Que cante la gallina, no solo el gallo:memoria, mujeres y tierra

Let the Hen Crow, Not Just the Rooster: Memory, Women, and Land

Las mujeres rurales han desempañado un papel significativo en la construcción del territorio colombiano, por lo que sus experiencias de vida y de resistencia frente al conflicto armado en el país merecen ser contadas y tenidas en cuenta en las memorias colectivas. A partir de sus narrativas, recogidas en el trabajo investigativo en la línea de tierra y conflicto del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en Córdoba, Sucre y la Región de Montes de María, este artículo se propone presentar las implicaciones e impactos a los que se enfrentan las mujeres cuando deciden narrar el conflicto. Estos relatos también permiten visibilizar sus procesos organizativos, como trabajos de resistencia en busca de los derechos al acceso y tenencia de la tierra

Women from rural areas have played a significant role in the construction of the Colombian territory. For this reason, their life experiences and their resistance to the armed conflict deserve to be told and taken into account in collective memories. Drawing on these narratives, gathered in the context of the research project on land and conflict carried out by the Historical Memory Group of the National Commission for Reparation and Reconciliation in Córdoba, Sucre, and the Montes de María region, the article examines the implications and impact of women’s narrations of the conflict. The narratives also make visible their organizational processes as resistance actions aimed at enforcing their rights to land and landholding.

Eliana Pinto Velásquez^**
Trabajadora Social
Grupo de Memoria Histórica, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá, Colombia

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Resumen

Las mujeres rurales han desempañado un papel significativo en la construcción del territorio colombiano, por lo que sus experiencias de vida y de resistencia frente al conflicto armado en el país merecen ser contadas y tenidas en cuenta en las memorias colectivas. A partir de sus narrativas, recogidas en el trabajo investigativo en la línea de tierra y conflicto del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en Córdoba, Sucre y la Región de Montes de María, este artículo se propone presentar las implicaciones e impactos a los que se enfrentan las mujeres cuando deciden narrar el conflicto. Estos relatos también permiten visibilizar sus procesos organizativos, como trabajos de resistencia en busca de los derechos al acceso y tenencia de la tierra.

Palabras clave: conflicto armado, derechos, mujeres, memoria, narrativas, resistencia, territorio, tierra.

Abstract

Women from rural areas have played a significant role in the construction of the Colombian territory. For this reason, their life experiences and their resistance to the armed conflict deserve to be told and taken into account in collective memories. Drawing on these narratives, gathered in the context of the research project on land and conflict carried out by the Historical Memory Group of the National Commission for Reparation and Reconciliation in Córdoba, Sucre, and the Montes de María region, the article examines the implications and impact of women’s narrations of the conflict. The narratives also make visible their organizational processes as resistance actions aimed at enforcing their rights to land and landholding.

Keywords: armed conflict, rights, women, memory, narratives, resistance, territory, land.

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Introducción

La pregunta por el vínculo de las mujeres rurales con la tierra y el territorio en el contexto de conflicto armado colombiano implica hacer un análisis sobre las narrativas que se movilizan y entrecruzan en la sociedad civil (familia, organizaciones/asociaciones), los regímenes políticos (reglas formales e informales que regulan la autoridad política), y en las instituciones públicas (escuela, centros de salud, fuerza pública), sobre el deber-ser y deber-hacer de las mujeres en los contextos específicos (social, económico, político, militar y cultural) en donde están y son involucradas, y que se prestan como espacios para la construcción de sus identidades (Wills 2009a).

En este marco de relaciones se genera el interrogante por las maneras en que se distribuye el poder, y se resalta cómo en ellas las diferencias de género han jugado un papel importante, pese a que estas no sean abiertamente reconocidas como factores determinantes. Esta situación se evidencia, por ejemplo, en la ruralidad, puesto que

[...] pese al cambio gradual en las relaciones de género en el mundo rural, la mujer colombiana enfrenta todavía numerosos problemas para acceder a la tierra, una inequidad histórica que se mantiene debido al sesgo masculino en los programas de distribución y titulación de tierras. (Osorio Pérez y Holmes 2010 8)

Tal inequidad ha sido, además, la base para el ejercicio de los repertorios de violencia¹ de los actores armados en contra de las mujeres en los espacios rurales.

Lo que se presenta a continuación hace parte de los análisis y cuestionamientos suscitados a partir del proceso de investigación² que entre el 2009 y el 2010 llevó a cabo la Línea de Tierra y Conflicto del Grupo de Memoria Histórica -en adelante, GMH- de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -en adelante, CNRR- en Córdoba, Sucre y la región de los Montes de María³, trabajo que me permitió oír muchas historias, relatos y memorias que se iban entretejiendo en los grupos focales, los talleres de memoria y las entrevistas con mujeres en situación de desplazamiento, líderes antiguas del movimiento campesino y nuevas líderes que orgullosamente se presentaban como campesinas de la costa Caribe. Esto me enfrentó a lo que Elizabeth Jelin (S. f. 1) ha llamado “el proceso de la construcción de las memorias” -en plural-, desde las mujeres, como otras memorias en las que empiezan a emerger otros recuerdos, análisis y posturas sobre la historia; allí, lo no dicho se empieza a contar como parte de los procesos de pensarse, hacer y construir las memorias en medio del conflicto.

Es así como se considera que, en medio de estos contextos de violencia sociopolítica profundamente polarizados⁴, la construcción de memoria responde a un acto político y una práctica social continua (Grupo Memoria Histórica (GMH) 2009 34), como un proceso de micro resistencias (Osorio 2009), en el cual estas mujeres campesinas de la costa Caribe colombiana han capitalizado sus experiencias organizativas. Se hace un recorrido desde su participación en las luchas civilistas y sindicales del siglo XIX, que pasa por el movimiento campesino representado en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos desde la década de los setenta, para encontrarse, a partir de mediados de los ochenta, en espacios en que, además de compartir procesos de desplazamiento y desarraigo, han buscado fortalecerse colectivamente (GMH 2010). Aferradas a una esperanza que se ha asentado en el sostenimiento de esos procesos organizativos y de acciones colectivas que permite a las mujeres encontrar un lugar en el que, entrelazando lo colectivo y lo individual, construyen un espacio para reivindicar sus derechos a la tierra (que social y jurídicamente han tenido obstáculos para su reconocimiento), a ser escuchadas, y a nombrar, a partir de sus recuerdos, cómo han vivido, experimentado y sobrevivido a la guerra, constituyendo así ejercicios propios y femeninos de territorialidad.

Los relatos de las mujeres campesinas que participaron en este ejercicio de recuperación de la memoria, y que se retoman en este artículo, hablan de temas que se relacionan entre sí, como las implicaciones de narrar el conflicto armado y sus impactos; además, se tematiza la relación de las mujeres con la tierra y la importancia de los procesos organizativos de las mujeres como trabajos de resistencias.

Memorias desde las mujeres rurales

Que las mujeres tenemos memoria como África,
ustedes también saben todo lo que esas mujeres hicieron
por la memoria, así debemos ser nosotras quitarnos
el miedo de hablar, porque yo estoy segura que con
nosotras las mujeres otro mundo es posible…⁵
Testimonio de mujer campesina

En el proceso de construcción de memorias en contextos de violencia sociopolítica es necesario tener en cuenta la relación con la historia y las particularidades de tiempo y espacio en las que se relatan los recuerdos -o los olvidos-. En este espacio “[...] el pasado es un referente poderoso y objeto de conflictos. La memoria, aún cuando es construida subjetivamente, se ancla en experiencias, relaciones y disputas. Por eso, se entiende por memoria un espacio de luchas políticas y simbólicas desde donde se actualizan y replantean las experiencias del pasado y los conflictos sociales y políticos en las que se inserta” (Del Pino 2004 2). Es así como se reconoce que tales narrativas se forman mediante la conjunción de procesos personales y colectivos mediados por relaciones de poder (Rodríguez y Grasselli 2008; Ciriza 2008) que se entretejen en los contextos políticos, culturales, socioeconómicos y de regímenes diferenciales⁶; involucran características de género, de etnia, de clase, de edad, entre otros. En estos contextos ha primado la desigualdad y la discriminación.

Aunque cada una de estas particularidades pone de manifiesto el dinamismo del recuerdo y el olvido (Jelin 2002 110), suele dejarse de lado que estas manifestaciones han estado mediadas por el lugar de acción que se les ha asignado socialmente a hombres y mujeres. De tal manera que

[…] los marcos interpretativos democráticos modernos ubicaron a las mujeres en el ámbito privado y a sus cuerpos en la esfera de la naturaleza, las intuiciones y las emociones. Además, estos marcos interpretativos relevaron el papel de las mujeres como madres, cuidadoras, sostenedoras de la vida emocional de sus familias y a la vez dejaron en el silencio sus experiencias negativas en el hogar […] Las plantillas absorbidas por las mujeres para relatarse a ellas mismas su propia historia ante sí mismas o ante públicos más amplios censuraron gran parte de sus experiencias. (Wills 2009b 61)

 Miguel Angel Baldomero Rocha Santos
¿Quién se comió el queso?
San Juan de Sumapaz, Bogotá D.C.
16 de febrero del 2009

Lo anterior implica e invita a tener en cuenta un enfoque diferencial de género en el trabajo de construcción yreconstrucción de las memorias. Eso parte del enfoque ya tradicional, tanto en el feminismo como en la reflexión sobre el lugar del testimonio, de “hacer visible lo invisible” o de “dar voz a quienes no tienen voz” (Ciriza 2008). Las voces de las mujeres cuentan historias diferentes respecto a los hombres, y, si se tiene en cuenta esta diferencia, se introduce una pluralidad de puntos de vista. Esta perspectiva también implica el reconocimiento y legitimación de “otras” experiencias además de las dominantes. Esto permite que entren en circulación narrativas diversas: las centradas en la militancia política, en el sufrimiento de la represión, o las que aparecen en los sentimientos y las subjetividades (Jelin 2005).

En el lugar de lo no contado en el que están ubicadas las mujeres a manera de memorias subalternas (Ciriza 2008) también es posible identificar un-subgrupo de mujeres cuyas voces y relatos han sido aún más invisibilizados, como es el caso de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes. Este silenciamiento ha repercutido en el acceso inequitativo a espacios políticos y económicos a partir de los cuales puedan visibilizar las violencias que se ejercen contra ellas en el marco del conflicto armado, al interior de sus hogares —pensemos, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar y la violencia sexual— y en terminos de propiedad —la negación de su acceso y de sus derechos a la tierra o al territorio—.

A partir de lo anterior, como lo afirma María Emma Wills, es necesario hablar de regímenes de género que hacen referencia a las “[…] reglas de juego formales e informales que regulan las diferencias de género y que basadas en estas distribuyen el poder” (Wills 2009a 6). Estos elementos permiten caracterizar a los regímenes de género —al igual que los regímenes políticos— como democráticos y autoritarios, en los que se estipulan los lugares que pueden ocupar las mujeres. El espacio femenino supera la división clásica entre los espacios públicos y privados, separación que histórica y socialmente ha dejado de lado o en lugares menos privilegiados —como ya se ha afirmado anteriormente— a las memorias de mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, niñas, jóvenes y ancianas, en la conformación de la memoria colectiva que define lo que se recuerda, cómo se recuerda y lo que se olvida, como parte de la construcción de ciertos tipos de sociedad.

La experiencia de las mujeres era considerada (y muchas veces lo es aún) como una forma de la experiencia humana destinada a borronearse a los confines entre naturaleza y cultura, a menudo condenada al olvido, significada como inconspicua para la edificación del orden simbólico y para la construcción del orden político, ambigua antes que ambivalente, en cuanto la mayor parte de las veces había sido considerada insimbolizable, perteneciente al ámbito de la experiencia particular, esto es, inherente a aquellos aspectos de la vida de los sujetos acerca de los cuales es imposible generalizar, el mundo de lo privado pre-político. (Ciriza 2008 41)

Estos elementos se reconocieron en el trabajo con las mujeres de Córdoba, Sucre y la región de los Montes de María, en donde la construcción de regímenes de género autoritarios y violentos en la sociedad costeña han naturalizado el destino de las mujeres en espacios que socialmente las han invisibilizado o relegado a lo privado. Además ha hecho que sus memorias, experiencias y la importancia que estas tienen en la construcción de la historia de la región y del país no se reconozcan, lo que lleva a que se desligue la memoria personal de las mujeres y la del colectivo. Así, la memoria colectiva queda vacía de sentido, o se reduce a un sentido personal; las explicaciones, los reclamos por las violencias sufridas y sin sustento, la posibilidad de exigencias de derechos y de respeto, que deberían trascender lo doméstico, se quedan en el espacio privado de cada mujer.

Regímenes políticolegales en los que se enmarca la relación entre mujeres y la tierra: su expresión en las mujeres costeñas

Nunca aparecí en el título, él tiene un titulo y yo tengo un título…
Como antes no había tanta ley, ahora sí existe la ley de la pareja
con el hombre que tienen que ser iguales, como hay tanta leyes hoy,
(una mujer dice: no, ahora no, mitad para cada uno) por eso estoy explicando igualdá’,
pero antes no, -venga usted firme, usted es el dueño,
eso era antes, ya no, ahora hay igualdad de derechos.⁷
Testimonio de mujer campesina

La tierra es un recurso que supera la subsistencia material. Como señalan Diana Deer y Magdalena León (2000), desde una perspectiva productivista, la posesión de este recurso es de gran importancia en relación con los derechos formales de las mujeres, pues el acceso a las tierra les permitiría autonomía económica. Desde la perspectiva de potenciación, la tierra cobra relevancia para las mujeres porque la posesión y acceso a ella les permite contar con un elemento para la negociación familiar y comunitaria; además, les da poder en la toma de decisiones, por ejemplo, en el uso de los ingresos y en el planteamiento de un proyecto a futuro estable que no solo las beneficia a ellas, sino también a sus familias.

En este sentido, las mujeres campesinas en Córdoba, Sucre y la región de Montes de María han tenido un papel de gran importancia al buscar y defender sus derechos a la tierra y a el territorio. Aunque este trabajo ha sido silencioso en el marco nacional, ha tenido gran importancia en la región y que merece ser visibilizado y reconocido.

[…] en las tomas de tierra ya estaba la participación de las mujeres […] pero una participación nula porque casi no se nos daba valor, era una participación en la práctica pero para las decisiones no, nada […] nosotras no aparecíamos […] Por eso nosotras en Córdoba empezamos con los comités y una de las cosas que empezamos con el Incora⁸ fue cuando empezaron los títulos de la tierra […] Ahí las mujeres dijimos que la mujer participara en el título con el hombre […] Porque ajá, nosotras también pusimos el pecho en la toma de tierra, ¿entonces?⁹. (Testimonio de mujer campesina)

Estas prácticas culturales están relacionadas con el lugar de las mujeres en la legislación y en las acciones de reforma agraria. En un primer momento, estas acciones legales implementaron una de falsa neutralidad de género, que negó a las mujeres como actoras y beneficiarias legítimas, pues era hombre a quien se reconocía como jefe único de hogar. “Este modelo no consideraba a las mujeres como grupo objetivo de los programas de desarrollo macroeconómico, bajo el falso supuesto de que estas se beneficiarían del efecto de goteo una vez que la política bajara a los actores soiales y beneficiaría a todos ellos por igual” (León 2006 45). La mujer era reconocida únicamente desde una visión familística, por sus labores domésticas para el desarrollo de programas. Finalmente, al tener una política propia, fue posible que las mujeres fueran reconocidas como productoras agrícolas. Este avance se complementó con el reconocimiento de las mujeres como adjudicatarias de tierras sin importar el tipo de relación conyugal o su formalización, por ser mujeres campesinas jefas de hogar o solas por causa de violencia, abandono o viudez. Todos estos desarrollos legales —que a continuación se reseñan—, fueron acompañados y promovidos por los procesos organizativos de las mujeres, como los desarrollados en los departamentos de Córdoba, Sucre y la región de los Montes de María.

La investigación de la Línea de Tierra y Conflicto partió de la pregunta por los procesos de construcción de las memorias en las mujeres, e identifició al tipo de regímenes de género que se han construido en la sociedad costeña para determinar el lugar y la relación que las mujeres rurales tienen y han tenido con la tierra y el territorio en la costa Caribe.

Específicamente en Córdoba, Sucre y la región de Montes de María, el tema de la estructura agraria ha significado históricamente conflictos y procesos de despojo y abandono de tierras¹⁰, razones por las que alrededor de la década de los setenta se consolidó, en esta región, el movimiento campesino como una forma de recuperar dichas tierras, pero a mediados de los ochenta se estableció una fuerte arremetida política y armada contra el movimiento. También hay que señalar que las zonas de frontera de esta región se han establecido como lugares de expansión de zonas de colonización, con presencia de cultivos ilícitos (especialmente en Córdoba), tráfico de drogas (Sucre) y como corredores de los grupos guerrilleros y paramilitares (GMH 2010).

[Córdoba] recibió durante muchas décadas un flujo importante de colonizadores antioqueños y de la costa Caribe [que] estuvo precedida y acompañada por la incursión de compañías extranjeras para la explotación de bosques, maderas finas y extracción de oro. La incursión de familias antioqueñas como los Ospina Vásquez sobre la hacienda Marta Magdalena, así como las haciendas Santa Helena y Cañaflecha en 1920, constituyen casos emblemáticos de esa colonización que trastocó las relaciones sociales tradicionales en la región, y abrió caminos de modernización en su tradicional estructura hacendataria. (GMH 2010 35)

En Sucre y en los Montes de María se ha presentado constantemente una confrontación entre los grupos guerrilleros y paramilitares por el dominio territorial, mientras que, desde los años ochenta, en las sabanas de Sucre y en los municipios de Bolívar que hacen parte de los Montes de María ha existido una alta tasa de compras de tierras a precio mínimos (GMH 2010).

La mayor parte de la confrontación armada en este departamento se ha concentrado en las zonas del Alto Sinú y San Jorge, que hacen parte del Nudo del Paramillo (límite con Antioquia). Allí, a partir de los años ochenta, el Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (Pcc–Ml) desplegó varios frentes del Ejército Popular de Liberación (Epl). Con el tiempo, también se concentraron unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln), y de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) (la base de lo que luego se consolidó como las Autodefensas Unidas de Colombia —Auc—). Tras el proceso de desmovilización paramilitar en 2005, que se realizó mediante la Ley de Justicia y Paz y los diálogos en Santa Fe de Ralito¹¹, se fueron configurando organizaciones armadas que han acogido a antiguos miembros paramilitares no desmovilizados, bandas como “Los Paisas”, “Águilas Negras, bloque Héroes de Castaño”, “Bacrim Urabá” y las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”. Según el quinto informe del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), 23 de los 28 municipios de Córdoba en el 2010 contaban con presencia de estos grupos (Vicepresidencia de la República de Colombia 2010; Indepaz 2011).

Los procesos de desmovilización del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), del Ejército Popular de Liberación (Epl), quienes firmaron acuerdos de paz a lo largo de 1991, y la Corriente de Renovación Socialista (Crs), desmovilizada en 1994, en Flor del Monte (corregimiento de Ovejas, Sucre), ocasionaron fuertes señalamientos a las poblaciones, que aún hoy siguen vigentes, y conllevaron al despojo de tierras.

Hacen presencia en este territorio el “Frente Jai-me Bateman Cayón”, del Eln, el “Frente 35”, de las Farc, y desde 1997 el “Frente Héroes de los Montes de María”, de las Auc, que se desmovilizó en 2005 (Vicepresidencia de la República de Colombia 2006). En 2010, según Indepaz, en 16 de los 26 municipios se encontraban los “Rastrojos”, “los Urabeños”, las “Águilas Negras” y los “Paisas” (Indepaz 2011).

Es importante resaltar que, como parte de las medidas de orden público que se tomaron durante el proceso de la llamada Seguridad Democrática, los Montes de María fueron declarados como una de las “Zonas de Rehabilitación y Consolidación”, entre septiembre del 2002 y abril del 2003, lugares en los que se ejercían medidas de control de la población: se reguló el derecho de circulación y residencia, y se reglamentó la inspección o registro domiciliario sin autorización judicial, interceptación, registro de comunicaciones, entre otras (Decreto 2002 de 2002 Ministerio del Interior). Estos mecanismos de control se reforzaron con la aparición de las Fuerzas Armadas en la región, que en el 2005 hicieron presencia tras la creación del Comando Conjunto del Caribe (GMH 2010). Esto causó un aumento del desplazamiento forzado en la región.

En este panorama, el trabajo desarrollado por el Grupo de Memoria Histórica consistió en buscar, en los relatos de las mujeres, el lugar en el que ellas se ubican en medio del contexto regional, político, social, cultural y de dinámica del conflicto armado. Esta búsqueda también tenía la función de reconocer las prácticas y lugares regionales, comunitarios y familiares que las mujeres habían ocupando en los regímenes “hacendatarios”, en los que se mantiene una fuerte división entre labores domésticas y públicas y la concepción de la mujer como objeto y sin voz; dichos principios se refuerzan en los repertorios de violencia de los actores armados (Wills y Rivera 2009c). Sin embargo, las mujeres lograron reconocer prácticas en que “cantaba la gallina y no solo el gallo”, es decir, que expresaban relaciones más democráticas y de resistencia en las que no tenían que pedir la aprobación constante por sus acciones o por sus derechos a la tierra —en especial el derecho a trabajarla, más por el hecho de ejercer el derecho al trabajo que por el usufructo de la producción—. Para ampliar este análisis se tomaron como elementos y procesos históricos los adelantos y retrocesos que ha tenido el tema de la relación de las mujeres con la tierra y el territorio en la legislación nacional, el cual ha adquirido matices propios según el contexto de la región y, a la vez, ha generado y afianzado algunas de estas prácticas democráticas o discriminatorias frente a las mujeres.

El tema del acceso de las mujeres a la tierra, desde su condición de propietarias hasta las posibilidades de obtener otros derechos y beneficios —como participar en espacios de decisión comunitarios, obtener acceso a créditos, asesorías técnicas y capacitaciones, entre otros (FAO 2006)—, se relaciona con los debates internacionales, nacionales y regionales, que discuten la función y proyección del desarrollo rural, y que se materializan en los diferentes planes, programas y proyectos implementados en el país.

En los debates y los proyectos para el desarrollo rural¹² solo se suele tener en cuenta la necesidad de eficiencia y producción del campo, lo que deja de lado una concepción histórica de este territorio. Si el desarrollo rural se pensara como un proceso histórico de transformación, se reconocería que en él se encuentran una pluralidad de actores en diferentes posiciones. Al aproximarse de esta forma, se deberían reconocer los siguientes componentes: i) la sostenibilidad en términos de recursos naturales, económicos, políticos y socio culturales; ii) el reconocimiento de la diversidad, que debe reflejarse en las políticas, planes,

programas y proyectos, basados en la equidad de género, para dar cuenta de la realidad heterogénea que se vive en el sector rural; iii) el empoderamiento de las comunidades campesinas, para lograr el ejercicio de sus derechos y capacitar a hombres y mujeres con el propósito de diversificar el ingreso de las familias rurales, y tener en cuenta la perspectiva de género (Pérez y Farah 1998; Ospina 1998).

[Lo anterior no ha aparecido] como componente fundamental de ninguna de las definiciones actuales sino que se hace alusión [a él] cuando se habla de equidad, pero se mantiene el supuesto de neutralidad y de beneficio por ‘goteo’, que presupone que si se favorece a una persona de la familia con alguno de los programas esto redundará en beneficio de todos los miembros sin importar edad, sexo y condición social.
(Pérez y Farah 1998 208)

Magdalena León (2006) señala y critica la “neutralidad” en la que las políticas rurales se basaron para asegurar que respondían a las necesidades de las mujeres, sin reconocer que “[...] asegurar los derechos tanto de mujeres y hombres a la tierra es esencial para el desarrollo rural sostenible, la equidad social y el crecimiento económico” (FAO 2006 7).

La manera en que este tema se ha abordado en el país responde a diferentes enfoques; para aproximarnos a estos debemos hacer un breve recorrido por el desarrollo histórico de las políticas que se han generado respecto a la mujer. En la década de los cincuenta, a partir de la línea de trabajo sugerida por Estados Unidos, se recomienda el mejoramiento de los hogares, especialmente los rurales, para fortalecer las actividades de las mujeres en el cuidado de los niños, la nutrición, la sanidad y la higiene. La función materna y de reproducción se profesionalizó mediante la carrera de “mejoradoras del hogar”: mujeres que, tras terminar sus estudios, eran contratadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). En los años sesenta, para diseñar y coordinar los programas y su ejecución directa, empezaron a trabajar específicamente con amas de casa rurales (Pérez y Farah 1998; Ospina 1998).

Es a partir de estas mujeres que empiezan a hacerse exigencias para incluir a las amas de casa en los proyectos productivos complementarios a las entregas de tierra. De tal manera, en la fase I y II de implementación del Fondo de Desarrollo Rural Integrado (1976-1988), se realizaron proyectos para mejorar las condiciones de la vida de las mujeres amas de casa rurales. Hay que anotar que esta época fue de gran importancia y de adelantos para la consolidación de la organización campesina en el país, conjugando tanto sus reivindicaciones propias como actor político, como el impulso gubernamental que existió. Es así como en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) se da origen a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos —en adelante, ANUC—.

[La ANUC] surge en un contexto único en el panorama político de Colombia […] Para muchos dirigentes campesinos el presidente Lleras Restrepo la creó para presionar a los terratenientes para explotar eficientemente sus tierras […] Otros piensan que fue simplemente el ala radical de la Alianza para el Progreso […] un instrumento para aplicar dichas políticas desde un punto de vista de la concepción liberal. Pero en sus mejores momentos, para connotados exdirigentes de ella, la Asociación de Usuarios tuvo una serie de aciertos históricos que han trascendido los años y que hoy día presentan una gran relevancia para la organización campesina. (GMH 2010 211)

Algunas de estas consideraciones fueron determinantes en la ruptura de la relación entre la ANUC y el Estado colombiano. Un sector de la ANUC siguió adelante de manera autónoma, y tuvo una fuerte presencia desde los años setenta en Córdoba, Sucre y los Montes de María, con las recuperaciones de tierra y el desarrollo del campesinado como actor político; sin embargo, se dejó de lado la necesidad de visibilizar el trabajo de las mujeres que participaban en él de manera activa, no solo en las recuperaciones, sino en el mantenimiento económico de la organización. Además,

Llama[ba] la atención cómo el Estado discriminó a las mujeres al no considerarlas sujetos de la Reforma Agraria y obligó a muchas que no tenían marido a inventárselo para no perder el derecho a la tierra por la que tan arduamente habían luchado. (Suárez 2006 71)

Para responder a esta falencia, en 1984, con la expedición del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social —Conpes 2109—, se crea la Política Nacional para la Mujer Campesina, que tuvo como gran avance reconocer el papel de las mujeres campesinas como sujetos importantes en el desarrollo rural, además, en 1985, impulsó la formación de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia —en adelante, Anmucic—.

Este “descubrimiento” de la mujer campesina fue el resultado de la conjugación de varios factores: las conferencias mundiales sobre la mujer, la crisis de alimentos que se sentía a nivel nacional e internacional, y los avances de la investigación social que ponía al descubierto la existencia de datos estadísticos que evidenciaban la importancia de las labores productivas de las mujeres rurales y criticaba su posición subordinada en la sociedad. A pesar de su énfasis sobre las condiciones de producción y no sobre el acceso a la tierra, la política tuvo como uno de sus efectos positivos un cierto aumento de las beneficiarias de Reforma Agraria en comparación con los 25 años anteriores. (GMH 2010 313-314)

Estos adelantos se enmarcan políticamente dentro del Plan Nacional de Desarrollo, Cambio con Equidad (1982–1986), en el que se empezó a usar el enfoque productivista (basado en la perspectiva de Mujeres en el Desarrollo —MED—) que buscaba aumentar la participación de las mujeres en el trabajo productivo más que en el acceso a recursos y beneficios del desarrollo. En los noventa, la política continúa en medio del contexto de la descentralización y empieza, a mediados de la década, a integrarse el enfoque de Género en el Desarrollo (GED), que planteaba realizar análisis de las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres (Molyneux 1984; Moser 1991; Young 1991). Los logros de este trabajo llevan a identificar a las mujeres cabezas de hogar como un grupo específico al que se debía prestar atención en cuanto a la redistribución del dinero dentro de las familias. Sin embargo, a pesar de plantearse el Género en el Desarrollo, en la práctica estas políticas siguieron respondiendo a un enfoque productivista, y no contemplaban estrategias o programas específicos para las mujeres rurales. Aunque, con los procesos adelantados por Anmucic, en la Ley 30 de 1988 obtuvieron un lugar para participar en la Junta Directiva del Incora; en esta ley también se planteó por primera vez la posibilidad de titular los predios a nombre de la pareja. Además

[…] se incluyeron disposiciones especiales para la priorización a las mujeres jefas de hogar para el acceso a tierras baldías de colonización y para su participación como socias de empresas comunitarias creadas bajo la Reforma Agraria. Se incluyeron también como potenciales beneficiarias a mujeres solteras sin niños.
(Meertens y Pinto 2009 11)

Estos importantes adelantos para la visibilización de los derechos de las mujeres rurales se retomaron en la legislación posterior, como en la Ley 160 de 1994, en la que se reafirmó la posibilidad de que las mujeres fueran beneficiarias de los procesos de reforma agraria en el país y se hizo explícita la oportunidad para que las campesinas viudas, jefas de hogar o abandonadas, pudieran tener adjudicaciones y titulaciones; se persistió en la necesidad de que en los casos que aplicara la titulación se hiciera de manera conjunta a la pareja sin tener en cuenta su estado civil. En esta ley, los grupos de mujeres en situación de desplazamiento —como por ejemplo las mujeres de Valle Encantado y la comunidad de Nuevo Horizonte, en Córdoba— vieron la oportunidad de obtener nuevamente tierra para su sobrevivivencia y la de sus familias, por medio del sistema 70/30 que proponía la ley desde una concepción eficientista y de modernización de mercados; esta consistía en que el Estado cubría el 70% del valor de la tierra, pero los grupos particulares tenían que hacerse cargo del otro 30%. Los intereses del crédito fueron creciendo con el tiempo, y actualmente la deuda no ha podido ser cubierta tanto por las dificultades para hacer producir la tierra a niveles rentables, como por las condiciones que el conflicto armado ha impuesto en los territorios. Esto ha hecho que este sistema progresivamente se haya vuelto un factor que está generando nuevos desplazamientos, ahora no solo por la guerra, sino por la imposibilidad económica que las mujeres tienen para saldar la deuda. Además, la condonación de estas deudas es una forma y una exigencia de reparación frente a las pérdidas materiales, familiares y de estabilidad emocional que han sufrido por los múltiples desplazamientos forzados que tuvieron que experimentar estas mujeres víctimas del conflicto (GMH 2010).

En este contexto se crea la Ley 731 de 2002 o Ley de Mujer Rural, que presentó avances en términos de especificar prioridades para las mujeres rurales en el acceso a sus derechos: créditos, seguridad social, capacitaciones, titulaciones y participación en los ámbitos de decisiones. Sin embargo, ha sido un instrumento al que no se le ha dado el cumplimiento que merece, lo que lleva a la lucha de las organizaciones de mujeres buscando maneras de movilización (Arenas Saavedra y Collazos Naranjo 2010), intentos que se vieron afectados por la fuerte represión, amenazas, asesinatos y exilio de mujeres líderes de Anmucic.

Dada la importancia de la Ley de Víctimas, aprobada el 24 de mayo del 2010, se retoman sus propósitos y los esfuerzos para su aplicación¹³, en el apartado sobre normas para los procesos de restitución, especialmente en su artículo 117, en el cual se da prioridad a los beneficios consagrados en la Ley 731 de 2002, además en sus principios generales se hace explícito tener en cuenta un enfoque diferencial para los propósitos de reparación integral y restitución de tierras. Es necesario entonces seguir haciendo seguimiento a esta Ley que integra tan importantes temas para el país.

Las mujeres y el territorio: organización y resistencia

[…] la tierra tiene para las mujeres una dimensión profunda y múltiple, que da sentido a su vida y a su papel frente al grupo familiar.
Osorio pérez y holmes 2010 9

El trabajo que se realizó con las mujeres también puso en evidencia que la tierra tiene además relevancia como espacio de dimensiones sociales, culturales y políticas, en las que se construyen y vivencian los regímenes de género, por lo que es necesario ampliar el análisis al vínculo de las mujeres con el territorio.

[El territorio] perfila como el ámbito a la vez físico, social y simbólico en el cual cobran consistencia y sentido colectivo las experiencias individuales, los conocimientos acumulados y los valores compartidos. Se deja entrever como una trama cognitiva compartida, como la memoria colectiva de la sociedad misma que le proporciona a cada uno de sus miembros las llaves imprescindibles para entender cómo ubicarse en el espacio, en el tiempo y en el cuerpo social y cómo proyectarse en el futuro. (Osorio Pérez 2009 18)

En este orden de ideas, la construcción de la identidad regional de la costa Caribe se relaciona con la construcción de las identidades de las mujeres en lugares como Córdoba, Sucre y la región de Montes de María, en los compases de las dinámica de poblamiento y en los distintos conflictos que se han ido presentando, referidos a los procesos de migración, al desarrollo de élites políticas que reestructuran las dinámicas de poder en medio de una región con dificultades económicas permeadas por elementos del narcotráfico que se filtraron en las compras de tierras (Zambrano 2004 472). En medio de estos procesos, es necesario preguntarse y visibilizar los lugares y acciones de las mujeres,

[...] además de su presencia comprobada [la de las mujeres] en la producción material y espiritual e inicialmente en la toma de decisiones, antes de la llegada de los invasores europeos, han sido gestoras del funcionamiento de las estructuras familiares, las relaciones personales y el cuidado de la vida […] Las mujeres jugaron un rol protagónico en el poblamiento en el Caribe colombiano, que conllevó múltiples procesos adaptativos en los que ellas incidieron, contribuyendo a la creación de las culturas nativas que se establecieron en la Región, en la consolidación de las grandes civilizaciones aborígenes, en las acciones de resistencia indígena contra la invasión española, en las gestas libertarias contra el colonialismo y en la conformación de la República; pero también y sobre todo en la construcción de los entramados sociales que fueron el fundamento de la vida colectiva de pueblos y ciudades, desempeñándose como socializadoras de las nuevas generaciones, integradoras de la parentela y garantes del funcionamiento de la estructura familiar. (Solano Suárez 2006 245-246)

Desde estos lugares y espacios de acción las mujeres en Córdoba, Sucre y la región de Montes de María, también se han entretejido en una serie de relaciones recíprocas en el espacio físico —la tierra— con la construcción de una memoria individual y colectiva regional, que se va creando a la par con las propias identidades. En el territorio se desarrollan una serie de recursos, en palabras de Flor Edilma Osorio (2009), un patrimonio social que encierra y genera a la vez capitales materiales, sociales, simbólicos y culturales que se comparten y propician las posibilidades de creación de acciones colectivas —procesos organizativos— que reafirman las identidades singulares y colectivas, las cuales expresan las relaciones que se dan entre todos y todas con los recursos que se tienen.

Podría pensarse entonces que cuando se ejerce una estrategia como la del desplazamiento forzado —como la que experimentaron las mayor parte de las mujeres que participaron en la investigación— se generan rupturas que implican reconfiguraciones a las identidades y a los procesos organizativos, haciendo que

[...] la reconstrucción territorial adquier[a] una prioridad vital, que se constituye con frecuencia en el objetivo material, hacia el cual se dirigen sus acciones colectivas. En dicha construcción territorial se tejen las interacciones sociales desde las cuales se le da sentido y utilidad a los recursos buscados y adquiridos. (Osorio Pérez 2009 36)

Un ejemplo se encuentra en el trabajo adelantado por las mujeres en María La Baja, quienes se constituyeron como organización y como comunidad luego de procesos de desplazamientos forzados; su objetivo central ha consistido en tener tierra para trabajar, recobrar su autonomía y encontrar estabilidad en sus cotidianidades.

[A]nhelamos un pedazo de tierra porque donde estamos no era de nosotras y conseguimos un señor que nos está vendiendo 90 hectáreas, pide a millón quinientos, nosotras hemos solicitado al Ministro de Agricultura, a la Umata, a la Alcaldía y nos manda para Incoder, allá tuvimos una experiencia el año pasado cuando salieron las coberturas y muchos requisitos que no podemos cumplir, entonces en vista de esto, nosotras nos damos cuenta que el gobierno tiene su concesión ahí en Incoder, nosotras nunca vamos a lograrlo, que Incoder nos apruebe el crédito, entonces estamos tocando puertas, llegamos a otra organización que hace presencia en la zona, nos dijeron que iban a hacer un proyecto de 30 hectáreas y que contáramos con eso, que todavía no se ha dado pero que él nos iba a ayudar con 30 hectáreas, pasamos también una solicitud a la Pastoral Social, el padre dijo que le hiciéramos un proyecto más o menos nos dijo como, buscamos la asesoría con Movimiento por la Paz, lo hicimos, se lo llevamos, lo mandó para España y estamos esperanzados y seguimos tocando puertas porque sabemos que con Incoder no vamos a conseguir¹⁴.

Este testimonio evidencia cómo, a pesar de la legislación existente sobre los apoyos y la restitución que las instituciones deben brindarles a las mujeres, se siguen poniendo obstáculos que generan nuevas victimizaciones a las mujeres en situación de desplazamiento que entran en estos procesos, como lo retoma el Auto 092/2008 de la Corte Constitucional, que reconoce como riesgo de género de las mujeres en situación de desplazamiento por haber “[…] [sido] despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles rurales”; como respuesta a esto, ordena la creación de un Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de la Tierra por las Mujeres Desplazadas por parte del gobierno, cuya propuesta, según lo expresa el último informe de la Mesa Nacional de Seguimiento al Auto:

[…] tiene varios problemas. Uno de los más graves es que de los tres componentes¹⁵ […] dos corresponden a la oferta institucional prevista en la Ley 1152 de 2007, y uno, que es el componente nuevo —la creación de una bolsa para subsidios destinados a las mujeres desplazadas—, se fundamentaba en el sistema de subsidios creado por la misma Ley 1152. Esta Ley fue declarada inexequible, y por ello todos los componentes del programa carecen de sustento jurídico” (Mesa Nacional de Seguimiento al Auto 092 2010 71).

Así, las vulnerabilidades que sufren las mujeres a causa del conflicto armado se siguen complejizando y ampliando, pues no existen medidas eficaces para su acceso equitativo y real a la tierra. Habría ahora que seguir atentamente como se llevarán a la práctica las medidas que se establecen en la recientemente aprobada Ley de Víctimas.

Frente a estas dificultades —a las que han de sumarse también los asesinatos y amenazas—, las mujeres siguen organizándose; no han estado exentas a esta movilización las mujeres rurales costeñas, quienes han empezado a ejercer una manera de apropiarse del territorio, de su territorialidad¹⁶. Expresan formas de habitar y significar el territorio, y mantener y/o modificar los regímenes de género familiar, comunitaria y regionalmente, como lo ha comenzado a conseguir la lucha constante de una líder Embera en Córdoba con el fin de generar procesos para la subsistencia y la posibilidad de retornar al territorio. Por medio de este proceso, la líder ha logrado reconocer otras capacidades y metas, y mostrar otro papel que las mujeres indígenas pueden tener dentro de sus comunidades.

[…] después de lo ocurrido quiero tener tierra propia para las mujeres, tierra titulada, varias casas para mis comunidades, proseguir hacia adelante, terminar mis estudios, tener recursos económicos para mejorar la calidad de vida de mi familia y la mía, hacer un curso en inglés para dialogar con los gringos en otro país, para enseñarle a mi comunidad, principalmente a las mujeres y a los jóvenes. Tenemos que ser mujeres berracas¹⁷ para seguir hacia delante porque […], nosotras somos más fuertes que todos, que los hombres porque hay unos hombres que son cobardes, no echarle el agua sucia a los hombres tampoco, pero así es la vida cuando nos toca, nos toca; tratar de olvidar todo lo que ha pasado, aunque eso es muy duro, pero tenemos que hacer el esfuerzo de salir hacia adelante¹⁸.

Pero en lugares como Córdoba, Sucre y los Montes de María, las mujeres también expresan otras formas de relacionarse con el territorio —en su configuración y en el ordenamiento político— que fortalecen las relaciones autoritarias, de dependencia y de corrupción, como sucede con la participación de las mujeres en el sostenimiento de las redes cliente-listas. Estas redes ubican a las mujeres en niveles de incidencia altamente reconocidos para la compra de votos, como el manejo de las campañas y negociaciones. Esta situación se incrementa cuando la mujer comparte un lazo marital o de consanguinidad con los caciques políticos, lo que lleva a que se rompan los parámetros del clientelismo tradicional de la región, puesto que solo se pensaba y visibilizaba el papel de los hombres en estas prácticas, mientras las mujeres actuaban como “garantía” de perpetuación del poder según sus apellidos. Ahora las mujeres han empezado a ser parte de las alianzas político-militares, lo que ha dado paso a un clientelismo en el que las mujeres juegan un rol más protagónico. Sin embargo, a pesar de las rupturas en las estructuras patriarcales políticas, las mujeres siguen siendo supeditadas a la objetivización y discriminación en la cotidianidad familiar y en las lógicas de los actores armados que sostienen y difunden como masculinidades militarizadas hiperviriles (Wills y Rivera 2009c 4).

De esta manera, dadas las especificidades regionales de la costa Caribe y el contexto de conflicto armado que ha ido generando prácticas especificas de relacionamiento mediante el clientelismo, el miedo y la violencia, la

[…] relación histórica entre tierra y violencia, el papel de las mujeres campesinas ha sido sistemáticamente invisibilizado. El derecho de las mujeres a la propiedad ha recibido poco reconocimiento social; el impacto de la violencia les ha afectado desproporcionalmente y la pérdida o el despojo de tierras va muchas veces acompañado por otras violencias (como la sexual) dirigida específicamente a ellas... Por todo ello, las mujeres rurales viven una situación de doble o triple desventaja frente a la reclamación de sus derechos a la reparación, con respecto a las posibilidades de restitución de sus tierras, debido a los riesgos de revictimizaciónen las gestiones de recuperación de su propiedad o posesión. (Meertens 2008 7).

[…] estábamos era de cuidanderos de una parcela y entonces ahí hubo el desplazado. Hicieron amenazas contra varios de nosotros […] eso tenía por ahí, aproximadamente, unas 14 - 16 hectáreas. Como yo casi no le prestaba atención a la cantidad, él tenía ganado y cultivos de agricultura […] Mi esposo sí era el que se dedicaba a eso. Yo me dedicaba a la cocina y a atender el personal nada más. Pero si perdimos todos los enseres que teníamos, lo de los niños. Fue una experiencia muy maluca. Como dice el dicho: ni el toro ni el hijo uno lo decide soltar. Maldecir ahora no me va a resucitar a nadie¹⁹.

Estas desventajas se han estructurando en regímenes de género autoritarios en periodos más fuertes que en otros, en los que se entrecruzan prácticas de conflicto, de resistencias y de decisiones políticas que inciden en la relación de las mujeres con la tierra y el territorio, con injerencias a nivel familiar y comunitario. La estrategia del desplazamiento forzado, en particular, ha implicado reacomodamientos en la cotidianidad, autonomía y proyectos de vida de las mujeres, lo que ha generado cambios en las formas como se relacionan consigo mismas, con el entorno y con las demás personas. En este marco y en el de la exigibilidad de sus derechos a la tierra y al territorio se han desarrollado procesos organizativos en los cuales se han establecido regímenes de género que podrían catalogarse como democráticos, pues cuentan con las posibilidades de concertar decisiones y generar diálogos, pero en otros, siguen predominando rasgos de autoritarismo, relacionados como el monopolio de quién tiene los recursos, la incidencia que se tiene en los niveles de participación y toma de decisiones a nivel regional.

Entonces la gente llego así y mientras la gente estaba ahí metidas en cambuches²⁰ ahí sin nada que hacer, aunque había mucho por hacer, los hombres todas las tardes se reunían para conformar una acción comunal, para así tocar puertas para así pedir las ayudas y todo y salían era peleando. En una de estas reuniones participaron las mujeres, y entonces en vista de que los hombres no se pusieron de acuerdo una de ellas, Dolores Díaz dijo, “yo quiero participar también porque no dejan que las mujeres participemos también en la acción comunal nosotras queremos hacer algo” y le contesto el señor: “ustedes para qué van a servir si ustedes lo único que sirven es para estar con el trasero pegado la silla y que uno las mantenga” eso fue una bofetada que le dio ese señor a las mujeres porque esa misma tarde salieron las otras compañeras, casa por casa a decirle a las demás compañeras: “mujeres mañana en la tarde tenemos una reunión, vamos a reunir-nos porque nos vamos a organizar si los hombres no pueden nosotras si vamos a poder”²¹.

A partir del deseo de organización, las mujeres de esta comunidad de Córdoba empezaron a indagar y buscar organizaciones y líderes mujeres que las pudieran formar, a manera de ilustración, la Corporación María Cano y las mujeres de Valle Encantado. Como resultado crearon la Asociación de Mujeres La Esmeralda, en la cual han gestionado proyectos de seguridad alimentaria, saneamiento básico, y proyectos agroecológicos para la comunidad; también se han integrado en la lucha por el logro de la titulación de sus tierras, que les fueron entregadas mediante la Ley 160 de 1994. A pesar de estos posicionamientos de las mujeres, “Los hombres […] ellos se recogieron, ellos no les gusto de mucho pero que las mujeres nos tocó trabajar solas los proyectos porque los hombres no querían trabajar, ellos no querían ser mandados por las mujeres”²². La resistencia de los hombres desencadenó el aumento de la violencia intrafamiliar y llevó a algunas mujeres a salirse de la Asociación, sin embargo las mujeres siguen con su trabajo comunitario que, al pasar el tiempo, ha comenzado a tener importantes reconocimientos.

A manera de conclusión

De acuerdo al análisis de las narrativas de las mujeres sobre los impactos del conflicto armado en sus vidas y sus procesos organizativos en busca de sus derechos al acceso y tenencia de la tierra es posible pensar que, dependiendo de los regímenes de género en estos lugares, las desigualdades de poder -algunas expresadas con violencia-se mantienen en regiones como Córdoba, Sucre y los Montes de María, y son narradas por las mujeres que hablaban de una eterna violencia sufrida desde su infancia. En sus narrativas podemos encontrar los distintos tipos de violencia a la que son sometidas estas mujeres: violencia sexual y maltratos; falta de acceso a la educación porque, según la cultura “eso no era para mujeres”; la obligación de acudir al matrimonio para escapar de la violencia, pero en el intento de escape, se encuentran con una del mismo tipo, a la que se suma, además, el conflicto armado, que alcanza tales dimensiones de violencia que opaca en ocasiones esa que se vivía con aquel que se decía amar. Estas mujeres campesinas vivían la violencia en lo privado y lo público, lo que evidencia que esos dos lugares no eran dicotómicos u opuestos, pues para ellas ambos eran violentos.

Esas violencias las llevaban a encontrar fuerzas para buscar otros espacios fuera de lo privado y doméstico, y, si bien a causa del desplazamiento, la viudez y la sobrevivencia encontraron en la vida organizativa un lugar donde podían conciliar sus deberes familiares con la ayuda comunitaria, sus reivindicaciones y denuncias políticas, les costó a muchas “ojos colorados”, separaciones y largas conciliaciones con sus compañeros.

Sin embargo, no todas las mujeres han guardado silencio respecto a estos temas, y han encontrado en los procesos organizativos la posibilidad de tener voz y resonancia en las memorias colectivas. Desafortunadamente, ser víctimas de la violencia como viudas, madres, hijas, hermanas, esposas o como víctimas directas de amenazas, violencia sexual o tortura, ha sido un elemento de apalancamiento para que sus recuerdos, expresados también en sus cuerpos, movilicen procesos de exigibilidad de los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación; donde la posibilidad de reconstrucción de las memorias de los hechos que han sucedido en el país, especialmente con el despojo y abandono de tierras, a partir de estrategias como el desplazamiento forzado, y evidenciando las violencias que en esos procesos se han dirigido específicamente hacía ellas. El papel que han desempeñado en los movimientos campesinos también les ha costado a las mujeres ser victimizadas nuevamente. Dada la ausencia de material escrito, se deben recobrar las memorias desde sus actoras directas, para “que cante la gallina, no solo el gallo”. Por eso es necesario seguir visibilizando el trabajo, el lugar y la fortaleza de las mujeres rurales, porque su reconocimiento implica no solo la incorporación de sus necesidades prácticas y estratégicas en las legislaciones, sino que progresivamente se vayan logrando cambios en los regímenes de género de la sociedad respecto a la manera en que se han concebido y situado a estas mujeres.

Para lograr dicho reconocimiento hay que facilitar que estas memorias de las mujeres sean contadas por y desde ellas, que su voz como mujeres emerja para reconstruir las huellas que han sido borradas de la historia. Tal reconocimiento posibilitaría que otras memorias subalternas se integren en las narrativas de las memorias colectivas. Sin embargo, surgen interrogantes como, ¿quiénes son los que deben acompañar estos procesos? ¿Quiénes lo hacen juegan un papel de facilitadores o están interfiriendo en lo que las mujeres desean contar? ¿Hasta dónde esas memorias construidas son propias de las mujeres y no de quien acompaña los procesos? Tales interrogantes son relevantes, en el sentido ético, a tener en cuenta en el trabajo con las comunidades que son víctimas del conflicto armado.

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¹ Para Elizabeth Wood (2010), estos repertorios de violencia se refieren al “[...] conjunto de prácticas violentas que un grupo armado lleva a cabo rutinariamente mientras hace reclamos a otros actores políticos o sociales. Un grupo particular puede incluir en su repertorio alguna o todas las prácticas siguientes: secuestros, asesinatos, masacres, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado, etc.”.

² Los resultados de este trabajo están consignados en el informe del Grupo de Memoria Histórica, “La Tierra en Disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la costa Caribe 1960-2010”.

³ La región de Montes de María, también conocida como la serranía de San Jacinto, se encuentra conformada por ocho municipios del departamento de Sucre: San Onofre, San Antonio de Palmitos, Morroa, Ovejas, Chalán, Colosó, Toluviejo y Los Palmitos, y siete municipios del departamento de Bolívar: Córdoba, Zambrano, El Guavio, El Carmen del Bolívar, San Juan de Nepomuceno, María La Baja y San Jacinto.

⁴ Esta expresión se utiliza teniendo en cuenta que “[…] en una sociedad en conflicto, la guerra produce un cierto tipo de orden fundado en la polarización. Esa polarización se despliega no solo en los campos de batalla sino que también deja su impronta en todos los espacios de la vida en sociedad” (GMH 2009 35). Véase también Samayoa 1990.

⁵ Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Línea de Tierras y Conflicto. Testimonios mujeres campesinas, grupo focal V, agosto del 2009.

⁶ Este término se construye a partir de dos fuentes que se complementan. La primera, del trabajo de María Emma Wills (2008) en el que define a los arreglos de género como regímenes en tanto no son procesos consensuados, sino impuestos por desenlaces contingentes de luchas entre actores con distintos grados de poder; el segundo, de Marta Bello y Ricardo Chaparro, que define arreglos diferenciales como “[…] los pactos sociales, legales e informales, que asignan roles, estatus y prácticas diferenciadas a cada aspecto que imprime una diferencia tanto en la identidad como en la experiencia individual y/o colectiva en cada ámbito de interacción” (2009).

⁷ Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Línea de Tierras y Conflicto. Testimonios mujeres campesinas, grupo focal V, agosto del 2009.

⁸ Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, que con la Ley 812/03: Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 se convirtió en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -en adelante, Incoder-.

9 Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Línea de Tierra y Conflicto. Testimonios mujeres campesinas, grupo focal V, agosto del 2009.

¹⁰ Como lo muestra ampliamente la obra de Fals Borda, 2002.

¹¹ Para ampliar información véase Informe Presidencia de la República de Colombia, 2005 y Sección Nación, Revista Semana lunes 18 de enero del 2010, cuya referencia se encuentra en la bibliografía de este documento.

¹² Desde aquí y hasta finalizar el apartado de regímenes políticos se han retomado insumos de la obra de Meertens y Pinto (2009).

¹³ Proyecto de Ley n.^o 213 de 2010 Senado–107 de 2010 acumulado en el Proyecto de Ley n.^o 805 de 2010 Cámara.

14 Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Línea de Tierra y Conflicto. Testimonios taller de memoria, Cartagena, octubre del 2009.

¹⁵ “[…] la propuesta del programa se centra en facilitar el acceso de la propiedad de la tierra durante la etapa de restablecimiento, esto es, durante los procesos de retorno o reubicación. En este ámbito se proponen tres componentes: 1. Asesoría jurídica, 2. Titulación de Baldíos, y 3. Convocatorias públicas mediante bolsas especiales de recursos” (Mesa Nacional de Seguimiento al Auto 092 2010).

¹⁶ Para ampliar véase Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación 2010.

¹⁷ Una persona destacada, sobresaliente, talentosa o práctica, valiente.

¹⁸ Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Línea de Tierras y Conflicto. Testimonios taller de memoria, Cartagena, septiembre del 2009.

¹⁹ Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Línea de Tierras y Conflicto. Entrevista mujeres, junio del 2009.

²⁰ Vivienda provisional que usualmente se construye usando los materiales que existan a la mano: palos, tejas, plásticos.

²¹ Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Línea de Tierras y Conflicto. Entrevista mujeres, septiembre del 2009.

²² Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Línea de Tierras y Conflicto. Entrevista mujeres, septiembre del 2009.

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Leyes y decretos

Ley 160 de 1994. “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino”. Congreso de la República de Colombia. Publicada en el Diario Oficial no. 41.479 del 5 de agosto de 1994.

Ley 731 de 2002 o Ley de Mujer Rural. “Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales”. Congreso de la República de Colombia. Publicada en el Diario Oficial no. 44.678 del 16 de enero del 2002.

Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas y de restitución de tierras. “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Congreso de la República de Colombia, 10 de junio del 2011.

Decreto 2002 de 2002. Por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación y consolidación, 2002. Ministerio del Interior. Diario Oficial 44.930. http://www.secretariasenado.gov. co/senado/basedoc/decreto/2002/decreto_2002_2002. html (último acceso: 13 de marzo del 2005)

Auto 092. “Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado”, del 14 de abril de 2008. Corte Constitucional de la República de Colombia, Segunda Sala de Revisión.