Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía

Conflictividad socioambiental: acción colectiva y acción individual

En América Latina un gran número de trabajos se han interesado en la acción colectiva en relación con el medioambiente a través del estudio de los conflictos socioambientales, expresando formas organizadas de ciudadanía medioambiental. En Santiago destacan en este ámbito los trabajos en torno a los conflictos ocasionados por los nuevos rellenos sanitarios (Sabatini y Wormald 2004), en contra de los proyectos de autopistas urbanas (Sagaris y Landon 2017) o a favor de la protección de la Precordillera con el caso del bosque el Panul (Biskupovic 2015), por citar algunos casos. En el enfoque de los conflictos socioambientales se asume que esta oposición es de hecho entre grupos de la sociedad con intereses diversos y que encuentran en estas controversias un espacio para legitimar posiciones, reivindicar derechos, demandar soluciones, oponerse a intereses divergentes de los que sustentan como grupo (Cefaï y Trom 2001); así como expresar o representar relaciones complejas con el medio natural. El conflicto se expresa a través de una manifestación de oposición o de protesta clara frente a un evento que activó una controversia. Puede manifestarse a través de un amplio repertorio de acciones: acción judicial, mediatización o publicización, confrontación o producción de signos (carteles, barreras, entre otros).

Sin embargo, si se revisa la literatura sobre la conflictividad socioambiental y las definiciones que adopta, se observan diversas posturas en relación con la dimensión individual/colectiva y la escala de los conflictos. Se entiende al conflicto socioambiental como una

tensión entre intereses incompatibles, con el medioambiente de por medio, el cual ocurre como consecuencia de la acción de algún agente extraño que altera o pretende alterar las relaciones preexistentes entre una comunidad y su ambiente, o bien, a la inversa, cuando una comunidad decide modificar su vinculación con el ambiente afectando los intereses de alguien más. (Folchi 2001, 91)

Esta conceptualización aborda la dimensión comunitaria, pero no aborda la escala social necesaria para comprender un conflicto como tal, dejando abierta la discusión respecto a la existencia de conflictos socioambientales en la que participen organizaciones menores o ciudadanos individuales (Fontan, Hamel y Morin 2012) hablan de acción colectiva conflictual, y demuestra que la mayoría de los conflictos ambientales son de escala local, incluyendo, sin embargo, a grupos más o menos importantes de personas. Según Muñiz San Martín (2012), el concepto de conflicto ambiental y territorial engloba todo el abanico de disputas sociales de carácter público en las que existe un componente ambiental y territorial central. Es decir, conflictos multiparte (Entelman 2002, 86; Juan 2008) que trascienden a lo individual (Coser 1982) e involucran a acciones colectivas (Santandreu y Gudynas 1998), y que, además, están vinculados con las intervenciones que realizan, promueven o permiten las administraciones o con resolver los problemas colectivos. Sin embargo, en el trabajo de Torre y Caron (2005) sobre los conflictos de uso y de vecindad, la dimensión individual de la conflictividad está incluida, integrando a la vez conflictos entre dos vecinos, y los conflictos de escala mayor entre un gran número de actores por los usos del suelo.

Esta tensión entre acción colectiva y acción individual ha sido muy bien problematizada por Boltanski, Darré y Schiltz en su artículo sobre la denunciación (1984). Destacan que, de la misma manera que en la literatura sobre los conflictos socioambientales, la historia social de la protesta y la sociología se han enfocado en la acción colectiva, dejando de lado las denuncias interpuestas por actores actuando en solitario. Por eso, analizan las cartas enviadas por ciudadanos al periódico nacional francés Le Monde, argumentando que la denuncia pública tiene que ver con la denuncia de una injusticia (siempre presente en la protesta social y política) o la denuncia a un individuo (en el sentido de delación). Se mueve entre lo singular (el caso particular) y lo colectivo (interés general), en forma de continuum. En las cartas de denuncias, cada actor ocupa un espacio en el continuum de lo más singular a lo más colectivo, desde una persona individual hasta un colectivo, institución, entre otros. Se articula alrededor de cuatro actores: (i) el que realiza la denuncia —el denunciante—, (ii) el a favor de quien se realiza la denuncia —la víctima—, (iii) el contra quién se realiza la denuncia —el denunciado—, (iv) el que recibe la denuncia —el juez—. Boltanski, Darré y Shiltz 1984 (1984, 3) buscan construir “un sistema de transformación o, en otras palabras, una gramática, permitiendo dar cuenta de variaciones que afectan los actos de protesta” y la percepción que los demás tienen según si están presentados y recibidos como actos individuales o colectivos. Así, las denuncias, aunque impliquen una dimensión individual, no impide que reflejen una dimensión colectiva asociada.

Lo banal: otra dimensión de la conflictividad socioambiental

Más allá de la acción individual, la cual es como se ha visto imposible aislar completamente de la acción colectiva, se propone el término “banal” para insistir en una dimensión que ha sido poco tomada en cuenta por los estudios sobre el medioambiente urbano y que refiere a lo cotidiano y a lo no-excepcional. Se asimila también en el lenguaje común a algo sin interés, sin importancia, anodino.

El concepto de banalidad no se puede mencionar sin referirse al concepto de “banalidad del mal” desarrollado por Arendt en su trabajo de 1963 titulado Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la banalidad del mal. En este texto, si bien Arendt no da una definición del concepto de banalidad, sino cierra la obra con él, Daniel Rafecas, en su prólogo a la edición en castellano de 1999, lo lee como “algo rutinario y desapasionado” (Arendt 1999, 4). A la controversia que generó el subtítulo de la obra de minimizar los crímenes nazis, Arendt agregó en un post scríptum que fue la “pura y simple irreflexión” lo que lo convirtió en “el mayor criminal de su tiempo” (1999, 171), precisando ahí el concepto de banalidad. Añadió, más tarde, que lo banal no implica que sea algo sin importancia, o algo que se produzca de manera frecuente (Revault d’Allonnes 1998, 8).

Más recientemente, este término de banal o banalidad ha sido usado desde la historia (Roche 1997) y desde los estudios de las movilidades (Binnie et ál. 2007) con otro enfoque, para abordar dimensiones poco estudiadas dentro de estos dos campos. Roche, en una entrevista (Roche y Monjaret 2014), explica que conceptualizó las “cosas banales” como una manera de romper con lo que se agrupaba hasta entonces dentro del término “vida cotidiana”, es decir todas las conductas que no entraban dentro de las grandes descripciones socioeconómicas o que estaban en las márgenes de la descripción de las sociedades. Se interesó en las cosas o los objetos de la vida cotidiana en los siglos XVII-XIX, para analizar cómo los actores sociales se apropiaban de estas cosas, partiendo entonces de su banalidad. Binnie et ál. (2007), desde otro contexto y otra disciplina, pretenden de la misma manera que Roche, alejarse de trabajos sobre las nuevas movilidades, para enfocarse en las movilidades predictibles, habituales, repetitivas, de corta duración y poca distancia. Estos “viajes banales” son parte de prácticas cotidianas que no son extraordinarias, sino que son parte de la manera de habitar el territorio y consolidan un sentido de pertenencia espacial. Por eso no deben ser dejados de lado y descuidados. Cabe destacar que agregan que estas prácticas banales pueden ser y a menudo son realizadas de manera diferente. En ese sentido, lo banal no es sinónimo de homogéneo.

Se pretende, entonces, acercarse a esta dimensión banal de la conflictividad socioambiental a través de un objeto, las denuncias a la Superintendencia de Medio Ambiente y a las municipalidades; y, a partir de aquellas, entender la relación de los actores locales de distintos territorios urbanos con el medioambiente. Se busca una posición alejada de los grandes conflictos, excepcionales, para aproximarse a prácticas más cotidianas, que revelan una relación directa con el territorio.

La ciudadanía performativa: las prácticas ciudadanas banales en materia ambiental

En el contexto urbano son numerosas las quejas por problemas ambientales comunes o recurrentes de parte de la ciudadanía. Estos problemas, característicos de la vida urbana, pueden ser el ruido de los restaurantes, de los servicios, de las obras de construcción, la contaminación por polvo, la contaminación del aire por actividades industriales, la contaminación del agua, los malos olores, la detección de plagas, entre otros. Generan reacciones de la ciudadanía, que se traducen en denuncias.

Los trabajos de Purcell (2003), fuertemente influenciados por la teoría de Lefebvre, proponen el concepto de ciudadanía performativa. La ciudadanía performativa reafirma los derechos de los ciudadanos, al señalar la disyuntiva entre la ciudadanía en teoría y las prácticas cotidianas de la ciudadanía. Esta reafirmación ha sido particularmente relevante a nivel urbano, donde la reestructuración económica, social y política ha dado lugar a reacciones y acciones de los ciudadanos quienes impugnan directamente las deficiencias de la gobernanza democrática. Los reclamos de la ciudadanía performativa expresan las constantes disputas políticas, sociales y ambientales que desafían la marginación impuesta de algunas personas, al tiempo que reclaman derechos. Acorde con Purcell (2003), la ciudadanía debe entenderse críticamente no solo como derechos otorgados por un gobierno, sino también como prácticas a través de las cuales los límites de los derechos establecidos son redefinidos y reafirmados. La ciudadanía performativa no es algo fuera de la ciudadanía constitucional; más bien es un conjunto de acciones, prácticas y reclamos que revelan la brecha entre una supuesta igualdad de ciudadanos individuales dentro de un Estado nación autónomo, y las aspiraciones de formas de gobierno apropiadas, o bien, alternativas.

Los derechos medioambientales ciudadanos se han ido desarrollando para garantizar leyes que protejan y mantengan un medioambiente libre de contaminación, pero también para que garanticen la participación ciudadana, enfatizando la necesidad de diversos grupos afectados por discutir temáticas ambientales (Pulido 1994). La primera es formal en el sentido legal de la justicia, mientras que la segunda enfatiza el derecho a discutir y resistir, a través de prácticas de participación ciudadana y consultas públicas (Kurtz 2005). Además de las formas tradicionales de movilización colectiva, tales como reuniones, manifestaciones, barricadas y reclamos; aparece también una resistencia basada en una cultura subalterna, constituida por actitudes, rumores y gestos que expresa el carácter ciudadano de los habitantes y que insinúa una crítica del poder, mientras se esconden detrás del anonimato o de explicaciones inocuas de su conducta (Scott 2009).

Por lo tanto, analizar las denuncias ambientales, nos permite interrogar esta dimensión performativa y las prácticas de los ciudadanos en temas ambientales, considerando que pueden ser a la vez denuncia de una injusticia o de un individuo. En la sección siguiente, se revisará en detalle estas denuncias ambientales, realizadas a la Superintendencia de Medio Ambiente y a las municipalidades, en el caso de tres comunas.

Contextualización de los datos y presentación de las tres comunas de estudio

La primera fuente de denuncias analizadas son las 2.637 denuncias registradas en la Superintendencia de Medio Ambiente entre 2013 y 2019. Cabe destacar que estas denuncias pueden luego ser o no acogidas y sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente, pero lo que interesa aquí no son las capacidades de fiscalización, sino cuáles, cuántas y dónde las denuncias fueron realizadas, independientemente de que sean ajustadas a las competencias de la institución ambiental o que den lugar, o no, a una sanción. Por lo mismo, varias denuncias pueden referirse al mismo problema. Cualquier persona puede realizar una denuncia en forma virtual o presencial. Según Cordero et ál. (2017), la mayoría de las denuncias están realizadas por personas naturales, sin embargo, pueden ser interpuestas también por organizaciones sociales, ONG o instituciones públicas. En la Figura 1, se observa donde se concentran a escala regional, con una predominancia de las comunas centrales —Santiago, Providencia, San Miguel, Ñuñoa— y del anillo de comunas periféricas precordilleranas —Las Condes, La Florida, Peñalolén, Puente Alto— e industriales —Quilicura, Maipú, San Bernardo—. Corresponden también a las comunas más acomodadas de la ciudad —Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago—.

Si bien parece que recurrir a la institucionalidad ambiental, a la Superintendencia de Medio Ambiente, más específicamente, puede ser menor en algunos sectores de la ciudad, lo que puede referirse a problemas de acceso a la justicia ambiental (Cordero et ál. 2017), no implica necesariamente que los habitantes de estos sectores no denuncien. Por esta razón, es necesario revisar otras bases de datos para completar la información y caracterizar la conflictividad socioambiental banal.

La segunda fuente de denuncias son las que registran las municipalidades. Gran parte de las comunas chilenas cuenta con una ordenanza ambiental, la cual regula los temas ambientales a nivel comunal, pero también describe el funcionamiento de las denuncias ambientales. Estas denuncias se pueden hacer presencialmente, por teléfono o por internet a la oficina municipal de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS). En la Tabla 1, se puede observar, para las doce municipalidades de las cuales se pudo obtener información sobre estas denuncias, que los registros son muy dispares. La comuna de Las Condes, de las más ricas del país, registró más de 70.000 denuncias, entre 2015 y 2018, mientras la de El Bosque, solo dos. Estos datos, más allá del número de denuncias por comuna, ilustran los recursos distintos, tanto económicos como humanos para tratar el tema ambiental (Figura 1).

Se eligió focalizar la investigación en tres comunas: Independencia, Lo Barnechea y San Bernardo, por la calidad de los datos entregados y la posibilidad de georeferenciarlos, así como por la diversidad de las tres comunas. Se observó inmediatamente que, en el caso de estas comunas, el número de denuncias a la municipalidad es muy superior al número de denuncias a la Superintendencia de Medio Ambiente, por lo cual permite acercarse mejor a la dimensión banal de la conflictividad socioambiental (Tabla 1).

Figura 1 : Denuncias reportadas en SMA y municipalidades en periodo (2013-2019 y 2015-2019, respectivamente)

Datos: Transparencia SMA y municipalidades.

Las tres comunas pertenecen a la Región Metropolitana de Santiago. Independencia (100.000 habitantes) es una comuna ubicada en el centro de la metrópoli, con vocación esencialmente comercial y residencial. Lo Barnechea (105.000 habitantes) está ubicada en la zona precordillerana, en la periferia nororiente de la ciudad, por lo cual se divide en una zona urbana y una zona montañosa con actividades mineras. San Bernardo (300.000 habitantes) es una comuna periférica al sur de la ciudad, con vocación industrial y residencial. Las tres comunas de estudio se diferencian por ser de estratos socioeconómicos diversos: Independencia es una comuna de clases media y media-baja; Lo Barnechea es una comuna predominantemente ABC1 (nivel socioeconómico más alto), pero cuenta con barrios populares en su territorio; San Bernardo reúne diversos grupos de medio-altos a medio-bajos. Independencia es una comuna central con densidad alta, mientras las dos otras comunas tienen densidades mucho más bajas, por tener áreas rurales extensas dentro de su territorio comunal. El índice de ruralidad es de 37 % para Lo Barnechea, 31 % para San Bernardo y 8,5 % para Independencia.

En estas comunas, con la excepción de Independencia, se desarrollan o desarrollaron conflictos socioambientales mediáticos en los últimos años, que dieron lugar a movimientos colectivos, marchas, denuncias legales ante los tribunales, entre otros actos de movilización colectiva. En Lo Barnechea, se identificaron dos conflictos mineros (mina de cobre Andina 244 y mina de cobre Los Bronces) y un conflicto por un proyecto inmobiliario en un área de preservación ecológica. En San Bernardo, se pueden mencionar conflictos por la extracción de áridos, una industria química, un exvertedero, un proyecto de bodega de Walmart, un sitio arqueológico, y en sus límites comunales con El Bosque, por un proyecto de planta de hormigón, y con Talagante, por un relleno sanitario. Estos conflictos que han sido mediatizados y han dado lugar a acciones colectivas, son también conflictos característicos de las dinámicas socioeconómicas de cada comuna.

Motivos de las denuncias

Para analizar los motivos de las denuncias, se trataron las dos fuentes de datos (véase tabla 1) de manera separada, asumiendo que representan tipos de denuncias distintas: unas más de proximidad (las municipales) que las otras (Superintendencia de Medio Ambiente). En relación con los datos de la SMA, se observó que, en Independencia, de las seis denuncias registradas, cinco fueron por ruido. En el caso de Lo Barnechea, de las 40 denuncias, casi la mitad (19) fueron por ruido, siete por incumplimiento del sector inmobiliario, cuatro por actividades o proyectos mineros, dos por contaminación del agua, dos por olores, dos por residuos, dos por construcción de caminos, una por extracción de agua y otra por actividad hidroeléctrica. En cuanto a San Bernardo, de las 58 denuncias, 21 fueron por ruidos, once por olores, seis por emisiones atmosféricas, seis por residuos, cinco por extracción de áridos, tres por el proyecto Walmart mencionado previamente, y seis por diversas razones (contaminación del agua, extracción de agua, construcción de caminos, incumplimiento de inmobiliarias y otros). En esta lista surgen dos de los conflictos mediáticos identificados. El primero es el conflicto en contra de la mina Los Bronces de la empresa minera multinacional AngloAmerican, por sus actividades actuales y por su proyecto de expansión de Los Bronces, el cual ha dado lugar a un movimiento social de oposición en la región. Con esta expansión, llegaría a ser la quinta mina de cobre más grande del mundo. Este movimiento busca proteger, entre otros, los glaciares y las fuentes de agua dulce de la zona, y las áreas de protección natural cordilleranas. El segundo es el conflicto por la instalación de un centro de distribución de Walmart en San Bernardo. Constituye el proyecto de logística más grande de Walmart fuera de Estados Unidos, implicando un impacto importante a nivel local, sobre todo por la circulación de camiones, además del impacto en cuanto al ruido, y paisajístico. Ha dado lugar también a una acción colectiva y a recursos jurídicos por parte de vecinos de la zona sur de la ciudad.

En relación con los datos municipales, presentamos los resultados en porcentaje, debido al gran numero de denuncias (Figura 2).

Figura 2 : Motivos de denuncias municipales

Datos: Transparencia Municipalidades (2019).

En cuanto a los motivos de las denuncias relativos a cada comuna, en la comuna de Independencia se registraron un 75 % de reclamos debido a ruidos molestos, un 10 % por contaminación del aire, seguido por denuncias debido a contaminación del suelo, malos olores y residuos tóxicos (4 % cada una). En la comuna de Lo Barnechea aparecen un 57 % de reclamos por ruidos molestos, un 35 % de reclamos por contaminación del agua, y un 4 % de reclamos por contaminación atmosférica y residuos tóxicos, respectivamente. Finalmente, en la comuna de San Bernardo se observa un 23 % de reclamos por ruidos molestos, un 19 % de reclamos por contaminación atmosférica, un 14 % de reclamos por residuos tóxicos y plagas, respectivamente, un 13 % de reclamos por malos olores, y un 6 % de reclamos por diversas actividades productivas y aguas servidas, respectivamente. Mientras en una comuna urbana-central como Independencia prima la conflictividad debido al ruido, la comuna periférica-precordillerana de Lo Barnechea presenta un alto porcentaje de denuncias por ruidos molestos, pero también por contaminación de aguas de uso público, en relación con las características geográficas e hidrográficas de la comuna. En cuanto a los denunciados, la comuna de Lo Barnechea posee múltiples denuncias individuales hacia las mismas empresas, siendo estas principalmente constructoras (TECSA, INARCO, IGS), inmobiliarias (Los Robles, Tiziano) y múltiples oficinas, revelando las dinámicas inmobiliarias de esta comuna periurbana y una probable dimensión colectiva. San Bernardo revela denuncias relacionadas con la vocación industrial de la comuna.

Existen así diferencias en cuanto a los datos de la SMA y de las municipalidades, los primeros siento, en parte, articulados a los grandes conflictos mediáticos, pero demuestran, de la misma manera que los datos municipales, las particularidades de cada territorio. Sin embargo, las denuncias a las municipalidades ilustran preocupaciones más cotidianas, en relación con problemas más cotidianos e impactos locales: ruido, contaminación del agua y del aire, olores, sobre todo.

En las tres secciones siguientes, se describen solo los datos de las municipalidades, ya que son los únicos que se pudieron georreferenciar, para realizar un análisis espacial en relación con el nivel socioeconómico, los usos de suelo y la densidad.

Nivel socioeconómico

Con respecto al nivel socioeconómico de las comunas de Santiago, se tomó de referencia los grupos socioeconómicos actualizados por el Observatorio de Ciudades UC, con el censo 2017, para mostrar las disparidades entre los hogares que habitan estas comunas. Estas categorías separan los segmentos socioeconómicos en alto (ABC1), medio alto (C2), medio (C3), medio bajo (D) y bajo (E). Si bien no se puede relacionar el lugar de ubicación del problema denunciado con un individuo de cierto nivel socioeconómico, esta clasificación ABC1 a D permite definir el nivel del sector donde se realiza la denuncia. Asumiendo que las denuncias municipales son de proximidad, es decir que están realizadas por vecinos o usuarios del sector, permite ver si hay una variable socioeconómica relevante en cuanto a la ubicación de los problemas ambientales denunciados.

La comuna de Independencia concentra los denunciados en las dos zonas presentes en la comuna, de segmento C3 y segmento D, caracterizados por representar hogares de nivel socioeconómico medio y medio bajo. La comuna de Lo Barnechea concentra sus denunciados en zonas de segmento ABC1 y C2, al ser una de las comunas con mayor nivel adquisitivo de la Región Metropolitana. Sin embargo, esta comuna cuenta con zonas de campamentos y poblaciones, como la del Cerro 18, que son zonas C3 y D, las cuales también presentan un elevado número de denunciados. La comuna de San Bernardo concentra sus denunciados en zonas de segmento C3 y D, es decir, zonas con ingresos medios y medio bajos, pero también se destaca en barrios populares y cercanos al centro histórico de la comuna. Así, el nivel socioeconómico no aparece como una variable relevante para entender la localización de los problemas ambientales denunciados.

Uso de suelo y densidad

En relación con el tipo de uso de suelo, se destaca que los denunciados se ubican en su gran mayoría en zonas urbanas mixtas (no en zonas productivas o de áreas verdes). La comuna de Independencia concentra casi la totalidad de sus denunciados en zonas habitacionales mixtas. Sin embargo, muchas de estas denuncias se encuentran en el borde del barrio industrial Lo Ruiz, sector que podría estar ocasionando más conflictos de origen ambiental. En cuanto a la comuna de Lo Barnechea, los denunciados se encuentran principalmente en zonas de uso habitacional mixto. Además, y de acuerdo con la geografía de esta comuna, se genera un alto número de denuncias por contaminación del agua, ya que, al estar inserta en una zona precordillerana, existen muchos cursos de aguas que atraviesan el sector. La comuna de San Bernardo presenta una estructura levemente diferente, al incorporar denunciados que caen dentro de zonas de actividades productivas, considerando que la comuna cuenta con varios parques industriales, pero siguen concentrándose en zonas con uso preferencial habitacional mixto. En resumen, los problemas ambientales denunciados se localizan principalmente en sector residenciales con usos mixtos. Se destacan algunas denuncias en el borde y dentro de zonas productivas, y a lo largo de los cursos de agua.

En cuanto a las densidades, la comuna de Independencia concentra los denunciados en zonas altamente densificadas, principalmente cercanas al barrio Mirador Viejo y a los ejes principales como Avenida Independencia, lo cual explica el 75 % de denuncias por ruidos molestos, y el bajo nivel de denuncias en zonas con baja densidad poblacional. La comuna de Lo Barnechea concentra los reclamos ambientales en zonas principalmente bajas en densidad poblacional, con la excepción de los conflictos que se ubican y colindan el casco histórico de la comuna y a la población Cerro 18, ya que estas zonas presentan una mayor densidad. Si bien las zonas más densas concentran los reclamos por ruidos molestos, otras zonas bajas en densidad presentan una mayor proporción de denuncias por contaminación de cursos de agua, lo que puede explicarse, tal como se mencionó con anterioridad, debido a la cercanía a cursos de agua y quebradas que bajan de la zona precordillerana. La comuna de San Bernardo, al igual que Independencia, concentra sus denunciados en zonas con una elevada densidad poblacional, principalmente en poblaciones y barrios populares de la comuna. De esta forma, la densidad aparece como una variable relevante en cuanto al número y al tipo de denuncias censadas, así como las vías de transporte.