Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura

Modernización, desarrollo, energía y movimientos sociales en las ciudades colombianas: balance historiográfico

La migración masiva de personas hacia las ciudades, empujadas tanto por la precariedad económica como por la violencia y el consiguiente incremento rápido de la población y la informalidad urbanas en el siglo xx son fenómenos que han sido discutidos no solamente para Colombia sino para otros países de América Latina y, en general, en lo que ha sido denominado el Sur Global.² En la historiografía de Colombia se ha señalado cómo precisamente el fenómeno de la urbanización en el siglo xx constituyó uno de los cambios significativos en la historia del país durante las décadas de 1950 y 1960. Es decir, tomando la expresión de Frank Safford y Marco Palacios, Colombia se convirtió durante este período en un “país de ciudades”, con crecimiento de las periferias y de las urbanizaciones informales, especialmente en Bogotá.³

La intensificación de la urbanización en el siglo xx en Colombia ha llevado a algunos autores, como Fabio Zambrano, a rastrear continuidades y rupturas en los patrones de poblamiento y urbanización en la larga duración.⁴ Esta historiografía ha mostrado también cómo la intensificación de la urbanización vino aparejada con la aparición de nuevos espacios urbanos, nuevas formas de construcción, nuevos conocimientos técnicos (la planificación urbana profesionalizada, por ejemplo) y nuevos servicios públicos. También se ha mostrado el vínculo entre estos cambios en la infraestructura física de las ciudades y la aparición de nociones de cultura ciudadana, ciudadanía y democratización.⁵ Por último, dentro de las transformaciones enunciadas por la historiografía como producto de la intensificación de la urbanización también se enuncian los cambios en la vida cotidiana y la cultura, con la creciente producción y circulación de bienes culturales, música, pintura y cine.⁶ Este conjunto de cambios en términos de infraestructura, relaciones sociales, políticas y vida cultural es lo que diferentes corrientes historiográficas han denominado modernización.⁷

Los estudios sobre modernización en Colombia han tendido a establecer relaciones de coproducción y simultaneidad cronológica entre la modernización y la urbanización, y efectivamente es posible ver cómo estos procesos se traslapan. A mediados del siglo xx en América Latina aparece, también traslapada a estos procesos de modernización y urbanización, la agenda política del desarrollo. A mediados del siglo xx, diferentes redes de intelectuales, tecnócratas y políticos se establecieron a nivel trasnacional en América Latina para impulsar políticas económicas y sociales para el desarrollo de la región. Esta agenda desarrollista ha sido abordada por la historiografía de diferentes maneras. De un lado están aquellos estudios que enfatizan en la conformación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dentro de las nociones de desarrollo en la región.⁸ De otro lado están aquellos estudios que han mostrado cómo la agenda del desarrollo afrontó como primer desafío en América Latina la emergencia de la informalidad urbana.⁹ Para el caso colombiano, se ha visto la coincidencia entre el establecimiento del Frente Nacional, la agenda desarrollista y el establecimiento de la Alianza para el Progreso.¹⁰ Algunos trabajos historiográficos recientes han ahondado en estas conexiones hemisféricas en el contexto de la Guerra Fría y la influencia que tenían las relaciones políticas e intelectuales globales en el impulso de la planeación urbana en Colombia a mediados del siglo xx. ¹¹

Dentro de esos trabajos que ahondan en la conjunción entre desarrollo, modernización y urbanización informal en Colombia, algunos han puesto la atención en el surgimiento de las JAC en los barrios populares de las ciudades colombianas y también en muchas veredas del país.¹² Una discusión que aún se encuentra en desarrollo, no solamente en historia sino en otras disciplinas de las ciencias sociales, es hasta qué punto las JAC (legalizadas por el Estado colombiano en 1958) y las nociones de desarrollo comunitario han sido meros vehículos de clientelismo y cooptación estatal, hasta qué punto constituyeron articulaciones efectivas entre la sociedad civil y el Estado y en cierta medida contribuyeron a momentos de apertura democrática en el país, y hasta qué punto constituyeron formas de articulación con movimientos sociales radicales y autónomos.¹³ Desde esta perspectiva, y de manera novedosa, el análisis realizado por Orlando Deavila Pertuz para el caso de las JAC en Cartagena durante los años sesenta y setenta sugiere que estas permitieron crear escenarios en los que “agentes radicales pudieron desafiar mandatos del régimen”.¹⁴

De hecho, dentro de la historiografía de movimientos sociales en Colombia, las JAC hacen parte de la amplia gama de formas organizativas que autores como Mauricio Archila Neira y Martha Cecilia García Velandia han denominado “movimientos cívicos”, mostrando la magnitud de la participación de las JAC en ejercicios de movilización durante la segunda mitad del siglo xx. ¹⁵ Si bien cuantitativamente los movimientos cívicos parecieran no tener tanta relevancia como los movimientos sindicales o estudiantiles durante este período, sus ejercicios de movilización en términos cualitativos muestran que las JAC y otras organizaciones pensadas en principio como vehículos del desarrollo comunitario –una estrategia “desde arriba” diseñada durante el Frente Nacional– se terminaron convirtiendo en herramientas de politización y movilización en los niveles locales. Este trabajo se inscribe en esta perspectiva, mostrando ese rol ambivalente que terminaron teniendo las organizaciones cívicas en Bogotá durante la segunda mitad del siglo xx.

El rol ambivalente de la apelación a lo cívico y lo ciudadano como herramienta para las clases populares urbanas de movilizar políticamente sus intereses no es exclusivo de Colombia y las JAC. De hecho, se pueden encontrar continuidades con lo que James Holston denominó “ciudadanías insurgentes” para el caso brasileño. Holston muestra cómo los habitantes de las periferias de São Paulo adoptan los intentos elitistas de democratización para disputar las definiciones de ciudadanía y derechos de los ciudadanos.¹⁶ Edward Murphy y Alejandro Velasco han mostrado, para los casos chileno y venezolano respectivamente, las formas en las que las agendas de modernización de las ciudades, la migración masiva a los centros urbanos, la aparición de políticas de planificación urbana y la emergencia de nuevos actores políticos derivaron en diferentes tensiones por definir lo cívico y lo ciudadano.¹⁷

Como muestran diversos trabajos de investigación sobre movimientos cívicos en Colombia, más del 50% de estos (con sus matices en los niveles local y regional) estaban relacionados con las demandas por servicios públicos, y entre las demandas por servicios públicos se incluía la energía.¹⁸ A pesar de ser uno de los principales sectores económicos del país en la actualidad, y siendo la creación de Ecopetrol una de las apuestas más importantes del Estado colombiano en el siglo xx, la historia de la explotación petrolera y de gas, así como la discusión historiográfica sobre la producción, distribución y uso de fuentes de energía en Colombia son más bien escasas.

Una excepción al respecto es el trabajo de René de la Pedraja Tomán, quien en su libro Petróleo, electricidad, carbón y política en Colombia hace una historia de las políticas de explotación, distribución y consumo de fuentes energéticas en Colombia, principalmente las que señala su título. El autor muestra que la producción de energía en Colombia se ha movido desde la tercera década del siglo xx en un delicado balance político y económico entre los intereses de las élites nacionales, los intereses de las compañías extranjeras (principalmente estadounidenses, aunque no únicamente) y las tensiones políticas y de clase a nivel interno.¹⁹ Estos balances y tensiones, como veremos más adelante, tuvieron una consecuencia directa en las fuentes de energía para uso doméstico disponibles en las ciudades del país y, por tanto, en las circunstancias de politización y movilización de las comunidades urbanas en Bogotá.

Desde otro frente, algunas autoras han mostrado los vínculos entre la modernización urbana y los espacios domésticos. Después de todo, los cambios en infraestructura y modos de vida en las ciudades no solamente alteraron los espacios públicos, sino también la forma en la que se diseñaba y proyectaba la vivienda²⁰ y, por tanto, la experiencia de habitar de las mujeres urbanas.²¹ María Astrid Ríos Durán ha mostrado que el vehículo de modernización para los espacios domésticos fue, precisamente, el uso de nuevas fuentes de energía para la distribución y consumo de toda clase de productos para el hogar, principalmente electrodomésticos.²²

Sobre los combustibles domésticos y, en particular, el Cocinol se ha producido poco en la historiografía colombiana. A pesar de ello, trabajos como el de Vanegas y Poveda, señalan desde la antropología cómo el desarrollo del Cocinol en Colombia vino aparejado con el discurso modernizador y las tensiones políticas que este encarna. Sin embargo, en este artículo los autores sostienen que no encontraron pruebas de que existieran movilizaciones populares relacionadas con los combustibles domésticos.²³ Justamente en el presente trabajo me propongo abordar los mismos vínculos de modernización, desarrollo, combustibles y vida doméstica, pero mostrar que sí existieron formas de movilización por la crisis de combustibles domésticos en las décadas de 1970 y 1980.

A continuación, entonces, propongo el caso del Cocinol como una ventana para explorar las conexiones entre las transformaciones en la ciudad durante la segunda mitad del siglo xx, las políticas de energía y modernización, las formas de organización popular que emergieron durante ese período en los barrios populares bogotanos y la vida doméstica que transcurría en los hogares de estos barrios. Para ello, analizo fuentes en tres escalas interrelacionadas. La primera es la escala ligada con la política energética a nivel nacional y en el contexto de la crisis energética global de 1973. La segunda escala es la de lo comunitario, considerando a las JAC de los barrios populares bogotanos como las principales protagonistas y buscando entender la multiplicidad de prácticas e interpretaciones sobre lo político que se elaboraron a ese nivel y respecto de los combustibles domésticos. La tercera escala es la de lo doméstico y se liga a las formas en que se puede entender la interrelación entre lo doméstico y lo político en el caso del Cocinol.

De la crisis global del petróleo a la crisis barrial del Cocinol

El crecimiento de las ciudades colombianas y la agenda modernizadora que se construyó gubernamentalmente para estas desde mediados del siglo xx debía tener necesariamente una relación con la producción y distribución de recursos energéticos. Particularmente la energía eléctrica se entendía como sinónimo de la modernización urbana.²⁴ Sin embargo, la promesa de brindar energía eléctrica para los crecientes hogares urbanos en Bogotá se enfrentó en la década de 1970 con la imposibilidad de las empresas prestadoras de responder a la creciente demanda.²⁵ En otras palabras, el crecimiento físico de la ciudad superaba con creces las posibilidades de infraestructura de las empresas prestadoras del servicio para responder a la demanda de energía eléctrica. Por lo tanto, y como María Astrid Ríos Durán muestra en su artículo, la energía eléctrica no era igualmente accesible para todos los hogares de la ciudad.²⁶ La posibilidad de electrificación del hogar estaba profundamente relacionada con el origen y la posición de clase de esos hogares dentro de las jerarquías sociales urbanas. Así, por ejemplo, los barrios de origen ilegal (urbanizaciones informales) no podían tener acceso al servicio de energía eléctrica, y la cantidad de focos disponibles para un hogar dependía del sector de la ciudad en el que este estuviera y de su contexto socioeconómico. La segregación de las posibilidades de electrificación según las condiciones económicas y el origen legal de los barrios dejaba a buena parte de la población urbana de Bogotá, y particularmente a los sectores populares, sin posibilidades de acceso a este servicio. Incluso para quienes tenían la posibilidad de acceder a él, los altos costos les disuadían de usarlo.²⁷

La fuente de energía alternativa para los sectores populares urbanos era, igual que para muchos sectores rurales, el carbón. Como innovación tecnológica y buscando abrir nuevos mercados, entonces, las compañías de petróleos empezaron a producir estufas a base de combustibles domésticos derivados del petróleo durante las décadas de 1960 y 1970. En los periódicos de la época es posible ver el aumento de la publicidad de nuevas estufas que usaban combustibles producidos por conocidas multinacionales del petróleo, como Esso.²⁸ Pronto, las estufas de combustible y los combustibles domésticos se instalaron en el discurso público como sinónimo de modernización accesible a las clases populares urbanas. Un anuncio de 1972 en el periódico El Tiempo, por ejemplo, invitaba: “Compre ya la moderna cocineta de petróleo. Es más barato, rinde más y se consigue en todas partes”.²⁹ El gobierno colombiano se sumó a esta apuesta de modernización, ofreciendo a través de Ecopetrol subsidios a los combustibles domésticos (primero la que se conocía como gasolina blanca y luego el Cocinol).³⁰ Estos subsidios hicieron que los combustibles fueran más accesibles para las clases populares urbanas y, por tanto, que se incrementara su uso durante la primera década de 1970. La promesa de modernización de la energía para los hogares urbanos de clases populares enfrentó, sin embargo, dos obstáculos simultáneos y relacionados: la crisis de 1973 y la debilidad de las políticas energéticas nacionales en cuanto a la producción de petróleo.

En la década de 1970 las relaciones geopolíticas y económicas globales ligadas a la exploración petrolera estaban cambiando con el creciente poder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).³¹ Algunos países exportadores de petróleo, como Libia, Irán, Venezuela o Emiratos Árabes, que ingresaron a la organización lograron adelantar políticas de autonomía económica y política para garantizar que las ganancias de la explotación del petróleo fueran a parar a sus economías nacionales.³² Para los poderes occidentales, y especialmente para Estados Unidos, esta reducción de su poder global se manifestó particularmente en 1973. Como mecanismo de presión política en un contexto de guerra, se realizó un embargo en la producción y exportación de petróleo desde la OPEP a los países occidentales, lo que derivó en un incremento radical en los precios internacionales del petróleo. Este incremento desencadenó una escalada de precios en otros sectores productivos y, por tanto, un encarecimiento de la vida cotidiana en los países afectados, incluyendo a Estados Unidos y a Colombia.³³

En Colombia, a pesar de que se produjo cada vez más petróleo desde 1950, la mayoría de este era refinado y producido por compañías extranjeras exclusivamente con fines de exportación. Las ganancias de esta producción de petróleo eran de propiedad exclusiva de las compañías extranjeras y salían del país sin representar ingresos para la economía nacional. Adicionalmente, la compañía nacional de petróleos, Ecopetrol, no había logrado garantizar suficiente producción para el consumo doméstico. Creada en 1951, Ecopetrol fue protagonista de tensiones económicas y políticas con las compañías privadas extranjeras (principalmente Exxon y Texaco, y eventualmente también Shell) por la exploración, la propiedad de refinerías, la exportación y la distribución doméstica del petróleo y sus derivados.³⁴ Enrique Pardo Parra, ministro de Minas y Petróleos en 1965, señalaba ya su preocupación sobre la relación desigual entre Colombia y las compañías extranjeras que explotaban petróleo en el país. En sus memorias dirigidas al Congreso Nacional en 1965, el ministro expresaba su deseo de “producir combustibles a niveles de precios internos, con una estructura nacional de precios que los ponga al alcance de las necesidades de los colombianos, y no en precios internacionales que nos elevan el costo de ese suministro de energía y dificultan nuestro desarrollo”.³⁵

Los problemas de la dependencia de los precios internacionales del petróleo y la falta de autonomía en la producción y distribución, señalados por Pardo Parra, se hicieron evidentes con la crisis internacional a inicios de la década de 1970. A pesar de que los sucesos globales y la falta de políticas energéticas acordes ayudaban a explicar la crisis de gasolina y gas natural en el país, en la prensa de la época no se aludía a estos dos factores. Se lee, en contraste, un péndulo entre las empresas intermediarias privadas y Ecopetrol adjudicándose mutuamente la responsabilidad sobre la crisis. Un reporte del diario El Tiempo sobre los momentos iniciales de la crisis señalaba:

Indicó el presidente de Ecopetrol que se debe adelantar una severa investigación acerca de la escasez con el objeto de establecer a dónde se está enviando la gasolina blanca y el gas propano y por qué no se la está suministrando a la ciudadanía de Bogotá.³⁶

Fue así como la crisis aterrizó en los barrios. Las filas en las estaciones de gasolina se hacían cada vez más frecuentes y largas a finales de 1972 y durante 1973. Una de las explicaciones que daba Ecopetrol para la permanente escasez en la distribución tenía que ver con que, frente a los aumentos de los precios de la gasolina de motor, las personas preferían comprar gasolina blanca, que era más barata por estar subsidiada y usarla para alimentar vehículos. Ecopetrol argumentaba, entonces, un mal uso provocado por los precios desiguales, y hacia finales de 1972 tomó la decisión de equilibrar los precios de la gasolina blanca y los precios de la gasolina de motor, esperando reducir la escasez.³⁷ Debido a que los efectos de la crisis se seguían sintiendo a nivel global, los esfuerzos de Ecopetrol y del Ministerio de Minas resultaron poco efectivos.

A pesar de que la crisis continuó, el uso de combustibles domésticos se siguió alentando. La gasolina blanca o combustible liviano doméstico generaba accidentes frecuentemente, pues era incolora y altamente inflamable a temperatura ambiente. Por eso, su uso fue restringido a ciudades sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo que dejaba a Bogotá y sus alrededores como los principales focos de la demanda de combustible, y fue teñida de azul para distinguirla por su color. En ese momento, fue renombrada como Cocinol y el Ministerio de Minas empezó a regular su uso y fijó además el valor de su subsidio y las cadenas de distribución en 1978.³⁸

El establecimiento de los subsidios y la urbanización informal creciente en Bogotá favorecieron el hecho de que el Cocinol se instalara como la fuente de energía para cocinar más extendida en la ciudad. Según el censo de población del DANE en 1986, el 37% de los hogares bogotanos lo usaban.³⁹ A mediados de la década de 1980, los subsidios al Cocinol se hacían cada vez más difíciles de sostener para Ecopetrol, el país continuaba dependiendo de la importación de petróleo para el sostenimiento de la demanda interna y los accidentes con Cocinol se hacían cada vez más frecuentes. Desde 1983 el gobierno colombiano intentó desmontar paulatinamente los subsidios al Cocinol y desestimular su uso, pero sin ofrecer otras fuentes de energía viables para los sectores populares urbanos.⁴⁰ Esto desencadenó nuevas oleadas de movilización contra el desmonte de los subsidios del Cocinol y por el establecimiento de fuentes de energía sostenibles en el largo plazo para los sectores populares.

En 1984, dentro del Plan Nacional de Desarrollo se incluyó la política de sustitución del Cocinol por briquetas de carbón.⁴¹ Resulta interesante observar que los mismos agentes del gobierno que en principio defendían el uso de los combustibles domésticos basados en petróleo, por ser un desarrollo técnico más acorde a las necesidades de la vida moderna en las ciudades, con menos emisiones perjudiciales para la salud y que ahorraba un tiempo significativo de cocción, unos años más tarde defendían el regreso al uso del carbón. Quienes se oponían al regreso del uso del carbón argumentaban justamente que esta política era “anticuada y antimoderna”, apropiándose de la retórica de la modernización presentada por el gobierno y las empresas años atrás.⁴² En esta discusión se encarnaban las tensiones generadas por las promesas de modernización y las dificultades prácticas de su materialización para la totalidad de la población urbana, en una ciudad altamente segregada en términos de clase, como era Bogotá durante la segunda mitad del siglo xx.

Los portavoces del gobierno, intelectuales y algunos partidos políticos que defendían la sustitución de Cocinol por briquetas de carbón esgrimían tres argumentos principales: la peligrosidad del Cocinol, por su carácter altamente inflamable y explosivo; la creciente especulación y las economías informales que emergieron a partir de los subsidios del Cocinol; y los usos políticos que se le daba al Cocinol en los barrios populares a través de las JAC.⁴³ Este último argumento sintetiza la tensión construida en torno del carácter político de las JAC en los barrios populares bogotanos y respecto de las formas en que el Cocinol materializó estas tensiones políticas en el nivel comunitario. El análisis de estas tensiones será objeto de la siguiente sección de este texto.

Las jac y el Cocinol: la escala comunitaria de lo político

Mediante la Resolución 001429 del 4 de agosto de 1978, el Ministerio de Minas estableció, entre otras disposiciones, que las JAC serían un organismo privilegiado a nivel local para la distribución minorista del Cocinol en los barrios populares bogotanos.⁴⁴ No sorprende la asignación de este rol, si se tiene en cuenta que estas organizaciones emergieron de la descentralización política, con la influencia de las políticas de “autoayuda” de la agenda modernizadora del Frente Nacional, y que una de sus finalidades era precisamente dinamizar la prestación de servicios públicos urbanos en las comunidades.⁴⁵

Las JAC en Colombia fueron reglamentadas por la Ley 19 de 1958, emitida al inicio del gobierno de Alberto Lleras Camargo, el primer gobierno liberal del Frente Nacional. Al ser principalmente un proyecto de reforma administrativa en la estructura del Estado colombiano, esta ley establecía medidas de descentralización, en cuyo marco se establecían las finalidades de las JAC, entendidas principalmente como asociaciones de vecinos, siendo algunas de sus funciones:

Aumentar y mejorar los establecimientos de enseñanza y los restaurantes escolares; administrar equitativamente las aguas cuyo uso pertenezca a varios riberanos, y establecer adecuados sistemas de riego y drenaje; mejorar los sistemas de explotación agrícola; construir viviendas populares y mejorarlas; construir y mantener carreteras, puentes y caminos vecinales; organizar cooperativas de producción, de distribución y de consumo; organizar bolsas de trabajo; fomentar la difusión del deporte y de espectáculos de recreación y cultura.⁴⁶

En Bogotá, las JAC fueron reglamentadas mediante el Acuerdo 4 de 1959 del Concejo de Bogotá, cuya exposición de motivos estuvo a cargo del arquitecto Jorge Gaitán Cortés, quien presentó la creación de las JAC en la ciudad basado en que

en la ciudad existen numerosas comunidades o barrios que carecen de facilidades comunales, de servicios públicos adecuados, y cuyas condiciones físico-ambientales requieren un saneamiento eficaz […] estos mejoramientos no se pueden llevar a cabo con los solos recursos oficiales disponibles, sino que para lograrlos se requiere la cooperación de la iniciativa, la pericia y la ingeniosidad de los vecinos.⁴⁷

Un rol central de las JAC en Bogotá era, entonces, desde su origen en 1959, la administración y gestión de los servicios públicos. Esto explica el lugar privilegiado que tuvieron en la gestión y distribución de los combustibles domésticos y también las relaciones políticas y de poder local que se construyeron alrededor de los recursos energéticos que tenían a las JAC como eje.

A partir de los documentos internos de las JAC de Bogotá se puede deducir cómo funcionaba la autorización para la distribución minorista de Cocinol en los barrios: el Ministerio de Minas ofrecía la autorización última a las JAC, quienes manifestaban su intención de vender Cocinol en su barrio ante el Departamento Administrativo de Acción Comunal (DAAC) de Bogotá, que actuaba como intermediario entre la junta y el ministerio y verificaba que las disposiciones legales de las juntas (estatutos, estructura orgánica, realización de asambleas y comités) estuvieran en regla. La Oficina de Cocinol del DAAC recaudaba el costo de los viajes de Cocinol que recibían las JAC de manera quincenal y autorizaba a usar las ganancias de la venta de Cocinol para fines comunitarios a nivel barrial. Esta oficina también realizaba el seguimiento a las finanzas del Cocinol en las JAC y exigía a estas organizaciones comunitarias la compra de seguros de manejo de las finanzas provenientes de las ventas del Cocinol.⁴⁸

A su vez, las JAC conformaban un Comité de Cocinol, el cual se encargaba de llevar el registro de las familias del barrio que accedían al suministro. De esta manera, el Estado buscaba garantizar que las familias tuvieran un suministro limitado de Cocinol, consistente en 10 galones mensuales, distribuidos en dos entregas quincenales, con el objetivo de controlar la venta informal del combustible y de esta manera contrarrestar la escasez en la distribución.⁴⁹ Cada familia autorizada a comprar Cocinol debía registrarse ante su junta para reclamar su “cupo” y portaba un carné de Cocinol que le permitía comprar el combustible subsidiado. Una cantidad considerable de peticiones de las personas de los barrios populares bogotanos a los Comités de Cocinol de sus JAC tenían que ver con la ampliación de los cupos de Cocinol que les eran asignados.

La distribución de los carnés y la asignación de cupos para el Cocinol se convirtieron, paulatinamente, en instrumentos para afianzar, consolidar y disputar liderazgos locales. En junio de 1979, por ejemplo, el presidente de la JAC del barrio Las Cruces denunciaba ante el DAAC que el vicepresidente y el subfiscal de esta misma junta estaban usando una expansión de los cupos del Cocinol para repartirlos a conveniencia entre sus amistades: “demostrando parcialidad hacia estos grupos y desconocimiento de las necesidades del resto de la comunidad”.⁵⁰ En algunos casos, la asignación de cupos de Cocinol se condicionaba al apoyo que las personas de un barrio determinado manifestaran a ciertos liderazgos locales en las elecciones de las JAC o en las elecciones regionales de la ciudad.⁵¹ En otros casos, especialmente cuando existía falta de participación por parte de las comunidades en las asambleas de vecinos, las juntas decidían ejercer presión a través de los carnés del Cocinol: se los quitaban a los habitantes del barrio y los regresaban siempre y cuando los afiliados asistieran a las reuniones barriales.⁵² También eran comunes las denuncias referidas a Comités de Cocinol que acaparaban el combustible de manera irregular y lo ocultaban a los demás vecinos miembros de la JAC⁵³ y a otros que revendían el Cocinol a precios inflados y no reportaban las ganancias a la tesorería de la JAC.⁵⁴ Los conflictos y acusaciones por malos manejos del Cocinol en algunas reuniones vecinales escalaban hasta escenarios violentos que implicaban presencia de la Policía.⁵⁵

A pesar de que en sus principios jurídicos las JAC se presentaban como organismos despolitizados y al margen de intereses partidarios, el caso del Cocinol hace evidente la naturaleza política de la acción comunal en la escala local.⁵⁶ Sobre esta naturaleza política de las JAC se presentaba un doble discurso, porque, a pesar de que se condenaba públicamente su politización, diferentes sectores políticos buscaban tener control sobre estas instancias ciudadanas. Incluso los promotores comunales, funcionarios públicos encargados de prestar asistencia técnica a las JAC en el nivel barrial, actuaban en favor de un partido u otro. El promotor comunal del barrio Las Cruces, por ejemplo, en una comunicación fechada en 1972 y dirigida a sus jefes en el Departamento Administrativo de Acción Comunal de Bogotá, señalaba respecto a las elecciones comunales del barrio lo siguiente:

Es mi deber informar que los partidos tradicionales, divididos por sus discrepancias, no asisten de forma conveniente a través de sus reconocidos y prestantes elementos, siendo en cambio notoria la presencia del comunismo y del anapismo. Parece sin embargo que gracias a mi preocupación, a última hora tratan de organizarse y presentarse a la citada elección, esperamos complacidos su resurgimiento.⁵⁷

Lejos de tomar posiciones técnicas y neutrales, el promotor veía con preocupación la presencia del comunismo en la JAC del barrio y señalaba su gestión para que los miembros de los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) participaran en las elecciones de la junta. Concuerda esta evidencia con lo expresado por sectores de izquierda que, para 1984, denunciaban a miembros de los partidos tradicionales que eran funcionarios públicos por esa politización, aunque la condenaban y denunciaban en discursos públicos:

Pero no son las comunidades ni sus dirigentes quienes utilizan el Cocinol para mezquinos intereses politiqueros. Son las comunidades las utilizadas, y son utilizadas por los funcionarios oficiales, por la politiquería tradicional. Es desde el Ministerio de Minas y desde la Promotoría Distrital Comunal que se practica la más vulgar politiquería aprobando los cupos que tienen las mejores recomendaciones políticas.⁵⁸

En 1986, por ejemplo, la JAC del barrio Jerusalén, en Ciudad Bolívar, denunciaba ante el DAAC irregularidades con un grupo de inspectores del Ministerio de Minas, que en diferentes visitas al barrio impedían a los miembros de la JAC su participación en la distribución del Cocinol.⁵⁹ Pero lo funcionarios y los partidos tradicionales no eran los únicos que veían en las JAC y en las disputas políticas por el Cocinol su potencial politización. Algunas organizaciones revolucionarias proponían la lectura política del Cocinol como una oportunidad propicia para articular los intereses de los habitantes de los barrios populares bogotanos con los movimientos sociales de la clase obrera.

La constitución de la Asociación Distrital y de la Sabana de Usuarios del Cocinol y de los Servicios Públicos, cuyo documento de constitución está fechado en agosto de 1984, señalaba entonces su vinculación a la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos y a las convocatorias para la movilización del 1 de Mayo, día internacional de los trabajadores.⁶⁰ En esa misma línea, una revolucionaria JAC del barrio California, cuyo panfleto fue reproducido en 1982 por el Partido Comunista Colombiano en el Semanario Voz, argumentaba respecto a la lucha por el Cocinol que: “Nadie más ni mejor que los trabajadores, el mismo pueblo se puede interesar en la solución de sus propios problemas. Emprendamos y agilicemos esta tarea, que es nuestra y de nadie más”.⁶¹

Así pues, a pesar de presentarse como organismos despolitizados y al margen de intereses partidarios, las JAC y su rol en la distribución del Cocinol claramente constituían instancias en las que se daban las disputas políticas de la década. Similar a lo que sucede con la escala comunitaria, la esfera doméstica ha sido presentada como una dimensión despolitizada. En la siguiente sección nos dedicaremos a la manera en que el problema del Cocinol aterrizó en esta escala.

Las amas de casa se toman la calle: el Cocinol y la esfera doméstica

Los cambios en las fuentes de energía y los procesos de modernización en las ciudades del siglo xx tuvieron efectos en la vida doméstica. En el caso de los combustibles domésticos la relación entre modernización, tecnología, energía y tiempos de trabajo se manifestó principalmente en los espacios de las cocinas y la actividad central alrededor de la cual gravitaban los combustibles: la preparación de alimentos. Estos espacios y la actividad de cocinar se convirtieron en un peligro para la población popular urbana durante las décadas de 1970 y 1980. Derivados del petróleo que a inicios de 1970 se presentaron como la alternativa “moderna” se convirtieron, en la década de 1980, en una amenaza doméstica. Sobre la peligrosidad del uso doméstico del Cocinol se informaba en un reportaje de la revista Nueva Frontera en 1984:

Se considera como un elemento de alta peligrosidad, tanto que un técnico afirmó que es como tener una bomba explosiva en cada casa, al alcance de los niños y manejada por personas que no tienen la más mínima consciencia de los riesgos. […] De acuerdo con un minucioso estudio efectuado por el Doctor Cristóbal Sastoque, director del pabellón de quemados del Hospital La Misericordia, un 70% de las muertes por quemaduras registradas en 1981, se debieron al Cocinol.⁶²

Uno de los argumentos esgrimidos por gobernantes, políticos y empresas hacia mediados de la década de 1980 para suprimir paulatinamente la distribución y consumo de Cocinol era precisamente su alta peligrosidad. Efectivamente, el reporte de accidentes domésticos, incendios y explosiones de cocinas por el uso imprudente del Cocinol era frecuente en la prensa bogotana desde finales de 1970 y hasta finales de 1980. No deja de ser interesante que, sin embargo, de la peligrosidad del combustible solamente se advirtiera a mediados de la década del ochenta, cuando diez años antes se presentaba como alternativa viable. En todo caso, es innegable que existía una conexión evidente y práctica entre las políticas energéticas a nivel nacional y las experiencias domésticas de los habitantes urbanos en Bogotá. Era en los hogares, dentro de las casas, donde se manifestaban las consecuencias directas de los cambios de las políticas de producción y distribución de fuentes de energía.

El hecho de que el Ministerio de Minas asignara cupos de Cocinol por familia da cuenta también del entrelazamiento entre las esferas políticas y domésticas en relación con la energía. Las peticiones de los habitantes de barrios populares bogotanos a las JAC de expandir sus cupos de Cocinol estaban, en muchos casos, argumentadas desde el tamaño y la necesidad de los núcleos familiares:

Les quiero comunicar que cuento con una familia de 12 personas, motivo por el cual me veo en la necesidad de solicitar a ustedes se estudie la posibilidad de adjudicarme otro cupo de Cocinol, en vista de que según decreto de ley conocido por todos, a familias que cuentan con un número mayor de 6 personas se les debe asignar otro cupo.⁶³

Así, lejos de ser despolitizados espacios domésticos, hogares y familias se entrelazaban con los cambios y tensiones de las políticas energéticas de la ciudad en las décadas de 1970 y 1980. Este entrelazamiento puede ayudar a explicar parcialmente la emergencia de unas insospechadas actrices políticas en la escena de la movilización social de este período en Bogotá: las amas de casa.

Las amas de casa eran presentadas en la prensa como las autoras de cientos de llamadas furiosas a Colgas en los momentos de escasez,⁶⁴ como las principales protagonistas de las largas filas para acceder a los suministros, incluso “en ayunas y sin almorzar para no perder el turno en la cola”⁶⁵ y como parte importante de los bloqueos y otras medidas de hecho frente a la escasez.⁶⁶ En algunos sectores de izquierda también eran presentadas como la principal fuerza movilizadora e incluso como las artífices del sostenimiento de los subsidios del Cocinol cuando se intentaba empezar a desestimular su uso en la década de 1980.⁶⁷ Su protagonismo en los hechos de movilización y en la discusión sobre las fuentes de combustibles domésticos se relaciona inmediatamente con su rol como las principales trabajadoras de los hogares bogotanos. Las voces de algunas de ellas están transcritas en los reportes de prensa de la época: “no tenemos otro camino que escoger para no dejar morir de hambre a nuestros hijos”, “mis hijos están alimentándose con pan y gaseosa pero ya no pueden soportar esta situación”, “llevamos ocho días haciendo colas interminables […] desamparadas por el gobierno, ya no tenemos a dónde acudir”. Algunas de ellas conectaban la escasez de combustible con el encarecimiento general de la vida doméstica que se experimentó durante esas décadas, conexión que en efecto se explica parcialmente por la crisis global energética que se ha analizado en la primera parte de este texto. Exponían las mujeres entrevistadas: “[si] no hay gas, no hay gasolina, se anuncian alzas en las tarifas de los servicios públicos, no hay leche, los artículos de primera necesidad están por las nubes ¿a dónde iremos a parar?”⁶⁸

A pesar de que tales análisis dan cuenta de la politización de una causa que iba más allá de la escasez de combustibles domésticos y ponía en el centro del debate el encarecimiento de la vida cotidiana para los habitantes de las periferias urbanas bogotanas, tanto la prensa más alineada con los intereses de los partidos de gobierno como la prensa más afiliada con la izquierda proyectaban en estas movilizaciones y demandas una visión “despolitizada”. Desde la izquierda revolucionaria se argumentaba, por ejemplo, que “los niveles de organización, de comprensión política del fenómeno, han permanecido muy atrasados por la incapacidad del factor consciente, de la organización revolucionaria de estar allí inmerso dentro del pueblo jugando su papel organizador, educador”.⁶⁹ Esta lectura probablemente partía de la concepción de las organizaciones de izquierda como las vanguardias de la lucha revolucionaria y las organizaciones populares más espontáneas como de carácter más “atrasado” y menos político, a pesar de su evidente carácter político. De manera similar a lo que sucedía con las JAC, las amas de casa y la esfera doméstica también movilizaban demandas y causas profundamente políticas, ya que estaban relacionadas con la organización y distribución de recursos en la vida urbana contemporánea y también con otros actores políticos, como partidos, organizaciones y funcionarios, aunque al mismo tiempo se les negaba su carácter político.

El carácter político manifiesto en las esferas privada y doméstica en las ciudades, con las amas de casa como actrices centrales de esta trama política durante las revueltas del Cocinol, devela entonces las múltiples porosidades de la división arbitraria entre espacios privados/públicos. En la teoría feminista ha habido algunos aportes significativos para entender la forma en que este binarismo privado/público fue forjado en la modernidad y, en ese sentido, considero que ella puede aportar algunas claves interpretativas para lograr, en palabras de la antropóloga Rita Laura Segato:

recuperar, al desmontar el binarismo público-privado, […] las tecnologías de sociabilidad y una politicidad que rescate la clave perdida de la política doméstica, de las oiconomías, así como los estilos de negociación, representación y gestión desarrollados y acumulados como experiencia de las mujeres a lo largo de su historia, en su condición de grupo diferenciado de la especie, a partir de la división social del trabajo.⁷⁰

Así, el rol de las amas de casa en las movilizaciones por el Cocinol y las discusiones económicas y políticas que desató esta crisis energética durante la segunda mitad del siglo xx en Bogotá pueden ser claves para seguir elaborando estas continuidades y formas de politicidad presentes en las esferas de lo doméstico y lo comunitario.

Conclusiones

La garantía de recursos energéticos era clave en la agenda modernizadora de las ciudades, planteada en el marco de la creciente urbanización desde mediados del siglo xx en Colombia. Bogotá, como epicentro de la recepción de oleadas migratorias y del crecimiento exponencial de urbanizaciones informales, fue un escenario para poner en marcha políticas de modernización que no tenían que ver únicamente con la creación de nuevos espacios públicos ni con los cambios en las estructuras administrativas de la ciudad. La modernización de Bogotá implicó también la planeación y estructuración de un sistema de prestación y distribución de servicios públicos que satisficiera las necesidades de la población urbana creciente. La desigualdad y la marginalidad de la mayoría de barrios populares que nacían durante las décadas de 1970 y 1980, sin embargo, hacían difícil el acceso de las poblaciones que vivían allí a los recursos energéticos, que sí estaban disponibles para las clases medias y medias-altas de la ciudad, como la energía eléctrica. En este contexto, los combustibles domésticos, como la gasolina blanca y luego el Cocinol, surgieron como alternativa.

Sin embargo, una doble dificultad hizo imposible materializar la garantía permanente del servicio de combustibles domésticos a los barrios populares bogotanos. De un lado, la competencia desigual entre Ecopetrol y las compañías privadas extranjeras, que dificultaba la estabilidad de la empresa nacional para poder garantizar el consumo interno. De otro lado, el contexto de la crisis global de energía de 1973, que implicó un incremento en los precios del petróleo, en un momento en el que Colombia debía importar para satisfacer la demanda.

En este artículo he mostrado cómo esta crisis global y estas dinámicas de competencia en el país no solamente son significativas en sí mismas, pues también están conectadas con las escalas comunitaria y doméstica a través del caso concreto de los combustibles domésticos en Bogotá. En otras palabras, las crisis energéticas globales y las dinámicas de producción y consumo de recursos energéticos están directamente conectadas con las esferas doméstica y comunitaria y con las relaciones políticas que se tejen en estas escalas. Considero que comprender esto es fundamental no solamente para entender coyunturas del pasado, sino también para identificar rupturas y continuidades con las subsiguientes propuestas de política energética en los niveles nacional y global, incluso en la actualidad. Las políticas energéticas de un país no están desconectadas de las cadenas globales de producción y las decisiones que se toman en ese sentido tienen efectos no solamente en las redes globales de producción y distribución, sino también en los ámbitos comunitario y doméstico, tanto como en la vida cotidiana de los habitantes. En otras palabras, la historia de la energía permite entender el traslape entre escalas locales y globales.

En la presente investigación también se ha rastreado un amplio repertorio de acción política relacionada con los combustibles domésticos en las décadas de 1970 y 1980 en Bogotá por parte de organizaciones comunitarias (Comités de Cocinol) articuladas con otras organizaciones ya existentes (las JAC) y expresada en movilizaciones espontáneas y planeadas. Las comunidades urbanas, entonces, no fueron simplemente pasivas receptoras de las políticas de energía. En el caso de las JAC de la ciudad, se muestra cómo, a pesar de haber sido concebidas por el gobierno como organizaciones “despolitizadas”, su rol como intermediarias en la distribución de los recursos energéticos en la ciudad les facilitaba la negociación política con otros actores (como partidos de gobierno y funcionarios), la construcción de redes clientelares o de patronazgo, pero también el establecimiento de relaciones de poder a nivel local, la consolidación de liderazgos en la escala barrial e incluso la articulación con causas radicales o revolucionarias. Este carácter ambivalente, simultáneamente político y despolitizado, se presentaba también en la esfera doméstica. La crisis de combustibles domésticos implicaba para los habitantes de los barrios populares bogotanos el impedimento de una tarea fundamental para el sostenimiento de la vida social y, sin embargo, confinada a la esfera privada: cocinar. Las movilizaciones espontáneas que desencadenó la crisis de combustibles tuvieron en el centro, pues, a actrices políticas que en otros escenarios de movilización, estudiantiles y sindicales, por ejemplo, eran menos comunes: las amas de casa.

Continuar rastreando las conexiones entre las esferas doméstica, comunitaria y política permite ver las continuidades y porosidades en el aparente binarismo público/privado o político/doméstico en el siglo xx. Poner la atención en estas continuidades facilita, además, encontrar actores históricos que de otra manera resultan invisibilizados en el teatro de lo político, como los liderazgos barriales o las amas de casa. Conectar estas esferas permite, además, mostrar las formas en las que procesos de carácter global y estructural (como las crisis energéticas) se encadenan con procesos de carácter local y doméstico. Comprender estos encadenamientos resulta significativo para seguir explorando las tensiones y las dificultades que atravesaron los proyectos modernizadores que moldearon las ciudades contemporáneas en Colombia.