Forum. Revista Departamento de Ciencia Política

El escenario nacional: los discursos negacionistas en la dirección del CNMH

Como planteamos en la introducción, la puesta en marcha del acuerdo de paz en un gobierno de derecha ha generado una serie de desafíos técnicos y políticos para su implementación que han tenido un lugar en las disputas por la memoria y por el tipo de pasado que quiere recordarse.

Desde la implementación del Sistema Integral para la Paz ¹¹ , el gobierno de Iván Duque ha utilizado diferentes estrategias para su deslegitimación. La más cotidiana ha sido la afirmación pública en medios de comunicación, redes sociales y eventos de gobierno, de que el Sistema funciona mal y es sesgado. Estos juicios han sido dirigidos especialmente contra la JEP, acusada de ser innecesaria y poco imparcial, pues se le endilga de estar a favor de las extintas FARC.

La Comisión de la Verdad ha recibido ataques directos a través de pronunciamientos y declaraciones. El presidente de esta, el sacerdote Francisco de Roux, así como los diez comisionados que conforman su plenario, han sido objeto de interpelaciones sobre sus capacidades técnicas para la misión asignada y sobre sus posiciones políticas. Al menos seis de ellos, incluyendo al padre Francisco, han sido tachados de comunistas, pro-FARC, Castrochavistas, y otra serie de apelativos que van en consonancia con los discursos de construcción de enemigos que se han popularizado en el país y en el continente en las últimas décadas ¹² . Adicionalmente, a inicios del 2022 hubo una polémica por comentarios del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien se refirió a los “altos e innecesarios” costos que genera esta entidad para el país (Las cuentas de la Comisión para llegar a la verdad, 2022).

El presupuesto ha sido uno de los caminos usados para torpedear las acciones de esta entidad y, en general, del Sistema Integral. Uno de los funcionarios encargados de las finanzas de la Comisión de la Verdad, Mauricio Katz, explicaba a propósito de la polémica desatada por el ex presidente Uribe Vélez que, en los años de funcionamiento de la Comisión, esta recibió treinta o cuarenta por ciento menos del presupuesto que solicitaron, lo que ha tenido efectos en los procesos y actividades misionales de la entidad (“El costo de la impunidad”: polémica por el presupuesto de la Comisión de la Verdad, 2022). Así pues, aunque no se niega la posibilidad de trabajo de este mecanismo transicional, sus acciones sí se limitan al restarle capacidad de maniobra.

Pero, más allá del presupuesto y de las declaraciones que intentan deslegitimar esta entidad, el escenario más claro de la posible ola de negacionismo que vive el país es la disputa por el pasado con el nombramiento del director del CNMH. Con la renuncia de Gonzalo Sánchez, quien se desempeñó como director de esta entidad desde sus inicios, el CNMH se convirtió en el bastión del gobierno de Duque para hacerle frente a las acciones de la Comisión de la Verdad y para revisar lo que afirme su informe final.

Luego de proponer dos nombres de personas abiertamente contrarias al acuerdo de paz y cuestionadas por sus trayectorias académicas ¹³ , fue elegido el historiador Rubén Darío Acevedo Carmona, profesor jubilado de la Universidad Nacional de Colombia, conocido por sus posturas en contra del acuerdo de paz y que algunos denominan como negacionistas del conflicto armado. Más de ochenta organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos firmaron una carta pronunciándose en contra del nombramiento, hubo una polémica en redes sociales, académicos y académicas se pronunciaron en contra, pero a pesar de ello, la dirección de Acevedo en el CNMH se mantuvo.

El nombramiento de Acevedo puso de frente la importancia de la memoria para el proceso transicional y estableció claramente la disputa por esta. De acuerdo con Wills (2022, p. 85), académica y ex integrante del comité asesor del CNMH, lo que se hizo con esta entidad fue convertirla en una productora de contra-memorias dirigidas especialmente a deslegitimar o descartar lo dicho por las entidades del Sistema Integral para la Paz.

Ahora bien, lo interesante del caso de Acevedo no está solamente en sus posiciones políticas previas al nombramiento como director del CNMH, sino en lo que ha acontecido con su dirección. Por un lado, el discurso contrario a la existencia de un conflicto armado en Colombia ha tenido que ser matizado por Acevedo y ajustado a lo jurídico. En varias entrevistas, el historiador afirmó que no puede ser juzgado por sus posiciones anteriores y que, como funcionario público, se ceñirá al papel que le endilga la ley. En sus palabras,

Para tranquilidad de las víctimas quiero aclarar que, por filosofía, por estipulaciones de la función pública y por experiencia en mi vida académica, no mezclaré ni afectaré la recolección de sus memorias con mis opiniones personales. Como alto funcionario del Estado habré de respetar y de garantizar la inviolabilidad de los testimonios, se traten de víctimas de los grupos paramilitares, de los grupos guerrilleros o de agentes del Estado que hayan abusado de la autoridad (Acevedo, el negacionista del conflicto que dirigirá Memoria Histórica, 2019).

Lo jurídico y la racionalidad burocrática han sido usados como argumentos para señalar que no importan las posiciones políticas a la hora de asumir el cargo. Lo paradójico es que, pese a sus declaraciones, el guion previamente construido para el Museo Nacional de la Memoria se vio alterado por las posiciones de Acevedo, quien retiró voces y transformó piezas, “argumentando en unos casos que las consideraba ‘panfletarias’; en otros, porque juzgaba las metáforas de cuerpo, agua y tierra como faltas de rigor; y censuró palabras que no encontraba adecuadas” (Wills, 2022, pp. 79-80). Esto, como lo narra Wills (2022), llevó a que la JEP estableciera medidas cautelares sobre los archivos y el guion de este museo. Adicionalmente, varias directoras del Museo han renunciado, una de ellas argumentando las dificultades para cumplir con su labor por el relacionamiento con Acevedo y su equipo ¹⁴ . Y alegando la necesidad de una memoria plural, se han incluido piezas sobre los veteranos de la fuerza pública (Wills, 2022, p. 168).

El caso de Acevedo tiene otra particularidad. Si bien el CNMH tiene como responsabilidad investigar lo ocurrido en el conflicto armado a través de la memoria histórica, el director decidió, para darle imparcialidad a su mandato, lanzar una convocatoria con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) para que sean los proyectos financiados los que se encarguen del proceso de investigación ¹⁵ . La convocatoria fue lanzada en el 2019 y los resultados de las investigaciones seleccionadas esperan conocerse en el transcurso de 2022, coincidiendo con la entrega del informe final de la Comisión.

El lanzamiento de la convocatoria pone otro acento en este caso: la búsqueda de neutralidad bajo la premisa del conocimiento científico. En varias declaraciones se argumentó que esto dotaría de neutralidad y legitimidad y que permitiría la democratización de la memoria. En una nota periodística publicada en el portal del CNMH, el director aseguró: “Le damos más legitimidad a los conocimientos en la medida en que en el esclarecimiento de los problemas nacionales intervengan grupos calificados por entidades respetables, que tienen autoridad en la materia” (CNMH y Minciencias abren convocatoria para democratizar la construcción de memoria, 2020).

La convocatoria tuvo varias polémicas porque se acusó al CNMH de estar tercerizando sus funciones. También se alegó que el llamado a la neutralidad científica era otra manera de deslegitimar los trabajos de la anterior dirección y de poner en duda sus hallazgos. Este llamado cuestiona las metodologías con las que se ha construido memoria histórica en el país e, incluso, vuelve a las discusiones que asumían a la memoria como un campo poco riguroso. Los centros académicos que trabajan en dicho campo han planteado reflexiones teóricas, políticas y éticas derivadas de todo este proceso.

Como cierre de este apartado, el último elemento que destacamos de los discursos de Acevedo son sus declaraciones acerca de que la memoria es plural y que esto puede justificar la inclusión de voces de sectores como la fuerza pública o gremios económicos como el ganadero, que tiene investigaciones abiertas por sus vínculos con grupos paramilitares y por la financiación de la guerra para favorecer el despojo. Al respecto, llama la atención cómo la idea de la pluralidad de las memorias implica un “todo vale” en su inclusión, pero advierte el peligro de repetir como un lugar común la idea de pluralidad.

Si bien la memoria colectiva debe catalogarse como plural (Jelin, 2017), ello no significa un equilibrio entre las voces que allí se escuchan o que estas se recopilen sin intención política. Como en toda relación social, la producción de memorias no se escapa de las relaciones de poder y, en ese sentido, priorizar voces de sectores poderosos puede subordinar las voces de las víctimas, especialmente de aquellas que están en una relación desigual. La construcción de memorias colectivas en procesos transicionales como el colombiano, implica pensar, como propone la profesora Uribe (2003) que,

Si existe una memoria colectiva en la cual los diferentes actores armados y civiles puedan reconocer su verdad, confrontada y matizada con otras verdades, y donde los sujetos puedan verse como elementos constitutivos de esa historia común (que se reitera, ya no será una historia de héroes y villanos, de glorias y fracasos, sino de gentes corrientes atrapadas en los laberintos de las guerras y las violencias endémicas), es posible que de allí pueda surgir un discurso público que posibilite aquel ajuste de cuentas, así como alguna forma de reparación y justicia para las víctimas (p. 19).

No se trata de asumir la pluralidad de las memorias como un repositorio de voces sin aparente intencionalidad política. Se trata de reconocerla como un proceso complejo, con efectos sociales, que puede impactar de múltiples modos a las víctimas y que, cuando se trata de la construcción de memorias ejemplares —necesarias para nuestras sociedades en transición—, siempre hay que reconocer un principio ético fundamental:

Si la puesta en escena del dolor y el sufrimiento propios y la confrontación con el ajeno no tiene propósitos curativos, es decir, si no tiene una orientación hacia el aprendizaje social para transformar las condiciones que hicieron posible el drama político que golpeó a las víctimas y envolvió a los victimarios, se pierde el carácter liberador de las memorias biográficas puestas en público y las sociedades pueden quedar encerradas en el laberinto de los espejos. Un laberinto donde la víctima de ayer es el victimario de hoy, en una cadena semejante a la de la serpiente urubouros que siempre se muerde la cola hasta su total aniquilación (Uribe, 2003, p. 22).

Negar la violencia: los discursos en torno al secuestro y las ejecuciones extrajudiciales

El actual proceso transicional y las instituciones creadas para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, han puesto en circulación varias narrativas sobre lo ocurrido durante el conflicto armado. Las voces de las víctimas han vuelto a la escena pública para contar su dolor, pero también para exigir y reclamar sus derechos. También han emergido las memorias de los responsables de la violencia, de los victimarios, quienes han contado versiones de lo sucedido y han abierto nuevas preguntas y debates sobre el conflicto armado.

Correal (2021), profesora de la Universidad de los Andes, propone que “el negacionismo puede estar en todos los actores del conflicto”. Esto, aunque pareciera obvio, es importante recordarlo, pues, aunque el escenario nacional popularizado por el caso de Acevedo y el CNMH ha puesto el debate sobre el negacionismo, este puede leerse en otras escenas. Justamente, las declaraciones públicas de algunos militares de alto rango vinculados a las ejecuciones extrajudiciales cometidas entre el 2002 y el 2008, y las de algunos ex combatientes de las FARC sobre el secuestro, han puesto en el centro de la discusión los discursos de corte negacionista y justificatorios de la violencia.

Mario Montoya, general retirado del Ejército colombiano y comandante de este entre el 2002 y el 2008, se acogió a la JEP para, desde allí, tener su proceso judicial. El 13 de febrero de 2020, afirmó lo siguiente en una audiencia,

Me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, estrato uno. Ya no va el estrato 2 ni 3 ni 4. Nos toca, voy a hablar con el corazón aquí como comandante, nos toca enseñarles a ver cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos, esa es la calidad. (Saavedra, 2021)

Esta afirmación, junto a otras en las que se asociaba la victimización a la pobreza de los soldados, dio la vuelta al país. Hubo indignación en las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, pero también entre soldados que asumieron su responsabilidad ante la JEP y la Comisión de la Verdad. El general no reconoció su responsabilidad en estos hechos, a pesar de que el 78 por ciento de las 6.402 personas asesinadas en ejecuciones extrajudiciales según la JEP se cometió bajo su comandancia, lo que muestra la sistematicidad de la victimización. Según Montoya, él exigió “resultados operacionales, operaciones, no bajas. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar, ni que me enteré que habían matado” (Aguilar, 2020).

Las respuestas de Montoya coinciden con lo que Bieńczyk-Missala señala como causas del negacionismo. Para ella, estos discursos buscan evadir la responsabilidad y se basan en circunstancias externas para justificar sus crímenes al hablar de “la realidad de la guerra, razones de seguridad y la necesidad de defender la soberanía” (2020, p. 20). Esto, además de traer consecuencias legales y técnicas para las instituciones, trae problemas para los procesos de reconciliación que buscan las sociedades en transición.

Desconocer, socavar o minimizar los hechos equivale a faltar a la verdad y hace prácticamente imposible la reconciliación, prolonga la victimización y crea una sensación de peligro. Tolerar o justificar los actos criminales aumenta la probabilidad de que estos actos vuelvan a repetirse, ya sea sobre el mismo grupo de víctimas o sobre cualquier otro grupo minoritario, o sobre los autores, como acto de venganza. (Bieńczyk-Missala, 2020, pp. 25-26)

Otras escenas polémicas han sido las voces de algunos ex combatientes de las FARC sobre el secuestro. Sus declaraciones no niegan la existencia de la violencia, pero sí la minimizan. Basándose en la idea de tener prisioneros de guerra, en muchas declaraciones públicas y privadas se negaban a utilizar la noción de secuestro, pues no reconocían haber cometido tal crimen. La preparación de encuentros por la verdad sobre el secuestro de personas y el reconocimiento público de estos hechos implicó para funcionarios y funcionarias de la Comisión de la Verdad tener un proceso lento, cuidadoso y paciente que ayudara a que los ex combatientes no revictimizaran a las víctimas y aportaran conscientemente a los procesos de esclarecimiento de la verdad y, eventualmente, de reconciliación.

En uno de los autos sobre el caso 001 relativo a los secuestros, la JEP nombró el caso como Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, y decidió hablar de retenciones ilegales para evitar prejuzgar a los comparecientes. En uno de sus autos la sala de reconocimiento de la JEP determinó modus operandi para la puesta en marcha de los secuestros, los atentados a la dignidad humana y el sufrimiento.

La Sala de Reconocimiento [de la JEP] determinó la existencia de un patrón de malos tratos en los cautiverios en todos los bloques de las FARC-EP, que se manifiesta en hechos repetidos en la mayoría de las narraciones de los informes y de las víctimas acreditadas. Se trata de encadenamientos y amarres como forma de castigo y humillación; marchas forzadas sin consideración de sus circunstancias de vulnerabilidad; agresiones físicas y psicológicas con golpes, gritos, burlas, empujones; vulneración total de la intimidad, incluso durante las deposiciones corporales mientras debían ser observadas por guerrilleros armados; la existencia de campamentos donde los encierros eran tales que causaban sufrimiento adicional por hacinamiento, falta de luz, aire e higiene básica; falta de atención en salud, incluso cuando podían brindarla; comida insuficiente y en mal estado. ¹⁶

A pesar de que las FARC reconocieron su responsabilidad en estos hechos, otras voces han hecho uso de formas de minimización de la violencia. Dentro de estas estuvo la del ex canciller de las FARC, Rodrigo Granda, quien planteó que los secuestrados no realizaron trabajos forzados en cautiverio, sino que “pidieron trabajar”. Por su parte, Sandra Ramírez, ex combatiente y hoy senadora de la república por el partido Comunes, dijo que los secuestrados “tenían sus comodidades a medida de las condiciones, su camita, su cambuche, todo” (Sandra Ramírez pidió perdón por decir que secuestrados tenían “comodidades”, 2021).

Aunque los ex combatientes se retractaron, la revictimización a la que sometieron a las víctimas fue sancionada por distintos sectores sociales, y hace parte de los riesgos en los procesos transicionales. De acuerdo con Correal (2021), “los actores involucrados en la violencia le temen a la verdad porque ella desnuda lo que realmente fueron y son”. De ahí que un reconocimiento pleno y no revictimizante de la verdad de lo sucedido pueda aportar, como plantea la comisionada de la verdad Marta Ruiz, a tender reales puentes de humanidad entre víctimas y responsables ¹⁷ . El esclarecimiento de la verdad y la circulación de narrativas de víctimas y responsables, deben ser pensados como procesos cuidadosos en los que pueda analizarse la tensión entre visibilización de la víctima y revictimización (Jaramillo y Delgado, 2011). Se trata de hacer conscientes los riesgos y posibilidades de hacer memoria y de reconstruir verdades.

El propósito de no olvidar es poner los recuerdos, los relatos y las historias al servicio del presente y del futuro; pero la intención ejemplarizante de la historia colectiva o de las memorias ejemplares, como las llama Todorov, implica un largo recorrido, procesos difíciles y llenos de peligros, y demanda una voluntad consensual respaldada por el estado para que pueda llevarse a cabo. (Uribe, 2003, p. 24)

Ahora bien, apelando a la pesadilla de los matices, hay una pregunta que se genera en esta escena. ¿Qué sucede cuando hay memorias que no se reconocen? Especialmente, ¿qué podemos decir acerca de las voces de los responsables que no se consideran verdad?

En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, víctimas organizadas no aceptan voces distintas a las de Mario Montoya o las de los ex presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Para estos sectores, mientras que los altos mandos no reconozcan sus responsabilidades, otras voces de rangos menores no deberían tenerse en cuenta. Esto ha llevado a cuestionar la metodología de “abajo hacia arriba” en el caso 003 de la JEP, que prioriza las voces de los cientos de rangos medios que han confesado su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales para ir escalando y responder la pregunta “¿quién dio la orden?

En el caso de las FARC, aunque ha habido reconocimiento de las responsabilidades por parte del secretariado y de comandantes medios, para algunos sectores sociales y de víctimas esto no es suficiente. Debería haber, para algunos, castigos de corte punitivo, y para otros, una mayor conmoción por parte de los responsables de la violencia. En el encuentro por la verdad del secuestro Verdades que liberen, organizado por la Comisión de la Verdad, Ingrid Betancourt, una de las víctimas de secuestro más reconocidas en el mundo, interpeló a las FARC y propuso lo siguiente:

[…] mientras que nuestra pesadilla sea solamente nuestra, mientras que ustedes no se despierten por la noche con las mismas pesadillas que nosotros, estaremos todavía en la distancia de no poder explicarle a Colombia lo que realmente sucedió. Volver a ser humanos es llorar juntos, algún día tendremos que llorar juntos. (Comisión de la Verdad, 2021)

Aunque las palabras de Betancourt son profundas y su reclamo legítimo y válido, también ponen una pregunta respecto a si, en efecto, esto es lo que es necesario para comprender lo sucedido o para vivir juntos. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales vale la pena considerar si ese reclamo de las víctimas invalida otro tipo de memorias que circulan más allá del primer puesto en la cadena de mando. En ambos casos estamos ante una pregunta respecto a qué hacer cuando las voces de los victimarios no satisfacen los reclamos de verdad.

Una voz que puede dar pistas es la de la politóloga Payne (2008). Para ella, las confesiones de los responsables no necesariamente “ajustan cuentas con el pasado, no las resuelven” (p. 8). En sus palabras,

Las confesiones de los perpetradores inquietan a quienes oyen, a veces por primera vez, detalles perturbadores y espeluznantes de la violencia del pasado. Ellos alteran o rompen el silencio impuesto por fuerzas dentro de sociedades democráticas que desean cerrar el capítulo sobre ese tema. Estas confesiones, sin embargo, no necesariamente revelan verdades sobre el pasado. Son meramente relatos, explicaciones y justificaciones de comportamientos desviados, o versiones personales del pasado. (2008, p. 8)

En ese sentido, el reconocimiento de las verdades o la circulación de las narrativas de los excombatientes, no siempre genera un efecto reconciliador en las sociedades. Al contrario, pueden polarizarlas aún más. Sin embargo, esto no es necesariamente malo, según Payne. Para ella, la coexistencia contenciosa de memorias se refiere a que:

Las pugnas sobre el pasado no desaparecen; permanecen perturbadoras y sin resolverse. Sin embargo, grupos contendientes aprenden a vivir juntos —a coexistir— con sus diferencias irreconciliables en democracias imperfectas. Estos aprenden, a través de la práctica, a utilizar los recursos políticos de expresión para negociar los términos de la democracia. Víctimas y sobrevivientes utilizan las confesiones para avanzar en sus metas particulares hacia la democracia, venciendo frecuentemente grandes obstáculos, incluyendo conflictos internos, en el proceso. Ellos son un argumento a favor de la coexistencia contenciosa como un modelo democrático. (Payne, 2008, p. 14)