculturalidad

Territorial Defense, Education, and Interculturalism

Este artículo presenta algunas reflexiones sobre las condiciones sociales y económicas en las que el cultivo de palma aceitera afectó la región del Bajo Atrato chocoano a finales de los noventa. Se presentan, además, las acciones que realizaron empresas, comunidades y organizaciones solidarias con sus causas. Dichas manifestaciones permiten entender el papel de la organización y la educación en los procesos de defensa del territorio. Por otro lado, se examinan las diferentes tensiones, luchas, retos y contradicciones presentes en tales procesos.

The article carries out a series of reflections regarding the social and economic conditions in which the cultivation of oil palm affected the Bajo Atrato region of the Department of Chocó at the end of the nineteen nineties. It also discusses the actions carried out by communities, companies, and organizations in solidarity with the region’s cause, since these expressions make it possible to understand the role of organization and education in territorial defense processes. Finally, the article examines the different tensions, struggles, challenges, and contradictions inherent to these types of processes.

Trritorial Defense, Education, and Interculturalism

Claudia Patricia Sierra Pardo*
Profesora del Departamento de Trabajo Social
Universidad Nacional de Colombia

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Resumen

Este artículo presenta algunas reflexiones sobre las condiciones sociales y económicas en las que el cultivo de palma aceitera afectó la región del Bajo Atrato chocoano a finales de los noventa. Se presentan, además, las acciones que realizaron empresas, comunidades y organizaciones solidarias con sus causas. Dichas manifestaciones permiten entender el papel de la organización y la educación en los procesos de defensa del territorio. Por otro lado, se examinan las diferentes tensiones, luchas, retos y contradicciones presentes en tales procesos.

Palabras clave: conflicto armado, educación popular, interculturalidad, organización, palma aceitera, resistencia civil, territorio, zonas humanitarias.

Abstract

The article carries out a series of reflections regarding the social and economic conditions in which the cultivation of oil palm affected the Bajo Atrato region of the Department of Chocó at the end of the nineteen nineties. It also discusses the actions carried out by communities, companies, and organizations in solidarity with the region’s cause, since these expressions make it possible to understand the role of organization and education in territorial defense processes. Finally, the article examines the different tensions, struggles, challenges, and contradictions inherent to these types of processes.

Keywords: armed conflict, popular education, interculturalism, organization, oil palm, civil resistance, territory, humanitarian zones.

Para llegar desde Bogotá, a la zona humanitaria “Las Camelias”, en el Bajo Atrato chocoano, es necesario invertir largas horas de viaje entre la duración de los trayectos, las paradas y las esperas por los cambios de transporte. Viajar primero a Medellín, en promedio nueve horas; al llegar hay que tomar un nuevo transporte hasta Mutatá, seis horas más; y, por último, en este municipio antioqueño, viajar en jeeps todo terreno llamados “uaz”, hasta la entrada de la zona humanitaria. En este último trayecto se pasa por varias poblaciones muy nombradas por acontecimientos dolorosos relativos a masacres y agresiones a la población civil. Entre Mutatá y la zona humanitaria puede transcurrir de una hora y media a dos, por una vía destapada, angosta y solitaria. Llaman la atención los cambios del paisaje que son evidentes durante el recorrido. Ya no existe la frontera boscosa, que hasta finales de los noventa -según dicen los habitantes de la zona- estrechaba la carretera generando una sensación de “andar en medio del monte”. Salvo un pequeño trayecto de máximo un kilómetro, el bosque ha sido reemplazado por los cultivos de palma aceitera, o más recientemente yuca... Llegar después de tantas horas de camino fue gratificante. Encontrar a la comunidad y ver su alegría al recibirnos fue espectacular. Tantos niños y niñas, tanta algarabía por la llegada de desconocidos, tanta disposición de servicio; tantas expectativas...

DIARIO DE CAMPO ABRIL DEL 2010

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La ruta de viaje

Uno de los principales retos para profesionales de cualquier campo tiene que ver con la reflexión sistemática sobre las experiencias propias de su quehacer. Pensar las dinámicas sociales de un país como Colombia a la luz de categorías que, en nuestro caso, provienen de las ciencias sociales y humanas, entre otras áreas de referencia, potencia una conexión fundamental para la academia: el vínculo de la teoría con la vida; o mejor, el sentido que la vida otorga a la teoría. En el caso de ejercicios profesionales integrados a la formación universitaria, el reto se expresa en la necesidad imperiosa de articular aprendizajes en las aulas de clase con otros que provienen de conocer el país, sus dinámicas y sus diferencias regionales. El tema de la extensión universitaria se convierte en un eje fundamental para potenciar una formación integral de profesionales que se desempeñarán en diversos campos en el mundo de lo social.

El presente artículo busca socializar una experiencia de extensión solidaria que se ha venido desarrollando desde hace dos años en la zona humanitaria Las Camelias, ubicada en el municipio Carmen del Darién, Bajo Atrato chocoano, cuenca del río Curvaradó. El acompañamiento y apoyo al diseño y desarrollo de proyectos educativos de comunidades en resistencia ha sido el eje de la articulación y activa vinculación de estudiantes y docentes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá; esta última, a través del Departamento de Trabajo Social. Esta labor ha sido posible gracias a la apertura y respaldo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, entidad que apoya hasta el día de hoy la permanencia de las y los estudiantes en la zona.

Esta experiencia se origina debido a una iniciativa estudiantil. Cuatro estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales —en adelante, Lebecs—, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, realizaron una primera aproximación a la región, que resultó determinante:

La idea nació a mediados del año 2008, a partir de un viaje a la zona humanitaria ‘El Tesoro’ a orillas de Caño Claro en el Curvaradó, el objetivo de este viaje era el de conocer y acompañar durante veinte días a esta comunidad. A partir de ahí empezamos un proceso de acercamiento y conocimiento del trabajo que viene realizando la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que acompaña a las comunidades que deciden retornar a sus territorios, de este primer acercamiento, surge la idea de realizar los proyectos investigativo y pedagógico en las comunidades en resistencia constituidas en zonas humanitarias. (Pineda, Pinzón y Naranjo 2010 3)

Durante el primer semestre del año 2009, en coordinación con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y contando con el respaldo académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se desarrolló una primera propuesta de trabajo dirigida a las mujeres de la zona humanitaria Las Camelias. Una vez concluida esta iniciativa, se consideró la posibilidad de vincular estudiantes y docentes de otras carreras y universidades, de tal forma que se pudiera consolidar un equipo interdisciplinario, con disponibilidad y sensibilidad para comprometerse en este tipo de proyectos de apoyo a comunidades en resistencia. El proyecto tenía dos propósitos principales: estudiar y fomentar el desarrollo de procesos educativos populares construidos por la propia comunidad de la zona, con ayuda de las y los estudiantes y docentes interesados; el segundo consistía en revisar y apoyar el proceso de resistencia y defensa del territorio que realizan las y los habitantes del lugar. Fue así como en este mismo año el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia se vinculó a la experiencia, así como la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. A la fecha de elaboración de este artículo, catorce estudiantes y cinco docentes han estado vinculados al Grupo Interuniversitario Educando en Resistencia, nombre asignado al colectivo de trabajo.

Han sido dos años de trabajo interuniversitario e interdisciplinario en torno a los ejes de memoria, vida digna y territorio. Dos años de acercamiento a lo que implica vivir en medio del conflicto armado y, en consecuencia, de los fuertes intereses por el control territorial. Tiempo de aprendizaje para la comunidad y con ella, o mejor, desde ella, para las y los estudiantes y docentes implicados. Los compromisos adquiridos por las universidades en el desarrollo de esta alianza y acuerdo de cooperación fueron los siguientes:

• Acompañar a la comunidad de la zona humanitaria mediante la presencia de estudiantes en terreno durante periodos que permitieran aportar a sus procesos educativos y organizativos.
• Aportar al proceso de resistencia de la comunidad con el desarrollo de experiencias de acción profesional al interior de sus dinámicas mediante la realización de prácticas, pasantías y procesos investigativos, conectados directamente con sus necesidades y proyectos.
• Dar a conocer la situación y condiciones de vida de las comunidades que, de forma organizada, han decidido retornar a sus territorios después de haber sido expulsadas de estos por la acción paramilitar.

En este último compromiso está fundada buena parte de la intención de este artículo. No interesa centrar esta elaboración en lo que las universidades han aportado a este proceso; mal haríamos en ponernos al centro de una experiencia que nos interpela permanentemente para “ponernos a la altura” de sus requerimientos. Tampoco se trata de describir exhaustivamente los fenómenos atroces que dieron origen al desplazamiento o a la lucha diaria que ha implicado el retorno. Interesa, en primera instancia, mostrar cómo aparece específicamente, en esta experiencia, la defensa del territorio. En segundo lugar, de qué manera los procesos educativos pueden aportar a la organización y resistencia que intentan las comunidades. A partir de lo anterior, sería posible finalizar con algunas ideas para continuar el trabajo y la reflexión respecto a la relación entre el territorio, la educación popular y lo que algunos autores denominan interculturalidad. Es importante reiterar el sentido del escrito: se trata de una construcción analítica a partir de una experiencia en desarrollo. Tan solo un punto de vista posible en medio de una construcción colectiva que aún no termina, por fortuna.

A continuación encontrará lo que ha sido nuestra ruta de viaje hacia esta experiencia de construcción de trabajo interdisciplinario e interuniversitario; podría decirse, en cierto sentido, intercultural.

Al mismo tiempo se presenta el camino propuesto al lector que quiera continuar con la revisión de este artículo.

Territorios estratégicos en medio de la guerra

En este último periodo [1980 a 2010], el despojo de
tierras de los campesinos se estima en 5,5 millones de
hectáreas, apropiadas de manera fraudulenta por los
paramilitares con la complicidad de terratenientes
regionales, militares y funcionarios del Estado.

SARMIENTO 2010 6

Los últimos años del siglo XX estuvieron marcados por el incremento en el desplazamiento forzado y un aumento de la presencia paramilitar en diversas zonas del país, paralela a la de la guerrilla y las fuerzas militares, como otros actores del conflicto armado. Diversos registros e investigaciones demuestran cómo el paramilitarismo se convirtió en el principal responsable del desplazamiento forzado durante la segunda mitad de la década de los noventa. Las acciones violentas adelantadas por grupos paramilitares, en 1995, generaron el 35% de los desplazamientos registrados en el año; las de las guerrillas el 26% y de las fuerzas militares el 18%. Para 1998 se reconocía al paramilitarismo como responsable del 47% de los desplazamientos, a las guerrillas del 35% y a las fuerzas militares del 8% (CODHES 1999 5). Sin minimizar la influencia de otros actores del conflicto armado, es evidente que la presencia de grupos paramilitares se amplió y sus acciones tuvieron mayor impacto que el registrado en periodos anteriores. Su desarrollo y ubicación se da además, hasta el día de hoy, en zonas de importancia estratégica por su riqueza (en biodiversidad o en minería, entre otras) y por tener en desarrollo o proyección megaproyectos de “beneficio” para el país, en la mayoría de los casos asociados a obras de infraestructura.

En las lógicas perversas de la guerra, el control territorial es fundamental. A lo largo y ancho del país se identifican, desde la década del noventa, zonas que han sido o fueron históricamente dominadas por alguno de los actores del conflicto armado, otras que parecieran estar “en transición” hacia el control de otro actor (zonas en disputa), y zonas de posibles incursiones y dominio. La consecución del control territorial ha sido, por tanto, propósito de los distintos actores armados presentes en el país. En los últimos años ha quedado demostrado y es públicamente conocido el nexo existente entre el estamento militar y los distintos grupos paramilitares. Para la muestra, entre muchas de las que pueden encontrarse, una parte del artículo escrito por Juan Diego Restrepo en la Revista Semana, del martes 15 de mayo del año 2007:

Los detalles narrados por el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso sobre los generales Rito Alejo del Río, Iván Ramírez Quintero y Martín Orlando Carreño Sandoval, y sus aportes a la expansión del proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la región de Urabá, Córdoba y Chocó son viejas denuncias que en su momento no tuvieron oídos […] Mancuso expuso cómo Del Río y Carreño Sandoval participaron de manera directa en la expansión y consolidación de las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), comandadas por Carlos Castaño, cuando se desempeñaron, respectivamente, como comandantes de las brigadas XVII, asentada en Carepa, y la XI, con sede en Montería. (Restrepo 2007; citado por Guevara 2010 25)

Es conocido por la opinión pública que, con la intención de tener un dominio territorial de buena parte del país, las autodefensas han desarrollado una estrategia contrainsurgente que incluso ha llegado a señalar a la población civil como uno más de los actores del conflicto. Este señalamiento convierte a esta población, casi inmediatamente, en auxiliadora de las guerrillas. Este argumento ha justificado acciones y generado equívocos evidenciados y visibilizados por los medios de comunicación en los últimos años. El dominio territorial, como propósito central, amparado en la excusa de la estrategia contrainsurgente, ha conducido al desplazamiento forzado de millones de colombianos.

Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en 1998 fueron desplazados de sus territorios 71.613 familias colombianas, lo que equivaldría a ocho hogares cada hora a lo largo del año. De las 308.000 personas desplazadas en total, la mayoría eran mujeres, niños, niñas y jóvenes menores de edad. Por cada persona asesinada en una masacre o en una secuencia de asesinatos selectivos se desplazaron 78 personas, aproximadamente. Algunos de los departamentos y zonas más afectados en este año por el conflicto armado y el desplazamiento forzado fueron Córdoba, Antioquia, Putumayo, Arauca, Meta, el sur de La Guajira, la Serranía del Perijá, el Medio Atrato, la zona limítrofe entre Chocó y Risaralda (CODHES 1999 6). Dentro del registro de colombianos afectados por éxodos en masa, para el año 1998, aparecen en el Departamento del Chocó 1.483 personas; 283 en El Carmen y 1.200 en Riosucio (14).

Aunque comparativamente con otros departamentos del país, Chocó no presenta cifras tan alarmantes en cuanto al desplazamiento forzado y otros efectos del conflicto armado, sí es posible identificar una enorme presión de actores armados y empresas, nacionales y multinacionales sobre este territorio. Por ejemplo, Antioquia, uno de los tres departamentos limítrofes con Chocó, presentó en 1998, 13.851 personas afectadas por éxodos masivos, específicamente en los municipios de Murindó, con 1.000 personas, Mutatá, con 1.500; Granada, con 1.671; y Salgar, con

3.500 personas. Risaralda no registró éxodos masivos en el periodo y Valle del Cauca registró 565 casos en el municipio de Pueblo Rico (CODHES 1999 14). En términos de personas desplazadas, Antioquia alcanzó 64.694 casos en 1998; Risaralda, 1.180; Valle del Cauca, 13.316; y Chocó, 9.680 (13). Al hacer un acercamiento a cifras más recientes, encontramos que, según CODHES, para el año 2007, tanto Antioquia como Valle del Cauca aparecen ubicados como dos de los cuatro departamentos del país con mayor número de personas desplazadas.

La presencia paramilitar ha aumentado. Ahora bajo nuevas denominaciones: bandas emergentes o bandas criminales; se quiere hacer creer que se trata de actores sin ninguna estrategia o propósito común. Al amanecer, seguramente seremos capaces de ver la luz. Falta tiempo aún para que la población colombiana vea con ojos más claros lo que sucede; para que la información vedada salga a la luz y se comprueben las “hipótesis” en relación con estos fenómenos. Lo que demuestran las cifras es preocupante: zonas claves para el país siguen siendo azotadas por la presencia de actores armados diversos y por el incremento del desplazamiento forzado y los éxodos masivos.

Rojas (2003) y Sarmiento (2010), entre otros, coinciden en relacionar el desplazamiento forzado, la presencia paramilitar y las acciones violentas derivadas de ella, con procesos de acumulación de capital y concentración de la tierra en los últimos años en el país:

Según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en el último cuarto de siglo: i) la gran propiedad (más de 500 hectáreas) pasa de controlar 47 a 68 por ciento de la superficie catastrada; entre tanto, la pequeña propiedad cae de 15 por ciento a 9 por ciento; ii) las fincas menores de tres hectáreas pertenecen al 57,3 por ciento de los propietarios; en contraste, las fincas con más de 500 hectáreas corresponden al 0,4 por ciento de los propietarios; iii) en Colombia, 13.000 personas naturales son dueñas de 22 millones de hectáreas. (Sarmiento 2010 6)

El departamento del Chocó no escapa a estas situaciones. En su territorio hacen presencia tanto la guerrilla como los militares y paramilitares; intereses y estrategias de acción que generan efectos nefastos sobre la población:

El Departamento Administrativo de Salud y Seguridad del Chocó (2006) señala que en el departamento existen 62.884 desplazados, que corresponden a 14.218 hogares. Esta cifra indica que, aproximadamente, el 15% de la población chocoana es víctima del desplazamiento forzado […] Los municipios que más concentran desplazados son Quibdó (28.826), Bojayá (9.385), Río Sucio (8.069), Tadó (2.379), Istmina (2.259), Lloró (1.835), Ungía (1.563) y Condoto (1.336). (Bonet 2007 57)

Por otra parte, el departamento del Chocó, reconocido por ser una de las zonas más lluviosas del mundo, concentra un buen número de ríos caudalosos en el país, importantes variedades de fauna y flora, las principales extracciones de metales preciosos (oro y platino, entre otros) y riqueza maderera representada en más de cincuenta variedades. Además de lo anterior, ocupa una posición geográfica estratégica gracias a su lugar fronterizo con Panamá, pues posee contacto con los océanos Atlántico y Pacífico y es parte de la ecoregión Chocó-Darién. Esto último llevó a que la Unesco declarara esta zona del país “[...] patrimonio mundial y reserva de la biosfera” (Defensoría del Pueblo 2007 1). Las características del suelo chocoano y las condiciones económicas, sociales y políticas de la zona, generan condiciones óptimas para el desarrollo de ciertas actividades agroindustriales orientadas a la exportación. Quizás situaciones como esta, entre otras, hacen que el Medio y Bajo Atrato chocoano sea considerado como una de las nueve zonas prioritarias dentro de la propuesta del presidente Álvaro Uribe Vélez, para la consolidación de la seguridad democrática a partir de la “acción integral” estatal¹.

Dentro de los sectores económicos líderes del departamento en la generación de valor agregado se encuentran: a) agricultura, silvicultura, caza y b) pesca y minería (Bonet 2007 41). Desde las primeras décadas del siglo XX, Chocó se ha distinguido por una alta actividad minera, asociada principalmente a la extracción de oro. Sin embargo, en los últimos veinte años, actividades agroindustriales como el cultivo de palma aceitera, y más recientemente de yuca, se han convertido en “negocios exitosos” dentro de la región². La cercanía geográfica con el departamento de Antioquia y algunas dinámicas políticas generadas en los últimos años han permitido una fuerte influencia e inversión económica de empresas antioqueñas en municipios chocoanos.

Paradójicamente, esta zona del país, reconocida por sus paisajes, presenta condiciones sociales lamentables: “El NBI del Chocó pasó de ser el 190% del NBI de Colombia en 1985, al 310% en 2005 […] la tasa de analfabetismo chocoana, a pesar de sus descensos, se ha mantenido en el doble del promedio colombiano” (Bonet 2007 5).

Definitivamente Chocó es un territorio de contradicciones. La combinación de pobreza y riqueza, de paisajes aún no modificados por el ser humano y otros brutalmente intervenidos, pueden constituir dos excelentes ejemplos de ello. La contradicción se nutre como tal y se afirma, además, como paradoja, al poner al lado del olvido estatal, la proyección y desarrollo de proyectos y megaproyectos que se ubican, por ejemplo, en el norte del Departamento. Algunos se orientan al desarrollo de infraestructura vial o energética; otros, a la explotación y aprovechamiento a gran escala de recursos naturales o al desarrollo de actividades agroindustriales de alto impacto. A partir de lo anterior, zonas como las del Bajo Atrato y del Darién sean convertidas en áreas estratégicas para las nuevas lógicas de acumulación de capital.

Tan solo para generar inquietud por el análisis más profundo de este tema, se enumeran a continuación algunos de los megaproyectos ubicados en este territorio, que se supone han debido pasar por el proceso de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes presentes en la región:

• Terminación de la Vía Panamericana. Según la Defensoría del Pueblo (2007), solo faltan 108 kilómetros para completar el sueño de unir las Américas por medio de esta vía. Desafortunadamente tanto los 58 kilómetros en suelo panameño, como los 50 kilómetros en el colombiano, atravesarían el Tapón del Darién³. Con ello, se afectarían territorios de comunidades indígenas, el Parque Natural de Los Katíos, varios ríos y kilómetros de bosque primario. En el último periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez se presionó por la concreción de este proyecto, sin que fuera posible vencer los múltiples argumentos políticos, sociales y ambientales en contra.

• Transversal de las Américas. Conexión de Panamá con Colombia y Venezuela. Este proyecto fue adjudicado al Consorcio Vías de las Amé-ricas tres días antes de finalizar el período de gobierno de Álvaro Uribe, en medio de innumerables críticas provenientes tanto de organismos de control como de organizaciones sociales, y después de una larga audiencia pública. Se trata de la realización de obras en los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba y Cesar, con una cobertura de cerca de 800 km. La construcción de esta vía pone en riesgo zonas de reserva ambiental de enorme importancia y afecta los derechos de comunidades asentadas en estos territorios colectivos.
• Proyecto Mandé Norte. Contempla la extracción de reservas de cobre, subproductos de oro y molibdeno, ubicadas en la zona del Bajo Atrato, específicamente en los municipios de Carmen del Darién (Chocó) y Murindó (Antioquia). Esta concesión fue entregada por parte del gobierno colombiano a la empresa estadounidense Muriel Minning Company⁴, filial de Goldplata Minning Corporation. La zona de explotación se encuentra ubicada en territorios colectivos de comunidades negras e indígenas (Villamil 2008 46). Megaproyectos mineros como este son un claro ejemplo del tipo de impulso que se quiere dar a las inversiones extranjeras en el país:

Con la llegada de las empresas Anglo-Gold Ashanti (sudafricana), BHP Billinton (anglo-australiana), Greystar Resources Ltd. (canadiense), Drummond Co. Y Muriel Minning Company (estadounidenses), las Inversiones Extranjeras Directas (IED) en el sector minero pasaron de 463 millones de dólares en 1999 a 3.000 millones de dólares en 2009, con un aumento del 640%. (Portal de información sobre la actividad minera en Colombia, citado por Mazure 2010 18)

Respecto a las actividades agroindustriales de alto impacto, o según la Defensoría del Pueblo (2007) “cultivos industriales”, se encuentran en el norte chocoano monocultivos de plátano, palma aceitera y yuca. En el caso del cultivo de palma aceitera, los tres primeros años son improductivos. Tan solo 30 meses después de ser sembradas entran en producción y alcanzan su máximo nivel entre el octavo y décimo año de vida. Se trata de un monocultivo que ha transformado radicalmente los ecosistemas de la zona y expulsado un considerable número de población de sus territorios colectivos.

Los cultivos de palma de aceite en el departamento del Chocó, específicamente en el municipio de Carmen del Darién, sobre las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curbaradó, presentan unos problemas muy complejos que tienen que ver con la manera como se vulneran y ponen en riesgo derechos humanos y colectivos. (Defensoría del Pueblo 2007 9)

Los municipios en los que se concentró el desarrollo de este proyecto agroindustrial han sido Belén de Bajirá y El Carmen del Darién, en el Chocó, y Mutatá, en Antioquia.

A partir de este breve contexto, es posible presentar una descripción del territorio específico, la población involucrada y la experiencia en desarrollo.

Las zonas humanitarias del Bajo Atrato chocoano: resistencia, defensa del territorio y construcción de la vida en dignidad

Huele a selva y a humedad, a los ancestros de raza pura, a ríos extensos que recorren cada historia, cada lugar; huele a Chocó que es resistencia y dignidad.

CATHERINE ALAYÓN TORRES⁵, 2010

Figura 1. División político–administrativa del Chocó⁶

La zona humanitaria Las Camelias, lugar de desarrollo de la experiencia objeto de este artículo, se encuentra ubicada geográficamente en jurisdicción del municipio El Carmen del Darién (figura 1).

Este municipio, constituido como tal en el año 2000, limita al norte con los municipios Belén de Bajirá y Riosucio (ambos del departamento del Chocó)⁷; al occidente con el municipio de Riosucio; al sur con los municipios de Bojayá y Bahía Solano; y al oriente con los municipios de Mutatá y Dabeiba.

Como puede consultarse en distintas fuentes, la totalidad de municipios limítrofes con El Carmen del Darién han sido afectados por actores de la guerra y los efectos de sus acciones violentas. En el área de este municipio, y en la de Belén de Bajirá, se ubican las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, con una amplia zona de territorios colectivos adjudicados por la Ley 70 de 1993 a comunidades negras. Además de lo anterior, este municipio no escapa a las contradicciones presentes en el departamento. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE—, en el censo de población del año 2005, el porcentaje de población con NBI en El Carmen del Darién ascendía a más del 85%, cifra superior a la media departamental (Bonet 2007 53). El 26% de la población municipal carecía de algún nivel educativo y el 45,3% habían cambiado de vivienda en los últimos cinco años por amenazas (Defensoría del Pueblo 2007 5).

Como ya se mencionaba, en este y otros municipios se desarrollan monocultivos de palma aceitera que se proyectaron como focos de generación de energía a partir de la producción de biogás con residuos de la palma. De acuerdo con un informe del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural —en adelante, Incoder—, desde marzo del 2005 hasta la actualidad se contaba con más de 4.183 hectáreas sembradas con palma, de las cuales 198 estaban ubicadas en el Jiguamiandó. Las siembras fueron realizadas por las empresas Urapalma (pionera en el negocio), Palmas S.A., Palmadó (asociada con Urapalma), Palmas de Curvaradó, Fregni Ochoa y la Tukeka. Según dicen las y los pobladores, esta actividad económica llegó a convertirse en una especie de “maldición” para comunidades negras, indígenas y campesinas en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó.

En primer lugar, significó la expulsión y expropiación violenta de los territorios de propiedad colectiva. Según el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), en el año 2005, el 93% del área sembrada con cultivos de palma se encontraba en territorios colectivos (citado por Córdoba 2009 8). Si bien esta zona del departamento ha contado desde finales de los setenta con presencia guerrillera a través de varios frentes de las Farc, en los noventa, la situación de conflicto se agudizó con la llegada del paramilitarismo. Particularmente desde 1997, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia empezaron a ejercer presión hacia la población con el fin de despejar la zona, según ellos, por el “[…] inicio de acciones militares tendientes a erradicar a los grupos guerrilleros” (Quevedo y Laverde 2008).

Las autoridades colombianas han constatado que en los últimos años (2008, 2009 y 2010) se produjo un proceso de apropiación ilegal y violenta de las fincas.

Este proceso de apropiación ilegal de tierras estuvo acompañado de la intervención de paramilitares para expulsar a los habitantes. El Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), comandado por alias “el Alemán”, ejerció el control y provocó el desplazamiento de más de 5.000 personas de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó. Este desplazamiento masivo se dio con mayor intensidad entre 1997 y 1999. (Córdoba 2009 14)

Según las comunidades afectadas, estas acciones guardaron relación directa con la Operación Génesis, que se adelantó entre febrero 24 y 27 de 1997 por la Brigada XVII al mando del general Rito Alejo del Río. La adulteración de documentos públicos y privados fue otro de los hallazgos de los últimos tiempos, al lado de la existencia de coacción sobre los dueños legales y legítimos de las tierras⁸. Según El Espectador, entre diciembre del 2007 y enero del 2008, la fiscalía llamó a indagatoria a veintitrés empresarios palmicultores por estos hechos. En mayo del 2010 se realizaron varias capturas de empresarios y algunos de sus asesores (ver Revista Semana, periódico El Espectador, Caracol TV, entre otros medios que en la época registraron la noticia). También fue conocida la detención de militares implicados en los hechos; y sin embargo, la justicia no se ha impuesto hasta ahora como debiera.

En segundo lugar, el desarrollo del cultivo de palma, trajo consigo la destrucción de los ecosistemas naturales. En menos de cinco años el paisaje se transformó del bosque natural a la presencia de plantas de varios metros de altura uniformemente distribuidas en las pequeñas fincas que se convirtieron en extensas zonas de monocultivo. Se ha dado desecamiento de ciénagas, desviación de fuentes de agua, construcción de canales de drenaje, tala de árboles y, en general, pérdida de biodiversidad (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 2010). La Fiscalía también ha demostrado que los promotores del cultivo de palma aceitera desconocieron la legislación ambiental existente y causaron alteración en los ecosistemas de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó. Cuando algunos de los pobladores expulsados por el paramilitarismo decidieron retornar a sus fincas, entre los años 2003 y 2004, el paisaje había cambiado radicalmente, como ellos mismos lo declaran: “Cuando regresamos al territorio no había un pedacito de tierra que no tuviera palma. Estaba todo cubierto de palma aceitera y todo destruido. No había ni un árbol frutal, ni de los que sacábamos la madera” (Entrevista publicada en Revista Semana mayo 24 del 2010).

A pesar de lo anterior, las comunidades expulsadas de las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó han luchado, han sabido sobrevivir y protegerse en medio de diverso tipo de presiones. Han construido, además, formas de resistencia particulares. El siguiente testimonio muestra brevemente lo que sucedió después de la Operación Génesis:

El ejército llegó con la Operación Génesis diciendo que querían sacar a la guerrilla. También apareció la violencia de los paramilitares y nos tocó salir corriendo a todos. En esa incursión mataron a 130 campesinos. La guerra no era contra la guerrilla, porque sacaron fue a quienes vivíamos y trabajábamos allí. Algunos se fueron para otros municipios, pero un grupo de familias no quisimos salir del territorio y nos quedamos en las montañas. Nos desplazábamos dentro del Curvaradó, escondidos en la selva, durante seis meses. Huíamos de donde sonaban los tiros. Aguantamos hambre, a pesar de que las casas estaban llenas de arroz, gallinas y cultivos, pero no podíamos ir hasta allá. Después, una organización llamada el PTM y la iglesia de Riosucio, nos sacaron de las montañas, de la selva [...] fuimos saliendo varias familias y fuimos llegando a la cuenca del Jiguamiandó, a un pueblito llamado Bella Flor Remacho. Ahí sembramos arroz y a los cinco meses, cuando ya estaba listo para recoger, se metió otro operativo a los caseríos de Puerto Lleras, Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza y Bella Flor. Todo lo quemaron y mataron gente. De ahí nos tocó salir nuevamente a otro sitio llamado Caño Seco.

Ahí también nos quedamos un rato y sembramos. Cuando estábamos recogiendo la cosecha, vino un nuevo operativo más duro que los anteriores. Las personas de mayor edad y los que teníamos muchos hijos tuvimos que irnos para la cabecera de Murindó, a un punto llamado Bartolo.

Después de un año, en el 2004, decidimos regresar al territorio. Por medio de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, instalamos unas zonas humanitarias donde hemos sobrevivido hasta hoy. (Entrevista publicada en Revista Semana mayo 24 del 2010)

Rommel Rojas Rubio
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Resguardo indígena Panore, San José del Guaviare, Colombia Marzo del 2011

Como lo menciona una de las líderes de la comunidad, las zonas humanitarias aparecen, en un principio, como estrategia para el retorno. Esta iniciativa fue apoyada inicialmente por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), las Diócesis de Apartadó y de Quibdó, y posteriormente, por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Pero, ¿qué es, en concreto, una zona humanitaria? Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz⁹ y las propias comunidades, se trata de un espacio visiblemente delimitado que refugia a población civil no vinculada con el conflicto armado; un lugar dentro del territorio colectivo; un lugar donde la presencia del Estado será “no armada”, una estrategia de carácter temporal: “[…] es un lugar en el que permanecerá la comunidad hasta que se garantice el respeto a la vida y el derecho al territorio, donde podremos retornar las comunidades cada una a nuestros lugares de origen” (Comunicado del Consejo Comunitario de Jiguamiandó y familias del Curvaradó, publicado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 2008). La propuesta de creación de zonas humanitarias fue aprobada en agosto del 2002 por 23 Consejos Comunitarios (14 del Jiguamiandó y 9 del Curvaradó) y ratificada en el año 2003. La Corte Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— en Resoluciones de los años 2003, 2004 y 2005 ha reiterado al Estado colombiano la adopción de medidas provisionales a favor de todos los miembros del Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curvaradó.

Camelias, como las demás zonas humanitarias del Curvaradó, está delimitada con un alambre de púas, que la comunidad ha denominado “malla de la vida”. Una pancarta visible en su entrada anuncia: “Zona Humanitaria Las Camelias, lugar exclusivo de la población civil, protegido por medidas provisionales de la CIDH”; otro cartel advierte: “Prohibido entrar sin autorización”. La zona se desarrolla en un área de 3 hectáreas, que fueron cedidas para esta iniciativa por la familia Martínez Chaverra; forma parte de la Asociación de Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad¹⁰ del Bajo Atrato chocoano y en su interior la organización comunitaria se expresa a través de siete comités: Comité Coordinador, de Trabajo, Conciliador, de Mujeres (Los Clamores), de Niñas y Niños, de Jóvenes y de Salud (Alayón 2010 19-24). Tanto las zonas humanitarias como las zonas de biodiversidad se constituyen en estrategias para la garantía de la vida de las comunidades y la defensa del territorio en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó.

En las zonas humanitarias en general, y por supuesto en Camelias¹¹, las comunidades trabajan diariamente por la reconstrucción del territorio y en cierta forma, por su “liberación” de las heridas que dejó la guerra y el lucro empresarial¹². Un ejemplo de ello está en la estructura interna y forma de organización de las viviendas dentro de este territorio. Eustaquio, uno de los habitantes de Camelias, explicaba con voz pausada, en abril del 2010, cómo la comunidad había decidido construir estructuralmente la zona. La intervención usó una significativa metáfora:

La araña pone cuerdas y va tejiendo a partir de ellas [...] entonces nosotros aquí tenemos una calle que lleva al centro de la telaraña y allí [en el centro] estará la casa de la memoria; en una punta estará la trilladora, en el otro extremo la escuela; en el otro la casa de las visitas, como otra patica. La casa de la memoria será redonda, de dos pisos. Arriba la pieza de la memoria, con los nombres de seres queridos que se han perdido, que ya no están con nosotros, y con historias de lo que ha sido este proceso [...] Las empresas nos han dejado los surcos de palma en nuestro territorio pero nosotros los iremos quitando. Ante la pregunta ¿por qué esta forma de organización del territorio?, alguien de la comunidad respondió: “La telaraña para reforzar el tejido social que ancestralmente hemos tenido; y al volver a cuestionar ¿dónde está la araña que teje?”, nuevamente una voz pausada y sabia: “La araña es la comunidad; la comunidad es la que teje”. (Diario de campo 2010)

A partir de este planteamiento de la comunidad, desde el año 2010, el Grupo Interuniversitario Educación en Resistencia acompaña el desarrollo de los proyectos educativos de las y los habitantes de Camelias, a partir de tres ejes que son entendidos como nudos que amarran la red antes descrita: memoria, vida digna y territorio. Aunque no es propósito de este artículo describir detalladamente esta experiencia de trabajo interdisciplinario, interuniversitario y en cierto sentido intercultural, se mencionará muy brevemente cómo la acción educativa puede potenciar los procesos de resistencia, organización y defensa de los territorios. A partir de ello, se plantearán finalmente algunas reflexiones sobre los ejes mencionados en este escrito.

Los procesos educativos pueden aportar a la organización y resistencia que intentan las comunidades

Como el agua para los peces que conserva sus vidas, así mismo es importante la escuela en nuestras comunidades queridas. Como es importante la alimentación en los humanos y animales, así mismo es la escuela comunitaria para conservar nuestros recursos naturales.
Como es importante el aire para respirar, así mismo es importante la escuela para que el conocimiento puedas inhalar. Como son importantes los rayos del sol ardiente, así mismo es la escuela en nuestra gente y en nuestra mente. Como es importante la cotidianidad, así es la escuela comunitaria para conocer la verdad. Como es importante el cariño y el amor, así es importante la escuela en el corazón.

Luis Alexis Mosquera, Cavida, Zona Humanitaria Nueva Vida (citado por Alayón 2010 35)

El Ministerio de Educación Nacional plantea que: “En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (2010). Señala también que el servicio educativo es un derecho de la persona, un servicio social y que corresponde al Estado su supervisión, inspección y control. Pero ante el contexto descrito para el departamento del Chocó, y en particular para los municipios ubicados en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, cabe preguntarse: ¿qué pasa con la educación en un país en conflicto armado? ¿Cómo educar en un país afectado por la violencia y la desigualdad? ¿Cómo desarrollar procesos educativos estables e integrales en medio de masacres, éxodos, desarraigo y desplazamiento? ¿Qué sucede con los procesos educativos de niños, niñas y jóvenes, de familias despojadas de sus territorios y actualmente en retorno? Y finalmente, una pregunta central: ¿para qué la educación y qué tipo de educación se requiere en un país en conflicto armado?

Buena parte de la reconstrucción de la vida, que hacen día a día las familias en la zona humanitaria Las Camelias, pasa por la restitución y reconfiguración de escenarios ligados a la vida diaria desde distintas dimensiones: lo económico, el desarrollo de actividades productivas tradicionales, la constitución de zonas de biodiversidad; lo organizativo, la identificación y adopción de las mejores formas de organización en los nuevos escenarios; lo político, que consiste en establecer regulaciones internas que permitan vivir en medio del conflicto armado, construir autonomía y enfatizar en su distinción como población civil; lo educativo, que apuesta por la existencia de una escuela, que como institución, recoja el proceso organizativo y lo potencie en las nuevas generaciones, afirmando la identidad y la importancia de las luchas por la defensa del territorio.

La garantía del derecho a la educación seguramente no resulta prioritaria ante los efectos del desplazamiento forzado y las distintas situaciones que las personas afectadas deben enfrentar al retornar al territorio después de una expulsión violenta. Pero una vez se ha regresado y se intenta restituir la vida cotidiana con todas sus dinámicas, aparece la educación como un componente importante dentro del proceso de organización y resistencia. Sumado a lo anterior, existe un contexto más amplio de análisis: Chocó concentra las tasas de analfabetismo más altas del país; la cobertura educativa formal resulta bastante baja, hasta el punto que “[…] mientras un bogotano tiene en promedio ocho años de educación, un chocoano de Carmen del Darién, Alto Baudó o Río de Oro tiene solo dos” (Gutiérrez 2006).

En la descripción de la zona humanitaria, la escuela es importante como lugar. De hecho, la comunidad de Camelias construyó con su propio esfuerzo los dos salones de los que se dispone en este momento, y realizó, con apoyo de las organizaciones acompañantes, los trámites necesarios para la ubicación de profesores que puedan garantizar la educación de las niñas y los niños de la comunidad en este nuevo escenario de vida colectiva. La comunidad ha sido y es protagonista de todo este proceso. La propuesta educativa, a la que se vinculan las universidades públicas de Bogotá, se construye entre todos los pobladores y pobladoras. Se trata de un proyecto educativo de comunidades en resistencia: no hecho para ellas ni con ellas, sino de ellas.

En esta propuesta educativa aparecen varios niveles que se deben considerar: a) el de la escuela formal con sus procesos curriculares, vinculados a requerimientos específicos de entidades gubernamentales del orden nacional, pero también pensados para fortalecer las identidades colectivas y el proceso organizativo; b) el proceso comunitario y sus vínculos con la escuela, pues a veces los proyectos de la comunidad pueden potenciar el avance de las áreas curriculares formales; c) la formalización de los aprendizajes respecto de las nueve áreas curriculares obligatorias que contempla el Ministerio de Educación Nacional para Básica Primaria y los procesos evaluativos; d) el vínculo del componente educativo con la vida, ya que lo educativo no aparece ni se desarrolla exclusivamente en la escuela mediante procedimientos formales: la educación debe conectarse con la vida, decía el pedagogo brasileño Paulo Freire, y efectivamente así es.

En uno de los primeros espacios abiertos para discutir el tema educativo con las y los habitantes de Camelias se escucharon planteamientos referidos a algunos de los niveles planteados:

La comunidad percibe la escuela directamente ligada a la memoria. Decía un poblador que lo vivido por las familias “no se nos puede olvidar”; aludía también al no olvido de lo que fue la pérdida del territorio y el proceso que lo posibilitó; a conocer a fondo por qué su decisión de retornar, por qué la vida actual y cuáles son los proyectos que tienen. “La biblioteca debe ser parte de la memoria”, decía otra persona, después que alguien del equipo recordó que se contaba con varios libros para que los niños y las niñas leyeran. “Esto es muy importante porque es como formarnos, como construirnos como personas”, decía otro de los adultos presentes, dando su opinión general sobre la construcción de la propuesta de la zona. “Nosotros desde aquí debemos gritar: gritar es denunciar, porque no nos podemos quedar callados... nos interesa que los niños aprendan cómo defenderse. A veces se les dice a los niños que tener plata, tener un carro, eso es vida... y eso no es así... En el tiempo pasado las puertas de nuestras casas eran abiertas; hoy en día debemos enseñarle a nuestros hijos que es necesario cerrar las puertas y explicarles por qué”, aportó nuevamente Eustaquio. “Es importante que los jóvenes conozcan y se apropien de la Ley 70”, comentó uno de los líderes. (Diario de campo 2010)

Si bien la educación es reclamada por la comunidad en su articulación directa con los procesos organizativos y la memoria, persisten nociones vinculadas con perspectivas tradicionales que hacen muy visibles las tensiones, luchas y retos que encarna incorporar referentes críticos diversos para considerar estos temas al interior de procesos organizativos.

Dentro de las luchas libradas por la comunidad de Camelias, en relación con el tema educativo, pueden citarse tres: la resignificación del espacio físico necesario, el lugar como potenciador de sentido; la vinculación de profesores idóneos para el desarrollo de la apuesta educativa comunitaria¹³; la incorporación de la historia e intereses de las comunidades en retorno y resistencia, dentro de los contenidos curriculares a trabajar¹⁴.

Algunas tensiones visibles en esta experiencia de apoyo educativo a la comunidad de Camelias tienen que ver con las concepciones respecto a la educación, la relación entre educador y educando, entre la defensa de los derechos y la construcción de autonomía. Citaré tan solo dos ejemplos de estas tensiones. El primer ejemplo muestra que la comunidad de Camelias coincide en su deseo de correspondencia entre la lucha por la defensa del territorio y de sus derechos fundamentales, y el proceso educativo formal que la escuela adelanta; sin embargo, la comunidad es clara también en considerar que la garantía del derecho a la educación es responsabilidad estatal. A partir de esta consideración, el comité coordinador de la zona humanitaria ha logrado la contratación de maestros para el desarrollo del proceso educativo dentro de Camelias. Las condiciones no son las mejores, la actitud y compromiso de los profesores no siempre es el esperado, la comprensión del sentido que tiene el proceso organizativo no siempre está presente en quienes realizan este apoyo. La defensa del derecho y la presión al Estado por el cumplimiento de su obligación, ¿no parecería en este caso el mejor camino?

El segundo ejemplo a señalar tiene que ver con la tensión existente entre los aprendizajes derivados del proceso educativo formal y aquellos que pueden darse en otros escenarios de la vida comunitaria. Los procesos educativos que surgen en la vida cotidiana potencian la organización y aportan a la constitución de sujetos críticos individuales y colectivos. Partiendo de la anterior consideración, el grupo interuniversitario ha realizado acciones diversas que cuestionan la tensión entre educación formal y educación no formal. Algunas de las iniciativas adelantadas hasta el momento han sido:

• Espacios de encuentro comunitario (“Noche de cuentos” o “Noche comunitaria”). Un día a la semana se propone la reunión de la comunidad de la zona por medio de actividades como la narración oral y el trabajo de la memoria. El “contar historias” ha mostrado que la comunidad concibe la memoria desde tres perspectivas. Por un lado, como una “llaga sangrante que no cura y duele”; por otro, como el compromiso con “la no repetición de lo vivido”; y finalmente, como “potenciadora de la organización y la resistencia”. Recordar tiene sentido cuando, al no olvidar, se garantiza la no repetición de los hechos ocurridos y se potencia el trabajo conjunto por la defensa del territorio.
• Alfabetización con adultos. En un primer nivel, se trabaja en el aprendizaje de la lectura y escritura, se toman como referente algunos elementos del método freiriano. Aprender a leer implica fundamentalmente la lectura analítica de la historia y la apuesta por la construcción de un futuro distinto. Se enfatiza aquí en el trabajo sobre palabra generadoras relacionadas con la historia colectiva de la comunidad, su descomposición fonética y discusión. En el segundo nivel, el interés está centrado en aprender el uso de reglas ortográficas, “mejorar la letra”, profundizar en matemáticas. Estos espacios, al ser fundamentalmente de encuentro y conversación, también funcionan como mecanismos para vencer el miedo que aún se expresa en el silencio.
• Talleres de bisutería. El trabajo manual alrededor de la elaboración de collares, manillas y otros accesorios, con elementos naturales propios de la región, se convierte en espacio que fomenta la conversación, el compartir de experiencias, de activación del recuerdo, de proyección de sueños y futuros. Este espacio es en cierta forma terapéutico.

En estos y otros espacios que consideramos educativos, sin que sean formales, se aprende desde la vida diaria y los intereses de las personas.

No hay práctica educativa sin sujetos, sin sujeto educador y sin sujeto educando; no hay práctica educativa fuera de ese espacio-tiempo que es el espacio– tiempo pedagógico; no hay práctica educativa fuera de la experiencia de conocer que técnicamente llamamos experiencia gnoseológica, que es la experiencia del proceso de producción del conocimiento en sí; no hay práctica educativa que no sea política; no hay práctica educativa que no esté envuelta en sueños; no hay práctica educativa que no involucre valores, proyectos, utopías. No hay entonces, práctica educativa sin ética. (Freire 2003 43)

A partir de las palabras de Freire, es posible identificar que dos de los principales retos que debe asumir la escuela —y en general, cualquier proceso educativo que se adelante al interior de la zona humanitaria Camelias— consisten en la defensa del territorio y la formación de seres humanos críticos, solidarios y dignos.

Defender el territorio en medio de la guerra que continúa... Que no acaba...

Vivimos intimidados porque el territorio está controlado por el paramilitarismo desde el 96 hasta hoy. A nosotros nos dicen que somos guerrilleros […] Nunca he sido guerrillera, ni lo seré porque he sido una campesina trabajadora. Nunca he tenido nada qué ver con ningún grupo insurgente. Todo ese terror ha sido por reclamar nuestro territorio y reclamar la verdad. Y en Colombia, el que habla la verdad, se muere.

Ligia María Chaverra, lideresa de la comunidad, entrevista publicada por Revista Semana mayo 2010

Para los habitantes de las zonas humanitarias del Curvaradó y Jiguamiandó, la defensa del territorio debe hacerse a nivel interno y externo. Interno, en tanto buena parte de la estrategia impulsada por los empresarios en los últimos años ha sido el “divide y reinarás”. Las comunidades se enfrentan a fuertes procesos de división y contradicción generados con “repobladores” o “líderes comunitarios” contrarios al proceso colectivo. Al parecer, los propios empresarios han apoyado decididamente las invasiones de zonas de biodiversidad o la creación de estructuras organizativas paralelas a los Consejos Comunitarios Mayores y Menores¹⁵.

Según un informe especial de El Espectador “[...] el 22 de noviembre del 2000, a través de las Resoluciones 2809 y 2810, el Incora adjudicó a las comunidades negras los terrenos baldíos de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en el Urabá chocoano” (Quevedo y Laverde 2008). Después de varios años se inició formalmente el proceso de restitución de tierras a sus legítimos propietarios, pero el proceso fue detenido en el 2010 y en general ha pasado por varias dificultades, entre ellas, la captación de líderes por parte de los empresarios de palma, el reconocimiento legal de quienes no representan los verdaderos intereses de la comunidad y el aprovechamiento de la contradicción jurídica que favorece los intereses del capital privado. Y si la comunidad se encuentra dividida, ¿a quién devolverle los territorios usurpados?

A nivel externo, la defensa del territorio pasa por resistir acusaciones y señalamientos falsos, no dejarse amedrentar por presencia de actores armados que merodean la zona o amenazan a sus dirigentes, desarrollar estrategias de comunicación y difusión amplia de información sobre lo que sucede a las comunidades de estas zonas, la búsqueda y consecución de respaldo internacional diverso, entre otras acciones necesarias. No es fácil defender el territorio en medio del conflicto armado. Una pregunta clave sería: ¿de qué o de quién defender el territorio?

• Defender el territorio de los monocultivos, entes orientados a la exportación que lesionan la soberanía del país y de las comunidades en varios sentidos. Se trata de actividades económicas introducidas con incentivos gubernamentales y cada vez más orientadas a la exportación, con semillas
• o variedades de plantas no originarias del país, mejoradas normalmente por empresas extranjeras que conservan las patentes de la variedad. Por el tipo de modelo productivo, el monocultivo, genera enormes efectos ambientales: cambios drásticos en el paisaje, daños a los ecosistemas, extinción de cultivos tradicionales o autóctonos de la región. Además, generan en torno a su desarrollo una cadena articulada de actores diversos que garantizan su cuidado, comercialización y prestigio (vinculado directamente al tema del “desarrollo social y económico”).
• Defender el territorio de los intereses de las empresas asociadas a este tipo de actividades agroexportadoras. Es suficientemente claro lo que han hecho estas empresas, en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, con el fin de defender sus intereses. Las alianzas entre altos sectores políticos, nacionales, regionales y locales, además del respaldo y acción favorable de actores armados legales e ilegales, han sido evidentes hasta el día de hoy en esta y otras regiones del país.
• Defender el territorio de transformaciones ambientales lesivas e irreversibles. En la subregión del bajo Atrato se encuentra buena parte de la reserva forestal del Pacífico, considerada una de las más grandes reservas forestales protectoras del país. En este lugar existe

[…] una enorme biodiversidad de especies fáunicas y florísticas que en buena medida son endémicas, es decir, que solo se encuentran en esta parte del planeta y que al desaparecer no se encontrarían en ningún otro lugar, con la consiguiente pérdida de su potencial genético y su aplicación industrial, clínica o ecológica. (Defensoría del Pueblo 2007 5)

Al referirse al territorio se deben tener en cuenta distintos elementos implicados, a saber: las disposiciones jurídico-administrativas, los actores sociales presentes y actuantes en él, las relaciones de poder, etc. La noción de territorio implica una delimitación determinada, relaciones de propiedad o posesión o pertenencia, una construcción social, colectiva, que llega a expresarse en la constitución de identidades colectivas. Todo ello debe estar presente cuando se plantea como propósito de un proceso, la defensa del territorio.

Algunas ideas finales para continuar el trabajo y la reflexión

Sobre multiculturalidad versus interculturalidad

Desde la Constitución de 1991 estaba planteado el tema de la titulación de tierras a comunidades negras, como se evidencia en su artículo transitorio número 55. Con la Ley 70 de 1993 se desarrolla el planteamiento, cuando se establece en su artículo primero:

La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. (Congreso de la República de Colombia 1993)

Leer la cita anterior, a la luz de lo descrito para las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó, permite una sola conclusión: nada más evidente que la contradicción entre la realidad y la ley para demostrar cómo entiende el Estado colombiano y sus instituciones el tema de la “multiculturalidad”¹⁶. Recuerda esta situación una similar acontecida en otras latitudes, cuando en los albores de la Ilustración y del surgimiento de los Estados modernos, se reconocía al “pueblo” como soberano en lo político, pero se lo desconocía en lo concreto de la vida social. Inclusión abstracta, exclusión concreta, señala Barbero (1987). El tema de la inclusión y el reconocimiento de la existencia de otras culturas, es fundamental. El reconocimiento de la diversidad cultural sería un elemento común entre la “multiculturalidad” y la “interculturalidad”¹⁷. El debate central pone en discusión si este reconocimiento es una aceptación exclusivamente formal (el reconocimiento neutro), o si se plantea la relación, el encuentro -y no la dominación-para la construcción conjunta de proyectos políticos que evidencien, en concreto, el respeto y reconocimiento del “otro diferente”.

Sobre lo legal versus lo justo

Las condiciones y experiencia de comunidades asentadas en zonas humanitarias, en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó muestran que lo legal no siempre es justo ni legítimo. La ley consagra el derecho y obligación de consultar a las comunidades antes del desarrollo de proyectos de envergadura que puedan afectarlas o afectar el territorio de propiedad colectiva (véase Ley 70 de 1993); pero el desarrollo de los procesos de consulta previa no siempre acontecen en las mejores condiciones. Las comunidades de las cuencas señaladas no han sido consultadas como es debido, por lo menos en los casos de proyectos y megaproyectos que se encuentran ya en desarrollo en sus territorios. Además de lo anterior, las trampas de la ley, la corrupción y el afán de lucro individual, impactan directamente los procesos organizativos de estas comunidades. ¿Cómo conciliar la dimensión de lo legal o el principio de justicia en un país que lo demanda a gritos? Finalmente, la defensa colectiva de los territorios se constituye en uno de los propósitos potenciadores de interculturalidad y movimiento social. Indígenas, campesinos, comunidades negras, pobladores urbanos, coinciden en este propósito y realizan acciones diversas e iniciativas creativas con la intención de alcanzar la autonomía en medio de la diversidad; pero también en medio del conflicto armado. Todo un reto para las universidades públicas colombianas y para las y los profesionales que en ellas se forman.

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¹ Para mayor información al respecto consultar el documento “Política de Consolidación de la Seguridad Democrática”, del Ministerio de Defensa Nacional, año 2007 (citado por Sarmiento 2010 5).

² La producción de palma africana empezó a convertirse en agroindustria de importancia para el país a finales de la década del noventa. Algunos de los argumentos planteados en su “defensa” la presentan como una actividad productiva “[…] orientada al desarrollo económico y social sostenible para las comunidades rurales, ya que impulsa la creación de empresas, genera empleo permanente, provee divisas con la producción que se exporta, es amigable al medio ambiente por la preservación de los ecosistemas y protección de los recursos hídricos, y todas sus partes se utilizan” (Aguilera 2002 5). Como en el caso de otros monocultivos, que para países del “tercer mundo”, o países “del sur” en el contexto de la globalización, son incentivados como dinamizadores del desarrollo económico y social, el cultivo de palma africana logró posicionar al país, para el año 2002, en el cuarto lugar en la producción mundial de palma de aceite, y el primer lugar en América Latina, con apenas 157.000 hectáreas sembradas de los 3.5 millones de área disponible para esta actividad económica en el país (6).

³ El Tapón del Darién es la zona más lluviosa del país. Cuenta con especies de flora y fauna únicas en el planeta. Diversos expertos en temas ambientales coinciden en señalar que modificar los ecosistemas de esta región, causaría un enorme daño al planeta.

⁴ Esta empresa es una de las tres corporaciones transnacionales que dominan el sector minero en el país, considerable si se tiene en cuenta que en Colombia hay 5.000 empresas mineras nacionales.

⁵ Trabajadora Social egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Integrante del Grupo interuniversitario que ha acompañado esta experiencia, tanto en el territorio chocoano como desde Bogotá.

⁶ Tomado de: dnp. Departamento Nacional de Planeación. Gestión Pública Territorial, mapas convenio dnp-igac. División político–administrativa del Chocó.

⁷ Es importante señalar que sobre el municipio Belén de Bajirá se presenta un conflicto con autoridades del Departamento de Antioquia, que lo reclaman como parte de este departamento. Son temas cruciales aquí proyectos agroindustriales y potencialidades mineras, entre otros. Información adicional respecto al caso puede ser consultada en Córdoba, 2009.

⁸ Casos como los de “Lino Díaz Almario, quien supuestamente había vendido 5.890 hectáreas en el año 2000, a pesar de que oficialmente había muerto ahogado en el río Jiguamiandó en el año 1995”, son claro ejemplo de estas acciones y procedimientos irregulares (Quevedo y Laverde enero 29 del 2008).

⁹ Organización de derechos humanos que sitúa su acción de acompañamiento en el marco del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y de la convicción evangélica. Su trabajo se ha concentrado en zonas del país como Chocó, Cauca, Meta, en cuyos territorios existen comunidades indígenas, mestizas o afrodescendientes.

¹⁰ Las zonas de biodiversidad se entienden como “[…] un mecanismo de concreción del derecho ambiental y el derecho a la alimentación o a la soberanía alimentaria. En estas áreas se desarrollan propuestas de producción agro ecológica, recuperación de semillas nativas, casas de custodia de semillas, se reinician siembras de alimentos orgánicos, siembra, crianza de animales y de pesca como sociedades Biomasivas como alternativa frente a la lógica compulsiva de extracción, de explotación y consumismo” (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 2008 8).

¹¹ La población que se encuentra en Las Camelias es en su mayoría mestiza y afrodescendiente.

¹² La situación evoca los procesos de “liberación de la madre tierra”, adelantados por organizaciones indígenas en cabeza del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). El territorio es, definitivamente, un componente estratégico de la “interculturalidad”.

¹³ Este tema es bastante complejo, pues dada la constitución de las zonas humanitarias, las comunidades buscan que al interior del área delimitada con esta denominación pueda tenerse un lugar llamado “escuela” y profesores dispuestos a “dar las clases” a las niñas y los niños. En la vida cotidiana, antes del desplazamiento y el retorno, los niños y las niñas “iban a la escuela”; en este caso “es la escuela la que viene a ellos”. La escuela se adapta a las condiciones infraestructurales de la comunidad y, se espera, que las profesoras o los profesores comprendan el nuevo sentido que la educación empieza a adquirir. Esto último, en la mayoría de los casos, es una de las luchas más grandes que enfrentan las comunidades. En el territorio que comprende la zona humanitaria, la garantía del proceso educativo formal está en manos del municipio Carmen del Darién, que contrata los profesores para la zona. No siempre estos procesos administrativos posibilitan el querer de la comunidad y tampoco la idoneidad de los docentes para este tipo de escenarios.

¹⁴ Esto requiere tiempo y compromiso por parte de los profesores, pues tiene el fin de reforzar los nexos existentes y determinar la mejor forma de incluir contenidos concretos en relación con las áreas curriculares obligatorias. No es un trabajo fácil y hasta ahora no ha podido realizarse como se quiere.

¹⁵ Vale la pena mencionar que procesos parecidos se han producido al interior de organizaciones y movimientos de enorme visibilidad y fuerza social recientemente. Quizás el ejemplo más recordado públicamente esté en la creación de la Organización de Pueblos Indígenas del Cauca (OPIC), en frontal oposición con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización que históricamente ha librado luchas en esta zona del país y que impulsó la construcción del movimiento indígena con su constitución en la década del setenta. Estos grupos han sido suficientemente difundidos por distintos medios de comunicación, los nexos existentes entre políticos y altas instancias del gobierno anterior y la aparición de esta nueva organización.

¹⁶ “En ocasiones el término ‘multicultural’ se utiliza para describir sociedades en donde conviven grupos que provienen de diversas culturas” (Olivé, 2004 21; citado por Hernández 2007 4). Se entiende que multiculturalidad y multiculturalismo guardan diferencias, en tanto el primero tiene un sentido descriptivo y el segundo uno normativo: “Sobre esta comprensión de las sociedades en tanto multiculturales se ha elaborado el proyecto político del multiculturalismo. Y se trata de un proyecto político porque, sobretodo, ha abogado fundamentalmente por el reconocimiento de la diversidad cultural de grupos minoritarios en el ámbito legislativo y de ejercicio de políticas públicas, aún cuando también promueve el reconocimiento de la diversidad cultural en otros aspectos” (Hernández 2007 5).

¹⁷ “La interculturalidad se distingue por el énfasis que el término pone en el encuentro entre culturas y no solo por la existencia de éstas en un mismo contexto” (Hernández 2007 9).

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Referencias bibliográficas

Alayón Torres, Catherine. “Zona Humanitaria Camelias: de los rezagos de la guerra a la resistencia civil”. Trabajo de grado; modalidad pasantía para optar al título de Trabajadora Social. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, 2010.

Aguilera Díaz, María. “Palma Africana en la Costa Caribe: un semillero de empresas solidarias”. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional 30, julio, 2002. Cartagena de Indias: Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), Banco de la República: 5-54.

Bonet, Jaime. “¿Por qué es pobre el Chocó?”. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional 90, abril, 2007. Cartagena de Indias: Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), Banco de la República: 1-64.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). “Informe de Coyuntura Económica Regional, Departamento del Chocó”. Banco de la República, 2009.

Freire, Paulo. El Grito Manso. Argentina: Siglo XXI Editores, 2003.

Hernández Reyna, Miriam. “Sobre los sentidos de ‘multiculturalismo’ e ‘interculturalismo’”. Ra Ximhai 3.2, mayo-agosto, 2007: 429-442.

Guevara, Ana Yadira. “Los procesos de resistencia civil en Colombia. Respuestas al conflicto armado interno y construcciones de paz. Estado del arte 2000 a 2010”. Trabajo de grado; modalidad pasantía investigativa para optar al título de Trabajadora Social. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, 2010.

Martín-Barbero, Jesús. De los Medios a las Mediaciones. Comunicación, Cultura y Hegemonía. México: Editorial Gilly, 1987.

Mazure, Laurence. “Fiebre del oro en Colombia”. Le Monde diplomatique. Edición Colombia. Año viii. 91, julio, 2010: 17-18.

Pineda Metaute, Alba Nely; Pinzón Gallego, Lady Cristy y Naranjo Rodríguez, Lady Johanna. “Las Mujeres de las Camelias: Memorias de Guerra y Resistencia. Una historia contada a dos voces”. Tesis Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2010.

Rojas, Jorge Enrique. “Chocó: Agua y Fuego”. Documentos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Bogotá: Ed. Lutheran World Relief; 2004.

Sarmiento, Libardo. “Colombia: Reprimarización económica y violencia”. Le Monde diplomatique. Edición Colombia, año VIII. 91, julio, 2010. Tebeo Comunicaciones S.A. 4-6.

Sierra Pardo, Claudia Patricia. Diario de campo, abril del 2010.

Villamil Velásquez Javier Fernando. “Transnacionales del Sector Minero Energético en Colombia. Los recursos naturales: fuente de conflicto territorial”. Trabajo de grado Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 2008.

Documentos en línea

Alcaldía Municipal Carmen del Darién. “Información general municipio Carmen del Darién”. Web. 30 de enero, 2011. www.elcarmendeldarien-choco.gov.co/sitio.shtml?apc=Bxx1-&x=2063776

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). “Un país que huye”. codhes Informa. Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 17, febrero de 1999. Web. 20 de enero, 2011. http://www.codhes.org/index2.php?option=com_ docman&task=doc_view&gid=5&Itemid=51

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). “Crisis humanitaria y catástrofe social”. codhes Informa. Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 26, noviembre de 1999. Web. 20 de enero, 2011. http://www.codhes. org/index2.php?option=com_docman&task=doc_ view&gid=17&Itemid=5C

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. “Entre derechos otro derecho: las zonas de biodiversidad”. 28 de noviembre, 2006. Web. 24 de enero, 2011. www.justiciaypazcolombia. com/spip.php?page=recherche&recherche=zonas+de+bio diversidad&debut_articles=20

Córdoba Ruiz, Piedad. “Belén de Bajirá. Diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó”. Bogotá, Colombia, 2009. Web. 20 de octubre del 2010. www.piedadcordoba.net/Imagenes/ PC-Bajira-2009-03-27.doc

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Informe de Coyuntura Económica Regional, departamento del Chocó 2009”. Banco de la República, 2009. Web. 30 de enero, 2011. www.dane.gov.co/files/ icer/2009/choco_icer_II_sem_09.pdf

Ministerio de Educación Nacional. “Sistema Educativo Colombiano”, 9 de junio del 2010. Web. 30 de enero, 2011. www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233839.html

Gutiérrez Roa, Elber. “Rajados en geografía”. Revista Semana, lunes 24 de abril del 2006. Web. 23 de agosto, 2011. http:// www.semana.com/on-line/rajados-geografia/94147-3.aspx

Quevedo, Norbey y Laverde, Juan David. “El ‘dossier’ de los palmeros”. El Espectador, enero 29 del 2008. Web. 30 de enero, 2011. http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/investigacion/articuloimpreso-dossier-los-palmeros

Restrepo, Juan Diego. “Apoyo militar a las AUC, vieja denuncia sin oídos”. Revista Semana, martes 15 mayo, 2007. Web. www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=103662

Revista Semana. “Pagaron 5 millones de pesos para que nos asesinaran porque somos la piedra en el zapato”. Entrevista a Ligia María Chaverra, desplazada de Curbaradó, Chocó, mayo 24 del 2010.Web. 23 de agosto, 2011. http://www. semana.com/problemas-sociales/pagaron-millones-pesospara-asesinaran-porque-somos-piedra-zapato/139301-3.aspx

Leyes y resoluciones

Ley 70 de 1993. “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”. Congreso de la República de Colombia. Diario Oficial n.^o 41.013, de 31 de agosto de 1993. http://www.mij.gov.co/econtent/library/documents/ DocNewsNo1779DocumentNo2137.PDF

Resolución del 15 de marzo de 2005. Corte Interamericana de Derechos Humanos —CIDH—. Web. 28 de enero, 2011. www.corteidh.or.cr/buscar.cfm?clave=resolucion%20 15%20de%20marzo%20de%202005%20colombia

Resolución Defensorial n.º 51. Derechos Humanos en las subregiones del bajo Atrato y del Darién. Defensoría del Pueblo, Departamento del Chocó. Bogotá D. C., 14 de diciembre del 2007. Web. 30 de enero, 2011. http://www.defensoria.org.co/red/?_item=0203&_secc=02&ts=1/